Conferencia de prensa de la ministra de Educación, Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones; del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones; y de la ministra de Economía y Empresa en funciones después de la reunión del Consejo de Ministros

La Moncloa, viernes 4 de octubre de 2019

ISABEL CELAÁ, ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones.

LUIS PLANAS, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones.

NADIA CALVIÑO, ministra de Economía y Empresa en funciones.

Portavoz.- Buenos días a todas y a todos, queridos profesionales de los medios de comunicación. Un día más con todos ustedes, como cada viernes, y encantados de que ustedes nos traigan todas las inquietudes de la ciudadanía para poder responder.

En esta ocasión, como ven ustedes, me acompañan en esta rueda de prensa el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, y la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. Ambos tienen cosas que comunicarles y, por tanto, me ha parecido muy importante que estén con nosotros hoy.

El Consejo de Ministros, como no puede ser de otro modo, está teniendo muy presente los datos sobre la evolución económica mundial y la guerra comercial y arancelaria que, evidentemente, también, van a tener su impacto en la economía europea y española. Razón por la que, precisamente, me acompañan estos dos colegas que tienen conocimiento experto sobre la materia.

Por eso, lo primero que quiero decirles como portavoz es que la principal obligación de cualquier ejecutivo en cualquier lugar del mundo es velar por el interés de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y este gobierno lo tiene muy presente. Nuestra obligación es trabajar precisamente para ofrecer certidumbre y confianza en tiempos de mudanza.

¿Es cierto que hay evidentes signos de desaceleración económica mundial? Sí. También lo es que la economía española mantiene índices de crecimiento superiores a los de la media europea, pese a lo cual siempre hemos enviado mensajes de prudencia y nos mantenemos en ellos.

¿Es cierto que la guerra arancelaria podría provocar perjuicios en varios e importantes sectores productivos españoles? Sí, pero también lo es que confiamos plenamente en la negociación y en el multilateralismo y que el Gobierno de España, hombro con hombro con la Unión Europea, hará frente a las amenazas comerciales. Las sanciones provisionales anunciadas por el gobierno norteamericano nos parecen, son, inaceptables. Confiamos en el arbitraje y en el diálogo más que en las represalias, pero estamos seguros de que España y Europa sabrán responder a las medidas proteccionistas y nacionalistas de los gigantes internacionales. Porque Europa también es grande y este es uno de los momentos para demostrarlo.

Señalaba hace un instante que el Gobierno es de todos y para todos y, como tal, tiene que hacer frente a los desafíos principales contemporáneos: la economía, el Brexit y la sentencia del procés. Y frente a todos ellos mantiene una receta: sentido común, confianza y determinación.

Por eso hemos dicho tantas veces que necesitamos un Gobierno estable. Hay que salir del bloqueo cuanto antes. Pero una cosa sí queremos dejar clara: que un Gobierno en funciones no es ni mucho menos un Gobierno disfuncional. Los mecanismos constitucionales y las leyes nos habilitan para afrontar todos los retos; lo contrario sería incomprensible.

Por eso, no viene de más recordar cuáles son las atribuciones de un Gobierno en funciones conforme a la legislación vigente. Y en la ley del Gobierno se incluye: el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.

Han sido muchos los debates surgidos estos días al respecto de lo que se puede y lo que no se puede hacer, pero no hay ninguna duda. En todos ellos el interés general y la urgencia justifican la acción del Gobierno, una acción que hay que cumplimentar porque lo contrario sería no cumplir con la obligación constitucional del Gobierno.

Por eso, el Gobierno está en las emergencias; por eso, el Gobierno está en el Brexit; y por eso, el Gobierno, con firmeza y con proporcionalidad, atenderá a la sentencia del procés. En esta cuestión y en todas las demás, una máxima que estos días reitera el presidente del Gobierno, tenemos un Gobierno de todos y para todos.

Entrando en el contenido del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, plantear dos incidentes de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional relativos a determinados incisos de algunos apartados de la resolución aprobada por el pleno del Parlament de Catalunya el pasado 25 de julio sobre las propuestas para una Cataluña real. El primero de los incidentes de ejecución se refiere a determinados incisos de los apartados 1.1 y 1.2 en los que el Parlament se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña.

El Gobierno considera que de esta manera la resolución incumple las sentencias del Tribunal Constitucional 259/2015 y 136/2018 y, por ello, solicita la declaración de nulidad de estos incisos y su inmediata suspensión. El segundo incidente de ejecución, que afecta a la misma resolución, se reafirma en la reprobación de su Majestad el Rey Felipe VI, extremo sobre el que se pronunció recientemente el Tribunal Constitucional en la sentencia 98/2019 de 17 de julio. El Gobierno estima que el texto aprobado por el Parlament incumple dicha sentencia y solicita igualmente la declaración de nulidad y su inmediata suspensión.

Además, en ambos incidentes de ejecución, el Gobierno solicita al Tribunal Constitucional que ordene la práctica de la notificación personal en la providencia en que se decrete la suspensión de la resolución impugnada y en la que en su momento se dicte, resolviendo el incidente de ejecución, y en las mismas se advierta al presidente del Parlament, Roger Torrent i Ramió; al secretario general, Xavier Muro i Bas; y a los miembros de la Mesa, de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los citados incisos de la resolución 534/12 del Parlament de Cataluña; así como de su deber de paralizar o impedir cualquier iniciativa jurídica o material que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir las sentencias del Tribunal Constitucional sobre estos asuntos. Y la decisión que dicte, en el caso de ser estimadas las dos demandas incidentales, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades en las que pudieran incurrir.

El segundo tema que ha autorizado hoy el Consejo de Ministros se corresponde con la celebración de dos contratos de arrendamiento para suministrar un total de 2.160 turismos radio patrulla para la Policía Nacional, por un valor de 58.594.680. Se trata de un contrato de renting que incluye el mantenimiento integral del vehículo y coche de sustitución en caso de avería.

El tercer tema que hemos destacado es el informe que ha sido presentado hoy en Consejo de Ministros sobre la puesta en marcha de las conmemoraciones del XXV aniversario de la adopción de la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, hace 25 años, Pekín.

El Consejo de Ministros ha conocido hoy precisamente ese informe sobre la puesta en marcha de las conmemoraciones de los 25 años de la adopción de aquellos acuerdos en la Declaración y Plataforma de la Acción de Pekín, hace 25 años. Por lo tanto, en aquel momento, en aquella cumbre se adoptaron medidas relativas a la mujer, a las mujeres, en lo que respecta a la educación, la desigualdad económica, la lucha contra la violencia, contra actos de violencia contra la mujer y lo que se establece ahora son conmemoraciones que discurrirán a lo largo de los próximos 12 meses. Ustedes saben que España es desde hace tiempo un país líder y referencia en lo que significa políticas de igualdad de género. Por lo tanto, 12 meses de conmemoraciones que culminarán en la celebración de la 75º Asamblea General de las Naciones Unidas el año que viene.

También se ha aprobado, hemos aprobado en Consejo de Ministros, un Real Decreto por el que se completa la trasposición de una directiva europea referida a la protección consular de los ciudadanos de la Unión no representados en terceros países. Se trata de ciudadanos españoles --en este caso-- que estén en un tercer país y, conforme a los acuerdos a través de esta directiva con otros Estados de la Unión Europea, pueden acogerse en un tercer país --como digo--, al no tener representación consular española, a cualquier otra representación consular que haya en ese país de la Unión Europea. Se trata de un derecho contemplado en el Tratado de la Unión Europea y es parte del acervo comunitario. Y hoy hacemos transposición de esa directiva.

También hemos aprobado la declaración del Gobierno con motivo del Día Europeo y Día Mundial Contra la Pena de Muerte, que se celebra el 10 de octubre, y en la que el Gobierno de España reitera su oposición a la pena capital e insta a los Gobiernos de estados a que restrinjan los casos en los que la aplican e instalen moratorias con vistas a la abolición definitiva.

Y, ahora sí, hay otros asuntos menores. Si ustedes tienen interés los tienen referenciados en el sumario que pueden ver. Entre otros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, el Consejo de Ministros ha autorizado a la comunidad de Castilla y León a emitir deuda pública a largo plazo por importe máximo de 500 millones de euros de aquí a final de año. Esto, como ustedes bien saben, no implica endeudamiento; es deuda pública que se emite a interés más bajo y que sirve para financiar la deuda que se haya adquirido a interés más alto.

Y ya quiero darle la palabra al ministro Planas porque hay cuestiones referidas a aranceles que son objeto de su preocupación y han sido objeto de su preocupación estos días. Así que, ministro Planas.

Sr. Planas.- Muchas gracias, ministra portavoz. Buenas tardes a todos ustedes. Efectivamente, comparezco ante ustedes para darles cuenta de la deliberación que hemos tenido esta mañana en el Consejo de Ministros y de las medidas que va a adoptar el Gobierno de España en relación con la noticia que tuvimos ayer de la publicación de una lista provisional de productos procedentes de la Unión Europea a los que se aplicarían aranceles adicionales como consecuencia del conflicto existente en el seno de la OMC planteado por Estados Unidos sobre las ayudas públicas a la construcción de los aviones Airbus.

Tuvimos ayer conocimiento de esa lista de bienes que afectan básicamente a los cuatro países integrados en el consorcio Airbus --es decir, Francia, Alemania, España y Reino Unido-- pero, también, al resto de los países comunitarios en menor grado; y en el caso de España es evidente que esa lista afecta, básicamente, al sector agroalimentario y de una forma muy significativa.

Por tanto, en nombre del Gobierno quiero decir, de entrada, que nos parece inaceptable el que el que el sector agroalimentario español esté sufriendo las represalias comerciales, o pueda sufrirlas, en relación con este conflicto que se refiere al sector aeronáutico. Y por dos razones: primera, porque lleva al campo agroalimentario y, por tanto, a la vida cotidiana de los ciudadanos lo que afecta a una cuestión evidentemente importante económica y técnica como son los subsidios para la construcción de aviones; y, en segundo lugar, porque nos parece que se sitúa en un momento donde existe aún un margen un margen de negociación entre la Unión Europea y Estados Unidos respecto del tema.

Seré más preciso. Como ustedes saben, en los pasados meses de abril y de junio hubo ya trámites anteriores en que primeros borradores de la lista fueron circulados por parte de Estados Unidos. Esta es la lista provisional oficial ya publicada. Es un contencioso que viene de atrás pero que se desarrolla en paralelo a otro contencioso que mantiene la Unión Europea con Estados Unidos sobre las ayudas públicas a la construcción de los aviones Boeing y, por tanto, este segundo panel probablemente derivará en un plazo no superior a ocho o diez meses en una resolución arbitral que estimamos podría ser absolutamente paralela y en sentido contrario a la que se ha producido hace unos días respecto del caso de Airbus.

Por tanto, de acuerdo con la tradición de la Comisión Europea y de Estados Unidos en el marco de un comercio multilateral basado en reglas lo normal sería entrar en un proceso negociador para compensar eventualmente las posibles repercusiones admitidas o autorizadas por los árbitros a este respecto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Hasta el día 14, donde hay una reunión en Ginebra del Organismo de Solución de Diferencias, existe la posibilidad de que esta lista provisional se anule total o parcialmente y, evidentemente, la postura del Gobierno de España es instar firmemente a la Comisión Europea para que haga cuanto esté en su mano para que esa lista no llegue a entrar en vigor como tal.

Y, evidentemente, por parte de la comisaria Malson, responsable del tema, ya se ha planteado a los Estados Unidos la necesidad de examinar --como les decía antes-- esa existencia de un panel cruzado y de una posible solución en el marco del mismo.

Diré más, la Comisión Europea tiene en el cajón la posibilidad de represalias comerciales de casos anteriores favorables a la Unión Europea pero los cuales, a pesar de la resolución positiva, no se han aplicado retorsiones a los Estados Unidos de América. Por tanto, debe ser clara nuestra posición, que es una posición de firmeza al respecto, de firmeza respecto a la defensa de los intereses españoles, de los intereses de nuestro sector agroalimentario y de los intereses de la Unión Europea. Estamos al lado de los productores del aceite de oliva, de los aceituneros, de todos nuestros viticultores, de todos los productores del porcino, de los productores de quesos y, también, de los productores de cítricos que van a verse afectados eventualmente por estas medidas de retorsión que, en absoluto, en absoluto están justificadas y máxime cuando nada tienen que ver, evidentemente, con el origen del conflicto. Hay margen para la negociación, hay margen temporal y material para ella y esperamos y deseamos no entrar en un conflicto comercial.

El Gobierno de España no desea un conflicto comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos o los Estados Unidos y la Unión Europea pero, evidentemente, creo que nuestra posición es bien clara y firme. Si alguien inicia un conflicto debe ser responsable del mismo y le pediremos, instaremos de la Unión Europea, como el Gobierno de España va a mantener, la máxima firmeza en la defensa de nuestros intereses; porque ello es no sólo una necesidad sino de justicia en relación con lo que les acabo de indicar.

¿Cuál es el plan de acción del Gobierno? Ya nos hemos movilizado durante el día de ayer y de hoy en relación con nuestros socios de Airbus y el conjunto de los países miembros de la Unión Europea para tener y mantener una posición común y, también, con nuestros contactos con la Comisión Europea. Y a lo largo del fin de semana los contactos van a proseguir.

El próximo lunes me voy a reunir con todas las comunidades autónomas para tratar de este tema y creo que es importante porque de esa forma podremos lo que el Gobierno considera necesario: conformar una posición de España, una posición común a todos en la defensa de los intereses de todos, del conjunto de los sectores pero, también, de España. Y, por tanto, el lunes nos reuniremos con todas las comunidades autónomas, el martes por la mañana con todos los sectores afectados y continuarán a lo largo de la semana que viene los contactos con la Comisión Europea para llevar a cabo, efectivamente, esta presión de cara a una negociación que esperamos tenga algún resultado. De no ser así pasaríamos a otra fase y en esa fase deberíamos examinar qué mecanismos existen por parte de la Unión Europea respecto de Estados Unidos y, de igual modo, qué mecanismos de apoyo y compensación podrían existir para los sectores afectados, pero no voy a hablar hoy sobre ello.

Lo importante es que estamos aún en una fase de negociación hasta el día 14 y ahí es donde el Gobierno de España va a mantener toda la presión en la defensa de los intereses de todos los afectados, del conjunto de los sectores que he mencionado, y del conjunto del territorio de España y, muy particularmente, de Andalucía, porque, evidentemente, todo ello interesa mucho a este Gobierno e interesa mucho --como indicaba la ministra portavoz hace un momento somos un Gobierno en funciones pero un Gobierno en acción que defiende los intereses de sus ciudadanos y de sus empresas.

Portavoz.- Muchas gracias, ministro Planas. La ministra Calviño también tiene muchas cosas que yo creo que son de su interés.

Sra. Calviño.- En este contexto internacional complejo que acaba de describir mi compañero he tenido ocasión de informar al Consejo de Ministros sobre la situación de la economía española. Es un ámbito en el que el Gobierno ha seguido una línea claramente marcada por la prudencia, evitando sobre reaccionar ante un acontecimiento concreto o un dato concreto y atendiendo siempre a las líneas generales las grandes tendencias sobre las que regularmente informo, por supuesto, al Consejo de Ministros.

Como ven en la primera de las diapositivas que tienen en la presentación --que creo que se ha repartido-- la economía española está en una fase expansiva. Trimestre tras trimestre el Producto Interior Bruto de nuestro país aumenta. El crecimiento de este Producto se ha ido moderando, se ha ido ralentizando desde el máximo de velocidad o de incremento que se registró en 2015. Esta evolución, esta moderación, ha sido anticipada por nosotros y por todos los organismos de análisis e inversores nacionales e internacionales.

De hecho, como ven ustedes en el gráfico que tienen en esta diapositiva y como refleja la última revisión metodológica que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística hace unas pocas semanas, uno de los resultados más interesantes de esta revisión es que la ralentización del crecimiento desde el máximo de 2015 fue más intensa de lo que pensábamos en 2016, estabilizándose en términos relativos en los últimos años, en los años siguientes.

Nuestra previsión de futuro, como la de todos los organismos nacionales e internacionales, es que en ausencia de una perturbación impredecible España se mantendrá en esta tendencia convergiendo hacia la tasa de crecimiento potencial o de equilibrio a medio plazo. Esta fase de recuperación --como ven en esta diapositiva-- está siendo menos intensa que en ciclos anteriores pero, también, más estable y equilibrada. No se han generado déficits de balanza de pagos por cuenta corriente, no hay burbujas en el mercado inmobiliario o en otros mercados de activos, la inflación está muy contenida --seguimos ganando competitividad en los mercados internacionales--, se está reduciendo el déficit y la deuda pública, el mercado financiero está en una situación más sólida que la de principios de siglo, las familias y las empresas tienen una posición financiera más saneada, han ido reduciendo el endeudamiento aprovechando esta fase de crecimiento económico y el aumento de la renta disponible, incluso, está permitiendo un repunte del ahorro.

Esta evolución es coherente con un mercado laboral que sigue siendo dinámico. Los últimos datos que hemos recibido esta misma semana referidos al mes de septiembre siguen registrando un ritmo de creación de empleo que está por encima del propio crecimiento económico; es decir, que nuestra economía no presenta los signos de vulnerabilidad que nos hicieron tener la larga y profunda recesión de la última crisis. Los fundamentos son más firmes para hacer frente a cualquier episodio de inestabilidad en el ámbito internacional.

España sigue manteniendo un claro diferencial de crecimiento con respecto a la zona euro que, incluso, se ha ampliado desde mediados de 2018; pero, ahora bien, la economía española está muy abierta y, por tanto, no podrá aislarse si se alarga o profundiza esta fase de enfriamiento de la economía europea y de otras partes del mundo, si sigue ralentizándose el comercio internacional, si se prolongan las tensiones comerciales a las que acaba de referirse el ministro de Agricultura o si aparecen nuevos focos de incertidumbre. En momentos de incertidumbre es todavía más importante una gestión por parte del sector público, por parte del Gobierno que sea responsable, prudente, rigurosa pero que ponga el interés y las preocupaciones de los ciudadanos, también, en el centro de la actuación.

En este momento no resulta productivo, en absoluto, caer en la complacencia, pero tampoco en el catastrofismo o en el alarmismo. Tampoco caer en la sobrerreacción. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Cuando el Gobierno realizó sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto para 2019 y 2020 a principios del año ya sabíamos que en otoño iba a haber un momento de gran tensión e incertidumbre relativo al Brexit. Por eso, no nos sumamos a la euforia de muchos analistas e instituciones que en mayo o junio revisaron al alza el crecimiento de nuestro país porque el resultado final de este ejercicio dependerá mucho de lo que suceda con respecto al proceso de salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido, así como otros focos de incertidumbre como la tensión comercial a la que nos estamos refiriendo de forma específica en esta rueda de prensa. De la misma manera que no nos sumamos a esa euforia tampoco cabe entrar en una espiral negativa a medida que se acerca la fecha del Brexit.

Volviendo a la situación actual, recientemente el Instituto Nacional de Estadística --ya lo he mencionado-- ha realizado un ajuste técnico, una revisión, de las estadísticas de los últimos 23 años de nuestra historia económica. Tendremos en cuenta este ajuste técnico en nuestras previsiones que servirán de base para el Plan Presupuestario que se enviará a Bruselas hacia el 15 de octubre junto a toda la información disponible, todos los indicadores, todos los datos de los que dispongamos en ese momento. Los indicadores que se van publicando son mixtos; algunos son negativos, como los que muestran caídas en la producción manufacturera, o debilidad en la cifra de negocios de la industria y otros son relativamente positivos, como las ventas de grandes empresas, las ventas minoristas o el gasto turístico que sigue creciendo con vigor.

En definitiva, como ya he señalado, creo que no corresponde en absoluto caer en la complacencia pero tampoco en el alarmismo. Seguimos muy de cerca la evolución internacional; de hecho, la semana que viene tendré el Ecofin en Luxemburgo, la siguiente me voy a Washington para las reuniones del G20 del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para tener información de primera mano sobre cómo están evolucionando las principales magnitudes internacionales, que es lo que debe de hacer un gobierno responsable, además de responder con gran celeridad, como así se está haciendo --junto con las comunidades autónomas, por supuesto, y del resto de autoridades públicas--, a los posibles desarrollos negativos, preparándonos lo mejor posible para lo que pueda derivarse en el ámbito del Brexit; actuando -en definitiva-con prudencia, rigor y responsabilidad pero sin dejar de lado la atención al bienestar de los ciudadanos.

Y en esta agenda de acción de gobierno he tenido, también, ocasión de presentar a mis compañeros y se ha aprobado por parte del Consejo de Ministros el lanzamiento de una segunda oleada de proyectos piloto para el desarrollo de la tecnología 5G. Se ha aprobado ese acuerdo de Consejo de Ministros para poder seguir impulsando el desarrollo de esta 5ª generación de tecnologías de telefonía móvil. Se trata de un desarrollo tecnológico muy importante en el que España quiere estar a la vanguardia. Creemos que tenemos numerosos elementos para situarnos entre los países líderes de una tecnología que va a cambiar de manera fundamental la realidad económica y la realidad social del futuro.

Desde el primer día hemos tenido muy clara la importancia de impulsar esta nueva tecnología 5G y, por eso, estamos siguiendo una hoja de ruta muy clara por lo que respecta a la liberación del espectro y la subasta de espectro. La semana pasada, por ejemplo, aprobamos precisamente las ayudas para que los ciudadanos y las comunidades de propietarios reciban apoyo para la reantenización necesaria para esta liberación de espectro. Espero que en breve podamos, también, aprobar las ayudas a los operadores de televisión que se pueden ver afectados y, en este contexto, hoy aprobamos el lanzamiento de una segunda oleada de proyectos piloto. La primera oleada llevó a la puesta en marcha de dos proyectos, en Galicia y en Andalucía, y con esta segunda convocatoria, que de nuevo va a ser cofinanciada con los fondos comunitarios, con los Fondos FEDER, vamos a doblar el presupuesto de la primera con 45 millones de euros para un máximo de 11 proyectos y de acuerdo con las reglas FEDER podrán optar a estas ayudas proyectos en Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco y Murcia. La convocatoria será publicada por red.es en las próximas semanas.

Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra. Estamos a sus preguntas ahora.

P.- Juanma Romero, de El Confidencial. Buenos días, ministros. Yo quería preguntarles sobre la resolución en los dos incidentes de ejecución de sentencia que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional de una misma resolución. Quería preguntarles ¿por qué se hace ahora este recurso, toda vez que la resolución se aprobó en el Parlament -estaba comprobando-en julio? ¿Por qué se hace ahora?

Y también quería preguntar a la ministra de Economía, teniendo en cuenta lo que nos ha explicado --y que, también, el presidente del Gobierno en una entrevista reciente comentó--, que si hay que revisar a la baja las previsiones de crecimiento se hará. ¿Cuál es entonces la previsión de crecimiento que se mandará a Bruselas, que creo que tiene que ser en los próximos días? ¿Cuál va a ser? Gracias.

Portavoz.- Le voy a pasar la pregunta, la primera pregunta que usted formula, al ministro Planas porque, como usted sabe, él se ocupa de las competencias del ministerio de Política Territorial.

Sr. Planas.- En relación con la pregunta, el incidente de ejecución es un mecanismo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que hasta ahora se ha utilizado muy poco --creo que es la primera ocasión que, al menos este Gobierno lo utiliza en relación con sentencias del Tribunal Constitucional--, y que es especialmente importante. Especialmente importante porque nos evita el tener que plantear un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional en relación con un tema sobre el cual ya hay asentada doctrina. Y, claramente, en los dos incidentes que hoy se plantean, en lo referente al tema autodeterminación y en lo referente al tema de la monarquía, son cuestiones en las cuales el Tribunal Constitucional ha dictado ya sentencia y en relación con las cuales lo estamos aplicando -como usted indica-a una resolución aprobada hace algunas semanas por el Parlamento de Cataluña.

Primero, no existe ningún plazo para la interposición de ese incidente y, segundo, lógicamente, eso tiene una preparación jurídica interna en el seno de la Administración, en el seno del Gobierno y hemos considerado que este era el momento oportuno.

Quiero señalar, en relación con lo que ha indicado la ministra portavoz en su presentación y el texto aprobado por el Consejo de Ministros, que, evidentemente, pedimos la nulidad del contenido de las resoluciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña pero hay una clara advertencia a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña para que se abstengan de cualquier actuación contraria a la indicación del Tribunal Constitucional, porque ello supondría consecuencias de naturaleza jurídica y, particularmente, de naturaleza penal que, como ustedes saben, son particularmente graves.

Creo que este es un tema lo suficientemente riguroso y serio para que el Consejo de Ministros se haya tomado su tiempo en la deliberación y, lógicamente, en relación con la aprobación de estos incidentes de ejecución que van al Tribunal Constitucional, y como ha indicado el presidente del Gobierno y el conjunto del Gobierno desde su toma de posesión, lógicamente vamos a respetar y a hacer respetar la Constitución y la ley en el conjunto de España. Y ello significa que el conjunto de las instituciones, de las instituciones del Estado y, por tanto, de las instituciones autonómicas, también deben hacerlo.

Sra. Calviño.- Por supuesto que si hay que revisar se hará, porque el comportamiento de nuestro Gobierno desde el primer día ha sido el de una enorme prudencia, de un seguimiento muy preciso de la realidad económica de nuestro país y una comunicación pública --no solo comunicación al Consejo de Ministros, sino comunicación pública-- de cuál es nuestra visión y nuestras previsiones con respecto al futuro. Estamos, justamente, en la última fase de preparación de ese cuadro macroeconómico que servirá de base para el Plan Presupuestario que se tiene que enviar a Bruselas antes del día 15 de octubre y estamos en ese proceso de finalización que tiene que contar, también, con la validación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

En el momento en que esto se envíe el día 15 tendremos en cuenta tanto los ajustes técnicos que puedan derivarse de las nuevas cifras que nos ha proporcionado el INE para el pasado, como la evidencia que nos arrojen los distintos indicadores y datos que estamos recibiendo en estos días.

P.- Manuel Muniero, de Telemadrid. Buenas tardes. Para la ministra portavoz, dos cuestiones. Uno, en principio el Consejo de Ministros nos comentaba que, si tuviese tiempo para estudiar la sentencia del Supremo, iba a estudiar un acuerdo de inhumación y exhumación sobre Franco y una fecha. Quería saber sobre qué fecha se está manejando ahora, si van a esperar a que el Supremo levante las medidas cautelares, si es que lo hace, la semana que viene y si tienen o están pendientes, también, de la decisión del juez Yusty en torno a la licencia de obras o van a esperar que celebre la vista que está pendiente.

Y, por otro lado, ¿qué respuesta tiene el Gobierno a la petición, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, para reunirse con el ministro del Interior a fin de estudiar las solicitudes de asilo? Consideran estas administraciones que existe una demora muy importante para tratar esas peticiones de asilo por parte de los refugiados y consideran que eso está colapsando sus centros de asistencia. Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias. En relación a la exhumación de Franco no hay fecha todavía. Efectivamente, hay que concluir el expediente, como sabe usted, administrativo y que, obviamente, eso incluye algunos aspectos de logística importantes. Estaba todo preparado para el 10 de junio como bien saben pero, obviamente, hay que prepararlo --por así decirlo. Además, como usted bien ha dicho, hay algunas cuestiones, también, que afectan a, por ejemplo, a la petición de aclaración de sentencia que han hecho a la familia de la familia Franco y para la cual el Tribunal Supremo se reuniría, la Sección Cuarta, el propio martes para dirimir la cuestión. Por tanto, más pronto que tarde, en cuanto podamos, les diremos también la fecha, obviamente.

En relación a lo que usted me habla de las solicitudes de asilo de la Comunidad de Madrid, pues la verdad es que yo he visto esa noticia también y he preguntado al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y, desde luego, he observado su extrañeza porque la política del Gobierno es exactamente la misma con esta Administración Local que con cualquiera de las anteriores, exactamente la misma.

Le diré como dato que en solo dos meses 600 personas han pasado de ser atendidas por la Administración Local a ser ya atendidas por el Gobierno de España.

Por tanto, nuestra extrañeza y la garantía de que no hay ningún cambio de política. Es la misma política, seguimos exactamente de igual manera sea cual fuere, obviamente, la administración local que en turno tenga la responsabilidad.

P.- Daniel Dombey, de Financial Times. Hola, buenas tardes. Algunas preguntas para la ministra de Economía, si puede. Primero, ¿podría cuantificar, más o menos, para dar una idea de escala, el impacto económico de un Brexit sobre la economía española?

Segundo, según las proyecciones del Banco de España, la tasa de generación de empleo va a caer desde el segundo trimestre al tercero, de 2,54% a 1,6%. ¿Esto tiene algo que ver con el aumento histórico del salario mínimo?

Y, tercero y último, dado los retos demográficos de la economía española, si la promesa de indexación de las pensiones tendría grandes riesgos en cuanto a la sostenibilidad del sistema. Gracias.

Sra. Calviño.- Con respecto a su primera pregunta, el Banco de España ha publicado algunas estimaciones con respecto a lo que podría ser el impacto económico y, de hecho, las ha revisado recientemente a la luz de la revisión que hizo el Banco de Inglaterra del impacto que podría tener sobre la economía británica. Si las conoce, ve que está por debajo del 1% en un plazo de cuatro o cinco años.

Creo que hay una enorme incertidumbre con respecto a cuál podría ser el impacto de un Brexit sin acuerdo. En primer lugar, sobre la economía británica y, en segundo lugar, sobre la europea y sobre el conjunto de la economía mundial. Por eso, nosotros estamos preparándonos para lo peor, por eso el Gobierno español ha estado desde hace mucho tiempo, meses, preparando todos nuestros instrumentos, favoreciendo todo el canal de exportaciones, sobre todo para los productos agroalimentarios perecederos, atendiendo muy específicamente aquellos ámbitos en los que podemos facilitar el tránsito de bienes, también la continuidad en la prestación de los servicios, porque creo que todos somos conscientes de que hay muchas incertidumbres en torno a lo que puede suceder en las próximas semanas y cuál podría ser las consecuencias si, finalmente, lamentablemente, no hubiera un acuerdo.

Con respecto al mercado de trabajo, uno de los gráficos que he recogido, precisamente, incluye los datos de afiliaciones a la Seguridad Social porque son los más recientes que tenemos. Se refieren al mes de septiembre y se han publicado esta misma semana. De lo que esos datos nos hablan es de una tasa de creación de empleo, una tasa de aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social, que es un indicador mensual, que está por encima del 2,4%; es decir, que la tasa de creación de empleo sigue siendo muy notable. Es verdad que tendremos que ver cuando lleguen los datos de la Encuesta de Población Activa que complementan, pero por eso he recogido en el gráfico el más reciente que tenemos, que se refiere al mes de septiembre, a hace escasamente unos días.

En tercer lugar, en el ámbito de las pensiones, desde el Gobierno desde el primer día hemos enviado un mensaje muy claro que es el de nuestro compromiso con la revalorización de las pensiones con arreglo al coste de la vida, es decir, la garantía de la capacidad adquisitiva de las pensiones para nuestros mayores de hoy pero, también, para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Queremos garantizar pensiones dignas también en el largo plazo y por eso también hemos estado trabajando en aquellas medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema.

Lamentablemente, no se pudo llegar a un primer acuerdo en algunos ámbitos en el Pacto de Toledo, justo antes de que terminase la legislatura pasada. Se trata de un ámbito en el que nos pondremos en marcha en cuanto que se inicie la próxima legislatura y en el que espero que contemos cuanto antes con el apoyo de todo el arco parlamentario para que podamos garantizar la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva y su sostenibilidad a largo plazo.

P.- Carlos Cué, de El País. Muchas gracias. Casi lo voy a hacer por orden. Ministro, le quería preguntar, ¿cuánto dinero se podría perder si esto sucede? Y ¿qué represalias tomaría España si realmente llega al final?

Y un detalle sobre lo que ha contado antes de las impugnaciones. Lo que le quería plantear es, ¿el Gobierno se va a dirigir directamente al a Mesa del Parlamento o le va a pedir al Constitucional que se dirija a la Mesa del Parlamento? El Gobierno, entiendo, que no se dirige directamente a la Mesa. Quería que lo aclarara.

A la ministra le quería preguntar, ministra portavoz, le quería preguntar sobre lo que se ha hablado mucho esta semana sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, sobre el 155. Le quería preguntar si el Consejo de Ministros ha estudiado qué se puede hacer y si hay un informe, si hay algún tipo de documento, porque esta semana hemos preguntado, nos han dicho que no hay documentos, pero ¿cuáles son las alternativas? ¿Realmente están estudiadas en un informe?

A la ministra de Economía le quería preguntar: tal y como lo ha planteado usted da la sensación de que lo más probable es que se bajen esas expectativas que están a punto de terminar ese informe, pero lo más probable en este momento es que se bajen estas expectativas y, en concreto, ¿en qué momento económico van a votar los españoles? Porque esa misma semana va a haber un dato de paro y están diciendo que puede ser negativo. De hecho, el PP está pidiendo que se retrase el debate, nada menos; está pidiendo que se retrase un día el debate, el PP, porque cree que ese dato sería negativo y llegaría al día siguiente del debate. Quiero decir, ¿en qué momento económico van a votar los españoles? Porque eso, obviamente tiene una influencia. Nada más. Gracias.

Sr. Planas.- En relación con la primera pregunta. La OMC ha autorizado a Estados Unidos a imponer sanciones por importe de 7.500 millones de dólares, lo cual corresponde, aproximadamente, 6.830 millones de euros. En relación con la cantidad que podría eventualmente resultar afectada del conjunto de los sectores agroalimentarios de España que aparecen mencionados en esta lista provisional se sitúa en torno a los 1.000 millones de euros aproximadamente.

Y lo que, evidentemente, queda claro en relación con el tema es que a quien corresponde en estos momentos representar --porque es política exclusiva de la Unión Europea, es competencia exclusiva de la Unión Europea- es a la Comisión Europea, que nos representa en al conjunto de los Estados miembros en el marco de la política comercial comunitaria y, a partir de ahí, es donde estamos y en ese seno estamos trabajando.

En relación con la segunda pregunta que me planteaba. Le agradezco su pregunta porque tenemos conocimiento de que tenemos nuestra Constitución, tenemos los Estatutos de Autonomía, y tenemos nuestro Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano interpretativo de la Constitución Española. Pero es que la sentencia del Tribunal Constitucional forman parte del bloque de constitucionalidad, y lo que aquí le pedimos al Tribunal Constitucional es que ejecute, respecto del Parlamento de Cataluña, las decisiones que ha tomado. Es un procedimiento --como antes se decía-- de naturaleza regular, previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no utilizado en exceso pero que es un elemento fundamental para asegurar que las decisiones del Tribunal Constitucional se cumplen. Y esa es la intención del Gobierno y estamos seguros de que el Tribunal Constitucional seguirá lo que el Gobierno le pide.

La semana pasada tuvimos conocimiento de la reciente sentencia anulando una decisión del Parlamento de Cataluña sobre la constitución de una comisión de investigación sobre la Monarquía. Es un elemento más pero, evidentemente, las leyes están para cumplirlas y las sentencias del Tribunal Constitucional, también.

Es el Constitucional quien se dirige. Lo tenía yo claro y espero que ustedes también. Muchas gracias.

Sra. Calviño.- Cuatro reflexiones sobre su pregunta. En primer lugar, a nadie se le escapa, a ningún ciudadano español se le escapa que estamos en un momento de enorme incertidumbre desde el punto de vista internacional. Ese es un primer factor que los ciudadanos conocen, que el Gobierno ha estado transmitiendo y que, por supuesto, es determinante desde el punto de vista del momento económico.

Creo que todos los españoles saben, también, que la economía española está creciendo, está creciendo a un ritmo que se ha ido progresivamente ralentizando pero que no está creciendo con los desequilibrios que hemos vivido en otros momentos de nuestra historia. Está creciendo de una manera más sólida, más estable de cara al futuro y, por tanto, también, con una mayor capacidad de resistencia ante posibles situaciones negativas en el ámbito internacional.

Creo, también, que los españoles saben que tienen un Gobierno que lo que está haciendo en el ámbito económico es reforzar la confianza en nuestro país --lo estamos viendo recientemente con la subida del rating de nuestra deuda pública--, responder ante los desarrollos negativos poniendo a los ciudadanos en el centro de su acción y prepararse de forma proactiva para los retos que puedan plantearse en las próximas semanas.

Y, como cuarta reflexión. Creo que desde aquí, quizá, no debería expresar lo que opino de un posible uso electoral de datos como los del desempleo. Todos sabemos que el mercado laboral es tremendamente estacional y yo espero que los resultados que recibamos del mercado laboral en los próximos meses sean lo más positivos posible porque estamos hablando de la vida de las personas y todos deberíamos estar interesados, creo yo, en que la evolución de la economía española sea lo más favorable posible para el bienestar de los ciudadanos.

Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra Calviño. En relación a la pregunta que usted me formula, he de decirle que, primero, como es obvio, el Gobierno tiene obligación constitucional de salvaguardar la libertad y la seguridad de toda la ciudadanía. Y tiene todos los mecanismos legítimamente democráticos que le aporta la Constitución y las leyes, de los que hará uso si, efectivamente, hay inseguridad o hay excepcionalidad.

La Generalitat es la única institución en este momento que tiene la llave para abrir la puerta de la excepcionalidad. Si no hay excepcionalidad no hay aplicación excepcional de los mecanismos legítimamente democráticos que tiene -vuelvo a reiterar- el Gobierno, es decir, el Estado, a su alcance. Se ha hablado de varios: se ha hablado esta semana, ustedes lo han hecho en sus respectivas crónicas, de la Ley de Seguridad Nacional, del artículo 155 y, en fin, puntos suspensivos.

La Ley de Seguridad Nacional, como ustedes saben, tiene como obligación salvaguardar el superior interés general y para ello, si hay emergencia o si hay inseguridad, puede llegar a coordinar todas las Administraciones Públicas con el fin de conseguir un resultado eficiente, más eficiente.

Eso es, en resumidas cuentas, lo que le puedo decir de la Ley de Seguridad Nacional. Está al alcance, obviamente es un instrumento del Estado de Derecho, es una Ley y, también, el artículo 155 que, como usted bien sabe y está en la Constitución, es un artículo de la Constitución que afirma que ante aquella Comunidad Autónoma que no cumpliere las obligaciones de la Constitución o que las leyes le encomiendan, previo requerimiento al presidente de esa Comunidad Autónoma, el Gobierno solicitará a través de la mayoría absoluta del Senado la aplicación de este artículo con el fin -esto es lo importante- de salvaguardar, garantizar la estabilidad y el cumplimiento de la legalidad. El cumplimiento de la legalidad.

Además de eso, la sentencia del Tribunal Constitucional nos da un manual de instrucciones donde afirma que esa aplicación, en todo caso, ha de ser una aplicación subsidiaria, extraordinaria y temporal. Por tanto, el Gobierno tiene todos los mecanismos del Estado de Derecho a su alcance, que solo aplicará si, efectivamente, alguien abre la puerta de la excepcionalidad, en cumplimiento de su obligación de salvaguardar la legalidad del Estado de Derecho.

Y este es el asunto. Por tanto, no se necesitan informes específicos pero he de decirle, también, que se ha venido cuestionando si se podía aplicar, si no se podía aplicar, y es por ello por lo que el Gobierno ha afirmado que, una vez visto eso, ha estudiado la cuestión que públicamente se estaba planteando para llegar a la conclusión de que, obviamente, por supuesto, se puede aplicar, porque es el Estado de Derecho quien tiene que responder.

P.- Beatriz Fernández, de Europa Press. Buenas tardes. Me quería dirigir, en primer lugar, a la ministra portavoz y, luego, al ministro Planas.

Este miércoles pasado, el presidente del Gobierno confirmaba que el Gobierno va a actualizar las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas antes del 10 de noviembre. Le quería pedir que nos concretara cuál es finalmente la fórmula legal que ha encontrado el Ejecutivo para proceder así, ya que hasta hace bien poco el Gobierno venía sosteniendo que un Gobierno en funciones no podía hacer esto.

Y al ministro Planas le quería preguntar si antes de la publicación ayer de este listado provisional el Gobierno recibió algún aviso por parte de la Administración estadounidense de que esto iba a ocurrir. Y, también, independientemente de que la negociación la lleve la Comisión Europea, me gustaría saber qué gestiones ha emprendido o va a emprender el Gobierno español de manera bilateral con la Administración de Donald Trump. Gracias.

Portavoz.- El Gobierno continúa trabajando en la fórmula legal para hacerlo, si bien es confianza de todos que esto pueda ocurrir antes del 10 de noviembre.

Sr. Planas.- En relación con la segunda pregunta que efectuó usted sobre el trámite del procedimiento en relación con el panel Airbus, ha habido fases anteriores en las cuales se han manejado borradores de posibles listas que no han tenido ningún carácter oficial hasta ese momento pero en relación con las cuales, lógicamente, la Administración española, como los propios sectores, ha estado activa para intentar disminuir --en la medida de lo posible-- el alcance oficial de esas posibles medidas que se pudieran adoptar ulteriormente.

Pero quiero aprovechar su pregunta para clarificar un tema que sé que ha incitado a una cierta confusión, que es por qué algunos países están más afectados y otros menos. Repito: los países miembros del Consorcio Airbus -particularmente Francia, Alemania, España y Reino Unido- son el objeto principal y es la razón por la cual dentro de algunos sectores, de los cuales también son productores otros países europeos, estos no aparecen afectados.

En cuanto a lo que se refería usted de la eficacia o de las posibles acciones, mire usted, el Reino Unido tiene el Whisky y la Malta incluidos; por lo tanto, siendo un Gobierno tan próximo al Gobierno del señor Trump, algo habrá ido mal en este tema para que esté, efectivamente, en relación con la lista. Hemos hecho lo que todos los Estados miembros han hecho y, particularmente, los cuatro del Consorcio Airbus en relación con esa materia.

Y, sobre la actuación comunitaria y no comunitaria, repito, la Comisión Europea, en nombre de la Unión Europea, defiende los intereses comerciales del conjunto de los países miembros de la Unión y de sus empresas pero, evidentemente, el Gobierno de España va a utilizar todos los medios diplomáticos a su alcance para que la defensa de nuestros intereses sea eficaz.

P.- Paula de las Heras, de Colpisa. Hola. Para el ministro Planas. Quería saber si me puede resolver algunas dudas sobre las impugnaciones al Constitucional. El Gobierno había anunciado otras dos impugnaciones contra resoluciones aprobadas la semana pasada. Quería preguntarle --bueno, eso está pendiente de la publicación en el Boletín del Parlament-- si usted entiende que la preparación jurídica de estos nuevos recursos no tiene por qué llevar tanto tiempo como ha llevado estos y otros intentos de ejecución de sentencia.

Y, por otro lado, se había anunciado, lo dijo el presidente del Gobierno esta semana, que previsiblemente en esos incidentes de ejecución de sentencias o impugnaciones que se vayan a presentar --que todavía no estaba del todo claro-- ya se incluiría un apercibimiento para la Mesa del Parlament. Quería saber si eso será así y en este caso si eso agravaría la situación del presidente del Parlament y del resto de miembros de la mesa o, al considerarse que en el momento en el que se aprobaron las resoluciones de la semana pasada todavía no había recibido ningún requerimiento, pues no tendría ninguna incidencia. Gracias.

Sr. Planas.- Me está usted pidiendo que tome posición en relación con resoluciones de las cuales la intención política del Gobierno --y lo indicó muy bien la ministra portavoz la semana pasada--, es la intención --por las informaciones de que disponemos-- de llevarlas al Tribunal Constitucional pero que no se han publicado en el Diario Oficial del Parlamento de Cataluña, al menos esta mañana. Probablemente lo sean en el curso del día o los próximos días. Ah, acaban de ser publicadas.

¿Ven ustedes qué bien cronometrada está la actuación del Parlament de Cataluña? También la de este Gobierno, sépanlo. Y, evidentemente, nosotros al respecto lo que haremos será analizarlo para ver el mecanismo jurídico; simple y llanamente, para que la ley y la Constitución se cumplan. No les puedo anunciar hoy qué mecanismo vamos a utilizar pero sí que, evidentemente, vamos a proseguir en la vía que anunció la ministra portavoz en nombre del Gobierno; es decir, que vamos a recurrir estas resoluciones. Si lo vamos a hacer por vía de un recurso ordinario ante el Tribunal Constitucional, previa consulta al Consejo de Estado, o lo vamos a hacer vía un incidente de ejecución como el que hoy hemos empleado en dos casos, pues el próximo viernes, sin duda, la ministra portavoz, o quien corresponda, se lo podrá transmitir.

P.- Irene Castro, de eldiario.es. Hola, buenas tardes. Al ministro Planas yo le quería preguntar: ha hablado usted de posibles repercusiones penales en este procedimiento en el que se advertiría a los miembros de la Mesa y al presidente del Parlament; quería saber ¿cuáles pueden ser esas repercusiones penales?

Y a la ministra portavoz, cambiando de tema, le quería preguntar sobre la tragedia del Tarajal y la decisión de la Abogacía del Estado de defender a los guardias civiles que estuvieron inmersos en esa actuación. El Partido Socialista cuestionó al Gobierno de Mariano Rajoy en ese momento. Entonces, quería preguntarle ¿qué opinión le merece al Gobierno la posición que está manteniendo ahora la Abogacía del Estado? Y, en concreto, sobre las devoluciones en caliente que defiende, ¿por qué dice que los migrantes que fueron devueltos a Marruecos estaban en perfecto estado de salud? ¿Qué opinión les merece teniendo en cuenta que ustedes siempre han defendido que las devoluciones en caliente no son legales? Gracias.

Sr. Planas.- En relación con la primera pregunta que me efectúa usted, yo creo que todos los ciudadanos estamos obligados al cumplimiento de la ley. Su compañera hace un momento se refería al agravamiento en relación con esta situación. Yo lo que espero y deseo, y espera el gobierno al plantear el incidente de ejecución, es que tanto el presidente como los miembros de la Mesa, como el secretario general, cumplan lo que les indica en calidad de apercibimiento, lógicamente, el cumplimiento de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Si así no fuere, la referencia a las disposiciones penales es una referencia legal amplia; habría que examinar qué supuesto, que tipo jurídico debería aplicarse, probablemente el de desacato. Pero en este momento creo que lo mejor para todos sería que la Mesa del Parlamento de Cataluña cumpliera lo que le indica el Tribunal Constitucional.

Portavoz.- En relación a lo que usted me dice, ya sabe usted -y se lo habrá oído reiteradamente decir, también, al Ministerio del Interior- que, efectivamente, se está a la espera de una sentencia en relación a las devoluciones en caliente, cuándo, cómo se delimitan, etc. Además, he de decirles que corresponde a un Estado de Derecho garantizar la defensa de todos pero, además, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto no quiere decir que haya una decisión diferente del Gobierno en relación a la que tuvo con anterioridad siendo oposición sino que, obviamente, hay que garantizar todos los mecanismos de defensa, estos también.

P.- Eduardo Ortega Socorro, de El Economista. Hola, buenas tardes. Tan solo quería hacer una consulta a la ministra Calviño respecto a la cuestión económica. El Banco de España ya ha avisado de que va a haber una bajada relativamente importante respecto a la previsión del Gobierno del 2,2% al 1,9% para el PIB. Por eso, le insisto un poco en la pregunta en la dirección de las preguntas de los compañeros, si es que esa revisión no será la baja, y no sé si ya pueden dar una estimación de esas décimas.

Y, por otro lado, quería preguntar cómo va a impactar todo esto en el déficit. ¿Se puede mantener el objetivo de este año del 2% que se había planteado a Bruselas? Muchas gracias.

Sra. Calviño.- El Banco de España ha publicado sus previsiones y no son al 1,9%, son al 2%, pero explica -yo creo-- con bastante detalle en su informe dos cosas: una, que España y la economía española está en una fase expansiva, que todas las previsiones apuntan a que continuará dentro de esa tendencia a la ralentización, y explica, también, el impacto que ha tenido la revisión metodológica -técnica, digamos-- del Instituto Nacional de Estadística que --como le decía-- ha revisado los últimos 23 años y, en particular, los últimos cuatro, cambiando todas las bases del análisis. Yo le invito a leer en detalle el informe más allá de los titulares, porque se trata de un informe bastante detallado sobre estas cuestiones. Y el Gobierno mantiene, por supuesto, su objetivo de déficit del 2% en este ejercicio, ya que estamos comprometidos con la reducción de los desequilibrios heredados desde la crisis, la reducción del déficit público, la reducción de la deuda pública; un compromiso que --en mi opinión-- explica en gran medida la mejora de la confianza de los mercados internacionales, que se manifiesta por los buenos resultados de las subastas de deuda pública que hemos tenido esta misma semana, y la mejora del rating de nuestro país de la deuda pública del Reino de España, que creo es una buenísima noticia para todos nosotros que tuvimos hace un par de semanas.

P.- May Mariño, de Servimedia. Buenas tardes. Para la ministra Celaá. Por las advertencias que se han lanzado el Ejecutivo respecto a la situación en Cataluña de que podrían aplicarse cualquier medida legal, bien sea por el 155 o la Ley de Seguridad Nacional, ¿qué es lo que necesita el Gobierno para esa actuación? ¿Tiene que haber algún hecho, me refiero, a alguna decisión en el Parlament o vale con alguna declaración verbal --no me refiero por escrito-- que haga el president Torrent, por ejemplo, o bien el president Torra? A ver si, no sé si me estoy explicando, si ¿necesitan un papel, digamos, o con una afirmación que incite, por ejemplo, a la desobediencia civil una vez que se conozca la sentencia o algo? Gracias.

Portavoz.- El Gobierno no necesita nada. Es decir, el Gobierno lo que necesita es que no haya excepcionalidad, que no haya incumplimiento de la legalidad, eso es lo que necesita el Gobierno y el Estado.

Las declaraciones son expresión, libertad de expresión. Obviamente, lo dice claramente el artículo 155: es incumplir las obligaciones constitucionales o las obligaciones de la ley que se correspondan con las obligaciones de una comunidad autónoma. Eso es lo que se requiere. Si usted hace la comparativa con lo que ocurrió en 2017, en el 2017 hubo vulneración de la Constitución, hubo leyes de transitoriedad, hubo declaración de la independencia; es decir, en fin, no estamos en el mismo escenario.

Por tanto, como digo, como comentamos, es la propia Generalitat la que tiene la llave para no abrir esa excepcionalidad. Y lo que el Gobierno y el Estado y España quiere es que no la abra, que continúe en la legalidad. Esto es lo importante para todos.

Nada más y muchas gracias.

(Transcripción revisada por la Secretaría de Estado de Comunicación)