Comparecencia de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, y de la ministra de Industria, Comercio y Turismo

La Moncloa, martes 11 de mayo de 2021

MINISTRA DE HACIENDA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: María Jesús Montero

VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL: Yolanda Díaz

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO: Reyes Maroto

Portavoz.- Pues muy buenas tardes a todos y a todas, como siempre, bienvenidos a esta comparecencia, a esta rueda de prensa posterior a la celebración de la reunión ordinaria del Consejo de Ministros.

Hoy, como ven, contamos en esta rueda de prensa con la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que va a informar sobre un importantísimo avance que se va a producir en los derechos laborales de los trabajadores denominados riders, es decir, aquellos que se dedican al reparto a través de las llamadas plataformas digitales.

Y ven también que me acompaña la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que va a informarles sobre el nuevo plan de acción 2021-2022 para la internacionalización de la economía española, como saben, un instrumento fundamental para que nuestras empresas puedan ganar en tamaño y en competitividad.

Pero antes de cederles la palabra, voy a trasladar algunas cuestiones de la semana que consideramos de interés.

La primera, relacionada con la evolución de la pandemia y también el ritmo de vacunación. La ministra de Sanidad cada martes informa al Consejo de Ministros sobre esta circunstancia, que evidentemente es el foco principal que el Gobierno de España tiene sobre la situación, la actualidad política, social, que vivimos en nuestro país.

Como saben, este fin de semana finalizó el Estado de Alarma después de varios meses donde ha estado vigente y empezamos ya una nueva fase donde las comunidades autónomas tienen a su disposición una amplísima batería de medidas para seguir controlando la pandemia, para adoptar las decisiones que consideren oportuno, con el fin de que no se produzcan contagios o que el virus se propague lo menos posible. En concreto, tienen a su disposición todas las herramientas que prevé la legislación ordinaria que precisan del aval judicial solo en aquellos casos en los que afecte a derechos fundamentales.

Como venimos señalando desde el Ejecutivo, una alteración sustancial de los derechos y libertades de los ciudadanos, como el que se establece en un Estado de Alarma, no podía mantenerse por tiempo indefinido. De hecho, es una circunstancia excepcional que se prevé en la Constitución y por tanto el Gobierno siempre ha velado porque esté vigente solo el tiempo estrictamente imprescindible para poder, como digo, controlar la pandemia.

Tengan en cuenta que cuando se inició, se declaró el último Estado de Alarma, el que ha tenido una mayor duración en el tiempo, estábamos en una incidencia acumulada en torno a los 360 casos y hoy estamos en una incidencia acumulada que es prácticamente la mitad, 198 casos por 100.000 habitantes, circunstancia, como digo, extraordinariamente distinta de la que teníamos solo el pasado mes de octubre.

Por tanto, hay que estar permanentemente monitorizando, ponderando todas las medidas que las comunidades autónomas tienen que desplegar, sabiendo que lo más importante, la herramienta principal, es contar ya con un arsenal de vacunas que se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para que se pueda llevar a cabo un ritmo de vacunación que nos permita cumplir el objetivo marcado por el presidente del Gobierno, que es que en torno al mes de agosto estaremos ya con el 70% de la población vacunada y por tanto, habiendo conseguido la inmunidad de grupo. Una cuestión en la que siempre solicitamos a las comunidades autónomas que en la medida de sus posibilidades aceleren todo el proceso de vacunación, porque, insistimos, es la única herramienta real que va a permitir dar por finalizada de forma definitiva esta pandemia.

Precisamente para incrementar esa capacidad de producción, para seguir animando a la industria a que proporcione las vacunas necesarias para vacunar no solamente a Europa, sino al conjunto del mundo, como digo, en esa dirección, precisamente este viernes el presidente del Gobierno va a visitar la planta de Granada de los laboratorios Rovi, que es donde se fabrica la vacuna de Moderna.

Quiero decirles que en estos momentos casi el 30% de la población tiene ya una dosis de la vacuna y en el día de ayer se han superado los 6,2 millones de personas que tienen ya establecida la pauta completa. Sin duda una buena noticia, porque igualmente contamos con datos que avalan que la vacunación entre las personas residentes en los centros de mayores ha conseguido evitar hasta un 71% de hospitalizaciones. Esta población está vacunada ya por encima del 90%, siendo la población vulnerable, sin duda era una de las poblaciones prioritarias a la hora de conseguir la pauta completa de vacunación, lo que está evitando, como los datos ponen de manifiesto, ingresos hospitalario, y también defunciones o fallecimiento.

Por tanto, yo quiero decirles que nos encontramos ante un escenario radicalmente diferente, y nuestra obligación como estado democrático que tiene siempre que preservar los derechos ciudadanos, las libertades y su salud, tenemos que hacer una lectura correcta en cada momento para interpretar de forma idónea los datos epidemiológicos que nos aportan las distintas series.

Eso sí, hemos reiterado y lo seguimos haciendo, porque hay que no cansarse de hacer pedagogía, que el fin del Estado de Alarma no implica de ninguna manera que podamos dar por acabada la pandemia o que podamos relajar las cuestiones, las tareas, las medidas, que de forma individual cada persona tenemos que adoptar para nuestra propia protección y también de las personas con las que habitualmente convivimos.

De hecho, en esta nueva fase, donde ya no operan las restricciones a la movilidad, es imprescindible apelar a esa responsabilidad, porque aun sabiendo que la fatiga pandémica pesa y mucho sobre la población, sabemos también que es imprescindible para nuestra propia protección que mantengamos todas aquellas medidas que recomiendan las autoridades sanitarias.

Yo creo que éramos muchas las personas que estábamos deseando que llegara a ese día del fin del Estado de Alarma, pero nos jugamos mucho en las próximas semanas, nos quedan ya 99 días para conseguir ese 70% de inmunidad de grupo y esto es lo que tenemos que recorrer, insisto, sin bajar la guardia para que los últimos coletazos de esta pandemia no nos afecten personalmente ni afecten a las personas queridas.

Como siempre, nuestra solidaridad y nuestro pesar por las personas que durante estos días están siendo hospitalizadas o que directamente ya han fallecido.

En definitiva, yo quiero que los ciudadanos comprendan que nos jugamos tanto que, en definitiva, todos tenemos que mantenernos a raya en todas aquellas cuestiones que venimos practicando desde el comienzo de la pandemia, bien conocidas por todos los ciudadanos respecto a las medidas de protección personal, mascarilla, lavado de manos, apertura de los lugares donde podemos estar reunidos o concentrados, y, por otra parte, la distancia de seguridad que nos permite preservarnos de esta enfermedad, porque nos jugamos mucho y en realidad el conjunto de la sociedad española se juega el volver a cifras de contagios que ya hemos pasado página y que no queremos que se vuelvan a repetir en el futuro. Nos jugamos la posibilidad de perder a nuestros seres queridos, como digo, justo ya cuando estamos atravesando el final del túnel, también estamos jugándonos el volver a estresar a los profesionales sanitarios, depositando en sus espaldas una responsabilidad, como saben que ya han vivido de forma intensa durante los últimos meses y que algunos y algunas personas se han jugado la vida por intentar curar a las personas que estaban enfermas, y también nos jugamos el poner en peligro el ritmo de la recuperación económica o la llegada de los visitantes turistas que tanto necesitamos en la economía de nuestro país.

Es por ello que no nos vamos a cansar de insistir al conjunto de la ciudadanía que por favor extremen las precauciones que serán necesarias todavía durante ese tiempo, estos 99 días, como digo, que nos quedan para cumplir con ese objetivo de vacunación. Queda solo este trecho final. Así que animo a toda la población y también toda nuestra cooperación para que los poderes públicos cumplamos con nuestras obligaciones y con nuestras competencias, por parte de las comunidades autónomas, para que se adopten las medidas que sean necesarias en el paraguas legal del que nos hemos dotado, y la justicia, respaldando estas medidas para dar seguridad al escrupuloso respeto que tiene que tener nuestro sistema de libertades y de derechos. Ni más ni menos que cuestiones tan importantes como las libertades de los ciudadanos.

Y antes de entrar en los temas aprobados en el día de hoy, quiero también en nombre del Gobierno felicitar al Teatro Real, que, como saben, acaba de recibir el premio al mejor teatro de Ópera del Mundo, un galardón que reconoce el trabajo de tantas administraciones y tantos profesionales que han hecho de El Real un templo de la lírica española y mundial.

Y sin más, cedo la palabra a la vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y posteriormente retomaremos también algunos de los temas abordados en el día de hoy. Cuando quieras, vicepresidenta.

Sra. Díaz.- Gracias, María Jesús. Gracias por su presencia. Buenas tardes.

Bueno, en primer lugar, quiero ubicarles el contexto histórico de esta norma, que vamos a destacar que es una norma principal y que va a cambiar el signo de los tiempos. Un contexto histórico que es de cambios, si me permiten, estamos observando como el presidente Biden está insertando vientos de cambio en toda la acción pública, en la acción económica, fiscal y por supuesto en la social. También en esta materia observarán como el presidente Biden está diciendo que quiere legislar en el sentido que hoy lo hace el Gobierno de España. Por lo tanto, digamos que también en nuestro país y este Gobierno lo está haciendo, es el momento de impulsar los vientos de cambio con una agenda muy ambiciosa para propiciar la mejora del bienestar en nuestro país.

Y de esta manera España se convierte en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia. He de decirles que no hay ningún país en el mundo, a día de hoy, después de lo que ha acontecido con la norma que sostenía este planteamiento en California, después de California y la anulación de la misma, no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esta materia. Por tanto, estamos a la vanguardia y por primera vez el mundo está mirando, créanme, a España, respecto de la regulación que hemos propiciado.

Esta norma tiene una enorme importancia porque, claro, incorpora cambios en el paradigma social. Decía Simone Weil no, que bueno, era difícil que los trabajadores dejaran en el alma a las puertas de la fábrica. Esto era en otro contexto histórico. Ahora digamos que lo que tocaría o que es lo que diría ella, es justamente que los trabajadores no podemos dejar el alma en el teclado de nuestros portátiles o en nuestros dispositivos electrónicos, de tal manera que de lo que hablamos, en definitiva, a pesar de la transición en el tiempo y de los cambios sociales, pues hablamos nada más y nada menos de lo de siempre, de proteger a las personas más vulnerables.

