Rueda de Prensa

Sr. Piqué.- Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros ha autorizado la creación de las Sociedades Estatales del Duero, del Guadalquivir y del Segura. Para explicarles el alcance de esta decisión, así como de otros temas importantes, a los que yo haré una muy breve referencia, pero que afectan a su Departamento, contamos hoy con la presencia de la Ministra de Medio Ambiente, doña Isabel Tocino. Antes de cederle la palabra, como siempre, paso a comentarles brevemente otros acuerdos que ha tomado el Consejo de Ministros en su sesión de hoy.

Se ha aprobado un Acuerdo sobre mejoras en los servicios de atención primaria, que cuenta con el respaldo tanto del Insalud como de los sindicatos representativos. Las medidas, que afectan a casi 2.000 médicos y a más de 1.700 enfermeras, procuran más estabilidad laboral y adecúan las retribuciones de diversos colectivos profesionales; así, los médicos incrementan sus retribuciones en un 79'8 por 100 y los ATS en un 58 por 100. El coste de esta adecuación se cifra en 4.120 millones de pesetas. También se aprueba la creación de nuevos puestos de trabajo, que se destinarán a potenciar el servicio de emergencias 061 y las unidades de atención domiciliaria.

Se ha aprobado también un importante Real Decreto que regula la prestación de los servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en los aeropuertos de interés general. Es un Real Decreto que lo que hace es, para que se pueda entender, liberalizar los servicios de "handling". El texto decide los tipos de servicios que se prestan en los aeropuertos: la asistencia en tierra, la autoasistencia y los servicios de rampa.

El Real Decreto fija que la prestación de asistencia en tierra por un agente distinto a los de rampa o de autoasistencia por un usuario requiere la previa autorización de la Dirección General de Aviación Civil. En los aeropuertos cuyo tráfico anual sea superior al millón de movimientos o 25.000 toneladas de carga, el número de agentes de asistencia en tierra que pueden prestar servicios en rampa serán de dos y, en los restantes aeropuertos, de uno.

Fomento también podrá limitar hasta un mínimo de dos el número de usuarios autorizados a la autoasistencia, así como incrementar, en su caso, el número de agentes cuando las condiciones lo permitan. AENA gestionará las infraestructuras aeroportuarias que sirvan para prestar servicio de asistencia en tierra. En los aeropuertos con unos niveles de tráfico superiores a los previstos, se constituirá un Comité de Usuarios al que AENA también consultará, al menos, una vez al año.

El Consejo ha aprobado un Acuerdo por el que se formalizan los criterios objetivos de distribución, y la distribución resultante, de créditos adicionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el cumplimiento de planes y programas conjuntos referidos a competencias de las Comunidades Autónomas.

Las Comunidades recibirán un total superior a los 3.966 millones de pesetas para siete líneas de actuación: al sector ganadero se destinan 1.470 millones para el programa de calidad de la leche; el programa de calidad de la carne contará con 268 millones; para el fomento de asociaciones de defensa sanitaria se destinan 145; para erradicación de enfermedades de los animales, 534; para el fomento de la industrialización agroalimentaria se invertirán 1.524 millones en el sector agrícola y silvícola, y 17 millones en el sector pesca; y, finalmente, para planes de asistencia técnica y gestión a las agroindustrias se concederán siete millones de pesetas.

Se ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Instituciones de Inversión Colectiva que persigue flexibilizar el régimen de las políticas de inversión de estas instituciones; potenciar la protección de los inversores; reforzar las competencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; flexibilizar los procedimientos de fusión, transformación y escisión; facilitar el procedimiento de autorización de estas instituciones reduciendo los plazos burocráticos; diseñar un marco competitivo avanzado y facilitar una mayor seguridad jurídica.

Se ha aprobado la ampliación de los límites del Parque Nacional del Teide mediante la incorporación de 5.419 hectáreas que están consideradas de un alto valor ecológico. Tras esta ampliación, la superficie total del Parque pasa a ser de prácticamente 19.000 hectáreas. Para la ampliación se ha tenido en cuenta la protección de recursos naturales, el contacto directo de las zonas de reserva --son áreas muy sensibles-- con el exterior del Parque y también la excesiva carga de turistas que normalmente acceden al mismo.

Se ha autorizado al Ministerio de Medio Ambiente a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros derivados del convenio de colaboración suscrito en octubre del año 1998 entre Medio Ambiente y la Comunidad Foral de Navarra para la ejecución del Canal de Navarra, cuyas obras comenzarán el segundo semestre de este año. El pasado 25 de septiembre ya se había autorizado la firma de dicho convenio con una inversión de 82.445 millones de pesetas para el período que va desde el presente año hasta el año 2014. Una vez realizados los cálculos con pesetas actuales, se ha actualizado el presupuesto, que finalmente alcanza la cifra de 103.726 millones de pesetas.

También el Consejo ha aprobado la celebración del contrato de obras de canalización del Río Llobregat, desde el puente de Mercabarna hasta el mar --lo que es conocido como el "desvío" del Llobregat--, con la inclusión de medidas correctoras del impacto medioambiental. Las obras cuentan con un presupuesto superior a los 11.600 millones de pesetas y tienen un plazo de ejecución de 51 meses. La ejecución de las mismas posibilitará, por otra parte, la construcción de la depuradora de aguas residuales del Prat de Llobregat, que supone también una inversión en torno a los 40.000 millones de pesetas.

El Consejo ha dado, asimismo, el visto bueno a las obras de emergencia que el Ministerio de Medio Ambiente lleva a cabo en la conducción general de abastecimiento a Chiclana de la Frontera y a Puerto Real, en la provincia de Cádiz, con un presupuesto de 677 millones.

En el ámbito del Ministerio de Agricultura, se ha aprobado la incorporación del Seguro Colectivo de Plátano y del Seguro Complementario para extensión de garantías al Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1999, con una modalidad del Seguro Combinado de viento huracanado, pedrisco y daños excepcionales por inundación. Esta medida permitirá una mayor estabilidad al sector productor del plátano de Canarias ante las consecuencias que se puedan derivar de circunstancias climatológicas que sean adversas.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se aumentan los requisitos para abordar, en el seno de la Administración General del Estado, la creación de organismos públicos. El texto hoy aprobado obliga a los Ministerios que quieran poner en marcha este tipo de entidades a que presenten un plan inicial de actuación que justifique su necesidad, establezca sus objetivos y fije los recursos con los que se va a contar.

Se ha autorizado al Ministerio de Fomento, a través de su Ministro, a formalizar el contrato administrativo de concesión a la sociedad "Onda Digital, S.A." para que preste sus servicios de televisión digital terrenal en una concesión a través de un concurso que, como saben ustedes, se aprobó la semana anterior.

El Consejo ha aprobado también tres Reales Decretos por los que se conceden sendas Grandes Cruces de la Orden Civil de Sanidad a don Ignacio Azcuna, a don Alberto Portera y a don José Zamarriego, en atención a sus méritos y trayectoria profesional.

Ya en el apartado de informes, y antes de informarles brevemente de las actividades del Presidente del Gobierno para la próxima semana, ha habido un informe sobre el desarrollo de la Cumbre de Río que, como saben ustedes, incluía a todos los países de Iberoamérica, del área del Caribe y de la Unión Europea. Se ha suscrito una declaración, la llamada Declaración de Río de Janeiro, que ha estado firmada por 49 Jefes de Estado y de Gobierno de esas áreas, y que recoge los propósitos de todos los países firmantes de impulsar la liberalización de los intercambios comerciales, reformar las estructuras financieras, y promover las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en todos esos países.

España, como saben ustedes, y creo que es una magnífica noticia, ha sido designada como sede de la II Cumbre entre Iberoamérica, Caribe y Unión Europea, que se va a celebrar en el primer semestre del año 2002, coincidiendo, además, con la Presidencia española de la Unión Europea.

En la Cumbre, España se ha reafirmado como el principal impulsor de las relaciones entre Iberoamérica y Europa. Se ha apostado, desde el principio de esta legislatura, por reforzar nuestra presencia en el continente americano y servir de puente hacia Europa. Con este fin se tomó la iniciativa de celebrar la Cumbre de Río y también la puesta en marcha de la Cumbre Iberoamericana que, como todo el mundo sabe, tendrá lugar en La Habana el próximo mes de noviembre.

Tanto el desarrollo de la Cumbre, como la designación de España como anfitrión para el segundo encuentro, como los esfuerzos que se han hecho para asegurar un éxito de la próxima Cumbre en La Habana, creo que son cuestiones que vale la pena resaltar.

Quiero recordar, por otra parte, que España es el primer país inversor de la Unión Europea en América Latina y el segundo del mundo, después de los Estados Unidos. Tanto el Gobierno como el sector empresarial español han dado y siguen dando muestras de confianza y de apoyo hacia estos países, tanto en lo que se refiere a la modernización de su economía, como en los procesos de democratización.

También se ha hecho una referencia a la evolución, que probablemente ustedes ya conozcan, del mercado de trabajo y, en concreto, a las cifras de paro del mes de junio, las cifras de paro registrado, que creo que recogen algo que merece la pena destacarse: por primera vez desde agosto de 1980 la tasa de paro registrado se sitúa por debajo del 10 por 100; por lo tanto, estamos hablando de prácticamente diecinueve años con tasas de paro por encima del 10 por 100; en algunos casos llegando prácticamente al 20. Estamos ahora en una tasa de paro del 9'91, que es algo que, insisto, no sucedía desde agosto de 1980. En cifras absolutas, teniendo en cuenta la evolución de la población activa, estamos ante la cifra de paro más baja registrada desde el mes de septiembre de 1981.

Creo que son unas magníficas cifras, es una buena noticia. Obviamente, en este tema la autocomplacencia no es permisible. Seguimos teniendo una tasa de paro y unas cifras de desempleados altas; pero creo que vale la pena constatar la favorable evolución que está teniendo el mercado de trabajo en estos últimos tres años. En particular, en el último año, los desempleados han bajado en, aproximadamente, un cuarto de millón de personas, que creo que es una magnífica noticia para todos.

Finalmente, también el Consejo ha conocido la última redacción de la Proposición de Ley que, de manera unánime, por parte de todos los Grupos Parlamentarios se ha puesto en marcha para el tema de las víctimas del terrorismo. Creo que vale la pena de nuevo también que en esta cuestión nos congratulemos.

Ha habido un esfuerzo de consenso; se han incorporado todas las ideas que ha sido posible incorporar; ha habido también una modificación de los baremos económicos y creo que las víctimas del terrorismo se merecían y se merecen este reconocimiento, tanto desde el punto de vista de sus derechos económicos y del resarcimiento de las dificultades económicas derivadas de los propios actos terroristas, como en lo que tiene de componente de reconocimiento moral de la sociedad española hacia su sacrificio en favor de la democracia, en favor de la libertad, en favor de las instituciones, desde hace ya tantos y tantos años.

Finalmente, ya, antes de cederle la palabra a la Ministra de Medio Ambiente, una breve referencia a las actividades del Presidente del Gobierno para los próximos días. El próximo lunes llega a Madrid, procedente de Trinidad y Tobago y, por lo tanto, finaliza el viaje oficial que ha hecho por diferentes países de América del Sur. El martes, a las once de la mañana, recibe al Director del Instituto Cervantes, don Fernando Rodríguez Lafuente; a la una, recibe al Presidente de la Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y de Carlos V, don Juan Carlos Elorza. El miércoles, por la tarde, asistirá a una convención del Partido Popular Europeo en Torremolinos. El jueves, a las cinco y medio de la tarde, recibirá al Enviado Especial Permanente de la Unión Europea para Oriente Próximo, don Miguel Ángel Moratinos. Y, finalmente, el viernes, a la hora habitual, presidirá el Consejo de Ministros.

