Rueda de Prensa

Sr. Rodríguez.- Buenos días. Comparecemos ante ustedes para dar cuenta de los principales acuerdos del Consejo de Ministros celebrado esta mañana; un Consejo de Ministros con dos partes: una primera parte intensa, de examen de algunos de los acuerdos del Consejo --digo "intensa" porque comprobarán en la Referencia del Consejo que hoy son muchos los acuerdos, de los que les comentaremos alguno ahora--, y una segunda parte, con un primer examen en la mesa del Consejo de Ministros de las grandes cifras presupuestarias para el año que viene.

Sobre este punto querría referirme al comienzo, para darles alguna idea de por dónde van las líneas generales del Presupuesto para 1998, anunciándoles ya que, en principio, el viernes de la semana que viene, el Ministro de Economía y Vicepresidente Segundo del Gobierno comparecerá, en esta misma sala, para comentarles más detalladamente las cifras presupuestarias de 1998.

Se trata de unos Presupuestos en los que el Gobierno hará un esfuerzo por el bienestar social de los españoles, con algunos anuncios concretos. El Presupuesto del año que viene contempla que no van a subir los impuestos en el año 1998 y, a pesar de que no va a haber subida de impuestos, se va a hacer un gran esfuerzo en aumentar los Presupuestos de determinadas áreas, que son: la creación de empleo, las ayudas a la minería del carbón, la Sanidad, la Educación, el sueldo de los funcionarios, que el año pasado vieron su salario congelado, y la inversión pública. Ésas son las prioridades que se marca el Gobierno para el año 1998 y que, en buena parte, se pueden cumplir, a pesar de que se mantiene la misma línea de rigor y de austeridad que se ha mantenido en el ejercicio del año 1997. Digo "se pueden cumplir" gracias a la reducción de los gastos financieros que se ha conseguido gracias a la política presupuestaria desarrollada por el Gobierno.

En este sentido, serán prácticamente 300.000 millones de pesetas el ahorro que se puede producir en el Presupuesto y que se destina a estas prioridades que les acabo de comentar.

Dentro de la línea de rigor y austeridad, la previsión de déficit para el año 1998 será del 2 por 100. Y aquí quiero destacarles que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en el año 1995 era del 6'6 y que, para el año 1998, está previsto que ese déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se sitúe en el 2'4. Es un esfuerzo que es ha hecho gracias a la política de austeridad, que está dando buenos frutos y que se va a mantener.

Éstas son las líneas generales que quería anunciarles del Presupuesto para el año que viene y, repito, la semana que viene, el viernes de la semana que viene, después del Consejo de Ministros, será Rodrigo Rato quien les abunde en las cifras del Presupuesto.

Pasando a los acuerdos del Consejo de Ministros, ha habido una parte importante de cumplimiento del programa electoral del Partido Popular en materia de voluntariado y también en materia de objeción de conciencia, de reconocimiento de derechos de los objetores de conciencia.

Se ha remitido a las Cortes el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que responde a la necesidad de suministrar el marco jurídico de la cooperación española. Es un Proyecto de Ley novedoso, que tiene como objetivo la lucha contra la pobreza, a la que el Gobierno de España dedica 190.000 millones de pesetas cada año. Este Proyecto de Ley establece un nuevo marco jurídico, consensuado con las Organizaciones No Gubernamentales, que supone un hito en la legislación de esta materia que hasta ahora no se había conseguido.

Establece las prioridades geográficas y sectoriales de la cooperación. Especifica los órganos rectores de la política española en materia de cooperación, que antes eran dos y ahora pasan a ser tres; antes eran el Consejo de Cooperación al Desarrollo y la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional, y ahora se crea la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo, que tendrá como función principal la coordinación y la concertación entre las distintas Administraciones.

En el Proyecto de Ley se plasma la voluntad del Gobierno de fomentar las actividades de aquellas Organizaciones No Gubernamentales y aquellos agentes sociales que estén decididos a luchar contra la pobreza. La lucha contra la pobreza en los países no desarrollados es el objetivo prioritario de Presupuesto y el objetivo prioritario de la Ley en materia de Cooperación al Desarrollo que se ha aprobado hoy.

El Proyecto también hace referencia al Voluntariado y a la Prestación Social Sustitutoria como vías para la realización de actividades de cooperación y, como digo, se da así cumplimiento, por una parte, al programa electoral y, por otra parte, a la promesa del Presidente del Gobierno en el Debate del Estado de la Nación, que anunció como una de las diez medidas prioritarias en la actuación de la Legislatura la elaboración de esta Ley de Cooperación Internacional.

Además, se ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el régimen de convalidación, a efectos de Prestación Social Sustitutoria, del trabajo de voluntariado que realicen los objetores de conciencia. Este Real Decreto, que desarrolla la Ley del Voluntariado, establece que aquel joven que obtenga su condición de objetor de conciencia y realice un trabajo como voluntario en alguna de las entidades que están contempladas en la Ley podrá convalidar el tiempo de prestación de servicios voluntarios con el tiempo de Prestación Social Sustitutoria. Es también una legislación novedosa que establece, en concreto, que por cada 133 horas de prestación de servicios voluntarios se convalidará un mes de Prestación Social Sustitutoria, cosa que no ocurría hasta ahora.

Por darles un dato, el número de objetores de conciencia en estos momentos en España es de 105.000, que están pendientes de realizar la Prestación Social Sustitutoria. A partir de ahora, podrán hacerlo también a través de las ONGs y el voluntariado que están contemplados en la Ley.

Dentro de esta dinámica social de voluntariado, de ayuda a los países menos desarrollados y de los derechos de los objetores de conciencia, hoy se ha aprobado también el Plan Estatal del Voluntariado, que destina 1.300 millones de pesetas, y que les explica el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

Sr. Arenas.- Explicarles, con brevedad, el contenido del Plan Estatal del Voluntariado, que diría que responde a un compromiso electoral del Partido Popular y también a los compromisos expresados por el Presidente Aznar ante el Congreso de los Diputados.