El Gobierno de España puso empeño en esta norma, porque si algo hace es proteger a los más vulnerables. Y permítanme destacarlos, fundamentalmente afecta a los jóvenes, a las jóvenes de nuestro país. De ahí la gran importancia que tiene lo que hoy estamos haciendo. Y personas, insisto, que carecen de protección social. Por tanto, el relieve es grande.

Pero hablando del cambio de paradigma, también, de alguna forma, lo que vamos a hacer en esa transición histórica son dos cosas más, y, es que creo que podríamos decir que no queremos ni jefes, como pasaba en el pasado, que griten, ni queremos tampoco dispositivos móviles que nos penalicen. Este es, de alguna manera, el resumen de la norma que hoy estamos haciendo.

Y hago también otra traslación histórica, los que son mayores los recordarán en su momento en la llamada Revolución Industrial, hubo un pacto social ante el avance de los derechos para ser conscientes de la necesidad de a pesar de avanzar industrialmente, pues era necesario preservar colectivamente los derechos de los y las trabajadoras. Aquí quizás hago un llamamiento también porque a pesar de la rapidez y el cambio tecnológico de este nuevo tiempo, realmente hagamos también un gran pacto social para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras. Es decir, la tecnología no puede ir, de ninguna manera, reñida ni puede cuestionar un marco de protección, que es la garantía y la solvencia de la democracia en nuestro país. Por lo tanto, el cambio de paradigma es fuerte, pero es cierto que tiene una idéntica traslación histórica.

Les decimos en nombre del Gobierno de España, que los cambios tecnológicos, como saben, son imparables y no les tenemos ningún miedo. Los asumimos con absoluta rotundidad. Lo único que hemos de hacer es cuidar y proteger los derechos de los y las personas. Esta es la clave del cambio tecnológico y lo que hace el Gobierno de España y es el primero que lo hace, es justamente gobernar la transición tecnológica que forma parte ya de nuestras vidas. Piensen que todas las empresas, todas las mercantiles de nuestro país, hoy, desde la más pequeña a la más grande, hace uso de la inteligencia artificial de una u otra manera, desde una conservera hasta una gran multinacional. Por tanto, es clave que seamos valientes como estamos siéndolo y gobernemos el cambio o la transición tecnológica sin miedos.

Y creo que aquí, en nombre del Gobierno de España, desde luego, les damos las gracias una vez más a los agentes sociales, todos y todas ellas. El señor Garamendi, Gerardo Cuerva, Unai Sordo y Pepe Álvarez, que al mando de sus organizaciones no han sentido miedo, han sido valientes y, como saben, de mutuo acuerdo, esta norma, pues ha dado sus frutos y no es cosa menor. Créanme que estoy en contacto permanente con todos los ministros y ministras de prácticamente todo el mundo y es muy complejo alcanzar lo que el Gobierno de España ha hecho en nuestro país. Por tanto, aprovecho estos sin miedos para darle las gracias.

También, en tercer lugar, quizás como cambio de paradigma y de los vientos del cambio, si me permiten, con mucho cariño, quizás en otros momentos, lo que hubiera pasado en el Gobierno, es que hubiera ido arrastrando los pies, mirando para Europa o pidiendo o intentando emular buenas prácticas en Europa. Si me permiten comunidad, pero con solvencia. Creo que somos en este momento pioneros, y me consta que Europa nos está mirando y con mucha atención, no solo los agentes sociales y sus representaciones, sino todos y cada uno de los ministros y ministras en esta materia.

Por tanto, es la primera vez que Europa, como ha pasado con otras normas, mira a España, mira a la presidencia del Gobierno, señalando que estamos haciendo cosas que son nuevas y que son desde luego, indicativas del cambio de los tiempos, que ya no son futuros, sino que están siendo y son presente.

En este sentido, les adelanto llegamos hasta aquí con un ingente trabajo con nuestros homólogos europeos, muy intenso en los últimos tiempos, por supuesto, con la ministra portuguesa, con el ministro italiano, hoy compartimos una reflexión en un periódico italiano y español, y desde luego tenemos vocación, junto con el comisario Schmit, de ir con fortaleza y a la ofensiva en la nueva redefinición de las relaciones laborales.

Saben también que la Comisión ha abierto una consulta pública sobre esta materia. Ahora mismo están en trámite con los agentes sociales y que en junio, en Catania, tendremos una reunión en monográficas sobre las relaciones laborales en las plataformas digitales.

Y la cuarta cuestión. Les anuncio ya que esto es el comienzo y por tanto vamos a crear ya, esto es lo que anunciamos en este momento, un comité de expertos y de expertas que no solamente van a asesorar al Gobierno, sino que van a estudiar en profundidad el buen uso de la inteligencia artificial y los algoritmos en las relaciones laborales en nuestro país. Esto es de enorme importancia.

Comprenderán que los cambios están siendo ya diarios y a una velocidad que da vértigo y, por tanto, necesitamos del saber colectivo de los expertos, como siempre hace el Gobierno de España, para que cuando lleguemos a una posición más avanzada podamos tener solvencia y claridad respecto de cómo abordamos de manera completa el uso de la inteligencia artificial en las relaciones laborales, que esencialmente se fundamentan en que el uso de las fórmulas matemáticas sean neutras.

Aquí, como saben, un tribunal en Bolonia ha resuelto una cuestión que ya conocíamos de manera intuitiva, pero que tenemos ya la certeza, y es que el denominado "algoritmo Frank" no era neutro, sesgaba, y casualmente penalizaba a los trabajadores y trabajadoras que causaban bajas por enfermedad, o aquellos trabajadores o trabajadoras que aprendiesen algún tipo de reivindicación de cualquier tipo. Es decir, que ya tenemos no solamente intuiciones, sino que certezas, aunque intuiciones teníamos muchas, de que efectivamente había sesgo en el manejo de las fórmulas algorítmicas y matemáticas en el desempeño de nuestras actividades laborales. Insisto, los algoritmos están en todas y cada una de las relaciones laborales ya, desde el acceso a una profesión hasta la salida de la misma. Por tanto, de ahí la importancia de la configuración de este comité de expertos y que, con tranquilidad y serenidad, pueda estudiar en profundidad cómo afecta esta nueva realidad a los trabajadores en plataformas.

Entro ya en lo que es el objeto de una norma que parece sencilla, por el tamaño de la misma, sin embargo, es harto compleja y sé que comienzo con una afirmación, les he dicho en muchísimas ocasiones que un joven que va en una bicicleta con una app o con un dispositivo móvil no es un emprendedor, les he dicho además que no había jurídicamente ningún margen de autonomía en esa relación jurídica. Ahora ya no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Supremo, lo han dicho infinitud de tribunales de nuestro entorno e incluso el Reino Unido, y ahora lo dice el Gobierno de España con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, ya no es una opinión, que es muy respetables, sino que es un hecho cierto, que forma parte ya de la transformación social del Gobierno progresista de nuestro país.

Quiero dar las gracias en nombre del Gobierno de España a la Inspección de Trabajo. Ha desempeñado, lo sabemos la ministra Portavoz y yo misma, una labor encomiable, con unos servicios recortados, lo vuelvo a recordar también, porque hemos afrontado la pandemia y las transformaciones que llevamos adelante con servicios públicos depauperados. En este sentido, gracias a la labor ingente de la Inspección de Trabajo, han aflorado y se han laboralizado en 16.694 personas con un impacto económico, en términos de recaudación social para el Ministerio de Trabajo de Economía Social y, por tanto, también la afectación que tienen al Ministerio de Hacienda de 29 millones de euros. Por tanto, se dan cuenta del alcance que tiene esta norma y lo que va a suponer en términos también de bienestar social en nuestro país.

Lo que hacemos en esta norma son dos cosas, una muy sencilla. Decimos, como ha dicho el Tribunal Supremo, que los trabajadores y trabajadoras que desempeñan su tarea en las plataformas digitales de cualquier tipo son laborales y por tanto, conllevan todos los márgenes y derechos que concita el Estatuto de los Trabajadores, todos y cada uno de ellos, derechos de organización, de sindicación, derechos de protección social y, por supuesto, de cotizaciones y salariales.

Pero si me permiten, quizás lo más ambicioso que plantea la norma es lo que hemos dispuesto respecto de la afectación de los algoritmos, no solamente algoritmos, sino también distintas fórmulas de operación que tenemos en las relaciones laborales. Y lo digo porque aquí la respuesta jurídica ha causado bastante impacto en términos internacionales, era compleja, pero lo hemos hecho. Y ahora mismo hemos modificado el artículo 64 de nuestro viejo Estatuto de los Trabajadores para garantizar un derecho de información que tendrán los trabajadores y trabajadoras en todas y cada una de las empresas de nuestro país. De tal manera que la afectación aquí es absoluta en todos y cada una de las empresas de España, de tal manera que tienen que incorporar la fórmula matemática y algorítmica con la afectación que tienen en sus relaciones laborales. Es decir, que tienen que darnos transparencia para saber realmente si ese algoritmo o fórmula matemática, o reglas o instrucciones que en términos de inteligencia artificial son muy importantes, tiene algún tipo de sesgo en la relación laboral.

No hace falta que les diga que este es el núcleo central del planteamiento de protección que estamos dando. Y aquí la afectación, insisto, es global a todas las entidades mercantiles. En definitiva, por una razón, y es por lo que he señalado del "algoritmo Frank", y es que los trabajadores y las trabajadoras tenemos derecho a saber cuáles son las razones que motivan ciertas decisiones que son empresariales.

¿Cómo lo hemos hecho? Pues de manera muy sencilla, modificando, como les digo, este precepto que da derechos de información a los trabajadores y modificando en una disposición adicional del Estatuto de los Trabajadores, diciendo que los trabajadores que lo hacen en plataformas digitales se presumen que son relaciones laborales.

Permítanme decirles también, como fruto del cambio de los tiempos, que es la primera vez desde el siglo XX, que un gobierno tiene la valentía de incorporar y no excluir del ámbito de la protección laboral a un colectivo de trabajadores en nuestro país. Y creo que nos podemos sentir muy orgullosas de ello. Observarán desde el siglo XX, desde el año 90 hasta ahora, que hemos ido excluyendo a muchos colectivos de trabajadores del ámbito de protección y es la primera vez que lo hacemos.

