Conferencia de prensa de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones

La Moncloa

CARMEN CALVO, vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones.

Vicepresidenta.- Buenas tardes. Como siempre, gracias por estar aquí en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros que en esta semana la hago yo, como es obvio.

Hemos terminado un Consejo de Ministros donde hemos tomado algunas decisiones importantes, como siempre. Hemos aprobado un Real Decreto-ley; tres Reales Decretos que afectan a temas importantes, algunos de ellos pendientes en el orden cotidiano de la gestión de un Gobierno, incluido este que está en funciones; algunos acuerdos, tres de ellos muy importantes; y, finalmente, también les daré noticias del Ministerio de Justicia, aunque no ha formado parte de la decisión del Consejo de Ministros, porque no era necesario, pero que también es importante a la información pública en el día de hoy.

Del Real Decreto-ley hablaré al final. Tiene rango de norma de ley, como su propio nombre insinúa, y he de advertirles que se publicará el martes en el Boletín Oficial del Estado, por cuanto ha tenido unos últimos y pequeños ajustes en el propio Consejo de Ministros.

Es obvio que estamos hablando de una legislación que proponemos constitucionalmente por urgencia, por razones urgentes, de interés general, importantes -como luego detallaré-, y, naturalmente, en el estricto cumplimiento de las reservas constitucionales que un Gobierno tiene para legislar por este procedimiento.

Tres Reales Decretos, que uno de ellos afecta a la modificación de dos Reales Decretos anteriores, para la aplicación de la PAC, de la Política Agraria Común Europea en nuestro país, y que son muy importantes porque nos van a permitir agilizar la gestión; es decir, cumpliendo la normativa comunitaria vamos a agilizar bastante la tramitación y la gestión. Vamos a favorecer la incorporación de nuevos titulares, fundamentalmente hombres y mujeres jóvenes que en este momento tienen objetivos en la España rural importantes. Situación muy necesaria, como decimos en muchas ocasiones, para mantener respuestas a la España rural y equilibrios entre el mundo rural y urbano en nuestro país.

Y finalmente, también, por cuanto importa a la PAC, la agilidad, además de la facilitación de la tramitación para los particulares, en las respuestas que nos permita también facilitar las cosas a quienes mediante los recursos comunitarios sostienen de manera tan importante para nuestro PIB toda nuestra industria agroalimentaria fundamentada en nuestro ámbito agrícola y ganadero.

Un Real Decreto habitual, y este año lo hemos, también, agilizado lo máximo posible, que traslada las subvenciones a Ceuta y Melilla para la respuesta a los menores no acompañados. Estamos hablando de una dotación de 2.345.000 euros para la Ciudad Autónoma de Ceuta, y de 4.103.000 euros para la de Melilla. Fundamentalmente, para mejoras de equipamientos, infraestructuras, conservación y, naturalmente, respuesta a la llegada a estas dos Ciudades Autónomas españolas que, de manera principal, reciben menores en nuestras fronteras.

Y un tercer Real Decreto, también importante, porque con él se fija el plazo de tiempo que va desde el 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019 (año entero y un trimestre), en el que han ocurrido catástrofes ambientales en nuestro país, --fundamentalmente producto de los procesos meteorológicos que le llamamos Dana, es decir, lluvias, y que afectan a diferentes territorios de nuestro país, a diferentes Comunidades Autónomas y ciudades-- , en el cual damos respuesta, también, a todas las situaciones que quedaban pendientes en muchos municipios, en muchos lugares.

Y, aunque no necesitaba el rango de Real Decreto, un Acuerdo de los que hoy hemos tomado, connivente con esta temática, que es una subvención que mediante acuerdo hemos adoptado de casi 18 millones de euros para el Consell Insular de Mallorca donde se produjo -como todos sabemos-un daño bastante importante, incluso, con resultados trágicos de muerte para algunas personas.
Es una dotación importante con la que subvencionamos y resolvemos, finalmente, todos los expedientes que se habían tenido que tramitar, que habían tenido que solicitar, evidentemente, estas ayudas y damos una respuesta, también, finalmente.

En relación al resto de acuerdos, hemos tomado dos acuerdos para pedir al Tribunal Constitucional dos incidentes de ejecución que tienen que ver con resoluciones que se han adoptado en el Parlamento de Cataluña. Fundamentalmente, con la admisión a trámite y, por tanto, a su ubicación en órdenes del día, de resoluciones que algunos grupos parlamentarios han pedido a la Mesa que reconsidere después de haber sido la Mesa, hace ya unos días, apercibida por el propio Tribunal Constitucional, advirtiéndole que la reincidencia y la introducción en el orden del día y en el debate formal de un parlamento autonómico, como es el Parlament, con su correspondiente votación, traspasaba los límites de la legalidad y, naturalmente, de la competencia que un parlamento autonómico pueda tener para semejante materia. Estamos hablando de la Jefatura del Estado, del derecho a la autodeterminación o de la soberanía de Cataluña.

Le hemos pedido al Tribunal Constitucional que considere si ha sido desautorizado, desatendido el apercibimiento que había hecho a la Mesa. A los grupos parlamentarios que han solicitado la reconsideración para que no avanzara esta tramitación se les ha comunicado este mismo martes que se reafirmaba la Mesa. Se les comunicó en su momento de manera personal a cada uno de los miembros de la Mesa la situación en la que podían incurrir --obviamente, estamos hablando de la posibilidad de cometer delitos, estamos hablando del ámbito penal-- y, por tanto, que el Tribunal Constitucional considere si ha sido traspasada esa línea, desautorizado el apercibimiento que el mismo hizo y que, por lo tanto, se dirija al Ministerio Fiscal para las consecuencias que podamos estar teniendo.

Hemos pedido, también, mediante acuerdo un informe urgente al Consejo de Estado para recurrir, les recuerdo que es no vinculante. En alguna ocasión, ustedes que siguen el Consejo de Ministros, saben que hemos recurrido con un informe negativo pero, en cualquier caso, nosotros nos dirigimos siempre al órgano de consulta del Consejo de Ministros, que es el Consejo de Estado para poder recurrir, es decir, impugnar otra resolución que queda pendiente en la que el Parlament de Cataluña debatió de manera formal, con un punto del orden del día, una sentencia del Tribunal Supremo. No corresponde en el orden escrupuloso de respeto de la separación de poderes que ningún parlamento haga un debate formal sobre una sentencia de nuestros tribunales. Así que, cuando recibamos este informe, procederemos también a impugnar esta resolución de la Cámara autonómica de Cataluña.

Hemos acordado, también, el sellado definitivo de los pozos de gas que denominamos Castor, que están enfrente de las costas de Castellón y de Tarragona -como todos sabemos. Se sellaron de manera provisional y hemos acordado, y hemos encargado a Enagas que en el plazo de 6 meses se tramite todo el expediente para proceder a su sellado definitivo. El Ministerio para la Transición Ecológica considera que después de resuelta la situación procesal que había en los tribunales -como todos ustedes bien saben- de manera rápida y, en fin, con resolución eficaz, debemos evitar el coste que supone la situación que ya no sirve al sistema gasístico español. Una vez considerado que no pueda servir, la situación que hemos ahora de resolver es que no haya coste de mantenimiento, que se cierren, también por mayor seguridad y, por tanto, hemos adoptado también esta decisión mediante acuerdo y propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica.

Y, por último, les decía a ustedes que habíamos encargado al Ministerio de Justicia, --lo hemos dicho a lo largo de estos días de manera, en fin, sencilla--; la ministra de Justicia ha firmado en el día de hoy una encomienda a la Abogacía General del Estado para que se persone en defensa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en aquellos procedimientos que se sigan contra ellos por actos relacionados en el ejercicio de sus funciones.

La Abogacía del Estado se va a personar, también, en nombre de la Administración General del Estado, en cualquier procedimiento penal cuando se hayan producido daños o perjuicios a los bienes del Estado en el ámbito de nuestra competencia.

