Rueda de Prensa

Vicepresidente.- Muy buenos días. Comparecemos la Ministra de Justicia y yo mismo, que he actuado en funciones de Presidente del Consejo de Ministros de hoy, para dar cuenta de los principales acuerdos que se han adoptado en la reunión del Consejo de Ministros.

En primer lugar, el Consejo de Ministros hoy ha abordado el desarrollo del compromiso que ya venía elaborando el Ministerio del Interior, en cumplimiento del programa electoral y del programa de investidura del Presidente Aznar, en relación con la creación y organización de unidades policiales de lucha contra el narcotráfico.

Era un proyecto del Gobierno, desde el momento mismo de la investidura del Presidente Aznar, acomodar la capacidad de los medios materiales, de los medios humanos y de los recursos tecnológicos a las necesidades que planteaban, justamente, las exigencias de eficacia, para defender los principios del Estado de Derecho, frente a unas organizaciones criminales, extraordinariamente dotadas, que actuaban en condiciones de ventaja frente a la capacidad limitada, en esos ámbitos, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Explícitamente, en el programa electoral del Partido Popular nos comprometimos a impulsar la creación de unidades policiales especializadas en la lucha contra el narcotráfico, como también en la lucha contra las nuevas formas de delincuencia económica. Y, en este sentido, los trabajos en marcha que venía desarrollando el Ministerio del Interior han sido impulsados, de tal manera que, en las próximas semanas, a comienzos de año, podamos ya definir y poner en funcionamiento estas unidades de lucha contra el narcotráfico, que garanticen, ante los ciudadanos españoles, en el campo en el que es competencia del Gobierno, combatir el narcotráfico y colaborar, por lo tanto, con la Justicia para poner a disposición de los tribunales a estos delincuentes, para que redunde en la eficacia final de la depuración de sus responsabilidades penales.

En segundo lugar, también hemos abordado lo que ya venía siendo una actuación impulsada por el Ministerio de Fomento. Hemos abordado el acuerdo que complementa las decisiones recientemente adoptadas de adjudicación de las obras de la nueva pista del Aeropuerto de Barajas, que requerían un acuerdo para acogerse la construcción de la pista de Barajas a una disposición de la Ley del Suelo, que permita superar la dificultad o el obstáculo legal que existía, dado que los Planes Generales de los Ayuntamientos afectados, los Planes Generales del Ayuntamiento de Alcobendas y del Ayuntamiento de Madrid, en su momento aprobados antes de que se pusiera en marcha este proyecto, no contemplaban este uso del suelo. Y, para estas circunstancias excepcionales, se requería un Acuerdo del Consejo de Ministros, que permita aplicar, a la superficie afectada por la implantación de las obras a realizar, este acuerdo que libere y supere el obstáculo legal del cumplimiento de las previsiones de los Planes Generales de Alcobendas y de Madrid; cuestión, la apelación al Artículo 244 del Texto refundido de la Ley del Régimen del Suelo, en la que están de acuerdo los dos Ayuntamientos afectados para normalizar la situación legal de la construcción de esta tercera pista.

En tercer lugar, el Consejo de Ministros ha examinado un informe, el primer informe consecuencia del que elaboraron en la Delegación del Gobierno de Cantabria los representantes de la Administración periférica, los representantes de la Administración local y autonómica afectados, para evaluar los daños causados por el temporal que azotó en estas últimas fechas a la Comunidad Autónoma de Cantabria. En este sentido, el Gobierno ha tenido conocimiento del detalle, del catálogo, de los daños que afectan tanto a obras e instalaciones de ámbito local, que la Delegación del Gobierno de Cantabria evaluó en 4.500 millones de pesetas, así como distintos daños en bienes, instalaciones e infraestructuras que afectan a la Administración central, concretamente, a los Ministerios de Fomento, fundamentalmente, y Medio Ambiente, por un valor estimado de algo más de 2.000 millones de pesetas. Cuestiones que en estos momentos están siendo estudiadas ya en el ámbito del Gobierno para, en su caso, adoptar las decisiones legales convenientes para afrontar las indemnizaciones a las que den lugar los daños catastróficos causados por el temporal.

Asimismo, el Gobierno ha tenido conocimiento, esta mañana --y la eficacia y la diligencia de los medios de comunicación en la transmisión de las noticias nos ha ido también ayudando a realizar el seguimiento de estas informaciones--, de los datos relativos al Índice de Precios al Consumo del mes de noviembre y la consiguiente decisión del Banco de España de reducir en medio punto los tipos de interés, que pasan del 6'75 al 6'25.

El crecimiento cero del Índice de Precios al Consumo del mes de noviembre sitúa la inflación, en tasa interanual, en el 3'2 por 100; es decir, supone una reducción de tres décimas de la previsión de inflación, prevista en el año 1996 en el 3'5, y, como ya conocen todos ustedes, por las valoraciones que ha hecho públicas esta mañana la Secretaria de Estado de Economía, creemos que éstos son datos muy positivos, que confirman las buenas expectativas de la economía, que ratifican la confianza que en estos momentos transmite la política económica del Gobierno y que se refleja en la evolución favorable de estos indicadores y que tiene unas consecuencias muy directas en el bienestar de los españoles.