Y termino con una cuestión por si les causa interés, y es que hemos decidido no abordar este cambio legislativo en lo que sería el orden natural de las cosas, es decir, en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, que es donde se define qué es un contrato de trabajo. No lo hemos decidido, perdón, o hemos decidido no hacerlo ahí sencillamente porque justamente, tiene muchísima relevancia y tiene mucho alcance al ritmo de los tiempos, tal y como vamos, definir bien que es ahora mismo un contrato de trabajo. Les pongo un ejemplo, cuando hacemos la presunción de la laboralización de los riders, lo que hacemos es cambiar dos conceptos del Estatuto de los Trabajadores, que es la dependencia y la ajenidad. Es cierto que los tribunales españoles nos venían ya diciendo que teníamos que adecuar este concepto al cambio de los usos sociales. Ahora, como les decía antes, la orden o los gritos no los da un empresario directamente, una persona física, sino que los hacen, los escabullen a través de fórmulas, a través de dispositivos móviles.

¿Pues qué hacemos aquí? Como nos había señalado el Tribunal Supremo, si cambiamos conceptualmente el concepto tradicional de dependencia y ajenidad para permitir que aun no siendo entendidas de manera clásica como veníamos haciendo, si hay relación de laboralidad cuando se producen en estas situaciones. Es decir que la dependencia o la ajenidad puede ser también no inmediata, sino que mediata o puede ser indirecta. Y esto creo también que es de enorme importancia.

Termino ya. Creo que es un día de enorme satisfacción. Agradecimiento a los agentes sociales. Tiene una vacatio legis de tres meses para que las empresas puedan hacer transformaciones y acomodaciones a esta nueva norma. Y, desde luego, un mensaje de optimismo, ahora los algoritmos van a ponerse, por primera vez en nuestro país al servicio de la mayoría social. Y creo que esto define a un Gobierno que es progresista. Están a favor de la gente, de los que más lo necesitan. Y creo que solamente esta razón hace de enorme utilidad la norma que hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros y Ministras.

Portavoz.- Pues muchas gracias, vicepresidenta. Y a continuación les voy a pasar la palabra también a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Cuando quieras, ministra.

Sra. Maroto.- Muchas gracias, ministra.

Como bien ha señalado la ministra Portavoz, hoy hemos llevado y aprobado en el Consejo de Ministros dos importantes acuerdos que van a permitir una mejora de la competitividad de nuestras empresas, de nuestra economía y, por tanto, sentar las bases en las que ya está trabajando el Gobierno de España de la recuperación económica.

El primer acuerdo que hemos aprobado en el Consejo de Ministros es el tercer plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022. Un plan, sin duda, que es necesario para abordar, como decía, la recuperación económica. Un plan que es ambicioso porque va a permitir movilizar más de 4 600 millones de euros en recursos públicos, un plan moderno porque se adapta a un contexto de la pandemia que ha tenido efectos negativos en los flujos comerciales y de inversión, y un plan, además, fruto del consenso y de la colaboración público privada, que son los ejes sobre los que el Gobierno quiere construir la recuperación que España necesita, un plan también alineado con el Plan de Recuperación, de Transformación y de Resiliencia.

El objetivo principal que tiene el Plan es que el sector exterior, como ya lo fue en la crisis del 2008, sea clave para la recuperación de nuestra economía en la era post COVID, un sector exportador que ha atravesado un cambio estructural durante la última década, ha aumentado significativamente la base exportadora, se ha incrementado con éxito la participación de empresas españolas en las cadenas globales de valor, mejorando su posicionamiento en los mercados internacionales, se ha reforzado también la marca y la tecnología y se han abordado nuevos mercados geográficos, posicionando también a España como uno de los países más atractivos para atraer inversión extranjera.

Sin embargo, hay retos pendientes que tenemos que afrontar y que ha acelerado la pandemia sobre los que el Plan de Acción que hoy hemos aprobado incide de forma directa con nuevas herramientas que vamos a poner en marcha, herramientas que nos van a permitir aumentar la base de empresas españolas que exportan regularmente, promoviendo un mayor acceso, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, es un foco importante de este plan y animar, ayudar a la PYME a explorar los mercados exteriores, haciendo uso de nuevos instrumentos que se ofrecerán a las empresas a través de herramientas de autodiagnóstico que identifiquen su vocación exportadora y su potencial de internacionalización, a partir de programas como el Programa de Ampliación de Base Exportadora, el PABE, los servicios de apoyo personalizado para la internacionalización empresarial.

El segundo de los puntos que reforzamos en este Plan es la diversificación de los mercados de destino de nuestras exportaciones, de nuestras inversiones, buscando la apertura de nuestros mercados con un nuevo instrumento en el marco del Fondo para la Internacionalización de la Empresa el FIEM, que permita financiar estudios de viabilidad, asistencias técnicas y consultoría con prioridades sectoriales y geográficas.

El tercero de los elementos del Plan de Acción sitúa el centro en consolidar la presencia permanente en mercados de destino de empresas españolas, el nuevo programa ICEX localiza tiene este objetivo de reforzar la resiliencia de nuestro ecosistema empresarial con presencia internacional. En este punto, señalar que hoy nos visita el presidente de Argentina, como saben, para España el área latinoamericana, América Latina, es uno de nuestros principales áreas de inversión, de hecho, España es el segundo inversor en América Latina después de Estados Unidos, y este plan refuerza el acompañamiento a la empresa exportadora para que siga invirtiendo en Latinoamérica, para que siga siendo la empresa española un eje de desarrollo económico en una América Latina que es amiga, que es hermana y donde además este plan de internacionalización va a poner sin duda el foco con áreas específicas que recogemos dentro del Plan.

Queremos también, en cuarto lugar, aumentar la resiliencia de nuestro sector exportador, potenciando instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización, acciones de soporte, como decía, con especial atención en la pequeña y mediana empresa, a través de instrumentos como el FIEM, CESCE o COFIDES, que se implementarán junto con instrumentos tradicionales, incorporando una novedad que son las políticas de financiación sostenible, muy alineadas con la agenda que tiene el Gobierno de España de abordar la transición ecológica.

Promover la transición digital y la sostenibilidad entre las empresas internacionalizada es también uno de los elementos que recoge el Plan de acción como vectores de competitividad internacional.

Un eje muy importante que hemos reforzado en el plan es el desarrollo del talento para la internacionalización. Un factor, sin duda de competitividad de nuestras empresas y clave para su crecimiento. Vamos a lanzar un nuevo programa, el Programa Vives, que facilita el acceso al mercado laboral a través de prácticas en empresas ya internacionalizada, a gestores de la internacionalización focalizados, sobre todo, como decía en la pequeña y mediana empresa que necesita de este talento, de este conocimiento de apoyo para la internacionalización.

Además, hemos puesto en marcha una plataforma "Mujer e internacionalización" para crear una red de apoyo y alianzas que animen también a la vocación internacional de las mujeres. Tiene también, como digo, este plan, esa novedad, incorporar la perspectiva de género, algo que, como saben, es también uno de los compromisos del Gobierno.

Impulsar el atractivo de España como receptor, como destino de inversión extranjera, es otra de nuestras prioridades. Para ello vamos a poner el programa en marcha, el Programa INNOVA Invest, que permitirá a España seguir ocupando los primeros puestos como receptor de proyectos greenfield en actividades innovadoras, en actividades de alto contenido tecnológico y talento, y también muy alineado, como decía este programa, con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en los cuales estamos identificando proyectos tractores donde España quiere ser líder, donde quiere sin duda ser un hub de atracción de inversión en ámbitos como la movilidad eléctrica, como el hidrógeno verde en el ámbito también que tiene que ver con las energías renovables o también con la tecnología. Aprobamos recientemente el hub audiovisual que incorpora esta visión de liderazgo que España tiene para incorporar también y captar inversión extranjera en un momento clave, como digo, para la reactivación económica y también para sentar las bases de un cambio en nuestro modelo productivo basado en la sostenibilidad, en la digitalización, en la inclusión y sin duda, en la modernización de nuestro modelo de crecimiento.

Un Plan de Acción 2021-2022, como decía ambicioso, va a poder movilizar más de 4.200 millones de euros y que se suma a un plan que ya presentamos a finales del año pasado, un plan de choque que ha permitido movilizar más de 2.600 millones de euros que pusimos en marcha para proteger a nuestro sector exportador ante la pandemia, para mitigar el impacto de la crisis sanitaria y que sin duda nos está permitiendo ya recuperar los niveles de exportación que teníamos antes del inicio de la pandemia y sentar, como decía, al sector exportador como uno de los ejes, de los pilares de nuestra reactivación económica.

El segundo de los acuerdos que hemos aprobado y que incide también en el compromiso que tiene el Gobierno de España de no dejar a nadie atrás, de mejorar la competitividad de nuestras empresas, tiene que ver con el apoyo que estamos dando a la industria electrointensiva, a la gran industria, al consumidor electrointensivo.

Hoy hemos llevado al Consejo de Ministros, hemos aprobado un acuerdo importante, la primera convocatoria para la compensación de subvenciones, de cargos repercutidos en los costes de electricidad, un mecanismo que está recogido en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo por un importe de 91 millones de euros.

Una convocatoria importante que permite, como decía, compensar estos cargos que tienen las industrias electrointensivas y que se suman a la factura energética y que va a mejorar, sin duda, su competitividad para afrontar también y ser protagonista de la recuperación económica.

Con este mecanismo ponemos ya en marcha y desplegamos el conjunto de los instrumentos recogidos en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, instrumentos, como decía que recoge esta nueva convocatoria de 91 millones de euros. La convocatoria que sacamos hace dos semanas, que compensan los costes de CO2 por valor de 79 millones de euros y el mecanismo que va a permitir acompañar a las empresas en los contratos de PPAs con el sector energético por un valor de 600 millones de euros.

En definitiva, desplegamos el conjunto de instrumentos para apoyar a la industria electrointensiva por valor de 770 millones de euros y con ello nos reforzamos en el compromiso que asumió el Gobierno de España al llegar hace tres años, de afrontar esta transición energética que tiene que hacer la industria electrointensiva con garantías, de forma que muy satisfechos por poder desplegar estos instrumentos y sobre todo estos dos acuerdos, marcan el paso de una de las prioridades que tiene la agenda al Gobierno de España, que es la reactivación económica y sentar las bases de una mejora importante de nuestro modelo productivo.

Muchísimas gracias, ministra.

Portavoz.- Muchas gracias a vosotras.

Voy a hacer referencia a seis materias adicionales que han sido objeto de aprobación en el Consejo de Ministros, no menores.

La primera de ellas tiene que ver con que hemos aprobado el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española, impulsada a la reforma por la Vicepresidencia Primera, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, relativo a la protección y a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

Recordarán ustedes que se trata de una reforma integral y en profundidad, tanto en la terminología que se utiliza, en el lenguaje constitucional, como en la estructura y en el contenido. De hecho, yo creo que todos podemos compartir que la Constitución española supuso un hito incuestionable en el avance de las personas con discapacidad, incluso fue pionera en elevar al máximo rango normativo la protección de este colectivo, un colectivo que lo componen, ni más ni menos que 3 millones de personas.

No obstante, la evolución y el paso del tiempo ha hecho evidente que es necesario reforzar y mejorar los derechos de las personas con discapacidad, ofreciendo más garantías para su protección y adaptando también la terminología que se utiliza en el propio artículo.

La reforma supone un paso adelante añadido en la configuración del Estado Social que proclama nuestra Constitución y es fruto de una reflexión abierta, sosegada y rigurosa, en la que han participado miembros de las fuerzas políticas parlamentarias y también representantes de la sociedad civil vinculados a las personas con discapacidad.

Respecto al contenido, el nuevo texto pone el énfasis en la protección, en los derechos, en los deberes, en la participación de las organizaciones representativas y en la situación de especial vulnerabilidad que concurren en mujeres y niñas con discapacidad, reflejando por último la protección que ofrecen el conjunto de tratados internacionales.

La propuesta queda redactada de la siguiente forma: Artículo 49.1: "Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación"

El segundo de estos apartados establece que los poderes públicos tendrán que impulsar las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad.

El tercero, regula la especial protección de estas personas para el pleno ejercicio de deberes y derechos, y el cuarto también plantea que las personas con discapacidad gozarán de la protección prevista en los tratados internacionales que son ratificados por el Reino de España.

Por tanto, creemos que con esta reforma estamos en condiciones también de seguir modernizando nuestra carta manda, mejorándola ya bajándola a la España real.

El segundo de los acuerdos que quería comentarles también esta mañana a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tiene que ver con la aprobación de un Código de Buenas Prácticas al que podrán adherirse las entidades financieras que hayan canalizado avales públicos y quieran facilitar la renegociación de la deuda contraída por las empresa o por los autónomos.

Les pongo el contexto.

Recuerdan ustedes que el Gobierno de España aprobó hace escasamente unas semanas 11.000 millones de euros que iban dirigida al sector empresarial, básicamente para solventar los problemas de solvencia que se pudieran derivar de las consecuencias económicas consecuentes con la pandemia. Saben también que durante todo este período hemos desarrollado 96.000 millones de avales para el sector privado, 126.000 millones de créditos, que se han otorgado a nuestro modelo productivo, más de 1 millón de operaciones de liquidez, que se han ido desarrollando en los últimos meses, con la especial característica que el 98% de estas operaciones iban dirigida a PYMEs y autónomos.

Pues bien, la aprobación de este marco, de este código, va a ser el encuadre de referencia, el marco de referencia para la implementación, en colaboración con las entidades financieras, de todas las medidas de reestructuración que se aprobaron en el Real Decreto Ley reciente de medidas extraordinarias para apoyo a la solvencia empresarial.

De manera que, con esta norma, las entidades financieras podrán adherirse de forma voluntaria a este código y dispondrán de un mes para comunicar dicha adhesión a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.

Las entidades financieras que suscriban este Código de Buenas Prácticas se comprometen a estudiar la situación financiera particular de las empresas y de los autónomos que soliciten adherirse a este mecanismo y gocen de financiación con un aval público, de estos que se han ido proporcionando, como digo, a lo largo de más de este millón de operaciones que se han formalizado.

Sin duda, esta aprobación del Código de Buenas Prácticas va a reforzar la colaboración de los organismos públicos con las entidades financieras, de manera que sea eficiente la aplicación de medidas que refuercen la solvencia de los autónomos y preserven nuestro tejido productivo, como digo, para afrontar las mejores condiciones en esta recuperación.

Además de la aprobación de este Código de Buenas Prácticas, el acuerdo establece las líneas de actuación y los requisitos para que las empresas y autónomos se puedan beneficiar de las medidas que se dirigen a esta reestructuración.

Yo creo que con esta nueva línea el Gobierno crea un marco adecuado para que tras la crisis que se ha desatado con motivo de la COVID19, podamos preservar y apoyar a nuestro tejido productivo con capacidad para que contribuyan a la recuperación económica en nuestro país.

Algunas de las medidas concretas que se establecen son, empresas y autónomos podrán beneficiarse de la extensión hasta diez años, es decir, dos años más de lo inicialmente previstos, del plazo de amortización de los préstamos que se habían avalado.

También se permite la ampliación de los períodos de carencia más allá de dos años, previo acuerdo de ambas partes.

También se mantiene el aval público de los préstamos que por acuerdo voluntario entre la entidad y la empresa, se puedan convertir en préstamos participativos.

Se destinarán 3.000 millones para que el ICO, CESCE y CESGAR acompañen estos procesos de reestructuración de los préstamos y permitan la reducción del importe nominal de la deuda. Estamos hablando siempre de préstamos que cuentan con el aval público y las entidades financieras tendrán que mantener abiertas las líneas de circulante del beneficiario hasta el próximo 31 de diciembre del año 2022.

Por último, estas entidades financieras establecerán las medidas más adecuada para cada situación que planteen las empresas o el autónomo, con el fin de garantizar, como siempre decimos, la viabilidad y el mejor uso de estos recursos públicos. Las empresas y autónomos que quieran acogerse a esta medida deberán cumplir a su vez una serie de requisitos, entre ellos haber sufrido una caída de la facturación.

Les puedo decir, por último, que se publicitan estas entidades financieras que se adhieran a este Código de Buenas Prácticas y con ello podamos también estimular el buen hacer de aquellos que realmente quieran participar de solventar, de hacer viable esta reestructuración que sin duda puede ser la garantía de solvencia para muchas empresas de nuestro tejido productivo.

El tercer tema que quería también comentarles, a propuesta de seis ministerios, es la aprobación de una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se va a celebrar el próximo 17 de mayo.

El Gobierno de España quiere manifestar con esta declaración su firme compromiso en la defensa de los derechos de las personas LGTBI, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, comprometiéndose, tal como venimos haciendo desde el inicio de esta legislatura, a seguir adoptando todas las medidas necesarias para erradicar discriminaciones, ataques o actos de violencia que a día de hoy siguen sufriendo las personas que pertenecen a este colectivo.

Recordarán que nuestro país dio un salto de gigante y fue ejemplo internacional en los derechos de las personas LGTBI, al ser el tercer país del mundo que legalizó el matrimonio igualitario bajo la presidencia de un gobierno socialista. Tal y como expresó entonces el presidente del Gobierno, el señor Zapatero, España avanzaba de esta manera hacia un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros.

Por eso este Gobierno, siendo consciente y así expresándolo en esta declaración, de la necesidad de seguir dando paso para avanzar en los derechos de una ciudadanía plena, en términos de derechos y libertades, más aún en este momento actual, en el que estamos viendo un cuestionamiento y un retroceso en lo que se refiere a la protección de los derechos de las personas LGTBI, y también asistimos a un aumento de los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género. Y es por ello que tenemos la necesidad de seguir implementando políticas públicas decididas que promuevan la igualdad real, efectiva, y la lucha contra toda discriminación dentro de nuestro país, pero también fuera de nuestras fronteras. La declaración íntegra la podrán también ver al término de esta rueda de prensa.

El cuarto tema, brevemente, ha sido acuerdo a partir de la iniciativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para contratar a la empresa pública Tragsa por un importe de 51 millones para prestar servicio en los dispositivos de acogida de inmigrante en las Islas Canarias.

El encargo que hace el Ministerio consiste, esencialmente, en la prestación de una serie de servicios básicos, en estos dispositivos de acogida, para proporcionar una atención digna, humanitaria, en condiciones de seguridad, a las personas migrantes, vulnerables, que llegan a las Islas Canarias. Entre los servicios se encuentran los relativos a alimentación, seguridad, limpieza o mantenimiento de estos centros de acogida, para la atención de un máximo de 7.000 personas migrantes. El plazo de vigencia de este encargo se va a extender a lo largo del año desde el día 13 de julio de 2021 hasta el día 12 de julio del año 2022.

El quinto acuerdo que también quiero comentarles es la distribución territorial provisional de 49,2 millones de euros para nueve líneas de actuaciones agrarias impulsada por el Ministerio de Agricultura. Se trata de una propuesta que se llevará a cabo en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural para su posterior ratificación.

El presupuesto va a permitir, impulsar y fortalecer, o mejorar, aspectos muy concretos en los ámbitos de la agricultura y la ganadería. Solo por citar algunas de las actividades, se fomentará la apicultura, se mejorará el control del rendimiento lechero, para contribuir a mejorar la competitividad de estas explotaciones, se apoyará la producción agrícola en el marco de programas de opciones especificas por la lejanía y la insularidad, con el objetivo de facilitar el acceso a la producción canaria a todos los mercados y también salvaguardar el tejido económico y social de la zona rural. Y además, gracias a este acuerdo se van financiar programas estatales de erradicación de las enfermedades de animales y el trabajo en la prevención y en la lucha contra las plagas.

El sexto y último acuerdo ha sido el nombramiento de Gonzalo García Andrés como secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, a propuesta de la Vicepresidencia Tercera y Ministerio de Asuntos Económico, y Transformación Digital.

Gonzalo García Andrés sustituye a la señora Ana de la Cueva, cuya labor ha sido fundamental, clave, para la puesta en marcha de las medidas que han permitido contrarrestar los efectos económicos de la pandemia y para la propia elaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Damos las gracias y deseamos también en su nueva actividad, toda clase de éxitos a la señora de la Cueva.

El señor Gonzalo García Andrés es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, es Técnico Comercial y Economista del Estado y hasta ahora era socio director de Analistas Financieros Internacionales AFI y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el Ministerio de Economía. Por tanto, también nuestro agradecimiento por su aceptación y desearle toda clase de éxitos en esta nueva tarea.

Y con ello, ya si, Miguel Ángel, damos por finalizada esta primera intervención y quedamos a la espera de las preguntas que quieran formular los medios de comunicación.

Secretario de Estado de Comunicación.- Bueno, que ha sido la vicepresidencia segunda la del nombramiento porque...

Portavoz.- Correcto. Discúlpenme, pero algunas veces confundo la numeración. Ha sido la vicepresidencia segunda y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Secretario de Estado de Comunicación.- Muy bien, pues comenzamos. Ana Fernández Vila, de Europa Press.

Pregunta.- Hola ¿qué tal? Buenas tardes.

Quería saber en primer lugar, en el caso de que el Tribunal Supremo no avale las medidas de las comunidades autónomas que recurran a este órgano, ¿qué alternativa maneja el Gobierno? Y en ese escenario, si creen que será posible seguir conteniendo el virus estos 99 días que quedan hasta que consigamos la inmunidad de grupo sin toques de queda o cierres perimetrales, sobre todo tras las fiestas multitudinarias que hemos visto este fin de semana.

Y sobre estas escenas, quería saber si después de este tipo de aglomeraciones, después de ver las trabas jurídicas que se están presentando en varias comunidades autónomas, la última en Navarra, que ha vuelto el Tribunal Superior de esta comunidad, ha rechazado el toque de queda, y las críticas también de la oposición, incluso de sus socios parlamentarios que acusan al Gobierno de inacción y de caos, ¿creen que ha sido correcto?, ¿creen que levantar el Estado de Alarma ha sido la decisión correcta? Gracias.

Portavoz.- Sí. Muchas gracias, Ana por la pregunta, y me van a permitir que me extienda un poco, porque probablemente también es objeto de interés por parte del resto de compañeros.

Quiero transmitir, en primer lugar, que la finalización del Estado de Alarma es una buena noticia en término epidemiológicos, porque como acabo de expresar al inicio de mi intervención, cuando se declaró esta situación del Estado de Alarma para varios meses, estábamos en unas cifras de incidencia acumulada que prácticamente doblan la situación actual, el número de contagios que existe en este momento, y por tanto es un buen dato que ha permitido que durante todos estos meses vayamos, de manera progresiva, de manera lenta, disminuyendo esta incidencia acumulada después de los picos que se presentaron con motivo de la tercera y la cuarta oleada.

Yo creo que es innegable que este instrumento jurídico fue un acierto por parte del gobierno, pero que, como su propio nombre indica, está circunscrito a una situación excepcional que no se puede prolongar en el tiempo y que hay que utilizarlo solo en aquellos casos donde sea absolutamente imprescindible, y no pueda ser sustituido por alguna de las otras medidas que se pueden aplicar al objeto de proteger a la población de estos contagios.

También quería decir que contamos en este momento temporal con algo que no contábamos hace unos meses, como el poder disponer de una tecnología como es la vacuna. Y también creo que tenemos entre todos que reconocer que los buenos datos de vacunación, el calendario acelerado que tenemos de esta vacunación, está permitiendo alcanzar los hitos que nos habíamos propuesto, para que en el entorno del verano, y concretamente en el mes de agosto, el 70% de la población esté vacunada y consigamos lo que se llama inmunidad de grupo, que nos permite protegernos al conjunto de los ciudadanos de esta enfermedad.

Esta situación en la que se encuentra la pandemia es fruto del trabajo colectivo desarrollado básicamente por el Consejo Interterritorial en la cogobernanza del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, y, también hay que decirlo, por el comportamiento generalmente ejemplar que han tenido la mayoría de los ciudadanos a la hora de aplicar y de implementar las medidas que se han dictado desde las autoridades sanitarias.

Por eso decía que es una buena noticia que el fin del Estado de Alarma, porque significa que lo peor de esta pandemia, con todas las cautelas y con toda la prudencia, ya ha pasado, y, que, por tanto, la excepcionalidad ya no es imprescindible para el control de nuestros datos sanitarios.

Sin embargo, es importante resaltar, como viene haciendo el presidente, que el fin del Estado de Alarma no significa, ni mucho menos, que podamos bajar la guardia y, por tanto, que siguen plenamente vigentes todas las medidas que afectan a las medidas de protección personal que cada una de las personas tenemos que acometer en el ejercicio de nuestra responsabilidad.

E igualmente quiero transmitir que nuestro ordenamiento jurídico tiene y contiene todos los elementos necesarios para que las comunidades autónomas puedan desplegar una batería de medidas proporcionales a la situación que viva cada territorio y que permita, como siempre decimos, el ser capaces de proteger a todos los ciudadanos, desde la autorización para la apertura, para el cierre de determinados establecimientos, como otras medidas que si afectan, y solo, y solo, insisto, en el caso de que afecten a la restricción de derechos o libertades fundamentales, necesitan el aval del Poder Judicial.

El Gobierno, además, para evitar que se produzcan asimetrías en los pronunciamientos que pudieran tener los tribunales superiores de las diferentes comunidades autónomas, recuerdan que también aprobó un marco en el que el Tribunal Supremo será el competente para resolver los recursos que se puedan plantear, si finalmente un tribunal superior no admite o no da la razón a la medida que plantean las propias comunidades autónomas.

Por ello, cuando a veces escuchamos que el Gobierno de España está de brazos cruzados, nada más lejos de la realidad, y no se entiende por qué recibimos las críticas cuando ponemos en marcha las medidas o dictamos las medidas que no se respetan las competencias autonómicas, y ustedes han sido testigo de haber escuchado de forma insistente, fundamentalmente por el principal partido de la oposición, que se estaba haciendo con la vigencia del Estado de Alarma, un ataque a los derechos de los ciudadanos y se estaba también inmiscuyendo el Gobierno de España en las competencias propias de las comunidades autónomas, e igualmente recibimos el mismo ataque si se levanta el Estado de Alarma, en este caso una crítica absolutamente fuera de la realidad, dirigida a la inacción teórica que algunos creen o algunos plantean que pueda hacer el Gobierno.

Pues como siempre digo, ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Sería bueno también que el Partido Popular se aclarara respecto a qué quiere en materia de control de esta pandemia, porque saben ustedes que esta formación política votó en contra y hay que repetirlo, porque probablemente se escuchan ustedes aisladamente a los dirigentes del Partido Popular nos podamos despistar de lo que hizo, el Partido Popular votó en contra en octubre de la prolongación del Estado de Alarma durante los meses que han durado prácticamente hasta hace escasamente unos días.

Es por ello que entendemos, creemos, que evidentemente hay todavía en el marco del Consejo Interterritorial, que creo que ha acumulado, tiene ya un talento, un bagaje en experiencia de las distintas oleadas y las desescaladas que se han producido, que sin duda sirven como referencia a las comunidades autónomas para la intensidad de las medidas que tienen que aplicar. Tienen un ordenamiento jurídico que les permite llevarlas a cabo, insisto que solo en los casos en los que se produzca restricción de los derechos fundamentales se tiene que acudir al Poder Judicial.

Y aquí me voy a detener un momento, porque para este Gobierno es absolutamente imprescindible ejercer una tutela y una garantía constitucional de los derechos fundamentales y las libertades fundamentales que tienen los ciudadanos.

Me habrán escuchado desde esta mesa siempre plantear que nos parece imprescindible que, para hacer una limitación, una restricción de los derechos fundamentales, al menos operen, intervengan dos poderes del Estado. En el caso del Gobierno de España, cuando ha decretado el Estado de Alarma, ha habido un segundo poder que le ha dado el aval que ha sido el poder legislativo, la soberanía popular que reside en el Congreso de los Diputados.

En el caso que sean las comunidades autónomas, también parece lógico y plausible que haya un segundo poder, que en este caso es el poder judicial, y no tengo duda de que la gran mayoría de las veces se va a avalar por parte del poder judicial las recomendaciones, como estamos viendo en el día a día que hacen las comunidades autónomas. En aquellos casos en donde no se produzca, cabe el recurso al Tribunal Supremo, que entendemos que en esta línea garantiza la continuidad y por tanto, el que no se provoque un pronunciamiento sensiblemente diferente en relación con un territorio respecto al territorio vecino.

Y decirle también que, desde luego, este Gobierno no comparte ninguna de las iniciativas que puedan plantear de alguna manera, quitar ese paraguas de tutela efectiva que tiene y que se plantea en el marco constitucional para la restricción de los derechos fundamentales. Y lo digo porque no sé si ustedes han tenido la curiosidad o la ocasión de leer la que el Partido Popular llama iniciativa legislativa, un único artículo, que plantean la proposición que han registrado en el Congreso de los Diputados, un único artículo que deja exclusivamente a los gobiernos, es decir, a las administraciones públicas, la capacidad de poder anular, eliminar, los derechos fundamentales de los ciudadanos en términos de capacidad de reunión, en términos de movilidad o de cualquier otro. Y, por tanto, nos parece absolutamente inadecuado, inapropiado, que no haya una tutela real, efectiva de esas libertades que tienen los ciudadanos. Les digo más, me atrevería a afirmar que probablemente, y en mi punto de vista, es uno de los principales ataques a las libertades de los ciudadanos que hemos podido percibir en los últimos tiempos, registrado como tal en el Congreso de los Diputados, y que, por tanto, no parece, desde luego, que eso sea ningún tipo de plan B de ni de alternativa, como lleva trasladando el Partido Popular.

Con ello termino y decía que me alargaría en esta primera intervención porque entiendo que es de interés para todos, el Gobierno de España considera que existen todas las capacidades en nuestro ordenamiento jurídico a disposición de las comunidades autónomas para aplicar las medidas que ahora corresponden en el marco de una incidencia acumulada, que es la mitad de la que teníamos a la promulgación del decreto de alarma, y, ojalá este instrumento constitucional que no se puede prolongar en el tiempo, insistimos, porque restringe derechos y libertades básicas fundamentales de los ciudadanos, como digo, espero que no haya que hacer uso nunca más en nuestra historia, porque no tengamos una pandemia, aunque no sea de la COVID19, que obligue a que los diferentes gobiernos tengan que activar los llamados mecanismos excepcionales, que están para eso, para una situación exclusivamente excepcional. Faltan 99 días para completar el proceso de vacunación y todos a una tenemos que estar vacunando, vacunando vacunando.

