La Moncloa
Portavoz.- Buenas tardes, o buenos días, señoras y señores.
Como ven ustedes, me acompaña la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha traído al Consejo de Ministros el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con el que se conseguirá, seguro, una mejor calidad de vida. Los objetivos para 2020-2030 son claros: reducir las emisiones contaminantes y lograr para nuestro país una mayor eficiencia energética, una combinación de anhelo y realidad que, desde hoy mismo, quiere poner en marcha el Gobierno con este proyecto que se alinea completamente con los compromisos asumidos con la Unión Europea. De ello, enseguida les hablará la ministra Ribera.
Pero antes, lo que queremos es lamentar que la palabra desahucio vuelva a ser una dolorosa realidad en nuestro país. Como saben, hoy se han ejecutado cuatro desahucios en el barrio madrileño de Lavapiés, afectan a cuatro familias, con varios menores de edad, incluso un bebé. Hay varias personas detenidas, la Justicia ha actuado, y la Policía ha cumplido su deber, pero la política no ha llegado a tiempo para evitar este nuevo drama que afecta a personas humildes, a gente que espera de nosotros una respuesta ante la ruina y los recortes provocados por la crisis.
Como ustedes saben, este Gobierno, a través de su Ministerio de Fomento, propuso un Real Decreto-ley sobre alquileres que no obtuvo la convalidación del Congreso. Entre las medidas que incluía ese Decreto, figuraba la de hacer obligatoria la comunicación al ciudadano con suficiente antelación, y la obligatoriedad de pedir a los Servicios Sociales un informe sobre la vulnerabilidad social. Medidas como estas hubieran dado mucha más seguridad jurídica a los afectados por estos procesos de desahucios, y, posiblemente, hubieran permitido tener una solución para ellos, antes de verse expulsados de sus hogares. Es decir, las propuestas de nuestro Gobierno hubieran hecho imposible, seguramente, imágenes y realidades como las que hoy se han vuelto a repetir.
Este Gobierno continúa trabajando para que no haya más casos como el de la calle Argumosa de Madrid.
En relación al enmarque de la semana, seguimos empeñados en un ejercicio de la política mucho más limpio. Mucho más limpio el ejercicio, y más responsable. Desgraciadamente, seguimos viviendo intoxicados por la crispación y por la falsedad. Este Gobierno viene demostrando a lo largo de estos ocho meses que tiene un proyecto inclusivo para España, que cree en un país que apuesta por la convivencia y por las normas que nos venimos dando todos sin exclusiones.
Pero frente a este propósito de moderación y responsabilidad, se nos viene levantando un muro de enfrentamiento. Y así ha quedado claro esta semana, una vez más, durante los plenos que se han celebrado en el Congreso y en el Senado. En ambos casos, la bronquedad y las insidias han ensuciado el legítimo debate político, de nuevo prevaleciendo el insulto sobre la dialéctica.
Por eso, frente a las falsedades del relato independentista, nosotros también hemos apostado por la sensatez. Y ahora que el Tribunal Supremo está haciendo su tarea, no es sensato anunciar un viaje a Waterloo para insistir en una política de confrontación, que sólo beneficia a los más radicales.
Que quienes defienden la acción de la justicia española ayuden a internacionalizar la tensión y el daño causado por el independentismo, es una insensatez. Por eso, el Gobierno de Pedro Sánchez va a seguir defendiendo el orden constitucional. No nos vamos a apartar ni un milímetro de ese principio: diálogo y ley, como dijimos desde el primer día. Por cierto, una apelación, que el Rey, nuestro jefe de Estado, nos ha recordado a todos esta misma semana, en el Mobile World Congress, cuando dijo que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho". Es esta una simple ecuación que comprenden todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Bien lo saben las fuerzas independentistas, que no han conseguido ni una sola de sus exigencias anticonstitucionales. Y, desde luego, bien lo saben también el resto de fuerzas parlamentarias, del arco parlamentario que no se puede aspirar, --lo saben perfectamente--, a una aplicación punitiva y perpetua de la ley contra quienes no piensan igual. Porque en un Estado de derecho ni la ley puede ser ilegal, ni la Justicia injusta.
Por eso, el Gobierno no se va a cansar de pedir sensatez y de buscar espacios de diálogo y de moderación. Esa es la línea que venimos siguiendo desde junio. Y ese camino no ha dejado de dar frutos en las Cámaras. Un último ejemplo lo tenemos en la aprobación, ayer mismo, en el Congreso, de varias cuestiones muy importantes: la reversión de los recortes educativos; la nueva ley de crédito inmobiliario, y el aumento de las pensiones de orfandad para los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género.
Una muestra de que la política es útil. Y de que los espacios de consenso son posibles. Los consensos, que seguiremos buscando desde este Gobierno. Y ese es el empeño: seguir gobernando de acuerdo a la ley y hasta donde permite la ley.
Pero este Gobierno no cierra, y, en todo lo que permita el marco normativo, vamos a seguir trabajando. La ciudadanía no quiere un Gobierno que no trabaje. Quiere un Gobierno que trabaje, que cumpla con su misión.
En España, además, no podemos perder el tiempo. España lo que quiere es avanzar con la Agenda del Cambio, con el Plan de Energía y Clima, con el trabajo digno, con planes de empleo juvenil, con la educación y la formación profesional, mejorando la sanidad, y, desde luego, luchando contra la violencia de género.
Entro a explicar brevemente, antes de ceder la palabra a la ministra Ribera, algunas de las cuestiones que han sido planteadas y aprobadas en el Consejo de Ministros.
En primer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la regulación del Régimen Especial para las Islas Baleares, estableciendo medidas económicas y fiscales para compensar la insularidad de esta Comunidad.
Este Gobierno cree firmemente, y ustedes lo saben, en el sistema autonómico español, y trabaja en su fortalecimiento. Por eso, reconoce el hecho insular como una circunstancia a tener en cuenta para establecer el adecuado equilibrio económico entre las diversas partes del territorio nacional.
