​Conferencia de prensa de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y del ministro de Sanidad tras la reunión del Consejo de Ministros

La Moncloa, martes 9 de junio de 2020

MINISTRA DE HACIENDA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO_ María Jesús Montero Cuadrado

VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030_ Pablo Iglesias Turrión

MINISTRO DE SANIDAD_ Salvador Illa

Portavoz.- Buenas tardes a todos y a toda. En primer lugar quería decir que hoy hemos celebrado el primer Consejo de Ministros presencial tras casi tres meses de reuniones virtuales y por tanto creo que intentando, también, desde las reuniones habituales y escalando de forma adecuada volver a esa nueva normalidad a la que todos nos dirigimos y ha sido también una alegría reencontrarnos con los compañeros del Consejo de Ministros que teníamos que interactuar con ellos a través de la videoconferencia.

Como siempre quiero comenzar esta rueda de prensa con un recuerdo especial para todas las víctimas de esta pandemia, nuestro aliento, también, a las personas convalecientes, las que aún se encuentran en el hospital, los familiares de las personas que los tienen que cuidar y nuestro agradecimiento a los profesionales sanitarios en palabras de Pau Dones, el vocalista de Jarabe de Palo que nos ha dejado en el día de hoy, esos "ángeles que se visten de blanco". Gracias a todos.

Me acompañan, como ven, en esta rueda de prensa por un lado el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, quién les va a informar sobre una de las iniciativa más importantes, más relevantes, que un país puede adoptar, que no es otra que la protección de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes frente a la violencia. Y de otro lado, también, me acompaña, como viene siendo habitual, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para trasladar en qué punto nos encontramos hoy en relación a esta pandemia sanitaria y a la desescalada y también para contarles el Real Decreto-ley que hemos aprobado esta mañana con las medidas que se tienen que adoptar una vez que finalice el Estado de Alarma, la llamada nueva normalidad.

España es sin duda un país comprometido con los Derechos de los niños y de las niñas, con su bienestar y con todo su desarrollo, pero todavía tenemos muchos aspectos que mejorar en la protección de quienes son uno de los colectivos más vulnerables en nuestra sociedad. Recuerdan ustedes que hace unos días aprobamos el Ingreso Mínimo Vital, que tenía entre sus objetivos combatir la pobreza infantil, que en España alcanza una de las tasas más elevadas de Europa, y como recordó el propio presidente del Gobierno este domingo, el próximo 26 de junio 255.000 familias van a recibir este Ingreso Mínimo Vital, en donde en la mitad de esos hogares residen justamente niños y niñas y hoy también completamos, avanzamos, con la aprobación de este Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Por qué este Gobierno considera que como el conjunto de nuestra sociedad que los niños y niñas merecen ser felices y vivir empleándose en entornos adecuado y la sociedad tiene que arbitrar los mecanismos que lo permitan y que lo hagan posible. De otro lado tenemos también que garantizar que quienes no respetan este marco se encuentren con toda la fortaleza de nuestro Estado de Derecho, tolerancia cero a los abusos a la violencia, pero también tolerancia cero a la impunidad. Es un imperativo, yo diría, social y moral que protejamos a los más débiles frente a los abusos, frente a la violencia, al maltrato o la explotación que saquemos a la luz lo que décadas de silencio no han permitido, que desaparezca, que nos dotemos de herramientas para prevenir, para detectar precozmente los abusos y también para garantizar la reparación de las víctimas. Proteger a los niños, a las niñas de hoy es asegurar una sociedad mejor en el presente pero sobre todo en el futuro. Es que era un compromiso prioritario de nuestro Gobierno de coalición y en el que hemos venido trabajando de la mano de las asociaciones de víctimas y por tanto recoge aspiraciones, expectativas de todos los sectores, a quien queremos agradecer el trabajo que ha servido de base para que hoy presentemos este Anteproyecto.

Ahora les explicará el vicepresidente segundo cuáles son sus detalles, pero también para garantizar y para proteger a los menores, necesitamos contar con un sistema educativo que sea robusto, que facilite la integración y que contribuya sobre todo a la igualdad de oportunidades, un ascensor social que permita que las personas puedan desarrollar su proyecto vital con independencia de su lugar de origen, de la familia en la que han nacido y en este sentido me gustaría poner en valor que de los 16.000 millones de este Fondo COVID que se ha puesto a disposición de las comunidades autónoma. 2.000 millones de ese importe irán destinados, justamente, a la educación, porque el Gobierno tiene claro que sin una educación pública, sin una sanidad universal y de calidad no existe un estado de bienestar, por eso son los dos ámbitos, los dos extremos, en los que actúa que las comunidades autónomas van a recibir y que no tendrán que devolver ni le generará ni deuda ni intereses, no se trata por tanto de un préstamo, se trata de una transferencia para contribuir a robustecer tanto el sistema sanitario como el sistema educativo.

De otro lado también me gustaría en el repaso habitual que hacemos sobre la pandemia señalando la normalidad con la que España está avanzando en este proceso de desescalada. Ayer lunes el 52 % de los españoles, aproximadamente 25 millones de personas, se encontraban ya en Fase 3 y un 48%lo tenían o lo hacían en la Fase 2. Esto quiere decir que nos queda ya un recorrido muy corto apenas unos metros para entrar en lo que hemos denominado nueva normalidad. Es un recorrido que queremos transitar, tenemos que hacerlo de forma segura y con todas las precauciones posibles. Aun así desde el Gobierno tenemos que volver a insistir en los mensajes de prudencia y de cautela. Esta crisis ha demostrado no sólo la fortaleza de nuestro Estado del bienestar, sino también la fortaleza y la riqueza de nuestro sistema institucional a través de un instrumento constitucional como ha sido el Estado de Alarma hemos logrado combatir y frenar la propagación del virus, por eso queremos transmitir que nuestra Constitución ha demostrado que cuenta, en sí misma, con herramientas eficaces para afrontar los mayores desafíos. La llegada de esta nueva normalidad es un buen reflejo del funcionamiento que ha tenido el Estado de Alarma y aunque ahora tengamos un mejor control de nuestra enfermedad, estemos mejor preparados como país y mientras no tengamos una vacuna o un tratamiento eficaz sigue siendo el virus una amenaza para nuestra seguridad. Yo creo que esto lo conocen bien todas la familias y también sobre todo aquellas que han perdido a una persona querida y que se han visto enfrentando un trance tan doloroso, por otra parte el mensaje que se quiere llegar y que se quiere transmitir es muy claro, porque el papel de cada uno de nosotros es clave en esta pandemia, tenemos todavía una responsabilidad importante con nosotros mismos, pero sobre todo con las personas que queremos, no podemos bajar la guardia, no podemos actuar de manera ligera pensando que todo ha pasado y que ya estamos a salvo. De hecho hasta que no tengamos la vacuna, el tratamiento eficaz contra el virus tendremos que seguir manteniendo las precauciones que el ministro de Sanidad va a detallar ahora, también, a continuación con el relato de este Real Decreto-ley de nueva normalidad.

Brevemente les traslado otro tema que ha abordado el Consejo de Ministro, a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que ha dado luz verde a la para la remisión a las Cortes de la Ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Es una propuesta legislativa que adapta la normativa actual a los nuevos objetivos de reducción de emisiones que la Unión Europea se ha marcado como contribución al Acuerdo de París y que se concreta en que al menos un 40% de las emisiones tiene que bajar en 2030 con respecto a los valores del año 90. La principal novedad de esta norma reside en que se refuerzan las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y también se facilita la inversión en tecnología baja en carbono. Este sistema de comercio de derechos de emisión es la herramienta de la Unión Europea para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria del sector de generación eléctrica y del transporte aéreo, así en el año 19 las emisiones de estos sectores por el comercio de derechos de emisión se redujeron un 35%en la Unión Europea y un 45% en España en ambos caso una cifra relativa al año 2005, primer año de funcionamiento de este régimen. En España afecta a casi 970 instalaciones, a unos 30 operadores aéreo y las emisiones que estos sectores representan están en torno al 40% de las totales nacionales de todos los gases de efecto invernadero.

Cómo ven el hecho de que nuestra prioridad en estos meses haya sido la lucha contra la pandemia no ha impedido que el Gobierno haya seguido trabajando en los asuntos prioritarios de su agenda, en este caso concreto grandes avances en la lucha contra el cambio climático. En las últimas semanas se ha aprobado en este Consejo de Ministros medidas como la Estrategia Española de Economía Circular el Anteproyecto de Ley de Residuos, todos ellos, conjuntamente con este, que sientan las bases de un cambio de modelo productivo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. En definitiva España no va a perder el tren de la revolución verde y lo ve como una oportunidad para fortalecer nuestro tejido productivo.

Otras cuestiones que se han abordado en el Consejo de Ministros la podrán encontrar ustedes en la referencia, y sin más cedo ahora la palabra al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Sr. Iglesias.- Muchísimas gracias portavoz, buenos días a todos y a todas. Hace 20 años, casi, vi una película que me marcó y creo que como a mí a mucha gente en este país, una película de Achero Mañas protagonizada por un jovencísimo Juanjo Ballesta "El Bola", que hablaba de la violencia contra los niños y niñas. A mí esa película me revolvió las tripas y creo que fue capaz de poner encima de la mesa una gran tarea pendiente de nuestras sociedades. Han sido muchos movimientos sociales, muchos activistas, los que han insistido en la necesidad, junto a muchos organismos internacionales de que las democracias avanzadas se doten de instrumentos para proteger a niños niñas y adolescentes de la violencia, por eso para mí es un enorme honor, como vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 de este Gobierno presentar hoy el Anteproyecto de Ley Integral de la infancia y la adolescencia frente a todo tipo de violencias.

Mucha gente llama a esta nueva Ley la Ley Rhodes por el trabajo que ha hecho este pianista, James Rhodes, que sufrió abusos sexuales durante su niñez, el trabajo que ha hecho para que una norma así fuera posible. Junto al trabajo de James querría dar las gracias, insisto, a todas las ONGs, a todos los activistas, a todos los que han puesto su granito de arena para que hoy podamos presentar aquí este este Anteproyecto.

Se trata de una Ley que va a ser fundamental para proteger, por fin, los derechos de la Infancia y la Adolescencia en nuestro país. Como ustedes saben se tenía que haber presentado un poco antes, estaba prácticamente acabado el Anteproyecto antes de que comenzara la pandemia, por la pandemia hemos tenido que retrasarla hasta el día de hoy.

