Comparecencia de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, del ministro de Justicia y de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030

La Moncloa

MINISTRA DE HACIENDA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: María Jesús Montero

MINISTRO DE JUSTICIA: Juan Carlos Campo

MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030: Ione Belarra

Portavoz.- Buenas tardes a todos y a todas y gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa tras la celebración de la reunión del Consejo de Ministros.
Me alegra verles presencialmente en esta sala, pero si me permiten, especialmente a Juanma Romero, que lo veo hoy aquí, y que yo creo que todos lo hemos echado de menos durante su período de convalecencia, así que espero que su presencia sea signo de también de su recuperación y por tanto, bienvenido nuevamente a esta rueda de prensa.
Como veis, hoy me acompañan en esta mesa el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que va a informar sobre un importante anteproyecto de ley que busca mejorar la eficiencia organizativa del servicio público de Justicia y que ha sido aprobado en el marco del Consejo de Ministros.

Y también me acompaña en el día de hoy la ministra de Derechos Sociales y Agenda 20-30 Ione Belarra, a quien damos la bienvenida por primera vez a esta sala de prensa que seguro que no será la última y que nos acompañará a lo largo de los próximos meses. Ella nos va a informar sobre la distribución a las comunidades autónomas de recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto para el fomento de la economía de los cuidados y para reforzar igualmente las políticas de igualdad y de inclusión social. Con esta nueva distribución que hoy dará cuenta la ministra de Derechos Sociales, ya serían 2.112 millones de euros los que se han venido asignando a las comunidades autónomas a lo largo de este mes en el reparto que se ha ido también distribuyendo en las conferencias sectoriales que se han realizado y que, por tanto, ponen de manifiesto que el Plan no es un futurible, sino que es una realidad que se va concretando cada día, en cada conferencia sectorial, en función de cada política.

Pero antes de cederles a ambos la palabra, me gustaría trasladarles algunas cuestiones de interés, como viene siendo habitual.
La primera es que en la reunión de hoy hemos tenido el informe obligatorio, semanal, de la ministra de Sanidad, respecto a la evolución de la pandemia y al ritmo de la vacunación.
Saben que nuestro país ha adquirido ya más de 93 millones de dosis de las que hasta el momento hemos recibido 14 millones. Esto está permitiendo, nos ha permitido ya, que el 20% de la población, es decir, una de cada cinco personas, cuente ya con la primera dosis de inmunización. También, estos datos, ponen de manifiesto que más de 3,4 millones de compatriotas han recibido ya la pauta completada. Creo que es una buena noticia, puesto que, respecto a las previsiones que manejábamos, la ministra también nos ha informado que a partir de este próximo lunes y durante todo el mes de mayo, vamos a recibir una media de 1,7 millones de dosis semanales solo de la marca Pfizer-BioNTech a lo que habrá que sumar también el resto de marcas comerciales correspondientes al conjunto de la compañías autorizadas.

Precisamente saben que en el día de hoy estamos pendientes de la decisión de la Agencia Europea del Medicamento respecto a la vacuna de Janssen para empezar a administrar este medicamento en la medida en que la agencia de vía libre para su distribución. No obstante, yo diría que el hecho de que la Unión Europea haya activado una nueva opción de compra de 100 millones de dosis adicionales de Pfizer, nos ofrece ya un amplio margen, un margen suficiente, para llegar al objetivo del 70% de la población diana vacunada en el mes de agosto.
Estas noticias, insisto, son noticias de las que iremos dando cuenta a lo largo de los próximos días y por tanto, con la comparecencia de la ministra de Sanidad y de los correspondientes expertos sanitarios, que irán poniendo al día todas las semanas, sobre las dosis recibidas y también el número de personas que están ya siendo sujetas a la inmunización en primera o con la segunda pauta completada.

En segundo lugar, les quería comentar que, respecto a la agenda del presidente, como también hemos informado, mañana se celebra la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que va a tener lugar en Andorra y que va a contar con la presencia del Rey Felipe. Esto en estos momentos el presidente del Gobierno justo está viajando hacia allí para participar en la cumbre, que tiene como objetivo prioritario una respuesta a la doble crisis sanitaria y socioeconómica, provocada por esta pandemia.
El Gobierno de España es muy sensible y es conocedor de que América Latina ha sido una de las zonas del mundo más castigadas por el virus, y esta Cumbre, desde nuestro punto de vista, tiene que servir para estimular la recuperación económica y social de los países iberoamericanos. Como muestra de ese compromiso y de la solidaridad de España con la comunidad iberoamericana, puedo informarles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará en el transcurso de esta Cumbre que nuestro país pondrá vacunas a disposición de América Latina, tan pronto como sea posible, para hacer frente justo a esta emergencia sanitaria. Y lo hacemos porque el acceso a las vacunas tiene que ser equitativo, tiene que ser universal, y recordemos que España adoptó ya a principios de este año, 2021, un plan de vacunas solidarias.

Las incidencias derivadas del plan de vacunación, de la entrega de las diferentes empresa que tienen autorizada la vacuna, serán tenidas en cuenta a la hora de aplicar este compromiso, pero la voluntad del Gobierno de España es coordinar esta acción con la Unión Europea para poder compartir estas vacunas y que estas puedan llegar lo antes posible a los países que prioritariamente las necesitan.

Siguiendo también con la agenda, les puedo decir que el presidente del Gobierno ha sido invitado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para participar en la Cumbre del Clima que se va a reunir, de forma telemática, para respetar protocolos anti-covid, los días 22 y 23 de abril.
En esta Cumbre se espera la llegada de 40 jefes de Estado y de Gobierno, insisto de forma telemática, en una Cumbre que ha sido liderada, promovida, por Estados Unidos y yo diría que refleja la importancia de la transición ecológica en el ámbito internacional. Vuelve Estados Unidos a poner este tema en su agenda, elemento muy importante después de que el anterior presidente, el presidente Trump, la retirara y pareciera que no existía, o que se ponía de perfil, ante un problema en donde Estados Unidos tiene un papel fundamental que jugar. De hecho, nosotros nos congratulamos de esta noticia, porque conocen que España es de los países más comprometidos en la lucha contra el cambio climático, recordándoles que, de hecho, el 39% de todos los fondos que acompañan el mecanismo de Recuperación y Resiliencia se van a invertir en áreas que se vinculan a la transición ecológica.

Y antes de ceder la palabra al ministro de Justicia, les voy a dar brevemente reseña de 6 asuntos que hemos abordado en el Consejo de Ministros.

El primero de ellos ha sido la aprobación de un Real Decreto Ley por el que adoptamos medidas complementaria de apoyos a empresas y autónomos afectados por la pandemia del COVID19.
Como saben, el Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo un paquete de medidas de 11.000 millones de euros, que se destinarán a aumentar la protección de nuestro tejido productivo, ayudas directas de 7.000 millones para PYMEs y para autónomos de los sectores que estaban más afectados por la pandemia. El Gobierno identificó casi un centenar de sectores, en base a criterios objetivos a nivel nacional, como, por ejemplo, son el porcentaje de trabajadores en ERTE en cada sector o el grado de reincorporación de estos trabajadores en el mercado laboral.
Sin embargo, somos plenamente conscientes de que cada comunidad autónoma tiene características específicas que requieren de respuestas personalizadas. Por ejemplo, es lo que ocurre con el sector del calzado o el sector del vino en algunas comunidades autónomas, que a partir de la firma de los convenios que está estableciendo el Ministerio de Hacienda con estas comunidades autónomas, podrán incorporar para su protección.

Es por ello que el Real Decreto Ley que aprobamos hoy habilita a comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, a ampliar el número de sectores que van a poder optar a estas ayudas directas en áreas que se hayan visto particularmente afectadas en cada uno de estos territorios. Igualmente, esta norma recoge que las comunidades autónomas podrán otorgar ayudas directas a empresas viables que en el año 2019 pudieron registrar pérdidas por causas excepcionales que se produjeron en su territorio.
Es un cambio normativo, para que se orienten, que permiten, por ejemplo, que las empresas que se vieron afectadas por la quiebra de Thomas Cook, recuerdan, sobre todo en las comunidades autónomas de Canarias y de Baleares, puedan también optar por las ayudas y, por tanto, que se puedan beneficiar, en el sector turístico, de este paquete tan importante, sobre todo en relación con Canarias y Baleares, que ponemos a disposición del sector turístico y, en general, de los sectores productivos.

Quiero resaltar el trabajo que viene realizando el Gobierno para que las ayudas lleguen lo antes posible a PYMEs y autónomos y decirles que ya la semana pasada aprobamos la Orden Ministerial de reparto de recursos, y también que hemos remitido a las comunidades autónomas los convenios que tenemos que suscribir, para que su firma se pueda hacer en estos días, con el objetivo de transferir estos 7.000 millones de euros en un máximo de 10 días desde que se produce la firma.
De hecho, ya les puedo decir también que las comunidades de Extremadura y Castilla-La Mancha esta misma mañana han devuelto el convenio ya firmado y por tanto, una vez que yo lo rubrique, se remitirán al BOE para su publicación, de manera que desde este momento puedan recibir el dinero de forma ya inmediata y puedan sacar sus convocatorias, para repartir las ayudas entre empresas y entre autónomos.

Por otra parte, este Real Decreto que se aprueba, también incluye una medida importante para garantizar liquidez y solvencia de las empresas, medidas que se incorporan o que se suman a las que ya se han aprobado para aplazar el pago de deudas tributarias o aduaneras, pero que ahora intentamos dar un paso más. En definitiva, lo que queremos es agilizar estos aplazamientos y fraccionamientos de las deudas no tributarias ni aduaneras, que se tramitan en las delegaciones de Economía y de Hacienda.
Es decir, que la medida va a afectar a deudas que se derivan del reintegro o del desembolso de ayudas o de préstamos que se conceden por la Administración General del Estado, y, como digo, se distribuyen desde el ámbito territorial en las delegaciones correspondientes. También afectará a deudas cuya gestión recaudatoria corresponda justo a este nivel territorial, a delegaciones de Economía y Hacienda, o a aquellas que se encuentran en período voluntario de pago o que se aplazan o se fracciona previamente.
Un mecanismo que, como siempre decimos, es excepcional, es temporal, pero que flexibiliza el pago y evita tensiones de tesorería en el conjunto de las empresas. Para este tipo de deudas vamos a establecer un aplazamiento máximo de dos años desde el propio vencimiento. Además, una vez cumplido estos 24 meses de carencia, se podrá fraccionar el pago también hasta en otros 2 años adicionales. Es decir, si sumamos aplazamiento y fraccionamiento, las empresas tendrán hasta 4 años adicionales para pagar su deuda.
Las solicitudes se podrán presentar durante los ejercicio 2021 y 2022, con independencia del período al que se refieran estas deudas y, por tanto, se incorporarán para proteger el tejido productivo y, por supuesto, el empleo.

El segundo tema que les quería comentar justamente es también la aprobación de un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones de carácter plurianual a universidades públicas para la recualificación del sistema universitario español. Este Real Decreto, presentado por el ministro Castell, constituye la inversión más ambiciosa en ayudas post-doctorales en el ámbito universitario que se ha realizado hasta la fecha. Se va a comprometer con el Real Decreto un total de 361 millones de euros para el período 2021-2023 y se va a financiar también con fondos comunitarios procedentes del mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que, como decía al principio de mi intervención, refleja que estos fondos son ya una realidad y que están impactando de forma positiva en el conjunto de España.

El objetivo de las subvenciones es contribuir a la investigación, a la internacionalización, 2 elementos a criterio del Ministerio de Universidades, que son claves para avanzar en el cambio del modelo productivo en España.
El Real Decreto fija como objetivo que se concedan un mínimo de 2.521 ayudas, aunque el objetivo es llegar a más de 4.000 que se distribuyen en 3 modalidades.
Una primera, ayudas Margarita Salas, para la formación de jóvenes doctores y que representan la mitad del total de fondo.

Ayudas para la recualificación del personal docente, o investigador estatutario o contratado, con diez años o menos en su actual categoría.
Y tercero, ayudas María Zambrano para la atracción del talento internacional.
3 movilidades que van a exigir movilidad nacional o internacional, en universidades o en centros de investigación diferentes a aquellos donde se presentó por parte de la persona que opte, aquellos donde se presentó, insisto, la tesis doctoral.

A 1 de diciembre de 2021, pretende el Ministerio haber concedido todas las ayudas que se van a gestionar de forma directa por las universidades públicas y ya se ha producido el criterio de distribución entre el conjunto de universidades, primando el número de doctores que se ha ido formando en los últimos 3 años y el número de investigadores, del personal investigador que trabaja en estos ámbitos de forma permanente.

Yo diría que de esta manera, el Gobierno una vez más, reconoce el trabajo esencial que desarrollan todas las universidades en la producción del conocimiento, también su traslación a través de investigación científica o técnica, humanística o artística, pero, sobre todo, nuestro interés es que se promueva la transferencia de ese conocimiento al tejido productivo.
El tercer tema que quería comentarles es el acuerdo de prórroga de limitación de vuelo entre Brasil y Sudáfrica con aeropuertos españoles con motivo de COVID19. Es una medida que venimos prorrogando en la medida en que la situación sanitaria así lo aconseja y de hecho volvemos a prorrogar estas medidas excepcionales que ya rigen y que ya están en vigor en nuestro país. La medida va a entrar en vigor desde 00 horas del día 27 de abril, donde acaba la anterior prórroga, hasta las 00 horas del día 11 de mayo hora peninsular.
Si bien es cierto que este riesgo de importación de casos desde ambos países se puede reducir gracias a las medidas de control que se aplican a la llegada a España, yo diría que no es suficiente. Tenemos que seguir extremando todas las precauciones ante esta potencial propagación de la variante brasileña y sudafricana del virus. Estas restricciones mantendrán su excepción cuando el transporte sea exclusivamente de ciudadanos españoles y residente en España, además de los residentes en Andorra y a sus nacional.

El cuarto tema, que también queríamos dar cuenta, tiene que ver con la aprobación de tres reales decretos a propuesta del Ministerio de Educación y de Formación Profesional para la creación de cursos de especialización en este ámbito prioritario para el Gobierno de la Formación Profesional. Se trata de un nuevo curso en Inteligencia Artificial y Big Data. Otro curso en fabricación aditiva y un tercer curso de especialización en mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos que como saben, estamos impulsando en nuestro país. Son cursos que van a complementar los perfiles profesionales de quienes ya disponen de un título de formación profesional y requieren del aprendizaje de las últimas innovaciones en su respectivo ámbito.
De esta manera continuamos y lo seguiremos haciendo en las próximas semanas, incrementando, renovando, nuestra oferta formativa en este marco del Plan de Modernización de la Formación Profesional, con vinculación a sectores emergentes que requieren de alta cualificación y también tienen alta empleabilidad en permanente actualización, trabajando con empresas punteras en los sectores implicados. Con los nuevos cursos que se aprueban hoy, el catálogo cuenta ya con un total de 193 titulaciones de Formación Profesional, entre ellas 15 cursos de especialización.
El quinto tema que quiero también trasladarles ha sido la aprobación a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de un Real Decreto de apoyo al sector del vino. Se trata de un Real Decreto que modifica el 1.363/2018 para la aplicación de medidas del Programa de Apoyo 19-23 al sector vitivinícola en nuestro país.

El objetivo fundamental es adaptar esta legislación española a un nuevo escenario de flexibilidad que se ha aprobado en la normativa comunitaria y por razón de la pandemia del COVID19 para ayudar tras esta pandemia a un sector, el del vino, tan importante para nuestra economía, para nuestra agricultura y sobre todo para la España rural.
Los cambios van a permitir eximir de determinar las penalizaciones a viticultores o bodegas en las medidas de reconversión y reestructuración de viñedos, inversiones en bodegas o promoción, y también flexibiliza los pagos que se exigen al sector, permitiendo aumentar la participación de la Unión Europea en estas ayudas.

El programa de apoyo al sector del vino en España está dotado en concreto con 202 millones de euros anuales para medidas específicas que contribuyan a incrementar la competitividad del sector vitivinícola en nuestro país.
Y el último tema tiene que ver con la declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Propiedad Intelectual y, de hecho, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy esta declaración, que se celebra el día 26 de abril, en donde España siempre ha creído que se tiene que situar y de hecho así lo hace, en la vanguardia de la creación artística, literaria, industrial, empresarial o intelectual. Y eso es posible gracias a la existencia de un sistema adecuado, equilibrado, de propiedad intelectual e industrial en nuestro país, que se asimila al de los países más innovadores.
Las empresas que hacen uso de estos derechos de propiedad intelectual e industrial suponen ni más ni menos que el 40% del PIB y acumulan el 27% de los puestos de trabajo. Concretamente, las empresas que están incorporadas a esta situación son las que se caracterizan mejor por tener mayores y mejores salarios, por hacer más inversión en I+D+i y porque son esenciales para la transformación del modelo económico español. Son compañías que avanzan hacia un modelo más sostenible, más integrador o más inteligente, tal y como marcan las directrices europeas y también los planes más ambiciosos que se señalan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española.

Por ello, con la declaración institucional, el Gobierno quiere dejar claro su apoyo firme en el uso y protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, con propuestas legislativas, políticas públicas, que expresan el compromiso para seguir avanzando en la protección de esta creatividad, en su promoción por parte de las empresas y, por tanto, para desarrollar inventivas e innovación a través de difusión y defensa de estos derechos de propiedad.

Podrán acceder a esta declaración institucional, así como al resto de los acuerdos que se han adoptado en el Consejo de Ministros, a través de la referencia que posteriormente se publicará.
Y sin más, paso ya la palabra al ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, cuando quieras, ministro.

Sr. Campo.- Muchas gracias, ministra Portavoz. Muy buenos días. Buenas tardes a todos. Juanma, me alegro mucho verte, es muy buena señal.
Para mí es un honor presentar hoy el anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia.
Los que me conocen y siguen los avatares de la Justicia, saben que quizá el mayor escollo es que le falta eficiencia. Y en ese sentido venimos trabajando desde el comienzo de la travesía de este Gobierno en lo que se ha denominado Justicia 20/30, que no es más que un mecanismo co-gobernado para diseñar qué justicia le damos a los españoles para tener esa efectividad a la que tenemos derecho de conformidad con el texto constitucional.
Es cierto que el resultado que la ciudadanía tiene del funcionamiento de la Justicia no es bueno, y eso que tiene elementos de contraste. Vemos que hay marcadores europeos donde nos dicen que España no invierte una cantidad baja. La media está en 64 euros por habitante. España está en 79,1. España lidera con Austria y Estonia el índice de los equipamientos en tecnologías, pero lo que es cierto y son datos del Consejo General del Poder Judicial, que pese a que, por ejemplo, la plantilla de jueces se ha visto incrementada en un 50% en los últimos 20 años, lo que es cierto, es que hay un porcentaje menor en torno al 6, de resoluciones, porque, por ejemplo, que ha bajado la litigiosidad un 34% en los últimos diez años, y, sin embargo, la duración de nuestros procedimientos se alarga, utilizando esos mismos datos del Poder Judicial, entre 66, pasando a 162 días.

Por tanto, tenemos que trabajar para el ciudadano en algo muy claro: eficiencia.
En este sentido y ya estuve en esta misma sala a finales de diciembre para presentar la primera pieza que era eficiencia procesal y ahora se presenta eficiencia organizativa, y nos queda, esperemos que pueda ser en el verano, eficiencia digital.

Y estos van a ser la placa base de modernización del sistema de justicia, teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, es decir, que nos encontramos en una situación de crisis sanitaria, de crisis económica, pero también en unas cuestiones mucho más estructurales, como pueden ser el cambio climático o la revolución tecnológica. Y en ese sentido, las políticas de justicia tienen necesariamente que ser palanca centrales en las políticas de recuperación y de transformación de país. Y ahí es donde se inserta claramente la reforma que ahora les presento y que acaba de aprobar el Consejo de Ministros.

Les adelanto y va siendo, afortunadamente y doy las gracias a todos los que lo hacen posible con un sello, la co-gobernanza. Es una ley, un anteproyecto, trabajado con las comunidades autónomas, con el Consejo del Poder Judicial, con la Fiscalía General del Estado, con los profesionales, abogados, procuradores, graduados sociales y con los sindicatos y también con los partidos políticos. Insisto, creo que es bueno hacer memoria y darse cuenta que leyes recientemente aprobadas por el Congreso y el Senado, como discapacidad, la Ley de Violencia contra la Infancia, o el Registro Civil llevan enormes manifestaciones favorables del arco parlamentario, por lo cual le doy, aprovecho y le doy las gracias a todos.

Entro directamente en el contenido de la de la ley. La ley tiene tres piezas o si quieren tres ejes a través de los que se va a visualizar la administración o la vertebración de lo que es la administración de justicia. Va a desaparecer esa idea tradicional del juzgado con funcionarios, sus bienes muebles adheridos al juzgado para hablar de lo verdaderamente importante, el Poder Judicial.
Y en este primer escalón vamos a hablar de Tribunales de Instancia. Desaparecen los conceptos tradicionales de juzgados. ¿Esto por qué se hace?, no sólo un cambio de nombre. Es una nueva organización que va a permitir y potenciar muchas cuestiones, algunas de las cuales intento detallarles.

Uno, va a profundizar en la democracia interna del Poder Judicial porque va a ensanchar las oportunidades de participación del Poder Judicial. ¿Esto qué quiere decir?, que en cada tribunal de instancia que habrá uno por cada partido judicial, habrá un presidente elegido entre sus pares. Pero en aquellos sitios donde haya diversidad, se dan unas condiciones que ahora, si quieren, entramos, habrá secciones porque esto tiende a la especialización y habrá así tribunal instancia, sección familia, tribunal de instancia, sección de lo social, sección de instrucción, sección de enjuiciamiento penal, sección de lo social, contencioso…. Pues al frente de cada una de estas secciones habrá también un presidente elegido por sus pares. Esto, ¿qué nos permite?, esto nos permite dotar a la estructura de accesibilidad, eficiencia y una mejor flexibilidad en todos aquellos aspectos organizativos.

En segunda pieza tendremos la oficina judicial. Como saben, la oficina judicial data del 2003, pero, aunque se habla de nueva oficina judicial, lo que es cierto es que su rigidez ha impedido que se extienda a todo el territorio nacional y en este sentido tenemos que potenciar su realidad, en este sentido, la dotamos de unos mecanismos mucho más flexibles, adaptados a las necesidades, lo que nos va a permitir, con las nuevas tecnologías, servir de soporte al Poder Judicial, porque algo ya les digo, esta Ley de Eficiencia para nada afecta al Poder Judicial ni al Consejo General del Poder Judicial, sé que a alguno quizá le gustaría, pero no, esto habla de los ciudadanos, habla de la eficiencia de un servicio público esencial para la ciudadanía.

Y hay un dato antes de saltar al tercer bloque que me parece importantísimo. Aprovechamos esta ley para apuntalar otros derechos que, no digo que no hayan tenido acogida, pero que ahora se ven reforzados. Por ejemplo, el 9.3 de la Constitución habla de seguridad jurídica. Esto en el mundo judicial solo se puede entender como la previsibilidad de las resoluciones judiciales. Esa idea que hemos visto algunos y si te toca el del 3, el del 4. Nunca un juez va a estar sometido más que al imperio de la ley. Pero es cierto que ahora, el presidente de Sección, es decir, del área especializada, para entendernos, va a poder convocar y fijar criterios de unificación. El que ahora mismo figura como artículo 2.6.4 es uno de los elementos que va a trabajar más directamente en esto que les estoy contando. ¿Por qué? Porque los jueces, constitucionalmente, solo están sometidos al imperio de la ley. Por tanto, ese criterio que se ha adoptado puede ser o no atendido por el juez, pero bien tendrá, que explicar motivado por qué se aparta de ese criterio general que adoptaron sus compañeros. Por tanto, creo que dotamos al sistema de una enorme previsibilidad y por tanto, de seguridad jurídica, que, insisto, también tiene refrendo constitucional del 9,3.

Y un tercer bloque, un tercer bloque que es la Oficina de Justicia en el municipio. Como saben, actualmente la vertebración de la justicia se hace en partidos judiciales que no se corresponden con el municipio necesariamente, sino que hay varios municipios que se integran y solo hay juzgados de primera instancia e instrucción, fundamentalmente, en las cabeceras de partido, en todos los demás, lo único que hay es lo que se llama la Justicia de Paz. Justicia de paz, que ha tenido muy poca, muy poca, muy poca trascendencia en los últimos años y menos que ha tenido con las últimas reformas normativas y máxime con la entrada de manera inminente de la aprobación de la Ley de Registro Civil, que tiene que entrar en vigor el 30 de abril.

¿Qué queremos decir como Oficina de Justicia en el municipio? Queremos atender, uno, a esa estrategia de país que no nos podemos permitir que haya zonas despobladas. Por tanto, la justicia en estos municipios. ¿Para qué? Para dar servicio al ciudadano y de una manera general y polivalente y flexible. Lleva el sello de Justicia, pero podrá hacer mucho más. De tal modo que los convenios que se realicen, estoy pensando con la Federación Española de Municipios de Provincias, Diputaciones, Agencia Tributaria, porque ha de ser un referente para el ciudadano, que no solo va a poder ir allí a hacer todos sus trámites judiciales, pues una confesión a través de videoconferencia, pero también puede ser un sitio donde le agilicen su tratamiento de la declaración de renta, el pago de unos impuestos, la solicitud de una justicia gratuita, y todo, todo lo que sean capaces de imaginar, desde el sello de justicia, atendido fundamentalmente por funcionarios de justicia. Y por tanto podemos ver en esta Oficina de Justicia en el municipio una estrategia de país y una estrategia de país que nace desde el seno de la Justicia e irradia a todos y cada uno de los pueblos de España.

Quiero terminar. Quiero terminar diciendo que efectivamente esta es la idea de la eficiencia, preocuparlos del ciudadano. De hecho, ayer tuve una conversación con la vicepresidenta de la Comisión Europea, señora Jourová, donde le explicaba que realmente este es el foco en el que estamos poniendo todo nuestro énfasis y todas nuestras energías, porque además lo estamos haciendo en esta co-gobernanza a la que me refería y, por tanto, contando con la voluntad de todos. Y vamos ahí. Y eso es lo verdaderamente importante. Y por eso no tenemos que distraernos con otras cuestiones que yo sé que son absolutamente necesarias, pero por las circunstancias que se dan ahora no toca. Por tanto, no quiero que perdamos ni un minuto. Y por eso les decía que bajo ese paraguas que dijo el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, de que quedaban congeladas esas iniciativas de grupos parlamentarios en orden a cambiar las mayorías para la elección del Consejo, ahora estábamos preocupados de la eficiencia y por tanto, de dar a la ciudadanía lo que legítimamente reclama. E incluso le dije para evitar los focos, se propondrá a los grupos parlamentarios que lo propusieron que incluso lo retiren, para los efectos de ya no dar pábulo, además, porque el interés está puesto en la eficiencia, en la eficiencia y en la eficiencia, y, por tanto, en el ciudadano y en una estrategia de país. Es decir, la justicia orientada a la recuperación de país.

Soy todo suyo cuando proceda.

Portavoz.- Muchas gracias, ministro. Y a continuación le paso la palabra a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Sra. Belarra.- Muchísimas gracias, ministra Portavoz. Ministro. La verdad es que es un placer para mí participar por primera vez en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y además hacerlo para un tema que tiene un enorme calado para nuestro país.
Después de este año tan difícil de pandemia, seguramente uno de los aprendizajes más importantes que hemos podido extraer de esta crisis de la COVID19 es que nuestro país necesita una transformación profunda de los cuidados que ofrecemos a las personas mayores y a las personas en situación de dependencia.

El modelo residencial ha mostrado todos sus límites, sus costuras, sus dificultades de una manera extrema en este año. Y también se ha evidenciado que ese modelo residencial no estaba atendiendo adecuadamente ni a las necesidades de las personas mayores y personas dependientes, ni tampoco a sus deseos. Cuando les preguntamos a las personas mayores, a todas les gustaría ser atendidas en sus domicilios mientras sea posible, y a eso no responde, sin ninguna duda, el modelo residencial.

Otra cuestión que ha sido, yo creo, un aprendizaje muy importante o una vuelta más de tuerca de este año de pandemia ha sido, sin lugar a dudas, que cuando las políticas públicas no atienden los cuidados, como ya ocurrió en la crisis de 2008, pero ha vuelto a ocurrir en ésta, cuando no atendemos adecuadamente los cuidados desde las políticas públicas, lo que ocurre es que las mujeres son quienes vuelven a hacerse cargo de la mayor parte de los cuidados, ya sea en su entorno familiar o ya sea también, las personas, las mujeres trabajadoras de los empleos, de los sectores más precarios, como son las trabajadoras del hogar o las trabajadoras del sistema de atención a la dependencia.

De esos dos aprendizajes, de esos dos consensos que extraemos de este año, nosotros, desde el Ministerio y el Consejo de Ministros lo ha visto así, muy adecuado también, lo que estamos tratando de hacer es transformar esos aprendizajes en realidades tangibles, en hechos concretos, que transformen la vida de la gente de nuestro país. Y esos aprendizajes, esos hechos tangibles, se concretan hoy en este acuerdo que ha aprobado ya el Consejo de Ministros y que consiste en una financiación muy ambiciosa, de 730 millones de euros, que va a ir destinado, precisamente, a la activación en nuestro país de la economía de los cuidados. Ese componente 22 del Plan de Recuperación que tiene que impulsar, que tiene que poner la primera piedra, que tiene que ser el primer paso en la necesaria transición social que tiene que hacer nuestro país.

Se habla mucho en el Plan de Recuperación de la transición ecológica, como no puede ser de otra manera, porque tenemos una emergencia climática que hay que abordar sí o sí. Se habla mucho también de esa transición digital que se va a producir, la impulsemos o no, pero que nosotras hemos decidido impulsar, pero es que España está siendo líder a nivel europeo, teniendo un componente únicamente, única y exclusivamente social, que tiene que impulsar esta transición social, que tiene que ir de la mano de las otras dos transiciones, porque lo que queremos que ocurra con los Fondos Europeos es que construyan más igualdad y cierren la brecha de desigualdad, que se construyan a través de los Fondos Europeos alianzas, puentes, consensos, con el conjunto de las comunidades autónomas y con la sociedad civil y el conjunto de la ciudadanía.

Y para eso, este primer paso, esta primera piedra que ponemos con esta inversión muy importante de fondos, vamos a lograr, creo, activar de una vez por todas esa economía de los cuidados que tanto se estaba reclamando, como decía, a través de consensos sociales que se han construido a lo largo de este difícil año. Estos 730 millones de euros tienen carácter finalista y tienen que ir destinados a tres ejes fundamentales.

El primer eje, al plan de apoyos y cuidados de larga duración, que básicamente consiste en una transformación de ese modelo residencial, en un modelo de atención a domicilio. Básicamente para que me entienda todo el mundo, es atender a las personas en un modelo de derechos y en un modelo centrado en la persona, en sus domicilios, mientras sea posible, y que cuando tengamos que atender a las personas en un modelo residencial, este se parezca mucho más a un domicilio, a un hogar, residencias más pequeñas donde la gente esté atendida por personal más estable, lo contrario del modelo que tenemos en estos momentos en España. A esto se van a destinar 482 millones de euros de esos 730.

Pero además contamos con un eje que es un plan de modernización de los servicios sociales para hacer los servicios sociales mucho más accesibles a la ciudadanía, para hacerlos más eficientes, para que realmente cubran con las necesidades que tiene la gente y además impulsar una necesaria reforma del sistema de protección a la infancia, que sumado a las iniciativas legislativas que estamos impulsando, va a suponer una auténtica reforma en profundidad de ese sistema de atención a nuestros niños y niñas, que es completamente necesario. A esto destinamos 216 millones de euros del conjunto de los 730.

Y, además destinaremos también 31 millones de euros al Plan España Accesible para que de una vez por todas las personas con diversidad funcional vean facilitadas, removidas, esas barreras que encuentran sistemáticamente en su relación con las administraciones públicas, es muy conocido los problemas de accesibilidad física, todos y todas los conocemos, mucho menos conocidos los problemas de accesibilidad cognitiva que tienen muchas personas con diversidad funcional. Pienso, por ejemplo, en las personas con trastorno del espectro autista, que es un trastorno mucho menos conocido. Pues todo eso lo vamos a financiar también, por ejemplo, la accesibilidad al transporte público, que es una demanda social muy evidente.