Así, hoy hemos aprobado un Real Decreto-ley con las medidas económicas más urgentes. El elemento más destacado es el factor de insularidad, que será el instrumento financiero para garantizar que Baleares reciba cada año inversiones estatales para situarse, al menos, en la media del conjunto de Comunidades. Su dotación se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado y servirá para financiar actuaciones en ámbitos especialmente afectados por la insularidad.
Por ejemplo, incluirá algunas medidas para el transporte, para compensar equitativamente el coste adicional en transporte. En el transporte marítimo y aéreo de personas se establecerá -se incluye en este Real Decreto-, un régimen de bonificaciones de hasta el 75% de las tarifas de los trayectos directos entre Baleares y el resto del territorio nacional, y se actualizarán las mercancías también, incluyendo como mínimo un 65% sobre el coste medio del flete para la exportación de productos.
En el ámbito energético, medidas que también se incluirán en ese Real Decreto-ley, el Gobierno promoverá las energías renovables en el Archipiélago, y la ejecución de una segunda interconexión con la península. Los precios de la energía eléctrica, del gas natural y de los gases licuados en Baleares serán equivalentes a los que se establezcan en la península.
En medidas fiscales, también se incluye una configuración normativa a través de un anteproyecto de ley. Como son medidas fiscales también se ha presentado juntamente con el paquete del Real Decreto-ley un anteproyecto de ley en el que se contemplan dos nuevos incentivos fiscales para las empresas que operan allí y que buscan compensar los inconvenientes que suponen la insularidad para el desarrollo de esta economía empresarial e industrial diversificada.
La primera se trata de la creación de una reserva general para inversiones que va a permitir un ahorro tributario en el Impuesto sobre Sociedades. Las empresas que destinen parte de sus beneficios obtenidos en las Islas Baleares a reservas para futuras inversiones en el territorio gozarán de una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de hasta el 90%. Este incentivo fiscal tendrá su equivalente, también, en el Impuesto sobre las Personas Físicas.
La segunda medida fiscal que contempla el anteproyecto consiste en una bonificación del 10% en el Impuesto sobre Sociedades, y el Impuesto sobre la Renta por los rendimientos derivados de los bienes producidos en Islas Baleares.
Así que, para aplicar esta bonificación se requerirá como condición el mantenimiento del empleo, y el beneficio se incrementará hasta el 25% en aquellos periodos impositivos en los que se haya producido un incremento de la plantilla media.
La bonificación de la que hablo es apta, sobre todo, para empresas industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras. El turismo, como bien saben ustedes, lleva su propio impulso extraordinario.
Además, se ha presentado un Anteproyecto de Ley para la transformación digital del sistema financiero. De esto, luego podrán darles una cuenta más detallada. Si bien, he de decirles brevemente que se trata de un espacio controlado de pruebas llamado 'Sandbox'. Un espacio controlado de pruebas para la digitalización y de lo que se trata es de garantizar que las entidades financieras dispongan de instrumentos adecuados para la digitalización que den buenos resultados.
Por lo tanto, en este campo de pruebas, "Sandbox", esteremos un año, y a partir de ahí, se evaluará los resultados. En la evaluación estará el Banco de España, la CNMV, la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones.
Asimismo, se ha presentado la Agenda Urbana. A instancias del Ministerio de Fomento se ha presentado la Agenda Urbana que forma parte también de la Agenda del cambio de este Gobierno, y que conecta plenamente con la Agenda 2030, y con la Agenda Urbana para la Unión Europea. Y tiene hasta diez objetivos estratégicos. Fundamentalmente, se trata de ordenar el territorio, reforzar la ciudad; prevenir y reducir los impactos del cambio climático; Mejorar la resiliencia, hacer un uso más sostenible; una movilidad, aparte de sostenible, más accesible en la ciudad; favorecer la proximidad. Es decir, se trata de intensificar, de reforzar los mecanismos de la ciudad. Y, efectivamente, pues, entra dentro de lo que es un marco, una proyección ya internacional con la Agenda 2030, y la Agenda Europea.
Además, se ha acordado establecer el día 3 de mayo como Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Y quiero cederle la palabra a la ministra Ribera ya. Gracias.
Sra. Ribera.- Querida ministra Portavoz, querida Isabel, muchas gracias. Empiezo con el pie que me has dado al introducir este asunto. Hoy hemos visto en Consejo de Ministros el Marco Estratégico de Energía y Clima que tiene por finalidad mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero no solamente mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, creemos que es una apuesta muy importante para facilitar la modernización de la economía, para facilitar la generación de oportunidades y creación de empleo en sectores, en campos en los que tenemos un gran potencial y que nos colocarán en la senda del progreso, de crecimiento sostenible en el tiempo por venir, garantizando la solidaridad.
Nuestra estimación es que en línea con lo que representa la Agenda del Cambio, el Marco Estratégico de Energía y Clima es ambicioso y equilibrado, es modernizador, es solidario, y con arreglo a toda la información y sistemas de modernización que hemos empleado es plenamente factible. Está en esta línea con un compromiso que asumimos todos en el año 2015, con un nuevo contrato social para el conjunto de la humanidad facilitando una prosperidad inclusiva y respetuosa con los límites del planeta, la Agenda 2030, a la que España se sumó por unanimidad desde el primer momento, como lo hizo también al Acuerdo de París, ratificado por unanimidad en el Congreso de los Diputados y en línea con lo que la Unión Europea ha ido incorporando en su Paquete de Invierno como estrategia fundamental para cumplir con su parte en el año 2030.
Todos los estados miembros de la Unión Europea han remitido ya a Bruselas un documento obligatorio en el contexto de gobernanza que garantice que la Unión cumple con sus obligaciones, salvo España. España, con un ligero retraso, cumple hoy la revisión del borrador de esta propuesta programática en la que nos fijamos objetivos para el año 2030 y explicamos el modo en el que consideramos que podemos cumplir con esa senda de cumplimiento de la forma más eficiente, maximizando las oportunidades para nuestra economía.