Quiero destacar que es una Ley cuyo desarrollo se ha producido a lo largo de varios Gobiernos de distinto signo político, y nos vamos a esforzar mucho, también, en el trámite parlamentario para que sea una Ley de amplio consenso. Las ideologías no tienen que separarnos a la hora de contar con una normativa que proteja a los niños y niñas y adolescentes en España de la violencia, y me voy a esforzar mucho para que así sea.

El paso que hemos dado ha sido gracias al trabajo coordinado de la vicepresidencia social con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Interior, también con el Ministerio de Educación, hemos recibido muchas aportaciones, también, del Ministerio de Igualdad y como decía para mí es un orgullo impulsar esta Ley que presentamos y como les decía tenemos el compromiso de mejorar en el trámite parlamentario.

Como saben en 2018 el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas reiteró la necesidad de que España aprobara una ley integral frente a la violencia contra niños y niñas análoga a la aprobada contra la violencia machista. Esta Ley responde a una amplia demanda social y con ella nuestro país se va a colocar al nivel de los estándares internacionales más altos en lo que se refiere a la protección de la infancia y nos ponemos al día respecto a las obligaciones que nos impone la Convención sobre los Derechos del Niño, el Tratado de Lisboa, nuestra propia Constitución y por supuesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Permítanme que les dé algunos datos, se pueden imaginar que no es fácil tener datos globales fiables y sistemáticos de la violencia contra los niños, porque es un problema muchas veces invisibilizado, porque se da en ámbitos muy privados, pero hay algunas cifras que quiero que ustedes conozcan. Según la estadística oficial del Ministerio del Interior en España hubo 38.000 personas menores de edad que fueron víctimas de algún ilícito penal, los datos oficiales sobre medidas de protección a la infancia en 2018 arrojan un total de casi 50.000 niños niñas y adolescentes atendidos por las entidades públicas de protección de menores de las comunidades autónomas, la macroencuesta de Violencia Contra la Mujer del Año 2015, llevada a cabo por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, estableció que dos de cada tres mujeres entrevistadas afirmaban que sus hijos presenciaban episodios de malos tratos y de ellas el 92,5% aseguraba que sus hijos tenían menos de 18 años cuando se producían los hechos. Dentro de este porcentaje, ya elevadísimo, el 64,2% de las víctimas que tenían hijos menores de 18 años manifestaban que la violencia también había recaído directamente sobre los niños. Según datos de Save the Children en España el 9,3% de los alumnos declara haber sufrido acoso y un 7%declara haber sido víctima de ciberacoso.

La envergadura y el carácter multifacético de este fenómeno es lo que explica que la Ley que presentamos hoy tenga un enfoque integral. Qué quiere decir que es un enfoque integral que interviene en el ámbito educativo, en el preventivo, que establece nuevas tareas y obligaciones para las instituciones públicas, también en el apoyo familiar, en los servicios sociales, en la manera en la que puede actuar la publicidad, en las redes sociales y por supuesto también en el terreno específicamente del derecho penal. En concreto esta norma busca establecer un nuevo paradigma de protección común en todo el territorio del Estado frente a la vulneración de los Derechos del Niño, poniendo como prioridad fundamental de esta norma la prevención. Se trata de establecer barreras de protección más amplias para los niños niñas y adolescentes en nuestro país, les detallo algunos aspectos cruciales de la Ley.

La ley establece el deber para cualquier ciudadano de comunicar a las autoridades, de manera inmediata, cualquier indicio de violencia ejercida sobre niños niñas y adolescentes. También esto es muy importante cuando lo haya cometido el cónyuge o familiares cercanos y esta obligación incumbe especialmente a colectivos profesionales que trabajan con niños y niñas de lo que se trata es de implicar a toda la sociedad y acabar de una vez con la impunidad que permitía la invisibilización de este tipo de delitos y situaciones. De esta forma estamos enmarcando la violencia contra la infancia no como un problema del ámbito privado, porque no es un problema privado, sino como un problema social. Esta ley va a garantizar el acceso universal de niños niñas y adolescentes a los servicios sanitarios de tratamiento y de rehabilitación; en coordinación con el Ministerio de Educación se establece una nueva figura para el ámbito escolar, el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, todos los centros educativos tendrán que tener un coordinador o una coordinadora de bienestar y protección, asimismo tendrán que tenerlo las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio y se establecerán, lógicamente, protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, de ciberacoso, de acoso sexual, de violencia de género, de suicidio, de autolesión o de cualquier otra forma de violencia. Era ya necesario en España abordar de una vez el problema del "bullying", que se da en muchos centros escolares y, también, la discriminación y violencia que sufren muchos niños niñas y adolescentes que pertenecen a colectivos vulnerables por razón de su orientación o su identidad sexual o de género. Hay que afrontar, también, con instrumentos nuevos lo que significa el ciberacoso, el acoso a través de redes sociales, como una nueva forma de violencia contra la infancia y la adolescencia que requiere una respuesta específica por parte de los poderes públicos. Para ello se regula un canal específico de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos para garantizar el derecho a la protección de los datos personales y sobre todo la rápida retirada de Internet de los contenidos que atenten gravemente contra el mismo. Se crean nuevos tipos delictivos para evitar impunidad en las violencias ejercidas por medios tecnológicos y comunicación, que como todo el mundo sabe, producen graves riesgos para la vida y la integridad de las personas menores de edad, como las que promueven el suicidio, la autolesión o trastornos alimenticios entre niños niñas y adolescentes.

Otro ámbito fundamental de esta Ley tiene que ver con la formación. Con esta ley se van a garantizar la formación específica en derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia para los profesionales, para todos los profesionales, que tengan un contacto habitual con niños y niñas y al mismo tiempo se va a exigir, se va a asegurar, la existencia de unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a nivel estatal autonómico y local y también se van a dar nuevos espacios de formación en derechos de la infancia y de la adolescencia para jueces y fiscales. Se reconoce además el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los menores de edad y como ocurre de manera similar con las víctimas de violencia sexual, pues como saben ustedes muchas víctimas de violencia en la infancia tienen miedo a denunciar por el problema que tiene la revictimización cuando tienen que declarar muchas veces cuando se les somete a situaciones, digamos, regulares en otro tipo de procedimientos pero que tratándose de niños crean muchísimas dificultades psicológicas. Para eso se va a trabajar, específicamente, en la formación tanto de policías, jueces y fiscales y se va a evitar que las víctimas menores de 14 años o con discapacidad tengan reiteradamente que declarar y así revivir varias veces el horror que han podido sufrir un colectivo de niños niñas y adolescentes que precisan una atención específica con muchísimo cuidado son los menores tutelados.

Esta Ley integral establece la obligación de fijar protocolos de prevención en todos los centros de protección de menores, con instrumentos concretos y específicos para la prevención y detección precoz ante posibles casos de abuso explotación sexual y de trata de personas menores de edad. Como saben ustedes la semana pasada supimos que un niño de nueve años que vivía en un piso tutelado en Navarra se había quitado la vida. Es fundamental establecer mecanismos de prevención para evitar que situaciones como estas se puedan producir.

Otro elemento muy importante de esta Ley es una nueva regulación de los delitos de odio, incorporando la edad como criterio de discriminación, tanto sobre niños, niñas y adolescentes, pero también sobre personas de edad avanzada, incluyendo la fobia, el odio a las personas mayores y la exclusión, perdón, a las personas pobres y la exclusión social dentro de estos tipos penales.

Uno de los aspectos claves, también, en el ámbito penal, y esto era crucial, era cambiar los plazos de prescripción. Los delitos graves contra menores no empezarán a correr los plazos hasta que la persona, ya adulta, que fue víctima en su infancia o en su adolescencia de violencia cumpla los 30 años porque lo que ocurría es que muchos adultos que fueron niños y niñas víctimas de malos tratos y de violencia necesitaban un proceso de maduración para enfrentarse a su propio pasado y presentar las denuncias. Bueno, pues hasta que no cumplan 30 años no empieza a correr el plazo de prescripción en estos delitos, para evitar así situaciones de impunidad conocidas por todo el mundo que han sido escandalosas.

Otro punto que quiero destacar mucho es que la Ley marca como obligatoria la privación de la patria potestad a los condenados por homicidio o asesinato en caso de que el agresor y la víctima tuvieran un hijo en común o cuando la víctima fuera hijo del agresor. Por decirlo en román paladino, un asesino machista jamás puede ser un buen padre y por lo tanto no puede tener derecho, hasta ahora esto quedaba a discreción de los jueces, la patria potestad. A partir de ahora la posibilidad de que esa situación se produzca se elimina con esta Ley.

La Ley establece también la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia como órgano de cooperación entre las diferentes administraciones y se establece al mismo tiempo una Comisión de seguimiento.

Por último, también, hay cambios, como decía inicialmente, lo relativo a la publicidad se prohíbe la publicidad que por sus características pueda provocar en personas menores de edad niños y niñas la adopción de conductas violentas sobre sí mismas o sobre terceros así como la publicidad que integre una serie de estereotipos de carácter sexista, racista, homófobo o transfóbico.

Quería terminar esta exposición haciendo algunas consideraciones de fondo. El maltrato infantil es una causa de enorme sufrimiento para niños y niñas, que tiene consecuencias a largo plazo que implica problemas de conducta, problemas físicos, problemas mentales muchas veces que condicionan la vida de estas personas cuando son adultas. Garantizar que en una sociedad avanzada como la nuestra estas situaciones se evitan y hay unas instituciones y unos poderes públicos que trabajan para proteger a niños y niñas es asegurar un país mejor y una sociedad más avanzada. James Rhodes escribía que si comparásemos la vida con correr un maratón los abusos sexuales en la infancia tienen el efecto de quitarte una de las piernas y cargarte con una mochila llena de ladrillos. Quiero dar las gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales cuya labor ha sido fundamental para que se tomara conciencia de que era necesaria una Ley como ésta, gracias a todos los colectivos, ONGs y organizaciones de la sociedad civil que llevan décadas defendiendo los derechos de la infancia, y también quiero, para terminar, pedir perdón, pedir perdón en nombre de los poderes públicos a todas las víctimas de esta violencia execrable para los que hemos llegado tarde, ojalá sus historias sirvan para que nunca más les vuelva a suceder a otros niños niñas y adolescentes en España lo que les pasó lo que les pasó a ellos y ellas. Les pido perdón y al mismo tiempo les manifiesto el compromiso de este Gobierno para que lo que les ocurrió no le vuelva a ocurrir nunca más a los niños y niñas de nuestro país.

