Comparecencia de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno y de la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

La Moncloa, martes 4 de mayo de 2021

MINISTRA DE HACIENDA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: María Jesús Montero

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA: Carmen Calvo

Portavoz.- Buenas tardes. Me voy a quitar la mascarilla si no se escucha mal. Decía que buenas tardes a todos y a todas y gracias por vuestra asistencia un día más a esta rueda de prensa en la que en el día de hoy contamos con la presencia de la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y ella va a informar sobre un nuevo Real Decreto Ley de Medidas Urgentes que hemos aprobado esta mañana con motivo de la finalización del Estado de Alarma el próximo día 9.

Pero antes de cederle la palabra de forma muy breve, me gustaría resaltar, en primer lugar, la normalidad con la que se está desarrollando la jornada electoral durante el día de hoy en la Comunidad de Madrid. Y, por supuesto, animar desde esta mesa a que la ciudadanía siga expresando con su voto democrático quién cree que tiene que gestionar esta comunidad durante los próximos dos años.

En segundo lugar, y en relación con la situación de la pandemia, la ministra de Sanidad, como viene siendo habitual desde el inicio de esta pandemia, ha trasladado al Consejo de Ministros dos breve reflexiones que creo que son de interés y por ello lo compartimos.

El primero es que seguimos en una senda descendente, en la incidencia acumulada en la gran parte de comunidades autónomas, por tanto, en la mayoría del país, un dato que viene a avalar que la campaña de vacunación realmente está obteniendo buenos resultados.

El segundo elemento que ella ha transmitido por lo que respecta a la vacuna, es que solo en el mes de abril se han vacunado más personas en nuestro país que en todos los tres meses anteriores, llegando incluso en el día de ayer a alcanzar la cifra de cinco millones de personas vacunadas con la pauta completa. Por eso estamos trasladando el agradecimiento a todos los sanitarios que están trabajando de forma intensa para lograr ese calendario de vacunación en donde ya tenemos velocidad de crucero y estamos en condiciones de conseguir el objetivo que ustedes recuerdan que se ha marcado este gobierno del 70% de la población vacunada ya en el mes de agosto. Incluso ha habido ya más de doce millones de personas a las que se les ha administrado una dosis de la vacuna. Como digo, elemento extraordinariamente importante que indican que avanzamos en la dirección correcta.

Y por último, sobre temas generales, también quería informarles sobre la agenda del presidente, ya que el próximo viernes y también el sábado acudirá a Oporto para participar en una cumbre social que organiza justo la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea.

Como saben, nuestro país no solamente está encantado en participar, sino en aportar todas aquellas cuestiones que son nucleares para este Gobierno, porque hemos defendido, probablemente de los países que con más firmeza lo ha hecho, el incluir el pilar social como elemento imprescindible para garantizar una recuperación justa, duradera y sostenible. Por ello, y con este espíritu, acude el presidente del Gobierno a esta cumbre social, donde seguro nuestro país tendrá muchos elementos que aportar.

Ya sin más, le doy la palabra a la vicepresidenta primera para trasladar esta novedad del día de hoy.

Sra. Calvo.- Muchas gracias, ministra.

Como bien decía la ministra, comparezco hoy en mi condición de ministra de la Presidencia para dar cuenta de un Real Decreto Ley que el Consejo de Ministros acaba de aprobar.

Me van a permitir todos ustedes, además de saludarles, porque hay alguna posibilidad de presencia física, como decía la ministra Portavoz, que les diga que en este Consejo de Ministros también hemos concedido las condecoraciones, las medallas al Mérito Civil de vuestros compañeros periodistas asesinados en Burkina Faso. Creo que es importante destacar que el Consejo de Ministros, a propuesta del presidente, ha considerado que era importante valorar en estos dos periodistas la defensa de valores propios de este tiempo global que nos ha tocado vivir siendo españoles, muy lejos de nuestro país, pero defendiendo valores de transparencia y de lucha muy significativa.

Decía que, como ministra de la Presidencia, hace ya un tiempo el presidente me encargó trabajar con el resto de los ministerios, que han sido en total 9, la salida que íbamos a tener a partir de la cero horas, y para llegar al día 9, fuera del Estado de Alarma en el que nuestro país se encuentra todavía.

Como hemos venido diciendo a lo largo de todo este tiempo, el Gobierno, siempre responsable de su posición constitucional, de sus obligaciones y de sus competencias, ha venido trabajando a lo largo de estas últimas semanas para tener ahora una respuesta a partir del día 9 que salimos del Estado de Alarma, pero no salimos, desgraciadamente, de la lucha contra la pandemia.

La pandemia continúa, es verdad que en unas condiciones muy diferentes de la del inicio de este decreto de alarma, del que ahora vamos a salir, de esta circunstancia, pero tenemos que seguir trabajando, lo tenemos que hacer con los elementos jurídicos que nuestro modelo constitucional nos aporta, en coordinación comunidades autónomas con el Gobierno de la Nación, y, naturalmente, como siempre, al dictado de los expertos y de los criterios sanitarios, que son los que importan fundamentalmente para ir, en esta parte de la pandemia, sobre la que cada día, afortunadamente, tenemos mejores datos, tenemos mejores noticias, vamos avanzando en vacunación, en inmunización de nuestra población, estamos viendo que nuestros países del entorno están tomando decisiones parecidas, sin ir más lejos, Portugal e Italia, y tenemos que continuar por una senda que nos permita doblegar definitivamente esta tristísima situación.

En estas condiciones, el Gobierno abandona la prerrogativa que tiene a través del artículo 86 de la Constitución, el artículo 116, que establece estados excepcionales como alarma, excepción y sitio, son los estados previstos por nuestra democracia constitucional para restablecer, en cuanto que se puedan, las condiciones ordinarias. No son estados previstos para permanecer mucho en el tiempo, ni para convertirlos en una normalidad, porque no lo son. Son estados, repito, previstos por nuestra Constitución para restablecer lo que en un momento determinado ha podido ser excepcional.

El Gobierno de la Nación, hace ya más de un año, asumió con enorme responsabilidad un Estado de Alarma muy riguroso, que seguramente nos ha ayudado mucho, como ha sido luego la evolución de la pandemia en nuestro país. Cuando hace seis meses decidimos también llegar hasta el día 9 de mayo dando cobertura jurídica constitucional a las muchas decisiones que se han tenido que seguir tomando, éramos conscientes de que teníamos que cubrir también este espacio de tiempo y ahora consideramos, tal como hacen también otros países del entorno y los datos que tenemos de la epidemia, tenemos que seguir transitando hacia otros escenarios donde la lucha contra la pandemia continúa, pero con otras condiciones.

Nosotros queremos, como dice el artículo 129 de la Ley 15 de Procedimiento Administrativo, estar en criterios de eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Esos son los criterios con los que queremos no prolongar en el tiempo, lo que es excepcional para volver de alguna manera a situaciones mucho más ordinarias y razonables, aunque definitivamente no lo sean en su totalidad, por cuanto, como decía, la pandemia continúa.

Este Real Decreto Ley lo presentamos 9 ministerios. Es un Real Decreto Ley que tiene 6 capítulos, 15 artículos, con sus correspondientes disposiciones derogatorias y finales. Entrará en vigor al minuto siguiente de las cero horas del día 9, porque desaparecerá en la vigencia del Real Decreto Ley que mantenía la alarma en nuestro país.

En este Real Decreto Ley consideramos que la legislación sanitaria, en sus cuatro leyes, pero fundamentalmente en la Ley del 86 y en la Ley del 2011, dotan a las comunidades autónomas de instrumentos para que, en cualquier caso, que por razones de preocupación, de emergencia, en cualquier caso, para poder dar respuesta a situaciones que sean necesarias en cualquier momento puntual del tiempo o del territorio para afrontar la casuística que se nos puede presentar. Son las leyes ordinarias de nuestro país que, como ustedes bien saben, pueden plantear limitación de derechos fundamentales y de libertades públicas y que requieren, como corresponde al Estado de derecho riguroso que somos y a la gran democracia que somos también, requieren de la supervisión, autorización de las garantías jurisdiccionales que tienen los derechos en nuestro país de manera muy garante, exactamente igual que lo tienen en las democracias y en los estados de derecho más rigurosos del mundo.

Es decir, se pueden seguir tomando muchas decisiones de protección, incluso las que afectan a derechos fundamentales y libertades públicas, con la autorización jurisdiccional correspondiente.

¿Que decide este Real Decreto Ley como innovación jurisdiccional?

Este Real Decreto Ley contempla el recurso de casación frente a las decisiones de los tribunales superiores de justicia de nuestros territorios y de la propia Audiencia Nacional, para que en tiempo récord el propio Tribunal Supremo, en su Sala Tercera, dicte la última palabra, puesto que no hay recurso, no puede haberlo, la función del Tribunal Supremo es unificar doctrina, y nos ofrezca, primero, seguridad jurídica y segundo, igualdad de la capacidad de proteger en términos de avance y de evolución en la lucha contra la pandemia por parte de los ejecutivos autonómicos, que tienen transferidas fundamentalmente las competencias en materia sanitaria, para luchar en una protección que nos tiene que llegar en las mismas condiciones que se puedan dar a todos por igual en el territorio.

De alguna manera esta modificación que hacemos para permitir el recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo trae ya causa de otra modificación que hicimos en su momento, que permitía también un avance en materia de procedimiento y que ahora culminamos con esta decisión jurisdiccional.

De este Real Decreto, que tiene medidas sociales, que tiene medidas económicas y que tiene novedades jurisdiccionales como ésta, que nos coloca, repito, en un paraguas de protección, mayor no cabe en un modelo constitucional como el nuestro, porque es un paraguas de protección que le otorgamos con esta modificación, nada más y nada menos que al Tribunal Supremo de nuestro país.

Esto significa que hemos de estar tranquilos, que los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas importantes para seguir luchando contra la pandemia, que lo vamos a hacer con las garantías de que nuestro modelo constitucional establece y que lo hacemos con una nueva capacidad de protección y de igualdad para todos, que será la que nos ofrezca el Tribunal Supremo.

Quiero decir que el Gobierno, a lo largo de todos estos meses, muy largos que se nos hacen, como es lógico, de todo este más de un año que estamos atravesando la pandemia, tiene la percepción de que nuestros tribunales han operado en una dirección no solo garantista, sino ayudando y comprendiendo las decisiones que los ejecutivos han ido tomando. Salvo alguna situación puntual, los tribunales han ido acompañando las decisiones de los ejecutivos cuando han afectado a derechos, a la libertad deambulatoria, a libertades públicas para proteger a la población de la pandemia. Esta es una extraordinaria percepción que tiene el Gobierno, que nos coloca a cada poder en su ámbito de competencia y que pensamos que nuestros tribunales han contribuido en la parte alícuota que les correspondía también para proteger la sanidad de nuestros compatriotas.

Esa es la extraordinaria percepción que tenemos y por eso pensamos que ahora, con esta nueva posibilidad, el Tribunal Supremo también puede ayudar a todos los actores, que en este caso, no solamente serán las comunidades autónomas, también la propia Administración General del Estado, también el Ministerio Fiscal, también la Abogacía General del Estado, para poder tener siempre una última garantía en estas decisiones.

El Real Decreto Ley contempla el soporte legal que necesitamos para mantener algunas medidas, como el presidente dijo en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Hay medidas de protección excepcional en materia socio-económica que se van a mantener durante 3 meses hasta el día 9 de agosto y que muchas de ellas necesitarán soporte legal para mantenerse en el tiempo. Están muy bien explicitadas a lo largo de todo el texto, pero tienen algunos elementos que han sido muy significativos: El bono social, la posibilidad en materia de vivienda de todas las medidas protectoras que hemos tomado, en materia de pobreza energética, incluso en algunos asuntos que a lo largo de este tiempo también han empezado a dar dificultades, como pueden ser la obligación que hay en la Ley de la propiedad horizontal de rehacer la reuniones de las comunidades de propietarios en términos presenciarles.

Quiero decir con esto que hemos ido observando y coordinando de parte de los nueve ministerios que suscriben este Real Decreto Ley todas y cada una de las situaciones que requerían soporte legal para poder extenderse 3 meses más en situaciones complicadas.

Dicho esto, también hay algunas circunstancias que contemplan el Real Decreto Ley y que dan garantía de seguimiento de algunas cuestiones que han estado planteadas también a lo largo de estos meses.

Haré 2 puntualizaciones que me parecen importantes, la posibilidad de seguir contando con médicos y médicas jubilados, con la compatibilidad absoluta con sus pensiones, porque han sido movilizados por las comunidades autónomas, han hecho un trabajo de ayuda extraordinario que puede continuar en el tiempo y que tiene también soporte en este Real Decreto Ley.

Puntualizo otro hecho que me parece importante, como poder disponer de los recursos económicos del Pacto de Estado contra la violencia de género para seguir protegiendo a las mujeres y a los menores, objeto de la violencia machista, y considerar de particular fragilidad a las mujeres o a los menores que son objeto de trata con fines de explotación sexual, tal como se han ido tomando medidas también a lo largo de todos estos meses.

Es decir, hemos intentado abarcar todas aquellas medidas que necesitaban soporte para mantenerse en el tiempo.

Este Real Decreto Ley no ha abierto el espacio, como es lógico, ni podría serlo ni debería serlo, a la serie de medidas sociales que el Gobierno continúa tomando de manera ordinaria en su política ordinaria, no solamente con decisiones políticas, sino también con la producción normativa con la que hemos seguido trabajando con nuestra agenda todo el tiempo, incluso atravesando la pandemia.

Quiero decir que hay otra serie de abordaje en materia de protección social, que el Gobierno continúa su trabajo haciéndolo, obviamente en el marco de la concertación social, que no era, en modo alguno, el objeto de este Real Decreto Ley. Su objeto era sostener las medidas que necesitaban por razones excepcionales soporte legal al decaimiento el día 9 del Real Decreto Ley de Alarma decaerían, y, por tanto, necesitábamos su sostenimiento. Y, por otro lado, repito algunas de las innovaciones que estábamos incorporando en materia jurisdiccional.

Quiero decir con esto que vamos a seguir manteniendo la atención necesaria y las decisiones necesarias que tengamos, por ejemplo, en nuestros puertos, aeropuertos en relación a la llegada de personas fuera de nuestro país y que requiere la coordinación, no solamente el Ministerio de Transporte, sino también del Ministerio del Interior, como hemos hecho con alguna llegada de personas a nuestro país procedentes indirectos de la India, con la preocupación que hemos tenido durante estas semanas, sabiendo que nuestro país no tenía vuelos directos con la India, ningunos, o como revalidamos cada Consejo de Ministros, el de hoy también, algunas de las prohibiciones y de prevenciones que tenemos con la llegada de pasajeros de Sudáfrica o de Brasil, por cuanto estamos en términos pandemiológicos, luchando con cepas que nos preocupan y que les preocupan a los expertos, en la evolución que la pandemia va teniendo.

Estas decisiones también están contempladas aquí para tener posibilidades excepcionales de reaccionar en relación a nuestras fronteras con cualquiera de estas circunstancias fundamentalmente radicadas en el Ministerio de Transporte, pero también con el auxilio y la ayuda de Exteriores o del propio Ministerio del Interior.

Con todo esto hemos preparado lo que nos parecía que era importante, la salida de la alarma con responsabilidad, con prevención, con ponderación y con eficacia en la coordinación con otras administraciones públicas.

Han oído ustedes decir a diferentes miembros del Gobierno, a mí misma, que fue también extraordinariamente interesante, y yo diría que una aportación notable de nuestra jurisprudencia, que el Tribunal Supremo se pronunciara también acerca de la obligatoriedad de las acciones coordinadas en el Consejo Interterritorial, porque es otro elemento de ayuda, de co-gobernanza y, por tanto, de corresponsabilidad, tal cual nos indica nuestro propio texto constitucional, para seguir trabajando las administraciones autonómicas y el Gobierno de España, incluso también las órdenes ministeriales dictadas.

Con todo ello, podemos afrontar la salida del Estado de Alarma con la tranquilidad y con la seguridad de la responsabilidad de todos, de todas, y particularmente la obligación de coordinación que tenemos todas las administraciones públicas a lo que estamos obligados con arreglo a nuestros propios preceptos constitucionales y damos entrada, yo diría que en una vía garantista y tranquilizadora, a que nuestro Tribunal Supremo unifique doctrina, tranquilice también a los ejecutivos autonómicos, y nos permita en pie de igualdad, seguir trabajando incluso en aquellos supuestos en los que necesitemos tomar decisiones que limiten derechos, para lo cual es, repito, la ley del 86 y la Ley 2011, en la legislación sanitaria, tienen previstas situaciones que ampararan nuestros tribunales.

Termino como empezaba. El Gobierno ha tenido a lo largo de todo este tiempo la percepción de que la justicia ha ayudado mucho a nuestro país, que lo ha hecho en términos claros de garantía y rotundos, que salimos fortalecidos en nuestro Estado de Derecho, en nuestra fórmula protectora y rigurosa de la democracia que somos y que en ese camino vamos a seguir continuando con esta innovación jurisdiccional que le va a permitir a nuestro Tribunal Supremo también protegernos en estas materias.