Hoy el Consejo de Ministros aprueba esta aportación al trabajo conjunto de la Unión Europea 2030 que debe ser congruente con los objetivos de plena descarbonización para el año 2050 y a eso se suman otras dos piezas fundamentales: el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la Estrategia de Transición Justa.
Con esto sentamos las bases -como digo--, para la modernización de la economía, creación de empleo y reposicionamiento de nuestra industria, de nuestra energía, de las tecnologías limpias que dominarán la próxima década generando efectos positivos para el desarrollo en el medio rural, la mejora de la salud de las personas, el medio ambiente y la justicia social.
¿Cuáles son los objetivos que plantea este marco? Una reducción de entre el 20 y el 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, un 42% del consumo final de energía de origen renovable en el año 2030, y un 74% del conjunto de la electricidad de origen renovable para esta misma fecha. Con esto lograríamos una mejora en eficiencia energética en 2030 de un 38,9% por encima de la situación actual y podríamos avanzar lo que es el objetivo final para el año 2050 consistente en un sistema eléctrico 100% renovable y neutro en emisiones de gases de efecto invernadero para el conjunto de la economía.
¿Qué es lo que incluye como referencias fundamentales el Anteproyecto de Ley? Incorpora el marco institucional para un proceso de toma de decisión que debe inspirarse por lo que podríamos calificar como certidumbre flexible con capacidad de capturar las mejoras que vayamos descubriendo en un proceso de aprendizaje que iniciamos hoy, o de corregir aquello que no funcione como esperamos de manera transparente para el conjunto de los ciudadanos y, por tanto, generando confianza tanto en ciudadanos como en operadores económicos; una posibilidad de incorporación de las previsiones, las preocupaciones en materia de clima en todas las políticas sectoriales para facilitar una mejor resiliencia, una mayor adaptación a los efectos del cambio climático, una mejor preparación de nuestros sistemas socio económicos a una nueva realidad y aquellas medidas que consideramos imprescindibles para impulsar la transición y la modernización energética de nuestro país junto con las previsiones normativas fundamentales para facilitar la transición justa.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es el documento programático que debemos remitir a la Comisión. Como decía antes, incorpora la senda de reducción de emisiones a 2030 que consideramos más apropiadas en términos de costo-eficiencia, analiza los efectos de las medidas que se proponen en distintos sectores, tanto en el ámbito económico como en el empleo, y la estrategia de transición justa determina, despliega las herramientas de acompañamiento para facilitar que este cambio no deje a nadie atrás, que sea solidario con quienes van a verse más impactados en los primeros años en esa primera etapa de la transición. Creemos que esto es fundamental, es una razón obvia de equidad pero, también, es una razón de buen funcionamiento de nuestro sistema democrático.
Hemos elaborado este marco estratégico en un tiempo récord --ocho meses--, con la plena integración de todos los departamentos ministeriales. Es un programa de Gobierno, no se trata de una agenda sectorial de parte del Ministerio que tiene por preocupación el medio ambiente o el cambio climático, o de parte del Ministerio que tiene por preocupación la energía. Han estado presentes desde el primer momento todos los departamentos ministeriales y, por ello, la propuesta que se hace es --como digo-, sólida, transversal, y maximizando esas sendas sinergias, de coherencia que requiere una respuesta convincente y eficaz en materia de clima.
Hemos contado, además, con el mejor conocimiento científico-técnico disponible para hacer estas propuestas en la elaboración del plan --por poner un ejemplo--, se han empleado seis modelos matemáticos de referencia internacional, y se han analizado más de 1.000 variables contrastadas después con todo el sistema de seguimiento que la propia Red Eléctrica Española utiliza para dar confiabilidad al conjunto del sistema eléctrico. Por tanto, creemos que la materialización de esta propuesta permitirá a España cumplir con los objetivos asumidos para el año 2030 y 2050 a la vez que --como digo-- genera oportunidades, mejora su balanza comercial e incentiva la modernización del conjunto de nuestros sectores industriales.
¿Cuáles son algunas de las oportunidades que quedan claras, quedan patentes en ese marco y en la memoria económica que lo acompaña? Consideramos que entre las oportunidades de negocio e inversión destaca el hecho de que, probablemente, se supere una movilización de recursos de 230.000 millones de euros a lo largo de la próxima década en las que el 20% del total pueden ser de origen público, distintas fuentes públicas: europea, nacional, autonómica y local, facilitando el ejercicio de la inversión privada; es decir, haciendo un efecto palanca importante para movilizar recursos. Reduciremos enormemente nuestra dependencia energética. En la actualidad es 20 puntos porcentuales superior a la media europea y la aplicación de un marco como el que proponemos permite reducir un 15% esa dependencia, pasando del 74% actual al 59%.
Esta menor dependencia, evidentemente, liberará recursos para el conjunto de la economía dado que permitirá que la balanza comercial española ahorre más de 75.000 millones de euros entre el año 2020 y 2030 que el conjunto de la economía podrá destinar a otras finalidades reforzando, en gran medida, la seguridad energética.
Junto al impulso a las renovables, la eficiencia y el ahorro de la energía son la otra gran variable: ahorro y eficiencia energética, electrificación de una buena parte de los usos finales y de origen renovable de esa electricidad como ejes fundamentales del conjunto de la actuación.
Por ello, quizá, uno de los elementos más interesantes es el programa de rehabilitación de viviendas. Una apuesta importante por la eficiencia que es fundamental y que tiene efectos inmediatos en la liberación de recursos en nuestros hogares --probablemente con mayor énfasis en aquellos con menos recursos disponibles para satisfacer las necesidades de calefacción y electricidad, consumir menos energía-- permite ser más eficiente también en la producción industrial. La intensidad primaria de la economía mejoraría un 3,4% anual hasta el año 2030, lo que significa un ahorro muy importante, también, en la factura energética de nuestra industria. Como resultado de las inversiones previstas, el menor gasto de energía, y la reducción de la dependencia energética, el PIB aumentará entre 19.300 y 25.100 millones al año entre los años 2021 y 2030; es decir, nuestro cálculo perfectamente alineado con lo que son las mejores estimaciones de Naciones Unidas, de la OCDE, y de agencias independientes que integran la variable de la actuación en materia de clima para el conjunto de los países de la Unión Europea pone de manifiesto que supondría un incremento del PIB con respecto al tendencial de un 1,8% para el año 2030, repercutiendo positivamente en el empleo que crecerá entre 250.000 y 350.000 personas en la próxima década con respecto a lo que sería el crecimiento del empleo en un escenario sin plan.