Basta considerar que un descenso de tres décimas en la previsión del IPC supone reconocer tres décimas de ganancia en el poder adquisitivo de todos los pensionistas españoles. El crecimiento de las pensiones para el año 1996, como saben ustedes, se establece sobre el crecimiento de la inflación de noviembre a noviembre. El crecimiento de las pensiones en el año 1996 fue del 3'5 por 100; el que la inflación haya caído tres décimas y, finalmente, haya sido el 3'2 por 100, significa tres décimas de incremento del poder adquisitivo de los pensionistas y, por qué no decirlo, también de los funcionarios.

Aceptando el argumento del sacrificio que supone una decisión de congelación salarial, es decir, de crecimiento de los salarios por debajo del IPC, habrá que convenir que, con el mismo argumento, en estos momentos, un descenso de tres décimas en la inflación supone una recuperación de tres décimas del poder adquisitivo de los funcionarios españoles. Ganancia, por supuesto, de poder adquisitivo que se refleja en el bolsillo de todos los ciudadanos.

Todos los ciudadanos españoles, a medida que se reduzca la inflación, están viendo cómo aumenta la renta disponible en sus bolsillos y, además de suponer, en términos de bienestar material individual de cada ciudadano, una muy buena noticia este aumento de su poder adquisitivo, en términos de bienestar general, es decir, en términos de creación de empleo, ésta es la mejor de las noticias posibles.

Corregir uno de los problemas estructurales de la economía española, como es el diferencial de inflación con los países de nuestro entorno, es el único camino seguro para facilitar la competitividad de nuestras empresas y, a través de la competitividad de nuestras empresas que, compitiendo mejor, pueden ampliar el ámbito de sus mercados, para responder a ese incremento de mercado sobre mejoras de competitividad, impulsar y sostener la creación de puestos de trabajo y, por lo tanto, ratificar las previsiones de la política de creación de empleo que el Gobierno había anunciado para el año 1997.

Creemos que, también en términos de empleo, este éxito en la reducción del Índice de Precios, en la reducción de la tasa de inflación, es también la mejor de las noticias posibles para la creación de empleo en nuestro país, para abrir nuevas oportunidades de creación de puestos de trabajo a los jóvenes y a todas las personas que en estos momentos se encuentran en situación de desempleo.

Asimismo, el Gobierno ha dado el visto bueno y, por lo tanto, ha autorizado a la Ministra de Justicia a continuar con la tramitación del borrador del Anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Saben ustedes que este Anteproyecto de Ley necesita una serie de informes y dictámenes previos que, a partir de este momento, serán solicitados por la señora Ministra de Justicia y, una vez conocidos los mismos, volverá al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y conversión en Proyecto de Ley, que será remitido a las Cortes.

Para la presentación del texto del Anteproyecto de Ley que hoy ha conocido el Consejo de Ministros, la Ministra de Justicia les dará las referencias oportunas del mismo.

Sra. Mariscal de Gante.- Como ha dicho el Vicepresidente Primero, el Consejo de Ministros ha dado vía libre para la remisión del Anteproyecto de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa al Consejo General del Poder Judicial. Y, aunque el nombre de este Anteproyecto resulta farragoso, yo quisiera trasladar la idea de que, con este Anteproyecto, lo que pretende el Gobierno --una vez, luego, ya admitidas las sugerencias que hagan los órganos que perceptivamente tienen que informar-- es garantizar los derechos individuales de todos y cada uno de los ciudadanos frente a la Administración. Estos derechos individuales de los ciudadanos son frente a la Administración, con una tutela judicial efectiva y concreta y con la agilización de los procedimientos.

Para destacar alguno de los aspectos del Anteproyecto que no sean eminentemente técnicos, yo me tengo que referir, obligatoriamente, a la opción del Gobierno por la desaparición del concepto de "acto político". No existe el concepto de "acto político" en el Anteproyecto como exento del control jurisdiccional. El Gobierno opta decididamente por la tutela de los derechos fundamentales y por el control jurisdiccional ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Además de este dato, tan sumamente relevante y que yo creo que tiene una importancia que excede de cualquier otro dato que pudiera añadirse, igualmente, la tutela de los ciudadanos se va a ver recogida en una garantía para la ejecución de las sentencias condenatorias de la Administración. Se potencian los derechos de los ciudadanos, se potencia la posibilidad de resolución judicial frente al incumplimiento de las sentencias o frente a la advertencia de que no se podrá cumplir una sentencia por parte de la Administración.

Igualmente, existen unas medidas garantistas en materia cautelar y, en cuarto lugar, en orden a la agilización de los procedimientos contenciosos, se contempla la creación efectiva de los Juzgados Contenciosos, órganos unipersonales, con una proyección plurianual, que empezará en 1998 --es decir, no será un diseño en el que no esté contemplada la postura efectiva de estos órganos judiciales-- e, igualmente, los órganos contencioso-administrativos centrales con sede en la Audiencia Nacional.

Yo creo que éstos son los aspectos más destacables del Anteproyecto que esta tarde, será remitido a informe del Consejo General del Poder Judicial.

P.- Después de la semana que ha vivido toda España, preocupada por la situación de la Audiencia Nacional, imagino que el Gobierno ha celebrado un debate al respecto. Quisiera información y opinión como conclusión de lo ocurrido durante esta semana, tanto del Vicepresidente como de la Ministra titular de Justicia.