Secretario de Estado de Comunicación.- Ibon Uría de 20 minutos.

P.- ¿Qué tal? Buenas tardes.

A la Portavoz del Gobierno, quería preguntarle si al Ejecutivo le preocupa que se estén produciendo decisiones contradictorias de diferentes tribunales superiores de justicia, en tanto en cuanto pueden producir confusión en la ciudadanía sobre lo que se puede o no se puede hacer en este momento. Y también si el Gobierno mantiene su disposición a apoyar una eventual petición de la declaración de alarma por parte de algún presidente autonómico, si ésta se produjera.

A la ministra de Turismo, Industria y Turismo, quería preguntarle si confía el Gobierno en que el Reino Unido incluya finalmente a España en la lista verde de cara a este verano, si está habiendo algún tipo de contacto, qué va a hacer en definitiva el Gobierno para que eso pueda producirse.

Y a la vicepresidenta Díaz quería preguntarle qué responde usted a las críticas de algunas plataformas que aseguran que con esta regulación que se aprueba hoy corremos riesgo de destruir empleo. Gracias.

Portavoz.- Sí, gracias, Ibon.

Decir, en primer lugar, yo no diría que al Gobierno le preocupa, sino que el Gobierno está atento a esas resoluciones y, sobre todo, que se ha anticipado a que pudiera ocurrir esta circunstancia a través de esa modificación legal que ubicó el recurso ante la decisión de los tribunales superiores de los distintos territorios en el Tribunal Supremo. Por tanto, toda nuestra confianza en el poder judicial, que no tenemos duda que cuando las medidas están justificadas, puede pedir información complementaria, como siempre se puede hacer, pero cuando las medidas están justificadas en base a los indicadores epidemiológicos, no tenemos duda de que los tribunales y el Tribunal Supremo resolverá de forma favorable a lo que piden los territorios, pidiendo documentación adicional o que se les justifique alguno de los elementos en los que pudieran tener mayor duda.

Hay, y es importante decirlo, todo un abanico de medidas que pueden aplicar las comunidades autónomas que no tienen por qué afectar a la restricción de derechos fundamentales. Habitualmente siempre ponemos el foco en esta última apartado, pero todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los horarios de apertura de los establecimientos, en relación con el ocio nocturno o en relación con cualquier otra consideración, es una competencia de las comunidades autónomas y sin duda es un mecanismo que regula el flujo de la movilidad de las personas y que, por tanto, permite disminuir ese tránsito o esa movilidad, en aquellos casos en donde realmente exista una incidencia acumulada por encima de los niveles óptimos o de los estándares que cada uno tenga previsto.

Por eso no creo que esta situación tenga que provocar ningún tipo de confusión. Creo que los ciudadanos tenemos que ser plenamente conscientes de que nuestra responsabilidad individual es insustituible. Estamos ya en los coletazos finales de esta pandemia y ojalá todos aquellos que no han resultado enfermos, todos aquellos que han podido preservar su salud, lo sigan haciendo a lo largo ya, pues como les digo, no escasamente tres meses, 99 días que quedan para esa vacunación final y el ritmo de vacunación nos va a acompañar durante este tránsito final al que vamos a sumar, como digo, la responsabilidad particular, individual de la gran mayoría de los ciudadanos. Las imágenes que hemos visto durante este fin de semana, esperemos, y estamos todos conjurados a que no se vuelvan a producir y por tanto, lo que nos tienen que producir es también una interpelación personal respecto a cómo cada uno tenemos que comportarnos para que no se produzcan contagios y no se produzcan situaciones no deseadas en nuestro propio núcleo familiar.

En la segunda pregunta que me hacía sobre si alguna comunidad autónoma le solicita al Gobierno de España la declaración del Estado de Alarma, siempre hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas la capacidad del Gobierno de tramitar ese Estado de Alarma hacia el Congreso de los Diputados, en aquellos casos en donde los datos epidemiológicos justificaran o necesitaran que la comunidad autónoma hiciera uso de ese Estado de Alarma. Lo hemos dicho siempre, lo seguimos manteniendo, que está a su disposición para aquellas comunidades autónomas que así lo quieran solicitar.

Sra. Maroto.- Muy bien, muchas gracias, ministra.

En relación con la pregunta sobre la inclusión de España dentro de la lista de apertura para viajes de Reino Unido, decirle que estamos en contacto permanente con las autoridades británicas, con la Taskforce que ha definido la taxonomía y que, por lo tanto, sabemos que es lo que tenemos que hacer para que los británicos puedan viajar a España. Tenemos que seguir bajando la incidencia acumulada y tenemos que seguir vacunando, algo en lo que está trabajando el Gobierno de España. Llevamos meses poniendo en la agenda estas dos prioridades, la vacunación, como decía la ministra Portavoz, es una de nuestras prioridades y los datos nos permiten ser optimistas y también la bajada de la incidencia acumulada.

También estamos trabajando en la Taskforce para que la taxonomía se pueda incluir la territorialización de España, la regionalización, dado que tenemos una asimetría en los índices de incidencia entre nuestras diferentes comunidades autónomas, es algo, insisto, en lo que estamos trabajando permanentemente, compartiendo los datos de incidencia acumulada y del conjunto de indicadores epidemiológicos que cada semana compartimos con las autoridades británicas para seguir insistiendo en esta demanda que trasladamos a la Taskforce para que se entienda la diferencia y esa asimetría que hay.

Por otro lado, hay un elemento importante en el que también estamos trabajando, y es que tenemos que revisar la recomendación 912, que, como saben, regulan los viajes no esenciales de los países de fuera de la Unión Europea y por lo tanto está ahí también Reino Unido. La buena noticia es que avanza la revisión de esta recomendación, nuestras previsiones que se pueda aprobar en torno al 20 de mayo, y ello va a permitir la apertura ya del mercado británico para que puedan venir los británicos a España.

Además, decirles que según los datos epidemiológicos que Reino Unido tiene, estaría dentro del anexo 1 y por lo tanto estarían excluidos incluso de la PCR y podrían venir a partir del 20 de mayo sin PCR, puesto que los índices de incidencia están por debajo del rango que ahora mismo se está revisando, que estaría en torno a los 50 de índice de incidencia acumulada. Creo que es también una buena noticia. España está muy activa en la revisión de esta recomendación. Están ya los estados miembros revisándola y mañana podríamos tener ya un primer acuerdo en la Coreper, lo cual nos va a permitir, como digo, a partir del 20 de mayo, que son las fechas que prevemos de su aprobación en el Consejo, tener también libertad de movilidad entre Reino Unido y España.

La buena noticia es que los británicos van a poder salir de Reino Unido, que el 17 de mayo los británicos puedan salir de Reino Unido después de las limitaciones que el gobierno británico ha impuesto a sus residentes es sin duda una buena noticia, y, como digo, con la revisión de la recomendación 912, los británicos podrán venir a España a partir del 20 de mayo, si así se aprueba en esas fechas, y con la bajada, la incidencia y el aumento de la vacunación, que es la taxonomía que ya conocemos para poder trabajar, estamos bastante optimistas de que en la siguiente revisión que haga la Taskforce España pueda estar ya en verde y por lo tanto podamos recibir el mercado británico, que es nuestro principal mercado emisor.

Sra. Díaz.- Gracias por la pregunta.

Lo que le respondería es lo mismo que he dicho al principio, y es que he dicho que los trabajadores no deben de temer a los cambios tecnológicos. Bueno, pues yo creo que las empresas no deben temer, algunas empresas, a los derechos laborales, y lo digo porque piense que la mayor parte de las empresas en nuestro país hacen uso de plataformas digitales y también de reparto a través de las mismas. Y créanme que cumplen con los derechos, es decir, en el Derecho Mercantil, pudiera ser que esto fuera una práctica de competencia desleal. Por tanto, creo que soy clara, ni los trabajadores deben de temer a la inteligencia artificial, ni las empresas deben de temer a los derechos laborales.

Creo que una democracia sólida, como es la nuestra, hay que cumplir con las normas, he dado antes los datos de actuaciones de la Inspección de Trabajo y sobre todo hay que cumplir con las resoluciones que están dictando los tribunales españoles. No sólo es que diez tribunales de justicia superiores se hayan posicionado a favor de la razón de la laboralidad, sino que en unificación de doctrina el Tribunal Supremo ha hablado, y claro, por tanto, entiendo que tenemos que cumplir con lo que el Tribunal Supremo está disponiendo, que, insisto, no sólo es el Tribunal Supremo si hacen una observancia en los tribunales europeos, verán cómo están resolviendo más o menos de la misma manera que lo está haciendo los tribunales españoles.

En este sentido, creo que mi debe de haber competencia desleal, no debe existir ningún temor, y, desde luego lo que debemos hacer es cumplir con las normas vigentes en nuestro país.

Secretario de Estado de Comunicación.- Carlos Cué, de El País.

P.- Sí, perdón por insistir con el Estado de Alarma, pero sabe usted que es el asunto central porque ha habido decisiones judiciales, yo lo que le quiero preguntar es que ha pesado más en la decisión del Gobierno de no prorrogar el Estado de Alarma como lo están haciendo otros países. por ejemplo, Italia, lo prorrogado hasta julio sin mayores problemas, motivos políticos, por la dificultad de aprobarlo, motivos económicos para dar el mensaje de que los turistas pueden empezar a venir, o motivos epidemiológicos, porque hay muchos expertos que nos están diciendo que a lo mejor habría que esperar a tener el 50% de la población vacunada, qué ha pesado más.

Quería preguntarles, aprovechando que hacía muchos meses que no comparecía el vicepresidente Iglesias aquí, las dos representantes de la coalición, quería preguntarles a las dos por el estado de salud de la coalición y a la vicepresidenta Díaz en particular, hablaba usted de la agenda progresista, además de lo de hoy, entiendo que esa agenda progresista, para recuperar un poco el paso después de las encuestas este fin de semana y la derrota de Madrid, además de lo de hoy, ¿qué otros hitos puede haber en los próximos meses de esa agenda progresista? Entiendo que ayer habló de la reforma laboral, la ministra de Hacienda ayer dijo que el tema de los impuestos se pospone, pero ¿qué otros hitos pueden haber?