Este incremento se va a concentrar sobre todo en el sector de la industria manufacturera, la construcción --afectada por la crisis económica--, y es un elemento fundamental de las políticas de desarrollo rural para hacer frente a un problema social y ambiental que conocemos bien: el crecimiento de la España vacía. Tiene efectos positivos para el sistema de salud y para la salud de los ciudadanos, las estimaciones que se manejan son que las medidas del marco de Energía y Clima permitirán reducir en torno a un 25% el número de muertes prematuras causadas por la contaminación atmosférica, y no olvidan otras cuestiones absolutamente críticas, fundamentales como las que apuntaba al principio de mi intervención. Creemos que hay que prestar atención al efecto que estas medidas tienen en consumidores y en colectivos vulnerables, prestar atención a trabajadores y comarcas afectados por las decisiones de cambio en el mix energético pero, también, al efecto que tienen en consumidores y colectivos vulnerables.
Quizá el dato más importante al respecto es la evolución de la tendencia del precio de la electricidad antes de impuestos, vemos como las inversiones que empezaríamos a acometer de manera inmediata tienen un cierto retraso en hacerse visibles en la factura de la luz, pero a partir del año 2025 son claras y se estima que supondrían una reducción del 12% en la factura de la luz --antes de impuestos-- para el año 2030 y, a partir de ahí, una caída todavía más pronunciada; por tanto, se trata de invertir hoy para facilitar ese ahorro, esa generación de un efecto enormemente positivo para nuestra economía en nuestros hogares en muy poco tiempo. Es importante, sobre todo, el prestar atención a los hogares con menor renta --como también señalaba antes- y, por tanto, forma parte de la intención de este Gobierno el ultimar la Estrategia contra la pobreza energética en las próximas semanas, en línea con lo que señalaba: prestar atención a trabajadores, a consumidores, y a la industria que en esta fase de la transformación tiene menor margen de maniobra y, por tanto, puede verse impactada en mayor medida por el precio de la energía.
Esto explica por qué engarza con el Estatuto de la industria electro intensiva -en el que está trabajando el Ministerio de Industria--, en el acompañamiento a aquellos procesos industriales que se han beneficiado hasta ahora de la cogeneración, siempre y cuando se haga de una manera eficaz y con las fórmulas de cogeneración más eficientes posibles, o sectores industriales particularmente relevantes y sistémicos para el conjunto de nuestra economía que están siendo ya objeto de transformación importante, como es el de la industria del automóvil.
Y, por último, en esta primera presentación y a la espera de sus preguntas, como entiendo que éste es un asunto que siempre suscita gran interés, hay algunas otras cuestiones que teníamos pendientes para las que nos habíamos dotado de plazos y que son fundamentales para impulsar este paquete, como son las cuestiones relativas al autoconsumo, cuyo Real Decreto de desarrollo traeremos a este Consejo de Ministros en pocas semanas.
Quedo a la espera de sus preguntas con respecto a todas estas cuestiones sabiendo que en breves minutos, quizá en una hora, toda la documentación estará disponible en la página web del Ministerio, incluida la Memoria Económica. Abriremos un plazo de información pública para comentarios que terminará dentro de un mes, el 22 de marzo, seguiremos trabajando por entender y comprender todas aquellas propuestas de mejora, corrección, que consideren todos los interesados importantes de ser tenidas en cuentas y, desde ya, evidentemente, los servicios técnicos del Ministerio trabajan en la otra obligación: la gobernanza europea que es la estrategia de descarbonización completa de la economía para el año 2050 que debe ser coherente con esta fijada para 2030 y tenemos la obligación de remitir aprobada a Bruselas antes de final de año.
Muchas gracias.
Portavoz.- Muchas gracias, ministra. Y, antes de dar paso a sus preguntas, deseo informarles del viaje que el presidente del Gobierno va a realizar el próximo domingo al sur de Francia. Es un viaje cargado de emoción y un sentido homenaje al exilio español.
Durante su recorrido, el presidente visitará la tumba de Manuel Azaña, en Montauban, el último presidente de la República, el hombre que en su discurso antes de exiliarse a Francia pronunció premonitoriamente aquellas tres palabras que recuerdo: paz, piedad, y perdón.
Posteriormente, el presidente se dirigirá al cementerio de Collioure que aloja desde los años desde hace 80 años la última morada del poeta sevillano Machado, uno de los hombres más dignos y preclaros de España al que, desgraciadamente, el exilio le llevó lejos en nuestro país pero que realmente ha permanecido en nuestra memoria y en nuestra emoción. Sin duda, estas dos personas son parte de nuestra memoria democrática y con sus sacrificios y sus penalidades este Gobierno quiere rendir un sentido homenaje a todas las familias que tras la República hubieron de exiliarse.
Y ahora sí, vamos a entrar en las preguntas. Muchas gracias.
P.- Mercedes Serraller de "Expansión". A la ministra Ribera. Quería saber, finalmente, en el proyecto que han aprobado, sobre las fechas de prohibición del diésel, teníamos entendido, en los borradores primero se habla de prohibición a partir de 2040 de vehículos nuevos y parecía que, a lo mejor, han quitado la palabra prohibición pero que, en el fondo, los coches nuevos no podrán gases de efecto invernadero a partir de 2040, o sea, que es exactamente lo que finalmente dicen.
