Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Portavoz.- Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada hoy, 1 de septiembre, bajo la presidencia del presidente, don Mariano Rajoy. Antes de ello, y como viene siendo habitual, permítanme que haga algunos comentarios sobre los asuntos más destacados de la semana.

Quiero empezar mi intervención recordando e informándoles de la reunión que mantuvo el presidente del Gobierno en París el pasado lunes, 28 de agosto, con el presidente de la República Francesa, don Emmanuel Macron; la canciller alemana, doña Ángela Merkel, y el presidente del Consejo de Ministros italiano, don Paolo Gentiloni; reunión en la que el terrorismo ocupó una buena parte de la misma y donde el presidente del Gobierno recibió y agradeció las condolencias, el apoyo y la solidaridad de estos cuatro mandatarios en relación con los atentados terroristas que tuvieron lugar el 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, en los que fueron asesinadas dieciséis personas y heridos ciudadanos europeos y de más de treinta nacionalidades que, afortunadamente, se van recuperando y hacemos votos porque esa recuperación siga adelante.

Es evidente que la cuestión terrorista es fundamental en estos momentos, porque es una prioridad nacional, es una prioridad europea y también internacional, y uno de los asuntos que, evidentemente, más preocupan a los ciudadanos. El presidente del Gobierno pasó revista en esa Cumbre de París a la convicción compartida en relación con la amenaza que el terrorismo yihadista supone para nuestras sociedades. Fruto de ello es ese consenso existente entre los países de la Unión Europea para liderar un proceso necesario de cooperación internacional.

Nos enfrentamos a un fenómeno global que exige respuesta, decisiones y soluciones globales, y así lo entiende la Unión Europea que ha incluido esta cuestión de la lucha contra el terrorismo yihadista en la agenda de la seguridad exterior e interior de la Unión. Hay que huir de la tentación de la autosuficiencia, porque carece de realismo y no sirve a los intereses de los ciudadanos; por el contrario, es a través del ejercicio de responsabilidades compartidas donde podremos mejorar la coordinación informativa y operativa policial y judicial.

En este sentido, y a propuesta del presidente del Gobierno, se acordó la celebración de una próxima reunión este otoño en Madrid del G-6, que incluye a los ministros de Interior de estos cuatro países que he mencionado, más Polonia y Reino Unido. Asimismo, se acordó también celebrar próximamente una reunión de jefes de información y habrá una reunión de ese G-4 (España, Francia, Alemania e Italia) próximamente también en España, donde analizaremos estas materias.

En París, el presidente del Gobierno propuso cinco medidas: la primera era estrechar la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad en los distintos Estados miembros; en segundo lugar, aumentar la cooperación internacional; en tercer lugar, mejoras en la lucha contra la radicalización, poniendo especial énfasis en las redes sociales; en cuarto lugar, la lucha contra la financiación del terrorismo; y, por último, el presidente propuso que se otorgue a las víctimas un estatuto internacional para testimoniar el reconocimiento de las víctimas. Citó la propuesta española de crear una Carta Europea de Derechos de las Víctimas y confió también en que salga adelante.

Por último, el presidente del Gobierno puso de relieve la experiencia que tiene España en materia antiterrorista, poniéndola a disposición de los socios europeos. Sabemos que las banderas que nos unen en la lucha antiterrorista son la unidad política y democrática fruto de la conciencia de voluntades y de compartir determinados principios y valores: la inviolabilidad de la vida humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el pluralismo político y social.

Esta unidad política debe concretarse a través de acuerdos y, por ello, el ministro del Interior instó en la reunión del Pacto Antiyihadista a que todos aquellos que no lo hubieran suscrito, lo hicieran. Creemos que, cuando hay temas como estos, nadie debe estar en posiciones no comprometidas. No debe existir esa posición de observador, no se puede ser observador ante el terrorismo, hay que estar plenamente comprometido y, por ello, nuevamente un llamamiento a que todas las fuerzas políticas españolas se sumen a ese Pacto Antiyihadista.

Además, es importante mantener la solidaridad inquebrantable con las víctimas y sus familias: merecen nuestro respeto, nuestro aprecio y nuestro reconocimiento. Y, además, finalmente, es necesario fortalecer la coordinación institucional para la unidad de acción e incrementar los recursos, tanto materiales como humanos, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y también de los jueces y fiscales, como hemos hecho últimamente.

Finalmente, es muy importante, y lo fue a la hora de derrotar a ETA, la movilización cívica contra el terrorismo. Hace pocos días, en el mes de julio, celebramos el vigésimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Las manifestaciones de muchos lugares en España nos hicieron recordar como aquello significó el principio y fin de ETA. El pasado sábado 26 de agosto, la manifestación de Barcelona simbolizó la respuesta contundente de la ciudadanía ante esos atentados con el Rey, el Gobierno en pleno, las instituciones autonómicas y otros presidentes autonómicos también. Quiero destacar el comportamiento de la gran mayoría de las personas que dieron un ejemplo de respeto y de repulsa al terrorismo, y de solidaridad con las víctimas, en plena sintonía con lo que hemos visto o vimos estos días en España: la de una España volcada con Cataluña demostrándole su afecto y la solidaridad.

Quiero también anunciarles que, en esta misma línea de continuar afianzando las relaciones en la lucha antiterrorista, el presidente del Gobierno tendrá esa cuestión en su agenda internacional y, concretamente, el día 25 de septiembre, en el que viajará a Washington para entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos. Almorzará con el presidente Trump y, junto al terrorismo, sin duda también otras relaciones como las de la Unión Europea y las relaciones económicas bilaterales e internacionales estarán en la agenda de ese encuentro.

Al día siguiente de la reunión de París tuvo lugar la comparecencia del presidente del Gobierno ante el pleno del Congreso en una sesión extraordinaria a petición de cuatro Grupos Parlamentarios. Ya expresamos antes de la misma que nos parecía que esa convocatoria era injustificada, que carecía de fundamento y que estaba despegada de la realidad de las preocupaciones de los ciudadanos. Creemos que las preocupaciones de los ciudadanos son: la lucha contra el terrorismo y más especialmente después de estos terribles atentados; es importante que ante el desafío secesionista preservemos la unidad de España y la defensa del orden constitucional, e impulsar la recuperación económica. Eso es lo que creemos que importa a la gente.

No es bueno, por tanto, el oportunismo político ni centrarse en temas que no son las soluciones que demandan los ciudadanos para el país y menos cuando el presidente, como tuvo ocasión de decir, había informado en 52 veces --esta es la quincuagésima tercera vez que comparecía-- para hablar de estos temas y cuando había dos comisiones parlamentarias de investigación, una en el Congreso y otra en el Senado, sobre esta cuestión. Pero el presidente del Gobierno compareció, como era su obligación, fue transparente en la misma y manifestó cuáles son las reformas legislativas que se han ido introduciendo en los últimos tiempos, precisamente, para luchar en favor de la regeneración democrática.

Por lo tanto, constatamos lo que constató todo el mundo que siguió el debate, que es que el presidente tiene la confianza del pueblo español, que le ha otorgado la mayoría en las tres últimas ocasiones; que tiene también la confianza de la Cámara, no solamente a través de la sesión de investidura, sino también, como ha demostrado, a través de su capacidad para pactar, para llegar a acuerdos concretos en beneficio de los ciudadanos, como lo prueba el Presupuesto del año 2017, que ya está en vigor, y también la aprobación del "techo de gasto", la aprobación de los Objetivos de Estabilidad 2018-2020 y los dieciocho Reales Decretos Leyes aprobados. Por tanto, se hacen cosas, se trabaja y se intenta solucionar de verdad los problemas de la gente.

Déjenme hacer una mención también a la presentación el pasado lunes por de varios dirigentes de PDeCAT, de Esquerra Republicana y de la CUP de un anuncio de un texto llamado de "transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana"; texto que ha sido ya calificado, más bien descalificado, por juristas de toda índole y que no respeta las más elementales garantías democráticas consustanciales a lo que es una democracia liberal y representativa como la que tenemos en España desde el año 1978. Es un nuevo intento dirigido a vulnerar el principio de legalidad y también cada uno de los principios democráticos más elementales. Es un nuevo intento, un anuncio de un intento, de aislar a Cataluña, separándola de España y, con ello, del concierto internacional de naciones libres y democráticas.