Y al Vicepresidente quisiera también, además de rogarle que nos dé alguna indicación sobre la agenda del Presidente con respecto a la próxima semana, preguntarle si hay alguna noticia o si ha informado el Ministro de Fomento si tiene previsto adoptar alguna decisión para exigir responsabilidades a los responsables del Aeropuerto de Barajas, después de lo que ha ocurrido esta semana.

Vicepresidente.- En lo que hace referencia a las cuestiones que me han dirigido, quiero decirle, en primer lugar, que el Consejo de Ministros hoy no ha examinado ninguna decisión que tenga relación con la Audiencia Nacional. Para ser exactos, hoy ha adoptado un acuerdo que tiene que ver con la Audiencia Nacional, pero no tiene que ver nada con los problemas de la Audiencia Nacional. El Gobierno ha aprobado una petición, un expediente, de excedencia de un fiscal de la Audiencia Nacional; un expediente que venía tramitándose desde hace meses y que ha coincidido en la mesa del Consejo de Ministros en esta semana, repito, por razones puramente de casualidad en la tramitación.

Y digo que no ha tenido que analizar estas cuestiones porque los proyectos del Gobierno en relación con la Audiencia Nacional han sido explicitados hace tiempo y vienen siendo elaborados, y, además, son conocidos por quienes deben de conocerlo en los ámbitos de la Audiencia Nacional, y estoy seguro que con mucho gusto los va a reiterar en estos momentos la Ministra de Justicia, que lo hará con mucha más precisión que yo mismo.

Por tanto, no había que adoptar ninguna decisión. Lo que el Gobierno tiene que hacer en relación con la Audiencia Nacional, cumpliendo el programa electoral y el programa de investidura, donde se cita exactamente lo que el Presidente Aznar propuso para la Audiencia Nacional, son proyectos en marcha de los que puede dar cuenta la Ministra de Justicia.

Y, en relación con la pregunta relativa a la situación del Aeropuerto de Barajas, efectivamente, el Ministro de Fomento está elaborando una propuesta sobre la información exhaustiva de todas y cada una de las causas que han dado lugar a estos acontecimientos y, en función del resultado de esa información, el Ministro de Fomento, si lo cree oportuno, propondrá o adoptará las decisiones que estime pertinentes.

Hoy, lo que ha conocido el Consejo de Ministros son los planes inmediatos del Ministerio de Fomento para acelerar algunas decisiones. La de hoy, de resolver el problema urbanístico que se suscita por la construcción de la pista ya adjudicada, y las previsiones de los Planes Generales, es una iniciativa llamemos ordinaria, para resolver por vía de urgencia el conflicto urbanístico que estaba planteado y en el que no hay discrepancias sobre la fórmula de superarlo con los Ayuntamientos. Y también de las medidas de urgencia que el Ministro de Fomento ha puesto en marcha para intentar paliar las causas que han dado lugar a alguno de los incidentes como los que ha vivido el Aeropuerto de Barajas en los últimos días y, concretamente, los planes en marcha, aunque sea con carácter provisional mientras no se pone en funcionamiento la nueva pista del Aeropuerto de Barajas, para el aprovechamiento óptimo del Aeropuerto militar de Torrejón y, en su caso, del Aeropuerto de Getafe.

Sra. Mariscal de Gante.- Sobre los planes que tiene el Gobierno acerca de la Audiencia Nacional, estamos contemplando la posibilidad de aumentar el número de magistrados en las secciones de lo Contencioso-Administrativo, porque el atasco se produce en el número de resoluciones; crear una sección de lo Penal más y la puesta en funcionamiento de los Juzgados centrales de lo Contencioso, a la que me he referido anteriormente. Ésos son los planes del Gobierno respecto a la Audiencia Nacional.

P.- ¿Nos puede comentar la agenda del Presidente?

Vicepresidente.- La agenda del Presidente que yo puedo facilitar es la siguiente: el próximo lunes, por la mañana, el Presidente preside la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, a las once de la mañana, en Génova; y, por la tarde, recibe al Presidente de la Bolsa de Nueva York, a las cinco y media. El martes tiene previsto un almuerzo en La Moncloa con las mujeres de los pilotos de la Base aérea de Zaragoza y, a las cuatro, tiene previsto asistir al Pleno del Congreso de los Diputados. El miércoles, a la una, a mediodía, asiste a un acto que ha convocado la Secretaría de Estado para la Comunicación, que es una copa de Navidad a los medios informativos en el edificio del Consejo de Ministros; a las cuatro, comparece en el Pleno del Congreso de los Diputados para informar de los resultados de la Cumbre de Dublín, y por la noche tiene lugar, y el Presidente participará, en su doble condición de Presidente del Gobierno, Presidente del Grupo Parlamentario y, si se quiere, triple condición, de Presidente del partido, en la cena tradicional de Navidad de los Grupos Parlamentarios del Congreso, del Senado y del Parlamento Europeo. El jueves, 19, almuerza con representantes del Instituto de la Empresa Familiar. Y el viernes, 20, presidirá el Consejo de Ministros.