Y, a la ministra Portavoz, le quería preguntar sobre el último Consejo de Ministros del viernes que viene, qué tienen previsto llevar, se está hablando de medidas laborales, el Decreto de vivienda de nuevo e, incluso, de posibles partidas para las comunidades autónomas, si esto está encima de la mesa y si tiene algún tipo de informe de la ruta que van a seguir al respecto en la Diputación Permanente y del gasto que esto puede suponer. Gracias.
Sra. Ribera.- Muchas gracias por la por la pregunta. Yo creo que es un tema importante. Es muy difícil imaginar escenarios de descarbonización del sistema energético si no se presta atención a la movilidad y es un tema importante, también, por la incidencia industrial y por la necesidad, la evolución de los patrones culturales de movilidad que existen en España.
Yo creo que lo más importante es --como digo-- acompañar ese proceso de transformación y ser enormemente coherentes y prácticos en la presentación de nuestras estrategias. Esto es lo que significa es que en el Plan Nacional Integrado, Energía y Clima, los objetivos de penetración de sistemas de movilidad descarbonizada y, por tanto, parte electrificada son importantes para el año 2030 pero no se introduce ningún tipo de prohibición y si se incluye en la ley --como por otra parte ha sido una constante desde hace mucho tiempo-- la redacción literal que hace la Comisión Europea en su Estrategia de Descarbonización a 2050. Recogemos palabra por palabra lo que el comisario Cañete propuso al Colegio de Comisarios y fue aprobado por el Colegio de Comisarios señalando que para los vehículos ligeros, si queremos cumplir con nuestras metas de descarbonización, debemos garantizar que sean cero gramos de CO2 por kilómetro recorrido en el año 2040.
Portavoz.- En relación a las preguntas que usted me formula, he de decirle que tranquilidad, lo primero. Este es un Gobierno muy serio, esto es así, es decir, que no va a condicionar nada que se salga de la norma. Es un Gobierno absolutamente serio y cuidadoso en todo lo que viene haciendo.
Efectivamente, hay algunas de las medidas laborales que están siendo muy trabajadas y que han venido siendo muy trabajadas a lo largo de meses. Le voy a poner una, por ejemplo: el Plan para parados de larga duración.
En relación a lo que usted me pregunta de Hacienda, es habitual que el Ministerio de Hacienda transfieran partidas a las comunidades autónomas para que puedan seguir funcionando. Y, en relación al gasto, decirle que no se preocupe nadie porque este Ministerio, este Gobierno --que piensa continuar-- va a hacer las cosas como tiene que hacerlas.
P.- Hola, buenas tardes. Iñaki Aguado, de Tele 5. Ministra Portavoz, le quiero preguntar sobre la huelga del sector independentista catalán que vimos ayer. Me gustaría saber qué valoración hace de este Gobierno del seguimiento de esa huelga, si consideran que fue un éxito o un fracaso. Y, me gustaría saber qué es lo que puede hacer este Gobierno para evitar imágenes como las que vimos ayer de cortes de carretera que realizaron los autodenominados Comités de Defensa de la República y se lo pregunto, entre otras cosas, porque Inés Arrimadas --de Ciudadanos-- denunció ayer, denuncia que este Gobierno ha abandonado a millones de catalanes y que no hace nada con las actuaciones de estos CDR. Muchas gracias.
Portavoz.- He de decirle que este Gobierno hace y cumple con todo, con el deber, es decir, con su deber. Como usted sabe, el Ministerio del Interior y, obviamente, los servicios de seguridad y la Generalitat y las competencias de seguridad que tiene la Generalitat, siempre están coordinados y, desde luego, cumplen con lo que tienen, con su misión.
La huelga de ayer creo que no solamente es estimada, ha sido estimada, ha recibido una estimación general de que no fue un éxito precisamente, se habla de un paro equivalente a un 3,7% y, evidentemente, yo creo que es que el diálogo que ha venido realizando este Gobierno a lo largo de estos 8 meses está también siendo objeto de interés por parte de la ciudadanía. La ciudadanía sabe que la Generalitat, que las autoridades catalanas, han de salir de la quimera, hay que trabajar en política, y trabajar en política es trabajar en el marco de la ley y de la Constitución, como ha venido diciendo este Gobierno.
En relación a las imágenes, pues, mire usted, todos sabemos que puede haber imágenes en la calle pero esas imágenes no pueden perturbar de ninguna de las maneras el conocimiento exacto de que el independentismo no tiene la mayoría social; por lo tanto, por lo que pudimos ver en imágenes de CDR, imágenes de personas, de personas jóvenes y que no pudieron parar Cataluña, en definitiva.
P.- Carlos Cúe, de "El País". Muchas gracias. Quería preguntarle por el asunto de Franco. Quería saber, por qué ustedes cuando plantearon este asunto nunca dijeron que iban a intentar sacar los restos de Franco, dijeron que lo iban a hacer. Entonces, quería saber si están en condiciones en este momento de garantizar que lo van a hacer antes de las elecciones, porque después de las elecciones podría haber otro Gobierno que no lo quisiera hacer. Entonces, ¿están en condiciones en este momento de garantizar que lo van a hacer antes de las elecciones? Y, si creen que tienen realmente la capacidad y el apoyo de la Iglesia para hacerlo.
Y, sobre el Decreto de alquileres que ante decía, sobre el tema de desahucios, le quería preguntar si hay alguna posibilidad de recuperar ese Decreto de alquileres, un nuevo pacto si es posible entre las medidas que piensan sacar en la próxima semana, si es posible que pudiera haber un nuevo decreto de alquileres. Gracias.
Portavoz.- En relación al Decreto de alquileres no le puedo precisar porque no ha sido objeto de estudio hoy en el Consejo de Ministros. Sé que sería deseo del Ministerio de Fomento el poder dar vía a esta cuestión, pero no se lo puedo precisar, en el tiempo que queda.
