​Conferencia de prensa de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y del ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, tras la reunión del Consejo de Ministros

La Moncloa, viernes 29 de mayo de 2020

MINISTRA DE HACIENDA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: María Jesús Montero.

VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030: Pablo Iglesias.

MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES: José Luis Escrivá.

Portavoz.- Muy buenas tardes a todos y a todas y, como siempre, antes de empezar esta rueda de prensa quiero que nuestras primeras palabras sean para los familiares de las personas que han fallecido durante esta pandemia. Como siempre, queremos transmitir que el Gobierno les acompaña en su dolor pero, también, un mensaje de ánimo para todas las personas que permanecen hospitalizadas o que están todavía convalecientes, ¡ánimo!, seguro que seremos capaces entre todos de superar esta enfermedad y, cómo no, el agradecimiento obligado a todos los profesionales del sistema sanitario y, también, a los ciudadanos que con su esfuerzo, con su disciplina hacen posible que estemos frenando esta pandemia y combatiendo a este virus.

Como ven, en el día de hoy Me acompañan en esta rueda de prensa el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, señor Iglesias; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, señor Escrivá, para informar sobre la nueva aprobación de la prestación de Seguridad Social que hoy ha visto, ha valorado y ha aprobado el Consejo de Ministros. Ni más ni menos que el ingreso mínimo vital.

Y antes de cederle la palabra a ellos me gustaría destacar que se trata de un paso de gigante en la lucha contra la desigualdad y la pobreza en nuestro país y en favor, como no, de la igualdad de oportunidades y de la justicia social.

Saben que este Gobierno de coalición progresista tenía entre sus compromisos la puesta en marcha de este ingreso mínimo vital y que lo iba a hacer a lo largo de la legislatura. El objetivo era reducir las tasas de pobreza severa que existen en nuestro país, especialmente, muy especialmente, las relacionadas con la pobreza infantil. Así quedó fijado en el acuerdo que se suscribió entre las formaciones políticas que componen este Gobierno y así también lo trasladó el propio presidente, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura como una de las medidas más importantes. Sin embargo, la intensa crisis económica derivada de esta pandemia sanitaria nos ha permitido, ha hecho oportuno acelerar los ritmos. Somos muy conscientes de que la bolsa de pobreza que teníamos identificada ya antes de la pandemia se añaden ahora nuevas dificultades que están atravesando en este momento miles de familias.

Desde el primer momento el Gobierno ha actuado con planes de choque para proteger los empleos, proteger la renta, o evitar situaciones de desahucio o cortes de suministro vitales básicos; pero ahora es el momento de dar un paso más, con una nueva prestación que tiene que actuar como una auténtica red de seguridad para todas estas familias con ese objetivo de que nadie se quede atrás. Con ella no se lo vamos a proteger a los colectivos más vulnerables en un momento de extrema dificultad sino que creamos un nuevo derecho de ciudadanía, un derecho que supone un antes y un después en esta lucha contra la pobreza extrema, sobre todo la pobreza infantil.

Este derecho a contar con unas mínimas condiciones para la supervivencia y para que cada persona pueda desarrollar su proyecto vital con la dignidad que todo ser humano merece, sobre todo poniendo la base para que nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes tengan a su disposición unas herramientas básicas que les permitan desarrollar todo su talento. Nuestra obligación como país --lo tenemos claro-- es velar por su presente pero, también, por su futuro porque no hay mejor inversión posible que invertir en nuestra infancia y en nuestra juventud.

Esto es lo que llamamos política útil desde el Gobierno de España, la que nos tiene comprometidos a desarrollar durante los próximos años porque sabemos que lo que el país necesita en este momento es justamente dar respuesta inmediata a los problemas que surgen, los problemas que son endémicos, o las cuestiones que teníamos previsto desarrollar en la legislatura. Política útil centrada en las personas y en sus necesidades.

Antes de pasar la palabra, también un último apunte de otro asunto tratado en el Consejo de Ministros, y me refiero al apoyo del Gobierno a la candidatura española para albergar el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a plazo medio. A propuesta del ministro de Ciencia, de la vicepresidenta cuarta, y de la ministra de Asuntos Exteriores, el Consejo de Ministros ha acordado postular a España como sede de esta organización intergubernamental. Es una sede que trabajará en coordinación con otras dos, Reino Unido e Italia, y que estima poder acoger en torno a 150 personas con la posibilidad de aumentar ese número de personas en 250 en el medio plazo.

Nosotros desde España, desde el Gobierno creemos que contamos con el atractivo, con el capital productivo humano y tecnológico para acoger este centro europeo y, por tanto, creemos que estamos en buenas condiciones de presentar esta candidatura y de competir con otros países que seguro, también, así lo harán.

Y, ahora, sí, cedo la palabra al vicepresidente segundo del Gobierno, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, el señor Pablo Iglesias.

Sr. Iglesias.- Muchísimas gracias, ministra Portavoz. Buenos días a todos y a todas. Hoy es un día histórico para nuestra democracia y para mí es un honor, como vicepresidente de Derechos Sociales de este Gobierno anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España: un ingreso mínimo vital cuyo alcance y detalles explicaremos a continuación el ministro de Inclusión y yo, que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España, por lo menos desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006.

Como saben ustedes, a finales de enero, poco después de que se formara este Gobierno de coalición progresista, visitó España Philip Alston, el relator especial de las Naciones Unidas para la extrema pobreza, que hizo un informe que nos sacaba los colores como país. Un informe en el que relataba las condiciones de exclusión social en las que vive una parte muy importante de la población de nuestra patria, muchos de ellos niños y niñas. Antes de que nos golpeara la pandemia de la Covid-19 teníamos ya una elevadísima tasa de pobreza y éramos el tercer país de Europa en pobreza infantil. La pandemia, evidentemente, ha agravado la situación para muchos compatriotas y aunque este Gobierno ha hecho --como explicaba la ministra Portavoz-- una movilización de recursos sin precedentes para construir un escudo social que está protegiendo a las familias españolas y a la gente de nuestro país del impacto económico de la crisis, es evidente que la situación sobrevenida que ha llegado nos ha obligado a acelerar la implementación de este ingreso mínimo vital. Este era un compromiso de legislatura que figuraba en el programa de Gobierno pero a raíz de la pandemia se convirtió en una necesidad absolutamente urgente porque miles de familias españolas, sencillamente, no pueden esperar más.

Quiero agradecer, en ese sentido, el trabajo del ministro Escrivá y de todo su equipo que ha sido excelente. Quiero agradecer al presidente del Gobierno que atendiera la urgencia que le reclamé para sacar esto adelante lo antes posible, y quiero dar las gracias al Ministerio de Derechos Sociales, a su secretario de Estado, Nacho Álvarez, a Jorge Usó y a todo el equipo que han sido capaces, junto con el equipo del ministro Escrivá de, quitándose muchas horas de sueño, trabajar para que hoy podamos decir que el ingreso mínimo vital esté a una realidad en España y que nuestra patria cuenta con un instrumento que la coyuntura nos ha obligado a acelerar pero, ojo, que no es una medida coyuntural, es una medida estructural porque la pobreza en España no es un problema coyuntural sino un problema estructural.

El relator de las Naciones Unidas decía que la pobreza es una opción política. Creo que hoy, con toda la humildad, este Gobierno está demostrando no sólo con palabras sino con hechos que la opción política de este Gobierno es la justicia social, y demostramos con hechos que nos tomamos en serio la Constitución Española. El artículo 41 de la Constitución nos obliga a los poderes públicos a garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes en situaciones de necesidad, es decir, nos obliga a garantizar la protección social. El ingreso mínimo vital que hoy aprobamos supone tomarse en serio de verdad, con hechos y no con palabras, el mandato constitucional.

Quiero dar las gracias en nombre del Gobierno de España a todas las redes de solidaridad, asociaciones vecinales, bancos de alimento, parroquias, ONG´s, y a todas las entidades del Tercer Sector de Acción Social que han representado una red de seguridad para muchísimos compatriotas que tenían problemas para satisfacer sus necesidades básicas pero qué han estado haciendo una función que, como decía, nos corresponde a los poderes públicos para cumplir el mandato constitucional.

Paso explicarles ahora con más detalle algunos de los elementos más importantes de esta nueva prestación. El ingreso mínimo vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Se define --como muy bien decía la ministra-- como un derecho subjetivo de la ciudadanía. Esto significa que se recibirá siempre que se cumplan los requisitos de acceso como ocurre, por ejemplo, con el derecho a una pensión de jubilación o a la prestación por desempleo. Por lo tanto, se garantiza que esta red de seguridad va a estar disponible para todo aquel que lo necesite.

El ingreso mínimo vital establece así una renta garantizada en toda España que se considera como el mínimo imprescindible para asegurar unas condiciones de dignidad. El umbral de renta garantizada será de 462 euros, 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trate de una unidad de convivencia esta cantidad se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional --ya sea un niño o un adulto-- hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, para las familias monoparentales se añaden un complemento de 100 euros al mes.

El ingreso mínimo vital se calcula como la diferencia entre los ingresos mensuales de la persona o unidad de convivencia y la renta garantizada en cada caso. Les pongo un ejemplo para entenderlo bien: una persona que viva sola tiene derecho a una renta garantizada de 462 euros. Si esa persona no tiene ningún ingreso percibirá 462 euros, pero supongamos que esa persona cuenta con unos ingresos mensuales de 200 euros porque tiene un empleo a tiempo parcial en condiciones de precariedad, esa persona en ese caso recibiría una prestación mensual de 262 euros; es decir, la diferencia entre sus ingresos y el umbral de la renta garantizada que le corresponde. Les pongo otro ejemplo: una unidad de convivencia de dos adultos y dos niños tiene derecho a una renta garantizada de 877 euros; si sus ingresos mensuales son -digamos, con un contrato precario a tiempo parcial-- 300 euros, la prestación mensual que recibirían sería de 587.

Aquí está una de las claves fundamentales de esta prestación que la distingue de otros tipos de rentas de inserción social que existían hasta el momento, y es que el ingreso mínimo vital es compatible con otros ingresos, incluidos los ingresos laborales. Esto permite ampliar la cobertura de la prestación que no se dirige sólo a personas sin ningún ingreso o a personas desempleadas sino, también, a personas o a hogares con ingresos muy bajos o con empleos temporales muy precarios. Y permite, sobre todo, evitar algo que es muy importante, evitar lo que los especialistas llaman la trampa de la pobreza, la situación en la que alguien se ve obligado a elegir entre aceptar un empleo o mantener una prestación social.

