Conferencia de prensa de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, de la ministra de Trabajo y Economía Social, y de la ministra de Igualdad, después de la reunión del Consejo de Ministros

La Moncloa, martes 18 de febrero de 2020

MINISTRA DE HACIENDA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: María Jesús Montero

MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL: Yolanda Díaz

MINISTRA DE IGUALDAD: Irene María Montero

Portavoz.- Buenas tardes a todos y a todas y, como siempre, muchas gracias por vuestra asistencia.

Me acompañan hoy, como podrán comprobar, la ministra de Trabajo y Economía Social, que posteriormente explicarás las medidas que ha adoptado el Consejo de Ministros para la recuperación del derecho de trabajadores y trabajadoras. Y, también me acompaña la ministra de Igualdad, que les trasladará el compromiso de este Gobierno para acabar con la brecha salarial.

Bueno, como han podido comprobar, una de las novedades de hoy, del Consejo de Ministros, es que justamente se ha celebrado en el Palacio de La Zarzuela.

Como recordarán, es la segunda ocasión en la que el Jefe del Estado preside el Consejo de Ministros. La primera se produjo en julio de 2014, y, por tanto, una sesión deliberativa, en la que hemos analizado la situación del país y las principales prioridades que el Gobierno tiene en cartera para la agenda política, económica y social.

Después de esa primera reunión, nos hemos trasladado ya, ahora sí, a La Moncloa y hemos celebrado un Consejo de Ministros con carácter decisorio con los asuntos variados que a continuación les voy a detallar.

No obstante, de ello, me gustaría trasladarles algunas cuestiones, dos, en concreto, con las que el Gobierno quiere poner el acento a lo largo de esta semana.

La primera, es la llamada constante que hacemos por la recuperación de la normalidad democrática de las relaciones entre el Gobierno y la oposición. Como venimos comentando en las últimas semanas, este país necesita una oposición centrada, constructiva y leal a los intereses de nuestro país.

Yo diría que tenemos muchos retos, muchos desafíos que afrontar internos y externos, y por eso, el presidente Sánchez ha hecho un llamamiento y ha tenido una reunión con el principal grupo de la oposición, el Partido Popular. Y quiero reiterar que siempre vamos a tener y mantener la mano tendida y esperamos que salga, por parte del líder de la oposición de la política de obstrucción y de bloqueo y que, por tanto, permita el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

La reunión que tuvo ayer el presidente del Gobierno con el señor Casado, sirvió para constatar, desgraciadamente, que el PP mantiene su estrategia de bloqueo anteponiendo los intereses partidistas a los intereses generales del país. Y, por eso, no sirvió este encuentro para avanzar en la renovación de instituciones tan relevantes como el Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuenta.

Y, sin duda, vetar la renovación de estos órganos es una forma también de deteriorar las instituciones. Parece que el Partido Popular no ha entendido que uno de los principales problemas que los ciudadanos manifiestan cuando se les pregunta acerca de la política es el desapego; es decir, el entender que la instituciones no se preocupan por sus problemas cotidianos, no hacen política útil, y, por tanto, no sirven para el interés general. Algo tremendamente preocupante en una sociedad progresista, y en una sociedad democrática.

Yo creo que todos tenemos que cumplir con la ley. Tenemos cada uno que asumir nuestra responsabilidad y entre todos hacer pedagogía para que realmente la política sea de utilidad y, por tanto, nos alejemos de algunos movimientos o de algunas situaciones, por supuesto, no deseadas.

Por otra parte, entendemos desde el Gobierno que cuando uno pretende defender los intereses de España, no puedes con tus actos debilitar las instituciones y perjudicar ese normal funcionamiento de otros Poderes del Estado.

Por eso, a pesar de los intentos de bloqueo, queremos trasladar a la sociedad que este Gobierno tiene un proyecto muy claro de país, y la derecha no podrá evitar que lo llevemos a cabo. Y, por tanto, nos estamos refiriendo a la subida del Salario Mínimo, las pensiones o el sueldo de los funcionarios, como hemos hecho hasta este momento. Y, por tanto, seguiremos avanzando en nuestra estrategia social, de cambio climático, de reto, en relación con la transición digital. Con todo aquello que, realmente, nos hace país, nos hace fuertes, y nos permite avanzar en igualdad.

Por eso, reitero lo que dije ayer, en el sentido de que cuando el Partido Popular abandone su estrategia de crispación y vuelva a ser un partido con sentido de Estado, encontrará a este Gobierno con la mano tendida para abordar los problemas de los ciudadanos, y los retos que son inaplazables.

Este país necesita que el Partido Popular, que el principal partido de la oposición, regrese a la senda de la responsabilidad, que lo haga el señor Casado, y si él no está en esas condiciones, que lo haga el Partido Popular en su conjunto.

Y, en este sentido, y a esta misma hora, queremos hacernos eco de la reunión en el Congreso de los Diputados, de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Se trata de una reunión muy importante para el conjunto del Gobierno, que implica diferentes Departamentos, y en donde el Gobierno, por supuesto, colaborará y apoyará este Pacto de Toledo, porque creemos firmemente en la viabilidad de nuestro Sistema de Pensiones, y que, además su futuro pasa por alcanzar un Acuerdo de base amplia que garantice a los pensionistas de hoy que no van perder poder adquisitivo en nuestro compromiso como Gobierno. Y, al mismo tiempo, que asegure que los trabajadores de hoy tendrán también mañana derecho a una pensión digna.

Por eso, lo primero, un mensaje de tranquilidad al conjunto de nuestros mayores. Por encima del ruido y de la crispación, este Gobierno va a seguir velando por los pensiones. Nuestros mayores pueden estar tranquilos, porque este Gobierno no cesará hasta alcanzar un acuerdo que garantice su derecho y lo haga con amplio consenso.

Por otro lado, esta semana se celebra un Consejo Europeo Extraordinario para empezar una materia tan importante como el Marco Financiero Plurianual. Aquí, en este foro, España va a defender la importancia de que las Políticas de Cohesión y que la PAC mantengan una financiación acorde con sus necesidades.

Se trata, como recuerdan por otras negociaciones, y por otros años, de una negociación compleja, especialmente, ahora que ha salido el Reino Unido de la Unión Europea, y que en paralelo, las corrientes antieuropeístas recorren gran parte de los países de nuestro entorno.

Por ello, yo creo que, muchos ciudadanos europeos estamos pendientes de qué va a ocurrir a partir de este momento, cuál es el rumbo que escoge Europa y qué proyecto político es capaz de ofrecer al conjunto de la ciudadanía.

Por su parte, el presidente del Gobierno trasladará a nuestros socios europeos que la Política Agraria Común es una prioridad absoluta para España. Entendemos que tiene que ser sostenida con los recursos necesarios, porque es un puntal de la economía europea, y de la economía española.

Saben que la PAC implica una importantísima parte de las rentas de agricultores y ganaderos. Y, por tanto, es crucial para su estabilidad y sostenibilidad.

Estamos hablando de que, en torno a un 30% de la renta media de agricultores y ganaderos proviene justamente de estos Fondos europeos. Por este motivo, el Gobierno de España va a defender que la futura PAC mantenga el mismo Presupuesto que el periodo anterior para cumplir con los nuevos objetivos sociales y medioambientales que demanda la sociedad y que permite que las explotaciones agroganaderas también puedan ser rentables.

Estos días, además, estamos viendo cómo agricultores y ganaderos están llamando la atención sobre las dificultades que atraviesan debido a los bajos precios de los productos agrícolas. Quiero decir que este Gobierno les está escuchando.

El ministro de Agricultura está manteniendo reuniones con este colectivo para escuchar de primera mano preocupaciones y plantearles también soluciones compartidas y mecanismos de ayuda. Y, por eso, queremos reiterar a los agricultores y ganaderos el compromiso firme del Gobierno para trabajar con todos los eslabones de la cadena alimentaria y sentar las vías, no sólo para que se pueda percibir una remuneración justa, sino también, para que su trabajo sea socialmente reconocido: los necesitamos y, por tanto, los vamos a apoyar.

En este sentido, vamos a modificar, como ha trasladado el ministro Planas, a la mayor brevedad posible, esta Ley de Cadena Alimentaria del año 2013, con el objetivo de que tenga más transparencia, que haya más equilibrio entre las partes y lograr un reparto más justo del valor de los productos agrarios a lo largo de los distintos eslabones.

Asimismo, reformaremos el sistema llamado habitualmente, como peonada, de manera que ofrezca una cobertura más adecuada a trabajadores eventuales agrarios, y reivindicaremos la aplicación estricta de la normativa comunitaria en materia de seguridad alimentaria, utilización de productos fitosanitarios, residuos o control de plagas para que los productos españoles no jueguen en desventaja en relación a otros que se importen en países terceros, que no tengan tantos estándares o tantos controles en relación con la seguridad de estos productos alimentarios.

El presidente del Gobierno, en esta misma reunión, va a trasladar al Consejo Europeo que no se puede desde Europa dar la espalda a las necesidades y las demandas de la ciudadanía, y por eso, los Presupuestos europeos tendrán que contemplar aspectos perentorios urgentes como el empleo juvenil, la formación para la digitalización, la transición justa, el apoyo a la investigación o la innovación que nos sitúe como referente a nivel mundial.

Pero igualmente va a exigir en que se debe de recoger por parte de los Fondos de Cohesión, la convergencia real de las Regiones, porque una Europa de dos o tres velocidades será el fin del proyecto europeo. Y, por tanto, si queremos proteger Europa necesitamos una Europa que proteja a quienes necesitan de ella.

Y, de otro lado, hoy, el Banco de España ha publicado los datos de cierre de 2019 de la Deuda Pública que muestran con claridad el esfuerzo que está realizando el Gobierno para sanear nuestras Cuentas Públicas.

España acaba 2019 con un nivel de deuda equivalente al 95,5% de su PIB, cumpliendo de sobra con el objetivo que se comunicó a Bruselas, que era del 95,9%. Sólo en el año 2019, la Deuda se redujo en 2,1 puntos, tratándose de la mayor reducción anual en más de una década. En concreto, es el mayor descenso de Deuda Pública desde el año 2007.

El pasivo de nuestro país se encuentra hoy en el nivel más bajo desde el año 2012.

Los datos publicados, por tanto, ponen de manifiesto que el Gobierno de Pedro Sánchez ha reducido en sólo un año la Deuda tanto como el señor Rajoy entre los años 2014 y 2017. Sus tres últimos años completo de Gobierno.

Por tanto, estamos demostrando que es posible reducir el déficit y la Deuda Pública fortaleciendo al mismo tiempo el Estado del bienestar y recuperando derechos para el conjunto de los trabajadores. Esta es la senda, es la ruta que seguirá el Gobierno en los próximos cuatro años.

Y, precisamente, en el día de hoy hemos aprobado medidas que se dirigen en esta dirección.

Como saben, después de que esta semana pasada presentamos la nueva Senda de Estabilidad y el Techo de Gasto, también trasladamos la necesidad de avanzar en un sistema fiscal más justo, más redistributivo y que se adecúe a la nueva realidad económica. A la realidad que se percibe y que se sigue, tanto en los entornos digitales como en el nuevo florecimiento de realidades económicas que hasta la fecha han sido opacas o han sido poco transparente a la fiscalidad tradicional, digamos, que a una fiscalidad analógica.

Por eso, el mejor sistema tributario es aquel que responde a las necesidades de su tiempo. Y España, como país moderno, y como país avanzado no puede permitirse tener un sistema tributario anclado en el siglo pasado. Hay que avanzar hacia una fiscalidad propia del siglo XXI, que recoja estas nuevas áreas de actividad, que se adapte a la globalización en un mundo cada vez más digitalizado. Y no podemos pretender, por otra parte, tener un Estado del bienestar moderno, si nuestro modelo tributario es un modelo caduco.

Nuestra obligación, por tanto, es abundar en la modernización de nuestro sistema fiscal. Si la sociedad evoluciona, y la tecnología, también, lo hace ofreciendo, a su vez, nuevas oportunidades de negocio. Y por eso es necesario que la fiscalidad se mueva en esta misma dirección para mantener su eficacia en relación con la economía, y, también, su papel redistributivo en un Estado social, como es España. Y, evitar, de otro lado, que se provoquen competencias desleales con los negocios tradicionales que esos, sí, tienen, si me permiten, la expresión, un traje a medida, en la fiscalidad tradicional que le está perjudicando que haya otros sectores de la economía se muevan en otros entornos, no tan ajustado en términos fiscales.

Y este Gobierno va a intentar hacer esta transformación del sistema digital teniendo claro que no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a los trabajadores, ni a los autónomos, ni a la Pymes. Y somos un Gobierno coherente porque siempre hemos defendido que sin justicia fiscal no puede haber justicia social.

El sistema tributario tiene que marcar qué tipo de país aspiramos a tener. Hay quien defiende la reducción del peso del Estado para que el sector privado sustituya lo público en la prestación de los servicios. Bajo esta concepción, el Estado, estas corrientes ideológicas, tendría un papel puramente asistencial. Y esta no es la opción de este Gobierno.

Nosotros apostamos por un Estado del bienestar fuerte, con una sanidad y educación pública de primera, de calidad, universal y un sistema de protección social ambicioso. Y para asegurar este modelo de sociedad tenemos que mantener un sistema tributario en los que más tienen más aporten para que los nuevos sectores de actividad contribuyan al sostenimiento de servicios públicos en situación de igualdad con negocio tradicional.

Bajo esta premisa, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras, la llamada tasa Tobin, y el Proyecto de Ley del Impuesto sobre determinados Servicios Digitales. Como recordarán, se trata de dos nuevas figuras tributarias cuya tramitación fue iniciada en la legislatura anterior y que se paralizó por la convocatoria de las elecciones. Ahora, volvemos a ponerlo en marcha porque ambos tributos no son una casualidad, sino que se nutren, beben y se enmarcan en las prácticas fiscales defendidas por las instituciones europeas.

España lo que está haciendo es modernizar su sistema fiscal, haciéndolo, como digo, más progresivo y más redistributivo, y es obvio que tiene que responder a las nuevas realidades que figuran en nuestro entorno.

En este sentido, el Impuesto sobre Transacciones Financieras va en línea con lo que defiende la Comisión Europea y de otros países vecinos que también y han adoptado. Afecta al sector financiero que durante la crisis recibió un importante apoyo, inyección económica, por parte de las Administraciones Públicas. Por tanto, es de justicia social que ahora contribuya, de forma más enérgica, al mantenimiento de los servicios públicos.

Se trata de un Impuesto de carácter indirecto que grava con un 0,2% la adquisición de acciones de sociedades españoles cotizadas, con una capitalización bursátil, y superior a los dos mil millones de euros. Esto quiere decir que no va afectar al campo de acción de las Pymes. El Impuesto, de hecho, recaerá sobre el intermediario financiero que ejecute la orden de adquisición.

Y, quiero insistir en que, España está haciendo lo mismo que ya han avanzado otros países como Francia, Italia o Bélgica que tienen aprobado este impuesto.

La recaudación que tiene prevista el Gobierno de España asciende a 850 millones de euros anuales. Por tanto, una fiscalidad necesaria, progresiva y que se adapta a la realidad de la economía del siglo XXI.

De otro lado, se ha aprobado el Impuesto sobre determinados servicios digitales que está inspirando, también, en la propuesta de la Comisión Europea y tiene como objetivo gravar operaciones propias de esta economía digital que, actualmente están fuera del Sistema Tributario, y como decía antes, supone un agravio para otros negocios.

España, en este sentido, quiero reiterar, que trabaja en una doble dirección. Por una parte, estamos apostando y buscando el consenso internacional, en el marco de la OCDE y también del G-20 y, al mismo tiempo, avanzamos en el ámbito nacional en busca de esa fiscalidad que se adapte a los nuevos retos.

Como hemos repetido en muchas ocasiones, España adaptará su legislación interna cuando se alcance un pacto sobre la tributación digital a nivel global. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que hemos mantenido en los foros internacionales. Y esta no es una postura única que solamente la esté desarrollando España, hay otros países como Francia, Italia o Reino Unido que también están abogando por avanzar en un impuesto propio que en algunos caso ya ha sido aprobado. El hecho de que algunos países avancen con esta legislación impulsa también el consenso internacional Yo diría que es un paso necesario para que el consenso internacional pueda llegar a buen puerto.

Es un impuesto indirecto, este segundo también, que grava servicios digitales en los que existe una contribución nuclear esencial de los usuarios en el proceso de creación de valor de la empresa que presta estos servicios.

En concreto, es un gravamen del 3% que se aplica a tres conceptos: prestación de servicios de publicidad online, servicios de intermediación en línea y venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Creemos que la sociedad en general percibe las cuestiones relativas a estas ventas de datos. Saben que, muchas veces, los ciudadanos reciben en casa llamadas telefónicas o consultas por Internet a propósito de una cuestión donde no son conscientes de que hayan participado de una base de datos ni son conscientes de que hayan colaborado con esas empresas. Justamente, se trata de este fenómeno de que algunas empresas venden esas bases de datos que tenían con anterioridad a otros mercados a otras empresas que, a su vez, contactan con los clientes o que dirigen una publicidad personalizada al cliente al que se quieren dirigir, de manera que los productos que se anuncian o el tipo de marca que se anuncian forma parte de la propia navegación que ha hecho el usuario y, que por tanto, esa publicidad esa venta de datos está haciendo que empresas publicitarias se puedan beneficiar sin que ello esté repercutiendo dentro del sentir general, de la sociedad general, a pesar de que se utilizan datos personales, anonimizados, pero personales de los propios usuarios.

Es de justicia que la sociedad se beneficie de ello y que por tanto podamos seguir construyendo esa fiscalidad adaptada a este siglo XXI.

Esta figura va a afectar a empresas que tienen un negocio superior a 750 millones de euros, a nivel mundial, e ingresos derivados de su actividad, a tres millones, en el ámbito nacional. Son límites del impuesto y objetivos que, en ningún caso, son discriminatorio en función de la nacionalidad o del tipo de empresa. Y esto queremos decirlo con claridad puesto que afectará a todas las empresas que cumplan estos requisitos con independencia de su origen.

Además, estos umbrales, verán que garantizan que ninguna pyme tenga que pagar este impuesto y, sobre todo, un sector que queremos proteger, especialmente, como el sector de las "startups", el sector de las empresas digitales está empezando su andadura y que ojalá tengan facilidades para poder crear su propio ámbito de negocio.

La liquidación de este impuesto tendrá, de forma ordinaria, una periodicidad trimestral pero, sin embargo, de forma excepcional durante este primer año la declaración de ingreso no se realizará hasta al menos el 20 de diciembre del año 2020.

Esta medida nos permite un margen para lograr un acuerdo internacional en las negociaciones que mantengamos con la OCDE y con el G20, a lo largo de los próximos meses. Y, asimismo, esta decisión permite un mayor tiempo a las empresas para que puedan adaptarse al nuevo impuesto y, por tanto, puedan hacer frente a ello en un único pago durante el año 2020, al final de este ejercicio. La previsión de recaudación es de 968 millones adicionales al sostenimiento de nuestras cuentas públicas, previsión que está aminorada, respecto a la presentación anterior, debido a la ralentización de la economía y a las series que, otros países también, con la puesta en marcha del impuesto, nos han permitido visualizar.

Con ello, con estos dos impuestos el sistema tributario se moderniza y son parte del primer paso de un proyecto fiscal mucho más global y ambicioso que tiene como objetivo un marco tributario más justo, más redistributivo y en el que los impuestos medioambientales jugarán un papel determinante.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha acordado proponer al Congreso de los Diputados el nombramiento de Cristina Herrero Sánchez como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a propuesta del Ministerio de Hacienda. Se cumple así el trámite legal que establece la Ley Orgánica de Creación de la AIReF. Cristina Herrero es una profesional con una dilatada carrera de reconocido prestigio. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Interventora del Estado, Auditora e Inspectora de Hacienda, también del Estado y ha formado parte del equipo directivo de la AIReF desde su fundación, donde ha realizado una labor encomiable como directora de la División de Análisis Presupuestario. Como saben, desde el pasado 13 de enero ocupa la presidencia interina de este organismo.

El Gobierno está convencido de que Cristina Herrero podrá seguir desarrollando un trabajo independiente y riguroso desde la presidencia de la AIReF. Creo que este organismo se ha ganado un merecido respeto tanto dentro como fuera de nuestra frontera por la calidad y rigor de sus informes y opiniones. Así, que deseamos que a partir de ahora cuente con el necesario apoyo parlamentario.

También, el Consejo de Ministros ha aprobado dos Proyectos de Ley a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Se trata de un proyecto de ley para la transformación digital, del sistema financiero que tiene como objetivo acompañar, supervisar la innovación en el sector financiero justamente, para reducir obstáculos, al tiempo que se preserven los objetivos principales de la política financiera.

Como medida principal o estrella incluye el establecimiento de un "sandbox" o compartimento o espacio controlado de prueba, que permitirá llevar a la práctica proyectos tecnológicos que innovan en el sistema financiero pero con pleno acomodo en el marco legal y supervisor. Es una política que permite impulsar la innovación pero asegurarse de que estos cambios tecnológicos no afectan, de ningún modo, a la protección del consumidor de estos servicios financieros, a la estabilidad del propio entorno financiero y a la integridad en los mercados. Si lo asimilamos, por ejemplo, con la parte sanitaria se trataría de un ensayo clínico en fase IV, por tanto, la previa a que ese producto se pueda universalizar en el conjunto del mercado.

También con este tipo de legislación queremos evitar la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Y este espacio controlado de prueba va a tener tres rasgos fundamentales: Por un lado, crear esas condiciones seguras bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el propio Banco de España. El segundo rasgo es que tiene un esquema jurídico ley- protocolo. Por tanto, la ley garantiza la seguridad y el protocolo otorga la flexibilidad para permitir la innovación. Y, por último, es un instrumento que permite acompasar esta capacidades supervisoras pero, también, haciendo o abriendo camino a la propia transformación digital.

El segundo Proyecto de Ley es el regulador de determinados aspectos de los servicios electrónico de confianza y es una legislación que adapta al ordenamiento o adapta el Ordenamiento Jurídico Nacional al Reglamento comunitario. En concreto, se refiere a servicios electrónicos de confianza como son la firma o el sello electrónico de persona física y de persona jurídica o el sello de tiempo electrónico que son, ojalá cada vez más, utilizados habitualmente en las relaciones telemáticas de los ciudadano con empresas y con administraciones públicas. Por ejemplo, en este marco legal, se define el tiempo máximo que tendrá de vigencia estos certificados electrónicos o efecto jurídico, que tendrían estos documentos electrónicos.

España saben que es el país de la Unión Europea que cuenta con mayor número de proveedores de prestadores de servicios cualificados entre los que se destaca la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o la propia Dirección General de la Policía. Por eso, reforzamos con esta Ley la seguridad jurídica y damos un paso adelante en la ordenación del proceso de digitalización de la economía y de la sociedad en beneficio de los ciudadanos.

Con ello, estas son las reseñas o la referencia más importante del Consejo de Ministros, pero paso la palabra a continuación de uno de los asuntos cruciales que hemos abordado en el día de hoy a la ministra de Trabajo y Economía Social, que va a explicarles el cambio normativo, que evitará que las empresas puedan despedir por causa objetiva a un trabajador que ha estado de baja médica.

Y a continuación tomará la palabra la ministra de Igualdad Irene Montero, que también les informará sobre el Día para la Igualdad Salarial, que se celebra el próximo sábado, y con la declaración que este Gobierno quiere hacer en relación con la brecha retributiva entre hombres y mujeres que para nosotros y nosotras es una prioridad. Cuando quiera.

Sra. Díaz.- Gracias, ministra portavoz. Buenas tardes a todos, gracias por su presencia.

Bueno venimos de derogar por fin el artículo 52 d), que como saben ustedes, permitía en nuestro país poder despedir a personas, a trabajadores y a trabajadoras aunque tuviesen una baja médica que justificase su ausencia. Digamos que con esta derogación que materializa el Consejo de Ministros del Gobierno de España lo que estamos haciendo es reparar una anomalía o una excepcionalidad que tenía nuestro país en relación con los países de nuestro entorno que, aprovecho para decirles, carecen de un precepto semejante, no ahora, desde la reforma laboral del Partido Popular del año 2012, que es lo que vamos, digamos, a derogar exactamente en el día de hoy, sino que a lo largo, en el tránsito anterior de la legislación laboral española, es también, una regulación que digamos es extraña en la comparativa de los países de la Unión Europea.