Y, en relación a Franco, le diré que el Gobierno ha cumplido, el Gobierno viene cumpliendo, el Gobierno ha cumplido con el mandato de 2017 de la Cámara de que había que exhumar los restos de Franco, y el Gobierno ha cumplido con el mandato del año 2018, también, es decir, del Real Decreto-ley que este propio Gobierno puso en marcha. El Gobierno ha cumplido en el sentido de que ha llevado todo el procedimiento administrativo y hemos llegado al final del procedimiento administrativo. ¿Ha sido largo? Sí, ha venido siendo largo, más largo de lo que este Gobierno imaginó al principio, ha sido largo por garantista. Ojalá las víctimas del dictador hubieran tenido las mismas garantías que la familia de Franco.
En relación a su pregunta precisa, no la voy a contestar porque, obviamente, estamos siguiendo las últimas garantías.
La Iglesia, ustedes lo han percibido igual que nosotros, la Iglesia no se opondrá, no se opondrá --así nos lo ha hecho saber-- a la exhumación de los restos de Franco, entendiendo que es facultad del poder civil y que, efectivamente, habrá de seguir las instrucciones del poder civil.
P.- Belén Caleño. Agencia Reuters. Buenas tardes, ministra. Una pregunta para cada una. A la ministra portavoz. Theresa May ha dicho que tuvo una conversación ayer con el presidente Sánchez, por si nos puede dar más detalles de esa conversación telefónica, especialmente respecto al Brexit que imagino que habrá sido el tema principal de la conversación.
Hoy es el último Consejo de Ministros de febrero. Nos dijeron ustedes que para febrero nos traerían un Real Decreto para prepararnos frente al Brexit que, además, va a pillar a este Gobierno ya en funciones, así que se nos puede un poquito, también, adelantar eso.
Y, a la ministra Ribera, saber, este Plan que han remitido hoy a Bruselas, ¿cuánto obliga al próximo Ejecutivo? Es decir, si el próximo Ejecutivo, como ya se ha enviado este borrador formal del Plan de Clima a Bruselas tendrá que seguirlo o si tiene margen de maniobra para introducir nuevos casos, en el caso de que no sea este ejecutivo al que le toque a implementar ese Plan. Gracias.
Portavoz.- Sí, efectivamente, ayer hubo una conversación telefónica entre Theresa May y el presidente del Gobierno de España. El presidente del Gobierno España sigue trabajando denodadamente para que el acuerdo de retirada del Brexit pueda entrar en vigor antes del 30 de marzo, y en esa línea de intercambio información y distintos escenarios con Theresa May. Por tanto, bueno, estamos ahí, es decir, usted sabe cómo va la línea de Theresa May en Westminster, entonces, por eso hemos estado trabajando, al mismo tiempo que trabajamos en el Real Decreto-ley, estábamos en este compás de espera de ver si, efectivamente, salíamos con acuerdo, y en eso ha venido trabajando este Gobierno.
No obstante, se está ultimando ese Real Decreto-ley de contingencias tal y como tal y como anunciamos en anteriores reuniones y, bueno, lo veremos enseguida.
P.- ¿Hablaron de Gibraltar?
Portavoz.- Pues, hombre, tanto detalle no me ha dado el presidente del Gobierno pero, en fin, usted sabe que el tema de Gibraltar está completamente garantizado; por tanto, esa es una cuestión que se salga con "no deal", sin acuerdo o con acuerdo, el tema de Gibraltar está perfectamente arreglado en la relación de Europa-España siempre tendrá que dar su visto bueno para temas de Gibraltar.
Sra. Ribera.- Con respecto a la pregunta de cuánto obliga al próximo Ejecutivo, lo que estamos mandando es un borrador, es un borrador muy sólido y solvente, muy denso --de más de 200 páginas--, como digo, con seis sistemas de modelización, con más de 1.000 variables contrastadas y que inicia una tramitación muy importante en nuestro país, también. Yo creo que la apertura de la propuesta al debate público es fundamental.
Durante demasiado tiempo esta agenda, que no solamente es obligatoria sino que es una agenda -como digo--, de modernización e inclusión social, no ha estado en el debate público, y esto no es algo tecnocrático, ni siquiera algo político o ideológico que un determinado gobierno, sea el que sea, pueda resolver el día para el otro, porque es la reforma estructural más importante para todos los países --y también el nuestro-- en las próximas décadas.
Por tanto, el que haya un debate público y que hasta ahora ha sido silenciado en el que participen todos los actores institucionales públicos, privados, que quieran ese capital es fundamental, y me parece que el poder ofrecer una información suficientemente solvente con respecto, no solamente el nivel de ambición para el año 2030, sino en coherencia con nuestras obligaciones de resultado del año 2050 y una capacidad de análisis que será lo que emitirá la Comisión sobre lo adecuado de la propuesta, y lo adecuados de las medidas, darán pistas sobre qué es lo que significa la propuesta que remite hoy el Gobierno que --como digo-- es lo que entendemos es la senda más coste y eficiente pero es una propuesta antes de convertirse en definitiva deberá ser debatida, discutida por distintos actores. Yo la semana que viene tengo algunas reuniones ad hoc, incluida una invitación a la Mesa y Portavoces de la Comisión del Gobierno, porque creo que es un asunto que debe ser debatido y explicado con tranquilidad entre todos los grupos parlamentarios, una reunión con los consejeros de las comunidades autónomas y estoy segura de que habrá muchas ocasiones, en muchos foros muy diferentes --algunos propuestos por nosotros mismos-- pero si no, seguro, en el contexto de la sociedad o comentarios directos que permitirán mejorar, enriquecer, en lo que resulte conveniente, y cuando llegue el momento de aprobar esta propuesta veremos qué es lo que ha expresado la sociedad española, y de qué modo se pueden garantizar mejor el cumplimiento de las obligaciones y la voluntad de generar esas oportunidades y aprovecharlas para nuestro país.
P.- Roberto Marbán, de Periodista Digital. Para la ministra Ribera, me gustaría preguntar, en función de lo que nos habéis contado, que se puede ver como una actitud bienintencionada del Gobierno, pero no sé si entienden que desde parte de la ciudadanía se pueda ver como una especie de brindis al sol, sobre todo, en un contexto mundial en el que encontramos las actitudes, bueno, de Estados Unidos y de otras potencias emergentes donde no están por la labor de ese trabajo de planeta sano -que he visto era el "hashtag" que utilizabais--. El Acuerdo de Kioto, el acuerdo de París, sin ir más lejos. No sé si pensáis que la ciudadanía la puede interpretar un poco como algo bienintencionado, pero poco a poco práctico. Gracias.
Sra. Ribera.- Bueno, yo no tengo la menor intención de que nadie entienda que esto es un brindis al sol, al contrario. Yo creo que es interesantísimo ver cómo, incluso, con una oposición muy fuerte del Gobierno Federal de Estados Unidos, o de algunos otros actores clave en algunos países muy importantes, es una Agenda que se está abriendo camino con un peso importantísimo por parte de actores domésticos, económicos, o institucionales en países donde --digo--, la señal oficial es de oposición.
Y esto mismo ocurre a nivel europeo y a nivel nacional. Los datos del Eurobarómetro marcan hasta qué punto es considerado un tema absolutamente capital por los ciudadanos europeos. Los datos de los operadores económicos, de los agentes financieros muestran hasta qué punto consideran que éste es el mayor riesgo económico y financiero al que se enfrenta el planeta; y lo mismo le ocurre a quienes hacen seguimiento de las variables de desarrollo, de inclusión, de riesgos de pensión. Por lo tanto, es una Agenda --como digo-- modernizadora, de oportunidades, compleja, que requiere deshacer aquellas cuestiones de nuestro modelo de desarrollo que se demuestran que generaban externalidades negativas que no queremos seguir manteniendo, y esto explica por qué el tomarse en serio una propuesta que no puede ser solamente puntual sino sectorial, transversal, bien trabajada, identificando cuáles son las medidas que nos permitan acompañar ese cambio, es fundamental. Y es --probablemente--, la única Agenda que se ha movido sin ningún tipo de marcha atrás en Europa, y la Agenda que se está moviendo en nuestras sociedades, por no hablar de la Agenda que reclaman nuestros estudiantes y nuestros jóvenes en las calles.
Yo creo que no tiene vuelta atrás. El World Economic Fórum --que no es particularmente sospechoso de hacer brindis al sol--, subraya el riesgo y el pánico que les da el que los marcos regulatorios institucionales no estén preparados para acompañar el proceso de cambio que permita hacer las cosas suficientemente deprisa. Por tanto, yo, de verdad, creo que no es un brindis al sol ni en contexto general, ni en contexto particular y que, en nuestro caso, no hay ningún motivo por el que debamos retrasar un debate cuando tenemos las propuestas explicadas, solventes, congruentes, y sustraerlas de ese debate público que, insisto, estoy convencida de que esté quien esté en el momento en que esto se apruebe definitivamente --incluida la tramitación cuando corresponda en el Parlamento--, será respaldado mayoritariamente por todos los ciudadanos y por las fuerzas políticas.
P.- Buenas tardes. Adela Molina. Cadena Ser. Tenía una pregunta para la ministra Portavoz sobre la exhumación de Franco. Yo quería saber por qué el Gobierno no difunde integra la carta que el secretario de Estado del Vaticano remitió hace unos días a la vicepresidenta Carmen Calvo y en la que hoy hemos podido leer que el Vaticano, además de decir que no se opone, dice también que no va a intervenir en una cuestión que es de jurisdicción española. Recuerda que la controversia está pendiente de recurso en el Supremo y da a entender que no va a tomar ninguna medida, ni va a obligar a hacer nada al prior del Valle de los Caídos. Muchas gracias.
Portavoz.- La verdad es que no creo que tengamos ningún problema para publicar esa carta. No creo que haya ningún problema, no lo conozco al menos. Lo que sí todos hemos podido ver es que, efectivamente, el cardenal Parolin dice que no se opone, es decir, esa es la cúpula eclesiástica --como todo el mundo sabe--, y, lógicamente, también le dice al del Valle de los Caídos que no se puede oponer a la facultad que tiene el Gobierno de España, la autoridad civil, para poder exhumar los restos de Franco.
En ese punto estamos, es decir, hemos acabado la actuación administrativa y si el Gobierno tiene tiempo, procederá a hacer lo que ha sido su intención desde el principio y --como les he dicho--, ha sido un procedimiento absolutamente garantista, y hasta aquí hemos llegado con la finalización de la actuación administrativa.
P… Inaudible
Portavoz.- ¿Perdón? No sé si en la carta hay algo personal o no hay algo personal,en fin, es que no les puedo contestar pero, en fin, intentaré formarme para responderles. Hemos estado manejando unos cuantos párrafos y no sé a dónde lleva la pregunta; es decir, ¿a que usted cree que la Iglesia no va a permitir que? Aquí vivimos en un Estado de Derecho, la facultad es del poder civil y, obviamente, las garantías están en el tribunal, siempre.
P. (Inaudible)
Portavoz.- (Risa). Bueno, hablamos luego.
P.- Buenas tardes. Claudia Luna, Vértigo (México). Es para la portavoz. Hay en México una preocupación, sobre todo por las comunidades españolas en México, casi 100.000 personas, al respecto de dos temas: el incremento de la ultraderecha en España como una forma potencial de llegar al Congreso de los Diputados y, el segundo tema, es el asunto inacabado de Cataluña con el tema de la secesión. ¿Qué tanto están fagocitando ambos temas y pueden, de alguna manera, coadyuvar a una involución en la joven democracia española? Gracias.