Quiero añadir a esto que el Gobierno, como saben ustedes y como hemos reiterado desde aquí en numerosas ocasiones, ha previsto todos los escenarios posibles, los ha previsto y tiene todos los instrumentos necesarios para hacerles frente. Y quiero tranquilizar a todos los catalanes que quieren seguir siendo, como lo son desde hace muchas generaciones, catalanes, españoles y europeos, que van a seguir siéndolo, porque no habrá el 1 de octubre un referéndum de secesión.

Déjenme también recalcar alguno de los acuerdos que el Consejo de Ministros ha tomado en el día de hoy.

En primer lugar, ha aprobado un convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Canarias. Este Plan de Empleo, porque es lo que es, un plan de empleo, está incluido en los Presupuestos Generales de 2017 y es fruto del diálogo territorial; en concreto, de los acuerdos para impulsar la llamada "agenda canaria" para dinamizar su economía y hacer frente a su condición de región ultraperiférica, en consonancia con el reconocimiento que le otorgó el Tratado de Ámsterdam.

El convenio que ha autorizado el Consejo de Ministros tiene por objeto establecer la colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno canario para el desarrollo del Plan Integral de Empleo Canarias 2017-2018, para lo cual la Administración General del Estado aportará 42 millones de euros, que se destinarán, entre otras acciones, a favorecer la inserción laboral de los desempleados residentes en Canarias, a adaptar la cualificación profesional de los trabajadores ocupados y desempleados a las necesidades del mercado laboral, a fomentar la empleabilidad de los jóvenes y desempleados de larga duración, y a incrementar la tasa de empleo femenino.

Tengo que anunciarles también que será la ministra de Empleo la que se desplazará a Canarias para firmar con las autoridades de la Comunidad Autónoma, las autoridades canarias, dicho acuerdo.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia Estatal de Investigación para la convocatoria de ayudas para contratos de formación de doctores, correspondientes al año 2017, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica e Innovación, por un montante de más de cien millones de euros. Por tanto, ayudas por más de cien millones de euros para contratar a más de mil investigadores pre-doctorales. Esta convocatoria supone la incorporación de jóvenes investigadores a universidades, organismos públicos de investigación y otros centros de I+D públicos o privados sin ánimo de lucro.

Este Acuerdo se suma al adoptado por el Consejo de Ministros el pasado viernes cuando se autorizó a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria de la concesión de ayudas a los centros de excelencia "Severo Ochoa" y unidades de excelencia "María de Maeztu", por importe de otros cuarenta millones de euros. Por tanto, cien millones por un lado y cuarenta millones por otro ponen de relieve el compromiso del Gobierno con el impulso a la investigación y el desarrollo en España.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha estudiado el Anteproyecto presentado por el ministro de Economía que tiene por objeto trasponer la Directiva 95/2014, referida a la divulgación de información no financiera y sobre diversidad por parte de determinados grupos y grandes empresas. El objetivo de este Anteproyecto es la divulgación de información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales, tanto las individuales, como las consolidadas. Se incluye información, por tanto --es información importante-- sobre factores sociales y medioambientales con objeto de identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de inversores, consumidores y la sociedad en general.

Asimismo, este Anteproyecto está encaminado a ampliar el contenido exigido en el informe anual de gobierno corporativo, que deberá incluir información sobre políticas de diversidad de competencias y puntos de vista que apliquen a su consejo de administración respecto a cuestiones importantes como la edad, el género, la discapacidad o la formación.

Además, el Consejo de Ministros ha escuchado un informe, y lo ha analizado, presentado por el ministro de Fomento sobre el laudo de arbitraje obligatorio como vía de solución de la huelga declarada en la empresa Eulen Seguridad S.A.U., en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Como saben ustedes, porque el ministro de Fomento me acompañó en una ocasión anterior para explicarlo, se trata de un conflicto laboral entre una empresa y sus trabajadores que afectaba al aeropuerto de El Prat de Barcelona. En un primer momento la solución, como es lógico, se intentó encontrar entre las partes y fracasó; hubo una mediación, que correspondía a la Generalidad de Cataluña y tampoco tuvo éxito, y ante esta situación el Gobierno acordó establecer un arbitraje obligatorio, que es una figura excepcional que contempla la legislación para solucionar conflictos laborales en determinadas circunstancias.