Portavoz.- Muchas gracias vicepresidente segundo y ahora le paso la palabra al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Sr.Illa.- Muchas gracias, ministra portavoz. Me gustaría compartir con ustedes dos cuestiones, en primer lugar, una breve de dónde estamos en España desde que el 14 de marzo, el Gobierno decretó el estado de alarma ha sufrido de los confinamientos más duros. Esto es justamente lo que ha permitido que tengamos una desescalada más segura y más rápida. Recordaba antes al ministro portavoz que ya desde ayer un 48 por ciento de nuestros ciudadanos están en fase II ,unos 23 millones de personas y 52 % de la población 25 millones de personas aproximadamente está ya en fase III. Sabemos que en esta fase de acuerdo a los términos del último decreto del arma al que dio validez el Congreso de los Diputados recae en los presidentes autonómicos la decisión sobre las medidas y el contenido concreto de las medidas a adoptar en esta fase y también, en particular, sobre el levantamiento en la progresión a la nueva normalidad y, por tanto, el levantamiento del decreto de alarma en estas comunidades autónomas de estas unidades territoriales que están en fase III Por lo tanto estamos superando una situación muy excepcional una pandemia la mayor vista en los últimos 100 años y en esta nueva etapa, en esta nueva normalidad, la prevención y el control la responsabilidad individual son elementos centrales.

Justamente, paso a la segunda consideración, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que podríamos llamar de Nueva Normalidad, el nombre completo es real decreto ley de medidas urgentes de prevención contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 y que recoge todas aquellas medidas que estaban vigentes en el período de estado de alarma y que deben de seguir en vigencia hasta que derrotemos definitivamente al virus, que será cuando tengamos una terapia eficaz una vacuna efectiva contra el mismo. La vigencia por tanto de este Real Decreto ley se estipula en el texto del mismo hasta que el Gobierno declare de forma motivada habiendo escuchado a las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas y previo informe del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias, que esta crisis sanitaria ha concluid. Hasta este momento, estas medidas estarán vigentes y se recoge en el real decreto ley.

En primer lugar, las medidas de prevención e higiene. Quiero destacar aquí el uso obligatorio de mascarilla de los términos que ustedes ya conocen siempre que no se puede mantener una distancia de 1,5 metros. Se contemplan también todas las medidas que ya estarán vigentes en materia de prevención higiene en centros de trabajo, en centros docentes, en hospitales, establecimientos sanitarios, en hoteles, en establecimientos comerciales y en otros sectores de actividad, siempre tomando como referencia a la distancia el aseguramiento de una distancia interpersonal que es una medida clave como ustedes saben de como mínimo 1,5 metros. Se establece también que los centros de residenciales de personas mayores deben de estar coordinadas con los centros de los recursos sanitarios de su comunidad autónoma, del territorio en el que se ubican y deben de tener preparados planes de contingencias para hacer frente a eventuales brotes del Covid. Se establece que en dos actividades deportivas muy concretas, la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB, en cuanto a las medidas correspondientes a las medidas de prevención que tienen que adoptar la decisión va a recaer en el Consejo Superior de Deportes, previa consulta con los organizadores de ambas competiciones, con las comunidades autónomas y con el Ministerio de Sanidad, esta excepción me parece pertinente destacar la actitud de ustedes.

También se prevén medidas en materia de transportes. Quiero destacar la obligatoriedad por parte de los operadores de transporte con asiento preasignado de mantener los registros de los pasajeros con el correspondiente asiento con un mínimo mínimo de cuatro semanas para poder garantizar la trazabilidad en el caso de que se produjeran algún caso positivo en el medio de transporte en cuestión. Excepcionalmente se habilita el director general de la Marina Mercante a tomar medidas de control de pasajes en buques y ni en cruceros.

También se adoptan medidas en materia de medicamentos y productos sanitarios, en concreto, se faculta a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a recabar información a los fabricantes sobre aquellas operaciones de producción que tienen previstas para garantizar la disponibilidad de aquellos medicamentos o productos sanitarios que sean necesarios y, eventualmente, de organizar la prioridad de fabricación que más convenga a la evolución de la epidemia.

También, se faculta a la Agencia Española de Productos de Medicamentos y Productos Sanitarios al otorgamiento con carácter excepcional de licencias de funcionamiento de instalaciones para garantizar la fabricación en su territorio de productos sanitarios y medicamentos que sean necesarios. Se hace mucho hincapié en todos los mecanismos de detección precoz y vigilancia epidemiológica. Se ratifica que el Covid19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente. Se da continuidad a las obligaciones de recogida tratamiento revisión información por parte de todos los operadores sanitarios y también de las comunidades autónomas y se pone también el énfasis necesario en el hecho de que se tiene que realizar pruebas diagnósticas, por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular similar, tan pronto como sea posible en aquellos casos que se detecten precozmente en toda la red de atención primaria y la Red Asistencial de nuestro de nuestro país.

También finalmente se estipuló una serie de medidas para garantizar las capacidades del sistema sanitario en la eventualidad de que hubiera un rebrote que estamos intentando por todos los medios de evitar y por tanto se especificar los recursos en materia de profesionales sanitarios y también, en materia de disponibilidad de camas que hay que tener preparados y los planes de contingencia que hay que tener preparados en un periodo breve de tiempo poder escalar las capacidades asistenciales del sistema.

En definitiva, todas aquellas medidas que consideramos que hasta que no se declare el fin por parte del Gobierno en los términos que les indicado de esta crisis sanitaria, es decir, hasta que no tengamos derrotado accidenta el virus tienen que mantenerse en vigor. Quiero señalar que el texto de este Real Decreto, el borrador del real decreto ley fue sometido a la consideración del Consejo Interterritorial de una forma excepcional y, por tanto, las comunidades autónomas han podido hacer llegar las observaciones también a otros grupos y, por tanto se ha hecho con la máxima voluntad de consenso que esperamos que se vea reflejada en su ratificación en el Congreso de los Diputados cuando por los plazos procesales necesarios, así sea necesario.

Y quiero acabar como siempre hago con una de las redes cimiento a la ciudadanía que en su inmensa mayoría da un cumplimiento ejemplar de todas aquellas medidas que son necesarias: la distancia interpersonal, el uso de la mascarilla, el lavado de las manos la higiene de espacios públicos y privados que son las cuatro cosas que son como los cuatro puntos cardinales que hemos de tener muy presentes en esta etapa de fin de la desescalada y de normalidad pues dar las gracias a la ciudadanía por el cumplimiento ejemplar de las mismas y decirles que ahora más que nunca, es muy importante seguir manteniendo esa actitud de responsabilidad individual a la que tanto hemos apelado y que tan buen resultado ha dado.

Portavoz.- Muchas gracias al ministro y ya si pasamos a la ronda de preguntas que los compañeros de la prensa o a través de la videoconferencia nos quieren hacer llegar. Secretario de Estado vamos allá.

Secretario de Estado de Comunicación.- Gracias, ministra portavoz. Hoy pregunta a Europa Press, la agencia catalana de noticias IB3, RAC1, Castilla y León televisión, Telemadrid, Berliner Zeitung, El Español y Canal Extremadura. Rogamos a los compañeros que den su nombre al formular las preguntas, comenzamos por Europa Press que está en la sala de prensa.

P.- Muy buenas tardes a todos. Tenía preguntas para los tres.

Empiezo si les parece bien El ministro de Sanidad, que lo tengo más cerca en el decreto de nueva normalidad. Me interesaría saber qué cambios se han introducido con respecto al borrador que conocimos el viernes a petición de los grupos parlamentarios con los que ustedes cuentan para su convalidación. Sobre todo, quería saber si se mantiene esta disposición adicional por la que se reformaría la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Sanidad, que le habilitaría a usted en caso de necesidad a dictar actuaciones coordinadas sin contar con el acuerdo previo de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial. También, una cuestión no sé si el Estado va a tener que pagar a AENA por los controles sanitarios que se hagan en el aeropuerto. Esa duda me interesaba.

Luego a la ministra portavoz, le quería preguntar por las últimas decisiones que hemos conocido de la Fiscalía en esta semana. En primer lugar, la petición de archivo de la causa abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid por autorizar el 8-M en ese escrito incluso se le reprocha a la juez que no haya identificado con claridad el hecho ilegal unido también a la decisión de la Fiscalía que plantea una condena alternativa para Trapero que no conlleva pena de cárcel. Y todo ello unido al hecho de que la Fiscalía haya dado publicidad al hecho de que sea la Fiscalía del Supremo la que asuma la investigación sobre el mérito que esto era una cosa un poco una cuestión interna y que vamos que se esperaban, no ha habido ningún elemento nuevo. Mi pregunta va en este sentido ¿Al Gobierno le preocupa que se pueda extender entre la opinión pública la idea de que como la Fiscalía General del Estado está dirigida por una exministra socialista puede haber decisiones en las que se vean influidas por un interés político?

Y luego para el vicepresidente el vicepresidente segundo. Usted en una entrevista en televisión comentaba que lo ocurrido en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León había sido un escándalo sino un crimen. ¿No? Quería saber si usted considera necesario que se emprendan acciones legales contra estas administraciones de cara al futuro si su departamento se plantea ejercer algún tipo de supervisión en esta cuestión. Y también le quería preguntar si usted tiene confianza plena en el compromiso democrático de la Policía y la Guardia Civil y si vería oportuno acometer cambios en la Guardia Civil como, por ejemplo, desmilitarizar este cuerpo. Muchas gracias.

Sr.Illa.-Muchísimas gracias por su pregunta. Bien, como he dicho antes ha hecho un esfuerzo para recoger el máximo de aportaciones que pudieran mejorar el borrador inicial de este Real Decreto-Ley. Por ejemplo, ha habido peticiones en el sentido de precisar hasta cuándo estará en vigencia el mismo no especificado en mi intervención inicial hasta que el Gobierno tome la decisión motivada previa deliberación del Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y con el informe del CAEES de que se den las condiciones para dar fin a esta etapa con estas medidas de normalidad. Ha habido otras aportaciones por ejemplo tendentes a purificarla la distancia interpersonal en 1,5 metros en el que se dejaba entre 1,5 y 2 metros y como usted mismo también ha admitido aportaciones referentes a la Disposición Final Segunda y hacemos dos modificaciones de la Ley de Cohesión del año 2003: una de ellas definiendo las actuaciones de Coordinación de Salud y especificando que se pueden dar también estas situaciones en caso de emergencia sanitaria y otra en el artículo 65 millones en materia de deber de información y de proporcionar todos los datos y la información que sea requerida para hacer frente a la pandemia.

Habría también una aclaración en el sentido de que el régimen de funcionamiento dentro del Interterritorial del Sistema Nacional de Salud era una clarificación que hemos estimado innecesario y por tanto también en aras de un amplio consenso ha decaído el texto final.

Respecto a AENA, estamos trabajando muy bien con los compromisos del Estado en la puesta en marcha de todos los mecanismos que serán necesarios para garantizar la salud de todas aquellas personas que visiten nuestro país y también de los ciudadanos españoles cuando esas personas nos visitan. Y, efectivamente, como usted dice, se habilita AENA y a Puertos del Estado para tomar medidas en materia de contratación para reforzar todo lo personal que será necesario para tomar y llevar a cabo estas medidas y se establecen los mecanismos de cómo se va a compensar este desembolso al menos en primer lugar.

Portavoz.- Sí, en relación con la segunda pregunta decirle que la Fiscalía es un órgano que actúa con total autonomía, con independencia en el desarrollo de sus funciones y además, no tengo ninguna duda que el conjunto de personas que componen este cuerpo profesional desarrolla su talento su capacidad sin otro interés que la aplicación estricta de la ley y la defensa del interés general. Creo que esto es lo que el Gobierno reconoce. Esto es lo importante y por tanto, lo que tenemos que poner en valor cuando las actuaciones de la Fiscalía a determinada fuerza política le parecen mejor o le parecen peor, lo que no se puede en ningún momento cuestionar es su independencia y su capacidad profesional.

Decirle que al Gobierno no le preocupa ni le dejan de preocupar este tipo de cuestiones. Lo que sí quiere volver a trasladar es que no nos vamos a distraer por este ruido permanente que hace la derecha para no hablar de aquellos temas que preocupan a los ciudadanos. Algunos de ellos que hemos puesto en marcha en estos días y que están muy presentes en esta mesa como la protección de nuestros niños o de nuestra niñas o la manera en la que tenemos que conducirnos hasta que tengamos una nueva vacuna. Estos son los temas importante sen los que este Gobierno está permanentemente trabajando 24 horas al día y por tanto no nos van a distraer de la tarea fundamental a la que nos debemos y que no es otra que el interés general de los ciudadanos.

Sí puede preocupar y yo creo que es una preocupación compartida el que ese tipo de comportamiento, incluso en un momento de pandemia, ayer escuchamos al señor Casado pronunciar una frase tan dura de entender como el que de alguna forma tenemos que aprovechar la oportunidad de la pandemia. Algo que yo he venido trasladando también en otra en otras comparecencias, donde ponía en valor ponía, más bien en denuncia que el Partido Popular estaba aprovechando esta situación de pandemia para intentar hacer o cumplir con el único objetivo que tiene que intentar tumbar a este Gobierno, desde ese concepto de ilegitimidad que permanentemente le asigna. Un Gobierno salido de la urna un gobierno que el año pasado quiero recordar celebró dos elecciones para poder proseguir con su programa electoral, para conformar un gobierno de coalición y que se permite el lujo la derecha de este país de llamarlo ilegítimo y, por tanto, poco hay que pensar para averiguar que detrás de eso se esconde un objetivo único que intentar derrocarlo de alguna manera, tumbarlo.

Así que lo importante y lo fundamental es que arrimemos el hombro que los ciudadanos nos esperan nos esperan en el diálogo nos esperan en el debate tenemos unas cuentas públicas que formular, una comisión de reconstrucción y en la que cada uno tiene que aportar sus ideas y, por tanto, no nos distraigamos estemos la tarea al bienestar general y la Fiscalía tendrá que desarrollar su trabajo en su marco competencial, como siempre y en cada momento ha hecho.

Sr.Iglesias.- Muchísimas gracias por sus preguntas. A propósito de la primera cuando el consejero de Asuntos Sociales del Gobierno de la señora Ayuso dijo y o dijo el consejero no lo dije yo que la orden acreditada por muchos medios de comunicación de no afectar ancianos procedentes de las residencias en los hospitales madrileños una orden del propio gobierno de Ayuso era no solamente inmoral sino eventualmente ilegal, era el propio consejero de Ayuso quien estaba señalando un escándalo evidente que ciertamente puede tener consecuencias legales, de hecho, son las propias familias de muchos ancianos de residencias fallecidos o que no fueron adecuadamente atendidos los que ya están emprendiendo acciones legales que les corresponden y por supuesto que la vicepresidencia social va a trabajar como no hemos dejado de hacer en ningún momento con las comunidades autónomas para facilitar que se elaboren protocolos sensatos.

El trabajo que hicimos bajo la autoridad del Ministerio de Sanidad fue en primer lugar dar 300 millones a las comunidades autónomas, entre otras cosas, para que contrataran más personal de las residencias. Bajo la autoridad del Ministerio de Sanidad, declarar a los servicios sociales servicios esenciales para que tuvieran la misma consideración que los profesionales sanitarios. A través del Ministerio de Sanidad, se dio la instrucción a las comunidades autónomas de que dieran la misma consideración a los trabajadores de las residencias que a los profesionales sanitarios a la hora de repartir los equipos de protección individual. Y, además, aumentamos sus competencias para que pudieran intervenir e inspeccionar en su caso las residencias las residencias privadas. Creo que los datos están ahí y no merecen y no merecen discusión. Y es lógico que esto esté generando preocupación y escándalo.

A propósito del compromiso democrático de Policía y Guardia Civil. Sólo faltaría, no hay ninguna institución en nuestro país en el marco de la democracia que pudiera permitirse un tipo de compromiso que no fuera democrático. Como sabe usted, la Policía y la Guardia Civil forman parte de la Administración del Estado y están lógicamente sometidas a los principios de jerarquía y en ese sentido, plena confianza en el trabajo del Ministerio del Interior y en el de todos los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que trabajan para proteger y servir lógicamente desde los valores propios de una democracia y si en algún caso se produjera una situación que fuera objeto de un ilícito administrativo, civil o penal; pues para eso para eso está la ley Si alguien incumple la ley pues el propio peso de la ley caerá sobre quien la incumpla independientemente de quien sea como en cualquier democracia.

Me pregunta usted sobre las reformas y específicamente sobre la desmilitarización de la Guardia Civil si respondiera como líder de mi partido, le diría pues que el hecho de que los guardias civiles pudieran reunirse, pudieran manifestarse pudieran sindicarse como como de hecho han reivindicado, buena parte de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil pues como líder de mi partido me parecería muy bien; como vicepresidente segundo del Gobierno, comprenda usted que sea prudente y no haga comentarios al respecto porque competencialmente no me corresponde.

Secretario de Estado de Comunicación.- Tras las ocho preguntas formuladas por Europa Press, es el turno ahora de la Agencia Catalana de Noticias por videoconferencia. Adelante.

P.-Hola, buenas, de la Agencia Catalana de Noticias. Tengo dos preguntas para ministro Illa y una para la ministra Montero.

La primera es para aclarar una cosa que ha contestado a mi compañera en relación a lo del control de las competencias por parte de sanidad; he querido entender que las negociaciones han decaído varios puntos no sé si lo podría concretar porque Esquerra ayer pedía una rectificación del decreto diciendo que era una usurpación de competencias y les pedía que rectificara; no sé si eso es parte de la negociación que han mantenido con el PNV y con Esquerra y si Sanidad no se plantea en ningún caso reasumir el control de las competencias en este ámbito sanitario.

Y la otra pregunta para ministro Illa es que después de leer los informes sobre el paso a la fase II de Barcelona y su área metropolitana y también la de Tarragona, Pirineo, Ebre y Aran; Sanidad alertaba que había que extremar la prudencia, especialmente en Lleida y también de riesgos de posibles brotes en residencias de ancianos pues esta situación de los cambios de fase en Cataluña, las que están pendientes.

Y para la ministra Montero quería preguntarle que este fin de semana el president Torra, junto con otros presidentes autonómicos, criticaron el cambio en el reparto de fondos no reembolsables de 16.000 millones de euros tras comunidades autónomas. Usted habla de ello y Torra ls acusada incluso de pretender asfixiar Cataluña ¿Va el gobierno a reconsiderar su posición al respecto?

Sr.Illa.- Muchas gracias por sus preguntas. Como he explicado los otros este real decreto lo hemos querido hacer con el mayor número de aportaciones para que el texto fuera mejorado lo máximo posible y, en particular, los sometimos a la consideración de las comunidades autónomas que han hecho sus aportaciones. Nunca ha habido una pretensión de invasión de competencias, todo lo contrario, estamos en un proceso de desescalada y, por tanto, la fase 3 ya hay una gobernanza plena por parte de las comunidades autónomas, viniendo como veníamos de unas fases de gobernar junto con que ha habido esto y efectivamente hemos estimado oportuno en los términos que explicado antes hacer decaer el artículo 73 porque esto generaba algún tipo de confusión y nuestra voluntad es justamente la contraria: dejar las cosas claras, no hay ninguna invasión ni recorte de es todo lo contrario.

Una nueva etapa de nueva normalidad en la que seguirán vigentes en los términos que explicar y que recoge el real decreto ley algunas de las medidas que estaban vigentes durante el estado de alarma. En cuanto a los informes que hemos hecho públicos de la fase 2, bien ustedes han podido ver en el ejercicio de transparencia que hace el Gobierno aquellas consideraciones que se hicieron en las distintas peticiones de fase II, yo creo que las comunidades autónomas, en particular, la de Cataluña han actuado con carácter general con mucha prudencia y fruto del diálogo que hemos ido teniendo, aquellas cosas que hemos puesto en común han ido se han ido corrigiendo. Vamos a ver las peticiones que hace la comunidad autónoma de Cataluña para progresión de fase el lunes que viene, las analizaremos, vamos a estudiarlas técnicamente y vamos a celebrar como siempre hemos hecho reuniones bilaterales y fruto este análisis tomaremos las decisiones que sea más conveniente y más oportuna la atención de la situación epidemiológica que presente cada una de las unidades territoriales.

Portavoz.- Sí, ministro y decirle que efectivamente el Gobierno de España ha puesto a disposición de las comunidades autónomas una cantidad histórica que nunca antes se había producido de 16.000 millones en este fondo. Pero quiero recordar que hasta 24.500 millones en total con la actualización de las entregas a cuenta, con los 300 millones que transfirió el Ministerio de Sanidad, otros 300 millones que transfirió el Ministerio de Política Sociales, las becas comedor 24.500 quinientos millones de los que el Gobierno de España ha tenido que endeudarse asumir déficit para poder hacer llegar esos recursos de manera que de alguna manera perjudicarán las cuentas públicas de las comunidades autónomas.

Decir que además que esos fondos no tienen un destino cualquiera: son fondos que van dirigidos a dos de los grandes emblemas de este gobierno progresista como son la Sanidad y la Educación. La obligatoriedad de que todos podamos proteger la salud de las personas, sobre todo en una situación de pandemia, y que el comienzo del curso escolar se pueda desarrollar en las mejores condiciones posibles y por tanto también protegiendo a los niños con más complejidad, a los niños más vulnerables. Esto es lo que ha hecho este gobierno. Entonces, a partir de ahí llama la atención que algunas comunidades autónomas puedan entender o puedan ver que tenían unas expectativas respecto a la recesión de fondos que no se culmina con lo que el Gobierno de España acaba de plantear. Yo he dicho estos días, cuando me han preguntado y quiero insistir, que probablemente el mejor síntoma de que el reparto de los fondos ha sido un reparto equitativo y justo es que ningún territorio está plenamente contento con el reparto de los fondos, de manera que si se hubiera producido el reparto a medida de un territorio, eso hubiera sido a costa de otro y por tanto, en este momento la distribución es la que permite una asimetría, una igualdad, una equidad en el conjunto del territorio donde las comunidades que van a tener más impacto de la pandemia van a cobrar más que las comunidades que no lo tienen, pero donde el criterio de población tiene también un efecto, porque no se trata sólo de atender a las personas enfermas, se trata también de tener un sistema de atención primaria a punto para detectar los casos, para buscar a las personas que han podido ser fruto del contagio. O necesitamos que nuestro curso escolar comience con unas condiciones que permitan mantener las condiciones de nueva normalidad que el ministro de Sanidad comentaba en el día de hoy, sobre todo el de la separación a la hora de impartir las clases o de cursar los estudios. Por eso creo que la expresión del señor Torra respecto a que se asfixia a Cataluña me recuerda otras expresiones que ha utilizado el president Torra en otros momentos respecto a la relación de Cataluña con el Estado. Y me cuesta trabajo asumir o pensar que a pesar de que se pone este dinero, este conjunto de dinero encima de la mesa, el president Torra siga diciendo que España no trata o no aborda de manera equitativa a Cataluña con el resto de comunidades autónomas. Ese "asfixia a Cataluña" recuerda mucho a "España nos roba" y por tanto creo que no tiene para mí más valor que ese descontento permanente que el señor Torra quiere mostrar para seguir empeñado en esta lucha política que en este momento tiene, como ustedes entenderán, importancia para el conjunto del país pero que estamos concentrados en la lucha contra el coronavirus y este dinero es necesario, es importante para Cataluña, para poder cubrir las necesidades de gasto que esta pandemia ha podido ocasionar.

Secretario de Estado de Comunicación.- Es el turno de IB3, adelante.

P.-Hola buenas tardes, aquí Cristina sastre de IB3, la radiotelevisión pública de Baleares. Me gustaría preguntarles por qué Baleares puede poner en marcha a partir de este lunes y 15 días antes de que abran las fronteras españolas un plan piloto con turistas alemanes y por ejemplo Canarias no. Me gustaría saber si esto se debe al tipo de contención de la pandemia que ha hecho Baleares. Por otro lado es verdad que si funciona este plan piloto con turistas alemanes en Baleares a lo mejor se podría abrir también a otros mercados…me gustaría saber si esto es posible, y cuales. Por otro lado también una pregunta para el ministro de Sanidad. Ministro, a 48 horas de la vuelta de la liga de fútbol con toda la polémica sobre la asistencia o no de público en los estadios, ¿cuál es la posición de las autoridades sanitarias a este respecto o al menos su recomendación? Y una cuarta y última pregunta: ¿pueden confirmar si al final habrá o no operación Paso del Estrecho? Muchas gracias.

Ministro de Sanidad.- Gracias Cristina por tus preguntas. Bien. La Comunidad Autónoma de Baleares ha planteado a través del Ministerio de Turismo un plan piloto en el ámbito del turismo, ha sido analizado en lo que compete a mi ministerio, se han hecho las observaciones oportunas y no hay ningún inconveniente para que se pongan en práctica como así me parece que es la decisión que se ha tomado finalmente, y servirá para empezar a abrir y a rodar todos los sistemas que habrá que tener muy presentes y operativos para abrir de forma segura al turismo, que como ustedes saben es un sector muy importante la actividad económica no sólo de Baleares sino el conjunto de España. Otras comunidades autónomas tienen la posibilidad también de ponerlo en práctica en forma de plan piloto si así lo consideran pertinente. Respecto a la Liga de Fútbol Profesional y a la Liga ACB, he explicado que en el Real Decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros se residencia en el Consejo Superior de Deportes la decisión en cuanto a las medidas de prevención que tienen que presidir estas dos competiciones. A mi juicio hay que garantizar la equidad de la competición, por tanto no puede ser que en unos sitios hacerlo de una forma, en unos terrenos de juego, y en otros no. El Ministerio de Sanidad informará oportunamente y será habiendo escuchado a los organizadores de la competición, habiendo escuchado al ministerio de Sanidad, habiendo escuchado a las comunidades autónomas, el Consejo Superior de Deportes en los términos que establece el real decreto ley que hemos aprobado quien tenga que tomar la última decisión al respecto.

Ministra Portavoz.- En relación con la última pregunta, decir que estamos en diálogo en conversación con otros países, fundamentalmente con Marruecos, y todo ello por un doble motivo: en primer lugar porque África es un continente vulnerable para España y para el conjunto de la Organización Mundial de la salud. Es un país que como ustedes bien conocen tiene tasas de pobreza importante cuenta y mucha de su estructura con una ausencia total de sistema sanitario y todos estamos preocupados con que se provoque una propagación del virus al interior de este país, con lo que puede conllevar de enfermedad y de fallecimiento para personas que no tienen bien cómo protegerse. De hecho la cooperación internacional de España está prestando especial atención justamente a que se puedan contar con medidas básica que permitan, por lo menos, una primera frenada de lo que puede ser la expansión del virus. Y en segundo lugar porque la Operación Paso del Estrecho, como su nombre indica, es una operación que involucra a muchos países de Europa en la que las personas van de tránsito por nuestro país y, por tanto, hay que coordinar, hay que estrechar muy bien todas las medidas de seguridad tanto para esas personas como para el conjunto de los lugares donde habitualmente se encuentran o donde habitualmente esperan para poder pasar a su país de origen. Todas estas cuestiones aconseja un diálogo estrecho con Marruecos y, cuando las decisiones con el país estén adoptadas de común acuerdo, estaremos en condiciones de poder plantear cómo y bajo qué premisas se puede plantear este año la Operación Paso del Estrecho.

Secretario de Estado de Comunicación.- Es el turno ahora de pregunta Civio, adelante.

P.- Hola buenas tardes aquí Eva Belmonte de Civio. Tengo dos preguntas. La primera, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que mantiene algunas de las medidas sanitarias que será aprobado en esta crisis pero quería saber cuáles de las medidas sociales que se han aprobado se van a prorrogar, porque hay muchas: moratoria hipotecaria, moratoria de alquileres, cese de actividad para autónomos...que ya sea porque esto era vinculado el estado de alarma o no porque el plazo se acaba en breve. Qué medidas de las sociales aprobadas durante el estado de alarma se va a prorrogar. Y luego una pregunta muy concreta para el ministro Iglesias: el decreto del ingreso mínimo vital no llegó a desarrollar aspectos como cómo iban a ser esos incentivos al empleo o qué pasa con unidades de convivencia que no son familia. Me gustaría saber si tienen previsión de cuándo se va a aprobar ese reglamento para que se regulen esas cosas tan importantes.

Portavoz.- Sí, muchas gracias. Respecto a las medidas sociales cada una de ellas en su norma de creación o de aplicación tiene el tiempo de vigencia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que el ingreso mínimo vital que aprobamos es una prestación, un derecho subjetivo reconocido a la ciudadanía, que ha venido para quedarse como prestación social, que por tanto tiene la vocación de que aquellas personas que lo necesiten, que estén incorporadas a un itinerario de inserción laboral, puedan garantizárseles unos ingresos mínimos que se pueden compatibilizar con otras cuestiones, fundamentalmente para los hogares que tienen niños y que tienen niñas. Hay otras que son medidas que estaban asociadas justamente al decreto de alarma porque las condiciones de confinamiento que tenía el decreto de alarma hacía o no permitía el que estas personas pudieran trabajar, o el que no hubiera un consumo, una demanda necesaria en cada uno de los sectores productivos. Probablemente la más importante en este sentido, que han sido muchas, -sería imposible enumerar todas ellas y su tiempo de vigencia-, pero quizás la más llamativa ha sido los ERTE, mecanismo que está permitiendo mantener el empleo, que está permitiendo garantizar una renta, incluso para aquellos trabajadores que no tenían derecho a la prestación por desempleo o a aquellos trabajadores autónomos que no tenían derecho a una prestación por cese de actividad y que saben que el propio diálogo social, justo ahora, está trabajando en saber cómo y de qué manera se tienen que prorrogar estas situaciones más allá de la vigencia del estado de alarma. Así que cada una de esas medidas las anunciaremos en el momento en que ya haya acuerdo y donde ya haya una decisión adoptada respecto a si su continuidad va a ir más allá del estado de alarma, algunas de ellas, por su forma de creación decaerán con el propio decaimiento de la vigencia del estado de alarma.

Sr. Iglesias.- (inaudible)… nacer un nuevo derecho social en España, un nuevo derecho subjetivo que probablemente no tenía precedentes desde la Ley de Dependencia del año 2006. Mañana mismo comparecemos en el Congreso de los Diputados el ministro Escrivá y yo para hablar de los detalles, como bien decía usted, hay algunos elementos que quedan para un desarrollo reglamentario que ya le digo que queremos llevar a cabo lo antes posible.