Haciendo que el ingreso mínimo vital sea compatible con otros ingresos se evita el dilema y, por lo tanto, se incentiva --esto es muy importante-- a que las personas que reciban esta prestación consigan, también, ingresos laborales. De hecho, no sólo será posible mientras no se supere el umbral establecido, compatibilizar el ingreso mínimo vital con ingresos laborales sino, además, establecemos un estímulo específico al empleo para asegurar que para las personas que reciben el ingreso mínimo conseguir un trabajo nunca pueda suponer una pérdida de ingresos.

Los detalles concretos del estímulo al empleo se establecerán mediante un reglamento que desarrolle esta ley, pero les adelanto que será un mecanismo parecido al que ya funciona con mucho éxito en Euskadi y en Navarra, por el cual si una persona que recibe esta prestación incrementa sus ingresos laborales una parte de esos ingresos no van a computar para el cálculo de la prestación. Para que todo el mundo lo entienda: si alguien que está cobrando el ingreso mínimo vital de repente consigue ganar 100 euros más al mes, no se le restarían 100 euros de la prestación sino algo menos. Así se garantiza que siempre resulte conveniente para quien cobra la prestación aceptar un empleo y se desincentiva la economía informal.

Les explico a continuación los requisitos necesarios para acceder al ingreso mínimo vital.

Podrán solicitar la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años, o desde los 18 si hay menores a cargo, que lleven al menos un año de residencia legal en España. El acceso al ingreso mínimo vital dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite.

Respecto a los ingresos: se puede solicitar si los ingresos totales del año anterior son inferiores a la Renta Garantizada Anual, de acuerdo con los umbrales que ya hemos explicado; por ejemplo, en el caso de una unidad de convivencia con dos adultos y dos menores, sus ingresos en el año anterior no deben superar los 10.500 euros. Y, también, se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que, en términos anuales, estarían por debajo de la renta garantizada. Esto permitirá atender a las personas que se han visto afectadas por una situación de pobreza sobrevenida a causa de la Covid-19.

Esto nos ha llevado mucho trabajo. Normalmente se tienen en cuenta las rentas del año anterior pero la crisis de la Covid con sus consecuencias económicas y sociales se ha producido en 2020, por eso hemos estado trabajando mucho para que las personas que acusen una situación de pobreza sobrevenida como consecuencia de la Covid se puedan acoger, también, a este ingreso. Y, además de los ingresos --como decía--, se comprobará también el patrimonio neto de la persona u hogar solicitante, restando lógicamente las deudas, y sin tener en cuenta --como no podría ser de otra manera-- la vivienda habitual.

En este sentido, se establece un límite de patrimonio para acceder a la prestación que de nuevo aumenta en función del número de personas en la unidad de convivencia. Ese límite de patrimonio para alcanzar el ingreso mínimo es de 16.614 euros para una persona que viva sola y será incrementado por cada miembro adicional de la unidad de convivencia hasta un máximo de 43.196 euros restando --como decía-- las deudas y sin tener en cuenta la vivienda habitual.

Además, quienes estén sin trabajo deberán lógicamente estar dados de alta como demandantes de empleo. Se establecen, no obstante, algunas excepciones para colectivos como las personas víctimas de trata de explotación sexual o violencia de género. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Igualdad que ha hecho aportaciones muy importantes en esta dirección.

Otro elemento que quiero resaltar es que el ingreso mínimo vital es una prestación compatible con otras rentas de inserción de las comunidades autónomas. Lo que hacemos hoy es establecer un suelo mínimo igual para toda España pero, lógicamente, las comunidades autónomas en el marco de sus de sus competencias van a poder complementar el ingreso mínimo vital atendiendo a sus realidades concretas que son muy diversas en nuestro país.

Quiero aprovechar, además, para agradecer al conjunto de las Administraciones Autonómicas --muchas de las cuales han sido pioneras a la hora de implementar rentas de inserción de inserción social-- que han sido una referencia fundamental para el trabajo que hemos hecho aquí.

El problema principal que podían tener muchas de las rentas autonómicas no estaba en la cuantía de la prestación sino en el alto porcentaje de población potencialmente beneficiaria que en la práctica no ha tenido acceso a ellas. Por eso, el principal objetivo del Ingreso Mínimo Vital es aumentar la cobertura de las rentas de inserción de las comunidades autónomas, simplificando los trámites de acceso --como explicaré a continuación-- para que ninguna persona en situación de vulnerabilidad se quede desatendida.

¿Cómo se puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital? En primer lugar, les anuncio que se les concederá de oficio de forma inmediata a todas las personas que ya estén percibiendo una prestación por hijo a cargo. Para el resto de potenciales beneficiarios el acceso a la prestación se hará mediante una solicitud de la propia persona interesada, preferentemente a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, no será necesario desplazarse a ningún sitio. Los solicitantes solo tendrán que presentar los documentos (…) y el tiempo de residencia legal en España. A partir de ahí, es la propia Seguridad Social la que comprueba, con los datos de los que ya dispone, los ingresos y el patrimonio de la persona o de la unidad familiar correspondiente.

Lo que hemos hecho básicamente es simplificar al máximo todos los trámites necesarios para solicitar esto evitando que la gente se tenga que encontrar en un laberinto burocrático que en la práctica le pueda privar de un derecho que tiene y que, sin embargo, por las complejidades burocráticas no pueda acceder. Por eso, lo estamos simplificando con una aplicación informática de la Seguridad Social.

Esta sencillez en los trámites de solicitud es, modestamente, otro de los elementos diferenciales de esta nueva prestación con respecto a las que ya había. Una vez concedido el ingreso mínimo vital con este único trámite el control se realizará, será el del mantenimiento de la situación de falta de ingresos que hará a la Seguridad Social; es decir, la Seguridad Social comprobará de manera regular que, efectivamente, esa persona o unidad de convivencia sigue necesitando esa prestación. Por su parte, las personas que perciban el ingreso mínimo vital deberán comunicar cualquier cambio en su situación que afecte a la prestación en los 30 días posteriores a cuando se produzca este cambio. El ingreso mínimo vital se cobrará mensualmente en 12 pagas y será efectivo mientras dure la situación de falta de ingresos del beneficiario. Se podrá solicitar desde el 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen desde ese momento hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio.

No quiero acabar esta exposición sin hacer algunas consideraciones de fondo, y con ello ya termino. Como venimos diciendo en las últimas semanas, el Ingreso Mínimo Vital es una medida de justicia social pero, también, es una medida de eficiencia económica. Es una medida de justicia social porque se toma en serio uno de los fundamentos de la democracia que es la redistribución de la riqueza, porque los recursos que aportamos entre todos a las arcas públicas van a servir en mayor medida para aportar a los que menos tienen. Es, también, un instrumento especialmente útil para luchar contra la pobreza infantil y para garantizar que todos los niños y niñas de nuestro país, independientemente de su origen económico, puedan crecer en hogares que cuenten con unos niveles mínimos de ingresos para mantener la dignidad. Pero es que, además, es una medida absolutamente imprescindible para implementar la recuperación económica: los recursos que vamos a transferir a los hogares no van a acabar en un paraíso fiscal, van a ir directamente al consumo permitiendo a las empresas y a los autónomos seguir facturando, algo que es condición de posibilidad de la recuperación económica.

Hoy hay un gran consenso en Europa sobre la necesidad de hacer políticas fiscales expansivas que protejan la demanda, que protejan la demanda interna de nuestras economías y el Ingreso Mínimo Vital es un paso histórico para que nuestro país camine en esa dirección.

Y, ya la última reflexión. El Ingreso Mínimo Vital es, también, una cuestión de seguridad. La seguridad de una sociedad democrática no tiene que ver con la dureza de su Código Penal, tiene que ver con que la gente tenga unos mínimos niveles de seguridad nacional, de seguridad material que les permitan satisfacer sus necesidades básicas. Seguridad es saber que aunque vengan mal dadas no te vas a quedar en una situación que te impida tener un techo, que te impida llenar la nevera, que te impida llegar a fin de mes, que te impida adquirir los productos que necesita tu familia. Y es, también, una cuestión de libertad, porque no hay libertad si una persona tiene que invertir toda su energía simplemente en sobrevivir en lugar de en vivir, porque no hay libertad si no se tienen unas mínimas condiciones de seguridad económica que permitan no sólo satisfacer condiciones básicas sino, también, poder disfrutar mínimamente del ocio, acceder mínimamente a la cultura o poder ir alguna vez con tu familia al cine. No hay libertad si no se llega a fin de mes.

Quiero acabar dando las gracias a todos los colectivos de la sociedad civil, a los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales públicos que durante muchos años han peleado contra viento y marea para poner sobre la mesa la necesidad de que las instituciones públicas adoptaran una medida como ésta. El Ingreso Mínimo Vital no es un éxito del Gobierno de coalición, es una victoria de todos los colectivos y personas anónimas que han trabajado durante muchos años contra viento y marea, recibiendo muchísimos insultos y descalificaciones para que el ingreso mínimo vital fuera posible. Gracias a ellas y a ellos hoy en España un ingreso mínimo vital. Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, vicepresidente segundo. Y ahora paso la palabra al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Sr. Escrivá.- Muchas gracias. En mi presentación del Ingreso Mínimo Vital me voy a servir de una serie de transparencias que se van a ir proyectando y que nos deben ayudar a entender algunas de las características de la prestación. Si pasamos hacia adelante veremos que, realmente, cuando uno analiza el Ingreso Mínimo Vital tiene que entender que cumple dos objetivos simultáneamente, y los dos objetivos son igualmente importantes: por una parte, es probablemente el instrumento más potente que existe para redistribuir renta con un foco particular en la pobreza extrema pero, al mismo tiempo, no se debe entender la prestación en términos estáticos sino en términos dinámicos. Tendremos éxito si somos capaces de que, a partir de la identificación de estos hogares que tienen pobreza extrema y a los que vamos a ayudar, puedan transicionar, pueden pasar a un estado mejor en la sociedad.

Por lo tanto, igualmente importante es incluir un elemento de inclusión --como corresponde al Ministerio que dirijo, el Ministerio de Inclusión-- y, por lo tanto, intentar que aquellos que van a estar apoyados por el Ingreso Mínimo Vital por una renta se les incorporan itinerarios de inclusión, de integración social para que mejoren su estado en la sociedad, y por ahí va a ser la evaluación que vamos a hacer de la prestación. Si conseguimos que eso ocurra con el concurso de todas las Administraciones Públicas, habremos tenido éxito porque el éxito será que hemos conseguido sacar de esa situación de pobreza extrema y transicionar al mayor número posible de personas a situaciones en las que pueden desenvolverse mejor en la sociedad. Y los itinerarios son distintos, unos pueden ser directamente al mercado de trabajo pero sabemos que en muchos otros casos hay que pasar por estadios anteriores, hay que ayudar, por ejemplo, a los niños para que tengan mejor resultado en sus estudios, porque la pobreza dificulta esa esa esa enseñanza. Hay muchos itinerarios previos y complementarios al laboral. Por eso, insistimos en ese concepto general de inclusión social.

Al final en última instancia --pasamos a la transparencia-- lo que estamos haciendo al intentar cumplir con esto con este objetivo es crear, más allá de lo que es una prestación, un conjunto de políticas en torno a la prestación, y esto va a ser particularmente moderno y analizado a nivel internacional porque hay pocos precedentes. Y la gobernanza también va a ser muy importante porque en España en todo lo que son los itinerarios de inclusión y de integración laboral los competentes son otras Administraciones Públicas, otros en parte, pero en gran medida comunidades autónomas y, también, ayuntamientos, y en la ley se crea una serie de institucional. Se llama institucionalidad para que exista una gobernanza compartida a la hora de conseguir que esta prestación triunfe desde la perspectiva a la que me refería.

En esta transparencia que tienen ahí. Ahí pueden ver cuál es la situación de partida desde el punto de vista de la pobreza a la que se refería antes la ministra portavoz y el vicepresidente segundo. España, la verdad es que tiene un problema de pobreza alta, importante pero antes de la intervención de los poderes de las instituciones públicas, antes de las transferencias públicas no es tan diferente como pueden ver en ese gráfico. Hay un problema de desigualdad pero ahí tampoco nuestra situación es tan dispar. En las siguientes transparencia es donde vemos cuando emerge claramente el problema de pobreza extrema en España, que es cuando aparece la caída. La intervención pública lo que genera es que la pobreza extrema se reduce muchísimo en una serie de países como resultado la intervención pública y en el caso español, y en alguna medida de Italia, es mucho menos. Y, por eso, por este problema tan agudo y que está asociada a políticas públicas que no están bien focalizadas desde el punto de vista….

Desde el año 2014 sistemáticamente todos los años el Consejo Europeo, en las pocas recomendaciones de los problemas principales que tiene un país, se ha estado dirigiendo a España diciéndole: usted tiene un problema aquí, tiene un problema, además, con las rentas mínimas. Las rentas mínimas se despliegan por las comunidades autónomas pero lo hacen de una forma muy desigual, con lo cual, políticas que en un principio deberían ir dirigidas a redistribuir renta cuando uno mira desde arriba, desde el punto de vista del conjunto de España las desigualdades incluso se amplían.

Por eso es tan importante, tan importante diseñar bien las políticas. Incluso, hace unos días, ya en el año 2020 la Comisión ha vuelto a recordarnos que tenemos un problema con ello. En la silla de transparencia podemos ver lo que hemos hecho y estos son los datos claves del Ingreso Mínimo Vital. Vamos a llegar a 850.000 hogares que son más o menos 2,3 millones de personas. La renta garantizada media de todos ellos -aquí hay grandes diferencias, lo veremos después-es de 10.070 euros, con lo cual el ingreso mínimo anual medio para todos y de lo que nosotros aportar para el que tiene esa renta mínima, es de unos 4.400 euros.

El gasto público cuando la prestación esté ya completa en un año completo y a pleno rendimiento, puede acercarse a los 3.000 millones de euros. Y si eso ocurre conseguiremos que --y aquí es el gasto público en prestaciones similares en distintos países-- cómo conseguiremos acercarnos a la media europea. Ni siquiera vamos a extraerla, estaremos en la media, cerca de la media europea del gasto en este tipo de prestaciones que se produce en los países de nuestro entorno.

Ahora bien, yo lo que creo que -y esto es más difícil de evaluar-- como nuestra prestación es más reciente, es mucho más moderna y mucho más focalizada, tendrá bastantes más efectos redistributivos que en otros países que son prestaciones de un cuño anterior, el cual se focalizaba menos, se distribuía por mucho dinero en prestación fija, no complementaria como hacíamos nosotros con otras prestaciones, y eso al final termina teniendo mucha menos eficacia y efectos más diluidos.

En la siguiente transparencia podemos ver de una forma más clara los efectos que tenemos sobre la reducción de la pobreza genuinamente extrema. Extrema son aquellas personas que tienen una renta inferior a unos 3.000 euros en el conjunto de un año. Bueno, pues con esta con esta prestación pensamos que podemos llegar a más de un millón de personas en esa situación, lo que supone reducir el 80% la situación de pobreza extrema en España. Si nos vamos a una parte un poquito más de la redistribución de renta, un poquito menos aguda que lo que llamamos pobreza muy alta entre, 3.000 y 4.350 euros, ahí la reducción llegas hasta el 60%, llegamos a otras 550.000 personas.

En la siguiente de transparencia podemos ver, incluso, efectos específicos sobre determinados tipos de hogares. En el caso de los hogares monoparentales donde, por cierto, el 90% son mujeres, la reducción de pobreza extrema se supera, se acerca al 90%. También es enormemente intensa la reducción de pobreza extrema, como pueden ver en ese gráfico, en el caso de otros hogares con hijos que no sean monoparentales donde estamos en niveles en torno al 80%, y algo menos, en los hogares con hijos.

Y este es el primer objetivo pero, como decía, no es solamente el objetivo. Al mismo tiempo que vamos a tener un impacto extraordinariamente decisivo en la reducción de la pobreza extrema tal como hemos diseñado la prestación, al mismo tiempo está ese elemento dinámico que debe tener esta política que es el de la inclusión. Y para la inclusión, me gustaría destacar tres dimensiones distintas que hay en la política.

La primera, las estrategias de inclusión. Aquí vamos a trabajar muy intensamente con comunidades autónomas y ayuntamientos --que son en gran medida los competentes--. Las conversaciones que venimos teniendo con ellos durante todas estas semanas ponen de manifiesto el enorme interés que ellos tienen de que vayamos a identificar de una forma clara a estos hogares y les podemos proporcionar una fotografía muy precisa de dónde están las bolsas de pobreza y las personas más vulnerables en España. Lo conocen, también, en parte de ellas pero esto va dar una fotografía más intensa y yo creo que más cuantificada, con más información. Ellos van a poder añadir esos itinerarios de inclusión, esos itinerarios de inclusión social, de integración laboral, y vamos a poder entre todos evaluar cómo está funcionando la prestación y poder, incluso, mejorarla con el tiempo y reparar, matizar aquellos elementos que pensemos que nos pueden ayudar a que sea mejor y funcione de una forma más precisa.

El segundo elemento es el que vamos a intentar que este conjunto de personas y de hogares que van a estar bajo el Ingreso Mínimo Vital sea una referencia para el sector privado, y por eso creamos el sello social. El sello social es una iniciativa por el cual aquellas empresas que, bajo determinados estándares, ayuden a estas a estos colectivos adicionalmente, les ayuden o les permitan una mayor integración del mercado de trabajo o les hagan descuentos en algunas compras como pueden ser libros etc., si cumple determinadas condiciones van a tener por nuestra parte, por parte del Ministerio de Inclusión, un sello social con un reconocimiento a la labor que están haciendo en este punto. Va a haber, por supuesto, incentivos a la contratación para los beneficiarios de la prestación, que también pueden venir por el lado de la Seguridad Social.

Y, el tercer elemento, que a mí me parece elemento fundamental es el fomento a la participación en el mercado laboral directamente en la parametrización de la prestación. Por una parte, aquellos que no trabajen, si obtienen un trabajo van a poder complementar durante un cierto tiempo el trabajo con una parte del ingreso mínimo y ese es un incentivo importante que se ha demostrado muy útil en determinadas circunstancias en otros países. Y para aquellos que trabajan, aquí fundamentalmente vamos a diferenciar mucho, porque el colectivo de monoparentales y de familias con hijos y, sobre todo, mujeres con hijos es donde más la respuesta al salario puede ser más intensa, aquellas que trabajen digamos a tiempo parcial y quieran trabajar algo más, si al trabajar algo más, algunas horas más exceden en el ingreso mínimo vital, vamos a compatibilizar ese exceso durante un cierto tiempo en determinadas condiciones para mantener el incentivo. Este es, por lo tanto, el segundo objetivo.

Con esos objetivos, veamos cómo lo vamos a conseguir. Yo quiero destacar de todo el diseño de la prestación cinco elementos. El primero es la diferenciación de hogares que es muy intensa, ha sido muy importante el ir jugando. Realmente esto es muy importante, esta prestación la hemos ido construyendo a partir de una restricción fiscal, de un coste fiscal dado, ir ajustando y simulando cómo podíamos ser más precisos, a qué hogares debíamos primar más para justamente alcanzar el objetivo de redistribución de renta. Por lo tanto, la diferenciación por hogares y la focalización a los hogares más vulnerables es un elemento esencial en el diseño de la prestación.

La segunda es que, no solamente nos vamos a basar en la renta sino también el patrimonio, y eso es justo, porque hemos visto, cruzando datos de renta y patrimonio, es la primera vez en España que se está evaluando una política utilizando, y aquí el trabajo de la Agencia Tributaria conjuntamente con la Seguridad Social ha sido definitivo para poder explotar todos los datos de renta y patrimonio de todos nosotros, agruparlos en términos de hogares de tal forma que la valoración de patrimonio haga la prestación y la focalización mucho más justa.

El tercero es que aquí hay una gran cooperación entre los distintos niveles de la Administración, y en la norma se establecen nuevas institucionalidades la Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital con el concurso de las comunidades autónomas. En el otra instancia, también, con los ayuntamientos habrá un consejo consultivo donde van a estar el tercer sector y los sindicatos; es decir, queremos realmente que todo el mundo que está implicado en el mundo de la inclusión partícipe, nos ayude a evaluar y podamos ir mejorando la prestación a partir de sus resultados.

Y eso nos lleva al último punto que es la de la evaluación. España tiene un déficit en la evaluación de las políticas. Queremos hacer de esta política un ejemplo piloto de una política que ex-ante como habrán podido ver ustedes. Tenemos un conocimiento muy preciso de a quién vamos a llegar con un nivel de detalle extraordinario, que podrán comprobarlo cuando haya más detalles, y esto ha sido capaz a base de una utilización intensísima de datos. Es fundamental que cuando uno hace una política tenga la mejor de las percepciones y el mejor de los análisis para saber a quién se dirige y haberla focalizado así. Y ex-post vamos a desarrollar todo este conjunto de sistemas, vamos a pedir una evaluación anual a la Autoridad Independiente de Información Fiscal, vamos a poner información en manos de investigadores privados para que nadie, todo el mundo que realmente tenga algo que decir sobre cómo está funcionando esta prestación nos aporte datos y nos ayude a ir mejorando con el tiempo.

Si pasamos a la siguiente transparencia veremos lo que es la tabla. Aquí vemos, en este gráfico, la distribución de la renta en España que tiene, digamos, un ingreso mediano per cápita de 1.230 euros. Para que se den cuenta donde estamos operando nosotros, estamos operando en esa parte que parece oscura a la izquierda y donde están exactamente nuestros 850.000 hogares que tienen una renta mediana de 310 euros. A partir de aquí, lo vemos en la tabla, podemos ver toda la distribución de hogares en España. Aquí están la tipología de hogares tan extensa. El punto de arranque es la renta garantizable que tenemos en estos momentos para una prestación no contributiva, para una pensión no contributiva de la Seguridad Social. Ese es el punto de arranque y anclaje para un hogar con un solo adulto y ahí pueden ver que a partir de ahí hay unos multiplicadores que nos van dando la renta garantizable para cada uno de los hogares que aparecen en la tabla, hasta 14, y también lo que podemos ver es cómo en los hogares monoparentales tenemos, además del multiplicador por el número de personas que hay en el hogar, un plus adicional que hace que los hogares monoparentales tengan un tratamiento todavía más beneficioso, de tal forma que en la última columna pueden ver la renta garantizable.

El gráfico siguiente simplemente lo que refleja, y creo que lo ilustra bien, es en las barras de abajo las rentas para el promedio de cada uno de esas tipologías de hogares, exactamente el promedio de renta que tienen y cómo se les va a complementar. La barra azul es lo que se les va a complementar para llegar a la renta garantizable total. Yo creo que podemos pasar ya directamente a… Alguna de las características que se han mantenido desde el punto de vista del acceso… Me gustaría marcar, si nos vamos a la transparencia 28 para que vean ustedes, vamos pasando algunas transparencias y así abreviando. En esta transparencia tienen ya ustedes la sede social, la portada de por dónde se va a poder solicitar en la Seguridad Social.

La verdad que la Seguridad Social y singularmente el Instituto Nacional de Seguridad Social ha estado trabajando durante las últimas semanas al mismo tiempo que ha tenido que trabajar en otras prestaciones que ustedes conocen asociada al Covid. Ha tenido que desarrollar en un tiempo record esta prestación todos los aplicativos informáticos para estar a tiempo en este momento y poder, además, desarrollar un sistema particularmente amigable de acceso. Yo conozco el acceso y lo he estado viendo los detalles y la verdad es cómo se cargan los documentos. Va a existir un asistente virtual, incluso al que se pueden hacer preguntas. Va a haber un simulador muy fácil. Es verdaderamente un diseño muy moderno, muy fácil para que todo el mundo pueda comprobar si tiene derecho. En la página va a haber un teléfono 900 desde la semana que viene y, además, estamos viendo cómo podemos llegar de oficio al mayor número de personas a partir del cruce de las bases de datos de la Seguridad Social con las bases de datos de la Agencia Tributaria que es lo que estamos haciendo desde ya. Es más, la labor que estamos haciendo con las comunidades autónomas para ver si sus rentas mínimas se pueden en bloque ver aquí, y analizar en bloque aquellas prestaciones que pueden realmente reconocerse, nos debe permitir en los primeros 15 días de junio un reconocimiento de un grupo muy importante de hogares a los que de oficio se les puede ir ya haciendo el ingreso mensual.

Y, yo creo que con esto prácticamente termino. Simplemente marcando lo que para mí son los cuatro elementos principales de este ingreso: por una parte, es un ingreso que va a tener un impacto extraordinario desde el punto de vista de reducción de la pobreza de aquellos que tienen una renta más baja. Están muy focalizados y está muy dirigido a ellos y creemos que los hemos identificado bien en todo ese trabajo previo de partida, pero no es una prestación al uso más. Hay que entenderla como una prestación que incorpora toda una serie de elementos con otras Administraciones Públicas para introducir ese elemento dinámico de inclusión y de participación en la sociedad. Ese será el éxito final verdaderamente de la prestación si conseguimos, y así la evaluaremos en una parte muy importante.

Y yo creo que al final, reflejar que yo creo que lo veremos con el tiempo que esta prestación va a marcar un antes y un después en cómo se hacen políticas públicas en España nunca se ha hecho una política tan focalizada, nunca se ha evaluado ex-ante una política con tantos datos administrativos y con tanto cuidado, y nunca una norma incorpora en ella misma tantos elementos de cómo se va a evaluar en el futuro los resultados y cómo -digamos-- eso va a poder redirigir a la propia política.

Finalmente, creo que si lo hacemos todos bien y trabajamos con todas las Administraciones incorporadas puede ser un ejemplo, también, de cooperación y coordinación entre todas las administraciones públicas. Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministro. Y ahora sí, pasamos a la ronda de preguntas de los diferentes medios que quieran formular.

P.- Hola. Alba Galán, de Televisión Española. Sobre el Ingreso Mínimo Vital yo quería preguntarles, ¿el País Vasco y Navarra lo van a gestionar las comunidades autónomas? Algunas comunidades también han reclamado esto, como Cataluña. No sé si se plantean que otras también lo hagan.

Al vicepresidente quería preguntarle por sus palabras de ayer en la comisión de reconstrucción, si se ratifican esas palabras o se arrepiente, y si cree que crea así el ambiente propicio para la unidad y cooperación que pide su Gobierno en estos momentos.

Y, a la ministra portavoz, quería preguntar si el Gobierno va a solicitar la sexta prórroga del Estado de alarma. Si confían en tener los apoyos necesarios, y qué modificaciones con respecto a la quinta tendría esta última prórroga que dicen, que creo que sería la última. La pregunta sería la última. Gracias.

Sr. Escrivá.- Sobre el despliegue, digamos, del Ingreso Mínimo Vital en toda España, en todo el territorio, lo más importante es que todas las condiciones que hemos establecido aquí; es decir, la tipología de hogares, las rentas garantizadas, la definición de hogar, todos los elementos, toda la ley se aplica por igual en todas las comunidades autónomas. Fijamos el mínimo nacional y lo fijamos para todos.

Desde el punto de vista de la gestión, desde el principio ya identificamos una singularidad que es la singularidad que tienen los territorios forales, las tres diputaciones forales y la Diputación y el caso de Navarra, por el cual aquí en este ingreso es muy importante y hay una definición muy estricta y muy precisa de renta y patrimonio. El contraste con renta y patrimonio es parte central del proceso de gestión. Al final nos ha parecido que en aquellas comunidades donde tienen definiciones que tienen que adaptar a la definición que aparece en la norma y que está basada en la que se aplica a través de la ley I.R.P.F y de los que tiene la Agencia Tributaria en las comunidades autónomas de régimen común hemos llegado a la conclusión de que para las comunidades con régimen foral y con la singularidad foral lo más fácil, lo más sencillo para todos es que ellas gestionen esa parte, una parte de la prestación.

Estamos trabajando en un convenio con ellas para que esto se pueda hacer lo antes posible.

Sr. Iglesias.- Gracias, Alba, por la pregunta. Ayer dije la verdad pero me equivoqué porque al caer en una provocación quité el foco de los temas importantes que eran los temas de la reconstrucción. Hoy no me voy a volver a equivocar, el tema fundamental es el Ingreso Mínimo Vital que es un nuevo derecho que en nuestro país contribuye a construir el cuarto pilar del Estado de bienestar y que creo que es, además, una victoria de la sociedad civil que llevan muchos años reclamándolo.

Portavoz.- Y, en relación con la última pregunta, saben que siempre hemos dicho que en el Gobierno de España se consideraba necesario e imprescindible la utilización del único instrumento que se ha mostrado eficaz para luchar contra esta pandemia como es el Estado de alarma. En ese sentido, evidentemente, hemos mantenido conversaciones, reuniones, intercambio de pareceres con los diferentes grupos políticos pero saben ustedes que tenemos que aproximar esa decisión a la situación epidemiológica que se produzca en nuestro país y, además, se comunicará esa decisión de haber adoptado o no la solicitud de prórroga por los medios normales que conocen ustedes habitualmente a través de la propia comparecencia del presidente del Gobierno.

P.- (…) de Euskadi (…). Varias preguntas para la ministra portavoz. El Gobierno ya ha acordado con el PNV permitir a Euskadi y Navarra que gestionen desde las propias comunidades el Ingreso Mínimo Vital que aprueban hoy. (…) ha reconocido en las últimas horas que han recuperado parte de la confianza perdida tras el acuerdo con EuskalHerria-Bildu. ¿Ha sido este un gesto por parte del Gobierno para recuperar esa confianza del PNV de cara, sobre todo a una posible sexta prorroga del Estado de alarma? Y si es que la hay, ¿volverá el Gobierno a tender la mano a Euskal Herria-Bildu?

Por otra parte el lehendakari Iñigo Urkullu ha remitido al Gobierno una carta en nombre de la eurorregión (…) Euskadi y Navarra para que se pueda ampliar la movilidad transfronteriza. ¿Se ha estudiado ya esta cuestión? Y, ¿cuándo prevé responder el Gobierno dicha solicitud?