Habría que decir que la primera finalidad de este Plan Estatal del Voluntariado es canalizar, apoyar y fomentar el movimiento de voluntarios en España, que tenemos que decir que es de extraordinaria importancia, ya que nuestro país es un país espectacularmente, diría yo, con comportamientos solidarios a título individual, y eso lo pone de manifiesto el crecimiento de los voluntarios que se ha producido en España en los últimos veinte años. En España ha habido, tradicionalmente, dos Organizaciones No Gubernamentales, la Cruz Roja y, posteriormente, Cáritas, y a estas alturas podemos hablar de un movimiento de voluntarios permanentes en España que se acerca a los 500.000 y, si tenemos en cuenta colaboraciones esporádicas de los voluntarios, podríamos hablar de un millón de españoles que están sirviendo en funciones de voluntariado.

Como ha dicho el Portavoz del Gobierno, el Secretario de Estado, dedicamos en 1997 una cantidad muy importante, 500 millones de pesetas, a la promoción del voluntariado, y esa cantidad va a significar en 1998 1.300 millones de pesetas en aportaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y también en aportaciones del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Interior y del Ministerio de Medio Ambiente.

Decirles que no solamente ése es el esfuerzo y el compromiso económico del Gobierno, sino que en España estamos destinando cantidades importantes a las Organizaciones No Gubernamentales y al voluntariado a través del 0'52 del IRPF; anticiparles que en 1997 esta cantidad va a estar por encima de los 16.000 millones de pesetas. En consecuencia, el movimiento de voluntarios en España va a contar con esas cantidades específicas para 1998; pero ya en 1997 hay que sumar a la aportación de los 500 millones los más de 16.000 millones de pesetas que se destinan de lo que significa esa cantidad del IRPF.

El Plan Estatal tiene cuatro áreas fundamentales: la primera se refiere a sensibilización; la segunda, a promoción; la tercera, a apoyo y, la cuarta, a coordinación.

Les quiero decir que nos gustaría en el Gobierno que los objetivos de promoción del voluntariado en España fueran objeto de un acuerdo entre todas las Comunidades Autónomas y fueran también objeto de participación activa por parte de los Ayuntamientos.

Les quiero decir que el Plan que hemos aprobado en el día de hoy ha contado con sugerencias de veinte fundaciones, de treinta asociaciones, de diez organizaciones, de la Comisión Consultiva de los ONGs, de la Federación Española de Municipios y Provincias, de once Comunidades Autónomas y de siete Departamentos ministeriales, que han participado en su elaboración.

En los últimos tiempos, las organizaciones españolas de voluntarios, como decía al principio, se están situando a la cabeza de Europa y, según nuestros datos, el número de voluntarios españoles que se ofrece para cooperar en los países menos desarrollados se incrementa todos los años en un 25 por 100. Dos de cada tres jóvenes españoles han manifestado, en todas las encuestas que se han hecho, su disposición a dedicar parte de su tiempo a labores sociales voluntarias.

Finalmente, en esta exposición quisiera aportarles que, en este momento, el número de empleos que gira en torno al voluntariado español podría cifrarse en torno a los 100.000 empleos en lo que es el voluntariado español.

Las medidas puntuales más importantes son las siguientes: creación de una Oficina Estatal del Voluntariado, como mediadora entre las Administraciones Públicas y la Organizaciones No Gubernamentales; creación de un Consejo Estatal del Voluntariado, para ofrecer participación a las Organizaciones No Gubernamentales; creación de la figura de Entidad Solidaria, para reconocer a las empresas que colaboren en la financiación de programas sociales promovidos por Organizaciones No Gubernamentales; apoyar la constitución en los centros de los servicios sociales municipales de unidades específicas de promoción del voluntariado; elaboración de una agenda escolar del voluntariado; organización anual de un congreso estatal del voluntariado; creación de un premio anual como reconocimiento al mejor trabajo de investigación sobre las tareas del voluntariado.

Para finalizar esta intervención, quisiera también referirme a los programas específicos que vamos a priorizar dentro de lo que son las subvenciones del IRPF y el movimiento de Organizaciones No Gubernamentales: los programas de infancia y familia, de mujeres y empleo, personas mayores, personas con minusvalías, personas con problemas de drogodependencia, personas afectadas por el SIDA, pueblo gitano y una serie de colectivos que presentan situaciones especiales, como pueden ser las personas reclusas, personas refugiadas y desplazadas, y migrantes. Ése es el conjunto de programas que vamos a priorizar para el año 1997, dentro de lo que es el Plan Estatal del Voluntariado.

Quisiera añadir a lo que ha dicho el Secretario de Estado, si me lo permite, que es muy importante el esfuerzo que ha hecho el Gobierno en el Consejo de Ministros de hoy para volcarse en políticas de solidaridad, partiendo del concepto de que la solidaridad en ocasiones se presta desde las Administraciones Públicas, pero que es mucho más eficaz y mucho más cercana cuando esa solidaridad se lleva a cabo con la decisión de las Administraciones Públicas pero a través de las Organizaciones No Gubernamentales.

También decir que esta semana, precisamente, hace cuarenta y ocho horas, se ha suscrito, como saben, un Convenio entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo que permite que las personas que tengan la condición legal de objetores de conciencia puedan hacer la Prestación Social Sustitutoria fuera de nuestras fronteras, si están viviendo fuera de España, y que esa Prestación esté vinculada a los mayores, muy especialmente a las personas mayores emigrantes españoles en el exterior.

Sr. Rodríguez.- También el Consejo de Ministros ha aprobado hoy autorizar la enajenación, por parte de la SEPI, de hasta un 35 por 100 del capital social de ENDESA. Sobre este asunto y, en general, sobre la compra de acciones por parte de inversores privados de las empresas públicas, toma la palabra el Ministro de Industria.

Sr. Piqué.- Efectivamente, como ha dicho el Portavoz del Gobierno, hoy, el Consejo de Ministros ha acordado autorizar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para enajenar hasta un máximo del 35 por 100 de su capital social a través de una Oferta Pública de Venta de Acciones en los Mercados de Valores. Eso supone poner en el mercado un máximo de 360 millones de acciones, que es el número que resulta de ese porcentaje después de la operación del denominado "split" de las acciones de ENDESA, que ha supuesto dividir por cuatro el nominal de las acciones, de 800 pesetas a 200, y, por lo tanto, también pasar la cotización, que al día de ayer era de 12.450 pesetas, a 3.112.

