Conferencia de prensa de la ministra de Educación, Formación Profesional y portavoz del Gobierno y de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social después de la reunión del Consejo de Ministros

La Moncloa

Portavoz.- Buenos días a todas y a todos. Buenas tardes para aquellos que ya hayan comido. Veo que hay gente ya de vacaciones, que han empezado ya sus días de vacaciones. Dichosos y dichosas que han empezado algunos días de vacaciones.

Bueno, como ven ustedes, me acompaña la ministra María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, y ella hablará del Plan contra el Alzheimer y de otras cuestiones de interés que hoy hemos aprobado y visto en el Consejo de Ministros.

Lo primero que queremos hacer es en nombre de todo el Gobierno, es sumarnos a la consternación que está viviendo tanta gente en el mundo entero por el incendio de un monumento que es referencia cultural y que es un patrimonio occidental europeo de altísimo valor para la Humanidad, como es la Catedral de Notre Dame. Su incendio --con las pérdidas que haya podido provocar-- es realmente un suceso muy dramático para todos, no solamente para las personas que aprecian más la cultura sino como símbolo de todo lo que ha sido la historia europea de pensamiento, de civilización; por lo tanto, todos nos sumamos a esa pérdida dramática y pensamos qué que tienen que rehacer Notre Dame en un tiempo récord.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, transmitió ayer al ministro francés, Emmanuel Macron, su solidaridad y pesar por lo ocurrido. Estamos seguros de que Francia con la ayuda de Europa y de muchos otros países del mundo logrará reconstruir esta catedral tan representativa de nuestra cultura a lo largo de más de 850 años de historia, símbolo del arte y del culto, y que vamos a poder disfrutar del tesoro que era Notre Dame para todos. Lo ocurrido, no obstante, ha sido, también, un aviso para todos y por eso es de destacar que el Ministerio de Cultura haya convocado para el próximo viernes un Consejo de Patrimonio extraordinario para analizar los planes de salvaguarda de nuestros bienes culturales. Nunca hay una seguridad al 100%, es patrimonio cultural que tiene cientos de años y que conviene, obviamente, aunque el patrimonio está bien conservado en términos generales y no parece que haya motivos de preocupación, pero sí interesa ponernos en estado de alerta y que este Consejo de Patrimonio extraordinario que tendrá lugar el próximo viernes --con presencia de las comunidades autónomas-- revise cuáles son las normas de seguridad que han de prestarse a los edificios. Ya saben ustedes que España es pionera y, además, es uno de los países que cuenta con más patrimonio histórico cultural. Por tanto, tenemos --además-- mucho personal, formado, experto que puede ayudar, también, en la obra de reconstrucción de Notre-Dame.

Antes de entrar en los asuntos que hemos tratado en este Consejo --anticipado por las fechas de Semana Santa-- permítanme, también, otras dos consideraciones en nombre del Gobierno: la primera, una defensa de la tolerancia y de la necesidad de respetar todas las opiniones por muy opuestas que sean a la nuestra. Quiero manifestarles la condena formal por parte de este Gobierno de todo intento de coartar la libertad de expresión. Rechazamos cualquier tipo de violencia y de coacción que se pretenda ejercer durante la campaña electoral, que ya hemos iniciado. Todos los partidos debemos poder expresarnos en libertad en cualquier lugar sin boicots, sin presiones. Esperamos, deseamos, que esta campaña se desarrolle sin alteraciones de ningún tipo, dentro de las reglas de la convivencia que merece una democracia madura como lo es la española.

Apelamos así a todas las fuerzas políticas a que fomenten con sus discursos y con sus programas la tolerancia y las buenas relaciones entre todos los españoles. Y como en la educación, también, en la política el ejemplo es fundamental así que pedimos moderación, mesura, sentido común, racionalidad.

Sentido común es, también, lo que se desprende de la decisión de los partidos políticos de debatir y defender sus posiciones políticas para conocimiento de toda la ciudadanía, siempre dentro de las circunstancias que establezca la Ley y los órganos que la interpretan. En este caso, de acuerdo con las consideraciones de la Junta Electoral Central, que es el órgano --como ustedes saben-- jurisdiccional, competente en tiempo de campaña electoral. Desde este punto de vista será un honor para Pedro Sánchez acudir al debate organizado por Radio Televisión Española, la televisión pública de todos. Radiotelevisión, además, fue el primer grupo que ofreció un debate a cuatro y, de acuerdo a ese criterio, Pedro Sánchez estará allí con la voluntad de que sea un debate propositivo y alejado del insulto y de la crispación.

Acabo, también, con la mención a otro logro de la convivencia y del diálogo. Me refiero a uno de los primeros asuntos que hemos tratado hoy en el Consejo de Ministros, el avance que ha tenido lugar esta semana en el diálogo bilateral entre el Estado y las comunidades autónomas. Se ha producido en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias entre la Administración General del Estado y el Gobierno vasco. Fruto de este diálogo, el País Vasco asumirá las competencias sobre todas las carreteras de su territorio con el traspaso del tramo correspondiente de la AP68, la conocida como Autopista Vasco-Aragonesa. Es un título competencial que se recoge en el Estatuto de Gernika y que, también, figura en la disposición primera de la Constitución; por tanto, es una muestra más de que este Gobierno, dentro del marco de la Constitución y del diálogo, defiende los estatutos de autonomía y defiende --obviamente-- una constitución autonómica que --como ustedes bien saben-- en el artículo 2 aporta autonomía política a las comunidades autónomas.

Entrando ya en el contenido del Consejo de Ministros menciono, en primer lugar, la aprobación de un Real Decreto por el que se aprueba el convenio entre la Administración General del Estado, la Diputación Foral de Vizcaya, y la Autopista Vasco-Aragonesa para la construcción de un enlace de conexión entre la autopista AP68 y la variante sur metropolitana de Bilbao.

La Administración General del Estado considera que la ejecución de este enlace es de utilidad pública. La ejecución de las obras del nuevo enlace se llevará, exclusivamente, a cabo por la Diputación Foral de Vizcaya que asumirá el coste total de la inversión, no contemplando el convenio ninguna aportación por parte de la Administración General del Estado. La tramitación del expediente dispone de informes favorables, tanto de la Dirección General de Carreteras, como de la Abogacía del Estado, como el Consejo de Obras Públicas, y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y del Consejo de Estado.

También, se ha autorizado la firma de dos Convenios. Uno, para la integración del ferrocarril en la ciudad de Gijón y, otro, para la construcción de una terminal intermodal y logística en Valencia. Ambos Convenios --como ustedes ven-- incorporan grandes infraestructuras de comunicación a las dos ciudades mencionadas.

Uno, es el Convenio para integrar el ferrocarril en Gijón qué va a permitir ejecutar las actuaciones que desarrolla el denominado Plan de Vías. Este Plan contempla --entre otras actuaciones-- la construcción de una estación intermodal cerca del Museo del Ferrocarril de Gijón y el soterramiento de las vías ferroviarias. Está suscrito por Adif, por el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón, y la sociedad Gijón del Norte. La inversión estimada superará los 1.000 millones de euros, de los que ya se han ejecutado 200 y quedan pendientes 814.

El otro Convenio, cuya suscripción ha acordado hoy el Consejo de Ministros, aborda la construcción de una terminal intermodal y logística en Valencia, concretamente en Fuente de San Luis. El objetivo es convertir esa estación en un nodo estratégico para la distribución de mercancías, no solo a nivel nacional, sino internacional, puesto que la estación forma parte de la Red Transeuropea de Transporte.

Por lo tanto, dos importantes construcciones de infraestructuras ferroviarias --en este caso--, una en Gijón y otra en Valencia.

Además, el Consejo de Ministros a través de un Real Decreto ha regulado la concesión directa de dos subvenciones: una, a la Universidad Politécnica de Madrid y, otra, al Servicio de Salud del Principado de Asturias en materia de seguridad minera. Se trata en total de 1.150.000 euros.

La Universidad Politécnica de Madrid desarrollará tareas de asistencia, vigilancia, almacenamiento y destrucción de productos y materiales explosivos y pirotécnicos --que son los que se emplean en la minería española--, y recibirá para ello un millón de euros; y el Servicio de Salud del Principado de Asturias recibirá 150.000 euros para asistencia técnica y asesoramiento, al organismo MITECO, en la elaboración en la elaboración de especificaciones técnicas sobre el ámbito de la silicosis y resto de neumoconiosis, así como otras enfermedades respiratorias e inhalatorias de origen laboral --es, obviamente, para investigación y ayuda directa--.

Así mismo, a través de un Real Decreto, hemos aprobado hoy una nueva titulación de Formación Profesional de ciclos de grado superior en Química y Salud Ambiental, un título actualizado a las necesidades del momento.

Además, por un Real Decreto, hemos establecido las disposiciones de aplicación de la reglamentación de la Unión Europea en el sector del lúpulo. Como ustedes saben, el 98% de la producción de lúpulo se entrega contractualmente a la industria cervecera. La UE ha establecido algunas directrices para su cultivo y aquí, a través de este Real Decreto, seguimos esas directrices para estar ordenados con el resto de Europa; y tras casi décadas de retroceso podemos decir que el lúpulo experimenta un nuevo desarrollo por el consumo de cerveza artesanal, precisamente. Además, hay nuevas plantaciones de lúpulo y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación financia esas ayudas con 350.000 euros anuales y recibe las famosas ayudas "Minimis" --que son las ayudas europeas que conceden Europa a los Estados miembros de la UE a empresas-- por un importe inferior a 200.000 euros.

También, --quiero terminar ya ni mi aportación para darle la palabra a la ministra de Sanidad-- quiero hablarles de Dos Reales decretos que reconocen como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, en un casoel toque manual de campanas y, en otro caso, el otro caso es el de la cultura del esparto. Como ustedes saben, con el toque manual de campanas históricamente se ha llamado a un nacimiento, a un deceso, a una boda, o un festejo. Pues, bien, para evitar la pérdida de esta costumbre inmemorial se declara Patrimonio Cultural Inmaterial el toque manual de campana. Y, también, la cultura del esparto, que ahora florece gracias a que a través de este material numerosos artículos artesanales: alfombras, bolsos, etcétera, se han puesto de moda. Hay una tendencia importante a utilizar el esparto. La cultura del esparto --que es un elemento milenario de la cultura española-- que siempre ha estado vinculado a sistemas agrícolas y de trabajo, hoy, sin embargo, forma parte de la moda, de la cultura artesanal; y, también, al esparto le dedicamos un reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial.

Y, ahora sí, ya le doy la palabra a la ministra de Sanidad para que ella nos hable de los planes que ha presentado y de los proyectos que ha presentado al Consejo de Ministros de hoy.

Muchas gracias.

Sra. Carcedo.- Muchas gracias, buenos días. Espero que se me vaya aclarando la voz a medida que vaya hablando.

Efectivamente, hemos informado hoy al Consejo de Ministros de dos planes que veníamos trabajando en el Ministerio de forma muy intensa en los últimos meses.

El primero de ellos se refiere al Plan Nacional de Alzheimer que se elabora por primera vez y pretende afrontar el reto social y sanitario que plantea esta enfermedad. El segundo se refiere al Marco Estratégico para la Atención Primaria y comunitaria de salud que es el servicio sanitario que más ha sufrido durante la crisis y que --como saben-- fue valorado la anterior semana por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Empiezo por el Alzheimer para trasladarles la gran preocupación del Gobierno por este asunto, por las consecuencias de la enfermedad, no solamente para las personas, no solamente los enfermos, enfermas que lo padecen sino, también, por el sufrimiento que tienen las familias y el entorno donde viven estas personas y a las que el Plan pretende dar respuestas de las capacidades que tenemos disponibles.

En cuanto al primer asunto, el asunto relacionado con el Plan del Alzheimer, quiero manifestar que es una enfermedad que tiene una prevalencia importante en nuestro país, que supera las 700.000 personas entre mayores de 40 años, pero que la previsión de prevalencia en el año 2050 --dado el incremento de la esperanza de vida en nuestro país-- se estima que puede afectar a en torno a 2 millones de personas. Además, las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el propio Parlamento Europeo e, incluso, un mandato mediante una Proposición no de ley de las Cortes Generales recomiendan trabajar sobre esta enfermedad y sus consecuencias.

Las líneas de actuación del Plan Nacional de Alzheimer están alineadas con las propuestas de, estas organizaciones internacionales y son las siguientes:

En primer lugar, es necesario fomentar la investigación sobre los factores desencadenantes para conocer mejor por qué se produce esta enfermedad y qué mecanismos los desencadena.

En segundo lugar, debemos desarrollar políticas de promoción de la salud, así como avanzar en el diagnóstico precoz y la elección de los tratamientos más adecuados que tengamos disponibles, que pretendemos que puedan ser más en el futuro. Con el diagnóstico precoz, pretendemos que se pueda lograr la mayor precocidad posible en el diagnóstico, porque afecta mucho en el caso de la evolución estas enfermedades y se puede avanzar en la protección jurídica de estas personas. Quiero recordarles que ha habido un Anteproyecto de ley --que ha decaído como consecuencia de la convocatoria electoral-- que iba dirigida en esta dirección de incrementar la protección jurídica de estas personas, de todas las dependencias y limitaciones por razón de edad, pero que en el caso del hacerme tiene una importancia especial. Y, también, que se pueda aplicar la Ley de Autonomía del Paciente mediante la declaración de voluntades anticipadas sobre cómo quiere la persona que se le trate cuando la enfermedad esté evolucionada y también tenga, por tanto, tiempo para una y otra decisión, tanto la autonomía personal, la tutela, el acompañamiento, como en el caso de las voluntades anticipadas.

En tercer lugar, el Plan habla de que mientras no seamos capaces de curar esta enfermedad hay que mejorar los servicios asistenciales, tanto sanitarios --los disponibles-- como, también, los sociales y avanzar en la atención a estas personas en los distintos ámbitos y, también, a las personas que viven en su entorno familiar y social. Se han puesto en marcha diversas medidas de atención social, como la destinada a los cuidadores familiares --que ya saben aprobada recientemente-- para atenuar en algunos casos la interrupción de las carreras laborales, como consecuencia de muchas personas --especialmente mujeres-- que se ven obligadas a abandonar su trabajo para cuidar de estas personas.

En cuarto lugar, hay que trabajar en la sensibilización de la opinión pública y para esa labor contamos, también, y mucho, con la labor de los medios de comunicación y mejorar, también, las actitudes individuales de las personas tanto del entorno de los enfermos y enfermas como mejorar las actitudes y la opinión pública del conjunto de la sociedad.

En definitiva, se trata de generar empatía del conjunto de la sociedad con estas personas y con su entorno familiar y personal y, por eso, el Gobierno tiene mucho interés en que este Plan se pueda ir desgranando y aplicando para aliviar estas situaciones hasta que se consiga, mediante el conocimiento y la investigación, conocer mejor la enfermedad y podamos evitarla o curarla.

Como adelantaba, el segundo punto importante que este Ministerio ha traído hoy al Consejo de Ministros es la información relativa al Marco Estratégico para la atención primaria y comunitaria que, como adelantaba y conocen, ha sido comunicado y valorado en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Aquí quisiera decirles que el Gobierno, también, tiene una gran preocupación por el debilitamiento que se viene produciendo en estos últimos años debido a los recortes, tanto de derechos como de como de recursos, al Sistema Nacional de Salud; por tanto, estamos impulsando medidas para revitalizar el Sistema Nacional de Salud y reforzar la Sanidad Pública en nuestro país, que es un garante muy importante para la ciudadanía.

La atención primaria de salud es un servicio público, que a través de 13.000 centros de salud, llega a toda la ciudadanía y a todo el territorio nacional. Por tanto, un instrumento para garantizar la universalidad y la equidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Para el Gobierno es urgente poner en marcha estas medidas que van en la línea de poner al día el Sistema Nacional de Salud, dada la situación actual, las demandas de la población y la situación de nuestra demografía y de las enfermedades que sufre la población hoy día y en la atención primaria de salud, en esta tarea que nos impusimos, es una pieza angular.

Esta urgencia, la necesidad de abordar esta puesta al día del Sistema Nacional de Salud, es compartida, también, por las comunidades autónomas, profesionales sanitarios y, también, por pacientes, usuarios, y asociaciones de vecinos porque, además, era necesario dar una respuesta desde las administraciones públicas a las movilizaciones que llevaron a cabo durante estos últimos años pacientes y profesionales de todos los territorios, que en los últimos meses están demandando el impulso a la calidad del sistema tras años de aplicación de políticas de austeridad.

Además, la atención primaria debe adaptarse para dar una mejor respuesta --como decía-- a las necesidades actuales de nuestra sociedad, la mayor prevalencia de enfermedades crónicas, y la mayor esperanza de vida con las consecuencias que tiene de mayor frecuentación de los servicios sanitarios, etcétera.

La atención primaria debe de disponer, también, de más y mejor tecnología. Contamos con unos especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria muy formados y cualificados y capacitados para interpretar nuevas tecnologías y, por tanto, tener una mayor capacidad de resolución en los centros de salud contribuyendo así a aliviar la presión sobre la atención especializada y contribuir a eliminar las listas de espera.

Igualmente, es preciso responder a las expectativas de los profesionales que reiteradamente las demandan con nuevas iniciativas en materia de organización, más formación, más docencia y, también más investigación. Materias estas que la propia Ley General de Sanidad preveía pero que en materia de atención primaria de salud ha quedado algo relegada y que hay que revitalizar.

Finalmente, la atención primaria es la clave del éxito de una planificación y organización del Sistema Nacional de Salud para una organización más eficiente del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Es el principal referente de la ciudadanía ante los servicios sanitarios y, en definitiva, es la base de la sanidad pública y uno de los grandes elementos diferenciadores en calidad respecto a otros servicios, como pueden ser servicios privados. Este es un Marco que pretende la revitalización de la Atención Primaria de Salud y del conjunto del Sistema Nacional de Salud, por tanto. Este Marco incorpora 6 líneas estratégicas, 23 objetivos, y 100 acciones a corto, medio, y largo plazo, y así lo reconoce recoge la propia estrategia.

Citaré algunas de las principales medidas que incorpora:

En primer lugar, garantizar que las citas para la atención no urgente, la atención primaria de salud, se realicen en menos de 48 horas; es decir, que se limite el tiempo de espera para la cita en los centros de salud.

En segundo lugar, establecer la aprobación de las Ofertas Públicas de Empleo con periodicidad de, al menos, bienal para reducir la temporalidad, el objetivo de temporalidad por debajo del 8%.

Fijar como objetivo que en el 2022 los cupos que corresponden a cada profesional se sitúen en torno a los 1.500 pacientes en atención a adultos --para la medicina familiar y comunitaria, y en torno a 1.000 en la pediatría.

También, actualizar la Estrategia de Cronicidad del Sistema Nacional de Salud y el desarrollo de programas de atención domiciliaria centrados en las necesidades sanitarias y, también, sociales y, por tanto, establecer la coordinación necesaria con los servicios sociales de cercanía.

Establecer una asignación más eficiente de los recursos destinados a la Sanidad, incrementando los destinados a la atención primaria de salud, porque así estamos invirtiendo en promoción de la salud, en protección y, también, en control de enfermedades crónicas, que a su vez, evitan descompensaciones agudizaciones, lo que conlleva ingresos hospitalarios más frecuentes y, también, visitas a urgencias, niveles de atención más caros en el sistema.

Fortalecer e impulsar la formación, la docencia, y la investigación como antes adelantaba, o dicho de otra manera, que los centros de salud se conviertan, también, en unidades docentes para formar especialistas en el futuro y que la atención primaria de salud tenga más relevancia en la formación pregrado y, también, mucha más participación en la formación de todos los especialistas, no solamente en la medicina familiar y comunitaria sino, también, en el conjunto de especialistas para favorecer, también, la mayor coordinación entre la atención primaria y el nivel de atención especializada hospitalaria.

Por primera vez en 30 años hay un documento elaborado con aportaciones de pacientes, y profesionales, y de administraciones que plantean un nuevo Marco de Referencia para la Atención Primaria de Salud, que renueva y renueve el liderazgo de la atención primaria como eje fundamental del Sistema Nacional de Salud. Sepan que la ciudadanía otorga a nuestro Sistema Nacional de Salud una calificación de notable, casi un 7 sobre 10 puntos. Ello, a pesar de que el sistema atiende a toda la población, por tanto, tiene un desafío importantísimo de responder a todas las demandas de la ciudadanía, a personas que sufren patologías de todo tipo de gravedad y que son de orígenes sociales muy diversos, con unos condicionantes sociales, ambientales y económicos muy diversos.

A pesar de que el Sistema Nacional de Salud gestiona 13.000 centros de salud ---como antes adelantaba-- y consultorios y 457 hospitales públicos; y a pesar de que realiza al año 430 millones de consultas y resuelve 59 millones de urgencias a lo largo y ancho del territorio nacional.

Estos datos demuestran que el Sistema Nacional de Salud es uno de los logros más importantes de nuestra democracia y es, también, de los más valorados por la ciudadanía, y se ha erigido como una poderosa herramienta democrática facilitadora de la equidad y la cohesión en el país y que, además, promueve empleo público de calidad, medio millón de empleados públicos prestan sus servicios en nuestro Sistema Nacional de Salud. Que el sistema funcione no es casualidad, pero que siga siendo útil a la población hay que mantenerlo y actualizarlo, y en ello estamos trabajando cada día para seguir mejorando la calidad, equidad, universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Una vez valorado y analizado el sistema, este marco estratégico o el conjunto del Sistema Nacional de Salud a través de su órgano de gobernanza, que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se remitirá a la Agencia Estatal de Evaluación de Tecnologías Sanitarias para diseñar la implementación del plan y, también, la monitorización para su seguimiento y ver la eficacia de las medidas implementadas.

Y, por último, quisiera referirme a otro asunto que ha sido acordado por el Consejo de Ministros a propuesta de este Ministerio y que se trata de la autorización de la convocatoria de subvenciones correspondientes al tramo estatal del IRPF para la realización de actividades de carácter social en el ámbito estatal.

Estas ayudas suponen el 20% del total de la recaudación de la X solidaria en las declaraciones de la renta correspondientes al IRPF de 2017. Con la aprobación de esta resolución se pretende agilizar el proceso para que las entidades a las que van dirigidos estos recursos puedan preparar sus proyectos que presentarán para obtener la subvención correspondiente. En cuanto se conozca la recaudación definitiva el Gobierno publicará las subvenciones que se concederán en régimen de concurrencia competitiva y que se destinarán a actividades sociales, educativas o laborales.

Y esto es todo. Gracias por su atención.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra, por el trabajo y por el esfuerzo con la voz. Muchas gracias.

P.- Maria Rodríguez de TVE. Mi pregunta es para la ministra Portavoz. Ha hecho una pequeña alusión al asunto del debate al comienzo de su intervención pero me gustaría que no se hiciera una valoración de la decisión de la Junta Electoral Central de suspender ese debate a 5 por incumplir los criterios de proporcionalidad y que sea, finalmente, Radiotelevisión Española, la televisión pública, la que pueda celebrar ese debate electoral. Me gustaría saber si comparten el criterio y la decisión de la Junta Electoral.

Y, en segundo lugar, y al hilo de esto, si cree el Gobierno que los partidos políticos deberían hacer autocrítica por haber antepuesto sus estrategias políticas a las reglas del juego, a lo que dicen las normas. Gracias.

Portavoz.- En primer lugar, el Gobierno respeta absolutamente la decisión de la Junta Electoral Central. Así lo venimos demostrando desde el primer día. Habría sido muy extraño que fuera de otro modo; nos debemos a la Ley y la autoridad competente en esta materia es la Junta Electoral Central. Por lo tanto, respeto absoluto a su toma de decisión y así lo ejecutaremos.

En relación a lo que usted me plantea respecto a otros debates, son --lógicamente-- los comités electorales de los partidos políticos a los que corresponde evaluar y, en ausencia de cualquier otra regulación así lo hacen legítimamente, donde quieren debatir y cómo quieren debatir. El asunto del otro debate, el de a cinco, bueno, pues añadía un factor que está teniendo mucha visibilidad, como era la presencia de Vox, un factor coyuntural con mucha visibilidad. Y, en ausencia de ese factor, obviamente, Radio Televisión Española prima, la televisión pública prima sobre cualquier otra oferta de debate.

P.- La Sexta; le quería preguntar sobre la decisión de acudir al debate de Televisión Española, si no le resulta extraño que hasta hoy Televisión Española no se haya puesto en contacto con el resto de partidos y solo haya mantenido el contacto con el Gobierno.

La otra pregunta que le quería hacer es si con esta decisión de no asistir al debate de Atresmedia triunfa la tesis de ese sector del Gobierno que desde el principio mantenía la opción de acudir a un debate en el Ente público por ser un formato, quizá, más controlado.

Portavoz.- Todas las preguntas que usted me formula son muy subjetivas, son muy cualitativas. Sería muy irrelevante que usted conociera mi opinión y yo tengo que emitir la opinión del Gobierno y no la mía personal, entonces, es irrelevante la apreciación que yo le pueda dar en relación a cualquiera de sus preguntas.

Lo que sí le digo es que el Gobierno se debe a la Ley, que legítimamente los comités electorales hicieron una opción para ir a una televisión privada con cinco actores, uno de los cuales tiene una representación --al menos estimativa-- en la coyuntura actual, a través de encuestas, por lo que parecía, según el comité electoral, oportuno debatir. Una vez que la Junta Electoral Central ha tomado cartas en el asunto nos debemos a la resolución de la Junta Electoral Central.

P.- Luis Enrique Ramos de TVG. Buenos días. Tenía preguntas para las dos ministras. Ayer acordaron el traspaso de la gestión de la AP68, cosa que dice el Gobierno gallego que entiende y comparte, pero se sorprende por la celeridad y la facilidad de la transferencia teniendo en cuenta que la Xunta de Galicia, con acuerdo y con consenso parlamentario reclama la misma transferencia que Euskadi en el caso de la AP9 y no se produce, el Ministerio de Fomento no pasa por esa transferencia. Denuncian desde Galicia un trato discriminatorio.

También le quería preguntar por el caso de Ence. No sé si se replantea o se cuestiona el Gobierno la decisión que tomó en su momento de dejar de defender judicialmente la prórroga de la concesión de Ence. ¿Cómo piensan hacer frente al desastre en el empleo que se pueda avecinar en la Comarca?

Y, también, para la ministra de Sanidad, acaba de hablar del Plan Estratégico de Atención Primaria, del diálogo, el consenso, los acuerdos. La Xunta de Galicia que, por cierto, no asistió al último Consejo Interterritorial, creo que le remitió una carta el conselleiro. Denuncia que no se ha tenido en cuenta ninguna de los planteamientos, de las reivindicaciones que se hacían desde Galicia. No sé qué valoración puede hacer.

Portavoz.- Pues, mire, le voy a dar una respuesta más concreta en relación a la transferencia de la carretera gallega porque, precisamente, esta mañana he estado comentándolo con la ministra de Política Territorial, y quiero encontrarla para dársela con mayor precisión. Están trabajando en ello, están trabajando en ello, o sea, que no es una cuestión que está abandonada para nada.

En el tema de la AP68, ciertamente, era una cuestión pendiente. Ustedes saben que el traspaso de carreteras al País Vasco se estaba produciendo desde los años 80, concretamente en el año 1999. El presidente Aznar utilizó exactamente el mismo argumento jurídico, es decir, el hecho de que el traspaso de carreteras, las carreteras y la competencia de las carreteras se encontraba tanto en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Gernika como constitucionalmente debiera hacerse. Lo que se ha hecho ha sido traspasar los 70 kilómetros que corresponden a la parte vasca, y esto es lo que viene a completar el Estatuto de Gernika en la materia de carreteras que --como saben-- es competencia de las diputaciones forales.

Había otras cuatro materias, otras tres materias que estaban previstas para este primer bloque, que concluía en torno a marzo. Se seguirá con ello igual que --como le digo-- se va a seguir con lo de Galicia; por tanto, los trabajos no están acabados. Ciertamente, este Gobierno ha retomado una cuestión, como es la de las relaciones bilaterales con las comunidades autónomas, no sólo para conocer sus necesidades sino para tratar de resolver los diferentes y legítimos requerimientos que puedan tener las comunidades autónomas, y donde se les puede servir a este respecto. Ese camino estaba abandonado desde hacía 7 años, lo retomamos, lo ha venido retomando el presidente del Gobierno con cada uno de los presidentes de las comunidades autónomas y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando en ello.

Con respecto a Ence, efectivamente, como usted bien sabe, también, tomé la precaución de ver cómo estaba esta cuestión. Es una planta de celulosa que se encuentra en un espacio de dominio público, marítimo terrestre, además. Y, por tanto, la legislación vigente le dice que no puede tener una prórroga equivalente a los años que ya ha pasado abierta. Esto, como sabe, está judicializado y se está pendiente de la resolución por parte de la Audiencia Nacional en lo que nosotros podemos llegar a entender de esto pero, también, le podemos dar más detallado informe al respecto.

Hay que seguir la Ley. Este es un tema que está en espacio público marítimo-terrestre y, por lo tanto, vamos a ver qué es lo que dice finalmente la resolución.

Sra. Carcedo.- Esto del Marco de la Atención Primaria, efectivamente, ha sido el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud quien ha hecho la valoración del Plan. El consejero de Galicia no acudió, enviando una carta, como tampoco acudió --por ejemplo-- la consejera de la Generalitat catalana.

Como saben, lo que manda la Xunta de Galicia --no solamente por boca de su consejero sino, también, de su presidente-- es la realización de un MIR extraordinario, sobre todo, por médicos de atención primaria y pediatría. Este asunto ya ha sido reiteradamente explicado, ellos conocen, los dos, precisamente, cómo funciona el sistema MIR que, como saben, ha habido un examen en el último mes de febrero y se está preparando la convocatoria del próximo año, y no se puede --como cualquier otro régimen formativo-- pues, las unidades docentes son las que hay, y la progresión de cada uno de los niveles de formación MIR pues son los que son y, en fin, sería introducir elementos graves de distorsión en el propio funcionamiento.

Lo que sí estamos haciendo es exprimir al máximo, aprovechar al máximo todas las capacidades de formación que tiene el sistema, y en el pasado ejercicio se ha incrementado un 4%, para el próximo tenemos ya disponible un 10% de incremento de unidades de formación, por tanto, de lugares donde se puedan formar especialistas, y esto se hace en connivencia o en relación bilateral con las con cada comunidad autónoma. Y, también, merece la pena recordar que a lo largo de todos estos años ha habido muchas plazas --posibilidades de formación MIR-- que nos han ocupado, que no se han utilizado; y, en el caso concreto de Galicia, ha habido un número importante tanto de atención primaria de Salud como de enfermería.

P.- Patricia Arce de EFE. Hola, buenas tardes. A la ministra portavoz quería preguntarle, bueno, dado los comentarios que ha hecho hasta ahora sobre el debate, por qué desde un principio --si ustedes hablan ahora de primar Televisión Española-- por qué no se primó a Televisión Española desde el principio. Y, por otro lado, si el Partido Socialista sigue gobernando, ¿tiene intención de cambiar la Ley Electoral para que no haya esa restricción, o dejarla como está?

Y, por otro lado, ante la decisión que ha tomado Estados Unidos en Cuba de endurecer el embargo con la posibilidad unilateral de sancionar a las empresas extranjeras que están allí, ¿cómo va a proteger el Gobierno de las empresas españolas en Cuba?

Portavoz.- Bueno, en realidad, vamos a ver, lo que usted me está planteando de nuevo es una pregunta que deberían dirigirse al partido político porque, en fin, es que el Gobierno no es quien decide los debates. Esta es una cuestión que yo creo que resulta importante deslindar en el debate. Son los partidos políticos, las fuerzas políticas, los comités electorales que se configuran en el seno de cada una de las fuerzas políticas los que deciden a qué debate van, por qué no van a este, por qué no van al otro. Y, como ya le he dicho también, es decir, la existencia en uno de los debates privados que no podía de ninguna manera la Radiotelevisión Española plantear porque no era una fuerza que estaba, por las razones que todos conocemos, ese debate lo estaba ofertando una televisión privada. Entonces, era una un valor, era un factor añadido, coyuntural, de visibilidad a lo que pudiera haber sido un debate; es decir, añadía a Vox, en definitiva.

Pero, como le digo, no corresponde a esta mesa contestar esa pregunta, es decir que, seguramente, si se pregunta en el Congreso de los Diputados el día que corresponda, cuando se configuren las Cámaras y se pregunte a las fuerzas políticas, y se vincula con lo que significa con lo que significa una regulación o no, un cambio de la Ley Orgánica que muchos creen que hay bastantes elementos para actualizar, si se pregunta conectado con todo esto, pues seguramente se suscitara un debate interesante que permitirá --como digo-- actualizar la regulación sobre lo que ha de regir en tiempo de campaña electoral en relación a los debates, en relación a las encuestas, en relación a las campañas, si esos 15 días son reales o no son reales porque, claro, si merece la pena tener un día de reflexión.

Todas estas cuestiones yo creo que tienen que entrar en una coctelera que nos permita actualizar un poco la mirada hacia cómo abordamos en España las campañas electorales. Pero, como digo, esta es una cuestión --en principio--, concretamente la que ustedes me preguntan, que corresponde al comité electoral del partido. El Gobierno no ha entrado para nada en esa selección, para nada, para nada.

En relación a Cuba, que usted me dice. Pues, efectivamente, nos hemos encontrado con que parece que, una vez más, Estados Unidos o Trump quiere volver a resucitar la legislación de Helms-Burton por la cual, efectivamente, quiere empezar a pedir cuentas a aquellas empresas extranjeras que están trabajando en algunos países como, por ejemplo, Cuba.

El Gobierno de España va a estar, absolutamente, respaldando a las empresas españolas en Cuba, y entendemos que Europa va a respaldar junto con España a esas empresas que están teniendo sus actividades comerciales legítimas y bien organizadas en Cuba o en otros países.

P.- Portavoz, dos preguntas. En primer lugar, ayer el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, llamó indecente al presidente del Gobierno. No sé qué valoración hace el Gobierno a este respecto.

Y, en segundo lugar, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha encargado hoy un informe jurídico para ver si se pueden readmitir a aquellos trabajadores que fueron cesados en su día del Diplocat, hace 4 días que se han vuelto a iniciar los trámites para reabrir este sistema de diplomacia catalana. No sé si el Gobierno va a intentar que esto no sea así.

Portavoz.- En relación a lo último, probablemente, lo tenga que ver el orden jurisdiccional. Para una readmisión, si han sido despedidos, eso se actuará por por la vía judicial.

En relación a que le ponga un insulto al presidente del Gobierno, es uno más. Quiero decir, por parte de Casado ya lleva 21 en un solo corte y lleva ahora este de indecente por parte de Rivera. Nos parece que, verdaderamente, esto no vale más que para crispar la campaña, una crispación con la que ya vamos teniendo cierta práctica, y siempre se produce --es curioso-- por parte de los mismos. Hay personas que practican el insulto y que practican la crispación, no diremos más.

P.- Ketty Garat de Libertad Digital. Buenas tardes a ambas. Quería insistirle, portavoz, en el tema de los debates. Me va a permitir porque yo sí quería conocer la opinión del Gobierno. Para empezar, por el hecho de que el Gobierno admita, o no, si ha sido un error, o no, aceptar un debate por parte del presidente del Gobierno teniendo en cuenta que la ley ya la conocía de antemano, ese artículo 66.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, de la LOREG. El Gobierno ya conocía que se establecían estos criterios de proporcionalidad de los cuales ha hablado la Junta Electoral Central, y le preguntó su opinión porque es usted la primera que ha mencionado este asunto al principio de la rueda de prensa.

Y, en segundo lugar, le quería preguntar, también, por algo que se ha instalado, también, opiniones de profesionales del sector en relación a esta reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, no tanto por lo que ha dicho la Junta Electoral --que lo que hace es aplicar la Ley-- sino por la capacidad legislativa del Gobierno. ¿El Gobierno está dispuesto de cara a la próxima legislatura a reformar una Ley que le dice a un medio privado, no público, cómo tiene que celebrar los debates? ¿Está dispuesto a cambiar esa Ley para otro asunto que también es cuestionado por los profesionales del sector como es que no se puedan publicar encuestas en la última semana de campaña? Le pregunto por esta opinión.

Y, en segundo lugar, en referencia a algo que ha dicho Albert Rivera, ha instado hoy a la Fiscalía General del Estado a tirar del hilo, a investigar quién está detrás del acoso a su partido en Rentería porque ha dicho --o ha insinuado abiertamente-- que es Bildu quien está detrás de estas instigaciones a su partido político. ¿El Gobierno estaría dispuesto a pedirle a la Fiscalía que lo investigue? Gracias.

Portavoz.- Vamos a ver, el Gobierno no habla para nada, no hemos tratado para nada en nuestros Consejos de Ministros de si es un error o deja de serlo; por lo tanto, no hay ninguna admisión de error. Yo tengo que hablar en nombre del Gobierno, y hablo en nombre del Gobierno.

Que una emisora, o una radio, o una televisión privada oferte, con capacidad legítima para ofertar un debate, en el que consideramos que políticamente --como ya le he dicho-- se añadía un factor coyuntural que tiene visibilidad en el momento procesal en el cual vamos a abordar una contienda electoral, tiene sentido. Sabíamos que, efectivamente, se sabe que la pública no lo podía hacer pero la privada sí, y lo que se aceptaba era ese elemento posible. Ahora, en igualdad de condiciones, el Gobierno siempre, optará por la televisión pública, por la televisión pública que es de todos, y es abierta a todos, y que tiene sus normas. Pero, ciertamente, lo que estaba buscándose en una campaña electoral por parte de quien tiene que decidir lo que es el comité electoral era la incorporación la suma de ese otro factor determinante, determinante en encuestas, determinante a su medida en la visibilidad de la contienda que estamos enfrentando. Esa era la razón.

Con respecto a la propuesta que usted me dice, con la capacidad de propuesta legislativa que tiene el Gobierno, es decir, de elaborar Proyectos de Ley. Usted sabe que la LOREG es una de las propuestas que están encima de la mesa, es decir, la LOREG, muchas fuerzas políticas ya son las que afirman que debería tener un repaso, una actualización, no solamente el Partido Socialista sino otras fuerzas políticas pero no se ha llegado a acuerdos al respecto, no hay acuerdos, y para sacar adelante --usted sabe-- el Proyecto de Ley hay que llegar a acuerdos.

Por tanto, como usted bien dice, veamos lo que nos depara la próxima legislatura y a ver si, efectivamente, pueden consolidarse determinados acuerdos, si no en todo, si en algunas de las cosas que permitan actualizar la forma en la que abordamos las contiendas electorales en España. Tampoco estamos tan retrasados, es decir, hay muchísimos países que no tienen regulados los debates, que son discrecionales decir, quiero decir, facultativos, en muchos países; en otros están regulados, y los debates son obligatorios, pero en otros no. Por tanto, aquí no hay ninguna disfunción en relación a lo que hacen otras democracias.

Y, con respecto a lo que usted me dice de Rentería, no tengo nada que decirle, es decir, ya ha acudido quién se ha sentido ofendido ha acudido a la Fiscalía para denunciarlo, estaremos a lo que digan los a lo que digan los tribunales, obviamente, ha acudido con todo su derecho.

Gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)