Y, por último, el Gobierno vasco ha pedido al Gobierno español que acerque a los presos vascos o que tengan arraigo familiar en el País Vasco con el objetivo de evitar a sus familiares los desplazamientos para visitarles en una situación de crisis sanitaria como la que estamos viviendo. ¿Está estudiando el Ejecutivo esta petición? Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias Maialen. Decir lo que venimos comentando en los últimos días, que este Gobierno tiene un acuerdo estable de legislatura con el Partido Nacionalista Vasco y esa es una circunstancia que no ha variado, no se ha modificado a lo largo de ninguno de los meses desde que hemos llegado al Gobierno, y esto significa que hay muchas

partes de los acuerdos que se firmaron en su momento en la investidura que hay que ir desarrollando a lo largo de las próximas semanas, los próximos meses conforme vayamos dejando --ojalá que pronto-- atrás esta situación de pandemia y, por tanto, yo creo que cualquier actuación de intentar previamente a que entre en el Congreso de los Diputados ningún texto legal, haberlo visto, haberlo revisado con el PNV forma parte de nuestra más absoluta normalidad.

No es una cuestión derivada de ningún acuerdo con otra fuerza política, viene derivada por la forma de comportarse, de proceder de este Gobierno que siempre intenta previamente informar, y comunicar, y recabar la opinión de una de nuestras alianzas más fuertes en el conjunto del Congreso de los Diputados. Me consta que el ministro Escrivá venía trabajando previamente a esta situación y, por tanto, no es fruto de esa cuestión.

En relación con la segunda pregunta, sí decir que todas las cuestiones que tienen que ver con la capacidad de movilidad del confinamiento se están discutiendo con cada uno de los gobiernos, no sólo con el Gobierno vasco sino el pase de fase que en el día de ayer informó el ministro Illa el doctor Simón, y algunas otras cuestiones se están abordando en ese marco y en ese marco hay que abordarla, sean movilidad transfronteriza, sea la situación concreta de un grupo de personas que están sujeto a cuestiones que no están en las órdenes dictadas. Todas esas peculiaridades se están viendo en las reuniones y a ellas me remito porque son cosas muy muy específicas.

Y, luego, saben ustedes perfectamente cuál es la política de este Gobierno respecto a la política penitenciaria y es el absoluto respeto a las decisiones que se adopta en el marco de la Junta de Tratamiento de Instituciones Penitenciarias que es el que adopta las medidas conforme entiende que se tienen o no que producir determinadas circunstancias en función del estado de salud, en función de cualquier otra condición que rodea al interno. Por tanto, esa es nuestra posición y cualquier cuestión estará en ese marco.

P.- ¿Qué tal? Buenos días a los 3. Pilar Santos, de El Periódico de Catalunya. Después de la respuesta del ministro Escrivá respecto a la diferencia de que algunas comunidades gestionen y otras no el ingreso mínimo vital, ¿tengo que concluir que está descartado que la comunidad de Cataluña lo haga? Porque usted, ministra, en su respuesta ha dicho que están intercambiando pareceres con los grupos políticos para aprobar esa sexta prórroga y Esquerra Republicana ha sido un socio en muchas ocasiones para este Gobierno.

Después, vicepresidente, para usted una pregunta. El miércoles, durante la interpelación de Cayetana Álvarez de Toledo, hubo un momento en que se dirigió a la bancada del PP y dijo que aquella mañana en el pleno los dirigentes del PP habían puesto en valor, y cito textualmente: usted dijo "a un viejo guardia civil que desobedeció una orden". Me gustaría saber si usted se estaba refiriendo al coronel Pérez de los Cobos y preguntarle qué orden exactamente, a su juicio, desobedeció. ¿Una orden del ministro Marlaska sobre el informe del 8m? Gracias.

Portavoz.- En relación con la prórroga del Estado de alarma lo que he referido, efectivamente, a la pregunta de su compañera es que se estaban produciendo conversaciones entre los diferentes grupos políticos y saben ustedes que, además, el Gobierno siempre ha sido muy claro en este extremo. La salud de los ciudadanos está por encima de cualquier otra cuestión y si veía conveniente solicitar la prórroga así lo haría, circunstancia que aún no está decidida, y como he comentado, se comunicará a través de la fórmula habitual que viene haciéndose, en concreto, directamente por el presidente del Gobierno.

En todo caso, en este decreto, en esta norma que aprobamos hoy se establece que se puedan establecer convenios con las comunidades autónomas para la gestión a partir del 2021 de este Ingreso Mínimo Vital, y en este sentido está de alguna forma hablar con todas las comunidades autónomas que existe esa posibilidad que se concretará conforme esa fecha se vayan acercando.

Sr. Escrivá.- Sobre este punto, las conversaciones con las comunidades autónomas la verdad es que ha habido consenso de que en este momento lo fundamental es ser muy rápidos y muy eficaces en conseguir llegar al mayor número de hogares posibles y que para eso la capacidad de tramitación de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria, los instrumentos que tenemos nuestra tarea nuestra, incluso los convenios que podemos firmar o que estamos muy cerca de firmar con los ayuntamientos y con la FEMP. Este sistema multicanal es el que nos va a permitir en este momento conseguir el mayor número de hogares dentro del Ingreso Mínimo Vital. Cuando esto esté en marcha, hablaremos con las comunidades autónomas cuyas en muchos de los casos tienen ingresos mínimos o políticas todavía muy incipientes e iremos viendo la posibilidad en cada uno de los casos cómo llegamos a acuerdos de gestión con ellos y de colaboración, que pueden ser distintos en los distintos casos dependiendo del grado de implicación que quieran tener, y eso se podrá hacer cuando entremos en una segunda fase en la cual ya hayamos arrancado y hayamos hecho lo que en este momento es fundamental, que es llegar al mayor número posible de hogares con la nueva prestación.

Sr. Iglesias.- La orden incumplida a la que usted se refería, la dio el general Narváez y la incumplió el fundador de la Guardia Civil. Si repasa usted el Diario de Sesiones, verdad verá que a esa orden se refería Teodoro García Egea y lógicamente a esa orden me referí yo. El general Narváez no forma parte del Gobierno de coalición.

P.- (…) de Bolsamanía. Muchas gracias. Quería hacer las tres preguntas para las que le ruego respuesta muy concisa, sí es posible. La primera si el Gobierno considera que tiene alguna responsabilidad en lo ocurrido en Nissan y Alcoa por sus políticas laboral, fiscal y energética. La segunda es si se plantea ir más allá de moratorias y aplazamientos y conceder algún tipo de rebaja de impuestos y cotizaciones a las empresas, como piden los propios, y hoy mismo ha pedido Josep Borrell; es decir, tomar medidas más para salvar puestos de trabajo en vez de, o además de, subsidiar a quienes lo pierdan. Y la tercera sería ¿a qué ministros hacemos caso? ¿a los que dicen que se va a derogar sí o sí la reforma laboral o a los que dicen que eso sería absurdo? Muchas gracias.

Portavoz.- Bueno, la verdad es que la pregunta no puede ser contestada con un sí o con un no, que creo que es lo que usted me pedía sino que necesita una suerte de explicación. En relación con el sector industrial en nuestro país, es evidente que este Gobierno, no solamente a raíz de la pandemia sanitaria sino que desde el primer momento ha estado trabajando con el sector industrial, con las matrices de las grandes empresas para plantear las ventajas, las oportunidades de que las plantas que actualmente están en nuestro país puedan permanecer, por tanto, la conservación de esos puestos de trabajo. Eso sí, como todo el sector industrial se está experimentando en este momento un profundo cambio de transformación teniendo en cuenta la digitalización, teniendo en cuenta las exigencias en materia de cambio climático a nivel internacional, también a nivel europeo por los tratados que son, que tienen un horizonte para poder llegar en determinadas condiciones de bajada de emisiones, de manera que el conjunto de la industria europea está en ese proceso de reconversión y en ese por su proceso de planificación de toda su actividad. Y saben ustedes que, en concreto, Nissan lleva tiempo trasladando, llevaba tiempo trasladando esta cuestión.

El Ministerio de Industria ha estado trabajando sin descanso para intentar que Nissan se replantee esta cuestión, aún sigue haciéndolo y, por tanto, lo importante y lo fundamental es tener claro que el sector de la automoción sigue siendo un sector muy importante para nuestro país, fundamental. Un sector al que este Gobierno a través de un plan propio va a apoyar y, por otra parte, para Cataluña, donde siempre el sector de la automoción ha representado una parte muy importante de su riqueza, una parte muy importante también de su posibilidad de crecimiento. Yo no creo para nada, Eduardo, que esta situación, ni la situación de Alcoa que está en otro entorno, en el entorno de reajuste que crease Alcoa en la planta española y que tiene previsto o que había hablado con el comité de empresa la posibilidad de producir un ERE en relación con un grupo de trabajadores, circunstancia que también se está trabajando desde el Ministerio de Industria.

Le puedo decir que desde el primer día el Gobierno de España con motivo de la pandemia, no con cuestiones estructurales que tengan que ver con determinados sectores como el que acabo de comentar, o el sector del aluminio, sino con cuestiones relativas a la pandemia ha puesto en marcha las medidas más ambiciosas para intentar preservar la competitividad de las empresas y la pérdida de los puestos de trabajo, y eso se ha hecho desde el primer día con medidas muy parecidas, muy homogénea, que las que se han practicado en el resto de Europa y que han sido los expedientes de regulación temporal, la posibilidad de que se exonere de las cotizaciones de Seguridad Social, que se produzcan aplazamientos fiscales de manera que se pueda, de alguna manera, facilitar el compromiso de las obligaciones tributarias. Un paquete de medidas que ha sido realmente amplio y que creo, y así lo han valorado las empresas, enormemente de interés para poder mantenerse en esta situación de hibernación que ha habido como consecuencia de esta pandemia.

Por tanto, creo que hemos hecho lo correcto, que tendremos que seguir trabajando en esa dirección, más de 140.000 millones de euros que se han puesto a disposición del conjunto de la lucha en materia económica de esta pandemia entre liquidez, aplazamiento y el resto de cuestiones que usted ha relatado, y creo que hemos estado trabajando muy duro con ella, con el diálogo social para que, efectivamente, empresarios y sindicatos nos permitieran también marcar la guía para que esta situación sea una situación que, ojalá, pase pronto y podamos cobrar el vigor de crecimiento que teníamos a principio de año.

P.- Hola. Inés Santa Eulalia, de El País. La primera pregunta es para el ministro Escrivá. El estudio y la propuesta que hizo usted en 2019, en la autoridad fiscal, proponía una ayuda para 1,8 millones de hogares y 5.500 millones de euros de gasto. Ahora serán 850.000 hogares y 3.000 millones. ¿No cree que se pueda quedar corto después de esta crisis? Seguramente las necesidades que detectaron entonces son mayores ahora.

Y, al vicepresidente, le preguntaría si está plenamente satisfecho con lo aprobado.

Por otro lado, una pregunta para la ministra portavoz y el ministro Escrivá. Podemos, a través de su líder, el vicepresidente, ha defendido en las últimas semanas la necesidad de crear un impuesto para las grandes fortunas. La medida no está en el acuerdo de Gobierno y el PSOE de entrada la ha descartado, pero me gustaría saber si ese debate se da por zanjado o se abren a valorar esa posibilidad consecuencia de la crisis. Gracias.

Sr. Escrivá.- En relación a un estudio del año 2009, el estudio en el año 2009 se estaba, evaluaba algo totalmente distinto que es la iniciativa legislativa popular que era una prestación de naturaleza muy distinta a la actual y sobre esa se anclaba. Lo que hemos hecho ahora es muy distinto y no es comparable con lo que había allí, y una parte en la que no es muy distinto es el conjunto de información al que hemos podido acceder. En aquel caso funcionamos con una encuesta de unos 60.000 hogares con un grado de precisión limitado. En este caso, y esta es la realidad, hemos tenido acceso con un nivel de detalle extraordinario a la renta de todos los españoles, y los hemos podido constituir en hogares, y hemos podido contrastar con su patrimonio, cosa que no pudimos hacer el otro caso.

Como resultado de todos estos contrastes y de todo este análisis que no se pudo hacer entonces y que, por primera vez, se hace con una riqueza de información extraordinaria, esta prestación es mucho más focalizada, es muchísimo más focalizada en la tipología de hogares monoparentales y, por lo tanto, es capaz de ser más eficaz con menos coste sin que ambos ejercicios sean en absoluto comparables.

Vicepresidente.- A propósito de sus preguntas, creo que la satisfacción la he demostrado de manera clara. Creo que el ingreso mínimo vital construye un nuevo derecho en España. Como decía al principio, es probablemente el mayor avance en términos de derechos sociales desde la aprobación de la Ley de Dependencia de 2006. Claro que estoy satisfecho. Podría haber cosas mejores, claro que sí, pero yo creo que dada la situación podemos estar razonablemente satisfechos de haber logrado una demanda social que ha tenido muchas resistencias por parte de grandes poderes económicos y mediáticos, una iniciativa que fue definida por los partidos de la oposición como paguita y que se plantea en un momento muy difícil. Creo que tenemos razones para estar satisfechos, no tanto como Gobierno sino porque es una victoria de la sociedad civil.

Respecto a la pregunta sobre la fiscalidad. El Partido Socialista y Unidas Podemos tenemos firmado un acuerdo de coalición donde compartimos que necesitamos un sistema fiscal más redistributivo, y cada vez que tenemos ocasión de hablar todos decimos que sus siete puntos que nos separan de la media europea en términos de justicia fiscal colocan a nuestro país en una situación de desventaja. A partir de ahí, en una situación como ésta con la crisis social y económica que ha generado la pandemia, el Gobierno no actúa con piloto automático.

¡Claro que hay debates dentro del Gobierno! Y ¡claro que habrá propuestas diferentes! Creo que somos enormemente transparentes, tanto como los partidos que gobernamos como ministros o vicepresidentes con diferentes competencias a la hora de proponer lo que consideramos más razonable y más viable Yo creo que el debate sobre la fiscalidad en España no será, además, estrictamente un debate que se produzca sólo en el Gobierno. Será un debate que deberá producirse también en la comisión de reconstrucción porque es un debate de país. España necesita una fiscalidad que nos permita cumplir mejor con la Constitución Española, y a partir de ahí el hecho de que se produzca el debate y yo creo que no solamente es sensato y saludable en términos democráticos sino que es lo lógico. Un Gobierno que no debate en una situación como ésta no sería un Gobierno.

Portavoz.- Yo quería contestarte como responsable del área fiscal del Gobierno para decir que, como ha dicho el vicepresidente, estamos de acuerdo con el objetivo, y el objetivo es que aquellos que más tienen más contribuyan a que nuestro sistema fiscal sea progresivo, sea justo. Nuestro sistema fiscal, y tuve la ocasión de relatarlo en la comisión del Senado, tiene algunas dificultades respecto a cómo rinde determinadas figuras fiscales, por ejemplo, el Impuesto de Sociedades respecto a los beneficios que se obtienen, y la comparativa con lo que ocurría en el año 2008; por tanto, nosotros tenemos clara la hoja de ruta, la tenemos firmada en el acuerdo programático. Dimos un paso más, la plasmamos en un acuerdo presupuestario en el que venían los raíles más importantes sobre los que tenía que pivotar esa reforma fiscal y, por tanto, compartimos que hay que hacer una revisión para hacer nuestro sistema más progresivo.

A partir de ahí, ¿cuáles son los instrumentos que se utilizan? Las figuras fiscales no son más que instrumentales para poder abordar este debate, que son figuras específicas, que son figuras de revisión sobre la fiscalidad que ya existe, que puede ser un híbrido. Estas son cuestiones para nosotros, desde el área de Hacienda, instrumentales. Lo importante es conseguir el objetivo de que realmente en nuestro país podamos superar ese diferencial que tenemos con los países vecinos y que nuestro sistema fiscal realmente sea progresivo, porque hoy el impuesto de sociedades está siendo, paradójicamente, que las pequeñas y medianas empresas comparativamente contribuyan más que los grandes grupos consolidados.

P.- Qué tal. Buenas tardes. Soy Luis Enrique Ramos, de TVGA. Permítanme volver sobre el tema de Alcoa. Son 534 puestos de trabajo los que la factoría anunció ayer que se irán. 534 trabajadores que perderán su empleo. Una de las herramientas del Gobierno de España para contener la sangría a la industria electro intensiva era el Estatuto del Consumidor electro intensivo que quedó atascado, no atravesó la fase de alegaciones. No sé qué tiene que decir el Gobierno a los trabajadores, a la empresa -que también está criticando que no se haya sacado ese estatuto--, y el motivo de por qué no lo ha hecho.

A la ministra portavoz y ministra de Hacienda quería preguntarle también por los criterios, si ya están definidos pidiendo criterios objetivos para el reparto del fondo extraordinario no reembolsable de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas. ¿Ha decidido, están decididos y ya acordados cuáles van a ser esos criterios? Y, también, al hilo del Ingreso Mínimo Vital y sobre la compatibilidad con las rentas autonómicas, en el caso concreto de Galicia la renta de inclusión, la Risga, es incompatible con cualquier otra prestación que tenga la cantidad superior, y es el caso que se daría esta situación. No sé en qué medida lo negociado el Gobierno de España a la Xunta de Galicia la compatibilidad de todas las prestaciones, quién ha de modificar qué, y si el Gobierno va a poder gestionar o cogestionar este Ingreso Mínimo Vital. Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias. Yo quiero reiterar lo que he dicho anteriormente de que este Gobierno ha estado en permanente contacto con todo el sector industrial, no solamente ahora que se ha producido este anuncio sino, también, previamente en relación con la situación de cada una de las empresas, especialmente la industria electro intensiva, como usted comentaba. Lo que ha pedido ahora en la actualidad reciente a la compañía norteamericana es que se replantee el anuncio que ha hecho del despido colectivo. Esta cuestión se está trabajando día a día y de forma intensa, estamos solicitando corresponsabilidad y, en este sentido, también, hemos reiterado nuestro compromiso --como hace dos años desde que llegamos al Gobierno--, en la legislatura anterior presidida por el presidente Sánchez, de que todo el tejido productivo, especialmente el que tiene que ver con Galicia, tenía que tener refuerzo de ayuda del (…), del Plan Reindu que también ha contribuido, del impulso al Estatuto --que usted comentaba-- para la industria electro intensiva y, también, a nivel europeo que hubiera un ajuste fiscal en frontera a través de la llamada Border Tax.

En definitiva, creemos que hemos trabajado en línea con lo que el sector ha ido demandando y la situación del Estatuto electro intensivo estaba muy avanzado. Ha llegado esta situación de pandemia y, por tanto, cuestiones habituales, ordinaria, que el Gobierno venía desarrollando se han, probablemente, se han quedado algo más enlentecidas de lo que nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado tener ya la posibilidad de haber aprobado el Estatuto pero lo conoce el sector y, por tanto, sabe perfectamente cuáles son las premisas sobre las que el Gobierno de España está planteando la viabilidad y el futuro de todas las plantas electro intensivas.

No es un problema de desconocimiento, es una cuestión de decisión de la empresa que en este momento de la pandemia ha tenido ajustes añadidos a la situación de partida que ya tenía, y por tanto, ha anunciado --como digo-- este despido colectivo que pedimos que se reconsidere porque, efectivamente, el Gobierno estaba trabajando de forma muy intensa para ayudar a este tipo de industria que es muy importante para nuestro país y que, por tanto, estaba contando no sólo con las ayudas al CO2 sino, también, con subvenciones específicas a través de Reindu, como le he comentado y, por otra parte, con la elaboración de un estatuto que es complejo pero que estaba ya prácticamente consensuado con el sector y que podremos retomar a la mayor brevedad posible, una vez que el Gobierno pueda, también, destinar sus recursos y su capacidad a cuestiones que no sean estrictamente el ser capaces de que preservemos la salud de los ciudadanos, que es lo que nos ha ocupado en estos últimos dos meses de forma muy importante.

Sr. Escrivá.- Sobre la pregunta sobre la compatibilidad de las rentas autonómicas con el Ingreso Mínimo Vital, nosotros hemos estado en conversaciones intensas con todas las comunidades autónomas. En el caso de Galicia yo me he reunido bilateralmente con la consejera dos veces y tenemos un acuerdo claro, y así aparece en la norma, de que nuestra prestación es un mínimo nacional y a partir de ahí cada comunidad autónoma decidirá cómo complementa y cómo de subsidiaria será respecto al mínimo nacional.

Esto es algo que va a liberar recursos a las comunidades autónomas y les va a permitir focalizar todavía más y reajustar sus recursos. El engarce se está trabajando y creo que será muy fácil, y tal como están definidas las rentas autonómicas que son el último colchón, el último el círculo de seguridad para ser claramente complementarias a la que nosotros vamos a fijar. No creo que vaya a haber ningún problema en ese terreno.

Portavoz.- Creo que me he quedado, acabo de mirar una pregunta atrás respecto a los tramos de las comunidades autónomas y los criterios. Le puedo decir, como dije el martes pasado, que estábamos hablando con los diferentes partidos políticos. La vocación del Gobierno es intentar llegar a un consenso con las formaciones políticas y, básicamente, con aquellas que gobiernan en las comunidades autónomas. Estamos en ese proceso y espero que fructifique pronto porque los criterios que el Gobierno lanza son criterios objetivos. Siempre digo que nunca está al gusto de todos porque es muy difícil tener un único traje que le venga bien a cada una de las comunidades autónomas, pero estamos hablando con los diferentes grupos políticos para hacer posible que cuente con el mayor consenso posible.

P.- Hola, buenos días. Política online. Iba a preguntar sobre los tramos pero ya está preguntada, así que me dirigiré al vicepresidente que hablaba de las residencias y decirle, ¿qué responsabilidad tiene al respecto de las residencias de mayores si conoce y se ha leído los informes del Gobierno del pasado 5 de marzo y del 24 que impiden salir a los mayores de las residencias, y su partido hoy ha exigido al Gobierno la liberación de los presos y la anulación de la condena? ¿Cree que es una demanda a perseguir a día de hoy?

Y, a la ministra Montero, como portavoz del Ejecutivo, si comparte esta demanda de sus socios. Muchas gracias.

Vicepresidente.- A propósito de la primera, como sabe usted, es la autoridad competente en el Estado de alarma el Ministerio de Sanidad, reforzó las competencias de las comunidades autónomas. Les dio capacidad para intervenir las residencias de mayores. Distribuimos 300 millones de euros a las comunidades autónomas para la contratación de personal de servicios sociales que, además, también, por una declaración de una orden del Ministerio de Sanidad fueron pasados a ser considerados servicios esenciales. Se dio, también, una instrucción pidiendo a las comunidades autónomas que en la distribución de equipos de protección individual tuvieran la misma consideración que los trabajadores de las residencias que los trabajadores sanitarios y ayer en la comisión de reconstrucción pude leer algunos párrafos de un informe desolador de un hospital madrileño que revelaba como hubo órdenes por parte de la Comunidad de Madrid de evitar esos traslados.

A propósito de la posición de mi partido ya la conoce usted. Aquí comparezco como vicepresidente y no me toca hacer comentarios al respecto.

Portavoz.- Con respecto a la segunda cuestión, lo mismo que ha contestado el vicepresidente. No hemos abordado esta materia en el Consejo de Ministro y saben ustedes que este Gobierno respeta los ritmos judiciales y, por tanto, también las decisiones que en relación con la situación concreta de los internos adopten --como he dicho anteriormente para otra cuestión-- la Junta de Tratamiento y, evidentemente, el señor Iglesias como él mismo ha transmitido, hizo esta declaración en calidad de dirigente de su formación política.

P.- Hola, buenos días. Soy (…). Tenía dos preguntas. Quería saber, no estoy segura de haber entendido bien la compatibilidad con las comunidades autónomas. ¿Significa que el nuevo, la nueva renta mínima va a liberar de alguna manera algo de gasto social a las comunidades autónomas? ¿A cargo del Estado, de la Seguridad Social? El primer tramo de 462 euros y, después, las comunidades autónomas añaden o no añaden, según sus políticas particulares. No he entendido bien.

La otra pregunta, quería saber, ayer teníamos la noticia de Nissan. Esta mañana estamos pendientes del susto que podía dar Renault, que parece que al final no toca a España los recortes de empleo, pero quería saber si el Gobierno tiene previsto un plan de choque para apoyo al sector de la automoción o si tiene otras vías de trabajar, trabajando con la Ley de Cambio Climático. Entonces, quería saber un poco cómo se está preparando el Gobierno para afrontar unos días muy difíciles para la automoción porque todos los grupos que trabajan en España tienen sus sedes fuera, así que cada una de las marcas tiene prioridades fuera de España.

Sr. Escrivá.- Sobre la primera pregunta, aquí en España cada comunidad autónoma tiene una renta mínima con características distintas. Va a depender en cada comunidad autónoma, las definiciones de lo que son hogares, los criterios de elegibilidad, los criterios de residencia difieren mucho. Nuestra prestación va a fijar un mínimo nacional.

Yo entiendo que cada comunidad autónoma que se diseñó en su momento su renta mínima en ausencia de un mínimo nacional y, al menos por las conversaciones que he tenido, están preparadas para redefinir y reajustar su prestación para ver dónde quieren complementar, dónde quieren establecer un elemento subsidiario o dónde quieren reconducir los recursos que están utilizando hacia otras políticas. Yo creo que va a depender de cada política de cada comunidad autónoma, en el ámbito de soberanía, el cómo decidan reajustarse a la nueva situación. En cualquier caso, es claro que es beneficioso para ellas.

Portavoz.- En relación con la segunda pregunta, como he dicho anteriormente, para este Gobierno el sector de la automoción es un sector clave, tanto por su cadena de valor como por el número de personas, de trabajadores que están empleados en relación con este con este sector. Evidentemente, el Gobierno de España tiene una comunicación fluida con todas las empresas y, concretamente, celebra la decisión que hemos conocido esta mañana, que han conocido ustedes públicamente de que Renault decida mantener su fábrica, su empleo dentro de nuestro país, un elemento tremendamente importante porque -insisto-- es un sector tractor de nuestra economía y un sector al que el Gobierno le presta una especial atención.

Sí le puedo confirmar que el Gobierno está trabajando de forma intensa en un plan de automoción, un plan de impulso a este sector teniendo en cuenta todos los retos que tenemos en el futuro respecto a cuáles van a ser los bienes que se van a adquirir por parte de los consumidores y algunas de las estrategias que podremos presentar en el momento en que tengamos ultimado todas estas cuestiones. Incluso, le puedo también confirmar que el Gobierno de España cree que el conjunto de Europa tiene que considerar que éste también tiene que ser uno de los sectores estratégicos que va a determinar, que está determinando dentro de las políticas principales, que Europa pretende impulsar o pretende ayudar; es decir que a través del Plan de Reconstrucción y a través de la política propia que va a realizar el Gobierno de España, automoción va a ser uno de nuestros sectores prioritarios.

P.- Hola buenos, días. Cristina Vallejo, de Colpisa. Tengo varias preguntas. La primera es, cómo el diseño de esta prestación para la cual van a ser necesarios meses, al final ha sido cuestión de unas pocas semanas.

La segunda cuestión es, si han percibido entre las comunidades autónomas, el ánimo de recortar esos 1.500 millones de euros que ahora mismo destinan a cada uno de los sistemas de garantía de rentas porque, dentro del mundo de los servicios sociales sí que se ha percibido ese temor, y dado que el Estado va a dotar con 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas, si estaría justificado tal recorte.

También, si está previsto algún mecanismo de revalorización de la prestación para que no se incurra en el déficit que tiene, por ejemplo, el IPREM que se diseñó y lleva una década congelado.

Y, la última cuestión. Ayer tres miembros del Gobierno: el vicepresidente, la ministra de Hacienda y, también, la ministra de Economía coincidieron en que hay que cerrar la brecha de recaudación del Estado respecto a la media de la zona euro. ¿En qué periodo creen que sería razonable conseguir este objetivo? Muchas gracias.

Sr. Escrivá.- Respecto a las tres primeras cuestiones…

P.- Se ha escuchado desde alguna comunidad autónoma la necesidad de crear una ventanilla única para acceder a todas las prestaciones, tanto al ingreso mínimo vital estatal como a los de las comunidades autónomas. Gracias.

Sr. Escrivá.- Creo que hemos sido muy rápidos porque la capacidad administrativa del Estado es muy potente y le ha dado prioridad, y han trabajado de una forma intensísima durante los últimos dos meses. La Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y todos los equipos de los ministerios han trabajado de una forma intensa para hacer algo bastante difícil y refleja, yo creo, que lo bien que funciona la administración del Estado. Yo creo que esa es la contestación.

No conozco en este momento, y eso va a depender mucho de cada comunidad autónoma en el ámbito de soberanía, cuál va a ser la redefinición que van a hacer de su renta mínima a partir de una nueva realidad, que es la que existe un mínimo a nivel del Estado, todo el conjunto de España.

La tercera era la de la ventanilla única. Yo creo que eso es algo que en una segunda etapa tendremos que discutir con las comunidades autónomas. Yo creo que ahora no hubiera sido factible ponernos de acuerdo y las diferencias son considerables entre comunidades autónomas en cómo gestionan esta prestación, con resultados también muy dispares. Es decir, cuando realmente esto esté en funcionamiento y vamos a estar hablando y colaborando con todas las comunidades autónomas intensamente, a partir de ahora en todo lo que tiene que ver con rentas mínimas las de ellos la nuestra y seguro que de esas conversaciones va a salir una solución para que sea administrativamente lo más eficaz posible.

Sr. Iglesias.- A propósito de la primera y de la última, creo que hay un elemento muy evidente y es lo que implica las consecuencias económicas y sociales de la Covid-19. La pobreza era una realidad estructural en España antes de la pandemia pero la pandemia ha situado a muchos ciudadanos en una situación de pobreza sobrevenida como consecuencia de las implicaciones económicas y sociales de la pandemia. Por eso, de manera extraordinaria, el Gobierno ha construido un escudo social sin precedentes pero eso implicaba una urgencia. Y como recordará usted, presidente del Gobierno y yo tuvimos una reunión en la que acordamos que en mayo tendría que ser el mes en el que se aprobara el ingreso mínimo vital atendiendo a esa situación de urgencia sobrevenida como consecuencia de la Covid-19.

Los equipos han trabajado contrarreloj, como decíamos al principio muchos compañeros han tenido que robarle horas al sueño para tener el texto preparado e insisto en los agradecimientos, pero la clave fundamental es política. Un gobierno tiene que tener la capacidad de reacción ante eventos extraordinarios que ocurren.

Y con respecto a su última pregunta, creo que se responde parecido. La falta de justicia fiscal en el sentido redistributivo de nuestro sistema fiscal es algo que viene de antes de la pandemia del Covid-19 y así quedó reflejado en el acuerdo de Gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, pero creo que es un consenso entre las diferentes escuelas económicas que entramos en una fase histórica, no solamente en España, neo kynesiana, que implique y políticas fiscales expansivas para afrontar una situación de crisis con muy pocos precedentes.

Los mejores economistas del mundo, procedentes de diferentes escuelas económicas, están comparando la situación actual con la reconstrucción después del crack del 29, y con la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, claro que todos los Estados vamos a tener que reforzar nuestros sistemas fiscales que son condición de posibilidad de la recuperación, y ya ve usted que es un consenso en el Gobierno la necesidad de dar curso al mandato constitucional de tener un sistema fiscal más redistributivo y que de alguna manera nos permita acabar de una vez con esa desventaja competitiva que tenemos como Estado respecto a los países europeos de nuestro entorno a los que --como decíamos antes-- nos separan 7 puntos de diferencia en términos de justicia fiscal.

Portavoz.- Yo quería, también, incorporar en relación con esta materia, como ha dicho el vicepresidente, el Gobierno tiene claro que tiene margen para incrementar la capacidad recaudatoria pero no sólo a través de la revisión de la figura fiscal o de la creación de figuras medioambientales que tenemos un gran diferencial, también con los países de nuestro entorno, sino también en la lucha contra el fraude fiscal y la elusión fiscal y la economía sumergida, que son para este Gobierno también área extraordinariamente importante. No va a haber justicia fiscal si hay algunos que no cumplen con sus obligaciones tributarias, y eso estamos a punto de aprobar en el Consejo de Ministros la nueva ley que ya conocen ustedes del fraude fiscal y que ha ido pasando por su período de audiencia, y por diferentes entornos y que queremos que llegue pronto al Congreso de los Diputados porque es complementaria a cualquier revisión de la fiscalidad, que se cumpla, y eso significa tener capacidad de tener un texto legislativo que obligue, y también recursos suficientes en la Agencia Tributaria para que se puedan realizar las inspecciones que corresponde y que nadie se quede sin cubrir porque eso perjudica a los servicios públicos que son de todos.

P.- Buenas tardes. Iván Gil, de El Confidencial. Un par de cuestiones. Al señor Escrivá quería preguntarle si puede concretar o explicar mejor cuáles son los mecanismos, en caso de haberlos, para que los solicitantes de este ingreso mínimo que en sus rentas del año anterior no estaban por debajo de los de los umbrales establecidos para cobrar este ingreso ahora sí lo estén por la crisis sobrevenidas de las de las últimas semanas, y si pueden acceder a él igualmente, si a través de una declaración responsable o cómo sería. Y, también, si hay un margen para aumentar esos 3.000 millones de euros del presupuesto en vistas a que la crisis aumente el porcentaje de hogares que pueden situarse por debajo de umbral establecido.

Luego, a la ministra de Hacienda, también al vicepresidente segundo por su intervención ayer en la Comisión de Reconstrucción, a propósito de la Reforma Fiscal. Entiendo, también por sus explicaciones ahora que se abren a que la presión fiscal que se recogía en el programa de Gobierno que firmaron para la coalición pueda aumentarse, sobre todo de cara a estas nuevas necesidades y para financiar los planes de reconstrucción.

Y ya, por último, un poco de manera conjunta, no sé si a la ministra portavoz o a los tres comparecientes, respecto al tono de crispación de los últimos días que estamos viendo en el Congreso y que parece que también tiene cierto reflejo en la tensión social que se está viendo en la calle. No sé si hacen algo de autocrítica más allá de las acusaciones que también se lanza a la oposición sobre que esta crispación pueda estar contribuyendo, también, a agitar la tensión social en las calles en lugar de contribuir a rebajar y, más concretamente, por las acusaciones que también hacen a la ultraderecha estos últimos días. También, algunas insinuaciones a dirigentes del Partido Popular en la sesión de control del miércoles en el Congreso a una pregunta muy concreta. ¿Creen que hay un movimiento coordinado para derrocar al Gobierno?

Portavoz.- Si le parece, Iván, empiezo por las últimas preguntas más allá de que el vicepresidente quiera comentar algo. Decirle que, evidentemente, la derecha de este país está en una estrategia de crispación, de hacer ruido en un momento tan delicado para España como ha sido el de la gestión de esta pandemia, incluso con la convocatoria de movilizaciones o de manifestaciones en las que, bajo el grito de libertad, verdad, muchas veces he comentado que lo que se pretendía era la libertad para contagiar algo que, por supuesto, este Gobierno es absolutamente responsable y va a poner siempre la salud de los ciudadanos por encima de todo y desde esta sala del Consejo de Ministros ustedes habrán visto que nunca hemos contribuido, ni a incrementar los decibelios, ni ruido para que realmente podamos dialogar y podamos tendernos la mano en un momento fundamental en el que este Gobierno propuso ni más ni menos que crear unas comisiones de reconstrucción para hablar de los problemas de España, para tener un diagnóstico sosegado sobre cuál es su situación, para ponernos de acuerdo en cuáles son las recetas que tenemos que seguir en el futuro para, efectivamente, tener unos cimientos sólidos que nos permitan llevar a nuestro país a la senda de crecimiento en la que estaba anteriormente.

Por eso siempre hacemos un llamamiento a la calma y a la tranquilidad. Ahora hay una seña de identidad que también venimos diciendo en esto en estos últimos días, repitiendo en estos últimos días, porque es verdad que la derecha de este país le cuesta mucho trabajo digerir que las urnas den como resultado un Gobierno de izquierdas, y cuesta mucho trabajo aceptar que la voluntad de los ciudadanos se traslada a la configuración de un Ejecutivo que tiene unas prioridades sociales que son las que hoy estamos poniendo en valor, unas prioridades políticas y que está afrontando una de las crisis más importantes que ha habido en democracia, como es la crisis sanitaria que está dando lugar a su vez a una crisis económica.

Lo que se espera del principal partido de la oposición es que arrime el hombro, que no vaya como, o que no sé, digamos, no esté tan preocupado por cuál es la cuestión con Vox y cómo no se reparten el electorado, sino que realmente sea capaz de centrar su discusión o debate y pueda arrimar el hombro en este sentido.

En segundo lugar, respecto a la cuestión relativa a que se pueda aumentar. En el acuerdo programático dejamos fijado, en el acuerdo programático se ponía de manifiesto, había un diferencial respecto al porcentaje de ingresos en relación con el PIB. También en relación al gasto público en relación con el PIB y se quedó fijada una hoja de ruta que había sido fruto del trabajo previo en la negociación de los presupuestos, muy intensa. Estas dos formaciones políticas habían trabajado mucho en relación con la cuestión fiscal y, por tanto, se quedó planteada más allá de la voluntad, la intencionalidad de que realmente los que más tienen fueran los que más aportaran y eso, como hemos dicho anteriormente, puede adquirir diferentes formatos, diferentes formas. Es obvio que el Gobierno adoptará aquella que considere la mejor, que es la más oportuna para conseguirlo.

Sr. Iglesias.- Sobre esta cuestión creo que la ministra de Hacienda y ministra portavoz ha sido clarísima. La voluntad del Gobierno es la que este Gobierno considera que hay una situación de injusticia fiscal en nuestro país, que tenemos una desventaja respecto a los países de nuestro entorno y hay, efectivamente, muchos mecanismos que seguiremos hablando en el seno del Gobierno y que se abordarán en la comisión de reconstrucción. Como apuntaba la ministra, la persecución del fraude fiscal es una tarea pendiente de nuestra democracia y que, efectivamente, serviría para acercarnos un poco más a la media de los países de nuestro entorno.

Respecto a su última pregunta, creo que es evidente que la crispación es un mecanismo político, es un mecanismo político que sirve para controlar la Agenda. La crispación sirve para que no se hable del escudo social, la crispación sirve para que no se hable de que a diferencia de la crisis de 2008, este Gobierno ha hecho lo contrario: proteger el empleo, proteger el tejido productivo, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional, prohibir los cortes de suministros, hacer una movilización de recursos histórica.

La crispación podría servir para que no se hablara del Ingreso Mínimo Vital. Yo creo que, con respecto a su pregunta, usted sabe perfectamente qué es lo que yo pienso pero hoy creo que de lo que toca hablar es de la conquista de un nuevo derecho de ciudadanía en España, que es el ingreso mínimo vital. Entiendo que la oposición no va a querer que se hable de esto pero, por mi parte, no voy a contribuir a quitar el más mínimo foco a una conquista democrática para nuestra patria, una conquista enormemente importante que va a permitir a varios millones de compatriotas afrontar la vida con un poquito más de dignidad y que, desde luego, es un avance democrático en el sentido de vincular la democracia y la libertad a unas condiciones mínimas materiales de existencia.

Por eso, creo que hoy la democracia española, con todo el rigor, y con toda la solemnidad al estar viviendo una situación de luto oficial, pero debe celebrar una conquista social y democrática como la que anunciamos hoy aquí, y los que quieran crispar, que crispen.

Sr. Escrivá.- Sobre las dos preguntas sobre el Ingreso Mínimo Vital, la primera que hacía referencia a las condiciones de elegibilidad en el año 2020. Si una persona, un hogar -mejor dicho-- tiene o percibe, el Estado se da cuenta de que está teniendo una caída de ingresos muy intensa que no califico por los datos de renta y patrimonio del año 2019, puede hacer una declaración responsable y nos presenta en este caso declaración responsable de sus ingresos en lo que va transcurrido del año 2020, si esa caída supera el 50€ de la renta que tuvo en el año 2019, y si tiene un patrimonio particularmente pequeño, recibirá el ingreso mínimo vital. Se hará una regularización, por supuesto, al final, cuando estén los datos del año 2020 completos y la declaración de la renta de las personas físicas, y en su caso se pueden hacer ajustes. Pero sí, existe un mecanismo.

Y sobre la pregunta sobre la restricción fiscal, los 3.000 millones es una estimación, una estimación en el caso de que todo el mundo expresado lo pidiera, pero este es un derecho subjetivo. A partir de ahora, es una prestación no contributiva de la Seguridad Social. Cualquier hogar que cumpla las condiciones que se han establecido en la ley tendrá derecho a la prestación en los términos establecidos.

Portavoz.- Vicepresidente y ministro, con ello terminamos esta rueda de prensa recordando, como siempre que los ciudadanos, y agradeciéndole su disciplina, a la hora de mantener la distancia entre las personas, el lavado frecuente de mano y, también, la utilización de la mascarilla en aquellos entornos donde es obligatorio.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)