Comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

29.3.2022

La Moncloa

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, Nadia Calviño

VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL, Yolanda Díaz

VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, Teresa Ribera

Sra. Calviño.- Muy, muy buenos días. Muy buenos días.

Estábamos justo constatando que cada vez hay más compañeros que están aquí en la sala de prensa. La verdad es que a pesar de que estamos ahora atendiendo a otras cuestiones, la pandemia sigue entre nosotros, como vemos con las mascarillas, pero cada vez vamos recuperando la normalidad, así que muy buenos días.

Hoy vamos a dar cuenta de un Consejo de Ministros evidentemente extraordinario, en el que hemos tratado, de manera principal, del Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, y compareceremos ante ustedes las tres vicepresidentas, para desgranar las distintas medidas, los elementos principales, de esta respuesta española ante una situación extraordinaria.

Y es que la injustificada agresión a Ucrania ha llevado a una guerra a las puertas de Europa, a las puertas de la Unión Europea, una guerra que está teniendo ya efectos económicos y sociales, los flujos de refugiados, el alza de los precios energéticos y de otras materias primas, las disrupciones en las cadenas de suministros en sectores esenciales, todo ello supone un shock económico que con mayor o menor intensidad va a afectar a todos los países europeos.

Estamos ante una situación grave y el Gobierno está actuando en consecuencia, con responsabilidad, con empatía y con determinación.

Estamos haciendo un seguimiento constante de la situación en los diferentes mercados, estamos en contacto directo con los sectores más afectados y hemos desarrollado un proceso muy intenso de diálogo con los agentes sociales, las comunidades autónomas y ayuntamientos, y los diferentes grupos políticos.

Y además de este trabajo intenso a nivel nacional, hemos impulsado también una respuesta coordinada a nivel europeo.

Está claro que el principal canal de transmisión es el del mercado de la energía, y también está claro que se trata de un shock internacional, que va más allá, incluso, de las fronteras europeas y por eso es fundamental abordar medidas eficaces a nivel nacional, enmarcadas en la respuesta europea.

Desde hace dos años nos enfrentamos a una situación extraordinaria generada por la pandemia, hace un momento, precisamente, constatábamos que sigue, que la pandemia está presente todavía entre nosotros, y además de este reto y otros que nos han golpeado en este tiempo, ahora tenemos que hacer frente al impacto de la guerra de Putin.

De la misma manera que hicimos frente a la pandemia, en esta ocasión, la respuesta europea está marcada por tres principios: unidad, determinación y solidaridad.

Y esos mismos principios son los que guían nuestra respuesta en el plano nacional. Porque, al igual que sucedió con la pandemia, el impacto sobre el crecimiento económico y la inflación de esta crisis dependerá de la respuesta que demos.

Las circunstancias cambian. El tipo de desafío al que nos enfrentamos hoy es distinto al que teníamos en la primavera de 2020, pero lo que se mantiene constante es la determinación del Gobierno para repartir de forma justa los efectos de la guerra, y preservar al máximo la senda de crecimiento y de creación de empleo que habíamos iniciado ya en 2021.

Tenemos, como decía, la obligación de responder a la guerra protegiendo a Ucrania, parando los pies a Putin y blindando el bienestar de nuestras sociedades a escala global, a escala europea, también a escala nacional, para que esta crisis energética no detenga la buena marcha de nuestra economía, no rebaje el bienestar de los ciudadanos y para eso no hemos dejado de trabajar ni un instante.

Y por esta razón, hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, que es un Plan serio y ambicioso, que plantea medidas eficaces para dar respuesta a la compleja situación generada por la guerra, mediante un Real Decreto Ley y distintos instrumentos normativos y no normativos.

El Plan, como pueden ver en esta breve presentación que tienen en pantalla, el Plan trata de lograr ocho objetivos, se articula en un conjunto de medidas recogidas en cinco pilares, y supone una movilización extraordinaria de recursos públicos de hasta 16 mil millones de euros, 6 mil millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10 mil millones de euros en avales gestionados a través del ICO.

Como señalaba, con el Plan que hemos aprobado hoy, perseguimos ocho objetivos.

En primer lugar, bajar el precio del gas, la electricidad de los carburantes, apoyando, en particular, a los colectivos más vulnerables.

En segundo lugar, apoyar a los sectores y a las empresas más afectados, con una atención particular a las PYMEs y los autónomos.

En tercer lugar, reforzar la estabilidad de precios, evitando una espiral inflacionista.

En cuarto lugar, garantizar los suministros.

En quinto lugar, proteger la estabilidad financiera.

En sexto lugar, acelerar el despliegue del Plan de Recuperación, en particular, la agenda de transición energética, para alcanzar cuanto antes la autonomía estratégica.

En séptimo lugar, impulsar la eficiencia energética.

Y finalmente, reforzar la ciberseguridad.

Como decía, estos objetivos se cubren con el Real Decreto Ley, así como otros instrumentos normativos, algunos de ellos adoptados hoy, otros en las próximas semanas y otras acciones que no tienen carácter normativo.

En cuanto a los cinco pilares fundamentales de este Plan de Respuesta, que el presidente del Gobierno ya explicó y expuso detalladamente ayer, el primer pilar es el relativo a las medidas para ayudar a las familias, a los trabajadores, a las personas desplazadas, a los refugiados, también para reforzar la ayuda humanitaria.

Todos conocen la medida más importante, que la vicepresidenta tercera explicará, la bonificación, la reducción de un mínimo de 20 céntimos en cada litro de combustible, hasta el 30 de junio, una reducción en la que el Estado aportará 15 céntimos.

Conocen también las medidas destinadas a prohibir el despido a aquellas empresas que perciben ayudas directas y también la revisión o la limitación extraordinaria a la revisión de los alquileres durante estos tres meses.

También aumentará en un 15% el ingreso mínimo vital.

Se prorrogan los descuentos del bono social de electricidad y se extienden hasta el 30 de junio las medidas fiscales vinculadas a la factura de la luz que todos ustedes conocen.

Hay dotaciones adicionales para cubrir el bono social térmico, para compensar los costes de calefacción y agua caliente, pero me gustaría aquí simplemente señalar, porque probablemente pase más desapercibido, las medidas de protección especial a las mujeres y menores que lleguen a nuestro país.

Un segundo pilar es el de las medidas de apoyo al tejido económico y empresarial.

Todos conocen las principales medidas de ayuda a los sectores más afectados.

Me gustaría señalar también las medidas incluidas en el Real Decreto Ley, para agilizar el despliegue de las inversiones del Plan de Recuperación, un tema que nos había sido señalado especialmente por las comunidades autónomas y las empresas y las ayudas sectoriales que se van a destinar a aquellos ámbitos más afectados.

En cuanto a las medidas para el sector del transporte, estamos contemplando una inyección de recursos superior a 1000 millones de euros, de hecho, el sector del transporte será, naturalmente, el principal beneficiario de la bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible. Además, se movilizarán 450 millones de euros en ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y pasajeros, y se reduce a un mes el plazo de devolución del impuesto sobre hidrocarburos, además de la promoción de la Ley de Trabajo a Precio Justo en este sector, y hoy se incluye, además, una bonificación adicional del 80% a la tasa del buque y la tasa de mercancía de líneas marítimas, de conexión entre la península y los puertos extra peninsulares, pertenecientes al sistema portuario de titularidad estatal.

El Real Decreto Ley también contempla diversos instrumentos para aplazamiento extraordinario en el ingreso de cuotas de la Seguridad Social, que cubre en particular al sector del transporte.

En materia de ciberseguridad, cabe señalar la aprobación del Plan Nacional de Ciberseguridad, con una inversión de más de 1200 millones de euros, para poder responder de manera adecuada al mayor riesgo derivado del contexto geopolítico actual, la aceleración de la constitución del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado, y la adopción, hoy mismo, de un Real Decreto Ley de Ciberseguridad 5G, que traspone a la normativa nacional la caja de herramientas, los distintos instrumentos de la normativa comunitaria, para garantizar, como decía, la integridad y la seguridad en todo el despliegue de inversiones para el 5G en nuestro país.

Finalmente, en materia energética, se desarrollan un conjunto de medidas que van a ser explicadas en detalle por la vicepresidenta tercera, y que se recogen, sintéticamente, en esta diapositiva que tienen ante ustedes.

Por último, voy a detenerme un momento antes de terminar la presentación, justamente, en las medidas adoptadas para apoyar al tejido empresarial y económico.

En primer lugar, las medidas que se destinan a garantizar la liquidez de las empresas y los autónomos de toda nuestra economía. Para ello, hoy hemos aprobado la creación de una nueva línea de avales, por un total de 10 mil millones de euros, que se podrán conceder hasta el 31 de diciembre de 2022, avales que tendrán un periodo de carencia de 12 meses.

Además, vamos a adoptar una flexibilización del código de buenas prácticas, aplicable a todos los avales vivos correspondientes a los créditos COVID, de forma que se rebajen los requisitos para la extensión de vencimientos, ya no es necesario que la cifra de negocios en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a esta ampliación de plazo, y además, se habilita un periodo de carencia de seis meses a petición de los deudores en los sectores más afectados, y se establece la obligatoriedad, para las entidades financieras, de mantener las líneas de circulante para todos los clientes.

Además de estas medidas de liquidez, hoy hemos adoptado un conjunto de ayudas directas, que incluyen 362 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería. Además de estas ayudas directas, hay todo un conjunto de medidas de apoyo al sector, que serán desgarradas en más detalle esta tarde por el ministro de Agricultura, 68 millones de euros para el sector pesquero, más de 500 millones de euros en ayudas a los grandes consumidores de electricidad, 125 millones de euros para la industria gas intensiva y 450 millones para las empresas del transporte de mercancías y pasajeros que se unen, como he señalado, al impacto positivo de la bajada de los carburantes.

En definitiva, hoy ponemos en marcha el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra con una batería de medidas sin precedentes, ambiciosas y eficaces, enmarcadas en una respuesta europea, medidas que nos van a permitir mitigar el impacto económico y social de la guerra y contener los precios de la energía, protegiendo a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables.

Desde hace dos años estamos gestionando una situación excepcional, que todavía está presente, y en este contexto nos llega a España un nuevo reto del exterior, un reto sin precedentes, al que el Gobierno está respondiendo, como hemos venido haciendo desde que nos golpeó la pandemia, con la máxima intensidad, trabajando con agilidad, con empatía, escuchando, dialogando, con los sectores más afectados, los agentes sociales, los grupos políticos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Buena parte de las propuestas y recomendaciones que nos han llegado durante estas intensas semanas están recogidas en este Real Decreto Ley, en el conjunto de medidas que estamos poniendo en marcha, es decir, que todos los colectivos con los que hemos establecido este proceso intenso de diálogo se van a ver reflejados en el Plan Nacional de Respuesta que ponemos en marcha, y por eso, espero, que contaremos con el apoyo de los agentes políticos y los agentes sociales en este momento en el que lo que los ciudadanos españoles quieren, necesitan y merecen es estabilidad, confianza y unidad.

Sin más paso la palabra la vicepresidenta segunda.

Sra. Díaz.- Graciñas, Nadia.

Buenas tardes, gracias por su presencia.

En primer lugar, añadimos en el Real Decreto que les estaba presentando a la vicepresidenta primera, medidas que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros y que, por supuesto, incrementan o dirigen nuevas acciones de protección en el mercado de trabajo.

En primer lugar, aprobamos un paquete de medidas, por un importe superior a 2700 millones de euros, destinadas a la empleabilidad de dos sectores fundamentales del mercado de trabajo, que son los jóvenes y son las mujeres.

Estas medidas serán tratadas y sustanciadas en el seno de la Conferencia Sectorial, junto con las comunidades autónomas, que se celebrará el próximo 6 de abril en un Ministerio de Trabajo.

Son medidas, como digo, que tienen que ver con la mudanza de las políticas activas de empleo, y en la mejora de la empleabilidad, fundamentalmente, de estos dos sectores, y una de ellas, la que tiene que ver con las mujeres, de la mano, también en varios de los programas, con la vicepresidenta tercera, vinculadas a los procesos de transición justa y también al reto demográfico en nuestro país.

En segundo lugar, hoy mismo también, en Consejo de Ministros, ponemos en marcha el mecanismo RED, para uno de los sectores afectados, con carácter sectorial en nuestro país, que son las agencias de viaje, y en comandita, lo hace la vicepresidenta primera, el ministro de Inclusión y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Quiero ponerlo en valor, porque es un elemento de enorme importancia, para que ustedes conozcan que tenemos todos los mecanismos puestos a disposición para nuestro país, y como ya hemos hecho, efectivamente, para proteger el tejido productivo cuando así sea necesario.

Y, en tercer lugar, mañana es el día de las Trabajadoras Domésticas y les anticipo, más allá de, como saben, el anticipo que teníamos de la sentencia que ha dictado el Tribunal de Justicia Europeo, respecto de esta cuestión, el Gobierno de España, con carácter casi inmediato, les anticipo y les anuncio que vamos a ratificar el Convenio 189, toda vez que están todos los trámites culminados, y ahora mismo ya está en la antesala del Ministerio de Exteriores, para ser dirigido a las Cortes Generales. Es una noticia de gran importancia y de mucho interés, sobre todo porque en este momento sí que el Reino de España tiene la obligación de cumplir con la sentencia que ha dictado el TJUE.

Dicho lo cual, el primer mensaje que quiero mandarles es que el Gobierno de España está con su país, y su país son los agricultores, son las ganaderas, son las pequeñas empresas, son las industrias, son las electrointensivas, son los autónomos, son los jóvenes, son las mujeres, son los trabajadores y las trabajadoras, en general, son los pensionistas, a quienes mandamos un mensaje de tranquilidad, porque a pesar del impacto de la inflación no van a ver mermadas suspensiones, son las familias… en general, todos los sectores productivos de nuestro país, la acuicultura o todas cuantas actividades hemos visto estos días, con razón, dirigirse al Gobierno de España y a los consiguientes gobiernos de las comunidades autónomas.

Si este es el Gobierno de España, y este Real Decreto dirige acciones pormenorizadas a cada uno de estos sectores. Me atrevo a decir que es una de las normas con mayor ambición desplegadas en el conjunto de la historia de nuestro país, a pesar de que ya hemos gestionado una pandemia, y, por tanto, he de ponerlo en valor.

En segundo lugar, transmitir que lo vamos a volver a hacer, y que de esta crisis vamos a salir juntos, no va a ser de otra manera. Por tanto, un mensaje de certidumbre y de tranquilidad, a pesar de los miedos, de las turbulencias, o incluso del rigor de la incertidumbre, que apremia en tiempos de crisis económica, como no hemos conocido en otros momentos.

Por tanto, si, lo vamos a hacer de nuevo, optimismo desde la preocupación, y sabiendo que lo vamos a hacer como solamente se puede hacer estas cosas, que es de la mano, con toda la inteligencia puesta en común y juntas.

En segundo lugar, un bloque de medidas que van dirigidas a la protección social y al mercado de trabajo.

Quiero lanzar un mensaje claro a los empresarios y empresarias de este país, en las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, como es el caso de nuestro país, no hay que despedir. El mensaje es claro. Ya lo hemos hecho en la gestión de la pandemia desde el Real Decreto 8/20 y ahora les pido que lo volvamos a hacer.

Y ¿por qué no hay que despedir? No hay que despedir, sencillamente, porque, como he dicho, tenemos todos los mecanismos de protección social, el artículo 47, el de los ERTE ordinarios, y el mecanismo RED del 47 bis, para que esto no se produzca, no tiene sentido recurrir a ERTEs si después la vocación de los empleadores es despedir.

En este sentido, verán como uno de los preceptos, lo que hacemos es incorporar, no una, como habíamos hecho en la crisis y la pandemia, sino que incorporamos dos prohibiciones para despedir, una, que es nueva, establecemos un mandato desde el legislador, que será injustificado el despido cuando se produzca por causas que tienen que ver con el incremento de los precios de la energía. Obviamente, esto quiere decir que el mensaje del legislador es que en los tribunales, como ya hemos hecho en la pasada crisis, calificaran esa acción como lo que ya ha pasado, y como van a recibir ayudas públicas, como ya hicimos, por cierto, nada nuevo, en la anterior gestión, tendrán que devolver todas las ayudas públicas que han percibido.

En segundo lugar, como ya hicimos en la crisis de la pandemia COVID19, obviamente, no pueden despedir los empleadores que acudan a los mecanismos de ERTE, que usted conoce muy bien, y que saben que todos y cada uno de ellos tienen protección social y ayudas públicas.

Este es el mecanismo que está pensado, no sólo en nuestro país, sino diseñado hace muchos años en toda Europa. Lógicamente, en el ánimo de que no tendría ningún sentido, que destinamos recursos públicos, pagando salarios y pagando cotizaciones sociales, si después les permitimos despedir a esas empresas.

Por tanto, el mecanismo es reforzado en esta ocasión e incorporamos otra causa de prohibición al despido.

En segundo lugar, otro mensaje fuerte a las personas que viven de alquiler en nuestro país y un mensaje también a las personas propietarias en nuestro país. El Gobierno de España tiene el mandato, en esta norma, de proteger a las personas que viven de alquiler en nuestro país, personas que necesitan de un derecho fundamental, como es la vivienda, personas para las que, ahora mismo, pagar su renta de arrendamiento no solamente es un obstáculo, sino que a veces, resulta verdaderamente imposible.

La medida que hemos tomado hoy, que tiene, como saben, dos apartados, es la primera vez, en tiempos de democracia que se acomete en nuestro país, y el mandato que le damos a los propietarios y las propietarias de fincas, viviendas y demás, es que tienen que limitar la revalorización de las rentas de arrendamiento en atención a dos criterios, pero siempre con carácter subordinado, a el Índice de Garantía de Competitividad, que, como saben, lo tasan en 2%.

Hacemos dos distinciones. La primera de ellas es para los grandes tenedores. Ahí tendrán que aplicar el índice del 2% y, en el caso de propietarios o propietarias de viviendas físicos, ahí tendrán que hacer dos cosas, una, renegociar su renta, pero siempre, como estoy diciendo, con carácter subordinado, en caso de no alcanzar ese acuerdo, tendrán que fijar la renta en ese límite que hemos establecido del 2%.

En tercer lugar, tomamos medidas de enorme protección social que traen causa, justamente, del impacto que tiene la inflación.

En este sentido, el ingreso mínimo vital, que es dirigido y hemos de ponerlo en valor, como la primera vez que se ha hecho en este Gobierno en democracia, va dirigido a personas con rentas bajas o bien trabajadores y trabajadoras con rentas salariales muy bajas. Estamos hablando, en definitiva, de pobreza laboral, pero si me permiten, estamos hablando también de familias monomarentales. Una vez más, la pobreza tiene rostro de mujer, y en este sentido, por el impacto que está causando la inflación, el ingreso mínimo vital se ve revalorizado en un 15%.

Esta medida la explicará la vicepresidenta tercera, implementamos y mejoramos el bono social hasta alcanzar a 600 mil familias, más allá de las que ya teníamos protegidas en nuestro país.

También tiene que ver con cuestiones, las medidas que aquí abordamos, que son de gran importancia para nuestras democracias, a pesar de vivir asoladas por la guerra de Putin, en el conjunto del mundo.

Son cuestiones fundamentales que tienen impacto de género. Incorporamos dos medidas que son mejoradas, por una parte, por la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de la guerra de Ucrania. En este sentido, lo que hacemos es señalar un procedimiento diferenciado de armonización para aquellas mujeres que sean asoladas por la trata, y buscamos un mecanismo, insisto, armonizado, simplificado, en el que de manera rápida y eficaz, las mujeres víctimas de trata puedan ver paliar esta situación.

Y, en segundo lugar, también entendiendo el enorme trabajo que el Gobierno de España está haciendo en materia de refugiados y de derechos humanos, estamos trabajando con las comunidades autónomas, y verán en la norma, en un sistema de acogimiento privado, por las familias de nuestro país, para que puedan, como hacemos en muchas otras ocasiones, dar cobertura en estos momentos de excepcionalidad absoluta, a las personas víctimas de la guerra de Putin y las consecuencias que están teniendo en el conjunto del mundo.

Finalmente termino, también lo va a explicar la vicepresidenta en tercera, si propiciamos una aminoración de los beneficios de las eléctricas.

Termino como he empezado, diciendo que vamos a salir juntas de esta crisis y dando un mensaje, desde luego, de enorme posibilidad para proteger a las familias, para proteger a los trabajadores y las trabajadoras y para proteger al tejido productivo de nuestro país.

Como he empezado, no es necesario despedir. Tienen ustedes los recursos a su disposición, públicos, para impedirlo, y, como he empezado, y así termino, especialmente, nos dirigimos a los empleadores de nuestro país, para que no despidan a quienes son los más débiles en el mercado de trabajo. Son los jóvenes y las jóvenes de España, por tanto, teniendo el mecanismo de los ERTEs, no es necesario hacerlo.

Nada más, y muchas gracias.

Sra. Calviño.- Adelante.

Sra. Ribera.- Pues muchas gracias y buenas tardes a todos.

Me sumo a mis compañeras en la explicación, en el detalle de las medidas tan importantes que hemos adoptado hoy en un contexto extraordinariamente complejo.

En particular, en el ámbito de los precios energéticos, no solo en los precios energéticos, pero sin duda es uno de los cauces a través de los cuales se produce un impacto mayor en nuestra economía y en el bienestar social de nuestros hogares. Por eso, hemos considerado imprescindible sacar adelante medidas adicionales que se suman a las que, desde hace meses, venimos impulsando desde el Gobierno para facilitar la reducción del impacto del precio de la energía en hogares y en la industria, aplicando cuatro premisas básicas, fundamentales, a las que ha aludido la vicepresidenta primera.

Nuestro objetivo es reducir o contener precios de la energía y evitar, por tanto, que se produzca una espiral inflacionista.

Nuestro objetivo es consolidar la capacidad para asegurar el suministro y una autonomía estratégica, que nos permita vivir de una manera mucho más tranquila, mucho menos sometida a la volatilidad de los mercados internacionales, y para eso es capital impulsar, acelerar, la transición energética.

Nuestro objetivo es la protección, en particular, de los más vulnerables. Evidentemente, la dimensión del impacto del precio de la energía, más allá de los colectivos más vulnerables, hacen que estas disposiciones estén pensadas también para las clases medias, los trabajadores, las PYMEs y los autónomos.

Creemos que es capital extender nuestra capacidad desde el Gobierno para que todos los instrumentos, todos los mecanismos, permitan favorecer el confort, la tranquilidad, del conjunto de los ciudadanos.

Es cierto que la respuesta estructural, decía antes, es la transición energética, es cierto, también, que en este esfuerzo es capital repartir el esfuerzo de forma equitativa entre los distintos actores. El Gobierno hacía una muy buena parte de aquello que tenemos que poner en marcha, pero también, a la hora de diseñar las medidas, procura que se produzca un reparto equitativo de estos esfuerzos.

Hay muchas medidas que debemos adoptarlas a nivel nacional, pero otras requieren cobertura comunitaria. Quiero compartir con ustedes algunas ideas en torno a esa idea de la cobertura comunitaria.

En primer lugar, para destacar la satisfacción del Gobierno, tras la celebración de la reunión del Consejo Europeo los pasados 24 y 25 de marzo, hemos conseguido una respuesta unida, entre todos los Estados miembros, una respuesta que refuerza la construcción de una política energética europea, tanto en el ámbito doméstico, dentro de nuestras fronteras, como en la dimensión exterior, y una respuesta que en esa construcción, consolidación, de una política energética europea, vemos reconocidas algunas de las medidas más importantes que España venía reclamando desde el pasado verano.

La primera, la que quizá ha tenido una mayor repercusión pública, es la de contar con una excepción que nos permita adoptar, urgentemente, medidas que nos faciliten preservar la competitividad de nuestro tejido productivo y el bienestar económico, a través de una minoración del impacto del precio del gas natural, en la configuración del mercado mayorista de la electricidad para España y Portugal.

Pero junto a esto, hay otras medidas importantes que también aparecen reflejadas en el Decreto Ley que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Un mandato, un empoderamiento a la Comisión para facilitar las compras conjuntas, que activen nuestra capacidad colectiva de compra, y que refuerza la coordinación entre los distintos operadores, en el ámbito europeo, la conciliación, la complementariedad de nuestras infraestructuras entre los distintos Estados miembros y, en segundo lugar, la posibilidad de adoptar medidas para actuar sobre los beneficios extraordinarios derivados de los altos precios del gas, revirtiendo esa parte de los beneficios minorados entre los consumidores.

Las tres cuestiones, la posibilidad de aplicar un mecanismo temporal y extraordinario en el mercado eléctrico para evitar el contagio del precio del gas, la minoración, la concertación de nuestras infraestructuras y capacidad de almacenamiento, están presentes en el Decreto Ley que hemos aprobado.

Quisiera hacer un repaso rápido de las medidas más significativas, quizá las que más impacto directo, automático, tienen para el conjunto de la sociedad, ya introducidas por la vicepresidenta primera, tiene que ver con la extensión del tratamiento fiscal extraordinario que recibe la electricidad en nuestro país desde el pasado verano, con una reducción del 10% del IVA, la suspensión del 7% del impuesto a la generación, una reducción del 0,5 de un impuesto especial de electricidad, medida que estará extendida hasta el 30 de junio.

Junto a esto, un acompañamiento, una ayuda especial para el consumo de combustibles que presentó el presidente del Gobierno ayer, 20 céntimos por litro, 15 de los cuales proceden de los presupuestos públicos, 5 céntimos adicionales que deberán aportar las petroleras, si bien, en el supuesto de que haya compromisos firmes, comprobables, de ofertas equivalentes o superiores, podrán verse eximidas de esa prestación, siempre que tengan una aplicación de, al menos, hasta el 30 de junio.

No son las únicas medidas, hay otra serie de medidas sumamente importantes, permítanme que introduzca las más llamativas, las más relevantes.

En primer lugar, introducimos unas actualizaciones en el régimen especial que disfrutan las plantas que producen energía renovable, que cogeneran o utilizan residuos, y que, hasta la fecha, se han visto retribuidas, se han visto financiadas, a través del precio del mercado mayorista, por tanto, han visto como estaban recibiendo muchos más recursos de aquellos que les correspondía, con arreglo a la legislación vigente, con arreglo a lo que se determina, cuál es su rentabilidad razonable durante toda su vida útil.

El Gobierno ha decidido, por tanto, después de meses de conversaciones con estos sectores, el adelantar, el anticipar, el momento en el que se produce la liquidación para valorar si la rentabilidad asegurada se ha visto superada por los ingresos que han tenido, o si, por el contrario, están por debajo de esa rentabilidad. Esto nos permite liberar 1800 millones de euros, que serán destinados, directamente, a reducir los cargos, la parte fija de nuestra factura en nuestros hogares.

Además, junto a esta circunstancia, habilitamos la posibilidad de que, desde el 1 de enero del año 2023, estas plantas de generación renovable puedan vender su electricidad al margen del mercado mayorista, a través de contratación bilateral, por tanto, facilitando una mayor liquidez de electricidad a precios baratos, a precios razonables para operadores industriales o para comercializadores que tenga por destino el vender electricidad a los hogares.

Junto a esto hemos introducido otra medida importante que es extender, como señalaba la vicepresidenta segunda, esa regla de reducción de aquellos beneficios extraordinarios que se puedan producir como consecuencia del incremento del precio del gas, cada vez que con ocasión de una renovación de un contrato, o cada vez que con ocasión de la firma de un nuevo contrato, el precio ofertado al particular, o firmado en el contrato, esté por encima de aquellos umbrales que fijamos en octubre de 2021, es decir, alrededor de entre 67 y 70 euros de precio de la electricidad firmado en el contrato, será el tope a partir del cual se producirá una reducción de los beneficios obtenidos por considerarse que están por encima de aquello que es razonable y que puede ser imputado al desorbitado crecimiento del precio del gas.

Solamente tiene lugar en aquellas ocasiones en la que se producen actualizaciones de contratos o nuevos contratos, en la medida en que la propia comisión y las conclusiones del Consejo se determina que no puede haber retroactividad, ni propia ni impropia, y por tanto, debe aplicarse, solamente, con ocasión de revisiones, renovaciones o nuevos contratos.

Otras medidas importantes tienen que ver con el impacto de los precios de la energía en la industria, tanto de la electricidad como del gas, y por ello hemos incorporado varias medidas muy significativas.

En primer lugar, una reducción del 80% de los peajes que paga la industria electrointensiva por el uso de las redes de transporte y distribución de electricidad, por un importe equivalente a 250 millones de euros.

En segundo lugar, un incremento de la dotación destinada a compensar costes indirectos de CO2 a las industrias que se pueden beneficiar de esta compensación, hasta el máximo de lo que permite la Unión Europea para las anualidades.

En tercer lugar, ayudas específicas para sectores cuyo consumo de gas, cuya intensidad en el consumo de gas, por producto final, es particularmente alta y por tanto se han visto tremendamente afectados por la espiral tan alcista, tan grande, tan importante, que están viviendo los precios del gas en los mercados internacionales.

Uno de los bloques más importantes en este Decreto Ley en el ámbito de la energía, tiene que ver, como decía antes, con la aceleración de la transición energética. Se trata, como bien señalaba la vicepresidenta primera, de impulsar el empleo de los recursos del Plan de Recuperación en acelerar los procesos de transición energética, más eficiencia, más ahorro, más renovables, más inteligencia en nuestros consumos.

Pero también hay algunas medidas regulatorias que nos permiten que esto sea así.

Por ejemplo, hemos introducido una modificación extraordinaria que permitirá un procedimiento súper acelerado de la tramitación de los proyectos de hasta 75 megavatios de eólica, hasta 150 megavatios de fotovoltaica, siempre que tenga lugar en suelos que no cuenten con una especial protección ambiental, suelos con baja afección, que tenga baja afección ambiental, y que no incorporen sistemas de evacuación, cables, hasta más allá de 15 kilómetros.

Es decir, proyectos que se beneficiarán de un procedimiento más ágil, garantista, un escrutinio concentrado en la autoridad ambiental, un escrutinio concentrado, también, en la competencia sustantiva de la autorización de la nueva planta, los responsables en materia de energía, y, evidentemente, si de allí se redujera que es necesario pasar por la tramitación completa, pasarían por la tramitación completa. Un procedimiento con todas las garantías, que ha sido trabajado con la Comisión Europea.

En segundo lugar, se modifica la Ley de Aguas, para permitir el despliegue de fotovoltaica flotante en las masas de agua, dominio público hidráulico, gestionado por las confederaciones hidrográficas, y que será inmediatamente desarrollado en una norma reglamentaria que saldrá a información pública esta misma semana.

En tercer lugar, facilidades adicionales en materia de autoconsumo, reservando hasta el 10% de la capacidad en los nudos de evacuación de alta tensión, para que sea utilizada, para que pueda ser empleada, para poder incrementar el autoconsumo en nuestros hogares, en nuestras pequeñas instalaciones, en nuestros pueblos o en nuestros centros comerciales, en nuestras cubiertas.

Junto a esto, una obligación de los propietarios de los titulares de las redes de distribución, que es donde a veces, se producían los cuellos de botella, para que faciliten el acceso a las redes de distribución de la evacuación de este bio consumo.

Incorporamos, asimismo, dos cuestiones importantes, una que tiene que ver con facilitar el uso, el empleo, el transporte, la canalización de gases renovables, biometano, biogás o hidrógeno verde. Es decir, el poder garantizar que, de manera anticipada a lo que hubiéramos probablemente previsto en un escenario normal, parte de nuestro consumo de gases esté asociada a estas soluciones.

Y, por último, la posibilidad de instalar plantas dedicadas al almacenamiento eléctrico, funcionando solas, de forma aislada, dando flexibilidad y cobertura a nuestro sistema.

Quizá uno de los cambios más importantes y al que tenemos particular cariño desde el Gobierno, por el que tenemos particular cariño en el Gobierno, es el fortalecimiento del bono social, bono Social eléctrico y bono social térmico, con varias cuestiones importantes.

Primero, ampliando aquellas empresas, aquellos titulares de actividades en el ámbito de la energía, que están obligados a aportar, a contribuir a la financiación del bono social, ejecutando, por tanto, una sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 31 de enero de este mismo año.

En segundo lugar, haciendo un cambio, que es simbólico, pero es importante, dejamos de hablar de familias, y pasamos a hablar de personas convivientes, por tanto, facilitando una flexibilidad mayor que hasta la fecha podía estar generando limitaciones o dificultades para personas que convivían bajo el mismo techo, y por tanto, consumían en condiciones parecidas, estaban asociadas a un mismo tipo de contrato.

En tercer lugar, incrementando las referencias para poder ponderar quienes son los hogares que pueden verse beneficiados por este bono, incrementando hasta 0,3 por adulto y 0,5 por niño, la valoración del IPREM a la hora de calcular quienes pueden beneficiarse de este bono.

Y luego, algo muy importante y muy demandado por los colectivos que defienden a las personas vulnerables y los colectivos vulnerables, y es, en primer lugar, la extensión automática de este bono para todos aquellos que son hoy beneficiarios, para los próximos dos años, y, en segundo lugar, la aplicación automática para todos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Esto, asimismo, lleva aparejado un incremento de un crédito extraordinario para poder satisfacer, en ese incremento de personas beneficiarias en una situación especial, con incrementos de las facturas de usos térmicos, un crédito extraordinario, decía, para poder distribuir el bono social térmico el próximo invierno.

Hemos introducido dos medidas adicionales que también quisiera indicar, y con esto acabo, y son algunas medidas incorporadas, asociadas, al sector del gas.

En el sector del gas prorrogamos esa prohibición de incrementar la factura del gas más de un 5% por trimestre, para aquellos que tienen contratada la tarifa de último recurso de gas, es decir, seguimos manteniendo una laminación del incremento de la factura en la mayor parte de los hogares, así como mantenemos una flexibilidad para los contratos de suministro de gas de los industriales. Nos parece importante que en estas circunstancias se pueda contar con estas medidas, en un contexto en el que, difícilmente, podemos establecer el precio del gas en los mercados internacionales, pero sí debemos facilitar el que sea llevadero este impacto en nuestra economía.

Y también, en línea con lo aprobado por el Consejo Europeo, como decía antes, hemos incorporado, hemos traspuesto ya, lo que resultaría de las obligaciones de almacenamiento de gas a nivel europeo, acordadas por el Consejo la semana pasada. ¿Por qué? Porque la preocupación con respecto al próximo invierno, hizo que los jefes de Estado y de Gobierno reunidos el jueves y el viernes en Bruselas, establecieran un calendario muy exigente, para asegurar que la capacidad de almacenamiento de gas en almacenes subterráneos o en almacenes de centrales de regasificación, en cada uno de los Estados miembros, alcanzara el 90%, como tarde para el 1 de octubre.

Por tanto, hemos incorporado las obligaciones que esto representa para nuestros gestores de almacenamientos, y hemos dispuesto de un crédito extraordinario para financiar ese servicio de almacenamiento, a sabiendas de que, si no, el pago de ese servicio de almacenamiento, impondría inmediatamente un incremento de la factura de gas en nuestros hogares.

Junto a esto, y junto con el compromiso de seguir impulsando medidas de ahorro y eficiencia energética, yo creo que damos cumplida cuenta de un elenco de medidas muy, muy variado, donde, en sectores muy distintos, estamos intentando activar palancas para poder tener respuestas completas para el conjunto de la sociedad. Muchas gracias.

Director General de Información Nacional.- Abrimos un turno de preguntas, si os parece, nos ayuda, como sabéis, si nos facilitáis nombre y medio, y sin más, si os parece, comenzamos aquí, a mi izquierda, Belén.

Pregunta.- Muy buenas tardes, vicepresidentas. Belén Carreño, de Reuters.

Tengo cuestiones para cada una, con su permiso.

Empecemos con la vicepresidenta tercera, más que cuestión, saber si nos puede usted detallar algo más del plan que le aprobaron la excepción ibérica, que se aprobó el viernes en el Consejo. ¿Cuál será ese límite para el precio del gas? ¿Cuándo estará el plan terminado y podrá presentarse? ¿Cuándo comenzará a operar en España y se podrá percibir el resultado, el impacto en el precio del mercado mayorista?

Para la vicepresidenta primera, preguntarle si todo esto impacta, de alguna forma, en las cuentas públicas, si se va a revisar el déficit o los niveles de deuda que pensaba emitir el Tesoro durante este año, y por qué tres meses, si piensan que en tres meses ya, se habrán contenido los precios de la electricidad, o la inflación estará lo suficientemente domada como para dar por terminado este plan de rescate.

Y para la vicepresidenta segunda, preguntar si usted tiene contacto permanente con los agentes sociales, si hay ambiente para el famoso Pacto de Rentas y cómo ha sido acogido por parte de los diferentes agentes sociales estas propuestas, especialmente la prohibición para despedir. Muchas gracias.

Sra. Calviño.- Bueno, pues respondemos en el orden en que se han planteado, vicepresidenta.

Sra. Ribera.- Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén, por la pregunta.

Es verdad que la que esta excepción ibérica es enormemente importante. Tenemos una situación que dificulta el que haya liquidez en el mercado, precisamente porque la capacidad de introducción de electricidad nueva, o de variación de precios, o de presencia de otros operadores, está muy restringida, físicamente, por las interconexiones, y, sin embargo, segunda peculiaridad del mercado ibérico, tanto en España como en Portugal, los niveles, la presencia de energías renovables en nuestro mix eléctrico está muy por encima de la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, es decir, contamos con un parque de generación cuyos precios son muy inferiores a los del gas, y, sin embargo, se ven enormemente perjudicados por el precio del gas.

Por lo tanto, estas dos consideraciones fueron tomadas en cuenta por el Consejo, del mismo modo que lo fue el hecho de que asumiéramos el compromiso de que se trata de una modificación temporal, que no prejuzga lo que pueda ser el debate de fondo sobre cómo ha de evolucionar el mercado mayorista en el ámbito europeo, desde que en el próximo mes de mayo, la Agencia de Reguladores Energéticos Europeos, presente su informe sobre cómo valora la situación de los mercados europeos, o como debe hacer evolucionar, a sabiendas de que el diseño actual, de los años 90, estaba pensado para pocos operadores y con precios relativamente próximos, y en estos momentos, lo que vivimos ya, es múltiples, muy distintos operadores, y vemos con tensiones, por esa disparidad de precios asociada a algunas tecnologías.

Estamos trabajando intensamente, tenemos que presentar una propuesta conjunta España y Portugal, por tanto, estamos trabajando con nuestros colegas portugueses, del mismo modo que estamos trabajando con la Comisión en el diseño de cada uno de los elementos.

Queremos notificar esa propuesta a lo largo de esta semana. Nos consta que, a la Comisión, incluso en ese supuesto, en esa voluntad, expresada también en las conclusiones del Consejo, de hacer una gestión lo más ágil posible de la valoración o de la propuesta, recomendaciones que hagan de nuestra propuesta, del diseño de nuestro mecanismo, le llevará, lógicamente, algunas semanas, por cómo funciona entre los distintos servicios.

Los extremos, cada uno de los elementos de la propuesta que estamos haciendo, están, en estos momentos, en fase de discusión. Nuestra previsión es que pueda estar aprobado, autorizado en tres o cuatro semanas y nuestra intención, evidentemente, es que tan pronto esté autorizado, poderlo incorporar inmediatamente a nuestro ordenamiento y hacerlo inmediatamente aplicable.

Sra. Calviño.- Adelante.

Sra. Díaz.- Gracias Belén por la pregunta.

Lo primero que me gustaría manifestar es que, lo que mejor podemos hacer para ayudar a la negociación de la AENC, (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva), que no es un pacto de rentas, es bajar la inflación. Creo que esto es en lo que está el Gobierno de España y, singularmente, claro que va a ayudar a que los agentes sociales vean confutadas sus funciones.

En segundo lugar, creo que en nuestro país los agentes sociales siempre han estado a la altura, y me parece que, en este momento, lo van a volver a hacer. Pero, tengan en cuenta, que este marco es absolutamente bilateral. Los salarios en nuestro país, a excepción del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que fija el salario mínimo, los salarios los fijan los agentes sociales, por tanto, mi convicción es que van a estar, o deberían de estar, a la altura de nuestro país, en una situación de enorme incertidumbre.

Y, en tercer lugar, yo creo que la posición sobre la prohibición de despedir o no, y las consecuencias de los ERTEs y mantenimiento del empleo, ya están negociadas desde el Real Decreto 8 hasta todos los sucesivos, que tuvimos en nuestro país, conocen las características de los ERTEs y lo que no tiene ningún sentido, lo vuelvo a explicar, es que con los impuestos de los ciudadanos, paguemos salarios y paguemos cotizaciones sociales, y a la vez que se pueda despedir.

Pero insisto, estas medidas ya estuvieron negociadas en la anterior crisis y no estamos haciendo nada que no sea lo que se ha hecho.

Es verdad, que incorporamos una causa más, como causa del despido, por el incremento de los precios de la electricidad. Pero insisto, es un acuerdo bipartito, en el que el Gobierno de España, en lo que puede ayudar, estaremos, pero es de ellos, y, en fin, que están a la altura de las circunstancias, y lo más inmediatos, bajar el precio de la luz, de la energía.

Sra. Calviño.- Sí, justamente, yo creo que es una buena introducción para, voy a empezar por la segunda pregunta, y es que, efectivamente, hoy, lo que estamos poniendo en marcha es un plan de choque, un plan que es urgente, necesario y contundente, con un conjunto de medidas que nos tienen que permitir amortiguar el impacto negativo de la guerra desde el punto de vista económico, sobre el crecimiento y la creación de empleo, y frenar la escalada de los precios de la electricidad, para que cuanto antes lleguemos al máximo de inflación, cuanto antes cambiemos la tendencia actual en la que se encuentran los precios, en el conjunto de los mercados.

Ese es el objetivo del paquete, pero todos somos conscientes de que, una de las consecuencias más importantes de esta guerra a las puertas de Europa, es la enorme incertidumbre, que marca en este momento la toma de decisiones, y por eso, hemos articulado un paquete para tres meses, que responde de forma contundente a las necesidades del conjunto de la economía y de los sectores más afectados, y, por supuesto, lo hemos hecho desde el principio de la pandemia, adoptaremos estas medidas para responder a la evolución que pueda producirse en cuanto a las circunstancias geopolíticas, de seguridad, económicas o sociales.

Yo creo, y lo he tratado de transmitir en esa primera intervención, que este es un Gobierno que ha dado claras muestras, durante estos dos años, de su capacidad para actuar de forma eficaz, de su determinación y su dedicación, para trabajar intensamente, y responder de la manera más ágil y también con mayor impacto posible, a cualquier circunstancia a la que nos tengamos que enfrentar. Lo hemos hecho ante la pandemia de la COVID, y lo estamos haciendo, de nuevo, ante este nuevo reto, que ha llegado a nuestro país y al conjunto de Europa.

Y con respecto a la pregunta sobre la financiación y cuál puede ser el impacto, evidentemente, los 10 mil millones que estamos habilitando, adicionales, de avales públicos, tendrán el reflejo presupuestario que se corresponde en los próximos años. Quiero señalar, aprovecho para señalar que, verdaderamente, los créditos dudosos, los impagos, el deterioro de los créditos correspondientes a los avales concedidos para la respuesta a la COVID, ha sido muy limitado. Además de estos 10 mil millones de euros, vamos a movilizar 6 mil millones de euros de, entre ayudas directas y reducción de impuestos, que tendrán un impacto, por supuesto, de aumento de los gastos o reducción de los ingresos sobre los Presupuestos Generales del Estado, pero, en ese sentido, el punto de partida que tenemos es sólido, puesto que, como se anunciará el día 31, en el que se cierran las cuentas correspondientes a 2021, nuestra previsión es que las ratios de déficit y deuda pública sobre el PIB, estén por debajo de las previsiones del Gobierno. Y eso nos da un punto de partida, en términos de capacidad de actuación, desde el punto de vista fiscal, que nos permite abordar estas medidas tan contundentes, con un impacto fiscal tan importante en este momento.

Director General de Información Nacional.- Fernando.

P.- Si, buenas tardes. Fernando Garea, de El Español.

Quería preguntarle, primero, si tiene intención, todavía, de llegar a un acuerdo sobre estas medidas con otros partidos, especialmente con el Partido Popular, si para eso está dispuesto el Gobierno a tramitarlo, el Decreto de Ley, como proyecto de ley, teniendo en cuenta que la mayoría de las medidas tienen un plazo de tres meses.

Y, por último, el Partido Popular sostiene que se incumple el acuerdo de la Conferencia de Presidentes, que hablaba de reducción de impuestos, no de los que ya había prorrogado, sino de nuevas reducciones de impuestos. Yo quería saber si es posible aún esto, y si considera que se incumple o no. Muchas gracias.

Sra. Calviño.- Bueno, yo creo que, desde el primer momento, nuestro mensaje ha sido muy claro. Este es un Gobierno que está, en este momento, buscando la unidad, porque si no es ahora, después de dos años de pandemia, de un volcán, de una sucesión de dificultades, y ante un reto tan extraordinario como una guerra a las puertas de Europa, cuándo vamos a responder unidos los españoles, aunando los esfuerzos de los agentes sociales, de los agentes políticos…

Este es el mensaje claro que hemos lanzado desde el primer momento, y no es un mensaje simplemente con palabras, ha sido un mensaje claro desde el punto de vista de los hechos.

En estas últimas dos semanas hemos realizado, verdaderamente, un maratón de reuniones, yo no lo voy a calificar de otra manera, en el que las vicepresidentas, los distintos ministros, el ministro de la Presidencia, hemos tenido reuniones con todos los grupos políticos, con los agentes sociales, reuniones de horas, con los sectores más afectados, reuniones, una conferencia sectorial con las comunidades autónomas, las ciudades autónomas y los ayuntamientos. Hemos tramitado, hemos leído, hemos atendido cientos de páginas, de sugerencias y de propuestas, de todos estos agentes sociales y políticos, y como he señalado anteriormente, creo que todos ellos se van a ver reflejados en las medidas que estamos poniendo en marcha hoy, y por eso confío en que tendremos un apoyo unánime del Parlamento cuando llevemos a convalidación el Real Decreto Ley, y el todo el resto de proyectos normativos que pueden necesitar ese trámite parlamentario.

Yo creo que este es el momento de la unidad, y es un momento que, además, creo da una oportunidad a todos los partidos políticos de estar a la altura de las circunstancias, y apoyar una respuesta, un Plan Nacional de Respuesta, que verdaderamente permita a amortiguar el impacto negativo de esta agresión y de esta crisis que nos viene de fuera.

En este sentido, me gustaría poner, no sé si puedo volver a la presentación, pero yo creo que en la presentación está muy claro, que este paquete de medidas incorpora rebajas de impuestos. Estamos hablando de una bajada del impuesto de valor añadido de los impuestos específicos de la electricidad, de medidas que, si bien no son impositivas en sí mismas, suponen una rebaja del coste de los carburantes, una rebaja de todos los carburantes, que van a llegar a toda la sociedad, con un impacto muy importante en aquellos sectores que utilizan los vehículos, el transporte de mercancías, el transporte de pasajeros, dentro de su actividad profesional, y en este sentido, estamos hablando de un impacto fiscal muy significativo, que ha sido estimado en 10, 12 mil millones de euros, si se prorrogase durante todo el año.

Todas estas medidas refuerzan las de ayuda directa que hemos dirigido a el conjunto de la economía y a los sectores más afectados, sectores que, por cierto, explícitamente, nos han pedido que no redujese los impuestos, porque para ellos no servían ese tipo de medidas, es el caso del sector del transporte.

Es decir, que este es un Gobierno que responde sobre la base de la eficacia del sentido común, tratando de adoptar en cada momento aquellas medidas que puedan ser más eficaces. Allí donde la medida más eficaz es una acción sobre los impuestos, lo hacemos, allí donde la medida más adecuada es una ayuda directa, así lo hacemos. En cada caso, respondiendo de la manera más eficaz y más directa, para llegar, como decía, al conjunto de la sociedad y a los sectores y los colectivos más vulnerables y más afectados.

Director General de Información Nacional.- Mercedes.

P.- Sí. Muchas gracias. Mercedes Serraller, de Voxpopuli.

A la vicepresidenta Calviño, el gobernador del Banco de España acaba de vaticinar un dato particularmente negativo, un repunte de inflación muy significativo en marzo.

Si, el gobernador del Banco de España acaba de vaticinar que va a haber, en marzo, un dato particularmente negativo, un repunte de la inflación muy significativo, y llama a evitar un impulso fiscal generalizado. Recomienda, en cambio, respuestas focalizadas en los más vulnerables. ¿Qué efecto en la inflación y margen fiscal puede tener una ayuda directa a toda la población?

A la vicepresidenta Díaz, ayer mostró sus discrepancias con la vicepresidenta Calviño, por el alcance del veto al despido.

Yo quería, si nos lo puede explicar, de la nueva causa que ha enunciado, ¿solo se prohíbe el despido objetivo por el alza de la energía, u otras causas económicas derivadas de la guerra, como problemas de suministros, en agricultura, industria, turismo, u hostelería no se consideran causas objetivas?

Y de la vicepresidenta Ribera, ¿cuáles son las modificaciones de reducir el exceso de beneficios en el mercado eléctrico para reforzar su eficacia y adaptarlo a las directrices europeas? Muchas gracias.

Sra. Díaz.- Gracias Mercedes por la pregunta.

La vicepresidenta Calviño y yo misma decimos lo mismo, sobre todo porque lo explicitamos en el artículo 43 del Real Decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros.

Una de las causas de las que hemos hablado ya estaba en la gestión de la crisis anterior, y tiene que ver con los empleadores que se acojan a ERTEs. Como recuerdan ustedes, tienen un montón de obligaciones, que están en los preceptos de la Reforma Laboral, pero una de ellas es el mantenimiento del empleo, y otra es que no se podía despedir.

¿Por qué? Pues porque los ERTEs es que es un mecanismo que recibe recursos públicos, de todos y todas las españoles y las españolas, y no tendría demasiado sentido, insisto, que paguemos nóminas y paguemos cotizaciones sociales, a través del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, para permitir despedir.

Lo que hacemos ahora es que esta causa, que van a ver en un artículo 43, se añade una, justamente, por lo que usted señalaba, y es que puede haber una causa próxima, en el sentido que en lo inmediato suba mucho los costes energéticos de las empresas, y en ese sentido puedan tener la tentación de despedir. Ahí, ¿qué les decimos? que es una causa injustificada y que, además, en el caso de hacerlo, igual que en los ERTEs, tendrán que devolver todas las ayudas públicas.

Pero insisto, no pongamos el foco ahí. Lo importante es, y este es el mensaje en positivo del Gobierno de España, que tenemos los mecanismos para no despedir. Ya lo hemos hecho. Hemos salvado a más de 3600 millones trabajadores y trabajadoras, y a más de 550 mil empresas.

Por tanto, en el caso de que exista una escasez de suministros, o el impacto del precio energético sea fuerte, tenemos los mecanismos de protección, para que no tengan, insisto que despedir. Esto que decíamos, no hay que bajar la persiana.

Por tanto, la señora Calvino y yo misma estamos diciendo lo mismo.

Sra. Ribera.- Muchas gracias por la pregunta, Mercedes.

Lo que hemos visto es que la Comisión, en línea con lo que nosotros mismos aplicamos en el Decreto Ley de octubre, considera que no se debe introducir minoración en los contratos ya firmados.

Sin embargo, sí creemos que, con ocasión de la renovación de contratos, o con ocasión de la firma de nuevos contratos, es importante incorporar unos límites cuantitativos.

Del informe recibido desde la CNMC, a pregunta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre la información aportada por los distintos actores, desde la aplicación inicial del Decreto Ley de octubre, lo que hemos podido observar es que ha habido varios efectos positivos. En líneas generales, la actualización de precios, cuando se ha producido, que no siempre ha sido el caso, no ha tenido lugar, actualizándose los precios, a la referencia del mercado spot, del mercado diario, pero sí se actualizaban los precios tomando como referencia a los mercados a futuros.

En estos momentos, lo que introducimos como mejora en esta extensión del Decreto Ley, es que con ocasión de la actualización o de los nuevos contratos, aplicaremos un umbral a partir del cual se minorar los precios, es decir, incidiendo en favor de que la internalización de un precio elevado en los futuros de medio y largo plazo, no se produzca, incentivando, que es lo que nos gustaría, la firma de contratos bilaterales o la actualización de contratos bilaterales, por cuanto más tiempo mejor considere las partes, pero dentro de umbrales razonables y no dando por hecho que el precio de la electricidad pueda seguir extraordinariamente alto, con independencia de cuál sea el nivel de penetración de energías renovables, o con independencia de cuál sean el resto de medidas que se puedan incorporar en el ordenamiento jurídico.

Sra. Calviño.- Gracias.

Y con respecto a las previsiones del gobernador del Banco de España, coincido totalmente con él.

En primer lugar, estamos en los meses del año en los que la previsión de alza de precios es más importante. Hay una tendencia alcista causada por la evolución de los precios de la energía, que se está ahora proyectando en otras de nuestra economía, y también hay un efecto base, que hace que estemos en ese momento de alza importante de los precios, y por eso el Plan Nacional de Respuesta tiene como objetivo prioritario que cuanto antes alcancemos el máximo, que cuanto antes invirtamos esa tendencia, y cuanto antes empiece la desescalada de los precios, que todos los organismos prevén en segunda del año.

Y comparto al 100% que, precisamente, dado que nos encontramos ante un shock de oferta, y nos encontramos en una circunstancia en la que los problemas vienen por el alza de los precios de la energía, de las materias primas y disrupciones en las cadenas de suministros, la medida adecuada no puede ser, en ningún caso, una bajada generalizada de impuestos, que lleve a un estímulo fiscal del conjunto de la economía.

Y por eso este paquete de medidas, como digo, muy potente, muy contundente, lo que hace es actuar sobre aquellos sectores que se ven más directamente afectados y aquellos colectivos de nuestra población que se ven más directamente afectados, para amortiguar, para cubrir, en parte, el impacto negativo derivado del alza de los costes de los carburantes y el resto de efectos que estamos viendo en los distintos mercados.

Es decir, que el Plan de Respuesta que está poniendo en marcha hoy el Gobierno de España está absolutamente alineado con las recomendaciones, tanto de los bancos centrales, como del resto de los organismos internacionales, porque nos enfrentamos a una situación que es muy diferente de la de la pandemia. Hay un impacto claro, desde el punto de vista de la velocidad o el impulso del crecimiento económico y, sobre todo, de la evolución de los precios, pero no estamos en una situación de paro total de una parte importante de nuestra economía, como sucedió en la primavera de 2020.

Director General de Información Nacional.- Allí al fondo, Inma.

P.- Gracias. Inma Carretero, de la Cadena SER.

Por un lado, me gustaría retomar la pregunta de Fernando Garea, de si está dispuesto el Gobierno a tramitar como proyecto de ley este decreto para que puedan hacerse aportaciones de los grupos, y me gustaría conocer la opinión de las vicepresidentas primera y segunda sobre la generalización de la medida de los 20 céntimos de la bonificación, este Gobierno siempre ha defendido el carácter progresivo de las medidas fiscales, es una medida que generalizan a todos los consumidores, da igual el nivel de renta, me gustaría saber si es coherente esta decisión con los planteamientos habituales del Gobierno, y también para las dos, quería saber si teniendo en cuenta el gran desembolso de fondos públicos que va a suponer esta respuesta y que pueda suponer la respuesta económica a la guerra, si creen que en esta legislatura es el momento de llevar ya a la práctica la reforma fiscal y la subida de impuestos que está pactada por el Gobierno de coalición.

Y a la vicepresidenta Ribera quería preguntarle por el precio tope del gas. Ayer la vicepresidenta Calviño dijo que es una cuestión técnica. La ministra Irene Belarra ha dicho hoy que es una cuestión política, la fijación del precio en torno a unos 30 euros, dice ella. Me gustaría saber cuál es el criterio de esa fijación del precio que van a presentar a la Comisión Europea, y si no puede ajustar una cifra aproximada, dado que hay una parte del Gobierno que está hablando de 30 euros. Gracias.

Sra. Calviño.- Sí, voy a responder, con respecto a la primera pregunta, yo creo que en ese momento nosotros hacemos una propuesta y vamos a ver cuál es la respuesta que dan los grupos políticos. Ya he señalado anteriormente que nosotros confiamos en que en este momento prime la unidad, la responsabilidad y, por tanto, haya una respuesta positiva por parte de los grupos políticos, pero no voy a adelantar acontecimientos hasta que veamos si el señor Feijoo aprovecha esta oportunidad que tiene para mostrar un cambio de orientación del Partido Popular en un tema tan importante para el conjunto de los ciudadanos españoles.

Con respecto a la valoración de la medida o de la rebaja del coste de la gasolina, del gasóleo y del resto de los carburantes, es evidente, y en estos últimos días se han planteado algunas preguntas sobre si tendríamos que calibrar de una manera diferente esta medida, de forma que se atienda a la capacidad adquisitiva de las personas, está claro que esta medida beneficia especialmente a las clases medias de nuestro país, beneficia especialmente a los sectores del transporte por carretera, tanto de mercancías como de personas, y a todos aquellos transportistas profesionales, los colectivos que utilizan los carburantes para su trabajo diario.

Además de esta medida, estamos poniendo en marcha toda una red de seguridad que se amplía, que se refuerza, con ese aumento del Ingreso Mínimo Vital, la protección ante el alza de los arrendamientos, el refuerzo del bono social, eléctrico y térmico, todo el conjunto de medidas que se orientan a los colectivos más vulnerables, por eso yo creo que se trata de un Plan de Respuesta que se dirige al conjunto de la población española, que yo creo que ha sido lo que ha expuesto en su introducción la vicepresidenta segunda, de una manera muy clara.

Y sí quiero aclarar, además, que yo creo que todos los ciudadanos lo entenderán. Nosotros no podemos pedirle al gasolinero que, a la persona que va a repostar. proporcione su nómina o su declaración de la renta. Queremos poner en marcha una medida de carácter general, que tenga un impacto macroeconómico significativo, aliviando al conjunto de la población española, que, quien más, quien menos, se vea afectada por esta alza de los carburantes en todo el amplio espectro de los carburantes de que se utilizan en nuestro país.

Y con respecto a la tercera pregunta sí quiero, señalar, antes de darle la palabra a la vicepresidenta tercera, quiero señalar que en este momento estamos concentrados en dar una respuesta con un plan de choque eficaz, contundente, ante un reto absolutamente extraordinario, como es el impacto de la guerra en la frontera de Europa.

Vamos a centrar, en este momento, a concentrarnos en garantizar, mitigar ese impacto negativo, apoyar a los sectores más afectados, proteger a los colectivos más vulnerables, garantizar un reparto justo del impacto de la guerra y acelerar el despliegue de las inversiones del Plan de Recuperación, muy especialmente aquellas que nos permitan, cuanto antes, tener autonomía estratégica en el ámbito energético.

Estas son las prioridades en las que está centrado el Gobierno, y yo creo que estas marcan, claramente también, las prioridades que tienen el conjunto de la sociedad española en este momento.

Adelante.

¿Querías añadir algo, Yolanda?

Sra. Díaz.- No. Lo que acaba de decir la vicepresidenta.

Sra. Ribera.- Muy bien. Pues muchas gracias, Inma, por la pregunta.

Yo diría tres cosas. Empezaría por este comentario que ha hecho la vicepresidenta primera. Yo creo que en estos momentos en lo que estamos empeñados es en paliar al máximo el impacto que está teniendo en nuestra economía, y sabemos que trabajar en el modelo regulatorio que establece como se fijan los precios de la luz es capital. Queremos bajar el precio de la luz, y contamos con una habilitación que es extraordinaria y sumamente importante. Importante desde el punto de vista político, importante desde el punto de vista económico.

El detalle de cómo se haga esto es algo, decía antes, a preguntas de Belén Carreño, que estamos trabajando con Portugal y con la Comisión, porque es con quien debemos trabajar, y hay muchos elementos técnicos, y un elemento técnico es el umbral que se toma como referencia.

Ahora bien, sabemos que, en cualquier caso, en cualquier escenario, el resultado va a ser que el precio de la electricidad en España y en Portugal va a ser más bajo, considerablemente más bajo de lo que es hoy, 230 euros, de lo que fue hace 15 días, 500 y pico euros.

Y esto es enormemente importante. Quiero decir que el precio del gas, para que entendamos de qué estamos hablando, ha estado en torno a 20 euros, desde que empezó a funcionar el mercado ibérico del gas. Estuvo a 50 euros de media, en el año 2021 y en lo que llevamos de 2022, la media es por encima de 120.

Por tanto, negociar cuál es el umbral de referencia que, a la Comisión le parezca razonable, no es algo que se pueda resolver en un contexto a la ligera, es un proceso complejo, que hay que explicar porque se utiliza una referencia u otra, y que requiere un trabajo importante detrás.

Lo que sí es importante destacar también, es que sea cual sea ese umbral de referencia, a partir del cual se produce el ajuste ex post, nuestro sistema, nuestro instrumento, en lo que trabajamos, es en algo que garantiza que se va a pagar el gas a la electricidad que se produce con gas. No se trata de que vamos a dejar de pagar por encima de ese umbral, porque a veces uno piensa, por lo que oye, que es que qué bien, nos lo van a regalar, nadie nos lo va a regalar. Marca el umbral a partir del cual se produce el ajuste, determina el precio de la electricidad y se produce el ajuste, a posteriori, del precio del gas.

Quiero decir con esto, hay distintos elementos que tienen todavía una cierta complejidad técnica que están en discusión. Es obvio que el objetivo político es reducir el precio de la electricidad y en eso estamos todos de acuerdo. Y es obvio también que cada uno de los componentes, cada uno de los elementos es relevante para el resultado, pero requieren de un trabajo técnico que se está produciendo en este momento.

Nuestro compromiso, nuestra voluntad, es que cuanto más bajo sea el precio que finalmente la Comisión considera que pueda autorizar, cumpliéndose el resto de los requisitos de la habilitación que nos da, que no haya distorsiones del interés general, del funcionamiento del mercado, que sea asumible para el conjunto de la Unión Europea, será mejor para nosotros, pero eso no significa que uno se marque un objetivo y por encima del cual sea un fracaso. Estamos en pleno proceso de negociación y de trabajo con la Comisión y con nuestros colegas portugueses, puesto que se trata de un mercado integrado, en el que la respuesta, pero también la propuesta, debe ser una propuesta conjunta.

Sra. Calviño.- Creo que me gustaría resumir en tres palabras lo que ha explicado magníficamente la vicepresidenta tercera, porque, efectivamente, es una cuestión política y técnica.

¿Cuál es el objetivo del Gobierno de precio del gas? La respuesta política, es el más bajo posible.

Para determinarlo hay que hacer un trabajo riguroso, técnico, que es el que estamos desarrollando, la vicepresidenta tercera, Portugal, la Comisión Europea, para determinar cómo se puede fijar ese nivel, pero el objetivo del Gobierno de España está claro, el más bajo posible.

Director General de Información Nacional.- Pues una pregunta más, si les parece, vicepresidentas.

Esther.

P.- Buenas tardes, Esther Redondo, de La Sexta.

Quería preguntar a la vicepresidenta primera, el tema de la bonificación en los combustibles, quería saber a partir de qué día, en concreto, entra en vigor, y si tiene algún mecanismo de aplicación concreto, o directamente, que vaya a repostar a la gasolinera, ya se va a encontrar con ese descuento.

Y luego quería preguntar también a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por unas declaraciones que ha hecho el señor Garamendi, en las que ha dejado claro que no le gusta nada su propuesta de prohibir los despidos. Ha dicho, textualmente, que si usted no permite despedir, pues que monte usted su propia empresa, y sabrá cómo se funciona. Quería saber si puede contestar a estas declaraciones. Gracias.

Sra. Díaz.- El contesto rápidamente.

Ya he contestado, pero seguramente el señor Garamendi conoce mejor que yo, que ya ha pactado él, en nombre de la CEOE, este mecanismo en la crisis de la pandemia, y seguro también que tiene la suficiente empatía social para entender y explicar a la ciudadanía en nuestro país que no se puede recibir dinero público, a modo de cotizaciones a la Seguridad Social, pagadas por los españoles y las españolas, y a la vez, despedir.

Como este mecanismo ha sido muy exitoso y ha funcionado muy bien en la gestión de la pandemia, estoy segura que lo conoce perfectamente, más allá de que, comprendo bien, que él es un empresario y representa a los intereses de los empleadores de nuestro país.

Pero, insisto, él mismo ha negociado esta cláusula, igual que la cláusula del mantenimiento del empleo, en una gestión de una crisis que creo que ha sido muy eficaz.

Sra. Calviño.- Adelante, vicepresidenta.

Sra. Ribera.- Muchas gracias, Esther, por la pregunta, con respecto a cuándo y cómo se aplica esta previsión.

La intención es que se aplique a partir del 4 de abril, si no me confundo, con las siguientes consideraciones importantes

En el momento del pago aparece recogido el descuento que se corresponde con cada uno de los litros, se habilitará un mecanismo de acceso a liquidez "ex ante", a las estaciones de servicio que así lo soliciten, directamente a la Agencia Tributaria, en función del volumen de ventas que hayan sido declarados, que conste en la Agencia Tributaria en los meses anteriores, para poder facilitar la liquidez por parte de las estaciones de servicio, y con respecto a los 5 céntimos de prestación, lo que hemos activado es un mecanismo que permite a las petroleras el poder hacer una oferta, que debe ser pública, debe haber sido comunicada, oficialmente, al Ministerio, y que, evidentemente, será seguido el cumplimiento de su aplicación, por si consideran que, en lugar de este descuento inmediato, a través de las estaciones de servicio, quieren implementar un mecanismo paralelo que esté por encima de esos 5 céntimos, y lo cierto es que hemos visto como las tres marcas de referencia han hecho anuncios por encima de ese umbral en estos en estos últimos días.

Y esto se suma a los descuentos adicionales o a tratamiento fiscal distinto que tiene los combustibles para uso profesional, y que no se ven alterados, lógicamente, como consecuencia de estas decisiones.

Sra. Calviño.- El objetivo que tenemos es que estas medidas entren en vigor, esta medida en concreto, el 1 de abril. Se está trabajando intensamente para que entren en vigor el 1 de abril.

Están los equipos de la Agencia Tributaria, en este momento, trabajando muy intensamente para que pueda ser eficaz en esa fecha y que, por tanto, todos los ciudadanos lo puedan ver, directamente, en el momento en el que vayan al surtidor.

Y sí, me gustaría reforzar el mensaje que ha compartido la vicepresidenta segunda. Yo lo decía ayer en otra entrevista. Me parece que es de sentido común que las empresas que reciben ayudas públicas, ya sean directamente, ayudas directas o bonificaciones correspondientes a los ERTEs, no pueden utilizar estos recursos públicos para abordar despidos.

Eso es el objetivo prioritario que tenemos con la movilización de ese volumen, sin precedentes, extraordinario, de recursos públicos. El objetivo es claro, que, inmediatamente, se cambie la tendencia en la que estamos en este momento, en cuanto al alza de los costes de las empresas, en cuanto a la disrupción en las cadenas de suministro, en cuanto al alza de los precios en general, y que podamos, cuanto antes, tener una situación de una mayor estabilidad, de una mayor confianza y una perspectiva que nos permita mantener el fuerte ritmo de crecimiento económico y creación de empleo en el que estábamos desde mediados del año pasado, y que puede verse, que está viéndose ralentizado, como consecuencia de esta guerra.

Terminamos así. Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)