P.- Para el señor Vicepresidente. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Borrell, en el sentido de que los dos aeropuertos, tanto el de Torrejón como el de Barajas, son incompatibles? Y, después, otra pregunta: en el caso de que se utilice el Aeropuerto de Getafe, si un individuo, por ejemplo, aterriza en Getafe y quiere coger un avión en Barajas, el tiempo desde Getafe hasta Barajas es bastante amplio. ¿Cómo se va a solucionar este tema?

Vicepresidente.- Mire usted, lo único que hay incompatible es la situación actual de Barajas con el crecimiento del tráfico aéreo experimentado en los últimos meses en Barajas; eso es lo único que es incompatible. Y las expectativas de crecimiento del tráfico aéreo no se han gestado en las últimas semanas; son consecuencia del proceso de liberalización del transporte aéreo en Europa, asunto que comenzó a tomar cuerpo hace diez años.

Quiero decirle que, a lo largo de estos diez años, el Partido Popular, en su papel de oposición, ha hecho las advertencias oportunas --yo les remito a ustedes a una ponencia pública, que seguramente los aficionados a las hemerotecas tendrán en su archivo de prensa en cada uno de los medios--, donde, el año 1989, el Partido Popular --ponencia de infraestructuras-- propone el estudio del segundo aeropuerto para Madrid, el desdoblamiento del Aeropuerto de Barajas. Repito: conclusión del IX Congreso del Partido Popular, año 1989, para abordar los problemas derivados de las expectativas de crecimiento del tráfico aéreo en el horizonte de la década que ha concluido hace muy poco. Por lo tanto, llevamos diez años en los que este problema se podía haber previsto.

Este Gobierno ha tenido que acelerar los trámites para desarrollar la única propuesta que, con retraso, había impulsado el Ministro Borrell, que es la nueva pista del Aeropuerto de Barajas. Por lo tanto, ésa es la fórmula que los Gobiernos socialistas decidieron tarde e insuficientemente y que nosotros, en estos momentos, tenemos que acelerar e impulsar de manera urgente.

En las actuales circunstancias, son compatibles con limitaciones Barajas y Torrejón; es decir, no son incompatibles, son compatibles con limitaciones. Y lo que va a hacer el Ministerio de Fomento es aprovechar el margen de compatibilidad que ofrece Torrejón --repito, margen de compatibilidad que ofrece Torrejón-- para un determinado tipo de aviones, de tipo mediano o pequeño, que ocupan exactamente el mismo espacio que ocupa un avión grande, a los efectos de capacidad de aterrizaje y despegue. No por ser un avión mayor o más pequeño deja de ocupar un sitio proporcional al número de pasajeros. Si conseguimos desviar y, por lo tanto, optimizar el aprovechamiento de los Aeropuertos de Torrejón y, en su caso, de Getafe, estaremos reduciendo presión y, por lo tanto, estaremos reduciendo el nivel de congestión en el Aeropuerto de Barajas.

Eso es lo que en estos momentos, de manera provisional, hasta que pueda ponerse en funcionamiento la nueva pista, va a abordar el Ministerio de Fomento y lo está estudiando en estos momentos, incluso con fórmulas tales como la que ya se conoce, de la posibilidad de comunicar mejor, con una carretera interna, el Aeropuerto de Barajas y el Aeropuerto de Torrejón.

P.- Y si, por ejemplo, un señor aterriza en Getafe y quiere coger un vuelo internacional en Barajas, ¿cómo se va a solucionar?

Vicepresidente.- Todo eso tiene también su racionalización. Cualquier persona que viaje por el mundo sabe que no hay una sola capital en Europa que no tenga, como mínimo, tres aeropuertos y hay establecidos unos sistemas de comunicación, en virtud de los cuales uno ya sabe, cuando elige un vuelo, si aterriza en el aeropuerto que conecta con el otro o tiene que trasladarse de aeropuerto. Todas esas cosas se pueden resolver, si se prevén.

Por tanto, un segundo aeropuerto o un tercer aeropuerto es la situación normal de París, de Roma, de Londres; en fin, no vamos a hacer el catálogo. Y todo tiene su solución si se prevé a tiempo, a largo plazo, no de la noche a la mañana. Nosotros, en estos momentos, lo que vamos a tratar es de resolver, como ya se venía haciendo, acelerando la construcción y la puesta en servicio de la nueva pista, los problemas que han ido surgiendo como consecuencia de determinadas causas, que ya ha explicado el Ministerio de Fomento cómo se han presentado en los últimos meses y que, además, han dejado al descubierto determinadas insuficiencias, realmente imperdonables para un aeropuerto internacional de la categoría de Barajas.

P.- Sobre la Audiencia, por favor tres cosas; les pregunto a ambos, como consideren quien debe responder. En primer lugar, entre los expedientes, entre las medidas, que se han acordado, en principio, sobre la Fiscalía, en tramitación está el cese del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional. Ese cese creo que corresponde hacerlo al Consejo de Ministros. Me gustaría saber cuál es la disposición del Gobierno respecto de ello y si no creen que puede dar lugar a interpretaciones de diverso tipo, visto que en el informe de la inspección no se proponía nada respecto del señor Aranda y visto que él fue uno de los impulsores de la querella de Banesto contra el criterio de algunos de los toros cuatro afectados por esta inspección.

En segundo lugar, me gustaría preguntar sobre si entraría dentro de los planes, respecto de la Audiencia Nacional, cambiar el sistema de acceso. Una de las cosas que se han propuesto para garantizar la idoneidad de los jueces para esos puestos es que no fuera sólo la antigüedad el criterio que se tuviera en cuenta, sino que hubiera otros criterios de valoración que quedaran en manos del Consejo del Poder Judicial como órgano de Gobierno. Me gustaría saber si el Gobierno puede tomar alguna iniciativa legislativa que le correspondería respecto de esto; si lo considera apropiado.

En último lugar, respecto de la Audiencia, me gustaría preguntar: ayer, en la declaración del Consejo del Poder Judicial había un tercer punto con dos aspectos, que han sido muy destacados: el apoyo, por un lado, que el Gobierno ya ha expresado; pero, por otro lado, también una manifestación de preocupación por eso que se viene denominando "jueces estrella". Me gustaría saber si el Gobierno comparte la nota en su integridad y también en la preocupación por el auge de este tipo de figuras.

En último lugar, respecto de Barajas, a mí me gustaría saber dos cosas. Yo creo que, quizás, a la opinión pública lo que más le interesa es saber si el Gobierno garantiza la seguridad del tráfico aéreo sobre Madrid y también, en relación con la respuesta que ha dado el Vicepresidente, si usted cree que, en definitiva, los gestores socialistas han querido dejar ahí una carga de profundidad sobre este Gobierno.

Sra. Mariscal de Gante.- ¿La primera pregunta ha sido el criterio de Gobierno sobre el cese del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional? El Gobierno no tiene criterio porque tiene que esperar la conclusión de ese expediente de remoción iniciado por el Fiscal General. Una vez traslade la petición, si es que decide la remoción, para decisión por el Consejo de Ministros, se formará criterio; hasta entonces, es prematuro el adelantarlo.

Respecto a la forma de acceso a la Audiencia Nacional, partiendo de que la Audiencia Nacional es un órgano jurisdiccional ordinario dentro de toda la estructura orgánica judicial, quizás en un momento podamos plantearnos que existiese otra fórmula de acceso; pero en este momento no se contemplan correcciones o nombramientos discrecionales por parte del Consejo General del Poder Judicial, que es lo que en realidad me preguntaba. En este momento, el Gobierno no lo contempla, aunque tampoco cabe descartar que en una reforma de la Ley Orgánica pudiera establecerse algún tipo de requisito para acceder a la Audiencia Nacional.

Respecto a la declaración del Consejo General del Poder Judicial, usted sabe, tanto como yo, que el Consejo nace precisamente para desapoderar al Ejecutivo de su función de tutela de la independencia judicial. Mal servicio haríamos a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial si el Consejo de Ministros se pronunciara sobre una nota del Consejo General del Poder Judicial.

No sé si le he contestado a sus tres preguntas.

Vicepresidente.- En relación con la seguridad, quiero decirle que, de manera explícita y expresa, el Ministro de Fomento ha puesto permanentemente, y va a continuar poniendo permanentemente, por delante las garantías de seguridad sobre cualquier otra consideración. Siempre será mejor un aeropuerto seguro, aunque esté un poco más congestionado y se provoquen retrasos incómodos para los pasajeros, que un aeropuerto inseguro; y eso lo tiene muy claro el Ministro de Fomento y lo tiene muy claro el Gobierno.

Quiero decirle que, en relación con la seguridad, precisamente, alguna de las mayores exigencias de la seguridad ha llevado a actuaciones más rigurosas, que respaldamos, de los controladores aéreos en Barajas. Justamente por razones de seguridad y en el marco de su autonomía funcional, han impulsado medidas muy rigurosas de control, que creo que van en beneficio de la seguridad aunque en algún momento, repito, puedan suponer un plus de incomodidad. Pero no creo que haya un solo ciudadano que, en la alternativa incomodidad o seguridad, optara por poner en riesgo la seguridad.

Por tanto, en ese sentido, pueden estar seguros todos los ciudadanos de que el Gobierno no dudará en anteponer la seguridad a cualquier otra consideración, que podría ser un efecto imagen, pero que supondría también una irresponsabilidad manifiesta.

Y quiero anunciarle que, además, el examen de las medidas de seguridad, que se reflejan en una propuesta de urgencia de plan de choque para Barajas, está en estos momentos en marcha para todos los aeropuertos españoles. En estos momentos, el Ministerio de Fomento ha impulsado una serie de actuaciones para revisar y garantizar las condiciones de seguridad de todos los aeropuertos españoles, de tal manera que la evolución del tráfico aéreo no ponga en riesgo ni aumente el riesgo de ninguno de los aeropuertos españoles, porque no sólo es el de Barajas; hay otros aeropuertos españoles que soportan tráficos muy intensos y el concepto de seguridad debe afectar a todos y cada uno de los aeropuertos: los grandes, los medianos y los pequeños.

Yo no voy a hacer juicios de intenciones sobre lo que ha ocurrido en Barajas; sólo digo que, objetivamente, la situación de Barajas es fruto de la imprevisión. Si esa imprevisión tenía otras intenciones, o las causas por las cuales se ha producido la imprevisión, yo no quiero polemizar sobre ellas ni quiero introducir ningún elemento polémico que alguien pueda considerar que está dirigido a criticar comportamientos pasados.

Repito: hay imprevisión, en la medida en que esto debió de ser previsto por las medidas... Ya sabe usted que la política de infraestructuras es una política de medio y largo y plazo; no se hace una carretera de hoy para mañana. Y, en ese concepto de medio plazo, la situación actual debió de ser prevista, y no lo fue, con anticipación suficiente. Por lo tanto, creo que lo único que puedo constatar es que ha habido imprevisión.

P.- Yo desearía abundar un poco más en el tema de la Audiencia Nacional. Al Vicepresidente Primero le querría preguntar si, tras el estallido de esta semana de la crisis larvada de la Audiencia Nacional, con expedientes y anuncios de renuncias, es aconsejable seguir demorando la reforma de esta instancia judicial. Y si el Gobierno vincula esta reforma a la conclusión de los sumarios más polémicos que en la Audiencia se instruyen en la actualidad.

A la Ministra le querría preguntar, en primer lugar, si, en la reforma que a corto o medio plazo se vaya a adoptar de esta instancia, se va a plantear alguna medida concreta para evitar la filtración de los sumarios que se instruyen en la Audiencia, por ejemplo, endureciendo las sanciones o el régimen disciplinario de la judicatura. Y también si se piensa adoptar alguna medida para evitar la proliferación de los denominados "jueces estrella", contra los cuales ayer advirtió el Poder Judicial.

Por último, en relación con el fiscal Aranda, habida cuenta de que el Gobierno debe acabar respaldando el traslado de un Fiscal de Sala del Supremo, como es el señor Aranda, quería saber si el Fiscal General del Estado se dirigió a la Ministra de Justicia para consultarle la futura adopción de la medida que tomó el pasado martes y, si hubo beneplácito a tal decisión, en tal caso, a quién correspondió; si fue de la Ministra o fue un poco más arriba.

Vicepresidente.- En todos los problemas que afectan a un organismo o a una institución, lo primero que hay que hacer para resolverlos es clarificar las causas y determinar las competencias. Lo que no se puede es plantearle todo a todos al mismo tiempo, porque eso no contribuye a resolver los problemas ni contribuye a enfocar las soluciones.

¿Qué responsabilidades considera que tiene el Ejecutivo para colaborar en la solución de los problemas de la Audiencia Nacional? Esta semana, el Tribunal Supremo ha modificado una sentencia de la Audiencia Nacional que, a su vez, en su momento se consideró como benigna, sobre el llamado "caso Nécora". Muy bien. El Gobierno, no ahora, como consecuencia de la sentencia, sino como consecuencia de las iniciativas parlamentarias y del compromiso político electoral, ya había anunciado su propósito de impulsar la creación de unidades policiales de lucha contra el narcotráfico, porque el Gobierno tiene un campo de actuación, en colaboración con la Justicia, a través de la Policía y de la Policía Judicial, que, si está dotada de mejores medios, podrá contribuir eficazmente a obtener mejores resultados para probar los delitos en los que incurran los presuntos narcotraficantes o delincuentes.

Por lo tanto, primera responsabilidad frente a un asunto, insuficientes pruebas para condenar a narcotraficantes, lo que a nosotros corresponde, como Gobierno, estaba por adelantado comprometido, y en estos momentos reiterado y, además, urgido.

Segundo, en la colaboración con la Justicia, en ese proceso de desapoderamiento del Poder Ejecutivo, al Poder Ejecutivo le quedan algunas competencias para dotar de medios a los órganos judiciales. Ha dicho, y reitero, la Ministra de Justicia lo que este Gobierno se proponía hacer, y ya lo conocían en la Audiencia Nacional; no es un recado que se ha enviado esta semana. Y, si no me equivoco, en un programa reciente de radio y televisión el Presidente de la Audiencia Nacional creo que hizo referencia a los proyectos en marcha en colaboración con el Ejecutivo: más magistrados, más secciones.

Hay otro nivel de competencia para solucionar los problemas, que es el del Legislativo, el de los legisladores, el de los parlamentarios; alguno tenemos la doble condición de miembro del Ejecutivo y parlamentario. Yo en este momento no conozco, salvo en una cuestión puntual que afecta a temas de prueba para narcotraficantes, ninguna iniciativa procesal que afecte a la Audiencia Nacional en el terreno del cambio de la legislación. Pero ha dicho el Presidente del Gobierno, en su comparecencia pública de esta semana, que estaba abierto a estudiar y a impulsar cualquier medida que reforzara, en el campo legislativo, la capacidad de actuación de los jueces y, en concreto, la capacidad de actuación y la eficacia de la Audiencia Nacional. Pero ese interrogante está abierto a todos.

Tercero, la Ministra de Justicia ha explicado cuáles son las competencias del Poder Judicial y, por lo tanto, en ese terreno, en el que es competente, el Gobierno se ha dado por enterado del comunicado público del Consejo General del Poder Judicial, y nosotros lo que seguimos apelando es al sentido de la prudencia y de la responsabilidad de cada uno: el nuestro, como Ejecutivo; de los legisladores y del órgano rector de la Justicia para asumir las responsabilidades y contribuir, en el terreno de sus competencias, a resolver los problemas.