Portavoz.- Pensamos que la democracia española es un Estado social democrático de derecho y absolutamente homologable al resto de los países de su entorno, ha hecho un camino breve --si estamos en comparación con otros países, puesto que hemos tenido 40 años de dictadura y llevamos haciendo nuestra andadura desde el año19 78--, pero intenso, es una democracia plena; por lo tanto, percibimos que tiene la suficiente fortaleza como para enfrentarse a fuerzas de la ultraderecha, a pesar de que se esté haciendo aquí un intento, un ensayo diferente al del resto de otros países europeos en el sentido de que esa ultraderecha se está viendo acompañada y respaldada por fuerzas, por otras dos fuerzas de la derecha, una cuestión que no es fácil ver ni en Francia, ni en la Alemania.
Y, en relación a Cataluña, este Gobierno ha mantenido la convicción de que el diálogo era el instrumento y la herramienta para trabajar con Cataluña desde el día ,1 desde el día 1 de nuestra ejecutoria el diálogo dentro de la Constitución, dentro de la ley, y vamos a seguir con convicción y con determinación con la herramienta, la única herramienta que la política presta para trabajar en democracia. Pensamos que ese diálogo viene dando sus frutos, y se verán y, por tanto, vamos a seguir con ello.
P.- Portavoz, buenos días. Victor Ruiz de Almirón, "ABC". Sobre el tema de la exhumación de Franco. El Gobierno siempre nos había trasladado que no había ningún problema para intervenir en el Valle de los Caídos, que era competencia civil; sin embargo, de ese intercambio epistolar que han tenido con la Santa Sede, que conocemos a través de los medios, se deduce una preocupación por la actitud del prior, la actitud negativa del prior a facilitar la entrada del Gobierno. Le preguntó si el Gobierno sigue pensando que va a poder intervenir en el Valle de los Caídos, entrar en el Valle de los Caídos aunque tenga la oposición del prior.
Y, de su anterior respuesta que hablaba, ha dicho, si el Gobierno tiene tiempo cumplirá. ¿Cuándo se acaba ese tiempo? ¿El Gobierno está dispuesto a actuar antes de conocer la posición del Tribunal Supremo? o, ¿si el tiempo lo puede marcar el inicio de la campaña electoral? La Junta Electoral Central es muy estricta, no se pueden inaugurar polideportivos en campaña electoral, no sé si se puede exhumar a Franco en campaña. Gracias.
Portavoz.- Si la Iglesia se sometiera, la cúpula eclesiástica se sometiera a los deseos del prior, la Iglesia tendría un daño reputacional como institución de magnitud significativa. No lo va a hacer. La Iglesia conoce, la cúpula eclesiástica conoce la facultad del poder civil para poder hacerlo; es decir, este es un Estado de Derecho, el Ejecutivo tiene una facultad, cual es, obviamente, la de no seguir manteniendo a un dictador en un lugar de exaltación pública. Esa es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo. Y, la de las garantías, la de las garantías de las partes, corresponde dictaminar al Poder Judicial. En este caso, al Supremo. En este punto.
Por tanto, a eso el Gobierno, obviamente, ese es el camino que va avanzando, por el que va avanzando el Gobierno: garantías de las partes -en este momento final, ya solamente queda la familia--, garantías de las partes, fin de la actuación administrativa --como la propia ministra de Justicia explico aquí el pasado viernes-, y, obviamente, el tiempo, que como usted bien dice, el tiempo razonable que le queda a este Gobierno para concluir esta legislatura, este mandato. Y con esos mimbres hay que hacer el cesto, pero no hay ninguna duda de que el Poder Ejecutivo tiene facultad para exhumar los restos de Franco. Lo va a hacer, lo vamos a hacer, es decir, es la voluntad de este Gobierno, es la voluntad de este Gobierno con la máxima dignidad a los restos del dictador y, obviamente, queda para las garantías finales, queda el trabajo del Supremo, si es a él a quien recurren en última instancia.
P.- Buenas tardes. Alba Galan, TVE. Le quería preguntar a la portavoz, a la misma Portavoz. ¿Por qué se ha paralizado la subvención anual de 340.000 euros que daba Patrimonio al Valle de los Caídos?
Portavoz.- Me imagino que por razones obvias. Yo creo que el Valle de los Caídos, las subvenciones que estaba teniendo, no sé si estaba cumpliendo razonablemente con lo que significaba la justificación de esas subvenciones.
P.- Buenas tardes. Beatriz Fernández. Europa Press. Mi pregunta es para la ministra Ribera. Quería saber si, en su opinión, una buena forma de luchar contra el vaciamiento de la España rural es que desde las administraciones se impulsen las actividades y se apoyen las actividades que tienen que ver con la caza. Gracias.
Sra. Ribera.- Muchas gracias. Yo creo que la cuestión de la España rural y su vaciamiento es una cuestión compleja que tiene que ver con los servicios de los ciudadanos, con ciudadanos que habitan la España rural, con las oportunidades de empleo en sectores muy diferentes: sector primero pero, también, sector industrial y sector secundario. Lo que traigo hoy aquí, nuestra principal preocupación y nuestra principal oportunidad, se ve en dos ámbitos diferentes que son responsabilidad del Ministerio. La primera de ellas, es la transformación de nuestro modelo energético, lo que supone que algunas actividades que estaban muy concentradas en enclaves aislados, como pueden ser determinadas centrales térmicas que cuentan con una previsión de ir desapareciendo de nuestro sistema energético, y que eran la fuente fundamental de empleo y de Industria en determinadas zonas rurales, pues obligan a pensar --por eso introducimos las variables de transición justa--, en la reactivación de las comarcas con otro tipo de actividades, una cosa que tenía que haber empezado a hacer antes mucho tiempo y que, probablemente, llegamos tarde pero con el mejor y mayor de los impulsos.
Otra cuestión es las que tienen que ver con las medidas de política agraria, de reconocimiento de biodiversidad y de biomasa, es decir, de nuevas fuentes de generación de energía renovable que se pueden nutrir de todos esos beneficios. Junto a estas grandes cuestiones que son el eje fundamental de las actividades que queremos impulsar, es indudable que hay otras actividades propias del sector primario --como decía antes--, que están presentes en nuestro territorio, y ninguna es particularmente exclusiva o excluyente de otras.
Muchas gracias.
(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)