El Gobierno designó al presidente del Consejo Económico y Social, don Marcos Peña, como árbitro y ayer, jueves 31 de agosto, dio a conocer a empresa y sindicatos el contenido del laudo de obligado cumplimiento que pone fin al conflicto de El Prat.

En cuanto a su contenido, destaca la obligación de la empresa de pagar un complemento de doscientos euros en doce mensualidades a los empleados que dispondrán, además, de cinco trabajadores por filtro, y que quedarán sin efecto las sanciones impuestas y los expedientes iniciados por la misma. Asimismo, y como trasladó el ministro de Fomento tras el Consejo de Ministros del pasado 16 de agosto, se va a convocar un grupo de trabajo sobre seguridad privada en el ámbito de las infraestructuras de competencia del Estado, en el que habrá representantes de distintos ministerios, organizaciones sindicales y empresarios.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha acordado el nombramiento de embajador en Misión Especial para las Fundaciones Iberoamericanas a don Jaime Lacadena Higuera y ha otorgado la Gran Cruz del Mérito Militar al pintor de temas militares don Augusto Ferrer-Dalmau.

Eso es lo que tenía que informarles a ustedes y, por supuesto, estoy a su disposición para responder a las preguntas que tengan por convenientes.

P.- Teresa Fernández-Cuesta, de Informativos Tele 5. Quería pedirle si nos puede explicar, si es que esto es así, por qué no se dio fiabilidad al aviso que los servicios secretos norteamericanos mandaron al CNI, a la Guardia Civil y la Policía Nacional sobre un posible atentado en España, y, a su vez, si nos puede confirmar si, efectivamente, se puede rechazar la relación entre este aviso y los atentados que se han cometido.

Portavoz.- Desde el primer momento de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, el Gobierno, en la primera presencia del presidente del Gobierno en Barcelona, fue extraordinariamente cauto y prudente. ¿Por qué? Porque sabemos que, cuando se produce un atentado terrorista, hay que ser cautos y prudentes. Por tanto, el Gobierno no va a hacer ninguna declaración ni va a hacer ningún comentario sobre cuestiones operativas. En estos momentos hay un juez de la Audiencia Nacional, don Fernando Andreu, que ha establecido, además, el secreto del sumario y, por lo tanto, corresponde al juez llevar a cabo las investigaciones. Por otra parte, las cuestiones técnicas de expertos se dilucidan en la comisión de expertos creada a tal efecto y las políticas tienen también un marco para hacerlo, que es el Pacto Antiyihadista.

Por lo tanto, el Gobierno cree que tiene que dejar investigar a quien tiene competencia para investigar, que en este caso es el juez, y no va a hacer ningún comentario sobre operativas policiales.

P.- José Miguel Blanco, de la Agencia EFE. Aunque no vaya a entrar en cuestiones operativas, sí querría saber qué opinión le merece el hecho de que la Generalitat haya responsabilizado al Estado de no dar credibilidad a este aviso, que considere también que se trata de una campaña de desprestigio de los Mossos y que esté criticando a los medios de comunicación.

Por otro lado, si me permite una pregunta de su área ministerial, ¿cómo ha recibido el anuncio de la oposición de que va a haber un otoño caliente en materia de educación?

Portavoz.- Respecto al primer punto, permítanme recalcar lo que ya ha dicho el presidente del Gobierno en varias ocasiones y que no debemos perder de perspectiva nunca, y es que los únicos responsables, los únicos culpables, de los atentados son los terroristas. Nadie más es responsable. Los culpables son los terroristas y las Fuerzas de Seguridad del Estado, todas, trabajan intensamente y con eficacia en la prevención de atentados terroristas. Quiero recordar aquí que pasaron trece años desde el último atentado yihadista en España y que durante ese tiempo se han detenido a cientos de personas vinculadas con redes yihadista. En los dos últimos años se practicaron ochenta detenciones en Cataluña.

Por tanto, ningún dato aislado, ni errores, como los puede haber en cualquier obra humana, puede empeñar una valoración que es, desde el punto de vista general, satisfactoria y todos debemos de estar agradecidos a todas nuestras fuerzas de seguridad.

Insisto en lo que dije antes: no nos parece aconsejable mantener debates públicos sobre operativa judicial. El Gobierno no lo va a hacer, es el juez el que lleva las investigaciones, son los expertos los que tienen que hablar de estos temas y el ámbito político para hacerlo es el Pacto Antiyihadista. Como he dicho antes, la investigación está en manos de la Justicia y al Gobierno le compete decir que lo importante es mantener la unidad frente al terrorismo. En este sentido quiero agradecer, el Gobierno quiere agradecer, el apoyo sin fisuras que esta misma mañana le ha mostrado la portavoz socialista al ministro del Interior. Creo que este es el camino por el que todos debemos transitar.

Respecto a lo que usted afirma sobre que toca claramente el núcleo de la libertad de expresión e información, en una democracia la libertad de expresión es sagrada. Todos tenemos que respetar la libertad de expresión, no solamente cuando se descalifica al presidente del Gobierno, que sucede de vez en cuando. Todos tenemos que respetarla y también, evidentemente, la libertad de información porque esos son ambos, unos y otros, elementos esenciales de nuestras democracias liberales. Por tanto, al Gobierno le parece que los medios de comunicación cumplen con su papel y deben de seguir cumpliendo su papel sin ninguna cortapisa, y le corresponde al presidente Puigdemont decidir si atiende o no la petición para acudir al Parlamento de Cataluña a dar explicaciones sobre lo que ha sucedido estos días.

Pero, insisto, el Gobierno se mantiene en lo que ha dicho: los culpables son los terroristas y unión sin fisuras frente a esos mismos terroristas.

En cuanto a la segunda pregunta que usted me hace, y le agradezco mucho que me la haga, porque a mí me preguntan ustedes poco de mis carteras ministeriales, debo decirle que no ha sido la oposición quien ha dicho que va a haber un otoño --creo que "calentito" ha sido la expresión--; ha sido el PSOE. A mí me ha sorprendido porque hubo un acuerdo en el Congreso de los Diputados, que se tradujo en un Real Decreto Ley que obtuvo el apoyo de todas las Comunidades Autónomas, desde luego, todas las socialistas, sobre la LOMCE. Ese es un primer acuerdo que reunió, si no recuerdo mal, 232 votos a favor y luego, el segundo acuerdo, la segunda pata del acuerdo, era residenciar en la subcomisión creada al efecto en el Congreso de los Diputados el Pacto de Estado Social y Político por la Educación.

En eso han estado trabajando todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara. Yo me reuní con ellos el pasado 5 de julio y siguen recibiendo intervenciones de personas que acuden. Recuerdo al comisario de Educación europeo, Navracsics, y ahora viene el señor Schleicher, que es quien hace las evaluaciones visa para la OCD. Y el Senado va a comenzar también sus audiencias en los próximos días.

Por lo tanto, no sé a qué viene el decir que va a haber un "otoño calentito". La expresión, además, debo decirle que no me gusta y creo que con ello solamente se trae intranquilidad a familias y a profesores, y que no es bueno. Yo creo que en España hay un consenso muy general en torno a esa necesidad política de un Pacto por la Educación, todos los grupos políticos estamos a favor de ello y espero que el PSOE también esté, y, si no lo está, que nos lo diga. Si no, yo no lo haré mucho caso.

La verdad es que este verano hemos tenido algunas expresiones llamativas por parte del Partido Socialista, desde llamar "esquiroles" a la Guardia Civil que estaba cumpliendo con su función en El Prat, hasta decir que Madrid, en ese esquema plurinacional nuevo, será una nación o decir que era exagerado lo que se contaba sobre Venezuela. Yo ya he dicho que espero que sean golpes de calor y, por lo tanto, hoy, que estamos ya a primero de septiembre y hemos vuelto, esperemos que hagamos las cosas con seriedad.

Insisto, creo que el Pacto de Estado Social y Político por la Educación es una necesidad sentida por toda la comunidad educativa, estamos en ello y, desde luego, el Gobierno va a seguir en ello.

P.- Mariano Calleja, del diario "ABC". Tenía dos preguntas, ministro. A la vista de las informaciones que se están conociendo durante estos días y hoy mismo, a pesar de que el Gobierno no quiera comentarlas, yo quería saber si el Gobierno considera que es lo más eficaz que la competencia de terrorismo esté en manos de una Comunidad Autónoma o bien considera que es un error y que debería subsanarse.

Ha hablado de la unión sin fisuras y del apoyo que ha dado la portavoz socialista al ministro del Interior. Yo quería saber si el Gobierno cuenta con el apoyo del Partido Socialista en el caso de tener que aplicar el artículo 155 en Cataluña.

Portavoz.- La competencia de terrorismo no es propia de una Comunidad Autónoma, de las Comunidades Autónomas. En el caso de Cataluña tiene una policía pero la competencia de terrorismo, si hay que investigar algo, la establece el juez. El juez de la Audiencia Nacional estableció en un primer momento, para las diligencias propias del caso, a la policía autonómica, a los Mossos d' Esquadra, como parece lógico puesto que son los que están ahí, y, cuando se trata ahora de ver cuáles son las repercusiones, las ramificaciones, se la ha trasladado a la Policía Nacional. Por lo tanto, que quede también bien claro eso y que quede claro también que en España existe una coordinación entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, y es bueno que sea así.

Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir instando a que sea así y seguir pugnando porque esa unidad, esa colaboración, esa cooperación, no se quiebre. Por lo tanto, esa es la voluntad del Gobierno, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad tiene una función muy importante para asegurar, primero, nuestra seguridad, para prevenir y, luego, para investigar y encontrar a los culpables. E insisto en lo que he dicho anteriormente: los únicos culpables son los terroristas.

En cuanto a la segunda pregunta, déjeme decirle que el Gobierno contempla todas las posibilidades, tiene estudiadas las respuestas y actuará en consecuencia. Déjeme decirle también que el Gobierno ya ha actuado. No solamente el Gobierno, sino las instituciones del Estado han tenido una actuación que no han dejado de llevar a cabo en ningún momento.

Mire, cuando el Parlamento de Cataluña instó a la Generalidad a la celebración de lo que hoy todo el mundo entendemos que es un referéndum sobre secesión, lo llevó, recurrió esa resolución ante el Tribunal Constitucional y hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de febrero donde declara la ilegalidad y también la ilegalidad de todos los actos preparatorios. Esto es muy importante, que ha traído consecuencias también.

Ha traído consecuencias a una antigua consejera de Interior, cuyo caso no ha sido archivado aunque ya no sea consejera de Interior, ni el de otras personas que están vinculadas a la misma. Ha traído consecuencias también la impugnación de los Presupuestos que contaban con el dictamen negativo de los letrados del Parlamento de Cataluña. Han sido recurridos y el Tribunal Constitucional ha aceptado ese recurso. Ni un euro de los presupuestos generales de Cataluña puede ir a un referéndum ilegal. Y ha traído también consecuencias en lo que respecta a las urnas. Me han oído ustedes contar en numerosas ocasiones cómo el procedimiento para la adquisición de urnas se declaró desierto y cualquier acto preparatorio que afecte a urnas, que afecte a papeletas o que afecte a censo es un acto preparatorio ilegal y quienes lo perpetren tendrá que asumir las consecuencias de ello.

Por lo tanto, hay toda una actuación que han llevado a cabo las instituciones del Estado con un único objetivo que es hacer cumplir la Ley, que es lo que tiene que hacer cada Gobierno. Ya hay personas que están inhabilitadas y hay procedimientos en curso contra, por ejemplo, la presidenta y los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, y el Tribunal de Cuentas también, como sabe usted, ha instado un procedimiento para que aquellas personas que son responsables de los gastos del 9-N cubran esos gastos. Por tanto, acción, prevención y, ante cualquier eventualidad que se produzca, los anuncios que vemos, el Gobierno está preparado, tiene el tema estudiado, para hacer cumplir la Ley, y no solamente hacer cumplir la Ley, sino también para no romper lo que han sido quinientos años de vivir juntos en España y para que la inmensa mayoría de los habitantes de Cataluña que quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos lo sigan siendo.

Que estén tranquilos. El Gobierno tiene en su mano todas las posibilidades abiertas, las tiene estudiadas y actuará como hemos dicho siempre que actuaremos: con proporcionalidad y con mesura, y siempre con la mano tendida del diálogo, sin fecha de caducidad y diciendo que la voluntad de diálogo de este Gobierno está fuera de toda duda. Quien no ha querido dialogar, quien solamente dice "referéndum sí o sí", no es este Gobierno sino son las instituciones… No las instituciones, sino el Gobierno de la Generalidad de Cataluña.