P.- ¿Hay plazos, entonces, para la reforma?

Vicepresidente.- ¿Para qué reforma?

P.- De la Audiencia.

Vicepresidente.- Perdón, supongo que se refiere... Es que reforma de la Audiencia es un eufemismo con el que algunos quieren acaban con la Audiencia. Mire usted, esa pregunta no nos la haga a nosotros.

Nadie del Partido Popular ni del Gobierno ha podido dejar entrever que reforma de la Audiencia era supresión de la Audiencia Nacional. Y, a partir de ahí, pídanse las responsabilidades en la puerta correspondiente de los que han hablado de acotar, reducir o suprimir la Audiencia Nacional. Jamás ha sido proyecto, propósito, insinuación o pensamiento del Gobierno del Partido Popular.

La Audiencia Nacional fue creada con unas finalidades muy concretas, para resolver unos problemas con consenso generalizado, que son los problemas del narcotráfico y del terrorismo. Esos problemas subsisten y, por lo tanto, las razones por las que existe la Audiencia Nacional están plenamente justificadas y sonn vigentes.

Sra. Mariscal de Gante.- Creo que me ha preguntado, en primer lugar, si en la reforma de la Audiencia Nacional me planteo medidas o se plantea el Gobierno medidas concretas para evitar filtraciones. Como ha dicho el Vicepresidente y yo anteriormente, la reforma de la Audiencia Nacional que planea el Gobierno es, con los medios materiales que puede hacer el Gobierno --porque otras cosas no están en manos del Gobierno; están en manos del Consejo General del Poder Judicial--, el reforzamiento de magistrados y de secciones.

De cualquier manera, la reforma de la Ley Orgánica --no de la Audiencia Nacional, sino de la Ley Orgánica-- es algo que yo he anunciado varias veces ante las Comisiones de Justicia e Interior, tanto en el Congreso como en el Senado. En ese caso, sí podía revisarse el Estatuto de los jueces y magistrados y sí cabría, si existe esa opinión generalizada en los ambientes parlamentarios, reformar o reforzar los distintos tipos disciplinarios.

No me consultó el Fiscal General la adopción de ningún expediente; me comunicó que había adoptado el acuerdo de expediente de remoción, igualmente los otros acuerdos de expedientes disciplinarios y, por tanto, no tuve que expresarle ninguna cuestión para que siguiera adelante.

En el tema de los "jueces estrella", evidentemente, no nos pronunciamos y, en todo caso, será una cuestión de quien considere al juez como estrella o de por qué se considera estrella al juez.

P.- Yo quisiera preguntar a los dos. A la Ministra de Justicia, si no hubiera sido más oportuno o si piensa usted, dado el Estatuto del Ministerio Fiscal, que el Fiscal General del Estado no solamente le hubiera comunicado las decisiones sino que se las hubiera consultado.

En segundo lugar, aunque hoy el Consejo de Ministros parece ser que no ha contemplado el informe de remoción sobre el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Aranda, y es probable que lo contemple en el próximo, quizás, Consejo de Ministros o en el siguiente, quisiera, por favor, pedirle que me anticipara --al Vicepresidente, en concreto-- la decisión del Gobierno, que tengo entendido que no cabe más que el refrendo, pero quisiera confirmarlo.

Sra. Mariscal de Gante.- No creo que, de acuerdo con el Estatuto ni con la Constitución, fuera conveniente ni oportuna la consulta del Fiscal General a la Ministra de Justicia. Creo que lo que se establece en el Estatuto y en la Constitución es el nombramiento del Fiscal General por parte del Gobierno y, a partir de ahí, la autonomía del Fiscal General. También se refleja que el único superior jerárquico de todos los fiscales es el Fiscal General; en absoluto es la Ministra de Justicia. Por tanto, la consulta previa era algo que sobraba de antemano.

Respecto a la segunda pregunta, creo que antes a su compañero le he contestado que, hasta que no venga el expediente, si es que viene, el Consejo de Ministros no se va a plantear, porque ese expediente de remoción tendrá que tener unas causas. Si desconocemos las causas sobre las que se basa, difícilmente podemos valorar, ni mucho menos concluir, cuál va a ser la decisión del Consejo de Ministros.

Vicepresidente.- Lo que puedo decir es que, en el ámbito de la competencia, no del Vicepresidente, como saben ustedes, que no tiene ninguna en ese terreno, sino del Ministerio de la Presidencia, que es un poco el centro de tráfico de las propuestas que recibe el Gobierno, no hay ningún expediente en estos momentos ni ningún anuncio de expediente relacionado con las decisiones del Fiscal General del Estado. Cuando llegue, lo canalizaremos por los procedimientos habituales; supongo que tendrá que pasar por la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y, si tiene que llegar al Consejo de Ministros, llegará a la mesa del Consejo de Ministros.

Yo, en todo caso, quiero decirle que, como no soy un experto en estas cuestiones, me estaba ilustrando en estas materias y, probablemente, en los próximos días estaré más al tanto de estos procedimientos, que hasta ahora han estado inéditos en la tramitación de este tipo de asuntos ante el Consejo de Ministros.