Y estos tres ejes los vamos a llevar al Consejo Territorial próximamente para concretar exactamente cómo se van a distribuir los fondos entre las comunidades autónomas.
Quería insistir, aunque no quiero alargarme mucho, en que esta inversión es muy positiva para nuestro país por distintos motivos, porque es una inversión que genera empleos de calidad en un sector que está enormemente feminizado, como decía al principio, pero es que además estos empleos no son localizables, son empleos que fijan población, porque si atendemos a las personas mayores y a las personas dependientes en sus domicilios, se van a crear empleos en los pueblos, en las ciudades pequeñas, para frenar esa despoblación y para atender también a las necesidades de creación de empleo en el medio rural, en la España que se ha llamado vaciada. Pero es que además es una inversión que genera, como bien sabe la ministra Portavoz, un enorme retorno fiscal, que se genera un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social. Son empleos que además son enormemente sostenibles. Por lo tanto, creo que es una inversión que desde todos los puntos de vista genera un aumento del bienestar en la ciudadanía en nuestro país.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 quería pisar el acelerador en la distribución de los Fondos Europeos, porque somos conscientes de que la gente de nuestro país está esperando que los Fondos lleguen cuanto antes, que esos Fondos Europeos se transformen en empleos de calidad y en dinero que vaya a los bolsillos de la gente de nuestro país, que lo está pasando mal. Creo que con este trabajo que hemos realizado, mano a mano con el Ministerio de Hacienda, vamos a poder ser capaces de transformar las palabras en hechos y realidades tangibles para la gente y, la verdad, estoy muy contenta de que esta pueda ser mi primera intervención en esta rueda de prensa, también disponible para todos los comentarios que tengáis. Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra. Y ya si te parece Marfull, que hoy va dirigir, va a moderar el debate, porque el secretario de Estado de Comunicación está acompañando al presidente a la Cumbre Iberoamericana. Cuando tú quieras.

Director General de Información Nacional.- Así es, gracias ministras, ministro. Vamos a abrir. Nos acompañan una quincena de periodistas en la sala otro tanto, a través de los canales telemáticos habilitados por la Secretaría de Estado de Comunicación. Abrimos, por tanto, es turno de preguntas. Creo que es obligado, Juanma Romero, bienvenido, adelante.

P.- Buenos días, ministros. Yo tenía dos preguntas para la ministra Portavoz y otras dos para el ministro de Justicia.
A la ministra Portavoz, quería preguntarle por el tema de la alarma si después de las elecciones del 4 de mayo están dispuestos a estudiar una prórroga de la alarma, como les siguen existiendo los grupos parlamentarios o bien alternativas jurídicas a ella, porque hoy, por ejemplo, Esquerra Republicana y Compromís, se han mostrado a favor de apoyar el plan alternativo del Partido Popular para evitar sentencias contradictorias de los tribunales y unificar criterios en las comunidades autónomas.
Y, por otro lado, también, Más País ha seguido insistiendo en que se declare el 4M como una jornada festiva en toda España para asegurar una máxima participación en las elecciones del 4 de mayo.
Y luego el ministro de Justicia, bueno, primero una precisión. Me ha parecido entenderle que van a pedir a los grupos que retiren la propuesta de cambio de mayorías o de cambio de para la elección de los vocales del CGPJ. Si eso lo he entendido bien y lo van a manifestar así a los grupos del PSOE y de Unidas Podemos. Y, luego, tras su reunión ayer con la Comisaria Europea de Valores y Transparencia, quería preguntarles si van a reactivar tras las elecciones del 4 de mayo, la renovación del CGPJ y si están dispuestos a renunciar a los candidatos que eran rechazados por el PP, en concreto Victoria Rosell y José Ricardo de Prada.
Y la segunda pregunta es sobre la reforma de los delitos de sedición y de libertad de expresión que estaban en teoría muy avanzadas. Quería preguntarles si van a traerlo al Consejo de Ministros, porque en una entrevista reciente del ministro de Política Territorial, decía que no veía muy conveniente la reforma, puesto que partidos de la derecha y también partidos independentistas podrían rechazarla en el Congreso. Gracias.

Portavoz.- Sí, muchas gracias a Juanma.
En relación con la primera pregunta, yo creo que durante los últimos días lo hemos expresado con absoluta claridad. El objetivo del Gobierno de España es que después del 9 de mayo no sea necesaria la actualización, la prórroga nuevamente de ese Estado de Alarma, por tanto, esa es la cuestión que hemos trasladado a todas las comunidades autónomas. Y saben ustedes que, por supuesto, todo este tipo de decisiones están mediatizadas, están moduladas por la incidencia epidemiológica que tenga la pandemia en cada momento, porque el criterio que marca siempre la decisión política es un criterio experto, es un criterio sanitario, y es por ello que en vista de cuáles son los datos que tenemos en nuestro país, consideramos, e insisto una vez más, que no va a ser necesario prorrogar el Estado de Alarma a partir del 9 de mayo.

En ese momento continuaremos funcionando, como venimos haciendo en la actualidad, a través de este mecanismo de co-gobernanza del que nos hemos dotado, en donde el refuerzo también de las decisiones del Consejo Interterritorial son muy importantes para que todas las comunidades autónomas tengan herramientas, tengan instrumentos para poder llevar a cabo sus políticas, y como también conocen, el Gobierno de España entiende que no es necesario modificar la legislación que en este momento asiste a toda la salud pública, a todas las leyes de salud pública, tanto la Ley Orgánica del año 84, como el conjunto de normativas de las comunidades autónomas, que también profundiza en cada una de esas materias y en cada uno de esos elementos.

Yo creo que quizá lo prioritario, lo fundamental, es que las comunidades autónomas sigan concentradas en cómo aceleran este proceso de vacunación, después de la actualización que vamos haciendo del calendario de llegada, de entrega de vacunas, que se van produciendo, y por tanto entendemos que tienen todos los instrumentos, todos los mecanismos, para poder llevarlo a cabo.
Y si me permite, también resulta curioso que algunas formaciones políticas que en pasadas prórrogas del Estado de Alarma, manifestaron serias dificultades, e incluso hubo negociaciones muy complicadas para poder tener el voto favorable de estas formaciones políticas, ahora se pronuncian en este sentido, aunque yo en el día de hoy, creo que el Partido Popular ha coincidido con la iniciativa del Gobierno de España y creo que ha sido el señor Maroto, ha expresado que ellos, a partir del 9 de mayo, no comparten tampoco el que haya una prórroga del Estado de Alarma y por tanto, diríamos que los dos grandes partidos del Congreso de los Diputados, en este tema en concreto, estamos de acuerdo y entendemos que las comunidades gobernada por ambos partidos, disponen de esas herramientas, de esos instrumentos, para posibilitar, llevar a cabo todas las actuaciones, y en caso de que se necesite por parte de alguna, una limitación de los derechos fundamentales, pues como siempre decimos, pueden hacerlo siempre y cuando sea refrendado por el control judicial, por el Poder Judicial, porque en materia de derechos fundamentales el Gobierno considera que es bueno que existan dos poderes del Estado, en el caso del Gobierno de España, Ejecutivo y Legislativo, y en el caso de comunidades autónomas, Ejecutivo y también el Poder Judicial.

En relación con la segunda cuestión, pues yo creo que Más País, lo que intenta expresar es lo que es voluntad de todas las formaciones políticas, como es maximizar la participación de todos los madrileños, de todas las madrileñas, en la convocatoria del próximo día 4 de mayo, y por tanto, todos creemos que animamos a todos los ciudadanos a esa participación, pero es imposible acompañar un calendario de convocatorias electorales, más cuando son imprevistas, cuando se han hecho, digamos, fuera de contexto, del contexto que tenían reservado y acompañarlo a través de un calendario de días festivos, que no tendríamos capacidad de poder continuar con ese calendario, además de lo que implicaría para el conjunto del país. Por lo que yo espero y deseo que todos los madrileños cuenten con todas las facilidades para poder ausentarse de su lugar de trabajo en aquellos entornos donde esto sea imprescindible y necesario, que la apertura de los colegios electorales permita a lo largo de todos los tramos del día, que una persona pueda participar y por tanto, aquellos que no puedan hacerlo, que tengan serias dificultades, puedan utilizar también el voto por correo. Son elemento evidentemente imprescindible para que tengamos, como queremos todos, una máxima participación de madrileños y madrileñas en los próximos comicios electorales.

Sr. Campos.- Gracias, ministra. Juanma.
Dos preguntas, la primera, el tema que ayer trascendió en esa comunicación, que no es la primera vez que se produce con la vicepresidenta de la Comisión, la señora Vera Joroba, donde hablamos de muchas cosas y en concreto ayer hablamos de fiscalidad europea, hablamos de la necesidad de seguir apoyando, y ahí España le mostró su apoyo inequívoco del Estado de Derecho. Hoy ha vuelto a ratificarse en el caso de esa postura y hablamos de muchas cuestiones. Y yo le dije que el Gobierno está puesto el foco desde hace tiempo en la eficiencia en el ciudadano y en arreglar el sistema de justicia donde no valen solo políticas incrementalistas, que, por supuestísimo, hacen falta, que nadie piense que no hacen falta más de todo, pero sobre todo hace falta una nueva forma de conjugarlo, y esas son las leyes de eficiencia y son, leyes de eficiencia que le explique, lo mismo que hecho ahora aquí, la procesal, de diciembre, la organizativa que traíamos hoy al Consejo de Ministros y la digital, en muy pocos meses.

Estuvimos hablando largo y tendido y claramente ella entendió que el foco estaba ahí y por tanto yo le dije, y cualquier cosa que se quiera buscar es ganas de poner palos en las ruedas. Y no, porque el presidente del Gobierno ya lo dijo, esa conformación de las mayorías queda congelada, esa proposición de ley queda congelada. Por tanto, no nos distraigamos con eso. Y eso es lo que le hice ver. Ella me dijo que, por ejemplo, la norma que se acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado y que restringe las competencias del Consejo estando en funciones, le parece totalmente acorde a los principios y garantías del Estado de Derecho y que, por tanto, no tenía nada que objetar.

Y una cosa que sí quiero decirles por activa y por pasiva, y así parece que incluso, sus comunicados, yo leí un tuit, no sé si hay más. Lo que es verdaderamente importante es que quien está bloqueando la renovación del Consejo de un paso atrás y se ponga a renovar los órganos constitucionales a lo que hay obligación. Y por eso, como ya hizo en el septiembre pasado, urge a que nos pongamos de acuerdo. Mensaje claro a quien está bloqueando esa situación, y estoy convencido que la encontraremos ¿cuándo? no lo sé, espero que de manera inmediata. Ayer oía al señor Casado decir que al día siguiente, si trabajábamos en la independencia de los jueces, bueno, hoy quizá tiene un argumento menos para oponerse, porque la Ley de Eficiencia Organizativa, que la conoce perfectamente, ahonda en ese conjunto de oportunidades y, en suma, en el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene más mecanismos para hacerse presente, hablémosle de régimen democrático, interno, de participación, hacer carrera, por tanto, consolidar el Estado de Derecho, porque fortalecemos a los jueces donde eligen para los presidentes de secciones o presidentes de los tribunales de instancia a quien ellos consideran. Por tanto, hay una nueva línea que trabaja el fortalecimiento de los miembros de la carrera judicial y eso es lo único que hay.

Por tanto, ¿tenemos que reactivar las negociaciones? Sí, evidentemente. Que sea el 5, ojalá sea el 4, ojalá sea el 3, u ojalá sea esta tarde, porque creo que tenemos muchísimo camino avanzado. Es más, si tiene alguna duda está en el Diario de Sesiones cuáles fueron mis ofertas sobre las modificaciones de la Ley Orgánica. Volver al Pacto de Estado por la Justicia, donde el papel de la doble legitimación ensancha aún más, si cabe, el papel de los jueces en la designación de los vocales, de tal modo que solo 36 miembros de la carrera judicial son los que acceden al Congreso y el Senado, que podríamos crear comisiones a doc para analizar los currículum de todos los candidatos. Le dije que podíamos potenciar el Consejo y las decisiones que este toma, obligando a mayores cuotas de consenso, en 13 votos, para la designación incluso de presidentes de audiencia. En suma, potenciar el diálogo y forzar el único trabajo que considero, y desde luego hablo a título personal, como efectivo, el consenso, el diálogo y la alteridad.