Por tanto, lo que hacemos es subsanar esa anomalía española, reparar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que hoy pueden sentirse tranquilas y mandamos un mensaje a nuestra sociedad, que, a partir de hoy a nadie se le va a despedir teniendo una causa justificada de baja por enfermedad y, por tanto, reparamos derechos, como hemos dicho, y nos encaminamos en lo que tiene que ver con un mandato internacional, que es el trabajo decente.

Y, además vamos desmontando la reforma laboral del Partido Popular. No es menor que la derogación del artículo 52 d), es el primero de los apartados que aparece en el Acuerdo de Gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Es el primer punto que aparece en el Acuerdo que ustedes conocen.

He de decirles también que a pesar de lo que ha pasado en estos tiempos, ha habido ya tribunales en nuestro país que, mediante el juicio de convencionalidad, han entendido que la aplicación de este precepto era ilegal o vulneraba las normativas internacionales. Es decir, que también lo que hacemos con esta derogación es dar seguridad jurídica a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿Por qué? Pues porque a través de este juicio de convencionalidad podemos encontrarnos que una trabajadora o un trabajador que haya impugnado, por ejemplo, en Barcelona, le pueden haber reconocido un despido nulo justamente por una vulneración de derechos fundamentales, pero en otro lugar en el que un trabajador o una trabajadora no haya impugnado, pues por ejemplo, veríamos que hay desigualdad de derechos y de protección en relación a esta cuestión. Por tanto digamos que lo que estamos es dando, otorgando seguridad jurídica a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

También he de decirles que teníamos un mandato, no solo por cumplimiento de la legislación internacional sino porque ya recayó sobre el Reino de España una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que, efectivamente, indicaba que esto era una causa de discriminación y alertaba sobre la necesidad de modificar la legislación laboral en este sentido.

Por tanto, lo que estamos es ahormando, volviendo al estado natural, de la protección social y, sobre todo, con un elemento de firmeza que también nos preocupaba en este Gobierno, y es que había y hay alarma social sobre la posibilidad de que nos despidiesen, injustamente, cuando somos o estamos más vulnerables.

A partir de hoy, el Gobierno de España impide que los más vulnerables, las más vulnerables puedan no sólo ser despedidas sino que han de ser especialmente protegidas. Porque, justamente, cuando estamos enfermas hemos de preocuparnos solamente de una cosa, de curarnos, para poder inmediatamente incorporarnos al puesto de trabajo.

Imaginen el gravamen o la tristeza que es que un trabajador o una trabajadora no sólo pese sobre ella la preocupación de curarse sino que, además, pese sobre ella la enorme losa real de poder ser despedida por el paradigma normativo que teníamos en nuestro país hasta el día de hoy.

Si me permiten, como saben, el canal jurídico que hemos empleado, la herramienta jurídica que hemos empleado ha sido la del artículo 86, del texto constitucional, Real Decreto-ley. Creo que hay pocas ocasiones en derecho, en las que más se justifique la urgencia de una medida de estas características: Hablamos de vulneración de derechos, hablamos de preservación de la salud, hablamos del respeto al derecho a la salud y, por tanto, más que nunca, desde luego, el canal jurídico es el adecuado.

También, termino así: Quiero dar las gracias, en primer lugar, a todo el Gobierno en su conjunto, no solamente era el primer punto del Acuerdo, sino que se han volcado en la premisa de derogar este precepto y, por supuesto, también, a los interlocutores sociales, a los distintos colectivos que estaban alarmados por esta situación. Y agradecerles a todos y a todas ustedes, la paciencia, que han tenido en estos días, que me consta, y nos preguntaban insistentemente, cuándo iba a venir este asunto al Consejo de Ministros. Pues, desde hoy, a partir de mañana, este precepto está derogado y, por tanto, este Gobierno no permitirá que se despida a alguien cuando está con una baja justificada por enfermedad.

Sra. Montero.- Gracias. Buenas tardes.

Me veo obligada a empezar Informándoles de que está ya confirmada la nueva mujer asesinada por violencia machista. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado por los canales habituales de que estaba investigándolo, -por eso estaba atenta al móvil- esta está ya confirmada, una nueva víctima, una mujer de 37 años en Moraira, en Alicante. Desde aquí, por supuesto, por parte del Gobierno, pues expresar las condolencias a la familia y a las amistades de esta nueva mujer asesinada. Son ya 11, en lo que va de año, y un compromiso firme para poner todos los dispositivos y la fuerza de las instituciones públicas para que no haya ni una mujer asesinada más, porque nos queremos vivas, como dice el movimiento feminista, y como también hace suyo este Gobierno.

Lo que me trae aquí no es esto, aunque creía que era importante confirmárselo, es el Acuerdo de Declaración institucional que este Gobierno ha tomado en el Día de hoy, con motivo del Día en Defensa de la Igualdad Retributiva y, por tanto, en contra de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Ya, Concepción Arenal, como podrán ustedes leer en la Declaración que hemos aprobado, una de las mujeres pioneras del feminismo en España alertaba de la imposibilidad que teníamos las mujeres para participar con igualdad en el empleo. Y esto lo hacía en 1869, fíjense, más de un siglo después, todavía estamos combatiendo, luchando para que mujeres y hombres cobremos lo mismo por el mismo trabajo y que no haya esa evidente discriminación, en el ámbito laboral.

Yo creo que es compartido que la desigualdad y, en concreto, la desigualdad de género es una de las principales, si no la principal brecha, que recorre nuestra sociedad. Y creo que, además, es una brecha que no solamente podemos observar en nuestro país, sino que tiene alcance internacional, y, por tanto, es importante poner el foco en esta brecha y en los mecanismos que podemos poner en marcha para revertirla. Más aun, teniendo en cuenta que la brecha que se abre en el empleo y la discriminación, que por este motivo, sufren las mujeres no es solamente una brecha en el empleo sino que es una brecha que se traslada después a las pensiones de una forma más acusada aún En este país, la brecha de las pensiones es aún mayor en términos porcentuales, que la brecha en el ámbito salarial, en el ámbito del trabajo. Y, también, en relación con esto, y esto pone de manifiesto la Declaración institucional, la relación no solamente entre el ámbito laboral y la brecha en el ámbito laboral entre hombres y mujeres y la brecha en las pensiones, sino también el necesario debate, que yo creo que cada vez se va a ver con más fuerza en el ámbito público, en España, sobre los cuidados y los usos del tiempo. Cómo las tareas de cuidados invisibilizadas, no remuneradas, ocupadas mayoritariamente por mujeres, efectivamente, producen riqueza en España, aunque no es contabilizada como tal, pero además produce, provoca, guarda relación con esas desigualdades que las mujeres sufrimos de forma mucho más acuciante por el hecho de serlo.

Así que, concluyo que creo que ya llevamos mucho tiempo de intervención para las horas que son, simplemente alegrándome de lo que creo que el movimiento feminista, las feministas, las mujeres de este país harán este 8 de marzo. Creo que este 8 de marzo las mujeres saldremos con contundencia a la calle a decir, por supuesto, como hemos dicho, siempre que nos queremos vivas y a luchar contra las violencias machistas, pero sobre todo, sobre todo, a decir con contundencia que, el feminismo es también redistribución de la riqueza y que hace falta en nuestro país hablar de tiempos, de cuidados, de cómo podemos reorganizar nuestra sociedad para que mujeres y hombres podamos vivir en pie de igualdad. Por tanto, que este 8 de marzo salgamos con contundencia a decir que queremos un país más justo, un país más sostenible y un país más feminista donde no solamente peleemos contra las violencias machistas en todas sus formas, como nos dice el Convenio de Estambul, sino también porque feminismo es redistribución de la riqueza y que para vivir en igualdad necesitamos hablar de mundo laboral, de pensiones, de cuidados y todo lo que nos permite, en definitiva, vivir iguales a hombres y mujeres en nuestro país y en el conjunto del mundo.

Portavoz.- Muchas gracias. Estamos, mis compañeras y yo, a disposición de lo que necesiten.

P.- Albert Calatrava de TV3. Hola buenos días. Son preguntas para la ministra Portavoz. Sobre la mesa de diálogo, me gustaría saber en qué punto estamos. Parece que hay discrepancias entre JxC y Esquerra y, si ese es el motivo, que aún no se haya fijado la fecha, o dicho de otra manera, si fuese por el Gobierno si ya tendríamos fecha de esta mesa de diálogo.

Hoy, escuchamos a la portavoz de JxC, Laura Borrás, que insistía en la figura del relator. Si se mantiene esa exigencia del relator ¿no habrá mesa de diálogo? Y, en cualquier caso, si se mantiene este compromiso de reunirse antes de acabar el mes de febrero.

Portavoz.- Sí muchas gracias.

Bueno, voy a empezar por el final. Efectivamente, el compromiso del Gobierno es convocar la mesa antes de que termine el mes de febrero, es decir, a lo largo de estas semanas que quedan de este mes. Estamos en contacto entre los Gabinetes para poder hacer la agenda, con el orden del día, y con los integrantes que participarán en esta comisión. No tengan duda, que en el momento en que conozcamos quiénes son las personas que la compondrán y cuándo se reunirá y en qué lugar lo haremos conocer y, por tanto, tendré información al detalle.

Nosotros, respeto a la figura del relator, creo que el presidente del Gobierno y yo misma, desde esta mesa, hemos sido siempre muy claro, de no que entendemos que esa figura sea necesaria. Y por otra parte, que consideramos que los testigo del diálogo tienen que ser todos los ciudadanos que van a asistir con transparencia a la explicaciones y a los avances que, ojalá, sean avances pronto que se puedan producir en esa mesa. El Gobierno siempre ha trasladado la complejidad de esta cuestión que, por tanto, no espera frutos en el corto plazo y que lo que hay que empezar es ese diálogo buscando de buena fe puntos de encuentro que nos permitan realmente dar una solución a uno de los conflictos más importantes que tiene el país, como es el conflicto territorial, y por tanto, el conflicto político en Cataluña.

Así que, en el momento en que conozcamos ya el día, y la hora, lo haremos conocer y no vamos a entrar en valoraciones respecto a conversaciones internas que pueda tener el Govern de Cataluña. En relación con la mesa les corresponde a ellos contestar a esa esa materia.

P.- Irene Castro de eldiario.es. Hola ¿qué tal? Buenas tardes. Le quería hacer una pregunta sobre el Impuesto de Transacciones Financieras. Le quería preguntar si han incluido esta vez, los productos derivados, y en caso de que no sea así, ¿por que?.

Luego, respecto a la destitución de Fernando Garea, de la agencia EFE, usted dijo ayer que se enmarca dentro de la normalidad en el cambio de una legislatura. ¿Hay previstos más cambios en al frente de las empresas públicas?

Y, luego, por último, a la ministra de Igualdad, le quería preguntar si la reforma del solo si es si sí está ya en marcha. Y ¿cómo pretenden ustedes llevarla a cabo?, porque hasta ahora habíamos pensado que iba a ser a través de una reforma del Código Penal, pero también nos están diciendo que será a través del Proyecto de Ley de Libertades Sexuales. Entonces, por saber si hay algún tipo de desavenencia en este asunto de cómo se va a llevar a cabo, y si nos puede dar detalles. Gracias.

Portavoz.- Sí, en relación con la primera cuestión, no están incluidos los derivados, y nosotros lo que hemos hecho es un impuesto muy similar al que ya está vigente en otros países, que no contemplan ese tipo de producto, lo cual no significa que en el futuro entre todos, en ese ámbito de cooperación reforzada, que básicamente tenemos con Alemania, con Francia, que queremos avanzar, en esa fiscalidad única e impulsar por igual dentro del marco de la OCDE y de la propia Unión Europea, este tipo de fiscalidad, que pueda en el futuro abrirse hacia otros entornos, pero hoy por hoy es un impuesto bastante similar al que ya existía y que ya venía funcionando.

Respecto a la segunda cuestión. Efectivamente, como comenté ayer ese cese de Agencia EFE, se enmarca dentro de la nueva etapa del Gobierno y, por tanto, la política normal de recambio, de renovación, de las unidades directivas, y habrá algunas más. Lo cual no quiero mandar ningún mensaje de intranquilidad a las personas que actualmente desarrollan estas tareas. Que esta pregunta yo sé que no se dirige a nadie en particular, pero siempre, todo el mundo se da por aludido o aludida y no queremos mandar ningún mensaje más que, de que en la medida en que se vaya hablando y los ministro vayan trabajando con sus gentes instrumentales o, en mi caso, con las empresas públicas, si en algún caso, igualmente, necesario se irán produciendo renovaciones que ya le puedo anticipar que algunas habrá.

Sra. Montero.- Si, muy brevemente. La Ley de Libertades Sexuales tiene un calendario de presentación inminente cuando tengamos algún dato más concreto pues se lo diremos; seréis los primeros en saberlo, las primeras. Pero es inminente su presentación. Es una ley que, como bien saben, mandata tanto el Pacto de Estado contra la violencia de género, como además, responde a las obligaciones que tenemos en tanto país firmante y que ha ratificado el Convenio de Estambul. Es una Ley de carácter integral, con eso respondo directamente a su pregunta y, por tanto, incluye, y eso viene ya expresado así en el acuerdo de Gobierno, no solamente una necesaria reforma del Código Penal, si no otras muchas medidas de sensibilización, de prevención, de las violencias sexuales y de garantía de las libertades sexuales en ámbitos muy diversos: desde el educativo, el sanitario, el militar, el judicial.

Es una Ley integral. Pretende blindar las libertades sexuales, proteger el derecho a la libertad sexual de todas las mujeres. E insisto, como Ley integral incluirá, como así lo mandata el Acuerdo de Gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, una reforma del Código Penal, que sé que ustedes tienen mucho interés en ella, pero es una ley integral, Si me permiten, creo que sin quitarle importancia a la reforma del Código Penal, creo que son muy importantes todas las medidas encaminadas a prevenir no solamente a castigar las situaciones las violencias sexuales cuando se producen, sino a prevenir esas violencias sexuales y a garantizar la libertad sexual, las libertades sexuales de todas las mujeres.

Por tanto, insisto, es una Ley con carácter integral y estamos trabajando con el conjunto de los Ministerios que tienen algo que decir al respecto y en cuanto podamos presentarla pues, lo haremos, pero será de inmediato.

P.- Rosa Sanchez de "El Periodico".Buenos días. Gracias ministras tenía una pregunta para la ministra Hacienda y dos preguntas para la titular, la ministra de Trabajo.

A la ministra de Hacienda le quería preguntar si con la aprobación de la tasa digital que se ha aprobado hoy en España, represalias arancelarias por parte del presidente de Estados Unidos que ya dijo que grabaría con un 25% a los automóviles de países que adoptaran una medida de forma unilateral, una medida como esta. Y también si nos puede decir algo sobre el propósito del Grupo Socialista al que pertenece, el modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el Senado no pueda vetar el Techo de Gasto y el objetivo de la Senda del objetivo de déficit.

Y a la ministra de Trabajo, dos cuestiones. No me ha quedado claro si después de la aprobación del decreto, de la derogación del 52 d), si hay alguna posibilidad que pueda afectar a los despidos que ahora mismo están en fase de litigio, que todavía no tengan una decisión firme por parte de los tribunales. Y si nos pueda aclarar, por favor, cuál es el calendario a partir de ahora, que cabe esperar para el progresivo desmontaje de la reforma laboral en las primeras fases que figuraban en el Acuerdo de Coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Gracias.

Portavoz.- Sí, muchas gracias Rosa. Empezando por la aprobación del impuesto digital o las cuestiones internacionales que tienes de matices este impuesto, hay que decir, en primer lugar, que es una fiscalidad obligada y necesaria. Es un impuesto que lo que está intentando es dar cobertura a realidades económica que, hasta hace escasamente una década, no existían. El auge de la economía digital o la capacidad de emerger nuevas formas de empresa, nuevas formas de negocio de la mano de elementos digitales como venta de datos o el conocimiento de las características de navegación de un usuario o de una usuaria, son cuestiones que, evidentemente, requieren que la fiscalidad internacional se ponga las pilas y empiece a trabajar para que no haya una fiscalidad hecha a medida de lo que podríamos llamar negocios tradicionales o negocios analógicos, de lo que sería una fiscalidad propia de un mundo globalizado del siglo XXI, y que por tanto, necesita de unas características que son como, en este impuesto, bastantes comunes en el conjunto de la discusión internacional.

Es más, no solamente a nivel internacional se está hablando a propósito de este tipo de figura, sino realmente y en el seno de la OCDE, que es quizá quien más está impulsando, más decididamente, este tipo de debate, si, efectivamente las ganancias o los tributos de una empresa los tiene que pagar en su sede fiscal o los tiene que pagar en los lugares donde se genera el consumo, y por tanto, el valor añadido.

Este es un debate trascendente, importantísimo, que atraviesa como un vector toda la fiscalidad, tal como la conocemos en la actualidad y, por tanto, España se convierte en avanzadilla en la aprobación de este impuesto, y en las aportaciones que se está haciendo desde los diferentes entornos ministeriales a que realmente, entre todos, podamos profundizar en un sistema fiscal más justo, más progresivo, más redistributivo y más moderno porque la economía, como digo, tiene otra cara, tiene otra apariencia y la fiscalidad se tiene que adaptar perfectamente a ella.

Dicho esto, nosotros siempre hemos comentado y hemos trasladado en el ámbito internacional, que esperábamos un consenso rápido, tanto en la OCDE como en la Unión Europea, para la aprobación de las distintas figuras fiscales; consenso que requieren de mayorías que muchas veces no son sencilla y por eso, estamos trabajando en cooperación reforzada con otros países. De alguna manera, estamos haciendo un conjunto de países una voz única, en relación como tiene que comportarse esta fiscalidad, y vamos a seguir desarrollándolo en este entorno. Y de ahí, las dos salvaguardas que se han incorporado en este Proyecto de Ley.

La primera, la que le comento de que en caso de que se adapte una fiscalidad internacional que será necesariamente homogénea a esta, pero una fiscalidad internacional que tenga algún matiz, respecto a nuestro impuesto, nos adaptaremos a esa nueva fiscalidad internacional. Es decir, que primaremos el que haya una fiscalidad a nivel global, antes de que el producto propio fiscal de cada país, aunque, insisto, en que son todos muy parecido.

Y, en segundo lugar, hemos dejado una cautela para que los pagos anticipados que se producen del impuesto cada trimestre se lleven al último trimestre, con el objetivo de poder seguir trabajando en ese entorno internacional.

Yo creo que nuestras relaciones con Estados Unidos son unas relaciones fluidas. Ellos conocen perfectamente la voluntad y la intención de este Gobierno en la puesta en marcha de esta fiscalidad y creo que lo importante es seguir aportando en ese nivel internacional, y que sigamos teniendo los debates que mantenemos en la actualidad porque las últimas políticas arancelaria han tenido más que ver con, digamos, que la guerra comercial entre Airbus y Boeing', que, con otras cuestiones que nada tienen que ver con las decisiones de país.

Así que, nosotros seguiremos atentos, pero nuestra tarea es ser capaces de tener una fiscalidad justa para nuestros ciudadanos y esto pasa por tener nuevos impuestos que se adaptan mejor a esa realidad económica. Y, por otra parte, que esos nuevos impuestos se traduzcan, a la postre, en una mayor capacidad de gastar en pos de la igualdad de todos los ciudadanos y, por tanto, acompasar esa ecuación, siempre digo difícil, entre la estabilidad presupuestaria pero desde luego, la vocación decidida de este Gobierno en avanzar en justicia social y en derechos de los trabajadores.

Sra. Díaz.- Sí muy rápidamente a las dos cuestiones. La primera, la que me formulan siempre, no tiene carácter retroactivo. Por tanto sé de la urgencia, de la desazón, que hay muchos trabajadores y trabajadoras que se ven afectados por esta norma. Es decir, a partir de mañana que se publique la norma entra en vigor.

En segundo lugar, el calendario como conocen ustedes, ya se está trabajando en esto. Se está trabajando desde hace ya varias semanas en el diálogo social. Vuelvo a darles la misma receta. Por tanto, no voy a satisfacer la pregunta que se formula. Discreción, para que vaya bien el diálogo social tiene que haber discreción.

Lo que sí que les digo es que los impactos peores que ha tenido la Reforma Laboral del Partido Popular tienen que ver con dos cuestiones: una la precariedad la precariedad laboral, pero no solamente la precariedad laboral, sino que más de diez millones de trabajadores en nuestro país y trabajadoras son precarios, A día de hoy, esto en los registros públicos.

Y, en segundo lugar, con el desmontaje que ha propiciado la contrarreforma laboral del Partido Popular, digamos que rompiendo el equilibrio que existía en nuestro derecho laboral en la negociación colectiva. Esto lo fracturó el Partido Popular, por cierto, una contrarreforma sin diálogo social, cuestionada por la OIT Y, digamos que este bloque de medidas que dice nuestro acuerdo programático más urgentes, no más lesivas, lesivas son todas, sino más urgentes, se están trabajando en este momento, por los interlocutores sociales y, por supuesto, por el Ministerio de Trabajo.

Portavoz.- Sí, en relación con el Senado, que no le contesté a la pregunta, es evidente que el Gobierno va a reformar esa Ley Orgánica para intentar que no ocurra algo, que no ocurre en ninguna otra legislación, que es la supremacía del Senado, respecto al Congreso de los Diputados, en relación con la tramitación de una Ley.

Es verdad que la característica y la composición actual del Senado no hace suponer, ni sospechar que se va a producir ningún tipo de veto, como se produjo en la legislatura anterior, pero continuaremos con esa modificación legal ya sin tanta urgencia, insisto, porque no hay, me parece, en el horizonte ningún veto que pueda venir de esa vía.

P.- Marisol Hernández de "El Mundo". Buenos días yo quería preguntarle a la ministra portavoz si no teme que el Gobierno que estas nuevos impuestos se han aprobado hoy acaben repercutiendo en los usuarios. Y, luego quería también saber qué ha querido decir … Nos ha comentado que van a seguir insistiendo en la renovación de los órganos pendientes, pero nos ha dicho que si Casado no está en condiciones, que lo haga el PP ese acuerdo. ¿Qué quiere decir con esto? Y luego, por último, el sábado en el Comité Federal, el presidente del Gobierno manifestó que su intención en la Mesa de diálogo era empezar primero por las cuestiones donde las posiciones sean más cercanas. Quería preguntarle qué posiciones o qué temas serían esos sí.

Portavoz.- Sí, respecto a la primera cuestión, siempre que aparece el debate sobre la fiscalidad, inmediatamente, aparece la sombra sobre si esa nueva fiscalidad va a repercutir y de qué manera en los usuarios finales. Yo, como ministra de Hacienda, en este caso, no como portavoz, quiero transmitir que la fiscalidad es absolutamente necesaria para la igualdad de todos los ciudadanos y, por tanto, el principio de que cada uno aporta según su capacidad y recibe, según su necesidad, es un principio rector de la política económica y de la política social de un gobierno progresista. Y significa, por tanto, que más allá de las cuestiones técnicas y concretas es imprescindible ampliar nuestra base social, nuestra base tributaria y tener la capacidad de construir un Estado del bienestar también del siglo XXI. Pero sobre todo, que dé respuesta a las demandas y a las expectativas, no sólo de los trabajadores, sino del conjunto de la clase media.

Nosotros queremos y creemos que la clase media de nuestro país, que es la que contribuye en mayor medida con su fiscalidad, se tiene que sentir orgullosa de su servicio público, los tiene que utilizar y tiene que encontrar derechos de última generación en esos servicios públicos que le permita estar satisfecha por contribuir con sus impuestos a que todos podamos beneficiarnos de algunas cuestiones en las que nos hemos puesto de acuerdo en que en la enfermedad o en el talento o ante la vulnerabilidad social, el conjunto de la sociedad va a contribuir para que esas personas puedan seguir adelante.

Por tanto, no tiene por qué repercutir en ningún tipo de servicio final. Y yo diría que, bueno, es una sombra que permanentemente aparece cuando una fiscalidad emerge y algunos pues quieren siempre asustar en términos de cómo eso va a trasladarse hacia el usuario final. Pero como habrán visto son servicios de intermediación los que en este momento se gravan fiscalmente, tanto los que tienen que ver con la economía digital, como los que están en relación con las transacciones financieras y, de ninguna manera, tendría que repercutir en el usuario final, aunque, insisto, esto es un poco la sombra que siempre acompaña a la fiscalidad.

No he querido decir nada en concreto en relación con esa con esa cuestión. Simplemente, afirmar desde mi convencimiento, de que el Partido Popular es un partido serio, es un partido de Gobierno, es un partido que, conjuntamente, con el Partido Socialista, ha transitado los cuarenta años mejores de la historia de nuestro país y, por tanto, se espera de un partido que tiene esa vocación y que tiene esa experiencia que como dije, en el día de ayer, no utilice como rehenes a las instituciones del Estado, a fin de poder primar su política partidista o de no anteponer los intereses generales como sociedad. Y, por tanto, estoy convencida de que hay muchas personas y muchos militantes y dirigentes del Partido Popular, probablemente el propio señor Feijóo, que entienden que hay que renovar con absoluta normalidad, cumpliendo la ley, cumpliendo la Constitución, los órganos que hace más de un año se tendrían que haber renovado. Se entiende mal que alguien que, incluso, se autodenomina partido constitucionalista e incluso que nos excluye a otros, no cumpla la ley y la Constitución. Yo, esto es algo que me cuesta trabajo poder entenderlo porque creo que lo primero para poder uno autoproclamarse constitucionalista es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que ahí dimanan. Y es obvio que la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo son todos instituciones necesarias para el funcionamiento cotidiano de nuestro país, que tienen que ver con otros Poderes del Estado, que están alertando de que se puede obstaculizar el funcionamiento normalizado de estas instituciones, el hecho de no renovar estos órganos..

Y, por tanto, las excusas o las cuestiones que ha planteado el señor Casado y entiendo que de su mano el Partido Popular, desde mi punto de vista son absolutamente inaceptables. Yo no puedo entender cómo el Partido Popular está hablando a fecha de hoy de politización de la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, porque, claro, la pregunta es, ¿es que considera al Partido Popular que este Consejo General del Poder Judicial está politizado? ¿Es que acaso, opina que los Gobiernos anteriores han politizado al Consejo General del Poder Judicial?

Es que no se comparece una expresión de ese tipo con el funcionamiento de nuestro de nuestro Poder Judicial durante los últimos años y creo que el principal líder de la oposición y el partido que lo sustenta, su tarea es ennoblecer las instituciones y no desprestigiarlas con comentarios que creo que lo único que intentan es buscar una coartada para seguir ejerciendo una actitud de bloqueo.

Y la última pregunta en relación con la mesa y las posiciones, como he comentado anteriormente a su compañero, en el momento en que conozcamos los integrantes, la fecha y el lugar, y el orden del día, de esa reunión lo haremos conocer al conjunto de los medios.

P.- Patricia Arce de EFE. Gracias, buenas tardes. Yo tenía una pregunta para la ministra portavoz. El PSOE, en abril de 2018, pocas semanas antes de que llegara a La Moncloa, adquirió el compromiso en la Ejecutiva de cambiar el método de elección a la Agencia Efe, de forma que se hiciera por mayoría cualificada del Congreso. Yo quería saber si este Gobierno mantiene ese compromiso. Muchas gracias.

Portavoz.- No tengo el detalle concreto de esa reunión del Partido Socialista. Sí decirles, que no ha formado parte de la conversación ni del debate sobre el Acuerdo de Progreso que vincula a este Gobierno, y, por tanto, no hay ninguna cuestión que aportar en relación con esta materia. Yo desconozco en qué términos se expresó en aquel momento esta situación, Y, simplemente decirle que nuestro compromiso con la Agencia Efe es claro y nítido, de una absoluta independencia de la Agencia Efe respecto a la traslación de las noticias, de las novedades, que entienda que se tienen que planear. Y, por tanto, no voy a entrar en ninguna valoración, respecto a algún comentario que hemos leído o que hemos escuchado. Porque este Gobierno se caracteriza por otorgar absoluta independencia a todos los órganos que así lo son. No creo que tengamos que justificar nuestras actitudes ni nuestra posición porque los hechos nos avalan en relación con esta materia, y creo que todos ustedes han podido ser testigos.

Más allá de eso, seguiremos con la renovación de los Órganos, como he indicado anteriormente, desde la cautela, y como he dicho también, jocosamente, sin trasladar ningún tipo de inquietud a personas que como el señor Barea han desarrollado un magnífico trabajo, que son profesionales, y que, por tanto, vuelven a su ámbito de su profesión, después de haber prestado un servicio al conjunto del país, y a la sociedad. Este Gobierno está orgulloso y queremos también mostrar nuestro agradecimiento.

P.- Beatriz Fernandez de Europa Press. Buenas tardes. Tenía dos cuestiones para la portavoz. Hace poco más de una semana, el vicepresidente Pablo Iglesias anunciaba que la primera ley que saldría de su vicepresidencia sería la Ley de Protección a la Infancia. Sin embargo, ayer, el ministro de Justicia decía que sería su Departamento y el de Sanidad los que impulsarían esta Norma. Entonces, como se ha generado cierta confusión, me gustaría que nos aclarara qué Departamento va a ser el que lleve el peso de la elaboración del Anteproyecto de Ley.

La segunda cuestión es más bien una curiosidad. Me gustaría saber qué miembros del Gobierno han intervenido hoy en el Consejo de Ministros presidido por el Rey. Gracias.

Portavoz.- Sí, en relación con la primera cuestión. También es, digamos, que un debate similar al que antes también hacía alusión mi compañera respecto al consentimiento, a las relaciones sexuales. Y yo diría que este Gobierno lo que quiere es que los problemas se solucionen y, por tanto, la primera legislación, venga al Consejo de Ministros, abordará esta cuestión. Y, en este caso, creo que es inminente también que el vicepresidente presente esta ley global, integral, de protección de la Infancia y de la Juventud. Y que, por tanto, incorporará aquellos elementos que sean objeto de modificaciones legales.

Dicho esto en el Gobierno, ustedes podrán imaginar, que trabajamos absolutamente coordinada. Es raro que una ley no tenga elementos, aportaciones de otros Departamentos que, independientemente, del marco donde se ubiquen, han tenido que trabajar activamente por aplicar un artículo o por dar la redacción. A mí me ocurre, en muchas ocasiones, con muchos de los proyectos del conjunto del Gobierno. Y a otros Organismos, igual. Eso significa, seguro, que el Ministerio de Justicia, claro que tiene que aportar en términos de la redacción, del sentido de la reforma. Pero, insisto, nosotros somos muy prácticos y operativos y operativas. Y, por tanto, la primera ley que venga, con toda seguridad, la del vicepresidente Iglesias, recogerá el cambio normativo en relación con esa materia.

Y, de las personas que han intervenido en el Consejo de Ministros, me voy a acoger al secreto, no porque sea algo… Hemos explicado, pues, cada una de las áreas, y aquellas personas que coordinan las áreas, me refiero a la reunión con el Rey, hemos trasladado cuáles son las líneas generales para no alargar la reunión; las líneas generales que contempla cada uno de los retos más importantes que tiene este Gobierno y que, como ustedes recordarán, está recogido, incluso la denominación de cada una de las vicepresidencias. Y con eso, sin saltarme el secreto, creo que he respondido perfectamente a la pregunta.

P.- Jorge Sainz de Voz Populi. Buenas tardes. Ministra portavoz, quería preguntarle por un caso que está sucediendo en el País Vasco, este vertedero que se ha derrumbado hace casi 20 días, dos trabajadores desaparecidos, una notable alarma en la población. No sé si esto ha sido objetivo del Consejo de Ministros. Y si han ofrecido alguna ayuda y se ha rechazado por parte del Gobierno Vasco. Y, en cualquier caso, si hay riesgo para la salud de las personas.

También me gustaría preguntarle. La oposición ha llevado a la Fiscalía el caso de la reunión del ministro Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, para que no se destruyan las cintas que pueden contener las imágenes de la reunión, del encuentro, etcétera, que tuvieron. ¿Les preocupa el futuro del señor Ábalos en el Gobierno?

Y a la ministra de Trabajo, una última pregunta. ¿Por qué se excluyó a las principales organizaciones empresariales agrarias de la reunión que mantuvieron hace unos días en su Ministerio? Gracias

Portavoz.- En relación con el accidente o incidente ocurrido en el vertedero, y lamentando el que todavía no se hayan podido localizar a las dos personas fallecidas y las molestias y los inconvenientes que está habiendo en el entorno, del veredero, decir que nosotros no necesitamos abordar la cuestión en el Consejo de Ministros como tal, porque la coordinación interadministrativa, entre las diferentes Administraciones, funciona desde el primer minuto donde aparece una situación de causa mayor. Y, además, los Gobiernos requieren de la coordinación con otros. En este caso, yo diría que la recomendación de este Gobierno es que la población atienda todas las recomendaciones que está haciendo el Gobierno Vasco, respecto a la ciudadanía que vive en el entorno del vertedero, básicamente, de la exposición al aire libre, o no hacer deporte durante determinada parte de la jornada. Yo creo que hay que estar absolutamente coordinado, y sabe el Gobierno Vasco que cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España para cualquier cuestión que entienda que podamos ayudar en materia de rescate, o en materia de cualquier incidencia que ellos entiendan que podamos plantear.

Pero insistimos en que hay que hacer, hay prestar mucha atención a las recomendaciones de las autoridades, sobre todo, de las autoridades sanitarias que por la inhalación del humo han recomendado algunos hábitos preventivos, que lo que permite es intentar proteger la salud de la población, independientemente de que en este momento se esté atacando a las causas que han provocado el derrumbe, o que están provocando la salida de humo.

Después, en relación con el siguiente tema, le tengo que decir que a este Gobierno no le preocupa en absoluto, una materia que, de verdad les digo, no da más de sí. Es que el señor Ábalos cumplió con su obligación, y, además, lo hizo generosamente de evitar un conflicto diplomático. Lo hemos dicho en todas las versiones posibles.

El propio señor Guaidó ha tenido que salir al paso, después de todo estos comentarios diciendo que el Gobierno de España y, concretamente, el señor Sánchez fue el primero que lo reconoció como presidente encargado de Venezuela. Que mantenía una magnífica relación con la ministra de Asuntos Exteriores y que no había nada respecto a este tema, ni que le preocupara, ni que le pareciera lógico.

Yo creo que hay que darse con que el protagonista principal, que es el señor Guaidó, que ha transmitido esta cuestión, y nosotros seguimos manteniendo lo que siempre hemos dicho, que es la necesidad de que en Venezuela se hagan unas elecciones libres, democráticas, con garantías lo antes posible. Porque sería bueno, conveniente, para el conjunto de la población venezolana, en esa posición estábamos, en esa posición estamos. Y, por tanto, creo que seguir intentando prolongar una situación ahora con una denuncia en la Fiscalía, en relación con el futuro del señor Ábalos, créanme, creo que este país tiene problemas muy importantes, tiene problemas muy urgentes. Y nos llama poderosamente la atención que el principal partido de la oposición esté más preocupado por estos entornos, porque, probablemente, entienden de forma errónea que pueden producir un desgaste al Gobierno, y ya les digo yo, que de forma errónea. Pero que me parece que los ciudadanos lo que quieren y lo que piden es hoy hablemos de los temas que hoy ha abordado el Consejo de Ministros que son tan importantes como, cómo vamos a financiar los servicios públicos, qué pasa cuando un trabajador está de baja. Por qué una mujer a lo largo de su vida laboral, tiene o no, que cobrar más o menos, o en su pensión definitiva. Y creo que esto es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa. Y esa cuestión creo que ya ha tenido un recorrido irracional para la materia de la que se trataba.

Sra. Díaz.- Sí, respondiendo a su pregunta. Creo que a esta ministra y al Ministerio de Trabajo pueden ustedes criticarles lo que consideren oportuno, pero créanme que, desde luego, la cantidad de conversaciones, de diálogos, no sólo de diálogos sociales, sino de diálogos permanentes, a diario, que tenemos bueno, llegar a ser, incluso, extenuantes. Por tanto, le contesto a su pregunta. No se ha excluido, no entiendo bien la pregunta. Las principales organizaciones agrarias, entiendo que no me quiere decir que las principales representantes sindicales del campo, también son principales. Digo, porque, simplemente, como conocen, hoy mismo se va a celebrar esa reunión, y lo que hemos valorado es, digamos, que entablar dos reuniones en una, en la que estén las OPAS, y otra, en la que esté, digamos, la parte sindical, porque nos parecía que tienen abordajes diferentes. Pero no hay exclusión, niego la mayor. Y, desde luego, no hay ninguna falta de diálogo por parte del Gobierno de España que, en esta materia, además, quiero señalar que el trabajo que se está haciendo es ingente, si me permite. Tenemos escasas competencias desde el Departamento que dirijo, pero aun así, estamos trabajando para buscas todas las posibilidades para ayudar a uno de los principales problemas que tiene hoy en día nuestro país.

Termino con una afirmación: el campo, la agricultura es como, si me permiten, un sostenedor de la vida. Es clave. Es clave lo que estoy afirmando, por tanto, los esfuerzos que estamos haciendo son ingentes. Pero entiendo que los más representantes, los más importantes lo son todos, tanto los patronales como las sindicales, y entiendan que hemos valorado que son dos planteamientos diferentes, y nos parecía que tenían que tener abordajes diferentes, sin perjuicios, estoy segura que habrá un diálogo conjunto como se hace siempre en el conflicto social.

P.- Mercedes Serraller, de "Expansion". Muchas gracias. A la ministra de Hacienda le quería plantear dos cuestiones. Por una parte, si en las tasas que, podemos más o menos confirmar, quitando el tema de la liquidación, en diciembre de este año, el resto de cuestiones son las que estaban en los textos que se aprobaron en el año pasado, me estoy refiriendo a reducir las sociedades de Google, que están dentro de las operaciones y una liquidación mensual. Luego, le quería preguntar, usted ha contado, que estaba mirando deducciones del Impuestos sobre Sociedades, creo que para ajustarlas, está mirando también la AIReF, si ya cree que lo va a hacer este año, también porque a lo mejor necesitaría estos ingresos, y si también podría mirar deducciones del IVA para que haya más subida en el IVA y también en el IRPF que está también mirando la AIReF. Muchas gracias.

Portavoz.- Sí, sin denominarla con ningún apellido concreto, porque es una tasa digital, un impuesto digital, lo que persigue es la justicia fiscal digital, por tanto, no tiene nada que ver ni con compañías de origen, ni tiene ningún apellido que pueda aludir concretamente a ninguna empresa. Son prácticamente iguales, excepto con esa salvedad que he comentado, con una disposición transitoria que los pagos anticipados se los lleva un único pago en el año 2020, y por una única vez, para intentar procurar ese consenso internacional, que entre todos estamos intentando lanzar.

Y de la misma manera, pues decir que aunque no viene en el texto de Ley, sí viene en el preámbulo, no en el articulado, la intención de este Gobierno de cuando tengamos este consenso internacional, que espero que esté pronto, de adaptar nuestra legislación, si es que hay algo que le separa, o que difiere de ese contexto internacional.

En relación con el resto de la fiscalidad, decirle que estamos esperando los informes de la AIReF, respecto a algunos de los beneficios fiscales o de las deducciones fiscales que se le encargaron exproceso. Seguiremos trabajando con ello, en algunas de ellas, y, por tanto, cuando tengamos estudiado efectivamente, qué alcances tienen esas deducciones, si realmente sirven para su fin, les presentaremos el programa de trabajo que el Ministerio de Haciendas les planteará en base a esas evidencias y a esos datos cuantitativos que ese organismo y la propia Agencia Tributaria va a poner a disposición del Ministerio de Hacienda. Pero, insisto, en que lo haremos en el momento en el que tengamos una evidencia con datos que nos permitan saber si esas deducciones o si estos incentivos fiscales realmente consiguen el objetivo para el que están diseñado o han perdido su vigencia, o aparece uno nuevo que realmente nos importan en materia de cómo tenemos conducir al conjunto de la sociedad. Lo haremos en su momento.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)