Hemos hecho también un trabajo, no solamente con los 9 ministerios que plantean este Real Decreto Ley, hemos hecho también un trabajo de comunicación con las comunidades autónomas, por cuanto algunas de ellas, prácticamente todas, se han pronunciado de diferentes maneras acerca, como es lógico, entendible y razonable, que les pueda preocupar en el ámbito de sus competencias, lo que va a tener que seguir ocurriendo las semanas siguientes, en los meses siguientes a la salida de la situación de alarma de nuestro país, pero yo creo que los datos nos alientan, los datos de vacunación nos alientan, los datos de inmunización nos alientan, los datos continuos que tenemos también, particularmente los datos que van achicando las muertes en nuestro país nos alientan a mirar a un futuro que nos tiene que esperar, como es lógico, con la fortaleza propia de un país que no sale debilitado en sus garantías constitucionales, sino todo lo contrario con la entrada en causación de nuestro Alto Tribunal para la Protección de todos. Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias vicepresidenta, y ahora voy a dar cuenta de 6 materias que hemos abordado en el Consejo de Ministros, aunque el resto de cuestiones la tendrán ustedes, como siempre, en la referencia que se publica después de esta comparecencia.

En primer lugar, quería decirles que hemos creado, por acuerdo del Consejo de Ministros, un grupo de trabajo interministerial para impulsar la industria audiovisual en nuestro país.

La labor de este grupo, la tarea que se le encomienda, es justamente el impulso, la cooperación y la evaluación, recordarán ustedes del plan 'España, Hub Audiovisual de Europa', un plan que pretende colocar a nuestro país a la vanguardia en este tipo de tecnología, en este tipo de actividad industrial, pero también cultural, tan importante para muchos jóvenes, para muchas personas que se han incorporado justamente a este mercado laboral.

Este grupo, es uno de los instrumentos que tenía prevista esa propia estrategia que se presentó el pasado día 24 de marzo, estará presidido por el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y la vicepresidencia la ostentará la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte y además el grupo contará con una docena de ministerios que participarán a través de las vocalías.

El Plan 'España, Hub Audiovisual de Europa', tenía como objetivo fundamental convertir a nuestro país en referencia en esta materia, e incorporaba medidas como el impulso a la producción nacional, la atracción de la inversión, la mejora de la competitividad o el apoyo al talento, con especial interés en la reducción de la brecha de género.

Este plan es uno de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se remitió a Bruselas, teniendo prevista una inversión de 1600 millones de euros para el período 2021-2025. De hecho, una de las metas concretas que pretende el plan es que, al menos en un 30%, la producción audiovisual que se realiza en España se incremente, o dicho de otra manera, que seamos capaces no sólo de consolidar este elemento tan importante para nuestra economía, sino también intentar impulsarlo, como acabo de comentar.

La segunda de las materias, es justo a propuesta del Ministerio de Defensa, la aprobación de un Real Decreto por el que a su vez se aprueba el Reglamento de Ingreso y Promoción de las Fuerzas Armadas, un reglamento que actualiza los requisitos de ingreso, de los procedimientos de ingreso, básicamente para los Centros Militares de formación y cuyo objetivo es justamente favorecer, impulsar, la promoción de quienes integran la que hoy es la Escala de Suboficiales y la Escala de Tropa y Marinería, aprovechando su competencia, su capacidad, y el prestigio del conjunto del personal de las Fuerzas Armadas.

Es por ello que el Reglamento facilita a los suboficiales de todos los cuerpos y de todas las escalas el acceso a las titulaciones requeridas para el ingreso en este Centro de formación de Oficiales, estableciendo además un programa para la obtención de titulaciones de Grado Universitario en colaboración con la UNED.

También se revisan los límites de edad para favorecer esta promoción, suprimiendo las edades máximas que antes existían para este ingreso, tanto por el acceso directo como por la promoción, a todos los cuerpos comunes, así como también a los cuerpos de Intendencia e Ingenieros de los Ejército y de la Armada.

Por último, el Reglamento facilitará la revisión de las titulaciones necesarias para el ingreso en cuerpo, escala y especialidades de las Fuerzas Armadas, exigiendo el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria para el acceso a las Escalas de Tropa y Marinería, incluyendo una protección a la maternidad con medidas específicas durante este desarrollo de las pruebas de acceso. Todo ello, por supuesto, para garantizar la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en el Ejército.

Por último, quiero señalar que el Real Decreto por el que se aprueba este Reglamento de Ingreso y Promoción impulsa de manera expresa la enseñanza y la transformación digital. En concreto, se contempla el uso de estas nuevas tecnologías para mejorar tanto el modelo de selección como el de evaluación del personal militar.

El tercer acuerdo adoptado tiene relación también con el previo, en tanto en cuanto a propuesta del mismo ministerio, se acuerda un Real Decreto por el que se aprueba la provisión anual de plazas para acceso a los centros docentes militares de formación, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para este año 2021. Se autoriza en concreto, la convocatoria de 1920 plazas de ingreso en estos centros militares de formación, de las que 842 serán de acceso directo, por tanto, dirigidas a oficiales, suboficiales y militar de complemento a las Escalas de Oficiales, y, habrá otras 1078, que serán de promoción para militares de carrera y de complemento a la Escala de Oficiales, así también como para militares de tropa y marinería en su ascenso a militares de carrera.

El Real Decreto de otro lado, establece una importante medida de estabilidad en el empleo, en concreto oferta 1000 plazas de contratos permanentes para militares de tropa y marinería y otras 72 para militares de complemento. Igualmente se oferta un máximo de 250 plazas para acceder a la condición de reservista voluntario.

En materia de Guardia Civil, respecto a este cuerpo, el Gobierno autoriza 65 plazas de acceso a la escala de oficiales, manteniendo por tanto el número de plazas que vienen ofertando cada año desde el año 2010.

El cuarto tema que quería llevar a su ánimo es justo el acuerdo que se ha adoptado también esta mañana para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 8/2020 de Protección, de Ordenación del Litoral, al considerar que menoscaba o invade competencias propias de la Generalitat de Cataluña, que no pueden a su vez otorgarse a los ayuntamientos.

En concreto, solicitamos impugnar ante el Tribunal Constitucional los artículos 20.1.B, y 30.D que otorgan competencias a los ayuntamientos para autorizar actividades que están previstas en el plan, por ejemplo, sobre las playas, eventos deportivos, eventos culturales u otras ocupaciones que se hacen con instalaciones desmontables.

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General Generalitat inició previamente negociaciones, como se informó en anteriores Consejo de Ministros, para resolver las discrepancias que había sobre la competencia, pero no ha sido posible llegar a un acuerdo en concreto sobre esos prefectos. Por eso el recurso lo fundamentamos en el hecho de que el artículo 132 .2 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia plena, exclusiva, sobre el dominio público marítimo terrestre.

Es, por tanto, el Estado, esta administración, quien tiene la competencia de regular este régimen jurídico y de establecer la legislación básica que correspondiera en materia de protección del medio ambiente litoral. Todo ello de acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución Española.

Igualmente, hace referencia el recurso a las propias competencias de la Generalitat, puesto que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Generalitat de Cataluña competencias ejecutivas sobre el dominio público marítimo terrestre, de titularidad estatal. Entre ellas, otorgamiento de concesiones, de autorizaciones, incluso aquellas que son de obras fijas en el mar, respetando el régimen general del dominio público. Igualmente, también la Ley de Costas establece un listado de competencias que los ayuntamientos tienen en el marco de su territorio, en su caso, explotar los servicios de temporada que puedan establecerse en las playas.

Todo ello nos lleva a la conclusión de que concurren requisitos formales y materiales para presentar este recurso ante el Tribunal Constitucional. Por supuesto, el expediente se ha tramitado con el dictamen previo favorable del Consejo de Estado y en donde el plazo del recurso finaliza justamente en el día de hoy. En él, además, solicitamos suspensión temporal provisional de los preceptos que son llamados a imputarse.

El quinto tema, que también le quería trasladar y que la propia vicepresidenta hacía referencia al principio de esta rueda de prensa por su importancia, es justamente el que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha concedido en el día de hoy la Gran Cruz al Mérito Civil, a don David Beriain y Don Roberto Fraile, los dos periodistas que fueron asesinados la semana pasada en Burkina Faso, a los que el Gobierno quiere reconocer de forma expresa, a título póstumo, el gran trabajo al servicio de la información, de la comunicación y en atención a todos estos méritos civiles.

Ustedes recuerdan que en el momento de su asesinato, los dos periodistas estaban realizando un documental sobre los esfuerzos que las autoridades del país africano tenían para proteger los parques naturales frente a la caza furtiva y también para proteger a las personas, a las comunidades que habitan en estos parques naturales.

A lo largo de su dilatada experiencia profesional, tanto David como Roberto han realizado relevantes labores informativas en zonas distintas de conflicto y por tanto, han estado permanentemente arriesgando su vida en pos de la democracia, en pos de la información veraz, en el derecho que todas las personas tienen a conocer qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las causas que se esconden detrás de elementos tan importantes como esta caza furtiva.