P.- Una cuestión muy breve a la Ministra. Yo lo que no tengo claro, por desconocimiento de la ley, o reglamento, o lo que sea, es si cabe otra posibilidad que no sea el refrendo a la decisión del Fiscal General. Es decir, si el Consejo de Ministros puede darle la vuelta a eso o no puede, o, simplemente, tiene que refrendarlo. Es lo que no sé.

Sra. Mariscal de Gante.- Es una propuesta de remoción. Siempre que se hace una propuesta, evidentemente, no existe una sola respuesta.

P.- Aunque parece claro que los dos miembros del Gobierno no quieren hablar de "jueces estrella", sí nos podrán decir si en los planes de reforzamiento de la Audiencia Nacional se va a incrementar el número de Juzgados de Instrucción para que haya un mayor reparto o no se va a incrementar.

Sra. Mariscal de Gante.- No. Según la Memoria de la propia Audiencia Nacional, el número de Juzgados existente es bastante con el que se creó el último año, y donde hacen falta de verdad es en el orden Contencioso y una sección más en lo Penal, porque, efectivamente, la duración de los juicios exige una presencia de más magistrados.

P.- Al Vicepresidente. Me gustaría saber cómo se va a llevar el debate político de esta reforma que ha dicho. Es decir, ¿la iniciativa la va a llevar el Gobierno, se va a crear una ponencia en el Parlamento, a iniciativa de los Grupos Parlamentarios? ¿Cómo se va a hacer esto?

Vicepresidente.- La iniciativa ¿para?

P.- Para la reforma de la Ley Orgánica, que ha dicho la Ministra. Es decir, ¿se va a crear una Ponencia, para que haya un debate más sosegado en el Parlamento, como decía el Presidente del Congreso, Federico Trillo? ¿La iniciativa la va a llevar el Gobierno y, luego, el Parlamento se va a pronunciar? ¿Cómo se va a hacer esto?

Vicepresidente.- Cuando se ofrece una puerta de acuerdo al resto de los grupos políticos, entre los elementos del acuerdo está la flexibilidad en la fórmula para impulsar cualquier reforma legislativa; por lo tanto, yo creo que ésa no sería la dificultad. Si, al final, los Grupos Parlamentarios deciden impulsar una reforma por la vía de una Proposición de Ley, ésa no sería el obstáculo para llegar a un acuerdo. Si, por el contrario, hay un acuerdo básico sobre las reformas a impulsar, que requieran modificaciones legislativas, y el encargado de elaborar el borrador, bajo la forma de Proyecto de Ley, es el Gobierno, con mucho gusto lo haremos.

Pero, repito, en estos momentos lo que hay es una invitación al acuerdo y al consenso para introducir, si fuera el caso, alguna modificación. Y, en todo caso, lo que es decidida voluntad del Gobierno es facilitar más medios a la Audiencia Nacional, en el terreno de lo Contencioso y en el terreno de lo Penal, en un terreno en plantilla de magistrados y, en el otro, en creación de una sección.

P.- Una respuesta del Vicepresidente me hace preguntarle lo siguiente: sin hablar de "jueces estrella", cuando un juez se va a dar una conferencia y dice que el reparto de poder, la distribución de poder, no funciona en España y que hay una corrupción generalizada, ¿cree usted que eso se compadece con la llamada a la prudencia que hace usted, una vez más, hoy, aquí? Sería una pregunta.

La segunda: yo tenía entendido que, en algún momento y en alguna esfera del Gobierno, se había hablado de la posibilidad de, en relación con esa conferencia a la que me refiero implícitamente, salir en defensa del CESID, que fue aludido, como organismo público. Es decir, ahí se comentó, se habló, que el CESID había sido el núcleo del que había surgido el terrorismo de Estado; en fin, alguna fórmula de éstas se utilizó. Me gustaría saber si, en algún momento, el Gobierno se planteó salir en defensa y plantear alguna queja al Poder Judicial por estas alusiones a un organismo público de un juez o si en ningún momento ha estado planteado.

Vicepresidente.- Nosotros no hemos planteado ninguna queja en ningún momento, ni siquiera hemos hecho comentarios sobre las resoluciones o los autos en los que, de manera directa o indirecta, se afectaba o se juzgaba la labor del Gobierno; por tanto, en ese sentido, vamos a mantener el mismo criterio.

La pregunta que usted me hace forma parte del ámbito de las competencias que no son del Gobierno y contestar a esa pregunta sería, justamente, contradecir esa petición de respeto y de prudencia a la que se refiere su pregunta.

Estoy hablando de memoria, pero creo que ayer, en la declaración de principios que ha hecho el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, creo que ha hablado de la necesidad de examinar los comportamientos de los jueces fuera de su labor jurisdiccional. Creo que se refiere al supuesto que usted está comentando y, por lo tanto, me parece natural que ese asunto lo valore el Consejo General del Poder Judicial.

Si usted me pregunta por lo que pienso de las conferencias de los Ministros en distintos foros, probablemente le dé mi opinión; pero no debo dársela sobre los jueces, porque no es mi función. Y eso yo creo que es prudencia; es, justamente, centrarse en lo que cada uno tiene que hacer y no meterse en el terreno de lo que le corresponde a otro. Y yo creo que, ayer, si ése es uno de los problemas de la Justicia, acertadamente ha hecho esa referencia genérica el Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Muchas gracias.