Secretario de Estado de Comunicación.- Turno ahora para preguntar en la sala de prensa a RAC1. Adelante.

P.- Hola buenos días. Un par de dudas ministro Illa. Ahora hablaba de equidad por el tema de la vuelta de espectadores en los campos de futbol. Entendemos que esto será nueva normalidad, o sea, vamos a la jornada del último fin de semana del mes de junio. Otra consulta también: a partir del día 21 de junio, ¿qué pasa si alguna zona no está preparada para para superar.. ya no digo entrar en la nueva normalidad, sino problemas en la fase 3? O sea, si Madrid, Barcelona, Castilla y León no cumplen criterios epidemiológicos ya sin estado de alarma y sin restricciones de movilidad por tanto, ¿cómo se gestiona ahora? Usted hablaba de plan de contingencia en este nuevo decreto. Para el vicepresidente Iglesias, tomo las palabras de ayer de Save The Children que decía que esperaban que cuando el proyecto que se aprobado llegue al Congreso de los Diputados los políticos no lo "enmierden", o sea, no mezclen otras cosas porque les parecía muy bien. ¿Sale del Consejo de Ministros ya con previo acuerdo con otros políticos, con otros grupos políticos, con otros grupos parlamentarios, y con tramitación rápida, además? Otra pregunta también, o repregunta a lo que le preguntaba la compañera de Europa Press. Yo me quedo con la conclusión de que usted anima a los familiares de abuelos que han muerto en residencias a ir a los tribunales. ¿Esto quiere decir que el Gobierno descarta hacer algún tipo de acción para aclarar el fondo de este asunto, y de los miles de abuelos que han muerto en residencias? Además hay cuatro correos encima de la mesa hoy que se demuestra que no les dejaron ingresar en hospitales. ¿Se tomará algún tipo de decisión desde el Gobierno? Gracias.

Sr.Iglesias.- Gracias por sus preguntas. Yo lo que he dicho es que tienen que garantizarse una equidad en la propia competición por las conversaciones que hemos tenido con el Consejo Superior de Deportes quiero decir, se tienen que jugar las mismas condiciones en todos los estadios por lo que hace referencia a estas dos competiciones de altísimo nivel. En cualquier caso, será el Consejo Superior de Deportes quien después de haber hablado con los organizadores, con la propio ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas, tienen que tomar una decisión al respecto que puede ser una decisión que vaya evolucionando conforme vaya evolucionando la epidemia y vaya evolucionando el tiempo. Se pueden tomar decisiones para lo que hace referencia a la finalización de estas competiciones en el mes de junio y julio y otras de tipo distinto para agosto o para septiembre. Esto ya lo iremos viendo. En todo caso, es importante resaltar que le corresponde al Consejo Superior de Deportes tomar este tipo de decisiones.

Nosotros pensamos, yendo ya a la segunda pregunta que me he formulado, que si las cosas evolucionan en la línea en que están evolucionando el 21 de junio se van a dar las condiciones para que en toda España se pueda entrar en Nueva Normalidad y, por tanto, se dé fin al estado de alarma y por tanto se levante restricciones de movilidad tal y como las hemos conocido. He insistido antes, en mi introducción inicial, que en España desde el 14 de marzo hemos tenido uno de los confinamientos más duros. Su cumplimiento ejemplar es lo que posibilita una escalada segura y rápida. Si hubiera algún tipo de indicador o algún tipo de reversión en la evolución de la epidemia que nos indicara actuar en sentido contrario, en sentido distinto, pues naturalmente lo comunicaríamos oportunamente. Y como siempre hemos hecho y seguiremos haciendo, no nos temblará el pulso a la hora de proponer y tomar decisiones para la protección de la salud de los ciudadanos. Pero hoy en día, si las cosas van como van, pensamos que el 21 de junio se dan las condiciones para que todo el territorio de España se pueda levantar estado de alarma.

Sr.Iglesias.- Gracias por sus preguntas. A Save the Children, darles las gracias por su enorme trabajo en la protección de los derechos de la infancia. Gracias a organizaciones y oenegés como ellos esta ley es posible. Con todo, creo que no se debe despreciar el trabajo parlamentario. Para nosotros, en el trabajo del trámite de enmiendas puede contribuir a mejorar esta ley y, además, es un proceso democrático previsto para que los representantes de la soberanía popular puedan examinar los detalles y, por qué no, completar o mejorar. Le pondré un ejemplo: el Ministerio de Igualdad hizo algunas observaciones a esta ley que nos parecieron muy pertinentes y muy sensatas, pero sin embargo no quisimos retrasar su tramitación porque, como saben, esta ley ha requerido de muchos informes, entre ellos del Consejo General del Poder Judicial, y entendíamos que algunas de esas aportaciones se pueden canalizar a través del trabajo de los grupos parlamentarios. Entonces yo creo que no hay que despreciar el trabajo de los grupos parlamentarios que pueden contribuir a que esta ley sea todavía mejor. A propósito de su segunda pregunta: bueno, creo que es evidente que los datos que se están conociendo son enormemente graves y, efectivamente, como han publicado varios medios de comunicación, se sigue acreditando que hubo una orden por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de prohibir a los hospitales que aceptaran a ancianos que llegaban de las residencias. Evidentemente, esto es grave. Y ojo, no es una cosa que esté diciendo el Gobierno de España. Se está diciendo desde el propio Gobierno de Ayuso. Que el consejero de Asuntos Sociales definiera esto como inmoral y eventualmente ilegal, pues creo que señala algunas claves. No me corresponde a mí como vicepresidente del Gobierno decir a la ciudadanía lo que tienen que hacer, pero creo que a nadie le puede sorprender una situación de indignación. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030? Seguir trabajando para establecer protocolos, seguir poniendo el acento en un modelo residencial que ha demostrado muchos límites. La privatización de las residencias de ancianos, el que haya habido y haya condenados por corrupción al frente de algunas de estas residencias, las condiciones escandalosas de precariedad en las que trabajan muchos de sus empleados, pues creo que en la cuarta economía de la zona euro deja que desear. Ya hemos dicho muchas veces que a nosotros nos gustaría avanzar hacia un sistema de atención domiciliaria como se produce en algunos países nórdicos. Pero más allá de ese trabajo que tenemos que hacer y de apoyo a las comunidades autónomas, que son lógicamente las que tienen las competencias de gestión, creo que en esto hay muchas cosas que se tienen que terminar de saber y creo que los datos son inequívocos. Insisto, no es una opinión mía. Me parece extremadamente grave que desde dentro del gobierno de Ayuso se esté denunciando abiertamente no sólo una inmoralidad, porque parece ciertamente inmoral dar la orden a los hospitales madrileños por escrito de no aceptar a los ancianos que llegaban desde las residencias de mayores, sino que el propio consejero apuntaba claramente a que eso podía ser ilegal. Y lo que es ilegal, lógicamente, se debe perseguir.

Secretario de Estado de Comunicación.- Castilla y León televisión también a través de videoconferencia. Adelante.

P.- Buenas tardes- Eduardo Martínez de Castilla y León televisión. Tenía un par de cuestiones para el vicepresidente Iglesias al hilo de declaraciones de ayer sobre la gestión de las residencias. También aquí en Castilla y León la consejera de Familia dice que sus palabras son inaceptables, que pretenden tapar su responsabilidad y gestión de los servicios sociales como Mando único en esta materia. ¿Se mantienen esas declaraciones respecto a Castilla y León, qué le contesta? Y si ha faltado gestión diálogo y ayuda también de la Consejería, que además ayer le remitió un escrito para que se rectifique el cambio de criterios en el reparto de los 16 mil millones de euros que deja sin nada a los servicios sociales. Al hilo de esto también quería preguntarle por una nueva voz que se ha sumado a este asunto, la de la Sociedad Española de Geriatría que defiende que no se ha abandonado a los mayores, que cada derivación se han analizado de forma individual, que en algún caso habría sido peor llevarlos al hospital con esperas urgencias y demás, que es lo que defiende Castilla y león: que creó equipos COVID para las residencias, que considera que hay quien ingresa en hospitales hasta el día de hoy unos 4000 residentes Qué le parece la voz de los geriatras. Una última cuestión para la ministra portavoz: ¿cuándo se presentará el plan de automoción y si las medidas que contenga ese plan tendrán carácter retroactivo? Muchas gracias.

Sr. Iglesias.- Muchísimas gracias Eduardo por las preguntas. Bueno, creo que está bastante clara la cuestión competencial. No merece ninguna duda porque creo que el Boletín Oficial del Estado es muy claro. Nosotros lo que podíamos hacer, e hicimos, era ayudar a las comunidades autónomas con recursos económicos. Fueron 300 millones pensados, entre otras cosas, para contratar profesionales en las residencias de mayores. El Ministerio de Sanidad, a propuesta nuestra, pero como autoridad, declaró a los Servicios Sociales y por lo tanto, a los trabajadores de las residencias de mayores, como servicios esenciales, misma consideración que los trabajadores sanitarios. Se les dio la indicación de que en el reparto de equipos de protección individual dieran la misma consideración a los trabajadores de las residencias que a los trabajadores sanitarios. Yo en polémicas con consejeros no voy a entrar porque no me corresponden. Si quieren defender las órdenes que supuestamente dieron de no aceptar a ancianos procedentes de las residencias en los hospitales, que lo hagan, pero a mí no me corresponde polemizar ni entrar en provocaciones, ni en este tipo de cuestiones.

Creo que lo que hemos visto en estas últimas semanas es la debilidad de un modelo altamente precarizado, altamente privatizado, que ha resultado ser enormemente peligroso para la salud y el bienestar de las personas mayores, y creo que es evidente que esas órdenes de no traslado, pues están generando una lógica alarma. Y creo que es evidente también que las denuncias no vienen del Gobierno central, vienen de dentro de esos propios gobiernos. Insisto, ha sido el consejero de Asuntos Sociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid quien ha denunciado esas órdenes de no aceptar a ancianos, a ancianos procedentes de las residencias, en los hospitales. A partir de ahí, a mí no me corresponde entrar en polémicas con ningún consejero.

Portavoz: en relación, Eduardo, con las siguientes preguntas, decir que es evidente que la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, insisto siempre, que es un antes y un después en la lucha contra la pobreza severa o la pobreza extrema, replantea el destino de los recursos que cada comunidad autónoma, que cada ayuntamiento, tenían previamente asignados para cumplir con ese fin, que hoy sustituye, afortunadamente, el Ingreso Mínimo Vital. ¿Y esto en qué se traduce? En que, por ejemplo, las comunidades autónomas que destinan en torno a 1.500 millones de euros anuales a políticas que son similares, o que podrían ser parecidas, al Ingreso Mínimo Vital, no van a tener que emplear la totalidad de esos recursos en seguir acompañando esa política, por lo que lo podrán destinar a otras áreas sociales que son igualmente importantes, y lo digo en respuesta a la pregunta que hacía un miembro del Gobierno, creo que me ha dicho usted, de Castilla y León.

En relación con el momento del Plan de Automoción, en las próximas semanas. Es un trabajo que se está haciendo de forma interministerial, sobre todo con el Ministerio de Industria, el Ministerio de movilidad sostenible, transporte y agenda urbana; y el Ministerio de Transición Ecológica. Un plan ambicioso que persigue reactivar este sector tan importante para nuestra economía y también para los puestos de trabajo. Pero evidentemente, desde la perspectiva de la nueva movilidad, desde la perspectiva de que tenemos que seguir trabajando para que nuestro planeta se pueda beneficiar de las políticas medioambientales, fundamentalmente en este caso, de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, y por otra parte, de utilizar alternativas a la movilidad que superen las tradicionales y que, por tanto, incremente la demanda de otro tipo de vehículos, que realmente son los vehículos que tienen futuro.

Secretario de Estado de Comunicación: Telemadrid interviene también por videoconferencia. Adelante, Telemadrid.

P.- Telemadrid: hola, buenas tardes. María Antonia, de Telemadrid. Tengo unas cuantas preguntas para el ministro de Sanidad.

Quería saber su opinión sobre este informe del forense que está investigando el 8 de marzo y que hemos conocido hoy detalles en las que apunta directamente a Fernando Simón, dice que un experto como él debería haber visto la hecatombe que se veía venir y haber evitado actos masivos, entre otros, la manifestación del 8 de marzo.

Además, ministro, no sé si hay alguna novedad sobre el aforo de los locales en cuanto se pase a la nueva normalidad. ¿Cuál va a ser ese aforo en los locales cerrados? Y otra cosa, aclarar: ¿a partir del 21 de junio, cuando caiga la alarma, en Madrid que estará en la tercera fase, en cuestiones de movilidad, es como si estuviéramos en esa nueva normalidad porque los madrileños también podremos salir fuera de la Comunidad?

Y una pregunta para el vicepresidente Iglesias: ¿usted asume alguna responsabilidad en la gestión de las residencias?

Y a la ministra portavoz, si respalda estas palabras del vicepresidente en las que hablaba de escándalo y crimen en la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid.

Sr. Illa: muchas gracias, María Antonia, por sus preguntas.

En la primera de ellas, respecto al informe del forense sobre el 8 de marzo, no voy a entrar a valorar actuaciones judiciales en curso, ni voy a entrar a valorar un informe que no conozco. Simplemente le voy a decir que tengo total y plena confianza en el doctor Fernando Simón, que ha hecho un trabajo magnífico al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias junto con todo su equipo, y que quiero recordar, como he hecho ya varias veces, que España en ese momento estaba en fase de contención, no estaba en fase de mitigación, y que por tanto seguíamos todas las recomendaciones internacionales, y que de acuerdo con los casos que nos notificaban las comunidades autónomas no había en aquellos momentos evidencia de transmisión comunitaria sostenida en nuestro país. Había evidencia de transmisión comunitaria localizada, con brotes localizados, y por tanto estábamos, insisto, en fase de mitigación y se tomaron las medidas, en aquel momento, con la información disponible en aquel momento, las medidas adecuadas en relación, también, perfectamente alineadas y conformes con las recomendaciones de los organismos internacionales.

Respecto al aforo de los locales en la nueva normalidad, el decreto que hemos aprobado hoy establece medidas de carácter muy general, medidas de distanciamiento personal de 1,5 metros y corresponderá a las autoridades sanitarias y de Salud Pública de cada comunidad autónoma precisar esto, si es que consideran que se tienen que precisar o tiene que haber alguna limitación de aforo, exactamente igual que sucedía antes de que se decretara el estado de alarma y como ya puede suceder también en aquellas comunidades autónomas que están en Fase III. Respeto total a lo que ellas decidan, evidentemente puede ser compartido en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o con consultas o con discusiones que podremos tener con los expertos del Ministerio de Sanidad y sus respectivos expertos de Salud Pública.

Y respecto al 21 de junio, pues efectivamente, si se levanta el estado de alarma como se va a levantar, así está previsto, pues podrá haber movilidad sin restricción en nuestro país, por eso será más necesario que nunca apelar una vez más a la responsabilidad individual. Aquellas personas que presenten síntomas no deben de salir de su casa y deben de guardar, ponerse en contacto con las autoridades sanitarias y guardar cuarentena. Hay que, las cuatro reglas cardinales, las cuatro reglas básicas: llevar mascarilla obligatoriamente cuando no se pueda mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros; aunque se lleve mascarilla, distancia interpersonal de 1,5 metros; lavado frecuente de manos y máxima higiene en espacios públicos y privados.

Por eso será, insisto, más necesario que nunca, mantener estas reglas de comportamiento, de conducta, con alta dosis de responsabilidad individual, pensando todo lo que nos ha costado llegar hasta donde estamos y lo fácil que es, con una conducta irresponsable o poco prudente, pues generar un brote que nos obligue a revertir esta situación.

Sr. Iglesias: sí, gracias por la pregunta María Antonia. Quien habló de inmoralidad e ilegalidad fue el consejero de Ayuso, el consejero de Servicios Sociales, que dijo explícitamente que le parecía inmoral e ilegal dar las órdenes a los hospitales de que no aceptaran a los ancianos que provenían de las residencias de mayores. Es decir, el escándalo lo conocemos a partir de lo que sale del propio Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y en ese sentido yo creo que el escándalo no es opinable, es una situación objetiva, máxime cuando se pretende negar. Es escandaloso enviar hasta cuatro correos electrónicos, como han publicado algunos medios de comunicación, a los hospitales para darles la orden de no aceptar a los ancianos, y decir que se enviaron por error. Igual que es objetivamente escandaloso decir que un contrato público con Sarasola se ha publicado por error.

A propósito de nuestro trabajo, creo que hemos sido muy claros: en el marco de nuestras competencias hicimos lo que teníamos que hacer, dar 300 millones de euros a las comunidades autónomas para contratar personal en los servicios sociales y específicamente en las residencias; proponer al Ministerio de Sanidad, que era la autoridad competente, que redactase la orden de declaración de servicios esenciales a los trabajadores de las residencias de mayores; al mismo tiempo, proponer que se redactara la orden que daba la indicación de que se diera la misma consideración a los trabajadores de las residencias que a los trabajadores sanitarios, a la hora de repartir los equipos de protección individual; y también, en coordinación con el Ministerio de Defensa, ayudamos a tramitar, a solicitud de las residencias y de las propias comunidades autónomas, las intervenciones de desinfección de la Unidad Militar de Emergencias que se cuentan en más de 5.000. Modestamente, creo que cumplimos con nuestro deber y con nuestra obligación, en el marco de nuestras competencias.

Portavoz: Y en la última pregunta, María Antonia, decir que evidentemente, como ministra portavoz, intento transmitir lo más claramente posible los acuerdos, las opiniones que pueda tener el Gobierno respecto a determinadas materias, pero le tengo que decir que no soy intérprete de los ministros o de los vicepresidentes, y sobre todo, cuando se encuentran ellos delante y están contestando a esas preguntas.

Secretario de Estado de Comunicación.- Ahora interviene el diario alemán Berliner Zeitung, adelante.

P.- Berliner Zeitung: hola, buenas tardes, ministros. Soy Martin Dahms, del Berliner Zeitung, de Alemania. Ya veo que mi imagen sigue congelada.

Yo creo que muchos alemanes tienen muchas ganas de España y podrán ir ya más de 10.000, parece ser, a Baleares, a partir del 15.

Yo me imagino que muchos españoles sentirán cierta envidia, porque también tendrían ganas de viajar ya. Ahora, la consejera de Turismo canaria, Yaiza Castilla, dice que le parece que las medidas de seguridad todavía son insuficientes y ahora la interpreto: yo creo que son dos elementos que le parecen insuficientes. Por una parte, le encantaría que los pasajeros que lleguen a España se hagan un test antes, y al parecer no está planificado. Y lo segundo es evitar el efecto rebote, lo llama. Sería detectar y rastrear posibles casos, y que a lo mejor, ese sistema no está todavía suficientemente bien montado y elaborado. Entonces, tengo una pregunta muy concreta al ministro Illa sobre cuántos rastreadores hay en España y cuántos necesitaríamos para poder evitar que en el momento de un brote, que eso no se convierta en una segunda ola. Gracias.

Sr. Illa: pues muchas gracias, Martin, por su pregunta. No conozco las declaraciones a los que usted hace referencia de la consejera de Turismo de Canarias. Lo que sí que le puedo decir al respecto es que, cuando España abra sus fronteras y permita que vengan, en condiciones de seguridad, a visitarnos turistas o ciudadanos de otros países, lo va a hacer en las condiciones de seguridad máximas para los que vengan y para los que estamos aquí. De esto le puedo dar todas las garantías. No jugamos ni a la precipitación, ni a la improvisación, estamos trabajando, justamente en este contexto se enmarca la prueba piloto que estamos desarrollando, que van a desarrollar las autoridades de las Islas Baleares. No le puedo dar el número exacto de rastreadores que tenemos, sí que le puedo decir que este ha sido uno de los puntos clave en todo el proceso de desescalada, el poner en pie un sistema de detección precoz que permita detectar de una forma muy rápida aquellos casos. Sí que le puedo dar algunos datos. En primer lugar: el tiempo medio entre que se detecta un caso sospechoso y se le diagnostica en este país, en nuestro país, en estos momentos está en un máximo de dos días, incluso en algunas comunidades autónomas, en un día, en 24 horas, desde que, insisto, se detecta un caso sospechoso y se le practica un diagnóstico por PCR. Y también le puedo dar un segundo dato: más del 80% de casos sospechosos son diagnosticados, han sido ya diagnosticados por PCR con un grado de positividad, de resultado positivo, muy bajo. No tengo la cifra exacta en estos momentos en la cabeza, pero se la van a proporcionar los equipos de comunicación del Ministerio. A partir de ahí, cada comunidad autónoma, o bien ha redireccionado recursos humanos a hacer tareas de vigilancia activa, o bien ha reforzado contratando estos equipos. El número exacto, insisto, no se lo puedo dar en estos momentos.

Secretario de Estado de Comunicación: un par de últimos turnos de palabra para El Español y Canal Extremadura. El Español está en la sala de prensa.

P.- El Español: hola, qué tal. Buenos días, o tardes ya. Alberto Prieto, de El Español. Quería preguntarles, si en la negociación de la sexta prórroga del estado de alarma, quizá esto me lo pueda contestar el ministro Illa, Esquerra Republicana celebró que se recuperaba la mesa de diálogo con España, así la llamaron, y el presidente ha anunciado que en la vuelta a la nueva normalidad volvemos al programa de Gobierno de la coalición. Imagino que ya tienen fecha prevista para esa reunión con las autoridades de la Generalitat catalana, ¿es así? ¿sí o no?

Esta es para la portavoz: si ya estamos entrando en la nueva normalidad y salimos más fuertes, quizá podría aclararnos si siguen siendo necesarias las ruedas de prensa del presidente cada sábado o cada domingo, y cuándo van a acabar.

Y dos más para el vicepresidente Iglesias: ¿va a mantener su costumbre de levantarse cada vez que intervenga Santiago Abascal en el Congreso? Cree que hay motivos, como miembro de un gobierno emanado de las Cortes para eso? ¿Pensó alguna vez, al llegar al Congreso hace cinco años, que alguien se lo pudiera hacer a usted?

Y finalmente me gustaría que me dijera, sí o no, a si leía usted cada día los informes que, según los directores de las residencias privadas, tal como publicamos hoy en El Español, se enviaban cada día con los contagios y muertos dentro de las residencias de mayores, a los ayuntamientos, las comunidades autónomas y la Delegación del Gobierno. Y si es así, por qué no actuó, como mando único que fue usted desde el 19 de marzo, ante lo que usted califica hoy como un posible crimen. Gracias.

Sr. Illa: muchas gracias, Alberto. A mí no me consta ninguna fecha.

Portavoz: y en relación con la siguiente pregunta, yo creo que es absolutamente necesario que en un momento de vigencia del estado de alarma, como tenemos hasta el día 21, el presidente del Gobierno comparezca ante los ciudadanos, traslade las prioridades, con sus propias palabras sea capaz de expresar la tarea fundamental en la que la Presidencia del Gobierno está trabajando, y sobre todo cuando, como en las últimas comparecencias, procede de una reunión en la que se ha reunido con los presidentes autonómicos, con las máximas autoridades en el Estado responsables de la seguridad, de la salud, del bienestar de todos los ciudadanos. Yo creo que es bastante razonable y lógico que el presidente del Gobierno pueda transmitir, con sus propias palabras, en qué cuestiones hay que poner el acento, y no creo que a nadie le moleste que el presidente del Gobierno, en un momento tan crítico para nuestra sociedad como este, se dirija al conjunto de los españoles. Así lo veo, así lo pienso, pero no le puedo decir cuáles son las previsiones y cuál es la agenda del propio presidente. Entiendo que se irá viendo a lo largo de los próximos días, pero particularmente, si me pregunta mi opinión, creo que mientras que esté vigente el estado de alarma en este país, que una vez a la semana el presidente se dirija al conjunto de los ciudadanos para transmitirles en qué momento nos encontramos, es que me parece obligado.

Sr. Iglesias: sí, gracias por sus preguntas. La derecha y la ultraderecha quieren llevarnos a este Gobierno a un terreno de pataleta, de berrinche y de crispación para que no se hable de las cosas importantes que se tienen que hacer en este país y que este Gobierno va a seguir haciendo, y por mi parte no voy a entrar en ninguna polémica. Respecto a su segunda pregunta, bueno, quien ha hablado explícitamente de ilegalidad e inmoralidad ha sido, como ha escuchado usted, el consejero de Asuntos Sociales del Gobierno de Ayuso, que dijo literalmente que la orden a los hospitales de que no aceptaran a ancianos procedentes de las residencias, una orden que provenía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que era, como usted sabe, el que tenía todas las competencias, le parecía inmoral y eventualmente ilegal. Respecto a los informes que llegaban de las diferentes instituciones y de las comunidades autónomas, claro que los conocíamos. Y en el marco de una división competencial muy clara, en el que la Vicepresidencia Segunda nunca tuvo ningún mando único, las órdenes, de hecho, las redactaba el Ministerio de Sanidad aunque fuera propuesta nuestra, y lo que hicimos ahí fue precisamente aumentar las competencias de las comunidades autónomas. No sólo tenían las competencias, tenían las competencias aumentadas, porque además les dimos la capacidad de intervenir en las residencias privadas; les dimos 300 millones; declaramos, a través del Ministerio de Sanidad, que era en este caso la autoridad que encarnaba el mando único, la consideración de servicios esenciales a los trabajadores de las residencias de mayores para que tuvieran la misma consideración que los trabajadores sanitarios, y la instrucción de que, en el reparto de equipos de protección individual que llevaba a cabo, en el marco de sus competencias, las comunidades autónomas, le dieran la misma consideración. Yo creo que es evidente quién tenía la competencia y quién tenía la responsabilidad, en este caso, sobre las residencias.

Secretario de Estado de Comunicación: finalizamos con la intervención de Canal Extremadura. Adelante.

P.- Canal Extremadura: Tirso Rodríguez Asensio, para Canal Extremadura. Una pregunta para el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acerca del decreto de la nueva normalidad. No sé si esa nueva normalidad se va a gestionar a mando único, si va a ser homogénea o van a tener capacidad de maniobra las comunidades autónomas.

También desde Extremadura, otra pregunta: estamos muy pendientes, además de la apertura de nuestra frontera provincial, estamos también pendientes de la frontera portuguesa. No sé si hay fecha prevista, si hay negociaciones con el Gobierno luso o fecha prevista para anunciarlo. Y para el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sobre el Anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia, si esa persecución de delitos que se va a hacer, contra menores, va a tener carácter retroactivo, ¿qué capacidad va a otorgar de llevar a los tribunales a delitos del pasado?

Y luego, la situación de la privatización de las residencias: no sé qué piensa el Ejecutivo, si esta situación tiene marcha atrás, si se puede hacer algún tipo de intervención para que haya una mayor coordinación desde lo público a estas residencias de mayores del sector privado.

Sr. Illa: pues muchas gracias por sus preguntas. Bien, en la nueva normalidad no hay mando único, y ya de hecho, no hay ahora mando único. Aquellas comunidades autónomas que están en Fase III tienen la facultad de levantar el estado de alarma en su unidad, en las unidades territoriales que consideren oportuno, y tienen la facultad de modular las actividades que se pueden hacer en fase III. Y en la nueva normalidad, pues simplemente se levanta el estado de alarma y por tanto no hay autoridades delegadas competentes y lo que hay es los mecanismos de coordinación habituales por parte del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y estarán vigentes hasta que el Gobierno de forma motivada, habiendo escuchado a las comunidades autónomas y con informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, considere acabada la crisis. Hasta que esto ocurra, las medidas recogidas en el decreto ley que hoy hemos aprobado estarán vigentes, por ejemplo el uso obligatorio de mascarilla, o por ejemplo la necesidad de guardar distancias de 1,5 metros en centros de trabajo, etcétera etcétera. Las que hemos relatado y las que tienen ustedes en el Real Decreto al que ha dado luz verde hoy el Consejo de Ministros.

Respecto a las fronteras, bien, las autoridades sanitarias de su comunidad autónoma, de la comunidad autónoma de Extremadura, y en concreto el consejero José María vergeles, tiene una actitud muy prudente, cosa que yo celebro, y ha decidido no solicitar o no adoptar la movilidad entre la provincia de Cáceres y Badajoz hasta, me parece que es, el lunes que viene. Esto, evidentemente, lo respetamos porque es una actitud que él decide, supongo que habiendo deliberado con su Gobierno, tomar esta decisión. Y respecto a la frontera con Portugal, los colegas del Gobierno, de Interior y Asuntos Exteriores, están en contacto con Portugal para ver de qué forma, y en qué plazos y de qué manera podemos abordar el tema de la apertura de fronteras. Esto se va a hacer, en coordinación, insisto, con las decisiones que se tomen a nivel europeo, y en ese sentido mis colegas del Gobierno, los que le he mencionado, están trabajando en esa dirección.

Sr. Iglesias: sí, respecto a la pregunta sobre la Ley de Infancia, el Anteproyecto prevé algo que es una novedad en nuestro sistema y es que el plazo de prescripción de estos delitos no empiece a correr hasta que la persona que fue durante su infancia o durante su adolescencia víctima de violencia, no cumpla los 30 años. Precisamente porque, en muchos casos, hace falta un proceso de maduración para enfrentarse a las consecuencias de lo que supusieron esos abusos o esas situaciones de violencia en una situación de enorme vulnerabilidad, porque hablamos de niños y niñas, y digamos que para corregir determinadas circunstancias de injusticia se establece que la prescripción solamente empiece a correr desde que la víctima cumple los 30 años.

A propósito de las privatizaciones y el sistema de residencias, ya decía antes que creo que sería lógico que nuestro país recorriera el camino de los países nórdicos, que han apostado por sistemas de atención domiciliaria, que se han demostrado no solamente en muchos casos, más eficaces, sino mucho más adecuados para proteger, tanto el deseo de las personas mayores, como sus condiciones de bienestar. Y es un compromiso de la Vicepresidencia Social trabajar para que caminemos en esa dirección.

Portavoz: Pues muchas gracias. Despedimos esta comparecencia, esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a las formaciones políticas que han expresado su apoyo y que han contribuido a la elaboración de este decreto de nueva normalidad por preservar la salud del conjunto de la ciudadanía, y también a las asociaciones de protección de la infancia por el talento y la inspiración que han supuesto en la elaboración de esta norma. Muchas gracias y buenas tardes.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)