Desde el Gobierno queremos llegar de forma expresa el dolor y también nuestras condolencias a familiares, a amigos, a allegados, pero también a los compañeros de profesión. Por eso otorgamos esta condecoración póstuma como reconocimiento de esa labor informativa que realizan y que han realizado ellos, pero con ellos, todos los profesionales de los medios de comunicación en muchos, yo diría que en todos los lugares del mundo.

Como sociedad, el Gobierno cree que tenemos que ser conscientes de la gran labor que se está realizando por cientos de profesionales de la comunicación, en donde en más ocasiones de las que a priori podemos imaginar, arriesgan su vida para hacer llegar justo estos datos, esta información, en un trabajo que se sitúa en lugares de conflicto y en donde probablemente, si no fuera por su tarea, no conoceríamos la realidad de lo que está ocurriendo en estas partes del mundo.

En sexto lugar, y, por último, el Consejo de Ministros aprueba hoy la séptima prórroga del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de febrero, por el que se establecían medidas excepcionales para limitar la propagación del virus mediante la limitación de los vuelos entre la República Federal de Brasil y la República de Sudáfrica con los aeropuertos españoles. Una medida que entrará en vigor desde las 00:00 horas del día 11 de mayo hasta las 00:00 horas del día 25 de mayo, hora peninsular.

Seguirán manteniéndose ciertas excepciones a esta restricción, tal como las que son relativas a los vuelos ocupados por ciudadanos que son españoles o que residen en España. E igualmente, como he explicado a lo largo de diferentes prorrogas, el riesgo de importación de casos desde ambos países se reduce gracias a estas medidas de control sanitario que se aplican a la llegada de España, extremando la precaución con las variantes brasileña y sudafricana. En todo caso, en función de cómo vaya la evolución de la pandemia, el Ministerio de Sanidad podrá levantar con carácter general estas limitaciones, incluso antes de la finalización de este plazo.

Solo decirles, como último apunte, que en este momento rige en nuestro país limitaciones también respecto a los ciudadanos procedente de la República de la India, que están firmadas por orden ministerial y que obligan a la presentación de estas personas de la PCR negativa que se realiza en el país de origen, así como también la cuarentena obligatoria a los ciudadano procedente de este país.

Estas son las novedades del día de hoy del Consejo de Ministros, y si te parece Miguel Ángel, tanto la vicepresidenta primera como yo misma quedamos a disposición de las preguntas que quieran formular los periodistas.

Secretario de Estado de Comunicación.- Vamos allá ministra Portavoz, vicepresidenta.

Pues comenzamos con Irene Castro de El Diario.es, por favor.

Pregunta.- Hola, ¿qué tal?, buenas tardes.

Creo que mi pregunta es para la vicepresidenta del Gobierno, porque tiene que ver con el Decreto Ley. Hay varias comunidades autónomas que han pedido al Gobierno que prorrogará el Estado de Alarma. Le quería preguntar si este Decreto Ley lo han hablado con los presidentes autonómicos antes de elaborarlo, si cuenta con algún tipo de aportación de las comunidades autónomas y una duda concreta sobre el toque de queda, el presidente del Gobierno dijo que el toque de queda tendría que decaer de manera automática una vez que acabara el Estado de Alarma, pero usted dijo en una entrevista que las comunidades autónomas podían seguir decretándolo y así lo han anunciado algunos presidentes autonómicos. Le quería preguntar si el toque de queda lo pueden decretar las comunidades autónomas con este procedimiento o si ya no podrá haber toque de queda. Gracias.

Sra. Calvo.- Ministra, antes he dicho lo de las medallas adelantándome a tu función de portavoz, porque yo creo que estamos todos sobrecogidos con esto que le ha ocurrido a estos compatriotas y me he permitido adelantarme a ti.

Miren, nosotros somos el Gobierno de la Nación, por lo tanto, asumimos nuestras competencias, trabajamos en el marco de nuestras competencias atribuidas, no podemos ni invadir las ajenas ni lo contrario.

El Decreto de Alarma como tal, a pesar de que la ley que regula el artículo 116, la Ley del 81, establece que se puedan pedir por las comunidades autónomas, su tramitación como Real Decreto leyes es el Consejo de Ministros, y, naturalmente, eso conlleva, como es lógico, la decisión política del Gobierno de España, por mucho que lo pueda pedir una comunidad autónoma.

Como usted bien decía, unas comunidades autónomas están en una situación, otras en otra diferente. Esto lo hemos ido diciendo a lo largo de todos estos larguísimos y durísimos meses de la pandemia. El virus tiene fluctuaciones. Hay territorios que han ido transitando de una manera y otros de otra, eso se corresponde no solamente con la diversidad de la evolución de la pandemia, sino que se corresponde también con la descentralización política de nuestro país, con nuestra estructura territorial, con la que nosotros hemos querido ser muy respetuosos como Gobierno de España.

Por esa razón hemos trabajado siempre lo que denominamos co-gobernanza, que no deja de ser la corresponsabilidad y la ubicación constitucional de cada uno en su lugar.

Por esta razón, y justamente por esta, es por lo que hemos considerado que había que seguir trabajando, ofreciendo apoyo, ofreciendo coordinación en el Consejo Interterritorial continuamente. Yo creo que ahí se ha elaborado ya una cultura de trabajo extraordinariamente interesante e importante en nuestro país, sobre todo porque estábamos obligados con un tema mayor como es vivir una pandemia. Y en ese sentido es evidente, que un toque de queda generalizado como el que tenemos todavía hoy, hasta que salgamos el día 9, solo lo podríamos hacer en todo el territorio mediante el Estado de Alarma. Esto es lo que ha avalado desde el propio Consejo de Estado, además de las sentencias que así han reconocido que esta era la situación a la que tuvimos que acudir hace ya más de un año, el 14 de marzo del año pasado, como ustedes ven.

Dicho esto, es evidente que las comunidades autónomas pueden justificar, argumentar, proponer y decidir a los tribunales situaciones, como el toque de queda, como los confinamientos, como cualquier circunstancia que limite derechos y libertades. Claro que lo pueden hacer, pero están sometidas, como es lógico, a la autorización judicial correspondiente. Y así tiene que ser, porque esta es una garantía importante de un Estado de derecho riguroso como el que somos. Yo decía al principio que no podemos salir aflojando garantías de nuestros derechos y de nuestras libertades, porque nuestros derechos y nuestras libertades son el fundamento de todo el sistema, el principio y el fin de todo el sistema democrático son el reconocimiento de los derechos y el rendimiento de cuentas a esos derechos como límite de todos los poderes.

Como esto es así, decíamos, hemos querido ser siempre muy rigurosos con la Constitución. Si había que confinar al país, como hicimos de un día para otro, decirle a todo el país que no podía salir de su casa, literalmente, lo teníamos que hacer con el instrumento que nos daba la Constitución. Evolucionando la pandemia, teniendo una situación mucho mejor que la que teníamos hace más de un año, hemos de seguir transitando por los elementos constitucionales.

¿Cuáles son? Fundamentalmente las 4 leyes sanitarias, sobre todo la del 86 y la del 2011, que es la que les da pie a las comunidades autónomas, con el control de nuestra autoridad judicial correspondiente, Tribunales superiores de Justicia. ¿Qué hemos añadido? porque hemos visto, como decía al principio, que hemos tenido la colaboración, yo diría que rigurosa, pero además necesaria de los tribunales para entender, hemos visto perimetrales y confinamientos incluso antes del Estado de Alarma, usted lo puede recordar, señora Castro. Hemos tenido algún elemento de esto, incluso antes de decretar la primera alarma, que las autoridades judiciales apoyaron y dieron su visto bueno. Este es el juego de poderes propios de una democracia, y responsables, además de las comunidades autónomas, de los tribunales y del Gobierno de España. En ese juego vamos a tener que seguir trabajando.

¿Qué es lo que hemos modificado desde el punto de vista jurisdiccional? Pues hemos modificado que para que todas las comunidades autónomas puedan, con los mismos elementos de juicio, con las mismas circunstancias de decisión, proponer lo mismo a los tribunales para proteger a todos los ciudadanos que en un determinado momento, si se produce una discrepancia, nuestro Tribunal Supremo, que es quien debe una situación de normalidad, decida, unifique por todos y para todos.

Me parece que es un elemento más de respeto al orden constitucional, de respeto a las competencias de todos los poderes, comunidades autónomas, Gobierno de la Nación y también al Poder Judicial, con el cual podemos estar todos tranquilos y seguros de que se pueden seguir tomando muchas decisiones, ojalá que no hagan falta, que no hagan falta muchas, ni mucho tiempo, pero se pueden hacer y se pueden hacer con las garantías de rigor que nos corresponden.

Secretario de Estado de Comunicación.- Lourdes Velasco EFE.

P.- Hola, gracias y buenos días a las dos.

Parece que de las palabras de la vicepresidenta se entiende que el Gobierno da por hecho que la Sala Tercera del Supremo avalará las restricciones que planteen las comunidades autónomas. La pregunta es qué sucederá si el tribunal no actúa como el Gobierno espera. Y, por otro lado, si cree el Gobierno que podrían ser avaladas medidas como los cierres perimetrales autonómicos, habida cuenta de que hay todavía mucha diferencia en los niveles de incidencia acumulada entre unas comunidades autónomas y otras, y podría haber gobiernos regionales que quieran mantener por ello el cierre. Gracias.

Sra. Calvo.- El Gobierno no prejuzga en términos de independencia de los poderes, lo que va a decidir el Poder Judicial y en este caso la Sala Tercera del Tribunal Supremo, es el respeto absoluto a las decisiones jurídicas fundamentadas que la Sala pueda tomar en algún momento, si así llegara el caso, en absoluto.

Nosotros lo que hemos constatado a lo largo de estos meses, incluso de algunas circunstancias que ya le recordaba a la señora Castro, señora Velasco, es que incluso antes de decretar el primer Estado de Alarma, ya hubo pronunciamientos jurisdiccionales que avalaron medidas que hubo que tomar de manera muy urgente, y usted las recordará, las tiene en su memoria.

Lo que nosotros hemos percibido es que la justicia, en términos generales, ha acompañado, cumpliendo con su función de garantía, las decisiones tan absolutamente importantes que ha habido que tomar a lo largo de todo este tiempo, es lo que nosotros hemos comprobado, es una realidad que está ahí, por lo tanto, no tiene subjetividad ninguna, son hechos contrastados.

¿Qué es lo que cambia ahora? Bueno, que va a haber la posibilidad de llevar en casación muy rápida, la casación es un recurso que requiere de bastante tiempo, y ahora son cinco días hábiles, que encargamos, para que sea precisamente el Tribunal Supremo quien pueda unificar doctrina y dar en este caso, garantía de lo que el Tribunal Supremo considere que es razonable y oportuno con arreglo a ley cuando así se decida. No prejuzgamos nada, pero si constatamos el funcionamiento de la justicia, son hechos comprobados, que ha ido acompañando casi en su totalidad, salvo alguna excepción a las decisiones de los ejecutivos.

Esta es una experiencia que hemos vivido. Esta es una realidad que ha sido, desde nuestro punto de vista, muy positiva para todos los poderes del Estado, haber estado durante todos estos meses y los que nos queden, trabajando y luchando por proteger el bien mayor que era la salud de nuestro país y de nuestros compatriotas. Esta es una realidad y nosotros no prejuzgamos absolutamente nada.

En ese sentido, como bien establece nuestras leyes jurisdiccionales y las leyes sanitarias, cada decisión que se tome y que pueda ser y que tenga que ser sometida a los tribunales, lo que requerirá de fundamentación suficiente, fundamentación suficiente.

La fundamentación es el dato que tiene la justicia razonable, racional y objetivo, y que dependerá, pues, de los índices y de los datos estadísticos que se puedan tener de contagio, de letalidad, de saturación del sistema sanitario, los datos que vemos cada día, desgraciadamente a lo largo de estos meses, que son los que dan fundamento objetivo a que una situación pueda estar pasando por una crisis importante frente a la que haya que reaccionar. Esto se llama racionalidad, esto se llama fundamentación desde el ámbito sanitario para que los tribunales se pronuncien.

Nosotros lo que tenemos constatado a lo largo de todo este tiempo es que la justicia, repito, ha hecho una parte muy importante de su labor de ayuda, que ha sido muy significativa. Pero la Sala Tercera, cuando se pronuncie, si ha lugar a que se pronuncie mediante casación, cierra el asunto definitivamente. Y nosotros estamos siempre, como decimos en el Gobierno, no solamente respetando la justicia, sino también respetando, como no podía ser de otra manera, los criterios con los que se pronuncia.

Secretario de Estado de Comunicación.- Alberto Prieto, de El Español.

Pregunta.- Hola ¿qué tal?, buenas tardes vicepresidenta ministra.

Quería ver si me podía dejar un poco más claro, acaba de decir que son 5 días el plazo que tiene la Sala Tercera para decidir, entiendo que pueden darse varios casos de algo de acumulación de trabajo a la Sala Tercera sobrevenido y con mucha urgencia, cinco días… No sé si esto está tratado ya con la Sala Tercera, si han hablado ustedes de algún tipo de refuerzo o algo así, que nos tranquilice un poco en cuanto a que se van a cumplir esos plazos.

Luego, no me he quedado del todo claro si, a juicio del Gobierno, la ley del 86 y la de 2011 amparan la restricción de movimientos nocturnos o lo que hemos llamado toque de queda, porque hemos escuchado a diferentes miembros del Gobierno tener un criterio diferente, acaba usted de decir que las comunidades lo pueden proponer, pero entendemos de la lectura de las leyes que parece que no. Bueno, tendrá que decidir los tribunales, pero querría saber si el Gobierno tiene una opinión al respecto.

Y luego dos cosas más que a lo mejor le compete más a la Portavoz. ¿Cómo van los trabajos del certificado verde al nivel de la Unión Europea? ¿Sabemos ya si va a entrar o no en vigor y cuándo, para facilitar el resurgimiento del turismo en España? Y, qué va a pasar con la deducción del IRPF para matrimonios, si finalmente se va a suprimir o no se va a suprimir, o se va a mantener como se le ha comunicado a la Comisión en el plan de recuperación, y, si no es así, si se le va a comunicar a la comisión este cambio. Gracias.

Sra. Calvo.- Si por continuar con el tema. Mire nuestros tribunales y nuestra administración de justicia, como todas las administraciones públicas, tenemos que funcionar con arreglo a los plazos que la norma nos establece. Eso a veces significa, en fin, una cierta presión o más trabajo. Pero en ese sentido nosotros no tenemos absolutamente ninguna inquietud en que la Sala Tercera cumpla con su función llegado en el caso, en absoluto.

Sí, mire, el Tribunal Supremo conoce que esta decisión se iba a tomar y, además, yo creo que, si usted me apura, no deja de ser también un reconocimiento a el espacio nuclear que tiene el Tribunal Supremo en la unidad jurisdiccional de nuestro país y en la potestad jurisdiccional, es decir, como Poder Judicial. No deja de ser un elemento de respeto a la posición que ocupa y de garantía, y naturalmente, de tranquilidad de parte en este caso del Gobierno que impulsa esta modificación normativa en este Real Decreto Ley.

No tenemos sobre eso más que esta posición y todos tenemos que cumplir los plazos cuando están en ley, impliquen lo que lo que impliquen. No tenemos absolutamente ningún problema.

Dicho esto, si el Tribunal Supremo necesita algún tipo de auxilio o ayuda del punto de vista del capital humano, ahí estará el Ministerio de Justicia, llegado el caso, también para para ayudar en lo que se pueda. Pero, en fin, yo calculo una situación, en ese sentido, bastante más normal, aunque es verdad que le hacemos un encargo de más trabajo la Sala Tercera. Pero también significa mucho desde el punto de vista de la democracia que somos tomar esta decisión.

Lo significó decretar la alarma asumiendo toda la responsabilidad el Gobierno España en su peor momento, respetando la Constitución y no cogiendo atajos, significó también una decisión de extraordinaria responsabilidad respetuosa de nuestra Constitución, alargando en el tiempo, pero contando con las comunidades autónomas, sin invadirlas en sus competencias y sin, naturalmente, echarlas fuera de la co-gobernanza y de la corresponsabilidad que tenemos todos.

Y sigue significando también un respeto extraordinario al orden constitucional hacer lo que hacemos ahora, porque usted me preguntaba, en la legislación sanitaria hay conceptos jurídicos que son indeterminados, porque se aprecian cuando llega, exactamente igual que ocurre en la Constitución. No hay un catálogo de cómo se decreta la alarma, la excepción o el sitio, se tiene que apreciar en el momento en el que se produce al órgano que le corresponde apreciarlo. La Constitución dice que es el Gobierno quien aprecia si hay alarma, no hay alarma. Como es lógico, son conceptos jurídicos indeterminados que tienen que aterrizar. Por eso yo le decía antes a su compañera que claro que las leyes sanitarias te dicen cuándo puede haber una situación de emergencia, de urgencia, de pandemia, de preocupación. Consiste en hacer la propuesta de decisión y fundamentales al tribunal correspondiente por qué lo decides y por qué tienes datos que avalan lo que decides. Y al tribunal le corresponde cotejar esos datos con esa petición que se hace y otorgar o no otorgar la autorización que se pide.

Esto, al fin y al cabo, no deja de ser el funcionamiento impecable y correcto de lo que es la combinación de una democracia con un Estado de derecho. Por eso nosotros pensamos que hemos tomado tres grandes decisiones. Esta es la tercera. Muy respetuosa, repito, de nuestro orden constitucional y del respeto también a la territorialidad y al Poder Judicial.

Portavoz.- Si Alberto, en relación con las otras dos preguntas, respecto a la deducción IRPF yo creo que durante el fin de semana hemos transmitido con absoluta claridad y con absoluta transparencia, que no es una reforma que esté incorporada dentro de la ficha de fiscalidad que se plantea por parte del Ministerio de Hacienda y por parte del Gobierno de España, que esta es una medida analizada por la AIReF cuando hizo el análisis de los beneficios fiscales, en donde la AIReF concluye que este tipo de beneficio tiene, por una parte es regresivo en tanto en cuanto se acumula en los tramos más altos de renta y por otra parte, transmitió que puede implicar una dificultad añadida para la incorporación de la mujer en el mercado laboral.

Es por ello que en esta medida, como el resto de cuestiones, lo que ha decidido este Gobierno y así lo ha comprometido con Bruselas, es la creación del comité de expertos que, como ustedes recordarán, ya está creado, que va a tener como tarea la modernización de nuestro sistema tributario dentro de sus funciones. Por supuesto, tendrá que revisar el conjunto de elementos que considere de interés, y aprovechará materiales que están siendo editados por un organismo tan prestigioso como la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, que no creo que nadie ponga en duda la rigurosidad de todos los estudios que realiza, y, evidentemente es un trabajo de campo necesario para que la comisión de expertos pueda aconsejar, orientar, proponer al Gobierno en el conjunto del sistema tributario, qué elementos considera que hay que modificar para seguir ganando en progresividad y seguir ganando en capacidad real, efectiva de nuestro modelo para atender la necesidades de un siglo XXI que se parecen poco a las que se reflejan en este momento en nuestra estructura fiscal y que, por supuesto, están penalizando a determinados comercios frente a áreas de actividad emergente que no tienen en la actividad que yo llamaba analógica, un reflejo tan claro como lo tiene el negocio tradicional.

La referencia a la que usted está comentando, tiene que ver con el informe de impacto de género, en el que evidentemente es importante para ese informe recorrer de todas las componente, cuáles son las medidas que considera más significativa en materia de igualdad. Y en ese contexto se ha planteado, insisto, que en ningún momento hay ningún tipo de compromiso sobre esta materia ni ningún tipo de reforma. Y creo que en el contexto global del documento está perfectamente aclarado. No hace falta remitir aclaración adicional a la Unión Europea, porque el componente de fiscalidad es blanco sobre negro, o negro sobre blanco, ¿verdad? Clarísimo, no está incorporada esta reforma.

Otra cosa es que, como usted bien sabe, Alberto, en etapas preelectorales cualquier elemento sirve, por mucho que se explique, cualquier elemento sirve para intentar llevar al ánimo de los ciudadanos algo que este Gobierno ni ha decidido ni ha hecho, ni, por otra parte, ha planteado, todo lo contrario, ha transmitido que forma parte del estudio que el comité de expertos tiene que realizar en ésta y en cualquier otra materia.

Nosotros en eso nunca hemos dejado de decir aquello en lo que creemos, que ahora les toca a ellos estudiar la totalidad del sistema tributario, con especial hincapié en alguna figura y también poner de relieve las alianzas internacionales que pueda haber en determinadas materias en la que la nueva administración estadounidense o el Fondo Monetario Internacional, saben ustedes que están dando avisos, alertas, para que se avance en una dirección.

Pero a pesar de que durante el fin de semana lo hemos explicado, yo creo que hasta la saciedad, pues ya sabe usted que en un contexto preelectoral cualquiera lee o quiere entender lo que entiende, porque más allá de cómo está expresado, hemos comentado y hemos comunicado que se trata de un apartado del impacto de género que hace referencia a un estudio de AIReF, y que no está dentro de las reformas, de las componentes que marcan la política tributaria, la política de consolidación fiscal o de revisión del gasto, que sí tiene y tendrán ustedes oportunidad de poder tratar.

En relación con el certificado verde, hoy la propia Comisión Europea está sometiendo al estudio, al análisis y a la posterior decisión la posibilidad, justamente que usted comentaba, que pueda haber libre entrada en la Unión Europea de viajeros, de ciudadanos, que tengan ya completada la pauta de vacunación completa, es decir, la doble vacunación con alguna de las vacunas que se hayan aprobado por parte de la agencia Europea del Medicamento. Esto es importante resaltarlo porque hay ciudadanos de otros países, vacunados con otro tipo de tecnología medicamentosa, solo en aquellos casos en donde sea uno de los medicamentos autorizados, una de las vacunas autorizadas por la Agencia Española del Medicamento, e igualmente promueve que en aquellos países en donde tengan una tasa de contagio inferior a los 100 casos por cada 100 mil habitantes, también permitir la entrada de esos viajeros con todo el protocolo correspondiente, y son elementos que desde nuestro punto de vista quieren facilitar que durante la etapa estival haya un mayor movimiento de personas que tengan una seguridad establecida por estos dos parámetros, y por otra parte, que seamos capaces de recuperar en la medida de nuestras posibilidades, y en eso España, saben ustedes que siempre ha estado a la vanguardia, un sector tan importante como el del turismo, con todo lo que conlleva de otras connotaciones imprescindibles en nuestro país y que, por tanto, la posición siempre de España ha sido favorable con todas las garantías, con todas las medidas de precaución, a promover movimientos seguros entre los países de la Unión Europea o de otros países, cuya incidencia acumulada esté en unos niveles aceptables, independientemente de que las personas tengan que acreditar por supuesto esa vacunación o acreditar cualquier otra cuestión que se le plantea.

Vamos a trabajar con ellos, con la Comisión Europea en esta cuestión y también, como saben ustedes, venimos promoviendo ese certificado de vacunación digital como elemento que permita, no solo en la Unión Europea, en el resto de países que se utilice como salvoconducto para que las personas puedan entrar, insistimos con todas las condiciones de garantía que establezca la propia Unión Europea.

Secretario de Estado de Comunicación.- La rueda prensa de hoy tiene mucho interés territorial vicepresidenta, por motivos obvios, cómo vamos a hacer una ronda por ahí, al otro lado de la pantalla está Irene Diaz, de Tele Bilbao, delante Irene.

P.- Pues sí, muchas gracias a todos.

Evidentemente aquí vicepresidenta estamos preocupados y tenemos muchas dudas, porque lo que vemos en la calle es que los ciudadanos preguntan qué va a pasar a partir del próximo lunes.

En una carilla ha dicho que va a establecer un decreto que lo va a sacar el viernes y entonces tendremos la sensación de que ese paraguas que ha anunciado ahora tiene, por así decirlo, algunos agujeros. No sé si el mensaje al Lehendakari es decirle saque usted este decreto que va a tener la posibilidad de ir al Supremo, y luego allí el Supremo decidirá. Yo creo que dejarle también con muchas dudas. No sé cuál es el mensaje que tiene para el Lehendakari, que no se preocupe, que saque el decreto.

Y luego también quería preguntarle por esos barcos que están confinados. Aquí tenemos uno en el puerto de Santurtzi. Lo último que sabemos es que hay tres personas contagiadas. No sé si ha salido algún paso más y si se puede confirmar si es la variante india. Muchas gracias.

Sra. Calvo.- Señora Díaz yo creo que es bastante razonable que con la legislación sanitaria y con el marco legal general que tenemos cada comunidad autónoma, atendiendo a sus datos, que son muy diferentes de unas a otras, sería bastante difícil de entender así en su contrario, que, teniendo sobre el último dato, que es ayer una incidencia de 223 como promedio estadístico, tomáramos decisiones a todos por igual. Eso sería más difícil de entender en términos de proporcionalidad de dónde estábamos hace 6 meses 8, 10 y 12, por supuesto, y dónde estamos ahora, con los niveles de vacunación que tenemos, con la capacidad que tenemos ya de saber qué población tenemos inmunizada, sería poco razonable pretender que para todos los territorios tuviéramos que tomar decisiones tan drástica como el Real Decreto Alarma del que vamos a salir.

El Gobierno entiende que es mucho más razonable, mucho más modulado, mucho más ponderado y proporcional a cada situación que tengamos que afrontar, que los gobiernos autonómicos, en el marco de sus competencias, con la legislación básica del Estado, la legislación sanitaria básica y con arreglo a sus propias situaciones, tomen decisiones, que yo creo que en el 100% de los casos van a ser decisiones atinadas, necesarias, que tengan que ser como corresponde, sometidas al control jurisdiccional.

Si ese control jurisdiccional no es el que el Ejecutivo autonómico considera que, no dándole la razón siguen necesitando, sí que es una cobertura y un paraguas de seguridad y de tranquilidad poder recurrir al Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo, con un criterio superior, pueda recolocar los elementos que un Ejecutivo haya fundamentado para poder pedir esta situación que afecta los derechos y libertades. Claro que es una situación nueva, mejor, con más garantías, adecuada a nuestro modelo territorial y jurisdiccional, protectora, yo diría que garante.

Dicho esto, cada comunidad autónoma tendrá que tomar sus decisiones, como es lógico. Hemos visto algunas comunidades autónomas que han dicho, por los datos que tienen, que no van a tomar ninguna decisión particularmente afectante a derecho. Algunas han dicho que sin el Estado de Alarma podrían seguir trabajando bien. Otras han dicho que se prolongue el Estado de Alarma. Otras han dicho que se prolongue solo para su territorio. Otras han contestado que para todos los territorios… hemos visto absolutamente todas las posiciones.

Como las hemos visto todas, nos parece que lo razonable es que el auxilio del Tribunal Supremo nos sirva a todos. Que la propia Administración General del Estado, la Abogacía General del Estado, también puede recurrir y reforzar una posición que pueda mantener un territorio autonómico, y que no sometamos a todos, en este caso, teniendo datos distintos, a los mismos rigores, porque también tenemos que ir haciendo las pasarelas a situaciones diferentes, por cuanto la pandemia va evolucionando y tenemos que afrontar también la crisis socioeconómica que tenemos.

Habrá comunidades autónomas y gobiernos autonómicos que generarán nueva legislación. Bueno, pues esa nueva legislación, sí está en los parámetros constitucionales oportunos, le será muy útil, será legislación de urgencia, se entiende, y en ese sentido, nosotros somos un Gobierno que ha dado pruebas más que suficientes de comprender y entender a las comunidades autónomas atravesando toda esta situación, y como usted bien sabe, nosotros con esta modificación no hacemos otra cosa que ofrecerles más garantía a las decisiones que tomen.

Lo que no podemos hacer como Gobierno de la Nación es entrar en competencias que no son nuestras, que son de las comunidades, así como a la inversa, también decía antes, hemos tomado 3 grandes decisiones por responsabilidad, porque era competencia nuestra hacerlo. Los tres reales decretos de alarma, particularmente el primero y el tercero, han sido grandes decisiones políticas que hemos asumido como Gobierno de la Nación. Quien ha rendido cuentas de los Estados Alarma fundamentalmente ha sido el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Esa es la consecuencia de las grandes decisiones políticas que hemos tomado.

Quien ahora toma esta decisión también de sostenimiento normativo de algunas medidas importantísimas para seguir haciendo el tránsito paulatino y equilibrado a ir saliendo de la pandemia es el Gobierno también de la nación. Es decir, que en este sentido nosotros seguiremos estando en situación de corresponsabilidad y de ayuda continua. Esto lo es, y cada gobierno autonómico, evidentemente, tendrá que afrontar con sus datos diferentes situaciones diferentes.

Pero si usted me lo permite, le diré que no deja de ser la normalidad política del modelo del título octavo de nuestra Constitución, donde las comunidades autónomas toman decisiones de carácter cotidiano y ordinario continuamente, estaríamos vulnerando nuestra propia Constitución si nos ubicamos en sitios diferentes, tanto el gobierno de España como los gobiernos autonómicos.

El gobierno del País Vasco conoce desde hace días y desde luego desde ayer mismo, que este instrumento es un instrumento también de ayuda para todos, también para el País Vasco, como es lógico.

Secretario de Estado de Comunicación.- Puri González de Catalunya Press.

P.- Hola, buenas tardes.

Dos preguntas ministras, hoy ha salido un estudio del Hospital de Barcelona que indica, hecho por profesionales del Servicio de Medicina Interna, que dice que el 50% de los pacientes con COVID, que han tenido COVID muestran síntomas relacionados con la enfermedad muchos meses después de haber sido dado de alta hospitalaria, ¿se plantea el Gobierno de España hacer un plan estatal para atender este tipología de pacientes?

Y la segunda pregunta es, también hoy se ha dado a conocer una nueva herramienta de información, al menos aquí en Cataluña, hecha por el Irsi, el Institut de Recerca de la Sida, en el que van a informar permanentemente de cuáles son las variantes del COVID, comunidad a comunidad con los datos y las diferencias ¿Creen que esta puede ser una herramienta útil tanto para la ciudadanía como para el Gobierno? Gracias.

Portavoz.- Gracias, Puri.

Bueno, yo creo que son dos cuestiones técnicas que probablemente mañana el Consejo Interterritorial y la propia ministra Daria, que con toda seguridad comparecerá luego en mejores condiciones que nosotras de poder contestar sobre la pretensión de la comunidad científica en relación con si es mejor o no asistir a la población residual con síntomas residuales de la COVID a través de dispositivos específicos, que es lo que entiendo que quieres decir, o a través de su relación habitual con el sistema sanitario.

Saben ustedes que en la medida en que podemos, siempre desde los sistemas de salud, procuramos que el nivel de atención esté lo más cerca posible al paciente, al objeto de que sus desplazamientos no comporten una sobrecarga añadida de tiempo o económica, por el hecho de tener que desplazarse hacia otro entorno. Por tanto, es siempre tendencia del sistema sanitario el procurar que en el ámbito de los centros sanitarios, del centro de salud o de las consultas de especialidades de hospitales, se atiendan a aquellas situaciones que devengan de cualquier enfermedad. Y entiendo que en relación con la COVID el planteamiento puede ser similar, pero te remito, si te parece Puri, a que mañana la propia ministra pueda contestar si es que esto ha sido una materia que se haya abordado.

En relación con la segunda cuestión, yo daría la bienvenida a cualquier informe, estudio experto, que seguro que hay muchos de ellos que en este momento se están desarrollando, que permitan aportar claridad desde, cómo se comporta el virus, cuál es su fórmula, su sistema para provocar las consecuencias que habitualmente tiene entre la población, o cuál es la forma de distribución de las variantes del COVID que van apareciendo, que han ido apareciendo en los distintos países…Me parece siempre de mucho interés el que la comunidad científica aporte datos, pero en relación con esa cuestión, la utilidad que se puedan hacer de los informe será el Consejo Interterritorial, insisto, quienes tienen que valorarlo, puesto que son ellos los que están tomando las decisiones, asesoradas por los expertos, para posibilitar que las comunidades autónomas tengan un elenco de actuaciones que sean homogéneas, aunque cada una de ellas adaptada al territorio, que permitan adoptar una u otra medida.

Así que me remito al propio Consejo Interterritorial y a la ministra para que técnicamente ella pueda aclarar si hay algo de lo que acabo de comentar, que no termina de resolver la cuestión que hubieras planteado.

Secretario de Estado de Comunicación.- Rosario Carreño de Radio Nacional. Charo o Rosario, no sé cómo…Rosa.

P.- Buenas tardes, vicepresidenta y ministra portavoz.

Quería hacerle dos preguntas, creo que la vicepresidenta, si el Gobierno espera que a partir de mañana baje o se rebaje la crispación política que hemos vivido estas dos semanas de campaña en Madrid. Y si el Gobierno entiende o vería en una victoria, una posible victoria de la candidata del Partido Popular, un respaldo a la gestión que ha hecho durante la pandemia menos restrictiva frente a la que han hecho otras comunidades y la que ha impulsado el Ministerio de Sanidad en ocasiones. Gracias.

Sra. Calvo.- Muchas gracias.

El Gobierno ni de antes de ayer, ni detrás de antes de ayer, ni pasado mañana, ni dentro de una semana piensa que la crispación política sea buena nunca, nunca.

Entre otras razones porque la crispación y la polarización lo que hace, entre otras muchas cosas, es alejar a la ciudadanía de la verdadera función de la política, del debate, de la diversidad ideológica, de la libertad de expresión de todos nosotros, que es convivir todos, siendo evidentemente diferente de nuestras posiciones políticas.

La crispación no sirve, aleja mucho al ciudadano y a la ciudadana del papel que tienen que cumplir las instituciones, los representantes públicos, que obviamente posicionar cada quien, desde sus ideas, pero también sabiendo que la democracia nos obliga a todos, a encuentros y acuerdos. La cultura política del enfrentamiento continuo tampoco es una expresión, digamos, admirable de la democracia. El enfrentamiento tiene que tener también límites, porque los ciudadanos esperan siempre soluciones y respuesta de sus problemas.

Por lo tanto, el Gobierno no le parece la crispación bien, nunca. Da igual que día, ni que mes, ni qué año, ni que nada, porque no sirve, repito, sobre todo a que los ciudadanos estén seguros, tranquilos, cercanos, a que la democracia es un espacio de diversidad, de libertad y de igualdad de todos. Por lo tanto, ahí no tengo más nada que decir, porque me parece que es un ítem continuo.

Y luego mire, frente a algunas cuestiones que hemos visto en estos últimos días en los medios de comunicación, no hay ni un solo precepto normativo que le indica al Gobierno de España, por mucho que exista una convocatoria territorial de elecciones, que el Consejo de Ministros no haga su trabajo en el día oportuno, que es el martes. Por eso estamos aquí.

Pero tanto la ministra Portavoz como yo queremos justo porque estamos en un día electoral en Madrid, no emitir ningún pronunciamiento que no se corresponda con el rendimiento de cuentas del orden del día del Consejo de Ministros. Así que usted va a entender, que sé que lo entiende, como periodista avezada, que no haga ningún solo comentario sobre lo que representa el día electoral de hoy, más allá de lo que ha dicho la ministra Portavoz en nombre de todo el Gobierno, que es animar a la participación, participar es el punto de apoyo, de poder y de fortaleza de un sistema democrático, cuantas más personas ejerzan su derecho a votar libremente, mejor.

Dicho esto, ni ella ni yo tenemos más nada que añadir en una rueda de prensa en el día de hoy, justamente por respeto al proceso electoral que hay hoy en un territorio, que es justo el que pisa también la sede física del Gobierno de España, que es Madrid.

Secretario de Estado de Comunicación.- Alicia Martínez, de El Faro de Melilla.

P.- Buenos días, ministra, vicepresidenta.

A la ministra Portavoz le quería preguntar cómo se gestionó la devolución de inmigrantes que tuvo lugar en Ceuta hace unas semanas, qué pasos se siguieron y cómo interpreta el Gobierno lo acontecido en el último fin de semana de abril, con entrada de nadadores en Ceuta e intentos de salto a la valla de Melilla.

Y también quería saber si puede dar una valoración sobre las recientes declaraciones del ministro de exteriores marroquí, donde se pregunta si España desea sacrificar su relación bilateral por el caso de Brahim Ghali.

Y, por último, si puede informarme sobre si hay novedad sobre la apertura de la frontera con Marruecos y de la operación Paso del Estrecho.

Muchas gracias.

Portavoz.- Sí, no sé exactamente si he cogido el detalle de cada una de las preguntas.

Creo que en materia de inmigración este Gobierno siempre ha sido un Gobierno muy claro, muy transparente respecto a la necesidad de arbitrar mecanismos que permitan una inmigración ordenada y que, por supuesto, sea una inmigración en tiempos de pandemia que tenga a la llegada a puerto los controles y la situación sanitaria que requiere cualquier persona que viene por un conducto que no es el conducto oficial y que por tanto, hay que desarrollar toda una serie de medidas que permitan saber y conocer cuál es el estado de situación y posteriormente abordar todos los elementos para saber en qué situación se encuentra la persona migrante, si es una persona solicitante de asilo, si es una persona que viene por motivos laborales, en definitiva, saben ustedes que es un protocolo, lo saben ustedes en Melilla y en Ceuta, especialmente, un protocolo complicado y que conlleva una serie de cuestiones en función de las cuales se toman las medidas sobre las personas concretas, una vez caracterizada cuál es la situación legal y situación sanitaria que esa persona tiene.

Por eso, cuando me planteaba si se iba a producir devolución, cada persona va a tener el abordaje y el tratamiento que en su caso particular conlleva y por tanto será el Ministerio del Interior el que conjuntamente con Seguridad Social y Migraciones determinarán desde el lugar donde se alojan el número de prueba a realizar y la posterior ubicación de la persona o la salida de la persona del entorno donde actualmente está.

Nosotros con los socios de Marruecos, con el país vecino de Marruecos, tenemos una magnífica relación de vecindad, siempre, así lo pone de manifiesto la ministra de Asuntos Exteriores y por tanto, lo que queremos es que la solidaridad, la contribución, la cooperación mutua entre ambos países, como saben ustedes, con alguna cumbre que se ha ido posponiendo a lo largo del último período, justo por las razones de la pandemia, permita trabajar en todas esas materias que tienen que ver con la solidez de ambos países y sus relaciones comerciales, económicas y de todo tipo, pero también con el fenómeno de las migraciones y la manera en que ambos países tenemos de abordar esta cuestión.

Es por ello que me quedo ahí, en las declaraciones que se hayan efectuado por parte de Marruecos, insistiendo que efectivamente somos dos países llamados a colaborar, puesto que tenemos una distancia entre ambos muy pequeña y tenemos un flujo de personas muy importante entre los dos países y lo que queremos es colaborar y en este sentido seguiremos trabajando desde la acción exterior.

Y por último, la operación Paso del Estrecho va a estar, por supuesto, absolutamente condicionada por la propia situación de la pandemia, no solo en nuestro país, sino también en el país vecino. Las instrucciones que se den desde Marruecos respecto al paso de personas que, como ustedes recuerdan, vienen de todas partes del mundo, pero de una forma más concreta, desde Europa, y por tanto, todavía no se ha tomado una decisión respecto a esta cuestión. Yo creo que en las próximas semanas, en los próximos meses, estaremos en condiciones, una vez nos aproximamos a la fecha, de conocer cómo se comporta la incidencia acumulada en ambos países, cómo se está comportando en el conjunto de Europa y si a estas personas se les va a aplicar el protocolo, como el que hemos comentado en una pregunta anterior respecto a la libre circulación de personas en la Unión Europea u otro tipo de protocolo.

Insisto, es una operación masiva que concentra un volumen muy importante de personas en nuestro país y que va a tener un abordaje específico por parte de los ministerios y de las comunidades autónomas que son responsables de esa operación Paso del Estrecho. Todavía sería prematuro adelantar ninguna cuestión por mi parte.

Secretario de Estado de Comunicación.- Vamos con el último turno de palabra, pide la palabra Xosé Manuel Ares de TVG Televisión de Galicia.

P.- Hola, buenos días, mi pregunta sería para la vicepresidenta, desde que Portugal levantó el cierre de fronteras en las comunidades fronterizas, ante esta confusión sobre qué es lo que prevalece en la apertura de fronteras que depende del interior, o el cierre perimetral que depende de las comunidades autónomas, ¿cuál sería el mensaje para los ciudadanos de esas zonas fronterizas?, ¿podemos cruzar a Portugal y los portugueses, por ejemplo, pueden cruzar a España? Muchas gracias.

Sra. Calvo.- Vamos a ver, las fronteras están abiertas, lo que significa que en aquellas poblaciones concretas o comunidades autónomas enteras que no estén perimetrales, que no estén confinadas, los ciudadanos pueden salir, como es lógico, y la frontera está abierta en el doble sentido.

Yo creo que en esto, a lo largo del tiempo que lo hemos ido viviendo, hay una regla bastante básica que funciona siempre bien. Uno tiene que cumplir las normas del lugar en el que está. Si estás en un lugar en el que está confinado no puede salir, aunque la frontera está abierta, pero no puede salir porque es tu lugar de confinamiento, no te lo permite. Si en el lugar en el que estás, sea un territorio menor o una comunidad autónoma entera, está confinado, no solamente puede salir, sino que puedes pasar a otro país porque la frontera ya está abierta.

Cuando en el confinamiento no puedes salir y además la frontera está cerrada, no hay nada que comentar. Cuando la frontera está cerrada y tu confinamiento se levanta, no puedes pasar. Yo creo que esto tiene una combinatoria a veces, no siempre gustosa ni querida por la necesidad y por el anhelo que tenemos todos de salir de esta situación. Pero tiene una lógica, a veces bastante básica.

Si estás confinado no puedes salir igual que la frontera está abierta. Si no estás confinado, puedes salir y puedes cruzar la frontera, que en ese sentido era antes una doble barrera y ahora puede ser una sola o ninguna, puesto que si sales de una situación de confinamiento, también puedes cruzar la frontera.

Esa es a veces la mecánica, casi de puro sentido común, que funciona para que cada quien sepamos en cada momento y todavía hasta que se termine el Estado de Alarma que quedan todavía algunos días. Y luego, después, pasado el Estado de Alarma, la situación concreta que cada ciudadano tenga que saber que tiene en el territorio que habita, en el territorio que ocupa.

Esto es importante, que lo que hagamos y que lo tengamos claro, aparte de que las normas sean siempre publicitadas, transparentes y abundantemente conocidas, que es lo bueno. Pero también es importante tener estos criterios elementales en el registro de cada quien, porque, como hemos dicho, tanto la ministra Portavoz como yo, la pandemia no ha terminado, vamos mejorando, vamos avanzando y evolucionando, pero hay que seguir siendo todos muy conscientes y todos muy responsables de cuál es la parte en la que cada quien puede ser proactivo para terminar con la pandemia. Y en ese sentido, repito, se estás confinado, no te puedes mover y si puedes salir, puedes cruzar la frontera, como es lógico.

Portavoz.- Muy bien, pues muchas gracias vicepresidenta y despedimos esta comparecencia no sin antes volver a felicitar a todos los profesionales sanitarios que están consiguiendo que nuestro país adquiera velocidad de crucero en la administración de las vacunas y por supuesto, a todas las personas que acudan a los puntos de vacunación cuando son llamadas. Y mientras tanto, esta pandemia continúa, utilicemos la mascarilla, la distancia de seguridad, lavado de manos, espacios abiertos, es decir, todas las recomendaciones para que mantengamos a la población segura y cuanto antes podamos dejar atrás de forma definitiva a este virus. Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)