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Conferencia de prensa de la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, de la ministra de Hacienda y del ministro de Fomento tras el Consejo de Ministros

La Moncloa, jueves 8 de noviembre de 2018

Portavoz.- Buenos días a todas y a todos, y muchas gracias por acudir a esta conferencia de prensa.

Permítanme comenzarla con una necesaria referencia al drama humano que conlleva la migración.

Estos días, como saben, de nuevo tenemos que lamentar la muerte de, al menos, 13 personas que intentaban llegar a nuestras costas en patera y, desgraciadamente, han perdido la vida. Y estas cifras, como ustedes bien saben, puede aumentar, pues, hay veintitantas personas desaparecidas en lo que consta en nuestro conocimiento.

Este Gobierno quiere poner el acento, una vez más, en la necesidad de prestar atención a los flujos migratorios, sobre todo, por los países de origen y tránsito, y en incorporar esta preocupación a Europa, en su conjunto, y al resto de la humanidad.

Lamentamos estas muertes, por lo tanto, y queremos dar el pésame a familiares y amigos. Es una cuestión muy seria que merece el abordaje de todos los que sentimos legítima y solidariamente este drama humano.

Me acompañan en la mesa, como ustedes ven, la ministra de Hacienda, y el ministro de Fomento. Ambos tomarán la palabra para explicar sus respectivos temas, y, además, para todas aquellas consideraciones que ustedes quieran dirigirles.

Este Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para modificar el artículo 29 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de la Ley del año 1993, para afirmar con toda contundencia y con toda claridad que este impuesto de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales lo abonara la entidad bancaria.

Como saben ustedes, incluso antes de producirse la sentencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión, la controvertida sentencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión, ya este Gobierno manifestó su voluntad de estar junto a los ciudadanos y de prestar el apoyo que fuera necesario a las Comunidades Autónomas que son depositarias de este impuesto. Así, esta mañana, con todo respeto a la autoridad judicial que emitió su veredicto en el día de anteayer, el Gobierno ha procedido a cumplir con su deber en su capacidad ejecutiva modificando a través de un Real Decreto-ley, que entrará en vigor el mismo día que sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, ese artículo 29 para precisar con toda claridad quién ha de financiar impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que, como ustedes saben, será la banca.

En esto, el Gobierno muestra, una vez más, su responsabilidad y su rapidez en la actuación en el momento de estar junto a los problemas de los ciudadanos. Este es un tema que afecta, como ustedes saben, a millones de personas que es un tema en el que millones de personas ponen probablemente la ilusión de su vida, es un proyecto vital, y el Gobierno ha mostrado su responsabilidad, su rapidez en la respuesta, actuando en 24 horas.

Asimismo, seguimos haciendo una llamada importante a las fuerzas políticas para que entren a negociar los Presupuestos. La negociación presupuestaria avanza -la ministra de Hacienda nos dará cuenta a continuación- pero, ciertamente, queremos hacer una llamada a la política y a la responsabilidad de aquellas fuerzas independentistas catalanas que acompañaron la moción de censura y, en cuya moción de censura, obviamente, gravitaban dos elementos: Uno, efectivamente, trabajar contra la corrupción del Partido Popular, que era el partido que sustentaba el Gobierno encabezado, por Mariano Rajoy.

Y la otra cuestión era hacer un cambio, un cambio para España, un cambio de agenda; agenda del cambio, con un despliegue de la agenda social. Un despliegue que permitiera que España dispusiera de más recursos. El problema de España no es un problema de gastos, es un problema de ingresos, que dispusiera de más recursos para que después de cinco años de crecimiento sostenido que habían afectado a las cifras macroeconómicas esos recursos pasarán a las familias, pasarán a las casas, pasarán a la vida de las personas.

Y, por eso, este Proyecto de Presupuestos recoge, precisamente, ese blindaje del Estado de Bienestar pasando a las familias la recuperación de derechos que habían perdido durante la crisis. Así que, efectivamente, lo que nosotros venimos a decir es ¿qué tiene que ver el incremento del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros para todas las familias, para todas las personas, que estén en esa situación en España -Cataluña incluida-, con la suerte que pueda correr el 'procés'? que, como sabemos está en manos del Tribunal Supremo que tiene independencia judicial para poderlo llevar a cabo.

Por tanto, pedimos a todas las fuerzas políticas, a las fuerzas independentistas, en primer lugar, pero al resto de fuerzas políticas, también, que entren a hacer política; que entren a debatir y a negociar los Presupuestos, porque esos Presupuestos, que afectan a pensiones, que afectan a subsidios de desempleo, que afectan a la ciencia, y la ciencia es creación de conocimiento, que afectan a la educación merecen la pena para mejorar la vida de las personas.

Tenemos agenda nacional e internacional. Asimismo, en la agenda nacional, el presidente ha recibido al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y ambos coincidieron en que la principal prioridad de Extremadura es el ferrocarril, como ustedes conocen bien, y las inversiones en este ámbito. Así que, el presidente del Gobierno se comprometió con el presidente de Extremadura a que los trenes de Alta Velocidad entre Plasencia y Badajoz comiencen a circular en 2020.

Y ya entrando en asuntos del Consejo de Ministros pues empiezo por hablarles de la exhumación de Franco.

Hoy, en el Consejo de Ministros, hemos acordado continuar con el procedimiento. Es decir, hemos concluido -ustedes saben que estamos abordando un acto administrativo- el proceso de alegaciones y el Consejo de Ministros ha acordado la continuación del procedimiento de exhumación de Franco. Con lo cual, el Consejo de Ministros ha encargado a la ministra de Justicia que remita al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación cuya redacción ha de encargarse a los servicios técnicos de Patrimonio Nacional. Porque ustedes saben que la tramitación ha de hacerse con arreglo a lo previsto en la Disposición Adicional Décima del texto refundido de la Ley del Suelo y de Rehabilitación Urbana.

Asimismo, la ministra de Justicia habrá de solicitar a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, como órgano de la Comunidad Autónoma de Madrid competente en materia de sanidad mortuoria, informe no vinculante sobre el proyecto de exhumación que deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes.

Por tanto, ahora nos encontramos ya con esta segunda fase, que habrá de ser completada en el plazo máximo de un mes. Y, a continuación, habida cuenta de que este procedimiento, como ustedes saben, es muy garantista, habrá de nuevo 10 días que se concederán a las partes interesadas para alegaciones. Y así, ya se concluirá, finalmente, el procedimiento.

Tenemos también un Real Decreto sobre carreteras en el que quiero ceder la palabra a mi compañero el ministro de Fomento, que seguro que apasionadamente lo explicará. Así que, José Luis tienes la palabra, ministro.

Sr. Ábalos.- Gracias, Ministra. Efectivamente, trataré de hacerlo con la mayor pasión que merece el tema. Es un Real Decreto sobre medidas urgentes en materia de carreteras que viene a modificar tres artículos y que añade una disposición. Son cuestiones para conseguir una mayor eficacia en la gestión, una mayor legitimidad de las actuaciones y, también, garantizar la seguridad de la movilidad. De una parte, tiene que ver con que a partir de ahora los proyectos de carreteras que vayamos aprobando y que incorporan efectos expropiatorios adquieran la declaración de utilidad pública y, por lo tanto, la necesidad de ocupación de esos bienes, de tal modo que vaya implícito ya en la propia redacción del proyecto el carácter de utilidad pública, lo que nos permite que a su vez la expropiación tenga un carácter urgente. Nos facilita la actuación, que siempre facilita mucho toda la labor expropiatoria para desarrollar estos proyectos.

De otra parte, regular la obligación en este caso de una práctica que hemos venido teniendo con un resultado muy positivo en la siniestralidad vial y que tiene que ver con la posibilidad de sacar los camiones de las carreteras para derivarlos a las autopistas, algo que hicimos en verano en la AP7 en Cataluña y que está teniendo mucha demanda en otros territorios, el impacto sobre la siniestralidad es total, según la experiencia, y esta modificación nos permite poder proceder a esta obligación y, en su caso, también, aplicar las bonificaciones correspondientes a quienes les obligamos a salir de las carreteras, bonificaciones que -en todo caso- irán a cargo del Ministerio de Fomento.

La otra cuestión tiene que ver con algo que ocurrió el año pasado y que ahora ya, en la época del año en la que estamos es importante contemplar, y es hacer más rigurosas las sanciones a las concesionarias que incurran en negligencias que perjudiquen a los usuarios. Ustedes se acordarán que el año pasado hubo una nevada importante, hubo una imprevisión absoluta y, al final, las sanciones que se aplican en este orden no tienen nada que ver con los daños que se producen; por lo tanto, digamos, es una forma de actualizar y contextualizar ese régimen sancionador a estas situaciones.

Y, finalmente, una disposición adicional que permite que la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte, SEITTSA que está ahora gestionando las radiales que rescató el gobierno del Partido Popular, que promovió y luego rescató un gobierno del mismo signo político, que la sociedad que actualmente está gestionando los peajes lo pueda seguir haciendo, es decir, que tenga un título habilitante para poder seguir gestionando estas autopistas.

Dicho esto, y como ha habido algunas dudas -no sé si fundamentadas o intencionadas- acerca de la voluntad de este gobierno con respecto al anuncio que hice al poco de asumir esta Cartera respecto de las concesiones que acababan en esta legislatura. Yo les quiero recordar que en su momento ya comuniqué que la decisión del Gobierno era no proceder a la prórroga de estas concesiones que, por otra parte, llevan en algunos casos 24 años más allá de lo que en su día se previó, consecuencia de reiteradas prórrogas.

Ya lo dije, que no íbamos a prorrogar aquellas concesiones que finalizaran en el ámbito temporal de la presente legislatura, que iban a ser liberadas, que iban a pasar a la red general -ya lo son, de hecho, pero con un uso gratuito- y, paralelamente, también es verdad y acogiéndome a aquellas palabras que invitaba al conjunto de formaciones políticas para proceder a una reflexión sobre la sostenibilidad de la red viaria en general, la red de alta capacidad que son autovías y autopistas. De hecho, ya instamos a través de nuestro Grupo Parlamentario en el Congreso a la creación de una subcomisión para el estudio de esta sostenibilidad. Lo ideal es que pensemos que tenemos una red de 20.000 kilómetros -aproximadamente- de alta capacidad que exige un mantenimiento y lo exige porque va más allá de la evidencia, es porque los Presupuestos Generales del Estado, año tras año, las partidas de conservación disminuyen y, sin embargo, la red no ha dejado de crecer. Por lo tanto, es curioso que es la única infraestructura de transporte que se pretende gratuita cuando no hay ninguna otra que así es, porque las infraestructuras portuarias tienen un coste, las infraestructuras aéreas -los aeropuertos- tienen un coste, las infraestructuras ferroviarias se paga un canon por el uso de las vías y, curiosamente, salvo las autopistas de peaje, el resto de vías no hay ninguna contribución por parte de ningún tipo de usuario, no ya los vecinos sino los turísticos, los comerciales que producen un deterioro de la vía y, sin embargo, no hay ninguna reversión.

Esto es un elemento de reflexión que aporto pero, ¿qué quiere decir? Que es evidente que para tomar un modelo tiene que ser un modelo igualitario, tiene que ser un modelo que atienda en su integridad el territorio nacional sin establecer diferenciaciones, tiene que aplicarse sobre el principio de la igualdad territorial y lo que ahora mismo nos ofrece el mapa viario es que hay territorios que están penalizados y territorios en donde no hay ningún gravamen en el uso. Eso, evidentemente, constituye una discriminación en el territorio; por lo tanto, es voluntad del Gobierno que se produzca una igualación en las situaciones con independencia de que, efectivamente, en el Congreso se vaya produciendo este trabajo, que lo ideal es que formara parte de un consenso de las formaciones políticas apostando por un modelo de sostenibilidad, como ocurre también en Europa, sea el que sea, pero que tengamos un modelo y no diversos modelos con experiencias diversas según el territorio.

Por tanto, invitamos a esa reflexión y, mientras tanto, la voluntad es cumplir con el compromiso que anunciamos y con el propósito, además, de que estas vías pasen a tener el mismo tratamiento que el resto de vías, y lo digo porque -en este caso- el 30 de noviembre finaliza la concesión de AP1 en Burgos y, por lo tanto, el día 30 de noviembre cesará la concesión y el uso será gratuito de la autopista. Igual suerte correrán, lógicamente, aquellas que -como dije- vencen en la presente legislatura, las demás mantienen -como debe ser, por un principio de seguridad jurídica, también- sus periodos y, en el caso de las radiales, como bien saben, por más que las hayamos rescatado, tienen sus periodos concesionales y también en este caso es importante porque esos periodos concesionales determinan también la posibilidad de amortizar la inversión, que la haga quien la haga hay que amortizarla.

Portavoz.- Gracias, ministro. También este Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica a su vez, incorpora, la modificación de cuatro Reales Decretos referidos a la Política Agraria Común. Ustedes saben lo importante que es la Política Agraria Común por la incorporación de recursos que ello supone. Ha habido nuevos Reglamentos y, por tanto, la Política Agraria española tiene que adaptarse a la Política Agraria europea. Es muy importante que aquí se refuerce la prevención de posibles abandonos en pastos, porque ya se han contabilizado casos en los cuales se reciben recursos y luego se abandonan los pastos y, además, se flexibilizan determinados aspectos de las ayudas de tal forma que se favorezca especialmente la incorporación de los jóvenes agricultores.

Una cuestión bien interesante para los que nos oyen, para los usuarios, es que se establece con toda claridad el periodo para solicitar las ayudas directas de la PAC entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2019, estando previsto abonar más de 4.950 millones de euros sobre la base de las solicitudes. Es una cantidad importante y, por tanto, yo creo que en los agricultores y ganaderos estarán -sobre todo los agricultores- estarán atentos a esta cifra.

También, este Consejo de Ministros ha acordado autorizar a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria correspondiente al año 2018 --con tramitación anticipada-- para la concesión de las acreditaciones de ayudas públicas de centros de excelencia, Severo Ochoa y María de Maeztu. Ustedes saben que en relación a 2011, durante estos últimos años hemos retrocedido de manera importante el gasto público en ciencia, y la ciencia es capital para el desarrollo de un país, la ciencia es educación, formación, creación de conocimiento --y eso es la ciencia--, y aplicación de ese conocimiento --que es la innovación--. Si nos estancamos es como retroceder y si, además, retrocedemos es retroceder doblemente porque mientras nosotros estamos quietos los demás avanzan; por tanto, la distancia se hace mayor.

Es muy importante la identificación de proyectos de investigación genuinos y aquí, realmente lo que estamos haciendo, es identificar algunos centros de excelencia para incorporarlos a la denominación Severo Ochoa o María de Maeztu e identificar, también, proyectos de equipo importantes que nos hagan avanzar en la creación de conocimiento. Hay una incorporación de recursos de 32 millones de euros que son para 4 años, 8 millones de euros para los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

También, hemos llevado un Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Regulación de Planes, y Planes y Fondos de Pensiones. Se trata de actualizar o trasladar a la legislación española una Directiva que era de 2016 y que es relativa --se refiere-- a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo. Como saben ustedes, este Gobierno está haciendo un esfuerzo importante, muy significativo, en relación a la transposición de Directivas y esta es una.

Por último, entre los temas de gobierno hemos acordado, el Gobierno acuerda declarar de urgencia la tramitación parlamentaria en el Senado del Proyecto de Ley reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario. El anterior gobierno presentó un Proyecto de Ley de crédito para regular los Contratos de Crédito Inmobiliario y está situado en el Congreso de los Diputados. Este proyecto es muy importante porque también se refiere a una Directiva de 2014 y no queremos pagar muchas multas por incumplimiento de Directivas, de facto, lo que hace hoy el Gobierno es solicitar la tramitación de urgencia de este Proyecto de Ley por el cual se endurecen los requisitos que deben cumplirse para el inicio de la ejecución del préstamo, se prohíben con carácter general las ventas las ventas vinculadas a las entidades de crédito, hay una política retributiva de los prestamistas diferente; por tanto, estando en el Congreso pedimos que pase al Senado y que, además, se trámite con carácter de urgencia, con lo cual, en vez de pasar 2 meses, en 20 días naturales podremos tramitar esta Ley en el Senado.

Sra. Montero.- Gracias, Ministra y buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, como ayer anunció el presidente del Gobierno y también así lo ha referido la ministra Portavoz, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-ley para modificar -a su vez- la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, una modificación que tiene un único objetivo: que los ciudadanos no tengan que pagar más este impuesto a la hora de escriturar una hipoteca. A partir de ahora, este gravamen lo pagarán los bancos.

Como saben --porque ha sido de actualidad en estos días-- el pleno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo decidido este pasado martes rectificar el criterio de una sentencia anterior del mismo Tribunal y que obligaba a los bancos a pagar este impuesto. Eso ha generado --ustedes lo han comprobado por sí mismos-- una gran alarma social y, también, inseguridad jurídica en los ciudadanos y en el propio mercado hipotecario; por eso, y desde el respeto a la separación de poderes y, por supuesto, el acatamiento a los dictámenes de la justicia, lamentamos el cambio de criterio que se produjo esta semana; sin embargo, como dijo el Presidente en el día de ayer, el martes se pronunció el Poder Judicial y hoy le ha tocado hablar al Poder Ejecutivo, de hecho, el Gobierno --que tiene entre su responsabilidad velar por el interés general de los ciudadanos-- tiene que garantizar, también, la seguridad jurídica del marco normativo para el normal funcionamiento del mercado hipotecario, dos cuestiones que a nuestro criterio quedaron en entredicho estas últimas semanas.

Por eso, el Ejecutivo ha decidido actuar con serenidad y modificar la Ley dejando claro que a partir de ahora serán los bancos quienes deberán pagar este impuesto una vez que entre en vigor este Real Decreto. La urgencia de esta modificación se justifica, en primer lugar, por la confusión generada en la controvertida sentencia del Tribunal Supremo y, por otra parte, en la necesidad de clarificar la normativa para que no haya duda en el futuro acerca del sujeto pasivo de este impuesto. De hecho, el cambio fundamental que hoy hemos aprobado es la inclusión de un párrafo en el artículo 29 de la Ley sobre Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en concreto, se establece que cuando se trate de escritura de préstamo con garantía hipotecaria se considerará sujeto pasivo al prestamista. De esta forma la norma así redactada no deja ningún lugar a la duda.

De la misma manera, el texto aprobado en el día de hoy modifica el artículo 15 de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades para introducir que este gasto estará considerado como no deducible por parte del prestamista; de este modo, con ambas modificaciones intervenimos, tras la inseguridad generada en esta última semana que --como digo-- ha causado una cierta paralización en el mercado de constitución de hipoteca cuya importancia socioeconómica podrán imaginar que es innegable.

De otro lado, y tal como anunció el presidente Sánchez, el Ministerio de Economía trabaja en paralelo en la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente de Productos Financieros que va a velar por el derecho de los consumidores y prevenir que se introduzcan cláusulas abusivas que trasladen este coste. Por eso, y ante este escenario, el Gobierno una vez más actúa con responsabilidad y desde sus competencias, primero, mandando un mensaje de tranquilidad a los miles de ciudadanos que en esta semana se han visto perjudicados a la hora de tomar una decisión de tanto calado en su vida como es la adquisición de una vivienda y, en segundo lugar, actuamos desde la responsabilidad asumiendo competencias para devolver la certidumbre, la seguridad al mercado hipotecario y garantizar los derechos de los ciudadanos.

Brevemente, estas son las cuestiones que contiene el Real Decreto Ley.

Portavoz.- Muchas gracias y disculpa. Ahora sí.

P.- Beatriz Fernandez de Europa Press. Buenos días. Yo quería tratar el tema de Franco. Por lo que nos ha contado la Portavoz, y teniendo en cuenta los trámites que faltan por hacer, pues quizás a finales de año estaría terminado el procedimiento de exhumación, pero yo quería saber, confirmar, que el Gobierno va a esperar antes de sacar a Franco a que se apruebe la reforma que está en curso en el Congreso de los Diputados de la Ley de Memoria Histórica que persigue garantizar que los restos de Franco no vayan a la cripta de la Almudena. Si van a esperar ustedes a que termine esa tramitación y, en cualquier caso, siendo realistas si el Gobierno tiene un cálculo de cuándo podría ser una realidad que los restos de Franco salieran del Valle de los Caídos. Gracias.

Portavoz.- El Gobierno no ha establecido ninguna secuencia entre la exhumación y la inhumación. Parece una cuestión lógica y, además, como usted sabe, se está trabajando en el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de la Memoria Histórica, se está trabajando, se está en plazo de enmiendas y, por lo tanto, creemos que un ajuste, una cuestión llegará a ajustarse a la otra, y ayer se lo decía el Presidente, el año 2019 --desde luego-- arrancará sin contar España con un dictador que pueda ser enaltecido en un lugar público.

P.- Juande Colmenero de Onda Cero. Buenas tardes. Tengo una pregunta para la para la ministra de Hacienda respecto al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. ¿Tiene el Gobierno alguna fórmula o capacidad para que las entidades financieras no repercutan en el cliente la modificación de este impuesto? ¿Puede el Gobierno de alguna manera obligar a los bancos a que no suban el tipo de interés o no apliquen algunas comisiones extras a las a las hipotecas?

Eso por un lado y, luego, a la ministra Portavoz, si me permite. Ayer el presidente del Gobierno mostró de nuevo su intención de agotar la legislatura. En el caso de que no se aprueben los Presupuestos ¿tendría intención, también, el presidente del Gobierno de someterse, por ejemplo, a una cuestión de confianza? Muchas gracias.

Sra. Montero.- Respecto a la a la primera cuestión, evidentemente, el Gobierno --y lo he transmitido también en mi intervención-- velará porque no se produzca ningún tipo de traslado de coste a los clientes financieros y, además, que no se incorporen cláusulas abusivas dentro de los contratos que regulan las hipotecas y el establecimiento de sus garantías jurídicas. Es por eso que le he comunicado que el Ministerio de Economía está trabajando en paralelo en la creación de la Autoridad que el presidente anuncio en el día de ayer, una autoridad en defensa de los clientes financieros, una herramienta que estará disponible en una semana --que la ministra de Economía les podrá presentar-- y, en todo caso, estaremos velando porque no se produzcan cláusulas abusivas de ningún tipo.

Dicho esto, es importante recordar que la elevada competencia que existe en el mercado financiero permitirá que las diferentes entidades puedan aportar una oferta en relación con las hipotecas que haga absolutamente competitiva la suscripción de la misma, o dicho de otra manera, en el funcionamiento del mercado hipotecario, evidentemente, las condiciones que se le trasladen al cliente son decisivas a la hora de que una persona decida suscribir una hipoteca con una entidad financiera y con otra. Es un mecanismo intrínseco de autorregulación del propio mercado hipotecario.

Portavoz.- Gracias, Ministra. El Gobierno no trabaja con hipótesis, el Gobierno trabaja con realidades. El Gobierno tiene intención firme de agotar la legislatura y de continuar con su acción de gobierno y, la primera cuestión que tenemos encima de la mesa, obviamente, es el trabajo para que las cuentas públicas salgan adelante; ese es el primer trabajo pero, además, de eso tenemos acción de gobierno abundante que está siendo respaldada por la ciudadanía. No adelantamos hipótesis de ninguna naturaleza, trabajamos con realidades, no con hipótesis.

P.- Laia Flores de "Ara". Gracias. Para la ministra de Hacienda sobre el Impuesto de los Actos Jurídicos Documentados. En primer lugar, una pregunta muy técnica, ¿qué día se va a publicar en el BOE, por tanto, qué día va a entrar en vigor? En segundo lugar, si ¿el Gobierno tenía asegurada la mayoría en el Congreso para poder convalidar el Real Decreto? Gracias.

Sra. Montero.- Respecto a la primera pregunta, se publica mañana en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor al día siguiente, es decir, el sábado estará en pleno rendimiento y en pleno funcionamiento el Decreto-ley que --como saben-- entra en vigor y posteriormente es ratificado por el Congreso de los Diputados; y, en relación con este segundo aspecto, por las declaraciones que hemos conocido de la mayoría de las formaciones políticas entendemos que no habrá inconveniente, que no habrá dificultades para convalidar el presente Decreto-ley. Si todos aquellos que han expresado una opinión respecto a la necesidad de la defensa del consumidor siguen manteniendo esa coherencia, entendemos qué contará con un gran apoyo parlamentario en la tramitación de este Decreto-ley y, por tanto, su convalidación.

P.- Jose Miguel Blanco de EFE. Gracias. Buenas tardes. Para la ministra de Hacienda respecto a las declaraciones que están analizando los grupos. Quería saber qué valoración, qué opinión le merecen las que han realizado algunos dirigentes del Partido Popular en los que, a la espera de conocer con detalle decreto que hoy han publicado, que hoy han aprobado, estaban comentando que era una tomadura de pelo el anuncio del presidente del Gobierno.

Y, para la ministra Portavoz, el Gobierno ha apelado hoy a la serenidad en el debate político tras conocerse la detención de una persona que quería atentar contra el presidente del Gobierno. Yo quería saber si el Gobierno considera que el actual clima político puede alimentar este tipo de actitudes. Gracias.

Sra. Montero.- Yo creo que en relación con la primera pregunta, escuchar simplemente las contradicciones, las que cae el Partido Popular cuando habla de esta materia, creo que permite fijar un criterio por parte de todos ustedes a propósito de esta cuestión en la que navega el Partido Popular que parece que se opone a todo lo que es iniciativa del Gobierno, a pesar de que le dé respuesta a las cuestiones que ellos previamente, también, parecen denunciar respecto a la indefensión de los consumidores en esta materia; es decir, hay una contradicción en esa propia afirmación, en la que --por una parte-- se pide que haya una protección de los consumidores pero --por otra parte-- cuando el Gobierno toma la iniciativa, da la impresión de que al Partido Popular no le gusta que el Gobierno haga, cumpla con su responsabilidad y, de alguna manera, ponga encima de la mesa la solución a un problema que se ha generado en los últimos días.

Yo espero que el Partido Popular cuando se trámite el Decreto-ley vote a favor del Decreto-ley, y si no, tendrá que explicar si está a favor de que sean los consumidores, los ciudadanos, los clientes, los que paguen este Impuesto o si está a favor de que sea el banco, porque si no se apoya este Decreto-ley, la expresión que se está reflejando es que uno prefiere que se pague por parte de los consumidores en vez de las entidades financieras; no obstante, creo que es el propio Partido Popular el que tiene que explicar esta contradicción en la que siempre cae y, sobre todo, hay que decirle al Partido Popular que apoyar las iniciativas del Gobierno que velan por el interés general de los ciudadanos no es apoyar al Gobierno, es apoyar justamente la protección de las personas y apoyar los derechos que tenemos que proteger todo en defensa del interés general.

Portavoz.- Efectivamente, el Gobierno pide serenidad y pide prudencia. Lo consideramos un incidente aislado, todos los gobiernos de todas las épocas han vivido incidentes de esta naturaleza y está en este momento en el ámbito judicial; por tanto, serenidad, se entiende el interés mediático que pueda tener esta noticia pero, hombre, yo creo que aquí tiene que actuar la responsabilidad, la serenidad y la prudencia. No conocemos más del caso y la relación, obviamente, con los Mossos, etcétera, es una relación correcta, hemos sabido de manera correcta las actuaciones y están en el ámbito judicial.

P.- Nacho Doral de OK Diario. Gracias. Ministra, yo quería preguntarle al hilo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, ¿por qué este impuesto --claramente abusivo para mucha gente como ha dicho la ministra Celaá-- afecta a millones de personas, un proyecto vital, porque este impuesto en comunidades que ha gobernado el Partido Socialista, como por ejemplo usted como consejera de la Junta de Andalucía, en ese momento o durante estos años no se ha suprimido o bajado? ¿Qué encuentran ahora para que se realice y si no se han planteado ya como Ejecutivo suprimirlo directamente, que sería probablemente lo que la gente querría? Gracias.

Sra. Montero.- En relación con esta pregunta, si decirle que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados aporta a las arcas públicas autonómicas anualmente en torno a unos 2.000 millones de euros; por tanto, las Comunidades Autónomas que son las responsables de proveer la sanidad, la educación, el acceso a la vivienda, las políticas de dependencia, o de protección social, necesitan recursos para poder hacer efectivos los derechos de los ciudadanos y, por tanto, cualquier tributo cedido a Comunidades Autónomas tiene que estar dentro de este contexto y dentro de este marco. Dicho de otra manera, forma parte del modelo de financiación autonómica que las Comunidades Autónomas puedan recabar los recursos correspondientes a determinados tributos; es por ello que, fundamentalmente, aquellas Comunidades Autónomas que tienen peor financiación per cápita respecto a la media, la que tienen que hacer mayor uso de los instrumentos normativos que tienen a su disposición en contraste con otras Comunidades Autónomas cuyos recursos aun siendo insuficientes --a criterio de esta ministra-- siguen siendo recursos mayores que los que tienen otras, han bajado el tipo dentro de su autonomía fiscal.

Esta es, digamos, la arquitectura territorial de la que nos hemos dotado en donde las Comunidades Autónomas que tienen descentralizado determinados tributos pueden en una horquilla tomar determinadas decisiones y, es por ello que, normalmente, aquellas que tienen una menor financiación per cápita hacen un mayor uso de las figuras tributarias frente a otras que teniendo mayores recursos, quizá, pueden prescindir de ese dinero que se ingresa en las arcas públicas.

Y, la segunda puntualización. La eliminación de este impuesto supondría 2.000 millones de euros menos para la sanidad, para la educación, y para la dependencia; por tanto, la pregunta sería, aquellos que abogan por la eliminación de este impuesto están diciendo que no hay que mejorar la sanidad pública, están planteando que no haya una política educativa que retribuya bien al profesorado o que permita a nuestros hijos e hijas tener unas tasas universitarias acorde con sus niveles de ingresos, quién elimina la fiscalidad tendrás que plantear cuál es el instrumento alternativo para adoptar esos recursos, y si no, tendremos que entender que es a costa del deterioro del Estado del bienestar, y este Gobierno no va a compartir ninguna medida que suponga un deterioro del Estado del bienestar, todo lo contrario, nuestro interés es fortalecerlo.

P.- Albert Calatrava de TV3. Hola, buenos días. Mis preguntas son para la ministra Portavoz. Ayer, el president Torra, de manera formal -diríamos- que en el Parlament dijo que no se daría apoyo a los Presupuestos. Me gustaría saber si ustedes tienen algún dato más o algún indicio para pensar que eso no es así porque, insisten, en estos llamamientos a las formaciones independentistas. Y, luego, usted misma en esta sala de prensa, hace unas semanas, aseguró que no se daban las condiciones para una reunión entre Torra y Sánchez. Ayer el presidente dijo que en diciembre habría la posibilidad de esta reunión aprovechando un Consejo de Ministros en Barcelona. Me gustaría saber ¿qué es lo que ha cambiado si hace unas semanas no se daban las condiciones y ahora sí? Y, si quiere que, personalmente, el presidente Sánchez podrá seducir o convencer a Torra para apoyar estos Presupuestos Gracias.

Portavoz.- Bueno, lo de seducir ya me parece un poco exagerado. Lo que sí me parece que usted es capaz de entender porque usted está asomado a la política como yo, es que hay una evolución siempre, es decir, en política la aspiración de un gobierno es poder tener una interlocución con aquellas personas o con aquellos grupos políticos que sirven para llegar a resultados positivos y apreciados por la ciudadanía. Cuando afirmamos que no se daban las condiciones para una reunión con Torra eran momentos, digamos, delicados, como todos reconocimos. En este momento, estamos en otro momento y, además, en diciembre quizá estemos en otro.

Lo que ayer afirmó el presidente del Gobierno con verdadera voluntad de poderlo hacer es que si a Torra no le parece mal o le parece bien --dicho de otra manera--, el día que este Consejo de Ministros se desplace a Barcelona para celebrar el Consejo de Ministros y acercarse así a la ciudadanía catalana podrá haber una entrevista. ¿Por qué? Porque Torra es el president de un Gobierno legítimo, el Gobierno de Cataluña y, por lo tanto, es muy importante que -efectivamente-- los Gobiernos tengan una interlocución. A veces, y esto nos ha pasado muchas veces en política, yo vengo de un lugar --la política vasca-- donde ustedes saben que cuando las posiciones se endurecen mucho no es precisamente el momento ideal para abrir una interlocución, pero afortunadamente, la política tiene que seguir explorando las condiciones para poder seguir trabajando porque el objetivo de la política es, desde la política, abrir cauces que resuelvan los problemas.

Y esa es la cuestión, es decir, que en un momento de mucho endurecimiento no es el lugar, ni sitio adecuado, ni momento adecuado para abrir una interlocución, hay otros momentos que precisamente puedan ser más propicios para lograrlo. Bueno, vamos a ver cuál será el momento en diciembre. Ayer, el presidente del Gobierno adelantó su disposición para poder establecer una reunión con Torra. Cuando en esta misma sala dijimos que no era el momento más adecuado, estábamos en un momento muy delicado como ustedes bien saben.

P.- May Mariño de Servimedia. Buenas tardes. Tenía preguntas para los tres. Empezaré con la ministra de Hacienda, por favor, usted dijo el otro día en un desayuno informativo que estaría en unos días las deducciones por maternidad, bueno los requerimientos. No sé si nos puede concretar un poco más el plazo y un detalle es que creo entender que la ministra Portavoz ha dicho que la nueva situación impuesto de las hipotecas entraría en vigor este mismo día y usted ha dicho al día siguiente del BOE. No sé si nos pueden aclarar cuál de las dos es la que lleva la razón.

Tenía dos preguntas para el ministro Ábalos. ¿A cuánto ascenderán las nuevas multas? Y, si mantiene la intención de relicitar las autopistas rescatadas. Son preguntas encargadas, digo, por si las he formulado mal.

Y, para la ministra Portavoz, sobre el tema de Franco. No nos ha quedado claro si vinculan al final, o no, la salida de los restos del dictador del Valle de los Caídos con la conclusión en el Congreso de la reforma de la ley de Memoria, porque en un por un lado nos había dicho son secuencias distintas pero, por otro, sí lo relacionaban. Entonces, no sé si se va a proceder a una exhumación sin saber dónde se enterrarían. Gracias.

Sra. Montero.- En relación con la primera cuestión sobre la devolución del IRPF por maternidad, como comenté esta semana, será en las próximas en las que se planteará un formato fácilmente accesible para todas las ciudadanas que se encuentren en esta situación al objeto de que la tramitación de la devolución se haga sin tener que aparejar desplazamientos innecesarios o molestias añadidas a las personas con los datos que ya contempla y contiene la propia Agencia Tributaria, así que será en las próximas semanas tras el trabajo técnico que está desarrollando la propia Agencia Tributaria.

Y, respecto a la segunda parte de la pregunta, la ministra Portavoz siempre lleva la razón, por tanto, no es esa la cuestión, la cuestión es que la publicación se produce mañana y entra en vigor al día siguiente. Entonces, como la publicación es mañana viernes, sería el sábado el primer día en donde el Decreto-ley estaría plenamente operativo.

Portavoz.- En relación a Franco, de nuevo, bueno, no ha sido tratada esa secuencia en Consejo de Ministros, sería por mi parte bastante aventurado establecer ahora una relación secuencial. No hemos --de ninguna manera-- subordinado la exhumación a la inhumación pero comprenderán ustedes que haremos lo posible para que sea coherente un movimiento con el otro, y para ello, tenemos la fase de enmiendas de la Ley de modificación de la Memoria Histórica abierta.

Sr. Ábalos.- Las sanciones para adquirir el carácter, por ejemplo, de muy graves, establecen los tipos de desatención, los vehículos afectados, depende el caso van entre 15.000 a 300.000 euros. Hasta ahora la máxima estaba en 15.000; por tanto, se endurece bastante.

Y, respecto a lo de las relicitaciones de las rescatadas, de momento estamos evaluando aún la responsabilidad patrimonial; por lo tanto, quizá no es el momento hasta en tanto no tengamos claro cuál es lo que supone para el Estado el haber rescatado estas autopistas. Estamos todavía evaluando la responsabilidad patrimonial y luego ya veremos las antiguas concesionarias que les van a parecer, pero esto es algo que se ha dejado. Y, luego, por otra parte porque relicitar cambia mucho respecto de la concepción que tenían porque su momento las concesiones se hicieron en función de una inversión, una inversión que, además, llevaba parejas algunas expropiaciones. En este caso, en la medida en que el Estado ha asumido toda esa responsabilidad, por lo tanto asume el coste de la inversión, asume el coste de las expropiaciones, no podríamos relicitar por esos conceptos sino que, solamente, podríamos relicitar por la explotación de la autopista, por la gestión y, por lo tanto, eso hace que las posibilidades de beneficio económico bajen muchísimo y, también, el periodo de concesión, que está limitado por normativa europea, bajará también mucho; de tal modo que el interés de la licitación privada aquí es mucho más relativo porque baja mucho el umbral de tiempo, el periodo de tiempo y, también, la capacidad para poner los peajes porque se limitaría exclusivamente a la operación de la autovía.

Pero, lo importante es que primero tengamos claro cuál es la responsabilidad patrimonial que al Estado le corresponde asumir por aquél rescate.

P.- Javier Tahiri de "ABC". Hola, buenos días. Yo le quería, tenía cinco preguntas para la ministra de Hacienda. En primer lugar, era sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, si había tratado para las Comunidades Autónomas como se iban articular, a partir de ahora, las bonificaciones para personas físicas pero, claro, si ahora pagan los bancos el sujeto pasivo cambia.

Después, también quería saber, cómo va a vigilar esta oficina para proteger al consumidor, que los bancos no repercutan el coste en el interés o en comisiones por otros aspectos más allá de las cláusulas que menciona y, si los dictámenes de esta oficina serán vinculantes; es decir, si podrá obligar al banco a modificar su comportamiento.

También le quería preguntar una valoración sobre las previsiones de la Comisión Europea, que ha empeorado las estimaciones de déficit para el año que viene.

Y, por último, si en la Ley de Estabilidad han negociado ya con Grupos Parlamentarios para aprobar la modificación en el Congreso de los Diputados, algún calendario. Gracias.

Sra. Montero.- Vamos por partes. En relación con la primera cuestión. Sí, el Gobierno tiene previsto convocar a las Comunidades Autónomas, en concreto, a la Comisión de Tributos que es el órgano que se encarga --de alguna manera técnicamente-- de armonizar, de aclarar las dudas respecto a cualquier cuestión que afecte a tributos cedidos a las Comunidades Autónomas. La semana que viene, a principios de la semana que viene se convocará a este órgano que está compuesto por los directores generales de Tributos, normalmente de Comunidades Autónomas y, evidentemente, desde el momento en el que se plantea que sea el prestamista, entidades financieras, las que paguen este impuesto decaen aquellas bonificaciones que iban dirigidas a ciudadanos y que, por tanto, tenían que ver con personas que tuvieran una discapacidad o personas menores de edad, en fin alguno de los requisitos decaerían porque, evidentemente, no se puede aplicar a la persona jurídica, si a la persona física.

En segundo lugar, yo sí que quería expresar que me llama la atención que siempre que hablamos de la fiscalidad hablemos para incorporar un mayor esfuerzo a entidades financieras o a empresas, permanentemente el mantra que se traslada es que se repercutan los ciudadanos; por tanto, parece que siempre la dicotomía está en que o pagan los ciudadanos, o pagan los ciudadanos porque al final se le repercuta la cuestión. Este Gobierno no cree en esa afirmación y, por tanto, conocemos y sabemos que las entidades financieras son responsables, actúan también según las reglas del mercado y, en este sentido, la competencia es básica a la hora de ofrecer condiciones beneficiosas para ciudadanos y ciudadanas y, en todo caso, las atribuciones y las competencias que tenga esta Autoridad de Defensa se expresarán por parte de la ministra de Economía cuando presente el proyecto global que alberga todas las garantías que velan por los derechos de los consumidores y, fundamentalmente, para que nos apliquen cláusulas abusivas.

En tercer lugar, efectivamente, hemos conocido casi en paralelo a la celebración de la rueda de prensa el informe de la Comisión Europea y, en primer lugar, quiero decir que el informe evalúa de forma satisfactoria el Plan Presupuestario y las previsiones que se contenían en el mismo; y eso, a pesar de agoreros que permanentemente han estado trasladando dudas o cuestiones relativas a la robustez de Plan Presupuestario. De hecho, quizás de los datos más destacados es que contiene perspectivas esperanzadoras y positivas para el crecimiento de España en el año 2018 y en el año 2019, en concreto, se establece que creceremos por encima de la Unión Europea y por encima de países como Alemania, como Francia, o como Portugal.

De hecho, la comisión --al igual que hizo el Gobierno hace aproximadamente un mes-- estima un crecimiento del 2,6% del PIB para este año y, del mismo modo, las previsiones para el año próximo están en sintonía con las que había planteado este gobierno en torno al 2,2% y al 2,3%.

También, el informe pone de manifiesto que el empleo está creciendo y lo seguirá haciendo de forma robusta y de forma singular establece que el salario de los trabajadores con las previsiones de este Gobierno aumentará.

Y, en segundo, lugar el documento destaca el esfuerzo que se está realizando en materia de consolidación fiscal en Plan Presupuestario reconoce ajuste del déficit, reconoce disminución de la deuda, y reconoce el superávit primario de nuestras cuentas públicas por primera vez desde el año 2007. Las variaciones, las previsiones distintas que puedan tener sobre estos parámetros depende de la metodología utilizada y, sobre todo, están pendientes de la remisión definitiva del Proyecto de Presupuestos porque, evidentemente, la letra, el instrumento que pone en valor estas previsiones se contemplan tanto en las normas tributarias que se están tramitando como un el Proyecto de Presupuestos y, por tanto, se remitirá en el momento en que esté finalizada su tramitación.

Y, también, hay un ajuste sobre estos parámetros con motivo del efecto del deflactor del PIB que la Comisión Europea lo refleja en un nivel inferior al que hizo el gobierno de España y, por tanto, la ratio se ve ligeramente alterada. En todo caso, insisto, en que la evaluación que se hace por parte de la Comisión Europea es positiva, es satisfactoria, y se encuentra en los términos establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.

Y, por último, respecto a la Ley de Estabilidad o a la tramitación de los Presupuestos, decirle que sigue su curso en la tramitación de la Ley Orgánica, nosotros estamos confiados en que las palabras pronunciadas por el Partido de Ciudadanos respecto a que no va a poner ninguna traba a la tramitación de la Ley se hagan realidad y, por tanto, no se amplíen los plazos de enmienda hasta el infinito sino que realmente podamos tener durante los próximos meses ya resuelta esta circunstancia relativa a hacer esta la única Ley en la que el Senado se reserva el derecho de veto.

Y, decirle también, que seguimos hablando con las fuerzas parlamentarias con las que queremos trabajar y seguir apoyando estos Presupuestos, decirle que este país necesita el debate de Presupuestos, el país necesita concentrar su debate en los problemas cotidianos de los ciudadanos, necesitamos que las formaciones políticas hablemos de la sanidad, de la educación, de la seguridad ciudadana, del acceso a la vivienda, de la creación de infraestructura, o de la del Salario Mínimo Interprofesional, o de la revalorización de las pensiones para el año que viene; probablemente, no hay un debate más importante en el país que hablar de estos problemas que afectan en profundidad al conjunto de los ciudadanos en España, en Cataluña, en Andalucía, o en Valencia. Nosotros seguimos invitando a este debate, no solo a las fuerzas independentistas, sino al Partido Popular y a Ciudadanos, porque entendemos que merece este país tener un entorno en donde se produzca un debate sobre los problemas reales de los ciudadanos, y es evidente que seguiremos trabajando en esa dirección y que nos sentaremos con todos aquellos que no se autoexcluyan, y autoexcluirse es no querer sentarse, y autoexcluirse es querer hablar en las cuentas públicas de cuestiones que nada tienen que ver con los números.

Ambas cuestiones, este Gobierno ha sido extraordinariamente claro de que cuando hable de Presupuestos hablara de los temas que le he comentado, de ninguna otra materia.

P.- Irene Castro de eldiario.es. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta, también, para cada uno.

A la ministra de Hacienda le quería preguntar, aparte del Decreto que van a probar, que han aprobado hoy para modificar la Ley, hay un Reglamento posterior que también afecta las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y queríamos saber si se va a modificar ese Reglamento y en concreto el artículo 68 que hace referencia este caso en concreto.

Al ministro de Fomento le quería preguntar cómo se puede sustanciar la igualación de la que ha hecho mención para que no haya territorios penalizados en el uso de las carreteras y las autopistas.

Y, por último, a la portavoz, le quería preguntar: ¿ustedes lo fían todo a la tramitación parlamentaria para evitar que Franco acabe en la Almudena? o ¿el Gobierno tiene previsto algún mecanismo, alguna fórmula para que Franco no acabe en la Almudena sin contar con el proceso parlamentaria teniendo en cuenta que parece que las enmiendas se pueden alargar hasta el infinito. Gracias.

Sra. Montero.- En relación con la primera pregunta, decirle que no es necesario en el cambio normativo del Reglamento porque la Ley tal como queda modificada deja perfectamente definido quién es el sujeto pasivo de este impuesto y, por tanto, que serán los prestamistas, las entidades financieras, las que abonarán el impuesto, así que no es necesario hacer ninguna modificación adicional.

Sr. Ábalos.- Bueno, ahora si miráramos un mapa y lo coloreáramos en función de los peajes observaríamos claramente la desigualdad que existe territorial, veríamos una concentración de peajes en el este, sobre todo, noreste y veríamos en el noroeste otra mancha de peajes. En el resto del territorio no tienen salvo algunos tramos en concreto, por ejemplo, una que finaliza también en el 2019 que es Sevilla-Cádiz, pero son elementos ya más aislados. Pero, si viéramos el mapa veríamos --tampoco es casualidad-- allá donde hay beneficio es donde se establecen. Luego, evidentemente, ahí la impresión claramente refleja desigualdad. ¿Cómo se construye la igualdad? Obviamente, volviendo la situación igual para todos y, como esas concesiones terminan en un tiempo, se plantearán, se colocarán en una situación y como el resto de los que ahora no tienen peaje, y así progresivamente en función de los vencimientos.

Pero, lo importante es que tengamos --como digo-- consensuado un modelo de sostenibilidad, porque un modelo hay que tener, pero si, evidentemente, actuamos sobre situaciones puntuales aplicando modelos, eso irá en contra de un modelo general porque estaremos anticipando respuestas puntuales; pero lo importante es tener --insisto-- un modelo para todos los territorios, y cuando digo, sobre el principio de igualdad es que no haya territorios doblemente penalizados porque volviendo a mantras, como decía la ministra de Hacienda, bueno, es que al final lo tiene que pagar el contribuyente. Bueno, hasta ahora es así pero hay territorios donde lo paga el contribuyente y el contribuyente usuario, por lo cual hay quien paga, sufre dos penalidades en este caso; por lo tanto, yo creo que ese es el camino de la igualdad, sobre todo, se conseguirá si tenemos un modelo racional, consensuado, alejado de toda tentación de hacer de esto un proyecto político en torno a un peaje o a una autopista.

Si conseguimos que los proyectos políticos tengan mayor ambición y más altura de miras, estaremos acertando seguramente.

Portavoz.- Gracias, ministros. El gobierno de España no va a permitir que un dictador siga ocupando un lugar público que se preste al enaltecimiento, y eso con la Ley en la mano y con todas las declaraciones del Parlamento Europeo, con toda la legislación española. Por tanto, habilitará los recursos y el procedimiento que estime oportuno para evitarlo. Ustedes lo conocerán en tiempo y forma.

Gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)