Dicho de otra manera, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado van a tener asistencia jurídica por parte de la Abogacía General, también, para lo que importa en esos procedimientos en el caso que se den en relación a las agresiones físicas, amenazas, acusaciones o denuncias falsas contra ellos. El Gobierno decide la protección de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Repito que para esto no era necesario un acuerdo del Consejo de Ministros, pero sí ha sido un trabajo que se había encomendado al Ministerio de Justicia y hoy mismo, como ven, se ha producido su encomienda.

Y, por último, como les decía al principio, hemos aprobado un Real Decreto ley que llegará al BOE el martes. En este Real Decreto el Gobierno ha considerado, primero, la urgencia y, en segundo lugar, la necesidad en protección al interés general de algunas cuestiones sobre las que hemos venido trabajando con ocupación y con preocupación.

Todos sabemos que una parte importante de nuestros derechos se ejercen y se tienen que proteger en el ámbito de las denominadas nuevas tecnologías, los nuevos formatos de funcionamiento de nuestra vida cívica y de nuestras relaciones con las Administraciones Públicas. Todos conocemos la existencia de una ley del 2015 de Seguridad Nacional. Entre los objetivos de Seguridad Nacional de nuestro país están, también, novedades recientes en los últimos años de nuestras vidas que no solamente se alejan del concepto más clásico de la seguridad sino que también se adentran en conceptos obligados por el funcionamiento de nuestra sociedad actual, y me refiero a la ciberseguridad.

En relación a la ciberseguridad hay muchas cuestiones que afectan a la seguridad nacional y al libre ejercicio de nuestros derechos y de nuestras libertades, a las garantías, también, de las relaciones de los propios ciudadanos con las Administraciones Públicas y a las propias Administraciones Públicas entre sí. Esto significa que hemos tomado decisiones que afectan a 7 Ministerios. Es un Real Decreto Ley que tiene 7 artículos, 1 disposición adicional, 3 transitorias y 3 finales.

Es un Real Decreto enjundioso, complejo, por cuanto nos dirigimos a ámbitos muy importantes, ámbitos en los que consideramos la preservación de nuestro Documento Nacional de Identidad como único en la identificación de los españoles; de los servidores con los que operamos en nuestro país y que deben de estar todos en el territorio de la Unión Europea y no fuera en ningún paraíso digital; de las garantías de acceso a los datos públicos y de la protección de las mismas, incluso en el ámbito de la contratación pública; de la petición y de la utilización de datos sobre los ciudadanos y ciudadanas de este país y con qué fines legítimos tenemos esos datos --incluso los pueden tener las Administraciones Públicas para proteger en términos de Seguridad Nacional.

En el ámbito de las telecomunicaciones de nuestro país ocurren cosas que no hacen falta recordarlas porque las vivimos: se nos hackean nuestros dispositivos, se obtienen datos sin nuestro consentimiento que luego se utilizan y se pueden utilizar, evidentemente, contra nosotros. En la protección de nuestro estatuto de ciudadanos y ciudadanas de democracias y de Estados garantistas, en definitiva, tenemos que identificar cada vez más y mejor, y la posibilidad de reaccionar en eso que llamamos ciber amenazas, espionaje, utilización de datos, en algunos casos principalísimos para el funcionamiento de una democracia, como puede ser la utilización de los mismos en procesos electorales.

Hemos visto algunas situaciones -no en nuestro país, afortunadamente, pero sí en otros lugares del mundo-- que nos preocupan. Por tanto, afectamos diferentes áreas de responsabilidad del Gobierno en el estricto ejercicio de nuestras competencias, tal y como la Constitución dice y prohíbe, sin entrar en el ámbito de competencias que no sean nuestras y sin afectar ninguna área que esté expresamente exceptuada en la Constitución para la utilización de los reales decretos-ley de un Gobierno. Naturalmente, no tiene ninguna situación restrictiva el hecho de que estemos en funciones y lo trasladaremos para su convalidación a la Diputación Permanente. Entrará en vigor en el momento en el que esté en el Boletín Oficial del Estado y lo estará el martes.

Ha sido un trabajo en el que veníamos de largo pero hay algunas situaciones que nos preocupan y algunas situaciones en la que el Estado --es la responsabilidad del Gobierno y de la Administración General del Estado-- hemos de estar permanentemente vigilantes y diligentes. En el ámbito digital ocurren cosas que a veces son irreparables; por lo tanto, se trata de reaccionar, también, de manera inteligente, razonable, proporcionada pero con respuesta a las situaciones que podamos tener planteadas. Repito que han sido 7 los Ministerios proponentes y lo trasladaremos a partir de este momento y de su publicación en el Boletín Oficial del Estado a su convalidación.
Estos son los acuerdos que hoy hemos adoptado, las decisiones que hemos tomado y estoy a su total disposición.

P.- Juanma Romero, de El Confidencial. Buenos días, vicepresidenta. Yo quería preguntarle por este Real Decreto-ley que hoy nos han presentado, del que no teníamos conocimiento hasta hoy, porque no me queda clara la urgencia que ustedes esgrimen para aprobarlo hoy cuando estamos, además, a 9 días de las elecciones. ¿Qué les ha hecho aprobar este Real Decreto hoy? ¿Han visto movimientos de la Generalitat que les empujan a aprobar este Real Decreto de manera tan urgente? ¿Han podido consultarlo, también, con la oposición, puesto que tienen que aprobar este decreto en la Diputación Permanente?

Y, luego, dado que ayer recibió una sanción, bueno, un expediente el presidente del Gobierno en funciones y también la ministra Portavoz, quería preguntarle si no cree suficientemente grave el Gobierno el hecho de que, por primera vez en democracia, si no estamos equivocados, a un presidente del Gobierno se le haya abierto un expediente sancionador por utilización de La Moncloa para usos electoralistas. Gracias.

Vicepresidenta.- Mire, en relación a su primera pregunta, todos ustedes saben, fundamentalmente porque son periodistas que siguen el Consejo de Ministros que, primero, la posibilidad de que el presidente lleve en mano al Consejo de Ministros un asunto es absolutamente cotidiana y normal en cualquier gobierno, legal, por supuesto, y se hace de manera abundante. Este es un asunto que el presidente ha querido llevar -como se dice-en mano al Consejo de Ministros aunque ha sido, repito, objeto de trabajo, de mucho tiempo y de muchas reuniones de coordinación de los diferentes Ministerios afectados; por lo tanto, nosotros llevamos tiempo trabajando y el presidente lo ha llevado en este formato, cosa que es bastante normal y bastante frecuente aquí y en cualquier otra situación.

Es urgente porque hay situaciones en el orden cotidiano de nuestras vidas y en nuestra relación con las Administraciones Públicas donde hay que reaccionar cuanto antes mejor.
En segundo lugar, si no lo hiciéramos, teniendo en cuenta que estamos a las puertas de una campaña electoral de un futuro en el que nuestro país tendrá un gobierno y tendrán que pasar los correspondientes días hasta que esa situación llegue, lo mejor es no esperar a semanas o al tiempo que esta situación dure. Es mucho mejor reaccionar cuanto antes se pueda, mejor; entre otras razones, porque nuestro sistema jurídico político -como de cualquier otra democracia, exactamente igual-nos da la tranquilidad y la seguridad de que existe gobierno todos los días, siempre, estemos en campaña o no, en funciones o no, con presupuestos prorrogados o no. La garantía de la democracia es que hay siempre un gobierno y obligación de gobernar y responsabilidad para hacerlo en todo lo que sea necesario. Y nuestra Constitución reconoce que cualquier gobierno en cualquier situación tiene que responder, y nosotros lo hacemos de manera responsable.