Y sobre el tema del Reino Unido, que antes de preguntar a un compañero, hasta qué punto algunas comunidades están haciendo, por la media, que otras más turísticas que sí han hecho la tarea y han logrado controlar, no puedan tener turistas, porque estamos viendo datos, Baleares, Valencia, Canarias por debajo de los 100, cerca de los 50 y sin embargo Madrid, País Vasco cerca de 400, hasta qué punto Madrid, País Vasco, por ejemplo, están haciendo que pueda complicarse la temporada turística en Baleares o Canarias.

Portavoz.- Sí, muchas gracias, muchas gracias, Carlos.

Yo creo que quizás el dato más expresivo es justamente que cuando se promulgó el actual Estado de Alarma estábamos en torno a 370 casos por 100.000 habitantes, ahora estamos en el entorno de 198, como decía prácticamente la mitad, y han sido los indicadores epidemiológicos y no otra cuestión lo que siempre han marcado que el Gobierno, con motivo de las diferentes oleadas, haya ido poniendo en marcha diferentes iniciativas, dejando exclusivamente el Estado de Alarma para aquellas situaciones en las que no era posible combatir los contagios con otras medidas que nos permiten nuestra legislación ordinaria.

Nosotros siempre hemos tenido claro como Gobierno de España, que el Estado de Alarma había que restringirlo de forma explícita y exclusiva a aquellas situaciones en donde fuera absolutamente insustituible. Usted entenderá que no es plato de gusto para ningún gobierno, básicamente, también para este gobierno progresista, plantear una restricción en los derechos y las libertades de las personas. Y es por ello que con los datos que actualmente tenemos a nivel global, como no puede ser de otra manera, entendemos que, como ocurrió en la segunda oleada, tenemos capacidad, o en la primera oleada ya no recuerdo el volumen de oleadas, tenemos capacidad para poder transitar hacia una situación de normalidad, una vez que ahora tenemos algo que nunca hemos tenido previamente, que es la posibilidad de tener una tecnología como es la vacuna que nos va a permitir, que nos está permitiendo preservar la salud de las personas más vulnerables. Antes de dar un dato que probablemente ha pasado desapercibido, pero decía que el 90% de las personas en residencias de mayores tienen ya la vacunación y que hemos evitado un 71% de hospitalización. Claro, en el momento en que la Comisión de Salud Pública ha ido protegiendo a la población que tenía más riesgo de enfermar o más riesgo de fallecer, estamos en un escenario radicalmente distinto y el Gobierno de España jamás se ha planteado hacer, no le diría un abuso del decreto de alarma, sino ni siquiera un uso que no fuera estrictamente imprescindible.

Pero también quiero decirle que, igual que le digo esta cuestión, también le planteo que para nuestro Gobierno nos parece, desde luego exigible que la tutela y la garantía de los derechos y libertades fundamentales que tienen los ciudadanos esté en el marco que establece de protección la Constitución, en donde al menos dos poderes públicos, distintos, se entiende, se tienen que pronunciar respecto a esa restricción de los derecho fundamentales. Y digo esto porque alguna formación política y en concreto el Partido Popular, ha tenido un planteamiento, desde mi punto de vista irresponsable a lo largo de toda esta pandemia, ha votado en contra de los estados de alarma una y otra vez, y, ahora que decae el Estado de Alarma reivindica sino el Estado de Alarma, algo que me parece mucho más peligroso y que desde luego este Gobierno no va a avalar, que es que los gobiernos por sí solos, sin ningún control adicional, puedan limitar las libertades fundamentales de los ciudadanos.

Y esto es algo que creo que en los últimos días tenemos que poner de manifiesto, porque cuando se traslada que hay alternativa a la situación actual que el Gobierno de España no ha querido acometer, le explico con toda la razón el Gobierno de España va a proteger las libertades fundamentales que tienen los ciudadanos, el derecho de reunión, el derecho de movilidad, el derecho de expresión, todos aquellos que son derechos fundamentales y que, desde luego, no parece de ninguna lógica que se plantee por parte del principal partido de la oposición, que ya los gobiernos, sin mediar ninguna garantía adicional, puedan restringir en su ámbito competencial los derechos fundamentales. ¿Se imaginan ustedes a qué situación nos podemos ver abocados, si esa circunstancia se produjera?

Por tanto, insisto en que son solo esos indicadores epidemiológicos, con toda la responsabilidad compartida que tiene el Gobierno de España con las comunidades autónomas, los que nos permiten levantar el Estado de Alarma y animar a que las comunidades autónomas ejerzan sus competencias, no necesariamente en la restricción de derechos con el aval del poder judicial, porque hay un elenco de medidas muy importantes que se pueden ir produciendo en relación con la proporcionalidad de los datos epidemiológicos que cada territorio viva. No se puede pasar probablemente del Estado de Alarma a que, le pongo un caso, a que las discotecas estén abiertas hasta las 2, hasta las 3 de la mañana. Creo que hay toda unas medidas intermedias que se pueden aplicar para permitir, de forma paulatina, el que vayamos avanzando hacia esa vacunación del 70% de la población, de forma racional, intentando y lo último que le transmito, intentando no convertir la pandemia en una contienda política.

Este Gobierno desde el primer día ha intentado y lo ha hecho, no confrontar con las comunidades autónomas, a pesar de que había medidas o planteamientos que hacían los territorios que no los compartíamos al 100%. Pero no habrá escuchado ustedes esta mesa ningún tipo de crítica en el control de la pandemia hacia los gobiernos autonómicos y no hemos dejado de escuchar críticas del Partido Popular, incluso contradiciéndose en los planteamientos que hacen en los lugares donde gobiernan, dirigida hacia el Gobierno de España, lo que se llama utilización partidista de la pandemia, para intentar desgastar al Gobierno de España con el dolor y con el sufrimiento y con el cansancio que tienen ya los ciudadanos acumulado tras varios meses de pandemia.

Ya vemos la luz al final del túnel y me quedo con lo positivo que estamos ya encarando ese final, quedando ya, y, el contador cada día tendrá un día menos, 99 días para llegar al 70% de la población vacunada.

Sra. Maroto.- En relación con la pregunta que tienen que ver con Reino Unido y los semáforos, trabajamos con la Taskforce, efectivamente para que haya una territorialización de los datos, teniendo en cuenta las diferentes incidencias acumuladas que tenemos en las comunidades autónomas. Yo creo que la responsabilidad que tienen las comunidades autónomas, lo decía la ministra Portavoz, es seguir trabajando en el control de la pandemia y en reducir la incidencia acumulada, pero básicamente porque para ello necesitamos el foco, ponerlo sobre todo en salvar vidas. Lo más importante ahora del control de la pandemia es salvar vidas y después, efectivamente, salvar empresas, salvar empleos, que es lo que este Gobierno ha estado haciendo en los últimos 14 meses y pensando en la reactivación económica. Pero yo digo que no habrá reactivación económica si no hay control de la pandemia. Claramente el punto de inflexión es la vacunación. Eso nos va a ayudar a controlar la pandemia, pero es responsabilidad de las comunidades autónomas de seguir salvando vidas en sus territorios, porque sin eso, la reactivación económica se va a retrasar, porque necesitamos recuperar la confianza de los ciudadanos en el consumo, no solo para viajar, sino también para recuperar una normalidad tan ansiada después de tantos meses de restricciones.

Por lo tanto, seguiremos trabajando en la territorialización de esos semáforos para que se tenga en cuenta la diferente incidencia acumulada. Pedimos responsabilidad a las comunidades autónomas para que sigan desarrollando, en función de sus competencias, aquellos instrumentos necesarios para el control de la pandemia. Acelerar la vacunación, que es algo en lo que el Gobierno está acompañando a las comunidades autónomas con la distribución masiva de millones de dosis de vacunas cada semana y sobre todo, pensando en la reactivación de un sector de cara a la temporada de verano, como es el sector turístico, bueno, que ya vemos con más optimismo y que sin duda, tanto la recuperación gradual de los viajes nacionales una vez que ha finalizado el Estado de Alarma, cómo la movilidad internacional, con también el uso de los certificados digitales verdes que esperemos ya en junio tenerlos activados, y la revisión de la recomendación 912, pues nos da un marco, como digo, para seguir controlando la pandemia, vacunando y reactivando la economía, que son las tres prioridades que tiene el Gobierno de España y en las que estamos trabajando prácticamente desde el inicio de la pandemia.

Sra. Díaz.- Gracias por la pregunta.

Yo creo que la coalición conformada por el Partido Socialista y por Unidas Podemos afrontamos este contexto histórico con dos razones fundamentales, la primera y principal, la unidad y la segunda, el entusiasmo. Y sabiendo que el entusiasmo viene de la mano del peor momento económico y social de nuestro país. Pero creo que el Gobierno de España, con mandato, con dos formulaciones políticas diferentes y unidas, va a dar lo mejor de sí mismo. Es decir, estamos a la altura de las circunstancias.

Y quiero decirlo con humildad y sé hacer una reflexión para aquellas voces que, desde la oposición, desde el minuto menos uno de la conformación de este Gobierno, han tildado al Gobierno de coalición de ilegítimo. Les digo alto y claro a esas voces, que a veces representan lo peor de nuestro país, les digo alto y claro, que hemos hecho muchas excusas y les anticipo que lo mejor, como hoy estamos demostrando con las dos ministras que me acompañan, está por hacer en nuestro país.

A la pregunta de cuáles van a ser las normas que vamos a desarrollar, como la que hoy traemos o hemos llevado al Consejo de Ministros, solamente en Plan de Recuperación, conlleva más de doscientas reformas estructurales. Pero les voy a dar tres ejemplos de ministerios diferentes.

Por ejemplo, la vicepresidenta Carmen Calvo va a culminar una tarea que es muy importante en relación a la memoria democrática.

Por ejemplo, la ministra Celaá, con una actuación absolutamente sensible para nuestro país, va a conformar una ley que modificará la formación profesional en España, que, si me permiten, aunque soy de la EGB, urgía que la abordáramos. Por tanto, creo que es muy importante.

Y hablando del ministerio que lidero, pues aspectos que son muy interesantes, que van de la mano de la subcontratación, por ejemplo, hablando antes de precariedad laboral, hay un colectivo que es femenino mayoritariamente, que se denomina popularmente "kellys", pero técnicamente son o antiguamente eran camareras de piso, pues estoy segura que vamos a avanzar en normas que protejan, en este caso a estas mujeres trabajadoras.

Podría extenderme en todos y cada uno de los ministerios de nuestro Gobierno, pero insisto, a los que tildan desde el minuto menos uno de ilegitimo a este Gobierno decirles que ya hemos hecho muchísimo, que los demócratas lo que hacen es defender a su país y reconocer lo bueno y lo malo de las acciones públicas. Y hemos tenido una oposición que creo sinceramente, como decía la ministra Portavoz, no solamente es que no haya aportado ni una sola idea para afrontar esta crisis, sino que ha demostrado lo peor de sí misma.

Es decir, si por la oposición hubiera sido, hoy no tendríamos el mejor mecanismo de protección social que hemos tenido, que son, los ERTE, no hubiéramos tenido por primera vez en la historia de España y lo quiero poner en valor con el ministro Escrivá, una prestación por cese de actividad y no hubiéramos tenido nada que supusiera una mejora de la vida de la gente.

Por tanto, unidad y entusiasmo, sabiendo que la etapa es nueva, justamente por lo que decía la ministra Portavoz, y, es que empezamos de nuevo porque estamos saliendo, afortunadamente, o así lo esperamos, de una de las mayores crisis de salud del mundo y la vacunación está yendo bastante mejor de lo que cualquiera de nosotras podíamos esperar.

Portavoz.- Sí, como nos preguntaba a las dos, no puedo más que corroborar, las consideraciones de mi compañera. Y yo creo que, utilizando también la sabiduría popular, saben ustedes que la adversidad, cuando se afronta unida, une mucho, une mucho. Este gobierno no podía imaginar al inicio de la legislatura que se iba a encontrar con la peor pandemia sanitaria que hemos sufrido a lo largo de nuestra historia y con la caída más importante del PIB que se tiene en la serie histórica. Y lo hemos hecho unidos, trabajando en pos del interés general.

Por tanto, como bien decía la vicepresidenta tercera, ahora que empieza el momento de la reactivación económica, que empieza el momento en donde podemos volver a una cierta normalidad en el funcionamiento de las administraciones, pues ahora estamos mucho más unidos que en el momento en que conformamos este Gobierno y, por tanto, larga vida a este Gobierno, que lo que es lo que estamos trabajando porque creemos que es bueno para el interés general.

Secretario de Estado de Comunicación.- Miguel Valverde, de Expansión, por videoconferencia, Miguel.

P.- Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Vale. Muchas gracias.

Yo solo tengo una pregunta por la vicepresidenta, Yolanda Díaz. Quiero preguntarle una cosa muy concreta, si no lo he entendido mal, el derecho de información sobre los algoritmos, sobre los programas va a afectar no solo las plataformas digitales, este tipo de plataformas de repartidores de comida, si no todas las empresas, a los bancos, o los seguros o la construcción, a los automóviles… Quiero decir que de alguna manera el Gobierno, vicepresidenta ¿se está levantando o está mandando un mensaje de la negociación colectiva sobre estos nuevos aspectos de relaciones laborales? Muchas gracias y buenas tardes.

Sra. Díaz.- Gracias, Miguel.

Sí, la afectación, diríamos que es erga omnes, es decir, afecta, y ésta es la grandeza de la norma, a todas y cada una de las empresas que utilicen alguna forma de digitalización. De ahí la importancia de lo que hemos hecho en el marco del diálogo social.

Como conoces bien Miguel, lo que hacemos es incorporar un nuevo apartado a los derechos de información que tienen o tenían hasta ahora los trabajadores y las trabajadoras, insistiendo en lo que he expuesto, no se va a acceder a la información mercantil de las empresas, sino que se va a acceder a los algoritmos, fórmulas matemáticas, reglas e instrucciones que se usen en fórmulas de inteligencia artificial para saber cómo afectan a la relación laboral. Y ahí insisto, el planteamiento erga omnes y a todas y cada una de ellas, por tanto, es de bastante relevancia lo que hemos hecho y quiero agradecer, Miguel, que sabes que ha sido una negociación extensa, la inteligencia que han tenido los equipos técnicos de los agentes sociales para acceder a esta búsqueda.

También decías y hablabas de la negociación colectiva. Claro. El problema es que ya estamos haciendo dos normas, por cierto, es la tercera norma con la que cumplimos las reformas estructurales del componente 23 del mercado de trabajo, que incorporan cambios de digitalización, incluso en las relaciones sindicales en nuestro país. Y creo que esto es también, tienen muchísima relevancia.

Pero si, es a todas las empresas y no solamente a las de reparto a domicilio, que esto se limita exclusivamente a efectos de relación jurídica, es decir, de laboralización.

Secretario de Estado de Comunicación.- David Portabella, de El Punt Avui.

P.- Sí, gracias, secretario de Estado.

En primer lugar, para la ministra Portavoz, sobre el escenario de Cataluña, ¿emprendería el Gobierno que hubiera una repetición de las elecciones en verano por la división del independentismo? Y asociado a esto, que le parece, si es una buena noticia esta división.

Y, en segundo lugar, si podría haber una solución límite que fuera a intercambiar estabilidad de los dos gobiernos tanto en el Parlament como en el Congreso.

Y ya, por último, si se está resintiendo de alguna manera la relación institucional durante esta interinidad, pues está afectando o no a la interlocución, a la comisión bilateral y a los planes de reunir la mesa de diálogo.

Y en último lugar, para la vicepresidenta tercera, por favor, si se ve acudiendo el primero de mayo del año que viene, habiendo desmantelado ya la reforma laboral de Mariano Rajoy, y si esto afectará al coste del despido. Gracias.

Portavoz.- Sí, muchas gracias, muchas gracias, David.

Bueno, yo diría que evidentemente para este Gobierno es absolutamente prioritario que se conforme el gobierno en Cataluña, porque sin duda, a pesar de que todo el mundo intenta que no haya ningún tipo de alteración sobre el funcionamiento normal de las administraciones, creo que lógico y a todas luces objetivo que se está dificultando, no diría yo la relación entre ambos gobiernos, pero sí el funcionamiento cotidiano de Cataluña, y necesitamos, por supuesto, normalizar la situación en esta comunidad autónoma tan importante en términos de aportación al crecimiento económico, tan importante en términos de realmente valor añadido que aporta al conjunto de España.

Yo creo que todo este tiempo que se lleva utilizando desde las elecciones para intentar conformar un gobierno, desde luego ha sido un tiempo perdido, ha sido un tiempo estéril, por lo que nosotros, desde aquí, volvemos a insistir en lo que siempre hemos dicho, que nuestra voluntad de que realmente se constituya, se configure, un gobierno a la menor brevedad posible en el marco de Cataluña, y, a ser posible, como siempre planteamos, el que no haya que volver a preguntarle a los ciudadanos respecto a sus preferencias y a sus apetencias.

Entenderá usted que tengo mi opinión sobre cómo y de qué manera se ha planteado la crítica a los diferentes partidos políticos, pero me va a permitir, desde la mesa del Consejo de Ministros, dejar esa reflexión para el Partido Socialista en Cataluña, que ganó las elecciones en este territorio y que está trasladando la vocación que tiene para ese futuro inmediato y también para el resto de formaciones políticas, que componen este Gobierno que está también en esa dirección de trabajo.

Así que dejo esa consideración sobre la calificación que pueda merecer las actuaciones de los partidos independentistas a la valoración de las fuerzas políticas presentes en el Parlamento de Cataluña.

En relación con la comisión bilateral, en esto, como en todo, evidentemente se está produciendo un retraso sobre la hoja de ruta prevista para normalizar la situación en Cataluña, el conflicto en Cataluña, y creemos que esta situación de interinidad nada aporta a los ciudadanos de esta comunidad autónoma, ni en términos sanitarios, ni en términos económicos, ni en términos de una mejor relación con el conjunto de España, después de los acontecimientos vividos en los últimos años en esta comunidad autónoma.

Así que, David, insisto en lo que he dicho al principio, ojalá se conforme pronto un Gobierno en Cataluña que permita también contribuir a la recuperación económica de nuestro país y que, por tanto, nos permita ya normalizar las situaciones electorales, porque venimos asistiendo prácticamente, desde las repeticiones electorales que se produjeron para constituir el Gobierno de España, a procesos electorales sucesivos País Vasco, Galicia, Cataluña, Madrid… Ojalá la situación se quede ahí y, por tanto, se puedan constituir los gobiernos correspondientes, después de la expresión de la voluntad de los ciudadanos en las urnas.

Sra. Díaz.- Si, a la pregunta que me formula, creo que desde que he nacido siempre he sido el primero de mayo, excepto el año anterior, en el que estábamos en pandemia, por tanto, la respuesta es sí, en cualquiera de las circunstancias.

A la pregunta que formula, como conoce perfectamente, el Gobierno de España, se ha comprometido a la modernización del mercado de trabajo con todos los cambios estructurales que conlleva para formularlo antes del 31 de diciembre de este año. De tal manera que a la respuesta que usted plantea, si iré el primero de mayo con los cambios estructurales en el mercado de trabajo, entre ellos la denominada reforma laboral del Partido Popular de Rajoy, ya les digo de antemano que seguramente, sí.

Con todo, son ustedes los periodistas y las periodistas y la sociedad española la que debe juzgar la acción o la inacción del Gobierno de España.

Secretario de Estado de Comunicación.- Ministras, son las 3:20. Así que vamos a dejar ya la rueda de prensa...

Portavoz.- Muchas gracias, Miguel Ángel y no nos despedimos sin antes recordar, razones de más, en estos momento el agradecimiento a todas las personas que en líneas generales están teniendo un comportamiento responsable, ejemplar en el manejo de sus propias tareas y de sus propias movilidades. Y recordarles a todos los ciudadanos que cuando tengan algún tipo de tentación de no cumplir escrupulosamente esas reglas, que se acuerden siempre de la propia salud, de la salud de las personas queridas, porque la única posibilidad de poder preservarlos hasta que les toque vacunarse a estas personas es justamente mantener la distancia de seguridad, la utilización de la mascarilla, lavado frecuente de manos, la aireación de los espacios que se comparten. Así que, por favor, nos queda muy poco, 99 días, estamos llegando ya al final de la meta. Así que ahora no es el momento de bajar la guardia, sino todo lo contrario, de recorrer esos últimos tramos ya con paciencia y con entusiasmo.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)