Se trata de una operación que va a tener un tramo minorista muy importante, en torno al 60 por 100, al que se va a ofrecer un descuento del 4 por 100, y también va a contener un porcentaje del capital para los empleados de la compañía con un descuento del 10 por 100. Asimismo, se prevé que, del 40 por 100 restante, se cubra un 10 por 100 a inversores institucionales españoles y el 30 por 100 que queda que se cubra en el tramo internacional.

El calendario tentativo, a reserva de, lógicamente, la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sería el siguiente: hacia finales de septiembre, aproximadamente en torno al día 26 de septiembre, debería tenerse el folleto registrado en la Comisión Nacional del Mercado y en la SEC, que es la institución de la Bolsa de Nueva York análoga a nuestra Comisión Nacional. Tres días después, el día 29 de septiembre, se iniciaría el período de mandatos, para fijar el precio máximo en torno al 13 de octubre, fijar el precio definitivo en torno al día 20, el día 21 de octubre proceder a las adjudicaciones y, finalmente, el día 24, terminar con todo el proceso a través de la correspondiente liquidación.

Es evidente que se trata de una operación de una gran magnitud; sin lugar a dudas, la más grande que se ha efectuado nunca en los mercados de valores españoles, en la Bolsa española. Si llegáramos al 35 por 100 del capital, que es la autorización máxima que concede el Consejo de Ministros para este tramo, estaríamos hablando, a la cotización del día de ayer, de un importe bruto de 1.136.000 millones de pesetas. Para tener un punto de referencia, quisiera recordarles que, por ejemplo, la privatización completa a través de diferentes tramos del 100 por 100 de REPSOL ha ascendido a una cifra inferior a los 900.000 millones de pesetas.

Es evidente que ésta es una cifra muy considerable, muy importante, y, por lo tanto, el Gobierno ha tomado la decisión de establecerla en términos de máximos, y plantearse como operación de partida, y a resultas de cómo vaya reaccionando el mercado y su capacidad de absorción, tanto en su tramo minorista en el mercado doméstico como en el tramo internacional, empezar por una enajenación de en torno al 25 por 100. En cualquier caso, constituye objetivo del Gobierno que la parte del capital que salga de ENDESA al mercado de valores suponga la reducción de la presencia pública en el capital social de ENDESA por debajo del 50 por 100 y que, por lo tanto, deje de ser una compañía de mayoría pública antes de que finalice el presente año.

En cualquier caso, quisiera también --es una pura operación aritmética-- recordarles que el 25 por 100 del capital social de ENDESA estaría en torno, a la cotización de ayer, a los 811.000 millones de pesetas, y, si estuviéramos hablando, por ejemplo, del 20 por 100, estaríamos hablando de 650.000 millones de pesetas, que sería, aproximadamente, lo que fue la última operación de privatización del último tramo público que quedaba en la Compañía Telefónica.

Esta evolución del valor hace, por tanto, que nos planteemos la operación en estos términos, incluso podría ser en dos fases, dado que la propia evolución de la cotización de ENDESA ha sido espectacular en los últimos meses. Desde principios de año, el valor de ENDESA ha aumentado casi un 40 por 100 y, desde mayo del año pasado, ha aumentado en torno al 60 por 100. Dicho de otra forma, en estos momentos, la participación pública en ENDESA, que es de dos terceras partes del capital, hoy es superior a lo que era la totalidad de la capitalización bursátil de la compañía, al 100 por 100, hace aproximadamente un año.

Por tanto, es difícil exagerar la trascendencia de esta operación y, además, permite seguir con el calendario de privatizaciones que se ha marcado el Gobierno y que, en el caso de ENDESA, se pretende completar, si los mercados así lo permiten, a lo largo del próximo año 1998 y estar ya con el capital de ENDESA completamente privatizado.

Este proceso temporal responde también a la coherencia que se ha buscado desde el primer día en cuanto a los ritmos de liberalización del sector en el que ENDESA actúa, del sector eléctrico. Ustedes saben ya que el Proyecto de Ley de nueva Ordenación del Sector Eléctrico está en el Parlamento, y esperamos que pueda estar vigente a partir del 1 de enero de 1998. Digo darle coherencia a los calendarios de liberalización en el sector y al propio calendario de privatización.

Éste es uno de los elementos básicos del Programa de Modernización del Sector Público, que aprobó el Consejo de Ministros en junio del año pasado, y que, además de este elemento, contiene tres pilares fundamentales: por una parte, hacer un esfuerzo de saneamiento de ese sector público industrial y, en ese sentido, se han conseguido acuerdos que son muy importantes en la construcción naval, en los astilleros públicos, en "Babcock Wilcox", en la minería, en Santa Bárbara.

El segundo pilar es el de conseguir la consolidación de las empresas para después poder desarrollar su privatización. Quizás, los ejemplos más paradigmáticos de cosas que se han hecho ya podrían ser las alianzas internacionales de Iberia, en el ámbito del transporte aéreo; la propia consolidación de ENDESA a través de la toma de la mayoría de FECSA y Sevillana, a través de su proceso de internacionalización o a través de su proceso de diversificación hacia el ámbito, por ejemplo, de las telecomunicaciones, y que ustedes conocen bien, o los esfuerzos de consolidación que se han hecho también en nuestras industrias de Defensa, a través de ligar su capacidad de producción, su capacidad industrial, su capacidad tecnológica, con las propias necesidades de la defensa nacional.

Como es obvio, el tercer pilar es la privatización del sector público industrial del Estado como un proceso tendencial, que tiene como un ámbito temporal de referencia el de la Legislatura y que ahora yo creo que ya se puede decir que ha tomado, ha cogido, su velocidad de crucero.

Este proceso de privatización tiene que cumplir, como así lo ha hecho esta operación de ENDESA, que ha requerido y ha tenido el correspondiente informe favorable del Consejo Consultivo de Privatizaciones, requiere del cumplimiento de los requisitos de transparencia, publicidad y concurrencia necesarios, porque nos parece, para poder dar tranquilidad a los ciudadanos, en el sentido de que las cosas se están haciendo de forma absolutamente correcta.

Eso implica que, en aquellos casos en los que es posible ir hacia una oferta pública de venta en el Mercado de Valores y, por lo tanto, absolutamente libres de cualquier elemento que pudiera sonar a discriminación, así se ha hecho, y se ha hecho, además, con eficiencia. Me gustaría citarles un dato, que creo que es relevante: hace dos años, las Comisiones que se solían cobrar en una operación de estas características estaban en torno al 3 por 100 del importe total de la operación; por primera vez, en esta operación de ENDESA hemos conseguido bajar el listón del 2 por 100 y situar esa comisión, ese coste de las comisiones, en el 1'95 por 100; y eso hacerlo, además, en paralelo con el incremento del valor en Bolsa de las compañías públicas, cosa que ya les he comentado en el caso de ENDESA pero que es válido para todas las demás.

En caso de no Ofertas Públicas de Venta, porque previamente hacen falta procesos de consolidación, el elemento fundamental es buscar proyectos industriales y de futuro sólidos. Se trata de poner a las compañías y, por lo tanto, a los puestos de trabajo en unas condiciones que garanticen su viabilidad y su futuro que ya no puede ser garantizado en manos públicas, dadas las limitaciones que el sector público tiene, tanto desde el punto de vista presupuestario como desde el punto de vista jurídico, para seguir siendo accionista solvente de empresas que compiten en el mercado.

Desde esa perspectiva, quisiera citarles, muy brevemente, lo que se hizo en su momento en Almagrera, en AUXINI, en ENAGAS o lo que estamos pendientes de hacer, de forma muy inmediata, en INESPAL. Les anticipo que, con toda probabilidad, la semana que viene se va a firmar ya la venta, por parte de SEPI, pendiente después del Consejo Consultivo de Privatizaciones y del propio Consejo de Ministros, la venta de INESPAL a la compañía "Alcoa", al 100 por 100. También se ha aprobado ya por parte del Consejo de la SEPI la venta de la naviera ELCANO, que se dedica al transporte de mercancías, y ahora también corresponde pasar por el informe del Consejo Consultivo y del propio Consejo de Ministros. Y estamos también, la semana que viene, en disposición de poder tomar una decisión, por parte de la Agencia Industrial del Estado, en relación a cuál va a ser el accionista industrial de la Corporación Siderúrgica.

Por tanto, todo esto se inscribe en un plan ambicioso de reforma profunda del sector público, que se tiene que completar, además, con mecanismos de saneamiento de los compromisos que quedan pendientes y en los que también está trabajando el Gobierno en el marco del futuro Proyecto de Ley de Presupuestos Generales.

Sr. Rodríguez.- Antes de ponernos a su disposición, todavía he de contarles algunos Acuerdos más; lo haré del modo más breve posible.

Se ha acordado autorizar al Ministerio de Fomento a que suscriba convenios de colaboración con 114 entidades de crédito, por un valor global de 886.000 millones de pesetas, para financiar los objetivos del Plan de Vivienda del año 1997. Como saben, este Plan contempla la financiación con ayudas estatales de 83.000 viviendas de protección oficial, de las cuales 7.000 son para alquiler; la concesión de préstamos cualificados y subvenciones para apoyar la adquisición de otras 44.000 viviendas; la rehabilitación de 29.000 viviendas y la cofinanciación con las Comunidades Autónomas de 1.500 viviendas de promoción pública.

Se ha aprobado un Real Decreto por el cual se incorporan al ordenamiento jurídico los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Fomento, Telefónica y Airtel para el equilibrio de las condiciones en el mercado de la Telefonía Móvil. Como saben, había un contencioso, que se pone fin ahora con este Real Decreto, con la Comisión Europea, que consideraba que se actuó de forma discriminatoria en la concesión de la segunda licencia de Telefonía Móvil a Airtel. Los principales puntos del Decreto son tres: el primero es la ampliación de la concesión para la prestación de servicio a Airtel por veinticinco años; el segundo punto es el reconocimiento a Airtel de tarifas de interconexión asimétricas con Telefónica, hasta un valor de 15.000 millones de pesetas; y, el tercero, la autorización al Ministerio de Fomento para que traspase las licencias analógicas GSM de la banda 900 a la modalidad DCS 1800, también favorece a Airtel.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Decreto por el cual se organiza el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales conforme a la LOFAGE. Si recuerdan, el viernes pasado les hablé de la aprobación de un Reglamento que estructuraba el CIS; hoy se ha aprobado un Reglamento que estructura este Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, con el cual se amplían las competencias del Centro y se intentará que el Centro sea un foro de análisis de la realidad socio-política y una tribuna de reflexión en la sociedad española.

Se ha aprobado un Real Decreto por el que se constituye la estructura de mando operativo de las Fuerzas Armadas. Con este Real Decreto se refuerza la figura del Jefe del Estado Mayor de la Defensa como Jefe operativo de las Fuerzas Armadas; se potencia la acción conjunta de las Fuerzas Armadas; se equipara nuestra organización a la de los países aliados en la Alianza Atlántica, y facilita la participación de España en el marco de las Organizaciones defensivas multinacionales, como son la Alianza Atlántica, la UEO u otras patrocinadas por organizaciones internacionales.

Se ha autorizado la inversión en la empresa Cableuropa, de la empresa luxemburguesa Spanish Telecomunication Limited, y también se ha autorizado la venta del 5 por 100 de Vía Digital a la empresa japonesa Itochu Corporation.

Se ha nombrado representante de España ante las Naciones Unidas a don Inocencio Arias; Embajador de España en la República del Líbano, a don Mariano García; Director General de la Oficina de Información Diplomática, a Joaquín Pérez.

Y se ha aprobado un Real Decreto por el que se confiere a S.A.R don Felipe, el Príncipe de Asturias, la representación de España en los actos de la toma de posesión del Presidente de la República de Bolivia.

Y, todo seguido, les comento tres datos de la agenda del Presidente del Gobierno para la semana que viene. El lunes, a las once de la mañana, presidirá la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, que se celebrará en Bilbao; el miércoles 30 visitará el Burgo de Osma, en la provincia de Soria, por la mañana, y estará por la tarde en Valladolid, en reuniones con el Partido Popular de Castilla y León; el jueves 31, a la una, recibe al Consejo de Administración de la Sociedad del V Centenario de la Ciudad de Melilla; y el viernes, día 1 de agosto, presidirá el Consejo de Ministros, que se celebrará aquí, en el Palacio de La Moncloa.

P.- Quisiera, por favor, saber la opinión del Gobierno ante la compra, por parte de Telefónica, una empresa con gran capital estatal, el BCH y el Santander, de Antena-3 Televisión.

Sr. Rodríguez.- ¿Una empresa con capital estatal, ha dicho?

P.- Sí. Telefónica.

Sr. Rodríguez.- Telefónica. ¿Tiene capital estatal?

Hemos conocido la noticia ayer y, realmente, desde el Gobierno no hay ninguna opinión de lo que es una operación comercial. Como usted recordará, por citar un ejemplo que hace referencia a las mismas empresas, el pasado día 24 de diciembre yo tuve la oportunidad de decirle a usted: ha habido un acuerdo comercial; el Gobierno no tiene nada que decir. Hoy, 24 de julio, tengo la oportunidad de decirle a usted: ha habido un acuerdo comercial; no tengo nada que decir.

P.- Tengo dos preguntas sobre Presupuestos para quien corresponda; probablemente, una de ellas le corresponda al Ministro de Trabajo. Y una relativa a ENDESA.

Sobre Presupuestos --ésta, quizás, es para el Portavoz--, ha dicho que, en el informe que hoy ha presentado el Ministro no se prevé ninguna subida de impuestos. Pero yo quería saber si hay la posibilidad de un reajuste de impuestos, es decir, que unos bajen y otros suban. Por ejemplo, están anunciados ciertos descensos en el IRPF; no sé si habrá que subir otros impuestos, como el IVA, para compensarlo.

Para el Ministro Arenas, de Presupuestos, quería saber si ya hay alguna decisión tomada del Gobierno sobre la subida de las pensiones para el año que viene, o si el Gobierno ya ha decidido descontar a los pensionistas la ganancia del poder adquisitivo que puedan haber obtenido este año.

En relación a ENDESA, quería saber si --no sé si se puede hacer aún con carácter previo-- forma parte de los planes del Ministerio o de SEPI formar un núcleo estable de accionistas que sirva de referencia a los pequeños inversores como atractivo para acudir a esta colocación.

Sr. Rodríguez.- No le puedo dar respuesta concreta a la pregunta, porque hoy, salvo este dato que le he dado de no aumentar los impuestos y alguno más, no se ha hecho referencia en el debate, en la mesa del Consejo de Ministros, a los ingresos, sino a la previsión al marco macroeconómico, sobre todo de gastos. Será el viernes que viene cuando se haga también la previsión de ingresos y cuando yo le podría contestar; pero, como el viernes de la próxima semana, le contestará el Ministro, pues... Pero hoy no le puedo dar noticia de ese punto.

Sr. Arenas.- Con respecto a la pregunta de las pensiones, le quiero hacer algunas afirmaciones rotundas o de la posición del Gobierno. El Presidente Aznar garantizó, en su campaña electoral y en su discurso de investidura, el poder adquisitivo de los pensionistas españoles, y el Gobierno garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas españoles; ya lo hemos hecho en los Presupuestos de 1997 y así lo vamos a hacer en los Presupuestos de 1998.

En segundo lugar, se ha tramitado en el Congreso y el Senado una Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema Público de protección social que ha contado con el respaldo de los sindicatos, porque la Ley es consecuencia de ese acuerdo con los sindicatos, y que ha contado con el respaldo de los grupos políticos en desarrollo del Pacto de Toledo; y, más concretamente, el apartado que se refiere a la revalorización de las pensiones contó con amplio respaldo en la Cámara, incluido el del primer partido de la oposición, que está haciendo en este momento interpretaciones absolutamente irresponsables en los medios de comunicación.

Yo le pediría al Partido Socialista que deje de especular con las pensiones; que se ha terminado el cuento socialista de las pensiones, porque el Gobierno garantiza, por Ley, el poder adquisitivo de las pensiones.

Finalmente, le tengo que decir que, desde luego, yo no voy a entrar --lo digo por las fuerzas políticas de oposición-- en hacer valoraciones sobre el IPC de noviembre. Digo esto porque me da la impresión de que, desde luego, con toda certeza, la revalorización de los pensionistas tiene que ver con el IPC de noviembre. No vamos a estar haciendo especulaciones sobre el comportamiento del IPC que traslade inquietud o intranquilidad para los mayores.

Finalmente, hay que ver los períodos de aplicación de la Ley, que es una Ley que está aprobada en el mes de julio, y está publicada en el Boletín Oficial del Estado en el mes de julio, y hay que ver también los períodos de aplicación. Pero, desde luego, el Gobierno vuelve a decir que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, que pide a la oposición que no se haga un juego responsable con una ley que ellos mismos han votado, con un artículo que ellos mismos han votado, y, con respecto a la revalorización del año que viene, veremos contemplados en los Presupuestos Generales del Estado que en 1998 la revalorización será conforme al IPC previsto en 1998.

¿Qué acontece, definitivamente, con el IPC de noviembre de 1997? Habrá que esperar a esa ocasión y a estudiar también las fórmulas de aplicación de la Ley.

Sr. Piqué.- En relación a la pregunta de si el Gobierno está pensando en algún tipo de núcleo estable de accionistas en ENDESA, yo quisiera distinguir, si me permite una pequeña reflexión sobre este tema, entre aquellas compañías públicas que requieren de su consolidación para superar unas etapas que no han dado buenos resultados; por ejemplo, cuando antes les comentaba el acuerdo de vender INESPAL a la multinacional estadounidense Alcoa, es porque estamos hablando de una sociedad, INESPAL, que, para no fiarme de la memoria, en los últimos siete años ha perdido 67.500 millones de pesetas y ha requerido ampliaciones de capital por un importe cercano a los 100.000 millones de pesetas.

Eso es así porque, en un sector tan planetario como es el del aluminio, inevitablemente, para asegurar el futuro, hay que integrarse en un gran esquema internacional, que sólo lo puede aportar un socio tecnológico que esté ya en el sector.

Lo mismo cabe decir del futuro de Iberia. El futuro de Iberia, inevitablemente, pasa por alianzas comerciales que, en su caso, puedan también tener elementos, como es el caso de participación accionarial, en el futuro. De la misma forma nuestra siderurgia, dada su actual dimensión y su capacidad de inversión, y su "mix" de productos, necesita también un accionista tecnológico, tema en el que está absolutamente todo el mundo de acuerdo, empezando por los propios trabajadores y por los sindicatos.

En ese sentido, el Gobierno sí busca accionistas estables, busca accionistas de referencia, precisamente para garantizar el futuro.

En aquellas otras compañías en las que ya su capital está en el Mercado de Valores, está en la Bolsa, desde hace años y que tienen un gran volumen de capitalización bursátil, el Gobierno es muy claro y muy taxativo: no vamos ni a propiciar ni a obstaculizar que cualquier entidad o cualquier accionista tome posiciones en esas compañías a través del mercado. Ésa es la posición y, por consiguiente, sobre los accionistas que pudieran ya disponer de una posición en esas empresas, como es el caso conocido de REPSOL o de Telefónica, forma parte de una decisión empresarial sobre la cual el Gobierno no tiene nada que decir. Y sobre todos aquellos que quisieran tomar posiciones en el futuro tampoco tiene nada que decir.

Otra cuestión es ya de orden, quizás, más conceptual, más intelectual, en relación a estos temas. La capitalización bursátil de ENDESA, como les comentaba antes, hoy supera los tres billones de pesetas. Es una opinión personal que la mejor manera de garantizar la calidad de la gestión y la independencia de la gestión es, precisamente, a través de la presencia de esa compañía en el mercado de capitales con su capital lo más diseminado posible y con unos gestores que, por lo tanto, tengan que responder ante las autoridades internacionales bursátiles todos los trimestres y bajo el punto de mira de los analistas financieros de todo el mundo. Desde esa perspectiva, por lo tanto, hay que distinguir. Pero respondiendo, en concreto, a su pregunta, el Gobierno ni propicia ni obstaculiza que nadie sea accionista de referencia de compañías como ENDESA.

P.- Dos preguntas. Le quiero preguntar si le operación de Telefónica y de dos Bancos más en la compra de Antena-3 Televisión puede influir, en opinión del Gobierno, negativa o positivamente, en el desarrollo y aplicación de dos leyes aprobadas recientemente por el Parlamento, como son la Ley de Televisión Digital y la de Retransmisiones Deportivas. Si cree que ese acuerdo, esa operación comercial, puede influir en la polémica de los derechos de retransmisión de los partidos de fútbol.

La segunda pregunta es qué decisión va a tomar en el próximo mes el Gobierno en torno al dictamen aprobado ayer por la Comisión Europea, para que el Gobierno español cambie la Ley de Televisión Digital.

Sr. Rodríguez.- En estos momentos, la primera pregunta no se la puedo responder, porque yo desconozco los términos en los que se está llegando al acuerdo entre Telefónica, Banco de Santander, BCH y Antena-3 para la venta del porcentaje del actual propietario del 52 por 100 de las acciones. Por tanto, no le puedo decir, porque desconozco en qué medida puede afectar eso a los derechos del fútbol y cómo quedará la sociedad, que es independiente de Antena-3, que conserva los derechos del fútbol.

Por tanto, discúlpeme que no pueda hacerle ahora mismo una valoración. Estoy seguro de que en los próximos días, si se cierra el acuerdo, conoceremos cómo se queda este asunto de los derechos del fútbol.

En cualquier caso, sí le digo, tanto para la Ley Digital como para la Ley del Fútbol, en ningún caso este acuerdo puede afectar ni positiva ni negativamente. Las Leyes se han aprobado y las Leyes se tienen que cumplir; no se han hecho unas leyes porque existieran o no en el mercado unas empresas, sino porque el Gobierno ha considerado que esas Leyes debían hacerse. Si hay un cambio en el mapa empresarial, la Ley sigue siendo la Ley y la Ley tiene que cumplirse, porque es la expresión, en este caso, además, mayoritaria del Congreso de los Diputados.

Con respecto a la segunda pregunta, quiero decirle que, por el momento, no hay un texto de la Comisión. Asombrosamente, hay una nota de prensa que explica un texto que no existe; así que vamos a esperar el texto de la Comisión, a ver si coincide con la nota de prensa hecha pública ayer por la Comisión.

Segundo, en el fondo de la cuestión, que es el que hay que resolver, en principio, tanto la Comisión como el Gobierno español estamos de acuerdo. Porque, si lo que no se quiere es el monopolio, si lo que no se quiere es que un descodificador sea cerrado, en ese punto, estamos de acuerdo. El acuerdo no implica que estemos también de acuerdo en el modo jurídico de trasladar a la Ley cómo se definen el descodificador cerrado o el descodificador abierto.

Si para llegar a solucionar ese fondo de la Ley tenemos que ir al Tribunal de Justicia --ya lo he anunciado en algunas ocasiones, y así lo ha anunciado el Ministro de Fomento--, habrá que acudir. Y sólo falta recibir el texto de la Comisión que, les digo, por el comunicado de prensa parece desprenderse que se han reducido los motivos de la presunta infracción; pero en estos momentos el Gobierno no conoce ningún texto, y, como decía el viernes, sería conveniente que también la Comisión pudiera resolver las cuestiones que ha planteado el Gobierno, que son: ¿qué daños irreparables y graves e inminentes causa la ley española y cuáles son los operadores perjudicados? A ninguna de esas preguntas, como expliqué el viernes pasado, se ha dado respuesta.

Y sólo pido una matización de todo lo que he dicho; luego leo que "Rodríguez riñe a la Comisión". No estoy riñendo a nadie; estoy explicando cuál es la postura del Gobierno con toda la tranquilidad que se pueda poner en la expresión de lo que es la defensa de la posición del Gobierno frente a quien no coincide con la opinión del Gobierno. Pero esto no es ni reñir ni discrepar, siquiera; es, simplemente, poner cada uno encima de la mesa su postura.

P.- Dos cuestiones para el Secretario de Estado. Aunque el Gobierno no se pronuncie sobre acuerdos comerciales, sí lo ha hecho, y repetidamente, sobre la conveniencia de defender la pluralidad informativa en el sector audiovisual y combatir la existencia de instituciones de monopolio. Por eso, me gustaría preguntarle si opina que la presencia de Telefónica en las dos plataformas digitales y en la empresa tenedora de los derechos del fútbol puede poner en peligro, de alguna forma, la pluralidad informativa en el sector audiovisual, con el temor que ha expresado en alguna ocasión el Gobierno en relación con algún otro grupo de comunicación.

En segundo lugar, el Presidente del Gobierno, como usted recordará, en la clausura de la Cumbre de la OTAN anunció que una de las prioridades de los próximos Presupuestos serían los gastos de Defensa, en orden a impulsar la profesionalización de las Fuerzas Armadas. No me ha parecido escuchar esta prioridad en la lista que usted ha elaborado; no sé si es un descuido o, simplemente, no se han hallado recursos para dotar de más presupuesto al Ministerio de Defensa.

Sr. Rodríguez.- Con respecto a la pluralidad informativa, desde luego, el Gobierno será vigilante en caso de que hubiera una ligera sospecha de que no estuviera bien cuidada la pluralidad informativa en España. Por tanto, ponga usted al Gobierno como defensor y como garante de que, en España, cada periodista, cada empresa de comunicación, cualquiera, va a poder decir lo que crea conveniente, en opinión, en información, de todo tipo.

Lo que pasa es que, por lo que he escuchado esta mañana, los socialistas tienen dos varas de medir distintas en estas materias. Cuando Telefónica, empresa pública, llegó a un acuerdo con el Grupo Prisa era un acuerdo espléndido, fantástico y maravilloso; cuando Telefónica, empresa privada, sin que el Gobierno diga nada a lo que tiene que hacer Telefónica, llega a un acuerdo con Antena-3, es un acuerdo antidemocrático. No entiendo la vara de medir. Lo que hacen ellos está bien y lo que hacen los demás siempre es antidemocrático. Me parece que estas definiciones del Partido Socialista ya llega un momento en que nadie se las cree.

Con respecto a los gastos de Defensa, yo he marcado las prioridades políticas del Gobierno; esto no quiere decir que Defensa no tenga un aumento en el Presupuesto, que ahora mismo no puedo cifrar, porque no tengo las cifras presupuestarias. Pero hay que hacer frente a unos gastos, a unos compromisos, nacionales e internacionales que estarán cubiertos en el Ministerio de Defensa. Pero ahora mismo no tengo la cifra y no le puedo dar más detalles. Que no haya comentado prioridad en Defensa no quiere decir que signifique que Defensa no tiene el presupuesto que deba tener para el año 1998.

P.- Yo tenía varias preguntas para el Portavoz del Gobierno. Primero, me gustaría saber si el Gobierno, tal y como ha solicitado Francia, puede aportar pruebas que demuestren que la cúpula de ETA se encuentra en aquel país o si, por el contrario, es una simple sospecha.

La semana pasada, el Portavoz del Gobierno interpretaba en positivo la actitud que tuvo Izquierda Unida al no apoyar la moción contra el Alcalde de Mondragón. Hoy me gustaría saber si el Gobierno sigue pensando lo mismo, después de que Anguita haya defendido a los concejales de Arrigorriaga cuando pretendieron presentar la moción de HB contra la política penitenciaria del Gobierno.

Por último, me gustaría saber también si el Gobierno ha solicitado ya plácet para un nuevo Embajador en Cuba.

Sr. Rodríguez.- A la última pregunta, no.

A la primera pregunta sobre ETA y Francia, el Ministerio de Interior hará las gestiones que tenga que hacer con el Ministerio del Interior francés. Sí quiero destacarle --ha sido destacado ya esta semana, pero hoy no lo he hecho en la introducción; no me pareció apropiado hoy-- el buen clima, la buena sintonía, de la reunión del domingo y lunes pasado, en Ibiza. El nuevo Gobierno francés está dispuesto a luchar contra los terroristas junto con el Gobierno español. Esto me parece una conclusión importantísima. A partir de ahí, los detalles de la cúpula etarra en Francia será el Ministerio del Interior quien los comunique al Gobierno francés.

Con respecto a la segunda pregunta, Izquierda Unida y las declaraciones de Julio Anguita, yo, el viernes pasado, creo que fui expresivo, no sé si tanto por las palabras o por los silencios, y quiero quedarme ahí. Quiero decir que el ambiente generado en España ha sido óptimo, es óptimo; en líneas generales, todos estamos luchando contra los terroristas desde nuestro puesto. Y, como el Ministro del Interior decía ayer, preferimos quedarnos aquí. No vamos a dar motivo para que se rompa este clima.

El Gobierno, desde el primer día, llamó a los españoles para que no rompieran este clima, y no va a ser el Gobierno ni ningún miembro del Gobierno quien rompa o quien haga nada por romper este clima.

P.- Una precisión al Portavoz y una pregunta. La precisión es: cuando se ha referido al objetivo de déficit, no sé si... Ha mezclado dos datos, el déficit del Estado y con el déficit del conjunto.

Sr. Rodríguez.- Eso es. 2 para el Estado, 2'4 para el conjunto. Es decir, se rebaja la previsión del 2'1 al 2, en el Estado.

P.- La pregunta es: ya hemos escuchado que el Gobierno no quiere hacer comentarios, no suele hacer comentarios, sobre operaciones comerciales. El Gobierno sí ha valorado --me refiero al asunto Telefónica-Antena 3--, en otras ocasiones, que la presencia de la Banca, de las entidades financieras, en los medios de comunicación no era bien vista. En este caso, hay dos entidades bancarias, de las más importantes del país, involucradas en esta operación, que no sé si en estos momentos se ha cerrado. ¿Qué valoración hace el Gobierno de esto?

Sr. Rodríguez.- Por la información que tenemos, estas entidades bancarias, que ya están en esta empresa --no entran de nuevo a una empresa; estas entidades ya están en esta empresa--, elevan sus participaciones hasta el 25 por 100. En estos momentos, como no se ha cerrado el acuerdo y como no se han manifestado las partes sobre sus proyectos, es muy prematuro que el Gobierno haga ninguna valoración sobre esta materia.

Yo creo que, cuando estoy hablando de que es una operación comercial, no debe usted dudar de que realmente creemos que es una operación comercial. Es verdad que hay por ahí alguno que está diciendo: "esto es una operación política". Pero yo le digo: esto es una operación comercial. Salvo que quien esté diciendo que es una operación política, el 24 de diciembre no creyera que estaba ante una operación comercial. No vaya a ser que el 24 de diciembre alguno declaró "esto es una operación comercial muy importante" y, hoy, esa misma persona esté declarando que no es una operación comercial. Me gustaría que se tuviera siempre la misma vara de medir porque, si no, una cosa es la subjetividad y otra cosa es no ser coherente con las expresiones.

P.- Sobre ENDESA ha comentado antes que la previsión es que en 1998 esté completamente privatizada. Me gustaría saber si es un compromiso del Gobierno y, en cualquier caso, también, si eso supone, como entiendo que sí, que el resto se haría nada más que en una sola OPV, después de ésta.

Sr. Piqué.- No. Una operación de este tipo nunca se puede plantear en términos de compromiso, sino en términos de voluntad. Y lo que sí le puedo decir es que es voluntad del Gobierno, si las condiciones de los mercados lo permiten y, por lo tanto, responde también a factores objetivos que están al margen de la propia voluntad del Gobierno, finalizar la privatización de ENDESA a lo largo del año 1998.

Tal y como están yendo los mercados, y teniendo en cuenta la evolución de los tipos de interés y la evolución de la propensión al ahorro doméstico y de la cantidad de recursos que en las otras operaciones de privatización ya hechas se han visto que estaban disponibles, nosotros pensamos que ésa es una buena perspectiva y ésa es una posibilidad muy plausible. Pero, lógicamente, la realidad deberá después marcarnos el ritmo exacto.

P.- Respecto a su respuesta anterior, en cuanto a que el Gobierno permanecerá vigilante ante la necesidad de garantizar el pluralismo, me gustaría saber si es que, quizá, en estas operaciones comerciales ve algún factor de intranquilidad; es decir, eso de que haya que ponerse en guardia, ¿es por algo?

También me gustaría preguntarle si cree usted que la operación comercial de la que venimos hablando no se habría producido de no existir la otra operación comercial de 24 de diciembre, que también ha citado usted varias veces.

En último lugar, me gustaría saber si, en definitiva, cree usted que lo que ha ocurrido, la evolución en estos meses y esta decisión de Telefónica, de algún modo viene a consolidar las tesis que usted mismo o el Gobierno han mantenido respecto de la organización de la esfera audiovisual, no porque ustedes las impongan, sino por la propia evolución y naturaleza de los hechos.

Sr. Rodríguez.- Cuando yo digo "estaremos aquí garantes de la libertad de expresión", es porque el Gobierno tiene que ser garante de la libertad de expresión, no porque tengamos ningún miedo a que no pueda existir esa libertad de expresión en España; no hay ningún miedo, no hay ninguna amenaza. Pero, si en nuestra Constitución está consagrada la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de opinión, el Gobierno y muchas otras instituciones, y muchas organizaciones, y todos los ciudadanos, van a estar vigilantes.

No entienda que he dicho esto más allá de la necesidad de estar siempre vigilantes con nuestras libertades; no porque haya ningún miedo a que esas libertades dejen de existir, ni siquiera por un segundo, en España. Como dije una vez en el Congreso de los Diputados, ni aunque nos empeñáramos, se podría. Pero hay que estar siempre vigilantes.

Con respecto a las otras dos preguntas, parece que me da usted autoridad para que hable de un asunto que, realmente, conozco, como usted, de oídas; no sé si mucho más o mucho menos, porque me dedico algo más a estos asuntos. Pero yo no estoy en las negociaciones; quiero decir, desconozco cuáles son las razones, y el Gobierno desconoce cuáles son las razones, por las cuales un empresario decide vender sus acciones. Y desconozco si eso se hubiera producido con acuerdo del 24 de diciembre o sin acuerdo; desconozco si antes lo quería hacer, pero no lo pudo hacer, y ahora ha encontrado un momento. Esto desconozco.

Desconozco la estrategia propia de Telefónica, o del Banco del Santander, o del Banco Central Hispano; por qué deciden entrar en esta operación ahora y antes no, o si lo habían intentado antes. Por tanto, no tengo ninguna autoridad, ni ninguna información especial, ni ningún conocimiento, para hacerle un análisis desde el Gobierno sobre esta materia.

Tercero, el mapa audiovisual del Gobierno no existe. Personalmente y el Gobierno hemos estado hablando de lo que es la plataforma digital. Eso no es, en principio, un mapa audiovisual; el mapa audiovisual son las emisoras locales de televisión, y las emisoras nacionales de televisión, y las que van por vía analógica, y las que irán por vía digital terrestre, y las que irán por vía digital de satélite. Ése es el mundo audiovisual. Pero, sobre ese punto, nunca el Gobierno se ha manifestado qué tiene que haber porque, al menos, este Gobierno, entiende que eso no debe estar planificado; cada empresa hace lo que cree conveniente.

Ahora, en el asunto de la televisión digital, de la plataforma digital, sí que hemos sido muy claros desde el comienzo: entendemos que los intereses españoles están mejor defendidos en una sola plataforma que ha de salir a competir a Europa y, sobre todo, a América. Eso siempre lo hemos dicho.

Con este acuerdo, ¿puede suceder algo en ese punto? Esperemos tres o cuatro días para saber cuáles son los proyectos. En estos momentos, como he dicho antes, me parece prematuro hacer una valoración en ese aspecto.

P.- Al Portavoz le quería preguntar la opinión del Gobierno en torno a la resolución judicial que ha absuelto a los ex-miembros del Gobierno del PP de Baleares y, a su cabeza, al ex-Presidente del Gobierno, Gabriel Cañellas. Si lo ha comentado, en todo caso, el señor Aznar en algún círculo privado, si no en la reunión del Consejo de Ministros.

Sr. Rodríguez.- No; evidentemente, no se ha tratado en la reunión del Consejo de Ministros. La noticia la hemos conocido cuando ha terminado la reunión. En cualquier caso, fuera cual fuera la resolución, la sentencia, el Gobierno lo único que puede hacer es manifestar su absoluto respeto por la sentencia.

Muchas gracias. Buenos días.