P.- Elsa García de Blas, del diario "El País". Permítame que le insista, porque ayer el máximo responsable de Interior de Cataluña y el máximo responsable de los Mossos acusaron al Estado de haber descartado esa alerta de Estados Unidos sobre un posible atentado en La Rambla…, descartado que esa alerta tuviera relación con los atentados. Me gustaría preguntarle si esto ocurrió así, tal y como lo explicaron ayer, y si las fuerzas de seguridad estatales le dieron o no relevancia a ese aviso que llegó de Estados Unidos.

En segundo lugar, me gustaría preguntarle por una propuesta de ley que Ciudadanos va a presentar este lunes en el Congreso de los Diputados relativa a la limitación de mandatos presidenciales. Quería preguntarle cuál es la opinión que le merece al Gobierno esta propuesta, la posibilidad de limitar el mandato del presidente del Gobierno a dos legislaturas u ocho años.

Portavoz.- Respecto a la primera, ya le he contestado anteriormente que el Gobierno no va a hacer ningún comentario de operativa. Hay una investigación judicial, el magistrado señor Andreu es el responsable, está bajo secreto del sumario y a ello nos ceñimos. Las operativas o las explicaciones hay que hacerlas allí donde están los expertos. Lo que tendrá que explicar el señor Puigdemont es por qué dijo que no se había producido esa comunicación y luego fue el consejero de Interior el que dijo que sí. Pero esa es una cosa que le corresponde al señor Puigdemont y, probablemente, porque hay unas iniciativas en el Parlamento de Cataluña para llevarla a cabo, será él el que tenga que decidir si lo explica o no. Pero ese es el tema; el resto es un operativo que, insisto, son los expertos los que tienen que referirse a ello.

En segundo lugar, en cuanto a segunda pregunta, el tema de los mandatos, este es un tema que estaba en el pacto de investidura, el acuerdo de investidura --en el punto 96, si no recuerdo mal--, suscrito entre el PP y Ciudadanos, donde se hablaba de un pacto de regeneración democrática y donde se hablaba de esta posibilidad buscando las fórmulas de encaje constitucional.

Aquí hay, digamos, dos facetas. La primera es la de contenido político. La limitación de mandatos es propia de los regímenes presidencialistas y tiene una justificación: el presidente es elegido directamente por los ciudadanos; por lo tanto, hay una relación directa entre el cuerpo electoral y el presidente. Hay dos modelos presidencialistas en el mundo, el norteamericano y el francés, y en uno y otro, en uno probablemente más que en otro, el presidente tiene un papel muy importante. Por lo tanto, tiene, puede tener, sentido la limitación de mandatos exactamente a dos.

En los Gobiernos parlamentarios, como es el caso del español, no son los españoles quienes eligen al presidente del Gobierno. Los españoles eligen a diputados y son luego los diputados reunidos en el Congreso de los Diputados los que eligen al presidente del Gobierno. Por lo tanto, es algo muy diferente y yo creo que, si pueden existir razones políticas que expliquen históricamente la primera, en los Gobiernos parlamentarios yo creo que tiene más difícil explicación y creo que esa limitación… No recuerdo si hay algún caso, pero me extrañaría que se diera porque es limitar la posibilidad de los partidos de presentar a sus candidatos y, luego, de los ciudadanos de votarles.

Primera consideración que quería hacer. Segunda consideración es el encaje constitucional. Ya en su momento, cuando debatimos estos temas con el partido de C´s, hablamos de que ese encaje constitucional nos parecía complicado y de ahí la fórmula que prevé ese artículo del pacto: buscar el encaje constitucional. ¿Por qué? Porque nos parece que no está contemplado en la Constitución y nos parece que para hacerlo, si nos decidiéramos a hacerlo --y una reforma constitucional, como usted sabe muy bien, no es sencilla; requiere unas mayorías amplias-- tendríamos que modificar la Constitución. Yo he leído que hay una propuesta de modificar la Ley del Gobierno y creo que la Ley del Gobierno no puede alterar lo que dice el artículo 99 de la Constitución, por el sistema de jerarquía normativa.