Y en esos caminos es lo que estoy convencido que más pronto que tarde nos tenemos que encontrar. Modificación del Código Penal. Sedición y libertad. Sedición y rebelión y delitos libertad de expresión. Es un compromiso del Gobierno, pero, he dicho, por activa y por pasiva, que son leyes que necesitan reposo, que hay que comparar cómo lo hacen los demás países de nuestro entorno, que marcan las directrices europeas, dónde vamos a esa homogeneización con Europa, qué dice la doctrina… Y en eso estamos.
Y estoy convencido que más pronto que tarde, y entiéndanme, más pronto que tarde, aparecerá una reforma bastante importante, con más materias que a lo mejor las que estamos diciendo aquí. Porque, en suma, el derecho, siempre lo he dicho, es algo vivo, como la sociedad a la que sirve y por tanto tenemos la obligación de propiciar aquellos cambios que entendemos que son los ajustado a todos los parámetros que rigen la dogmática jurídico penal.

Director General de Información Nacional.- A través de videoconferencia nos había pedido la palabra también Juande Portillo, de Cinco Días. Juande, buenas tardes. Adelante.

P.- Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Muchas gracias a todos los ministros por su comparecencia. Tenía varias cuestiones.
En primer lugar, a la ministra de Hacienda y Portavoz del Ejecutivo, quería preguntarle detalles sobre el tema de las ayudas directas. Quería saber si se da carta blanca a las regiones para que decidan que nuevos sectores se pueden beneficiar o que empresas con pérdidas en 2019 se pueden beneficiar, o si se va a poner algún tipo de marco dentro del cual las comunidades puedan decidir o tendrán plena libertad.
En esta línea, que quería saber también a qué achaca que solo dos regiones hayan firmado de momento los convenios que se les facilita el viernes, habida cuenta de que es un paso obligado para activar la entrega del dinero en el plazo de 10 días y se teme que algunas terminen por no firmarlos o desligarse de este plan de ayudas, como han llegado a barajar por su descontento con el reparto de los Fondos.
Y en paralelo, ante la creciente presión por la necesidad de diseñar un plan de consolidación fiscal, tanto en el ámbito nacional por autoridades como AIReF, del Banco de España y en el internacional, por parte de Alemania o el FMI, quería saber si tiene ya previsto el anuncio de un plan de consolidación fiscal a medio plazo, aunque la prioridad del Gobierno, como ya han dejado claro, sea primero potenciar la recuperación.
Y aprovechando su presencia, quería preguntarle también a la ministra Belarra, dada su participación directa en el diseño de la Ley de Vivienda qué previsión tienen, qué plazo consideran oportuno para lanzar a esa nueva ley que ya se ha visto retrasada en varias ocasiones, y sí, tal como está la negociación interna del Ejecutivo, considera que se va decantar más por un sistema de fijación de precios o uno de incentivos fiscales como se ha abrazado.
Y una última, al ministro de Justicia, aprovechando también su presencia, ¿se baraja la posibilidad de que, en el caso de desahucios, los juzgados crean que pedir un informe a servicios sociales y buscar una alternativa habitacional en determinados casos?, me gustaría saber cómo está avanzando esta iniciativa y si hay alguna decisión tomada. Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, Juande. Vamos rápido, empezando por la primera.
Sobre las ayudas directas a las empresas, lo que se hace es incorporar, y ya se ha hecho, en los convenios que se remitieron el viernes y también con esto contesto a la segunda pregunta, se remitieron el viernes, lógico que solamente hayan contestado dos comunidades autónomas, que evidentemente han acelerado todo el proceso para que las ayudas lleguen cuanto antes a las empresas, y lo que pueden hacer en el marco de su entorno territorial, es incorporar a aquellos sectores o aquellas empresas, que participando de las caídas de beneficio de los criterios generales que se marcan en el Decreto Ley, pueden adoptar en ese entorno territorial una forma específica.

Pongamos un caso, quizá el sector del calzado o el sector del vino, a nivel global en el conjunto de España, no cumple con los criterios del número de trabajadores en ERTE o no cumple con los criterios del número de trabajadores que se han recuperado, que se han incorporado nuevamente a los sectores, pero si pueden cumplirlo, si solo se analiza el marco de una comunidad autónoma, si el foco se pone solo en ese territorio y por tanto se puedan incorporar, insisto, no solo sectores, sino también empresas que teniendo esas características hubieran quedado fuera por no estar su código de actividad recogido en el anexo que se planteaba en el Decreto Ley.

Yo creo que ha sido bien recibido por parte de todas las comunidades autónomas, que de alguna manera también habían hecho llegar al Gobierno, que querían poder personalizar en los territorios cuestiones concretas que se puedan producir, sin que ello ponga en riesgo una asimetría en la recepción de ayudas, que es algo no deseado por el Gobierno de España, sino más bien, respuestas específicas a problemas concretos que se puedan tener en un entorno en donde las comunidades autónomas pueden aportar ese criterio e incorporarlo al convenio para que el Gobierno de España pueda plantear su visto bueno.

En relación con la segunda pregunta, como le decía, solo dos comunidades autónomas lo han enviado, pero prácticamente que ha pasado un fin de semana desde que se remitieron los convenios. Esperamos a lo largo de estos días. Estoy convencida de seguir recibiendo el resto de convenios firmados porque había gran prisa de recibo por parte de las comunidades autónomas para que las ayudas lleguen ya al tejido productivo.

Y me preguntaba usted sobre si alguna comunidad autónoma se descolgara. Yo, Juande, no lo veo eso previsible, incluso me parecería algo escandaloso, que alguna comunidad autónoma, por simple desavenencia con el texto legal, hurtara la capacidad de que empresas de su entorno territorial pudieran quedarse sin recibir estas ayudas. En cualquier caso, si esa circunstancia se plantea, el Gobierno de España lo estudiará porque, desde luego, no vamos a hacer es dejar a ninguna empresa en la cuneta, a ninguna empresa atrás y por tanto en esa suerte de, como usted decía, casi de insumisión, por parte de alguna comunidad autónoma, evidentemente adoptaremos las medidas. Pero le puedo decir que me parece que no es previsible que eso ocurra. Y más allá de las discrepancias lógica que uno plantee con los textos legislativos, tenemos todo un trámite, ahora en el proyecto de ley, para incorporar algún elemento si alguien entiende conveniente. Pero desde luego creo que, por lo que he escuchado de las diferentes comunidades autónomas que nadie va a dejar sin que su tejido productivo reciba un volumen de ayudas, que son de los más importante que hemos explicado con motivo de la pandemia.

Respecto al tercer tema, a mí me llama la atención de que, creo que forma parte más de los titulares de la realidad, el que se reclame al Gobierno de España un plan de reequilibrio o de consolidación fiscal, porque no estamos en este momento en condiciones de practicar una política de ajuste, una política de recorte, que ustedes, como bien saben, o bien ese plan de reequilibrio tiene que venir por la parte del incremento de la recaudación, y ya han escuchado ustedes a muchos actores también internacionales y del propio país, hablando en relación con las reformas fiscales o bien de ajuste en el gasto, cosa que para mí es impensable en este momento pedir un plan de ajuste a las comunidades autónomas en temas tan sensibles como la sanidad, la educación o los servicios sociales, que justamente esta mañana la ministra acaba de anunciar un paquete nuevo de ayudas.

Entonces no entiendo muy bien por qué esa insistencia por parte de alguna formación política en la cuestión del plan de reequilibrio, y me estoy refiriendo al Partido Popular, debe ser que no les han preguntado a los presidentes autonómicos, porque evidentemente no es el momento de hacer el plan de reequilibrio. Esto no significa que no se vaya a intentar seguir avanzando en consolidación fiscal. Yo les quiero recordar que el presupuesto de este año está contemplando un déficit en torno al 7,7%, cifra que actualizaremos cuando enviemos el Plan de Estabilidad a finales de abril, como también he anunciado en otros momentos, pero creo que está fuera de cualquier oportunidad presentar o pedir a las administraciones en este momento un plan de reequilibrio, hasta que no pase esta situación de sunami que ha vivido nuestra economía y por tanto podamos estar en condiciones o bien, de estar recuperando el PIB previo a la pandemia, o bien que sean las propias autoridades europeas las que a la vuelta de las reglas fiscales pidan una senda, un plan de reequilibrio, que permita cumplir con los objetivos que pactemos con ellos. No hay ni una cosa ni la otra, ni en este momento hay todavía una decisión en Europa respecto a la vuelta de las reglas fiscales, ni en este momento existe una situación económica que aconseje que nuestra economía o nuestras administraciones empiecen un plan de reequilibrio que podría mermar esa capacidad de recuperación y, por tanto, una salida prematura de estos estímulos fiscales, que podrían tener en el medio plazo mucho peor impacto que van a tener en este momento estas políticas, y cuando llegue la situación concreta presentaremos ese plan de reequilibrio, aunque todos estamos concernidos en que los presupuestos de este año mejoren nuestro objetivo de deuda, nuestro objetivo de déficit, y por tanto, sigamos avanzando en esta pendiente descendiente.

Sr. Campo.- Muchas gracias. Gracias, Juande.
Bueno, creo que conoce la realidad y es una realidad ya normativizada en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la que regula precisamente esa interconexión entre desahucios y servicios sociales, de tal modo, hablo de memoria, pero creo no equivocarme, o espero no equivocarme. El 250 de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil establece que cuando se le da traslado de la demanda por el cual se insta al desahucio, llegado el caso, el desplazamiento de la vivienda, evidentemente se le da la oportunidad de comunicar a servicios sociales los datos y a partir de ahí se genera un de ámbito de comunicación, de tal modo que si se llega a la constancia de que efectivamente se trata de una familia vulnerable, el letrado, el LAJ, el secretario judicial, el letrado de la administración de justicia, paraliza ese el lanzamiento hasta que los servicios sociales no dan respuesta a esa familia vulnerable.

De todas maneras, el Gobierno no deja, porque la situación es la que es, de analizar distintas situaciones. Ha venido aprobando distintas moratorias y seguimos buscando la fórmula para articular la tensión que se genera siempre en estos dos ámbito del derecho, como en casi todos los ámbitos del derecho.

Sra. Belarra.- Gracias, muchas gracias por tu pregunta, ojalá que pronto podamos recuperar la presencialidad y no tengamos que vernos digitalmente.
Seguimos avanzando en las negociaciones de la Ley de Vivienda, como no podía ser de otra manera, los equipos del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Derechos Sociales están trabajando intensamente para poder tener cuanto antes ese texto de la Ley de Vivienda, porque como bien sabéis todos y todas, nuestro país vive una auténtica emergencia habitacional, con precios del alquiler que están auténticamente por las nubes, que han subido al 40 al 50% en los últimos años. Es decir, cuestiones que son inasumibles para la gente de nuestro país.

A mí no me cabe ninguna duda que el texto final que presentemos en el Consejo de Ministros va a ser un texto que cumpla con el acuerdo de gobierno, del acuerdo de gobierno es claro en todos los sentidos. Hay que impulsar un parque público de vivienda en alquiler. Es necesario dar una alternativa habitacional a las familias que van a ser desahuciadas, como ya explicaba muy bien el ministro, y hemos hecho a lo largo del Estado de Alarma y es necesario también poner techo a las subidas abusivas de los precios del alquiler, como refleja precisamente ese acuerdo de gobierno.
Con lo cual yo creo que hay que permitir a los equipos que sigan trabajando y no me cabe ninguna duda que ese texto final va a ser satisfactorio porque va a cumplir con el acuerdo de gobierno tal y como cerraron las dos formaciones políticas al inicio de la legislatura.

Director General de Información Nacional.- Gracias ministra. Unas preguntas aquí en sala, había pedido la palabra Alba Galán, de TVE.

P.- Hola, a la ministra Portavoz primero, siguiendo un poco la línea del compañero Juanma, la iniciativa del PP para hacer un plan jurídico después de que decaiga el Estado de Alarma, ha dado los primeros pasos en el Congreso, ha habido socios de investidura que se han abierto a apoyarla, hay también presión de comunidades autónomas, otras fuerzas políticas para que haya una alternativa… Para aclarar entonces que, aun así, ¿el PP, perdón, el Gobierno, el PSOE no apoyaría ese plan del PP? Lo digo porque aquí llevan reclamando unidad durante toda la pandemia, a lo mejor sería algo contradictorio.
También en línea de la pandemia, ¿qué les parecen que las comunidades autónomas como Galicia o Andalucía quieren ampliar la movilidad a personas inmunizada ya con dos dosis, si podría ser un modelo a implantar a nivel nacional.
Y al ministro de Justicia, querría también a ver si podemos aclarar un poco, no me queda claro si la reforma de mayorías se comentaba, ¿si queda congelada o van a pedir a los grupos que la retiren? Gracias.

Portavoz.- Gracias, Alba. Y en relación con la primera iniciativa, no voy a hablar sobre lo que el Partido Socialista, que me preguntabas, quiere hacer en el Congreso de los Diputados, le corresponde al grupo parlamentario y habitualmente en la mesa del Consejo de Ministros lo que intentamos transmitir son las opiniones del Ejecutivo y en concreto el Ejecutivo, lo que opina es que las comunidades autónomas cuentan con instrumentos suficiente para hacer frente a las situaciones que se puedan producir después de finalización del Estado de Alarma. Es lo que venimos diciendo y además, lo que hemos venido impulsando a través del refuerzo de las medidas que se adoptan en el Consejo Interterritorial, que, como recuerdan, son de obligado cumplimiento y por tanto, consideramos que hay un abanico de posibilidades, de instrumentos, de normas que permiten que las comunidades autónomas puedan hacer cumplir las recomendaciones y puedan actuar en cada momento, en función de los contagios, con absoluta claridad para que los ciudadanos puedan estar seguros. Insisto en que la posición ya del Partido Socialista podrá transmitirla el grupo parlamentario.

En relación con la segunda pregunta, yo creo que es muy importante el consenso en relación con cualquier medida que se adopte por parte de las comunidades autónomas y mucho más en términos de movilidad. Tendrán que ser expertos, los técnicos, tanto de la Comisión de Salud Pública, como del Consejo Interterritorial, quienes, si lo consideran necesario, revisen o replanteen las cuestiones que se diga. Pero yo sí quiero hacer notar que aunque las personas estén inmunizadas, aunque estén ya con la doble administración de la vacuna, estas personas pueden portar el virus. Por tanto, la movilidad tiene que estar siempre bastante circunscrita y bastante pensando no solo en el que se mueve, sino también en aquellos que reciben a los que se mueven. En este sentido, siempre las medidas tienen que tener en cuenta ambas cuestiones y yo diría, me remito, que el Consejo Interterritorial revisa, y siempre, lo hace cualquier iniciativa que tengan las comunidades autónomas y en concreto si tienen alguna, en este sentido, estoy convencida de que los técnicos y los expertos así lo revisarán. Pero cuidado, porque las personas que están inmunizadas pueden también transmitir el virus y eso es un peligro y un problema para aquellos entornos donde puedan ubicarse.

Sr. Campos.- Sí, gracias. Creía que lo había explicado medianamente bien. Veo que no, que no es suficiente, pero lo hago encantado.
La prioridad, el Gobierno la ha dejado clara, es los ciudadanos, buscar un sistema de más eficiencia para dar efectividad a la tutela judicial a la que cada ciudadano tiene derecho, y, por tanto, y ahí viene trabajando y llevando al Consejo de Ministros y solicitando los informes, las leyes de eficiencia. Ese es el único contexto en el que se puede encuadrar esto.
El presidente del Gobierno ya dijo hace unos meses que esa propuesta quedaba congelada, pero evidentemente ha habido revuelo. Y como tenemos el foco puesto donde lo tenemos, si eso ayuda a que nos centremos en la idea de la eficiencia, ahí estamos, y eso es lo que le transmitía ayer a la vicepresidenta de la Comisión Europea.

Y lo que le dije es: el Gobierno va a instar a los grupos que la presentaron, que valoren si retirarla, para, en la medida que está congelada y en la medida en que los objetivos de los dos partidos que representan eso está en la eficiencia, pongamos ese acento y esa es la única cuestión.

Director General de Información Nacional.- Fernando (H. Valls), La Información.

P.- Buenas tardes a todos.
Quería preguntarle a la ministra Portavoz qué le parece al Gobierno el ERE que anunció CaixaBank con 8.300 despidos casi en el aire y saber si el Gobierno se arrepiente de autorizar una fusión, porque usted mismo dijo que favorecía al interés general.
Y a continuación me gustaría preguntarle por el Plan de Recuperación, ¿cuándo estaba previsto que el Consejo de Ministros? ¿por qué no ha ido hoy?, y si nos puede dar algún detalle de las reformas laboral y de pensiones, que son las que no están completas en el plan, y preguntarle si Bruselas no se ha fijado un compromiso temporal para cerrar esos dos componentes. Muchas gracias.

Portavoz.- En relación con la primera información, no tengo exactamente el comunicado que haya podido emitir CaixaBank en relación con esta cuestión, pero es obvio que el Gobierno siempre lamenta que cualquier empresa, y más con el volumen que usted expresa, vaya a promover un ERE que implica, en definitiva, pérdida de puestos de trabajo, cuando saben que estamos haciendo esfuerzos titánicos, a través de los ERTEs, para contener lo que es normalmente la salida de trabajadores del mercado laboral cuando se produce una crisis económica o una crisis financiera y por tanto estamos trabajando y seguimos haciéndolo, para que estos mecanismos permitan sostener el empleo, sobre todo de aquellas personas que tienen mayores dificultades, o que el empleo es más precario, y por tanto, que no tengamos cifra inasumible de desempleo que se zanjen en la crisis financiera, como ocurrió en la crisis del año 2008.

Dicho esto, habrá que ver las circunstancias concretas que se plantean en ese expediente, pero sí decirle que evidentemente, probablemente y con casi toda seguridad, si no se hubieran producido las fusiones correspondientes en el marco de las entidades financieras, estaríamos hablando incluso de un volumen de trabajadores superior. Porque hay, y es importante recordarlo, en el entorno financiero, necesidades de concentración, para que justamente podamos preservar el empleo, que podamos preservar de forma óptima, y, para nosotros siempre es una mala noticia el hecho de que cualquier empresa, sea financiera o no, produzca este tipo de situaciones.

Pero insisto, las medidas que ha ido adoptando el Gobierno en relación con las fusiones, en relación con los ERTEs o con cualquier otro mecanismo, ha sido justamente para minimizar la salida de los trabajadores en un ámbito, el financiero, que está sujeto a tremendos cambios, en relación con sus métodos, con su procedimiento, con la concentración de capital, con el marco regulatorio que se plantea a nivel internacional y que es una tarea todavía no finalizada, no realizada y que esperemos que se salde con menores pérdidas de puestos de trabajo que sean posibles. Desde luego, el Gobierno de España seguirá apoyando a los sectores para que, insisto, eso se produzca de la manera que le acabo de comentar.

En relación con el mecanismo de recuperación, seguimos con la hoja de ruta en donde el Gobierno tiene previsto antes de que finalice el mes, remitir a Bruselas el Plan de Recuperación, después de trabajo, yo creo que ustedes están siendo testigos, muy avanzados, que el propio presidente del Gobierno, que el Consejo de Ministros también han ido abordando a lo largo de los últimos días.
Todas las reformas son imprescindibles, todas las reformas son importante. Tengan en cuenta que estamos anticipando la hoja de ruta que ya tenía prevista el Gobierno de España, en donde además tenemos recursos adicionales que no sabíamos que íbamos a tener, tampoco sabíamos que íbamos a tener una pandemia cuando conformamos este Gobierno de coalición, y por tanto está previsto que el Consejo de Ministros lo apruebe antes de finalizar el año, teniendo la reforma fiscal o la reforma de pensiones o la reforma del mercado laboral, un interés que entiendo muy concreto, pero siendo todas las reformas igualmente importantes y estando Bruselas, escuchando al Gobierno de España, y por tanto, conociendo la totalidad del Plan, que es integral, que abarca prácticamente todas las políticas, como ustedes han podido ver, y que hoy mismo, la misma ministra, anunciaba aquel que tiene que ver con el desarrollo del componente social y donde hay reforma respecto al modelo residencial que ella misma ha explicado, en la atención a las personas mayores, igualmente en otros entornos. Pero iremos conociendo todos esos componentes cuando lo apruebe el Gobierno de España, y que van a estar muy en línea con lo que ustedes ya han publicado, con las líneas maestra que ustedes ya conocen.

Porque reforma laboral y reforma de pensiones han sido objeto también de diálogo en el marco de las reuniones entre sindicatos y empresarios, en el marco del diálogo social y la reforma fiscal, como ustedes también conocen, va a ser objeto de diagnóstico y de propuesta por parte del comité de expertos. Así que esto es lo que se alumbra en esas medidas, pero el texto literal lo conocerán cuando el Gobierno lo apruebe antes de que termine este mes.

Director General de Información Nacional.- Había pedido la palabra también, volvemos a la pantalla, Ketty Garat, no sé si nos escuchas, Ketty.

P.- Buenas tardes.
Les quería hacer dos preguntas, ministros, en primer lugar, a la ministra Portavoz, a la señora Montero. Ponía usted el acento en las contradicciones del Partido Popular o de algunos grupos políticos en referencia al Estado de Alarma durante este año de pandemia, y me gustaría preguntarle por las contradicciones también del Gobierno.
¿Por qué el Gobierno, que anunció el pasado 15 de mayo de 2020 una reforma legislativa sobre la Ley de Salud Pública y la Ley de Seguridad Ciudadana, lo hizo la vicepresidenta primera Carmen Calvo, en una comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, ahora considera que no hace falta reformar dichas leyes para ajustarse jurídicamente a un terreno como el que hemos vivido durante este año de pandemia? ¿Por qué solo puede haber dos escenarios, pasar del todo a la nada en Estado de Alarma, al libre albedrío, por así decirlo?
Y si a futuro, no digo ahora de cara al 9 de mayo, sino a largo plazo, con la vista puesta en evitar otros posibles escenarios anémicos, el Gobierno no se plantea recurrir a ese tipo de reformas, ya sea de esas leyes o de otras en referencia a este asunto.
Y al ministro de Justicia, le quería insistir en una pregunta que creo que no se ha respondido y es precisamente por el motivo por el que decayó la anterior negociación del Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular. ¿El Gobierno estaría dispuesto a que decayeran o apartar los nombres de José Ricardo de Prada y Victoria Rosell para llegar a un acuerdo con el Partido Popular, o sigue defendiendo que son dos jueces con una trayectoria intachable que deben de estar en la lista del Gobierno? Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, Ketty, por tus preguntas.
En relación con la primera pregunta, yo creo que hay una obviedad.
Partido Popular es que ha votado en contra de la prórroga de los estados de alarma cuando los dato de incidencia epidemiológica eran similares o eran superiores a los que tenemos en la actualidad. Y es que ha votado en contra. No es que sea una, como diría, una posibilidad anticipatoria. Es que estoy hablando de hechos.
Hemos ido al Congreso de los Diputados con propuestas para que se pudiera prorrogar esta situación y el Partido Popular no solo ha votado en contra, sino que ha acusado al Gobierno progresista de España de estar restringiendo la libertad de los ciudadanos. A algunos les sonará que incluso en algún lema electoral se ha incorporado esa palabra dentro de la frase, justo para poner en relación esas cuestiones que le acabo de comentar. Y, por tanto, la contradicción no lo digo yo, es que es palmaria, es que ahora pide algo o no sé si lo pide, porque hoy el señor Maroto ha dicho que no. Entonces yo no sé ya si lo piden o no lo piden. Yo lo que sé que hay días que lo piden, hay presidentes que lo piden, hay otros que no lo piden, que se pronuncian en otro sentido, y creo que el Partido Popular, si me permiten esta expresión, está enredando con este tema del Estado de Alarma y no saben ni lo que quieren en relación con el Estado de Alarma.

Lo que sí le puedo decir es que el Gobierno considera que la restricción de los derechos fundamentales es algo muy serio y que, por tanto, no se puede dejar en manos de las comunidades autónomas una restricción que, desde nuestro punto de vista, está bien articulada en el Estado de Alarma que rige la Constitución española, que tienen que ser situaciones muy excepcionales, como son las que tienen que ver con motivo de la pandemia y que no es conveniente descentralizar esta cuestión en otros entornos que no sean los que en este momento recoge el propio desarrollo constitucional, en donde figura, delimita, una figura tan clara como el Estado de Alarma para producir esta restricción.

Nosotros no consideramos que haya que incorporar, en el marco de las leyes ordinaria, la restricción de la capacidad de movilidad, por ejemplo, de los ciudadanos, de la capacidad de reunión de los ciudadanos, sino que tienen que estar circunscrita a la declaración del Estado de Alarma.
Es esto y no otra cosa. Y consideramos que las comunidades autónomas tienen todas las capacidades, todos los instrumentos normativo. No existe ningún tipo de vacío legal para poder efectuar las actuaciones, insisto, que normalmente están consensuadas en el marco del Consejo Interterritorial, y que no requieren de legislaciones superiores, salvo aquellas que tienen que ver con el marco competencial que tienen, en donde hay comunidades autónomas con modernas leyes de salud pública y otras comunidades autónomas, que probablemente, si quieren modernizar sus leyes, lo tienen que formalizar, como hizo recientemente la Comunidad Autónoma de Galicia.

Pero insisto en que niego la mayor. En el Gobierno siempre hemos mantenido que los derechos fundamentales tienen que tener un marco jurídico muy concreto de restricción, en este caso el Estado de Alarma, porque se trata de algo muy serio, insisto, y por tanto parece que no es conveniente ni recomendable incorporarlo como algo más a las leyes normales, o digamos, ordinarias, que tienen las comunidades autónomas, porque no se trata de algo ordinario ni se trata de algo normalizado, se trata de algo que tiene que ser extraordinariamente excepcional y consideramos que ese marco se tiene que regir para todo el país y por parte del Gobierno de España, con el refrendo de un segundo poder, como en este caso es el Poder Legislativo.

Sr. Campos.- Creo en un tema que he explicado por activa y por pasiva. Yo tengo la sensación de que siempre aparece una nueva excusa. El problema es que hay un momento en que ya en el cajón no te queda ninguna, y, el Partido Popular se queda sin excusas para no negociar, no sentarse a hablar porque es su obligación, es su obligación constitucional. Lo dice la propia vicepresidenta, que ha salido tantas veces en la rueda de prensa de hoy, lo decía, que es absolutamente urgente la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Entonces sólo hay una pregunta ¿por qué no lo hacen? Porque ya no hay excusas, se les han dado todas las posibilidades. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo estamos en medio de un proceso electoral. Bueno, esperaremos al 5.

Aun así, y saben que tengo un optimismo metabólico, estoy convencido de que más pronto que tarde tendremos esa renovación, porque es que no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial. La Constitución no la queremos o no nos la creemos. Y los que nos la creemos sólo tenemos que apostar por su fortalecimiento.

Director General de Información Nacional.- Disculpe, ministros, nos precipitamos. Ahora sí, May Mariño, adelante.

P.- Hola, buenas tardes. Tenía tres preguntas rápidas, una para cada uno.
Empiezo por el ministro Campo. Esa tarde en el Congreso se debate la toma en consideración de una proposición de ley para reformar el Código Civil, de manera que los animales dejen de ser considerados cosas y sean considerados, abro comillas seres vivos dotados de sensibilidad. ¿Qué opinión tiene al respecto, de que sean los jueces los que puedan decidir la custodia de animales en caso de ruptura de parejas?
Quería luego otra pregunta para la ministra Belarra sobre la Ley de Vivienda, teniendo en cuenta que estaban en las negociaciones, si el pronunciamiento que queda pendiente del Tribunal Constitucional es un poco lo que está marcando esa limitación sobre los precios en la futura ley, perdón, si la limitación de los precios en la ley catalana, que está pendiente todavía el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, está marcando los tiempos en la ley que se está trabajando para nivel estatal y si va a influir en el contenido de la misma.
Y, luego, tenía ya una última pregunta para la Portavoz sobre el ERE que hemos conocido, que, si el Gobierno piensa actuar de alguna manera, porque hay que tener en cuenta que tener un representante en el Consejo de Bankia, y el 16% del capital de esa entidad, entonces no sé si va a hacer algún tipo de movimiento al Ejecutivo al respecto. Muchas gracias.

Sr. Campo.- Bueno, es un tema realmente importante, porque yo sé que no todo el mundo lo tiene en la cabeza, pero creo que hoy, abordar el mundo animal, lo que supone el maltrato, lo que vemos, la gran perturbación social que produce el maltrato animal o en cuestiones de un grado inferior, en relación al cariño que se le procesa a sus animales y por lo tanto en situaciones de conflicto, por ejemplo, en parejas hace falta regular.

¿Cuál es mi ideal? Mi ideal es que la convivencia o cuando se rompe, logre por unos cauces adecuados articular todos los problemas que tienen y por tanto, en ese reparto de bienes, de afectos, el animal y se pueda establecer. Pero soy juez hace muchos años y estoy acostumbrado a ver que cuando las personas no llegan a un acuerdo tenemos el litigio y hoy, y en eso también estamos trabajando, sobre todo de la Ley de Eficiencia Procesal, buscar mecanismos que impidan que sea la sentencia a la que dirima las controversias.

¿Por qué? Porque no solo es mejor un mal acuerdo que a lo mejor que una sentencia, sino porque hay algo fundamental y es la necesaria cohesión social en una sociedad tensada, tensionada y por tanto, buscar mecanismos que articulen eso, es bueno. Ahora, en última instancia, que sean los tribunales, pues parece lo que la sociedad civilizada a decantado.

Sra. Belarra.- Gracias. Muy rápido. No, lo que está retrasando las negociaciones no tienen que ver con el recurso pendiente al Tribunal Constitucional. Sé que vamos con un poco de retraso, pero yo confío en que vamos a poder tener un acuerdo más pronto que tarde.

Portavoz.- Y en relación con la tercera pregunta, me permiten que sea prudente, porque la información creo que ha sido comunicada a lo largo de el transcurso de esta rueda de prensa. Lo que sí puedo decir en lo que comentaba anteriormente, en la medida en la que el Gobierno de España pueda influir, evidentemente vamos a minimizar cualquier pérdida de empleo que se produzca en cualquier parte del tejido productivo y por tanto, desde nuestra aportación vamos a intentar contribuir con mecanismos, con herramientas, para que las empresas no se vean obligada a estos despidos.
Aunque, como usted bien sabe, los procesos de reestructuración del sector bancario no todos tienen que ver con la situación pandémica y algunos que son previos, que arrancan previamente, que estaban pendientes de completar. Es imprescindible que España complete ese proceso de reestructuración para tener entidades que sean fuertes en el contexto internacional y por tanto tengamos banco que sean españoles y que realmente jueguen un papel imprescindible dentro de la arquitectura y de la construcción de nuestro propio tejido productivo.

Y, por tanto, siempre vamos a intentar minimizar las pérdidas de empleo, pero, insisto, en que es evidente que tenemos que acompañar estos procesos de reestructuración, porque si no se hubiera producido la fusión entre CaixaBank y Bankia, seguro que estaríamos asistiendo a un expediente muy superior al que tenemos por delante, siendo consciente por las cifras que me comentan que se trata de un expediente cuantioso e importante, pero podría haber sido un expediente muy superior si cada entidad hubiera hecho la reestructuración por su lado y no se hubiera producido una concentración que hubiera ganado en eficiencia y en capacidad de capilaridad en el conjunto del territorio para sostener aquellas oficinas que son importantes e incorporarse a un proceso de digitalización que, como usted bien sabe, inevitable en este momento, porque es imprescindible que toda la huella bancaria y que todos los movimientos de todos los ciudadanos, con todas las garantías de confidencialidad, estén registrados para mayor protección y mayor seguridad del consumidor.

Por tanto, todos trabajaremos para minimizar todas estas cifras, pero seguro que nuestra aportación ha sido, en este sentido, desconociendo los elementos concretos que puedan acompañar este expediente.

Director General de Información Nacional.- Un penúltimo turno, Ibon Uría, 20 Minutos.

P.- Gracias ¿qué tal?, buenas tardes, quería preguntarle a la Portavoz por dos asuntos, el primero de ellos son algunas dudas que me surgen ahora que vamos a abordar, parece, que la financiación del Estado de Alarma, en primer lugar, sobre las restricciones que podrán acordarse en el marco del Consejo Interterritorial una vez haya finalizado el decreto de alarma. Quería preguntarle si podrán acordarse cierres perimetrales de comunidades autónomas y una derivada, incluso si esa comunidad afectada no estuviera en principio de acuerdo con la medida.
Una segunda duda es que usted ha dicho aquí que el criterio más importante para, en fin, para acordar la finalización del Estado de Alarma son los datos, los datos de la pandemia. Ayer Fernando Simón dijo que, aunque la intención sea no prolongar el Estado de Alarma, dijo que lo sensato sería valorarlo a la vista de los datos en torno a una semana antes de la finalización. Y en este sentido, quería preguntarle si podría afirmarse que la decisión del Gobierno o el plan del Gobierno de no prolongar el Estado de Alarma está sujeta a constantes revisión en función de los datos.
Y una última duda sobre este asunto, es si barajan convocar una conferencia de presidentes autonómicos dada, en fin, las discrepancias o los comentarios que están llegando desde algunas comunidades autónomas.
Y si me permite una última pregunta sobre el tema de impuestos, usted recientemente abrió la puerta a que los grandes patrimonios hagan una contribución adicional ya en 2022, durante la constitución del grupo de expertos, y, después hemos escuchado declaraciones de otros miembros del Gobierno incidiendo en que no es este el momento de subir impuestos. Quería preguntarle si el Gobierno puede garantizar que en 2022 no se subirán impuestos ni se armonizaban tampoco entre comunidades autónomas. Gracias.

Portavoz.- Son cuatro preguntas, en una intervención, voy a intentar ser rápida.
En relación con la primera, la finalización del Estado de Alarma tiene que permitir que las comunidades autónomas, en el marco del Consejo Interterritorial, puedan adoptar decisiones que son de obligado cumplimiento. Ya las cuestiones concretas respecto a los cierres perimetrales o a la capacidad de movilidad entre provincia, es mejor no que se pregunte cuando se vea el número de personas contagiadas, la incidencia, a la ministra de Sanidad que comparece cada semana respecto a las decisiones que se adopten. Yo sería muy osada si me anticipo a cualquier cuestión que todavía no ha sido debatida en el marco de la comunidades autónomas y por tanto, me remito al Consejo Interterritorial y a la Comisión de Salud Pública para que ellos puedan contestar con criterio experto, con criterio técnico, cualquier cuestión que tenga que ver con la necesidad o no de hacer cierres perimetrales y por tanto, en función de la incidencia, el poder adoptar medidas de este tipo o medidas de otro tipo respecto a la movilidad de los ciudadanos, porque en el caso que usted me comenta, estamos hablando de la movilidad de los ciudadanos.

En relación con el con la segunda cuestión, yo le diría que, lo que le he comentado antes creo que era a Juanma Romero, respecto a que la voluntad del Gobierno de España es no prolongar el Estado de Alarma más allá del 9 de mayo. Pero usted me ha escuchado y siempre lo digo. Todo ello desde la prudencia, porque evidentemente lo que marca las decisiones últimas de este Gobierno son los criterios técnicos y los criterios expertos, en función de los datos epidemiológico que tenemos en cada momento.

No sé si le contesto, creo que sí, pero es lo que también le transmitía a su compañero, una cuestión que creo que es bastante clara, al igual que considero que cuando se pronuncian los partidos políticos también se están pronunciando respecto a esta cuestión, a los datos que tenemos ahora, y, por tanto, ojalá que vacunar, vacunar, vacunar nos permita que cada vez estemos más cerca del objetivo que perseguimos y que haya menor número de contagios, porque haya un mayor volumen de personas vacunadas. Con el ritmo de entrega que tenemos, conforme va pasando el tiempo, seguro que estamos en mejores condiciones, casi escasamente a unos meses o que estamos en el día de hoy.

Respecto a la conferencia de los presidentes autonómicos, no será porque este Gobierno no haya convocado. Creo recordar, el último dato eran 17, creo recordar, conferencias de presidentes autonómicos, es decir, que hemos tenido una relación muy fluida, puesto que la co-gobernanza de la pandemia, tanto a nivel sanitario como a nivel económico, obliga a esa relación fluida, y, seguro que el presidente del Gobierno, si estima que existen condiciones adecuadas, existen necesidades de convocatoria, así lo hará. Pero sería bueno que también previamente, los presidente que pertenecen a una misma formación política se pusieran de acuerdo. Y les digo esto porque yo leo titulares en donde el mismo Partido Popular, dependiendo de dónde habla, de que comunidad autónoma habla, tiene un planteamiento o tiene el planteamiento contrario, le pido una cosa al Gobierno o le pido una cosa contraria.

Por eso la convocatoria de presidentes autonómicos no es, desde luego, ninguna garantía de que haya una posición homogénea por parte de aquellos que pertenecen a una misma formación política, siendo el Congreso de los Diputados el lugar en donde, al estar obligados a votar, obliga a que los partidos políticos, a su vez, armonicen la posición entre los diferentes presidentes autonómicos, cuestión que quiero decirle que no es fácil, puesto que se vive la realidad de manera distinta en esta materia, en financiación autonómica o en cualquier otra cuestión donde permanentemente escuchamos opiniones dispares del mismo partido dependiendo de quién es el presidente que las pueda referir.

Y en relación con el último planteamiento, a mí me llama la atención la pregunta, y aprovecho, porque nunca y en ningún momento trasladé ninguna situación decidida de llevar al presupuesto del año 2022 algo que todavía no está ni siquiera discutido ni decidido. Es que dejemos trabajar a los expertos. Los expertos tienen fecha hasta febrero del 22 para presentar su informe final. Y cuando me referí a la contribución en la pandemia de los grandes patrimonios, no me refería a una decisión del Gobierno de España, me refería al pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha propuesto, ha trasladado, que sería conveniente analizar propuestas respecto a la contribución temporal de los grandes patrimonios para la salida de esta situación de pandemia y, por tanto, han sido ellos los que han llevado esta cuestión.

Yo en ningún momento ni hablé de que tendría que hacer el candidato en la Comunidad de Madrid respecto a la fiscalidad, eso ha sido objeto de los titulares y yo, como ustedes han visto, he estado prudente, no he dicho nada, porque yo me estaba refiriendo a la modernización del sistema tributario de España y luego cada presidente autonómico o cada candidato expresara su voluntad de hacer o no hacer, ejercer o no ejercer sus competencias fiscales en la dirección que estimen oportuna, que no es competencia del Gobierno de España, las competencias aquí no pueden estar compartidas, y por tanto, yo lo que me dedicaré, con el comité de expertos es a posibilitar una modernización de nuestro sistema tributario para responder a las demandas, a las exigencias del siglo 21.

Pero insisto en la pregunta, respecto a que esos grandes patrimonios y su contribución, es una propuesta del Fondo Monetario Internacional y que sin duda los expertos analizarán todo lo que tienen que ver con propuestas internacionales y propuestas nacionales, y espero que logremos consenso suficientemente importante como para poder acometerlo en el momento en el que las condiciones económicas lo permitan. Y es una frase y es una coletilla que digo siempre que hablo de reforma fiscal. La escucharán ustedes siempre. Otra cosa es que se omita cuando alguien quiere llevar a un titular una decisión que nunca, ni ha sido expresada, ni nunca ha estado tomada previamente. Adoptaremos la modernización en el momento adecuado de nuestra economía y en los momentos en los que consideremos que beneficia a la justicia fiscal, a la progresividad fiscal y, en definitiva, al sostenimiento de los servicios públicos que son imprescindibles para transitar por esta pandemia, como hemos aprendido, espero que sí, a lo largo de estos últimos meses.

Director General de Información Nacional.- Pues un último turno de pregunta antes de cerrar esta comparecencia a Lourdes Velasco.

P. Buenas tardes, gracias por la palabra.
Quería preguntarles cuál es la posición que tiene el Gobierno en el debate del espaciamiento de la administración de las vacunas y se estarían dispuestos a retrasar la segunda dosis, pese a que en principio la Agencia Europea del Medicamento pide que se usen tal y como dice el prospecto.
Por otro lado, quería saber si el Gobierno tiene algo que decir a la presidenta madrileña, que les ha responsabilizado de haber creado las colas del hambre con medidas drásticas y que califica a estas personas también de mantenidos, subvencionados y a la ministra Belarra, en calidad de miembro de Unidas Podemos, quería preguntarle si comparte y apoya la posición del ministro de Justicia de que se deja en suspenso la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Muchas gracias.

Portavoz.- Respecto a la primera cuestión, decirle que, tal como hemos venido transmitiendo en las diferentes reuniones del Consejo Interterritorial, de la Comisión de Salud Pública, cualquier decisión en materia técnica de administración de vacunas, de cómo se complementa la dosis de AstraZeneca, todas estas cuestiones hay que derribarlas a la reunión de expertos y por tanto, a las conclusiones que se puedan derivar, esta tarde, mañana, a lo largo de la próxima semana, fruto del debate en estos entornos, que son entornos técnicos, pero hoy por hoy la posición que tiene el Ministerio de Sanidad es el cumplimiento de la ficha técnica, y por tanto la administración de la segunda dosis, creo recordar a los 21 días en el caso de Pfizer y creo que 28, 29 días en el caso de Moderna. Estos son los criterios que hoy rigen, salvo que el Consejo Interterritorial, la Comisión de Salud Pública, pudiera plantear algo distinto, elemento que en este momento, que yo sepa, no está en la agenda para poder cambiarlo, aunque siempre puede ser iniciativa de una comunidad autónoma plantear un tema para que sea debatido por el resto de los actores que participan.

Y respecto a las declaraciones formuladas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, solamente le voy a decir que creo que se descalifica por si sola en el sentido de que personas que están atravesando momentos tan duros, tan complicados, con motivo de la pérdida de su empleo por parte de todos o de algún miembro de la unidad familiar, que tienen que acudir a entornos, básicamente de la sociedad civil, o de las administraciones, para poder recibir los alimentos necesario para poder seguir manteniendo a su familia, no merecen ningún tipo de comentario descalificatorio, despectivo o comentarios que le puedan etiquetar y por tanto yo, este Gobierno se desmarca absolutamente de ese tipo de comentarios y ya, cualquier otra consideración política sobre las cuestiones que tienen que ver con las propuestas o con las propias afirmaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, las obvio desde esta mesa porque ha comenzado la campaña electoral.
Muy bien, muchas gracias. A, sí, es que había otra….

Sra Belarra.- Sí, sí, gracias. Muy brevemente, porque ya estaremos todos cansados.
Yo es que no puedo más que compartir al cien por cien con el ministro de Justicia, que el Partido Popular se encuentra en estos momentos en rebeldía con el cumplimiento de la Constitución. Y creo que esa es la situación a la que todos compartimos, que tiene que terminar de manera inmediata, porque precisamente la no renovación del Consejo General del Poder Judicial está incumpliendo cada día que pasa nuestra Constitución. Me parece que es algo gravísimo y que creo que, si se produjera una situación de estas características en el Gobierno, en el Ejecutivo, sería un auténtico escándalo democrático. Bueno, pues creo que el símil está claro.

Portavoz.- Ahora si despedimos esta rueda de prensa antes, recordando a todos los ciudadanos la obligatoriedad de mantener las medidas que marcan las autoridades sanitarias, aunque estemos ya atravesando la parte final del túnel, en estos momentos no se puede, en ningún caso, relajar ningún tipo de medida y también rogando que acudan a los puntos de vacunación en el momento en que están citados y que lo tienen previsto, que completen esa inmunidad de la vacunación, vacuna segura, vacuna autorizada por los expertos, por las autoridades correspondientes y por tanto, ojalá en todos los plazos que hemos marcado podamos tener al 70% de la población vacunada y empecemos, por lo menos, a poder vivir una nueva normalidad, una nueva situación, distinta a la que vivimos ya viviendo durante los últimos meses y que ya conlleva fatiga para el conjunto de los ciudadanos y también para el conjunto de las empresas y de los actores. Así que siga esas recomendaciones y por favor, acudan a vacunarse. Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)