Sra. Tocino.- Como han podido comprobar ustedes, por la referencia que acaba de hacer el Ministro Portavoz, hoy ha sido un día especialmente importante en el Consejo de Ministros para las políticas medioambientales por los acuerdos que en él se han adoptado; esencialmente, diría yo, para las políticas del agua.

Saben todos ustedes que, cuando se asumió, por parte del primer Ministerio específico de Medio Ambiente, la política del agua, sacándola de los Ministerios de Obras Públicas y de Fomento, adoptamos la decisión de dotarnos de una nueva política del agua. En esa línea, hemos ido aprobando los Planes Hidrológicos de Cuenca; hemos presentado un Libro Blanco del Agua; hemos presentado una reforma de la Ley de Aguas; estamos trabajando en el Plan Hidrológico Nacional.

Es lo cierto que, para establecer esta nueva cultura del agua, en donde se vea como un recurso natural que hay que proteger y que hay que preservar, en donde se utilice de una manera mucho más racional, mucho más eficiente, hacen falta nuevas infraestructuras. Teniendo en cuenta que la primera intención que tuvo este Ministerio, y que ha conseguido, era sanear el presupuesto, evidentemente no bastaban los procedimientos del Capítulo VI de los Presupuestos Generales del Estado para poner en marcha de inmediato infraestructuras hidráulicas imprescindibles para cumplir con los compromisos de los Planes Hidrológicos de Cuenca o con la reforma de la Ley de Aguas.

Por eso, junto al sistema de pago aplazado o "sistema alemán", que nos ha permito hacer inversiones muy importantes a lo largo de 1997 y 1998, nos hemos dotado de un nuevo sistema de financiación de infraestructuras hidráulicas, que son las Sociedades Estatales. El Consejo de Ministros hoy ha aprobado la creación de tres nuevas Sociedades Estatales, la del Segura, la del Duero y la del Guadalquivir, que van a ser las últimas que se pongan en funcionamiento y que, junto con las otras cinco que ya están funcionando: ACESA (Aguas de la Cuenca del Ebro), ACUSUR (Aguas de la Cuenca del Sur), AJUCAR (Aguas de la Cuenca del Jucar), HIDROGUADIANA (que es de la Confederación del Guadiana) y, por último, la Sociedad del Baix Llobregat, constituyen la posibilidad de una inversión de 463.000 millones de pesetas. Creo que esto es lo realmente importante.

Si importante es el montante de la inversión que se va a realizar, me parece que es mucho más importante el destacar que estamos, por primera vez en la historia de nuestra democracia, en un nuevo sistema de financiación de infraestructura pública hidráulica que permite que, con un capital social que pone el Estado, uniéndolo a los Fondos de Cohesión, fondos comunitarios, incorporando los intereses de los particulares, de usuarios y de regantes, se establezca este montante de inversión. Por lo tanto, las sociedades que hoy se crean tienen un capital social de 47.000 millones de pesetas, que es lo que aporta el Estado y, unido a la financiación que establecen los particulares más los Fondos de Cohesión, vamos a invertir del orden de 200.000 millones de pesetas con estas tres Sociedades Estatales.

Creemos que es realmente nuevo y es realmente importante el que, por primera vez, se hace confluir los intereses de los usuarios con los intereses de la Administración; se ponen de acuerdo y se establecen unos convenios que permiten, efectivamente, poner en práctica estas obras que están demandando la sociedad; obras, como les digo, que son esencialmente para cumplir los Planes de Cuenca, los compromisos de los Planes de Cuenca, y, a su vez, para cumplir también las demandas de la reforma de la Ley de Aguas.

Son obras de abastecimiento a poblaciones, fundamentalmente; son obras de consolidación de regadíos; pero son obras también de encauzamiento muy importantes o también obras de saneamiento y depuración. En la cuenca del Guadalquivir algunas de las obras más importantes van a ser de regulación, concretamente la presa de Labreña y del Arenoso, con más de 40.000 millones de pesetas de inversión; en la cuenca del Segura, pondremos en marcha, por ejemplo, entre otras inversiones, dos desaladoras, que van a tener una gran importancia para esta región; o, en la cuenca del Duero, la modernización de unos regadíos muy importantes, modernizando el Canal del Pisuerga o, inclusive, consolidando regadíos importantísimos en cuenca, por ejemplo los del Carrión, a través de los canales de Los Palluelos.

Pero, dicho esto y sabiendo que estamos cumpliendo todos los requisitos de control del gasto público, de déficit público y cumpliendo los requisitos que nos impone también la Unión Europea, creo que hay que destacar este nuevo modelo de financiación en donde confluye como les digo, financiación privada con financiación pública.

Asimismo, también se ha dicho, y creo que es sumamente importante, que nos refiramos a otras dos inversiones sumamente trascendentales. Estamos hablando, en primer lugar, de proyectos claves para toda Cataluña. Este Gobierno desde que llegó asumió unos compromisos que venían siendo demandados por la sociedad catalana desde hacía muchísimos años --puedo hablarles de algunos de más de cien años-- y que realmente se están poniendo en marcha a través de este Gobierno del Partido Popular, del Presidente Aznar.

Concretamente, hoy, la aprobación de la canalización o del encauzamiento del río Llobregat, una inversión que asciende a más de 11.000 millones de pesetas, es importante en sí misma porque iniciar las obras de encauzamiento significa, por una parte, disponer de más terrenos para la depuradora del Bajo Llobregat, que también es una inversión que ha hecho este Ministerio, que ha hecho este Gobierno, con fondos de la Unión Europea, acudiendo a una sociedad estatal de las que les he descrito hace un momento, y que es el proyecto más ambicioso presentado a Fondos de Cohesión desde el punto de vista ambiental. La depuradora del Baix Llobregat tiene un importe de 40.000 millones de pesetas y ya fue concedido el pasado 28 de junio ese Fondo de Cohesión por la Unión Europea.

Quiero decir que, con esta aprobación del desvío del río Llobregat, además, vamos a disponer de terrenos para hacer otras inversiones medioambientales, como, por ejemplo, en política de residuos, el tratamiento de residuos; pero es que, además, se desbloquean ya problemas tan graves como los que estaban impidiendo la ampliación del puerto o el nuevo aeropuerto del Prat.

Por tanto, creemos que con esta inversión, que hoy se permite hacer con la autorización previa del Consejo de Ministros para que se concierten ya esos proyectos, estamos dando satisfacción a una de las demandas realmente importantes. Proyecto clave, como les digo, para Cataluña.

Por otra parte, muy brevemente también decir que el Consejo de Ministros ha autorizado otra enorme inversión de una importancia trascendental, en este caso concreto para la Comunidad Foral de Navarra, en la medida en que el Canal de Navarra, que es como si dijéramos la continuación de la presa de Itoiz, con un importe de 103.726 millones nos va a llevar a financiarlo en dieciséis anualidades. De ellas, el 60 por 100 de este compromiso de gasto lo asume la Administración Central del Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente; el 40 por 100. el Gobierno Foral de Navarra. Pero ya con esto nos ponemos en marcha, de tal forma que las obras comenzarán el segundo semestre de este año 1999.

P.- Quisiera que la Ministra Tocino me valorara, si estos proyectos clave para Cataluña que se han aprobado en el Consejo de Ministros hace tanto tiempo que se demandan, ¿por qué ha hecho falta esperar hasta ahora? Usted ha subrayado que es el Gobierno de José María Aznar el que está dando salida a esto. ¿Qué es lo que lo ha impedido hasta ahora? ¿No se habían encontrado estas fórmulas de financiación, falta de voluntad política..? Si me pudiera valorar un poco específicamente este proyecto.

El Ministro Portavoz me gustaría que me hiciera una valoración de por qué la Proposición de Ley de solidaridad de las víctimas del terrorismo no se ha podido aprobar hasta ahora; si cree que no se habrían podido acelerar un poco los plazos, si ha faltado agilidad en los contactos entre el Gobierno y oposición.

Y recordar que este sábado se cierran los pactos municipales. Una valoración política también de cómo está yendo todo el problema de pactos postelectorales en los ayuntamientos.

¿Cuáles son las expectativas a partir de este sábado, por parte del Gobierno, en los contactos Gobierno-ETA?

Sra. Tocino.- Yo no puedo hacer una valoración de las razones por las cuales los Gobiernos anteriores no tomaron estas decisiones. Desde luego, en algunos casos hasta se llegaron a firmar convenios, vacíos de contenido presupuestario. Lo que sí le puedo decir es que eran obras reivindicadas históricamente por Cataluña, por la sociedad catalana, y que nos parecía realmente imprescindible hacer.

Con cerca de dos millones de habitantes en la propia Barcelona tuvieran todavía al día de hoy sus aguas sin depurar, comprenda que crear un Ministerio de Medio Ambiente y no ponerse en marcha para que eso sea una realidad nos parecía realmente insalvable. Por eso, desde el año 1996, en que tomé posesión y levantamos este primer Ministerio específico de Medio Ambiente, nos comprometimos a cumplir con lo que eran demandas, ya le digo, en algunos casos muy históricas --hablamos de más de diez años--, de reivindicación.

Por tanto, ha sido un hecho la depuración del Baix Llobregat, y efectivamente hemos acudido a este nuevo sistema de financiación del que les he hablado. Y, creando la Sociedad del Bajo Llobregat, que ya está en funcionamiento, próximamente empezará la construcción de los colectores y, a finales de este mismo año, yo creo que empezarán también las actuaciones en la primera fase de la depuradora, de tal forma que en el año 2001, entiendo yo, habremos terminado las obras de los colectores, del emisario submarino y de la primera fase de la depuradora, y en el 2002, toda la obra terminada. Con ello tenemos la garantía del saneamiento de esta zona tan importante del Bajo Llobregat.

Pero es que tan importante como eso era, efectivamente, el no seguir bloqueando un desarrollo económico y social muy importante para toda la zona del Llobregat. Curiosamente, el encauzamiento del río Llobregat impedía hacer todo este volumen de obras. Nosotros nos pusimos también en marcha desde el año 1996, y hemos llegado a no solamente superar todos los problemas de impacto ambiental, sino a acordar las medidas compensatorias, las medidas correctoras, para que, una vez más, se demuestre que es compatible el desarrollo económico y social con el medio ambiente.

Asimismo, hemos acudido a un sistema de financiación de pago aplazado, por ejemplo, en el desvío del Francolí, que también era una inversión de más de 2.000 millones de pesetas sumamente importante; o, por ejemplo, hemos dado garantías a una serie de regantes, también históricamente reivindicando sus derechos. Entre el Urgel y, por otra parte, el embalse de Rialp, no solamente conseguimos ponernos de acuerdo con ellos para distribuir los caudales, sino que, como sabe usted, ya hay toda una serie de regantes que nos han agradecido que en este mismo año, con el llenado parcial de la presa de Rialp, ya están con sus regadíos garantizados.

Ahora, como sabe usted, estamos trabajando con los regantes del canal Segarra-Garrigues para ver la forma de llegar a un acuerdo, en el que, en este caso, desde luego, si lo consiguiéramos, las reivindicaciones vienen desde el siglo XVII. Imagínese usted si hay reivindicaciones históricas cuando yo les decía.

Me satisface poder decir que este Gobierno del Presidente Aznar ha apostado realmente por Cataluña, porque apostando por Cataluña se apuesta por España. Quizá no es muy atinado el que el máximo representante del Gobierno de la Generalitat diga precisamente que el PP no representa nada. Permítanme esta expresión, porque creo que se está demostrando precisamente que es el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de José María Aznar, el que está trayendo proyectos con realizaciones concretas. Realmente no se entiende, si las demandas de la sociedad catalana iban por ese lado, que ni el Gobierno de la Generalitat ni los Gobiernos anteriores lo hubieran conseguido.

Sr. Piqué.- Creo que no hace falta recordar que en el siglo XVII tuvo lugar la guerra de "Els Segadors".

Respecto al resto de la pregunta, una especie de pregunta ómnibus que me formula, yo creo que lo importante es que salga una proposición de ley unánime de todos los Grupos Parlamentarios en solidaridad con las víctimas del terrorismo. Éste ha sido el objetivo del Gobierno desde el primer día. Ya dijimos que estábamos dispuestos a sacrificar el tiempo necesario para contribuir a poner de acuerdo a todos los grupos políticos, a todas las fuerzas políticas; que lo que primaba era la voluntad del máximo consenso y de ese reconocimiento global y amplísimo de la sociedad española, a través de sus representantes políticos, a las víctimas del terrorismo.

Por consiguiente, lo que le tengo que decir es que damos el tiempo, que han sido varios meses, por bien utilizado. Creo que ahora no merece la pena remontarse a las cosas que han impedido que la aprobación haya sido más rápida. También era nuestro deseo que, desde luego, lo fuera lo antes posible; pero, al final, el objetivo se ha conseguido y creo que ha valido la pena e, incluso, ha permitido algunas incorporaciones que también creo que vale la pena recordar: en cuanto a distinciones honoríficas, que no estaban en principio previstas en los mismos términos; también que se puedan producir indemnizaciones a las víctimas no sólo de atentados, sino de secuestros en unos determinados aspectos; ampliar las ayudas a cuestiones relacionadas con la educación o con la asistencia médica; o, finalmente, también --y eso no es una adición, sino una modificación-- se han modificado las cuantías de los diferentes supuestos de indemnización.

Tengo aquí los datos concretos que le puedo ahora recordar: en un caso de fallecimiento, las indemnizaciones pasan de veintiún millones a veintitrés; las de gran invalidez quedan igual, en sesenta y cinco millones de pesetas, pero también aumentan las indemnizaciones por incapacidad permanente absoluta, que pasan de catorce a dieciséis millones; en la incapacidad permanente total pasan de siete a ocho, y en la incapacidad permanente parcial pasan de tres millones y medio a seis.

Por consiguiente, la valoración no puede ser otra que claramente positiva. Estamos realmente muy satisfechos del trabajo que se ha hecho; muy agradecidos a los Grupos Parlamentarios por sus contribuciones y sus aportaciones, y ahora de lo que se trata es de que las víctimas del terrorismo, cuanto antes puedan percibir todas esas compensaciones, tanto de tipo material como de tipo moral, pues mejor.

En cuanto a la segunda cuestión de pactos postelectorales, hay algunos que todavía se están discutiendo, como es conocido, y hasta el sábado, cuando se produzca la constitución de los nuevos ayuntamientos, no se conocerán en su totalidad.

Yo creo que la Ley Electoral es como es y permite pactos postelectorales en términos de obtención de mayorías, que en muchos casos van dirigidas, como es lógico, a asegurar la estabilidad de los gobiernos municipales. Por lo tanto, todos aquellos pactos que lo que buscan es estabilidad y, al mismo tiempo, coherencia con lo que ha sido la expresión de la voluntad del electorado creo que los debemos ver de forma positiva.

Otra cuestión es que se pueda abrir un debate --y de hecho el propio Secretario General del Partido Popular lo ha abierto-- en el sentido de que, si al final se generalizan pactos cuyo objetivo no es tanto asegurar la estabilidad o buscar coherencia con la dirección que ha seguido el voto, sino desalojar a un determinado partido político de los gobiernos locales o de los gobiernos regionales, de los gobiernos de las Comunidades Autónomas, se puede abrir una reflexión respecto a si conviene que se piense en que sean las listas más votadas las que asuman el gobierno de las Corporaciones Locales o de las Comunidades Autónomas.

Eso es algo que efectivamente se puede discutir, se puede reflexionar sobre ello; pero, en definitiva, ésa sería la valoración. Es una valoración positiva en en la medida que en que se pueda buscar, y se busque, la estabilidad y la coherencia con la expresión de los deseos del electorado, y, en cambio, es una valoración que no puede ser positiva, si, de alguna manera hurtando lo que es la voluntad del electorado, lo que se busca es el desalojo del partido que ha sido más votado.

Incluso en algunos supuestos se puede dar la circunstancia --y creo que todos podemos tener ejemplos en la cabeza-- en los que partidos y candidatos que han sido castigados por el electorado, precisamente en virtud de pactos postelectorales, acaben asumiendo responsabilidades de gobierno. Eso es absolutamente legítimo, es absolutamente legal; pero, de alguna manera, incoherente con la voluntad de los electores.

P.- No me ha quedado claro si usted dice que hay que abrir una reflexión sobre si conviene que sean las listas más votadas; si conviene que ocurra eso o si cuestiona...

Sr. Piqué.- No, yo digo que conviene que haya una reflexión y, por ejemplo, el Secretario General del Partido Popular ya la puesto encima de la mesa. Creo que vale la pena que todos pensemos en ello; pero, en principio, como Gobierno no nos pronunciamos ni en un sentido ni en otro.

En relación al último punto, no hay ninguna novedad respecto a lo que hemos venido diciendo en los últimos días.

P.- Yo le quería preguntar al Ministro Portavoz si el Ejecutivo tiene alguna opinión sobre el fichaje, por parte de Telefónica, del Comisario europeo de Telecomunicaciones, y si se respalda lo opinión que expresó ayer Loyola de Palacios sobre este asunto.

Sr. Piqué.- Todos podemos tener nuestra opinión a título personal; pero ahora estoy sentado donde estoy sentado y me permitirá que le diga que el Gobierno no tiene ninguna opinión al respecto.

P.- ¿Se respalda lo que dijo ayer la ex Ministra Loyola de Palacio?

Sr. Piqué.- El Gobierno no tiene ninguna opinión al respecto.

P.- Se lo pregunto entonces de otra forma: ¿al Gobierno le parece oportuno que un comisario europeo pueda pasar a una empresa privada inmediatamente después de abandonar su cargo?

Sr. Piqué.- Al Gobierno lo que le parece oportuno es que se cumpla con la Ley, y tengo entendido que se ha cumplido con la Ley.

P.- Yo quería preguntar al Ministro Portavoz si van a impulsar alguna medida de tipo legal para evitar que se produzcan situaciones como la que se ha producido hoy en el Parlamento de Navarra.

Sr. Piqué.- La verdad es que la situación que se ha producido hoy es una situación --se ha utilizado ya mucho ese término, ¿no?; pero, como creo que es muy expresivo, me voy a permitir reiterarlo-- que produce una profunda repugnancia. Desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, pensar que una persona confesa y condenada por asesinar de forma tan dramática, tan condenable y tan rechazable, como cualquier otro asesinato, pero como es el caso de Jiménez Becerril y de su esposa, de Ascen, parece realmente difícil de asumir.

Es lo cierto que la Audiencia Nacional ha limitado enormemente las consecuencias de esa posibilidad legal. Antes hablábamos de otra cuestión en términos completamente distintos y en otra dimensión, en otro ámbito; pero creo que en éste también sería bueno hacer una reflexión entre todos respecto a si, incluso con estas limitaciones que han sido establecidas por la Audiencia Nacional, no sería bueno que en el futuro no se pudieran dar este tipo de circunstancias, que no nos veamos en la penosa obligación de ver sentado en un Parlamento a un asesino.

P.- Ha hablado dos veces de hacer una reflexión: una relativa a lo de las listas, la lista más votada y ahora una reflexión relativa a si se debe tomar algún tipo de modificación legal para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento de Navarra. ¿Reflexión significa que el Gobierno tiene intención, en los dos casos, de modificar la Ley o tomar alguna iniciativa legal?

Eso por una parte, y, por otra parte, hemos visto durante las últimas semanas se ha tomado algún tipo de acuerdos o medidas para impedir el desarrollo del GIL; pero el asunto de los pactos electorales se ha dado, por ejemplo, el caso en Santoña en el que se ha pactado para que la Falange pueda seguir en el Gobierno municipal. Entonces quisiera saber cuál es su opinión al respecto.

Sr. Piqué.- Respecto a lo primero, quisiera que se entendiera mi propia reflexión respecto a la necesidad de hacer una reflexión. Creo que las leyes electorales sólo deben modificarse si hay un consenso muy amplio por parte del máximo posible de fuerzas políticas; por lo tanto, tiene que sentirse esa necesidad como muy compartida.

Por lo tanto, anticipar ahora criterios que no sería probablemente lo más adecuado. Creo que, a raíz de los pactos que se puedan producir ahora y de las reacciones y de la propia presión de la opinión pública, puede surgir un cierto estado de ánimo que lleve a las diferentes fuerzas políticas a pensar que puede ser conveniente una modificación de la Ley Electoral. Hoy por hoy, evidentemente, eso no se percibe como una necesidad por parte del conjunto de las fuerzas políticas; pero sí que puede ser bueno, por lo menos, dejar el tema encima de la mesa, siempre en el bien entendido de que las leyes electorales se deben modificar con el máximo acuerdo y con el máximo consenso posible, y no sólo a iniciativa del Gobierno, sea cual fuere en cada momento.

En relación a lo segundo, es un poco también lo mismo. Estamos ante una legislación que, en general, creo que es una legislación muy adecuada, muy pertinente, porque es muy garantista, por otra parte, y muy respetuosa con la voluntad popular; pero que en algunos momentos pueda dar lugar a episodios tan rechazables como el de hoy.

De nuevo ahí es una reflexión, pero debe ser una reflexión, en todo caso, muy compartida. Ahí creo que sí es posible ir avanzando en un acuerdo y en un consenso rápido, porque parece que esa repugnancia moral ha sido una repugnancia moral muy extendida y muy compartida. Pero, en cualquier caso, en principio, el Gobierno tampoco como tal tomaría la iniciativa antes de que por las diferentes fuerzas políticas se viera que, efectivamente, hay una clara determinación de avanzar en esa dirección.

En cuanto a la última cuestión, no sé cuántos municipios hay en España, debe haber como varios miles, y coger una anécdota y elevarla a categoría puede ser siempre muy divertido, pero no suele ser muy riguroso. Estamos hablando de una anécdota que, además, lo que hace es reiterar algo que ya existía. Creo que eso debemos de separarlo de un tema más serio, que hemos tenido ocasión de comentarlo en estas ruedas después el Consejo de Ministros en otras ocasiones, y es que estamos hablando de un proyecto que es un proyecto político que no responde a lo que deben ser proyectos políticos que buscan el interés general, que defienden determinados planteamientos de orden general, sino que estamos ante proyectos de contenido personalista y que, además, afectan a localidades que son muy sensibles desde muchos puntos de vista. Por lo tanto, creo que ahí, efectivamente, esa consideración específica que hemos hecho en otras ocasiones se justifica.

Después, en cuanto a ese episodio concreto que me comenta, seguramente podríamos encontrar también otros episodios concretos igual de chocantes.

P.- Ministro Portavoz, ¿cuál es la posición del Gobierno después de la toma de posición del ponente del Tribunal de Estrasburgo sobre el Concierto Económico vasco?

Luego quería volver sobre la cuestión anterior, porque me parece muy importante. En el tema, por ejemplo, de la lista más votada, creo que, cuando se debatió esta cuestión entre el Gobierno y el primer partido de la oposición, hubo una propuesta del PSOE, precisamente en esa dirección, que no fue tenida en cuenta en aquel momento por el Gobierno. Entonces quería decir si en este sentido hay una cierta autocrítica y si no cree el Gobierno conveniente retomar aquella posición inicial.

Sobre la segunda cuestión, sobre la segunda posibilidad de reforma, concretamente, también ha hecho un pronunciamiento en este sentido el señor Atutxa, el Presidente del Parlamento vasco, que es del Partido Nacionalista Vasco. En este sentido sí le quería adelantar si no cree que ahí hay un consenso lo suficientemente amplio en la medida en que son el PSOE y el PNV los que ya apuntan en esta dirección; o sea, dos partidos ya muy significativos del arco parlamentario.

Sr. Piqué.- Respecto al primer tema, que es un tema muy complejo, muy importante, lo primero que hay que decir es que el Concierto Económico vasco está soportado por la Constitución, por el Estatuto de Autonomía; responde a acuerdos entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco en cuanto a su configuración, por períodos determinados que son de cinco años, respeto a las consecuencias financieras a través del Cupo. Por lo tanto, estamos hablando de algo propio de la legislación española y, por lo tanto, algo cuya defensa asume plenamente el Gobierno español. Y eso es así frente a cualquier tipo de instancias y, desde luego, frente a las instancias comunitarias.

El Gobierno español va a defender el Concierto de la misma manera que lo pueda defender el propio Gobierno vasco, y, además, en circunstancias distintas, porque, en cuanto a la representación internacional, es al Gobierno español a quien le corresponde esta responsabilidad. Sobre esto que nadie tenga ninguna duda porque no puede ser de otra manera.

Otra cuestión es que, en determinadas circunstancias en cuanto a la aplicación concreta de medidas concretas por parte, pongamos por caso, de una Diputación Foral concreta que se puedan derivar de ese Concierto, pueda haber discrepancias, de la misma manera que puede haber conflictos de competencias o requerimientos de incompetencia sobre cualquier otra manifestación de cualquier otro acto de gobierno de cualquier Comunidad Autónoma.

Creo que hay que saber distinguir las dos cosas: clara determinación en la defensa del Concierto vasco, clara defensa de todas sus virtualidades y asunción absolutamente como algo propio por parte del Gobierno; pero, al mismo tiempo también, plena libertad para recurrir aquellas aplicaciones concretas que en un momento determinado podamos pensar que afectan, por ejemplo, a la libre competencia o que puedan suponer algún tipo de competencia desleal respecto a otras localizaciones en otras Comunidades Autónomas. Yo creo que eso, además, los ciudadanos vascos lo entienden perfectamente y creo que, además, es lo lógico porque eso responde estrictamente al sentido común.

En cuanto a lo segundo, yo no creo que haya que plantearlo en términos de Gobierno y el Partido Socialista. Los pactos post-electorales corresponden a las fuerzas políticas y, por lo tanto, en este caso, no al Gobierno, sino al Partido Popular, al Partido Socialista y a los otros partidos que pueden constituir estos pactos.

A mí siempre me ha parecido --y ahora hablo a título personal-- que el criterio, en general, de la lista más votada es una buena guía de actuación. Hemos defendido también que pudiera haber excepciones --antes mencionábamos alguna--; pero no creo que ahí haya ningún cambio de posición, sino que siempre hemos defendido la búsqueda de la estabilidad, pero, al mismo tiempo también, la coherencia con aquello que ha sido manifestado a través de los votos por los ciudadanos.

Sobre el último punto, yo desconocía esta posición del señor Atutxa. La celebro. Creo que si, al final, hay una clara coincidencia de criterios respecto a que se pueda modificar la legislación de forma que se puedan evitar situaciones como las de hoy, creo que vale la pena que avancemos. Yo me congratulo de que eso vaya por ahí.

P.- Ya que parece que toca abrir períodos de reflexión, quería preguntarle si el Gobierno español sería partidario de abrir un período de reflexión en cuanto a la capacidad de un comisario de pasar a la empresa privada, inmediatamente después o todavía en su cargo de Comisario europeo.

Sr. Piqué.- No creo que esta reflexión le corresponda al Gobierno español.

P.- Al Portavoz le quería preguntar otra vez sobre la política de pactos, porque el hecho es que el PP puede perder algunas alcaldías muy relevantes en función de esa política. En definitiva, el sentido de la política sería si se sienten ustedesahora víctimas de operaciones de pinza, quizás similares a las que en otro sentido hubo en el pasado, si cree que esto ha dado lugar a pactos municipales realmente de los que se llaman políticamente contranatura, si tienen algún reproche que hacer, más allá de las reflexiones para el futuro, a otras fuerzas políticas o si, en el caso de la relación con el Partido Socialista, quizá todo quedaría saldado si realmente la Diputación de Álava cae del lado del Partido Popular.

Me gustaría preguntar también sobre el proceso de paz. Decía usted que no hay novedad; pero la cuestión es si quizá el Gobierno está a la espera de algún dato o de algún signo de impulso.

A la Ministra también me gustaría preguntarle. Yo sé que estuvo almorzando con el Presidente de la Generalitat esta semana. Supongo que se hablaría de muchas de las cosas que nos ha contado hoy aquí; pero, como se están negociando ya los Presupuestos del año que viene y se ha fijado ahí un objetivo en torno al 15 por 100 de la inversión global estatal en Cataluña, en materia de obras públicas, aunque eso escapa estrictamente de su Ministerio pero tiene que ver con él, si realmente ésa es una cifra planteable y si realmente están un poco en ella.

Por último, y en este mismo sentido, no sé si aceptarían ustedes que están hoy un poco en clave electoral o no; no lo sé, por eso yo pregunto. El Portavoz ya ha llegado a insinuar que, como la reivindicación del siglo XVII se cumple, a lo mejor Cataluña tiene que pensar en cambiar su himno. Es una interpretación quizás muy abusiva de sus palabras; pero, en todo caso, me ha hecho gracia la alusión. En definitiva, sí hay una clave electoral, porque, claro, reivindicaciones tan antiguas y que se desbloqueen cuando estamos en puertas de unas elecciones autonómicas tal vez tenga algo que ver.

Sra. Tocino.- Con relación a su pregunta, las reivindicaciones históricas que estaba planteando se refieren al Canal Segarra-Garrigues que está todavía por negociar; luego, desde luego, nada en clave electoral en este momento.

Como muy bien usted dice, no es la Ministra de Medio Ambiente la que cierra el Presupuesto, sino que las reuniones se tienen con el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda. En ese sentido, lo que sí le puedo decir es que no hay en este momento ningún acuerdo en dar una cifra concreta con relación a lo que va a suponer la inversión pública para Cataluña el año próximo.

No tengo las cifras aquí delante, pero yo creo que en esa cifra, más o menos, hemos estado casi en años anteriores y, por tanto, tampoco sería ninguna cuantía distinta; pero, en cualquier caso, como usted muy bien decía, no es a mí a quien le corresponde.

Lo que sí le digo yo es que nosotros, desde el Ministerio del Medio Ambiente, hemos puesto en marcha todas aquellas políticas que nos parecían esenciales para cumplir con demandas, algunas muy históricas, otras menos históricas, pero realmente esenciales; y, en el caso de Cataluña, las que hemos dicho aquí, que yo he numerado y que no quiero reiterar. Pero sí quiero recordar, para que vea usted que no son claves electorales de cara a Cataluña, que hoy mismo se ha acordado que el Ministerio de Medio Ambiente va a invertir 62.000 millones de pesetas en la Comunidad Foral de Navarra; o, por ejemplo, estamos hablando de 74.000 millones de inversión para la Comunidad de Andalucía.

Por lo tanto, quiero decirle que lo que estamos haciendo es, con independencia de los procesos que tienen que seguir los procesos electorales, cumplir con lo que creemos que debe ser una política del agua, que es la que necesita la sociedad española para entrar en el siglo XXI.

Yo dije al principio de la Legislatura que en esta primera legislatura queríamos culminar la planificación para pasar a algo realmente importante, que es la gestión del recurso. Eso nos está llevando a terminar de hacer los embalses que eran imprescindibles todavía en España pero, sobre todo, a hablar de saneamiento y depuración, de calidad de aguas y de gestión de ese bien tan escaso.

En esa línea estamos trabajando y ya le digo que, el mismo día que le ha tocado a Cataluña esa parte del Baix LLobregat, representantes de otras Comunidades Autónomas se sentirán tan orgullosos o más de que, efectivamente, el montante de inversión de los 200.000 millones de pesetas se refiera, fundamentalmente, a la cuenca del Segura, a la cuenca del Duero y a la cuenca del Guadalquivir, más lo que les he dicho de la Comunidad Foral de Navarra. O sea, que creo que ya con esto he contestado que no estamos en clave electoral cuando hacemos inversiones.

Sr. Piqué.- Yo antes he expresado ya un criterio general respecto a la valoración que me pueden merecer los pactos. Puedo añadir algo más, de orden abstracto, y es que, en general, los llamados pactos contranatura acaban pagando un coste para los que los formulan. Pero, evidentemente, es una reflexión de carácter general. Entrar ya en eventuales, entre comillas, reproches a otros partidos creo que no es papel del Gobierno y, por tanto, de su Portavoz. Esta tarde hay una reunión de la Ejecutiva del Partido Popular para tratar específicamente la política de pactos y, a lo mejor, su curiosidad puede quedar mejor satisfecha esta tarde.

En cuanto a lo segundo, permítame, respecto al proceso de paz, que me quede en lo que ya he dicho: en estos momentos no hay ninguna novedad reseñable; como es natural, se trabaja y, cuando haya algo que transmitir, ya lo haremos. Mientras tanto, nos tenemos que instalar en la discreción.

P.- Al Ministro Portavoz. Ayer la AVT, en relación a la proposición de solidaridad con las víctimas, dijo que discriminaba la cifra de los 23 millones propuesta por el Gobierno respecto a las sentencias que ha formulado la Audiencia Nacional, ya que, por ejemplo, la última, la del matrimonio Becerril, fija en 50 millones esa cantidad. ¿Qué problemas ha tenido el Gobierno para aumentar esa cantidad o acercarla desde los 23 a los 50 millones?

Sr. Piqué.- No, el Gobierno no ha tenido ningún problema. Estamos ante una proposición de ley unánime de todos los Grupos Parlamentarios. Nos parece que la cifra, que además ha sido ligeramente incrementada en la última pasada de negociación entre los Grupos, es una cifra significativa y realmente relevante. Otra cuestión es que en determinadas sentencias concretas pueda haber otras cifras; pero yo creo que establecer este tipo de cuestiones en base a estas comparaciones no es lo más idóneo.

Yo creo que se está haciendo, por parte de todos, un esfuerzo muy importante en favor de quien se lo merece, que son las víctimas del terrorismo. Se ha hecho ahí un esfuerzo económico y un esfuerzo de reparación moral realmente muy notables. Claro, siempre se puede pedir más, ¿no?; pero yo creo que se ha llegado a unas cifras que son muy correctas.

P.- Sólo quería una matización sobre el tema de Barrios hoy en el Parlamento de Navarra y lo que apuntó de que se necesita un amplio consenso. Yo quería saber si ese consenso el Gobierno lo llevaría hasta que fuese de todos los partidos, menos Euskal Herritarrok.

Sr. Piqué.- Ojalá Euskal Herritarrok que estuviera en ese consenso; pero no parece plausible.

P.- Yo me refería a si el Gobierno lo necesitaría no para una decisión, sino iniciar y participar también en la necesidad de reformar la Ley... Que ese consenso llegase a todos los partidos; siempre sin contar con Euskal Herritarrok, claro.

Sr. Piqué.- Mientras que Euskal Herritarrok no sea un partido normal, no podemos hablar de consensos con partidos que todavía justifican la violencia o aceptan asesinos en sus listas. Estamos hablando de consenso entre partidos democráticos.

Muchas gracias.