Por lo tanto, me parece que ese es un tema que estamos dispuestos, como es lógico, a hablar y a debatir, y a buscar una solución. Insisto, como hago siempre que hablo o que menciono propuestas que buscan una reforma del texto constitucional, hay que ver exactamente qué queremos reformar y cómo. Además, todo esto plantea muchos interrogantes. ¿Solamente el presidente del Gobierno es la única persona de los 46 millones de españoles que no puede tripitir mandato? ¿Los presidentes de las Comunidades Autónomas pueden? ¿Y los alcaldes? ¿Hay un alcalde que puede seguir siendo alcalde y puede presentarse una tercera o una cuarta vez? Son cuestiones estas que son importantes.

Y déjeme decirle también que la irretroactividad es algo que está prohibido por la propia Constitución. Por lo tanto, si hubiera --ahora voy a empezar con los síes-- esa mayoría, no se le podría aplicar al presidente del Gobierno en ningún caso porque se aplicaría con carácter retroactivo.

Por lo tanto, en eso estamos, vamos a ver en qué consiste la propuesta, porque hemos visto los anuncios de la propuesta; pero con buena voluntad, como siempre, de cumplir los acuerdos, de escuchar las cosas y, sobre todo, de ver qué es lo que le interesa a España. Veremos a ver cuáles son los pros y los contras. Desde luego, una disposición de ese calibre como las que ha anunciado C´s impediría que la señora Merkel se presentara por quinta vez este mes de septiembre, lo cual imagino que al candidato socialista le habría venido muy bien. Pro no creo que sea el caso y no creo que nadie dude tampoco de la bondad del régimen democrático de la República Federal de Alemania.

P.- Dani Sánchez Ugart, del diario "Ara". Esta semana hemos escuchado a la vicepresidenta decir que ya están prácticamente listos los recursos a las leyes de transitoriedad y del referéndum, porque se han anunciado tanto que ya se sabe el contenido. Parece que van a llegar esta semana, prácticamente seguro, y también la convocatoria. No sé si, como ya están redactados, podemos saber si incluyen la petición de suspensión al Tribunal Constitucional de cargos del Gobierno o del Parlament.

Portavoz.- La obligación de todo Gobierno es estar preparado. Ya he dicho que este Gobierno ha estudiado todas las distintas posibilidades de tantos anuncios. La verdad es que es difícil seguir los anuncios que hacen unos y otros, porque hay anuncios todos los días, ¿verdad? El Gobierno las tiene estudiadas y está preparado. Evidentemente, comprenderá usted que no le voy a contar cuál es el contenido porque, entre otras cosas, el contenido dependerá de cuáles sean las actuaciones que veamos. Por lo tanto, habrá que esperar.

De todas maneras, aprovecho su pregunta para decir que todo esto que estamos viendo estos días, toda esta confusión general, todas estas declaraciones, este proyecto que hemos visto de transitoriedad jurídica, donde dice cosas llamativas: la ley suprema, la ley de transitoriedad es la ley suprema… Esto parece un comentario orwelliano. Yo creo que, de verdad, deberíamos hacer un alto en el camino, que es lo que pedía Ortega, en las encrucijadas y pensar realmente si merece la pena seguir por un camino que apartaría de todo el proceso de naciones libres a esa Cataluña. El presidente Puigdemont lo habrá comprobado el otro día en la patria de Hamlet. En la patria de Hamlet no le recibió absolutamente nadie del Gobierno.

Entonces, estas cosas yo creo que hay que pensarlas y, sinceramente, creo que, si las pensamos, que si reflexionamos, que si tenemos en cuenta los más de quinientos años que llevamos viviendo juntos, haciendo cosas juntos, y estos últimos cuarenta años que han sido los mejores cuarenta años de España y, por tanto, también de Cataluña… Yo creo que un momento de reflexión deberíamos tener todos.

Yo lo sigo haciendo, es mi deber, este Gobierno dialoga y este Gobierno quiere llegar a acuerdos pero, como me han oído decir ustedes muchas veces, para bailar el tango se necesitan dos y, cuando uno de los dos solamente piensa en hacer un referéndum de secesión, es muy importante dialogar. