Rueda de Prensa

Sr. Rodríguez.- Buenos días. Comparecemos ante ustedes para darles cuenta de los principales acuerdos del Consejo de Ministros que se ha celebrado esta mañana.

El Consejo ha conocido un informe, presentado por el Ministro de Administraciones Públicas, sobre la modificación de la Ley 30, que es la Ley de Modificación del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que regula la relación de la Administración con los ciudadanos. De todo eso de lo que ha hablado el Ministro les hablará a ustedes, si me permite el Ministro, después de darles cuenta de algunos acuerdos.

Yo quiero que mis primeras palabras hoy sean para enviar un abrazo sentido a la viuda y al hijo del "ertzaina" José María Aguirre, que ha sido asesinado por la banda terrorista ETA esta semana. Su dolor, el de la familia, el de los amigos, es el dolor del pueblo español. Quiero enviar también un abrazo a sus compañeros y palabras de ánimo para continuar en la lucha eficaz contra los terroristas.

La desarticulación parcial del grupo supone un avance importante, porque se han esclarecido las autorías de los atentados cometidos en los últimos años.

El Gobierno valora altamente el gesto de la sociedad vasca, apoyado por el resto de la sociedad española, de salir a la calle, ayer, a pedir paz; la paz que merece el País Vasco. Sin duda, las actuaciones policiales no serían tan eficaces sin el respaldo del pueblo, y por eso hay que perseverar en él; hay que mantener este espíritu hasta que, entre todos, terminemos con el terrorismo en nuestro país.

Sobre este punto quiero manifestar también la satisfacción porque nuestra democracia no permite que las actuaciones de los terroristas queden impunes. Hoy hay que destacar la condena de treinta años de cárcel a uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez, cuya sentencia se ha hecho pública esta mañana. Todos, cada uno en nuestro lugar, estamos luchando y debemos seguir luchando contra los terroristas.

Saben que tengo especial interés, en muchas ocasiones, de hablarles de medio ambiente; no siempre con gran éxito de crítica. Pero hoy les voy a hablar de medio ambiente, porque el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que creo que es importante para el cuidado de la naturaleza.

Las empresas que inviertan en protección de medio ambiente podrán desgravar el 10 por 100 de esa inversión en el Impuesto de Sociedades. Ésta es una medida económicamente costosa para el Gobierno; pero va a valer, sin duda, para cuidar nuestro entorno. Entiende el Gobierno que con esta medida está haciendo caso a la sensibilidad social cada vez mayor por el ciudadano de nuestra naturaleza y por todos los asuntos ecológicos.

El texto de este Real Decreto desarrolla el apartado 4 del artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y establece que la deducción del 10 por 100 se aplicará a inversiones que eviten o reduzcan la contaminación atmosférica y los vertidos contaminantes en aguas superficiales, subterráneas o marinas. Podrá deducirse también un 10 por 100 de las inversiones que favorezcan la reducción, la recuperación o el tratamiento medioambiental de los residuos industriales.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la función y los ingredientes que contienen los productos cosméticos. Tiene por objeto este Real Decreto definir los productos cosméticos, determinar las condiciones técnico-sanitarias que deben reunir, su control sanitario, los requisitos que han de cumplir las instalaciones donde se elaboran, también donde se elaboran los productos que son importados, el etiquetado y la publicidad. Es una norma que va en beneficio del consumidor. El texto aprobado introduce nuevos mecanismos de control administrativo y unifica la legislación existente en esta materia, así como traslada a nuestro ordenamiento jurídico algunas Directivas de la Unión Europea.

El Consejo de Ministros ha autorizado el contrato de obras para la renovación de la vía y modernización de catenaria de un tramo de la línea férrea Tarragona-Barcelona-Francia por importe de 4.000 millones de pesetas. Se ha autorizado al Ministerio de Fomento a suscribir un convenio con la Ciudad de Melilla para la construcción de 348 viviendas de protección oficial. La inversión del Ministerio de Fomento será de 2.200 millones de pesetas.

Se ha aprobado la inversión de 3.700 millones de pesetas para hacer una nueva Biblioteca del Estado en Barcelona. Se han aprobado 8'515 millones de dólares en créditos FAD para la República de Ghana y la financiación de Ayuda al Desarrollo con Jordania. Y se ha concedido, por otra parte, la extradición a las autoridades suizas de uno de los miembros que entraron amenazando con armas de fuego una oficina de correos en Zurich, de donde se apoderaron de 53 millones de francos el día 1 de septiembre de este año; la persona extraditada se llama Dieter Mueller.

Sr. Rajoy.- El Consejo de Ministros ha acordado enviar al Consejo de Estado para su informe, que es preceptivo, un anteproyecto de modificación de la Ley 30/1992. La Ley 30/1992 lleva por título: Ley que regula el Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo Común. Para entendernos, es una Ley que regula las relaciones de los ciudadanos con la Administración; creo que es la mejor forma de expresar qué es lo que regula esta compleja Ley. Regula los derechos de los ciudadanos, sus deberes, los plazos que tienen para presentar documentos, los plazos que tienen la Administración para resolver, los recursos, etc., etc.

Por tanto, estamos ante un anteproyecto de modificación de una ley, de esa Ley 30/1992, que se remite al Consejo de Estado y que tiene un carácter muy técnico, aunque es una Ley enormemente importante.

Yo voy a resumir --tampoco quiero agobiarles a ustedes, sobre todo con aspectos que son enormemente complejos-- lo que, en mi opinión, son los cuatro o cinco temas más importantes. Solamente cuatro puntos de lo que me parece más importante:

Primero, se introducen en la modificación, como principios generales que deben presidir la actividad de las Administraciones Públicas, los de buena fe, confianza legítima de los ciudadanos en que la actuación de las Administraciones Públicas no será modificada y lealtad institucional, regulándose aquí todos los instrumentos de cooperación entre instituciones. Por tanto, primera idea: se introducen como principios generales, que también son de aplicación por los Tribunales, esos tres a los que he hecho referencia.

Segundo asunto que me parece importante destacar: la regulación de los plazos en los cuales la Administración tiene que resolver. Cuando un ciudadano pide algo a la Administración o se dirige a ella pidiendo una contestación, hay unos plazos para responder. Pues bien, los plazos que se establecen son los siguientes: el general de tres meses; es decir, que, para cualquier ciudadano que se dirige a la Administración, en el plazo máximo de tres meses tiene que resolver. Ese plazo puede, para algunos asuntos concretos, prorrogarse hasta seis meses por vía de reglamento, y solamente se podrá establecer un plazo mayor mediante una ley aprobada por las Cortes Generales.

Por tanto, repito, la Administración deberá contestar en tres meses; por vía reglamentaria, en algunos casos concretos, pueden ser seis meses, y sólo por Ley se establece un plazo mayor. Se regulan, además, los casos en que se puede suspender y ampliar el plazo de un procedimiento ya iniciado. Ésa es la segunda idea: los plazos.

La tercera idea: el valor del silencio. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona se dirige a la Administración y la Administración no responde? Pues bien, la regla general que se establece en la Ley actualmente vigente es que, si un ciudadano se dirige a la Administración para resolver cualquier asunto y la Administración no responde, la regla general es la que se llama el "silencio positivo"; es decir, que se entiende que la petición del ciudadano es aceptada por la Administración. Pero esa regla general ha tenido, por vía de reglamento, tantas y tantas excepciones que, al final, la regla general se ha convertido en la excepción. Prácticamente, en más del 70 por 100 de los casos, cuando la Administración no responde, el silencio es negativo, es decir, se entiende que no le da la razón a quien se dirige a ella, mientras que sólo en un veintitantos se entiende que es positivo.

Pues bien, esta Ley pretende generalizar el sistema positivo y establece que sólo por Ley se podrá decir que la respuesta de la Administración, cuando no se da, tiene un valor negativo. Éste es un tema ciertamente importante.

Además, se crea una comisión --está previsto, si se aprueba la Ley-- para analizar todos los casos anteriores a la entrada en vigor de la Ley en los cuales el silencio es negativo o en los cuales los plazos son mayores, para ir poco a poco consiguiendo ir a esa regla general que he dicho, de los tres meses, seis meses y sólo por Ley un plazo mayor, y para que el silencio sea positivo en la mayor parte de los casos. Esto es importante, porque hay ya una obligación de resolver por parte de la Administración y, si no resuelve, el ciudadano ve satisfecha su pretensión; además, tiene que resolver en unos plazos muy determinados. Por tanto, ése es el tercer comentario, el del silencio.

Y voy a hacer ya sólo uno más, que es el cuarto, que también es importante. Se pretende que el recurso de reposición, que había sido suprimido antes, vuelva a existir en la práctica. ¿Qué es el recurso de reposición? Es el recurso que puede presentar el ciudadano contra el mismo órgano que dictó un acto.

Voy a intentar explicarlo con claridad. Si un ciudadano se dirige al Ayuntamiento del cual es vecino en petición de licencia y el Alcalde le deniega la licencia, antes de esta modificación tenía que ir directamente al recurso contencioso-administrativo, lo cual, como ustedes saben, es un follón --perdón por la expresión-- porque tarda mucho tiempo en resolverse; ahora se le da la posibilidad de volver a recurrir ante el mismo órgano que dictó el acto, es decir, ante el Alcalde, con lo cual el Alcalde tiene la posibilidad de reconsiderar su postura. Esto existía antes de la Ley 30/1992, se suprimió y, en general, toda la doctrina entiende que debe ponerse nuevamente en vigor y evitará que muchos asuntos tengan que resolverse en los Tribunales, con el retraso que, como todos ustedes saben, estas situaciones provocan.

Éstos son los temas más importantes. Hay otras muchas modificaciones; son muy complejas, de carácter muy técnico, pero, claro, tienen su trascendencia administrativa.

Por tanto, resumo lo dicho: es una ley que regula las relaciones de los ciudadanos con la Administración, ley importante; probablemente no genere un enorme interés en la opinión pública, pero es una Ley importante. Segundo, la idea general es facilitar esas relaciones. Y, tercero, les he explicado cuatro temas que me parecen importantes: los principios generales, los plazos, el valor del silencio de la Administración y, en cuarto lugar, en materia de recursos sólo he entrado en un tema, que es el establecimiento del recurso de reposición, que, en nuestra opinión, era muy importante.

Sr. Rodríguez.- Les comento algunas cosas de la agenda del Presidente para la semana que viene y para hoy mismo. Esta tarde viaja a Vigo, para participar en un acto electoral en apoyo del candidato del Partido Popular a la Presidente de la Xunta de Galicia. El lunes, a las doce, visita la base aérea de Torrejón de Ardoz; a las siete y media recibe aquí, en La Moncloa, al Primer Ministro de Lituania, al que después le ofrecerá una cena. El miércoles y el jueves asistirá al Pleno del Congreso de los Diputados para el debate del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado. El jueves por la tarde, después de la sesión en el Congreso, ofrece una cena al Vicepresidente de la República de Brasil. Y el viernes preside la reunión del Consejo de Ministros.

P.- Quería preguntarle cuál es su opinión, la opinión del Gobierno, sobre las declaraciones que hizo ayer, durante un mitin, el ex-Secretario General del PSOE, Felipe González, refiriéndose a que el Gobierno tenía facturas pendientes por el 23-F, la "operación Galaxia", etc., etc. ¿Cómo valoran ustedes este ataque de Felipe González?

Sr. Rodríguez.- Señor Lobo, si no le parece mal, como es un asunto que ha sucedido en la campaña gallega, me gustaría que respondiera el Ministro de Administraciones Públicas, que para eso es gallego.

Sr. Rajoy.- Hablando de la campaña gallega, la primera consideración que haría, puesto que hablo de mi condición de gallego, es que eso no le da un voto; como no le dan un voto las declaraciones de Guerra sobre las vinculaciones del Partido Popular o las curiosas tesis sostenidas por el señor Yáñez sobre la necesidad de reabrir procesos de acontecimientos que ocurrieron hace cincuenta años. Todo eso no da un voto, y creo que no estamos sino ante la prueba inequívoca de nerviosismo y de cómo actúan algunas personas cuando se ponen nerviosos como consecuencia de las expectativas electorales. Quiero decir que a los ciudadanos de Galicia todas estas cosas es que ni les afectan.

Ahora bien, dicho eso, yo creo que cabe decir una cosa. Cuando una persona ha sido trece años, nada menos que trece años, Presidente del Gobierno, pienso que él mismo --ya no digo la sociedad, creo que él mismo-- debe exigirse más a sí mismo. Ese tipo de afirmaciones las hace una persona que no tiene relevancia política y se quedan en lo que son: simples comentarios absurdos, de mal gusto e impropios de una persona sensata y razonable; pero, cuando las hace un señor que ha sido Presidente del Gobierno trece años, creo que la situación es bastante más grave.

Para quien ha sido Presidente del Gobierno de España, sea cual sea y de cualquier partido, yo creo que él mismo debe exigirse un mayor rigor porque es que, al final, corre el serio riesgo --y creo que eso no se le debe desear a nadie que haya presidido el Gobierno-- de caer en el descrédito y en el absurdo. Por tanto, es la única valoración: pedirle al señor González que se respete más a sí mismo.

P.- Aprovechando la presencia del Ministro, querría preguntarle sobre el debate que ha habido en el Parlamento de Cataluña estos días; en concreto, sobre esa idea del Presidente Pujol de modificar el sistema de financiación. Sabemos que hay uno pactado, que dura cinco años, pero, ante previsibles escenarios futuros, me gustaría saber si usted, que conoce el tema, ve posible un sistema de financiación basado en un modelo muy diferente para años futuros.

Como intuía que le gustaría hablar de Galicia y que vendría predispuesto, también tenía una pregunta a ese respecto. Me gustaría saber si, en definitiva, desde el Gobierno --aparte de que usted sea gallego-- se ven, en cierta manera, como de balance del año y pico que lleva el Gobierno; si tiene algo que ver el examen ése en las urnas con la gestión del Gobierno o si cree usted que son factores internos de Galicia y nada más los que priman en esas elecciones.

También me gustaría al Secretario de Estado preguntarle dos cosas, que son del área de Justicia. En primer lugar, esa Ley sobre asilo, sobre no asilo, de Cooperación Jurídica; visto que los aliados dicen que cuando salga del Parlamento será irreconocible, si no valdría la pena más retirarla. Si se lo ha planteado el Gobierno.

También me gustaría saber si el Gobierno también apoya, ve bien, esta enmienda que se introdujo en el Senado --otra Ley del ámbito de Justicia--, en virtud de la cual un juez que se dedique a la política luego tendrá tres años de vacaciones pagadas.

Sr. Rajoy.- Voy a intentar ser breve; voy a empezar respondiendo a la pregunta gallega. Lo que no voy a hacer es lo que ha hecho el señor Almunia, que dice que, si gana Fraga, es lo normal y, por tanto, no tiene lectura nacional y, en cambio, si pierde Fraga, tiene una lectura nacional evidente. Eso, desde luego, no voy a hacerlo.

Yo creo que son unas elecciones internas, de Galicia, y lo que se decide, fundamentalmente, es quién va a gobernar en Galicia los próximos cuatro años: si gobierna Fraga o si gobierna la coalición del PSOE, los escindidos de Izquierda Unida, los Verdes, y el Bloque Nacionalista Galego y alguno más. Eso es, fundamentalmente, lo que se va a discutir.

Claro, también es evidente que se sacarán consecuencias, aunque no sea el tema más importante, a nivel nacional. En este sentido, vamos a ver cuál es el resultado que tiene el Partido Popular, si mantiene o no su mayoría, y vamos a ver también cuál es el resultado que obtiene la coalición que ha hecho el Partido Socialista con los escindidos de Izquierda Unida.

Pero, en cualquier caso, repito, lo que no me vale es decir que, si el Partido Popular gana, no tiene lectura nacional y, si el Partido Popular pierde, sí tiene lectura nacional, porque eso es muy poco serio. Yo estoy seguro de que el señor Almunia poco a poco irá haciendo unas declaraciones más sensatas, a medida que se vaya asentando en la Secretaría General del partido.

En cuanto al asunto de la financiación, hemos pactado, como usted muy bien ha dicho, porque en el fondo intuía cuál podía ser mi respuesta, un modelo para cinco años. A lo que pueda ocurrir en el año 2001, fíjese usted; además, hasta es probable que mi opinión tenga muy poco interés, porque a saber qué es lo que ocurre en el 2000 o en el 2001, y cuáles son mis responsabilidades en aquel momento.

Yo creo que ahora lo importante es centrarnos en el modelo que hay, que es un modelo que supone ya un cambio muy importante respecto del anterior, porque establece la corresponsabilidad fiscal y, por tanto, que las Autonomías estén en la misma posición que los Ayuntamientos, es decir, decidiendo sobre sus impuestos. Yo creo que eso es lo que debemos seguir a lo largo de estos años. Lo que pueda ocurrir en el futuro es algo que, sin duda, ya se verá.

Sr. Rodríguez.- Con respecto a las dos preguntas que me hace, no se ha planteado el Gobierno retirar la Ley a la que hace usted referencia.

Con respecto a la enmienda en el Senado a la otra Ley sobre los jueces, a mí sí me gustaría, simplemente, clarificar, para que no se pueda decir textualmente que son vacaciones de tres años pagadas, que, cuando se está hablando del sueldo, se está hablando de lo que se entiende en la Administración como sueldo. Ya sabe usted que es una parte --y no sé exactamente cuál es la parte proporcional-- de la nómina, pero es una parte pequeña; hay que quitarle los complementos, toda serie de... Se está hablando sólo de esa parte; no se está hablando de la nómina, por así decirlo, de los ingresos netos que se tienen en la Administración.

P.- Le quería preguntar al Ministro también por el flanco autonómico. Ayer, el responsable de política autonómica del POSE atribuyó, concretamente, la intervención de Pujol y la nueva reclamación de Pujol a lo que él llamó el "desbarajuste" o el "carácter errático" del nuevo modelo de financiación autonómica. Le pediría una respuesta a esta opinión.

Luego, también, el mismo señor Jáuregui dijo que el Gobierno, en los próximos meses, se iba a ver obligado a pactar con la oposición una revisión del modelo, en cuanto se conozca la liquidación de 1997, por la caída del IRPF y una serie de factores; luego también, cuando los recursos del Tribunal Constitucional en algún punto les pueda dar la razón a la oposición. También le quería pedir un pronunciamiento sobre esta opinión.

Una tercera cuestión, también al hilo del propio señor Jáuregui, que ayer dijo que las razones por las cuales el padrón de 1996 todavía no ha aparecido publicado en el BOE es a causa de las elecciones gallegas. ¿Qué opina de este punto de vista?

Sr. Rajoy.- Yo creo que el debate del modelo de financiación en la situación actual, en mi opinión, es la siguiente: aquí se produjo el debate de verdad, que fue el año pasado, en el Congreso, en el Senado, en el Consejo de Política Fiscal y Financiero. Entonces, la mayoría de Comunidades Autónomas y la mayoría de fuerzas políticas adoptaron la decisión de cambiar de modelo. ¿El cambio más importante cuál era? El que he señalado antes: es decir, antes gastaban tres Administraciones, es decir, la Administración Local, la Autonómica y el Estado, y sólo tenían la responsabilidad de ingresar dos, que eran la Local y la del Estado, y las Comunidades Autónomas no tenían ninguna responsabilidad en el ingreso.

Eso no tenía mucho sentido. Se acordó establecer, por tanto, la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal, y el PSOE, legítimamente, porque tengo que decir que cada uno sostiene, como no podía ser menos, los planteamientos que le parecen más oportunos, se opuso al modelo. Y se opuso al modelo dando una serie de argumentos. Uno de los que dio era que las Comunidades Autónomas que aceptaban el modelo iban a perder dinero y las que no lo aceptaban, que eran las del PSOE, no iban a perder dinero.

¿Qué es lo que ocurrió? Lo dije el otro día en el Senado: que, cuando ya el modelo lleva un período de vigencia, se ha demostrado que las tres Comunidades Autónomas que no aceptaron el modelo han perdido 24.000 millones de pesetas, y ésos son datos objetivos e indiscutibles que figuran en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Entonces, como ha ocurrido eso, en lugar de analizar cuál era su posición, se dedican a afirmar que esto del modelo va a salir mal; que, en el fondo, el Gobierno nos está engañando; que tiene que jugar el criterio población que, como es sabido, no tiene absolutamente nada que ver en todas estas cosas, y de lo que se trata es de intentar distraer la atención. De eso es, lisa y llanamente, de lo que se trata.

Las Comunidades que este año han aceptado el modelo reciben a cuenta una media del 8'58 más; las que no lo han aceptado, el 5'69. ésos son los datos objetivos, y sobre eso es sobre lo que procede el debate.

Yo no tengo ningún interés en continuar con este debate, pero sí me parece mi obligación, como Ministro, el invitar a las Comunidades Autónomas que no han aceptado el modelo a que no sigan perdiendo dinero por un capricho de partido. Me parece una insensatez y un error, y yo entiendo que ahora el Partido Socialista tenga dificultades para explicar qué es lo que va a hacer. Pero las cosas están así y, por lo tanto, yo vuelvo a invitar a que acepten un modelo que, por lo menos, les proporciona para los dos primeros años 24.000 millones de pesetas más.

La segunda afirmación es que nosotros vamos a tener que revisar el modelo y pactarlo con ellos. Yo estoy dispuesto a pactar con el Partido Socialista y el Gobierno todo lo que quieran; pero lo que es evidente es que un modelo que ha sido aceptado por catorce Comunidades Autónomas y por la inmensa mayoría de los partidos políticos, y ha sido rechazado por el PSOE y por tres Comunidades Autónomas, lo que no tiene sentido es que tengamos que cambiarlo los que lo han aprobado por la inmensa mayoría.

Yo a lo que sí estoy dispuesto, y lo he dicho en numerosas ocasiones, y se lo he ofrecido a las Comunidades Autónomas, es a que, si no les gustan algunos puntos del modelo, no los cojan; si no quieren ejercer la capacidad normativa, que no la cojan. Pero, desde luego, cambiar un modelo, que es para cinco años, aprobado por mayoría, no tiene mucho sentido.

La tercera afirmación, sobre lo que dirá el Tribunal Constitucional, eso no lo sabe ni el señor Jáuregui, ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. El Tribunal Constitucional dirá lo que le parezca oportuno. Yo le puedo dar mi opinión: yo no veo ningún argumento jurídico que diga que el modelo de financiación autonómica contradice lo que establece la Constitución. Pero es mi opinión y probablemente haya otras distintas y, al final, la que decide es la del Constitucional.

Sr. Rodríguez.- Por lo que veo, hay un nuevo argumento sobre el padrón, que es ahora las elecciones gallegas. Hemos pasado ya por distintos argumentos esta semana por parte del Partido Socialista. Empezaron por el de la financiación, que acaba de explicar el Ministro que en ningún caso el padrón tiene nada que ver con la financiación autonómica y que el Partido Socialista ha intentado encubrir, con el debate del padrón, el error de gestión, el error político, de no haber firmado el modelo de financiación autonómico. Después, alguna voz ha dicho que, entonces, tendría que ver con la financiación sanitaria; no tiene nada que ver el padrón con la financiación sanitaria a los efectos de negociación y conclusión de los dineros con los que se tiene que financiar la Sanidad en España. He oído también que, entonces, tendrá que ver la no aprobación con la financiación municipal; no tiene nada que ver tampoco con la financiación municipal la aprobación o no del censo. Y ahora me dice usted que, entonces, será por las elecciones gallegas, cuando, de las fechas que estamos hablando, el censo para las elecciones ya estaba hecho. Quiero decir que no hay ninguna razón por la cual el Partido Socialista pueda seguir tirando más del hilo del padrón; pero puede seguir el tiempo que quiera.

El padrón no ha sido aprobado por la razón que ya se ha explicado: no ha sido aprobado porque faltaban unos municipios, algunos de ellos importantes. Sí le puedo decir que es decisión del Gobierno en el plazo de tres semanas tener aprobado el padrón, una vez que ya se han recibido los datos de todos esos municipios, o se están recibiendo --creo que en estos momentos faltan sólo dos--, que no habían dado los datos de su censo. Así de sencilla la cuestión.

P.- Una pregunta dirigida a usted, señor Rodríguez. Quería saber qué valoración hace el Gobierno de la decisión del ministerio fiscal de petición de veintitrés años de prisión para el señor Barrionuevo y el señor Vera. Ya sé que su respuesta puede ser de respeto, pero eso me parece lógico; quiero que sea una respuesta un poco más comprometida. Por un lado, el PSOE ha defendido la inocencia de estos dos señores; partidos como el PNV, por ejemplo, han dicho que, si el fiscal pide eso, sus razones tendrá. ¿Cuál es la valoración?

Por otro lado, si cree usted que los ataques virulentos, ayer, de Felipe González hacia ustedes pueden tener su origen en esta decisión del ministerio fiscal.

Sr. Rodríguez.- No lo sé. Yo las razones que tenga el señor González para decir esas cosas no las sé. El Ministro lo ha dicho con mucha moderación y mucho cuidado, y yo creo que de su respuesta se colige cuál es la razón, y es que algunos han perdido el juicio.

Con respecto a la decisión de la Fiscalía, usted lo ha dicho en su pregunta: el Gobierno no puede hacer otra cosa que tener el máximo respeto por lo que es el proceso judicial. Por tanto, ahí sí que no le puedo dar ninguna valoración.

Que sea ésa la razón exacta por la cual el señor González esté diciendo estas cosas, a lo mejor influye; pero, a lo mejor, influye que realmente las elecciones gallegas no las tienen muy bien y, a lo mejor, intentan así ganar votos. Pero, como ha dicho el Ministro, así no van a ganar ni un voto.