Como se podrá imaginar hay materias que en el paraguas de la ley de Seguridad Nacional y de uno de sus objetivos, que es la ciberseguridad, no vayan a ser objeto, obviamente, y para que sean eficientes, de muchos comentarios y de mucha difusión en tanto en cuanto somos mucho más eficientes si lo hacemos en el ámbito en el que corresponde. Por eso, repito, este Real Decreto-ley llega en el momento en el que el Gobierno sabe y conoce que tiene que reaccionar. Es más, lo haría cualquier gobierno en nuestra situación y, repito, tranquiliza mucho saber que en democracia hay gobierno todos los días, a todas las horas, con las correspondientes obligaciones de hacer lo que considere que tiene que hacer --que para eso, en definitiva, es para lo que estamos.
Mire, en rueda de prensa el Consejo de Ministros no se habla de la Junta Electoral Central.

P.- Albert Calatrava, de TV3. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es directa. Si esta reacción del Gobierno es porque tienen constancia de que la Generalitat está utilizando algún tipo de servidor fuera de la Unión Europea o saben que tiene la intención de hacerlo de manera inminente. ¿Por qué esta urgencia? ¿Porque tienen ya algún tipo de información?

Y, después, sobre las admisiones a trámite de la Mesa del Parlament, se nos dijo que no se actuaría hasta que estos puntos no se llevasen al Pleno y estuvieran aprobados. ¿Qué ha cambiado en la opinión del Gobierno español para actuar incluso antes de que estos puntos estén formalmente aprobados por la Cámara? Gracias.

Vicepresidenta.- Lo hemos dicho en estos últimos días, lo ha dicho el propio presidente en funciones. Nuestra obligación de información para tomar decisiones no para ni un solo minuto, lo ha dicho en muchas ocasiones. Estamos sabiendo o alcanzando información para poder reaccionar en términos de seguridad para este país y de protección de los derechos y de las libertades de todos los ciudadanos. En definitiva, del interés general de este país, en su totalidad, en su totalidad demográfica y territorial, como es lógico.

En ese sentido, reaccionamos cuando hemos de hacerlo para tranquilidad y garantía de la responsabilidad que el Gobierno de España tiene en esta situación, también, y en relación, también, como usted bien dice, a algunas situaciones en Cataluña. Lo hemos dicho, ahora simplemente es que ha llegado el momento de tener que hacerlo y, como le decía a su compañero, de no hacerlo tardaríamos no se sabe cuánto tiempo. No sabemos en cuánto tiempo España tendrá un Gobierno que no esté en funciones; por lo tanto, ¿para qué retrasarlo? Cuanto antes podamos disponer de estos instrumentos, mejor.

Pensamos, como pensaría cualquiera con buena voluntad y con responsabilidad, que nos acompañará la oposición en esto. Porque, si no es así, se entendería mal si estamos todos dispuestos a sostener los criterios de nuestra ley de Seguridad Nacional que fueron desarrollados en una estrategia del 2007; es decir, que estamos hablando de una ley y de una estrategia que este Gobierno recibe de otro gobierno anterior. Por lo tanto, estamos poniendo en marcha situaciones con criterios bastante responsables y eficientes. Dado que estamos a las puertas de unas elecciones, no sabemos en cuánto tiempo España puede tener un Gobierno que pueda reaccionar. Cuanto antes, mejor.

Mire, las resoluciones tienen que ser publicadas para que las podamos impugnar en algunos casos. Pero es que aquí de lo que estamos hablando es de un orden del día de la Mesa del Parlament que algunos grupos parlamentarios han pedido su reconsideración --es decir, que hemos agotado la vía previa, que la Mesa reconsidere que esos puntos del orden del día que se han debatido en alguna ocasión, que han sido objeto ya de pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede reiterar una vez más que se produzcan votaciones y resoluciones votadas en el Parlamento de Cataluña, que ha apercibido al Gobierno de Cataluña y a la Mesa del Parlamento de Cataluña.

Estas resoluciones se ha pedido que no se tramiten, pero se ha dicho que se van a tramitar. Por lo tanto, hay que atacarlas jurídicamente en este momento, antes de que ocurra el debate de un orden del día donde se vuelva a producir otro pronunciamiento. Es decir, estamos haciendo lo que tenemos que hacer en términos procesales, pero una cosa es que la Mesa reconsidere por última vez que no puede debatirse sobre la autodeterminación porque no existe como derecho en nuestro orden constitucional, que no puede debatirse acerca de una realidad de la soberanía de Cataluña porque la única soberanía que existe en nuestro país, como dice nuestra Constitución, es la soberanía común de todos los españoles, pues nosotros hacemos nuestro trabajo procesal en el momento oportuno, antes de que eso ocurra.

Se ha apercibido a la Mesa para que sepa que no lo puede hacer y le pedimos al Tribunal Constitucional que considere si está siendo desobedecido y, si es así, que proceda a su traslado al Ministerio Fiscal para los efectos oportunos.

Toca hacerlo en ese momento. Sin embargo, las otras resoluciones, que me imagino que es a las que usted se refiere, tienen que ser debatidas. Hay una sobre la que hemos pedido informe al Consejo de Estado, sobre una temática en la que el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado pero que el Gobierno considera impugnable. Consideramos impugnable que ningún órgano legislativo en nuestro país, parlamentos autonómicos o cortes generales, puedan romper la independencia de los poderes del Estado haciendo un debate formal sobre una sentencia, por mucho que se pueda discrepar de la sentencia, que luego en un Estado de Derecho se tienen que acatar y cumplir.

P.- María Rodríguez, de TVE. Buenas tardes, vicepresidenta. Yo quería volver al Real Decreto. Deduzco por sus palabras --decía: se hace ahora porque tenemos información y datos--, deduzco entonces que sí les consta que la Generalitat está operando con servidores fuera de la Unión Europea. En ese caso, ¿cómo se va a ejecutar este Real Decreto? Si la ejecución es el cierre, por ejemplo, de páginas web.

Y sobre la encomienda al Ministerio de Justicia, la defensa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, me gustaría saber si también en el caso de los Mossos, y si tiene algo que ver con esa investigación y esa auditoría interna que hemos conocido esta semana. Gracias.

Vicepresidenta.- El decreto es un decreto, yo lo calificaba antes, de juicioso y técnico y complicado. Ahora van a tener ustedes una nota, en fin, larga, para que se puedan adentrar con bastante facilidad en el contenido del mismo. Yo lo voy a decir al revés de como lo ha dicho usted, que es como lo pone en el Real Decreto: no puede haber servidores fuera del espacio de la Unión Europea, en ningún paraíso digital. Tenemos que conocer desde donde sale la información en este país, quienes la manejan, con qué fines la manejan y para qué.

Usted lo ha preguntado y, en tono parecido, otro de sus compañeros. Pongámoslo del revés: que este Gobierno en funciones, con toda la responsabilidad constitucional que tiene el Gobierno de la nación, no lo estuviera haciendo. Estaríamos faltando a nuestra responsabilidad y a aquello que un día prometimos, que era defender los intereses generales de este país. Por eso lo hacemos.

Y, mire, nosotros podemos --no existe ninguna posibilidad porque no existe ningún convenio con ninguna policía autonómica, tampoco con los Mossos--, nosotros podemos responder para personarnos en defensa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad nacionales, que dependen estrictamente de nuestras competencias. No podemos invadir competencias que no tenemos, pero sí que es una posición clara de este Gobierno en relación a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Les acompañaremos en las dificultades que encuentren en el ejercicio de su función y nos sentimos absolutamente orgullosos de la profesionalidad que han tenido y que tienen cada día para afrontar una situación que es conocida por todos. Esa es la posición de este Gobierno en relación a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que depende de nuestras decisiones como Gobierno.

P.- Patricia de Arce, de EFE. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle como ministra de Igualdad, además, que es usted. La Audiencia de Barcelona ha dictado ya la sentencia por la violación múltiple de Manresa y la sentencia es por abuso, no por agresión, no sigue la jurisprudencia del Supremo con el caso de la manada en Pamplona. Yo quería saber qué le parece al Gobierno esto.

Vicepresidenta.- Me he encontrado esa información justo cuando estaba llegando aquí porque debe de tener minutos. El Gobierno no comenta sentencias. El Gobierno en funciones y, particularmente, el trabajo hecho en los últimos tiempos, tiene una posición clara acerca de las modificaciones legales que haya que hacer cuando se pueda, cuando estemos en condiciones --no me refiero al Gobierno sino a todo nuestro sistema político pasadas las elecciones--; cuando a quien corresponda pueda hacer, si está en sus objetivos políticos, una modificación en la que ya está muy bien ubicada la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Pero, repito, esa noticia es de hace minutos, no he leído todavía la sentencia y el Gobierno no comenta sentencias. Y la posición del Gobierno es bien conocida en relación a este asunto porque no es de ahora sino de hace ya un tiempo, como bien sabe usted.

P.- Francisco Guaita, de Russia Today. Buenas tardes. Primero me gustaría que hiciera una valoración. Dice usted que siempre hay Gobierno, las 24 horas del día durante todo el año, pero cuando está en funciones me gustaría saber cuáles son los obstáculos principales de esa inestabilidad a la hora de ejercer gobierno y, sobre todo, las consecuencias que tiene en asuntos como la dependencia, en asuntos como las pensiones, en asuntos de ciencia, de inmigración. Que hiciera una valoración al respecto. Muchas gracias.

Vicepresidenta.- En funciones, en España, como en cualquier otra democracia de nuestro entorno, se tiene que sacar adelante la gestión ordinaria, no se puede sacar el trabajo normal de un Gobierno que es poder tener proyectos de ley. Además, tenemos unos presupuestos prorrogados, por lo tanto no podemos disponer de la verdadera política que hubiésemos podido hacer de haberlos tenido.

Esas son las grandes limitaciones, son limitaciones políticas muy importantes. Pero cuando yo antes decía que un gobierno en funciones tiene la responsabilidad a todas horas y todos los días del año del funcionamiento normal y ordinario de un país es que esta es la grandeza de una democracia. Hay cosas que no se pueden hacer porque no estamos en una situación, digamos, cotidiana de funcionamiento pleno --en este momento, incluso con las Cámaras disueltas porque estamos en periodo electoral-- pero, por decirlo de otra manera, es lo normal que está previsto y regulado en cualquier democracia como la nuestra.

No se puede hacer el trabajo político que querríamos porque, evidentemente, tiene limitaciones, pero sí deben sentir los ciudadanos y las ciudadanas la tranquilidad de que un gobierno en funciones está al constante pie del cañón del funcionamiento de un país en todas aquellas cuestiones de la gobernanza ordinaria y en todas aquellas cuestiones excepcionales como, por ejemplo, esta, mediante la vía del Real Decreto-ley que se convalida en la Diputación Permanente. Y que a lo largo de estos 40 años de democracia esto ha ocurrido de vez en cuando, no es tampoco ninguna situación excepcional ni única, ni mucho menos, ni lo es en ningún otro país.

La democracia tiene esta grandeza, se paran las máquinas para que el debate se abra pero el Gobierno tiene que garantizar el funcionamiento normal de un país, como hacemos cada día, incluso, con situaciones más especiales como es esta.

P.- Carina Verdú, de Antena3. Gracias vicepresidenta. Acabamos de saber que el presidente no ha podido llegar al acto que tenía previsto en los Alcázares porque ha habido un problema técnico en el avión en el que viajaba. No sé si nos puede dar más detalles o si ha podido hablar con el presidente. ¿Sabe alguna información? Gracias.

Vicepresidenta.- No. Me he despedido de él cuando él se iba para el viaje y yo venía para la rueda de prensa y me estoy enterando porque usted me lo está diciendo. Pero no ha pasado nada, ¿no? Algún problema técnico y han vuelto, ¿no?

No sé nada por lo que le acabo de decir de una manera totalmente franca, porque yo me he despedido de él, que tenía la agenda de candidato, y yo me he venido a mi trabajo ahora mismo institucional. No sé más.

P.- Juan Antonio Nicolay, de Nius. Dada la urgencia y el momento en el que se aprueba el Real Decreto famoso sobre el tema de la ciberseguridad, quería saber si habían detectado algún movimiento de la Generalitat en la red con respecto a las inminentes elecciones generales que, por tanto, aconsejaba tomar esta decisión en este instante.

Vicepresidenta.- Yo comprendo muy bien su pregunta porque si yo estuviera en su lugar también la haría. Sinceramente, también la haría. Pero he intentado trasladar que estamos hablando de estrategias de seguridad, que estamos hablando de la ley de Seguridad Nacional.

Nosotros regulamos aquí procedimientos, prevenciones, reacciones. Lo que no vamos a hacer, porque no lo haría ningún Gobierno, en fin, en competencia verdadera y eficiencia de trabajo, es desvelar situaciones que corresponden a quien corresponden: a nuestros Cuerpos de Seguridad, a nuestra Justicia, a nuestras áreas de trabajo digital, a nuestra administración en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Como usted comprenderá, este es un Real Decreto-ley que abarca muchas cuestiones --telecomunicaciones, por ejemplo. Estamos hablando de proteger más todavía el Documento Nacional de Identidad como único y excluyente de cualquier otra identificación que pudiera tener cualquier hombre o mujer de este país. Es decir, estamos hablando de situaciones en las que se refuerza seguridad, se previenen problemas, se cierran flancos que estuvieran abiertos en relación al ejercicio de derechos y de libertades tan importantes como nuestros datos personales y, por lo tanto, estamos en un espacio de estrategia de seguridad muy importante.

Hay cosas que, evidentemente, que son del dominio público y hay otras que se tienen que hacer con la prudencia necesaria para alcanzar los objetivos.

Pero, bueno, estamos hablando de un Real Decreto-ley que afecta a todas las Administraciones Públicas, que va a afectar al conjunto del mundo digital en el que nos movemos. Son muchas novedades tecnológicas y el Derecho tiene que reaccionar para protegerlas. Esta es la situación que vive el mundo actual, por un lado las novedades de las tecnologías van muy rápido y el derecho tiene que ir regulando y protegiendo situaciones que ya están superadas en el ámbito tradicional pero que requieren decisiones rápidas -jurídicamente hablando- porque son novedades.
Es un Real Decreto-ley que va a afectar a muchas cosas y no solamente a una comunidad autónoma.

P.- Leonor Mayor, de La Vanguardia. Vicepresidenta, me gustaría saber si va a haber un refuerzo policial en Cataluña para la jornada de reflexión y para el día 4 coincidiendo con la visita del Rey. Y, si es así, de cuántos efectivos mandarían añadidos.

Vicepresidenta.- De momento lo que se están produciendo son los relevos normales que hay que hacer de los destacamentos que ha habido allí de manera especial durante estos días y los que van a continuar, pero los dispositivos de seguridad más o menos habituales que afectan a la agenda del jefe del Estado o a los procesos electorales en los que cualquier país levanta sus alertas y sus guardias porque estamos hablando del fundamento de la democracia, que es el procedimiento impoluto de unas elecciones que, por cierto, tengo que decir que en nuestro país no hemos tenido nunca ningún problema que distorsione la limpieza de nuestros procedimientos electorales; y somos --no lo sé, igual hay algún país que saque los datos electorales de manera completa tan rápido y de manera tan perfecta desde el punto de vista de procedimiento de los resultados--, creo que somos un país ejemplar en esto.

A cada gobierno le toca en cada momento que esto siga siendo así, pero la verdad es que somos un país bastante ejemplar en este asunto.

Relevos que se tienen que producir y las medidas de seguridad correspondientes de los procesos electorales y de las agendas institucionales como corresponde, incluida la del jefe del Estado que está prevista en Barcelona.

Gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación).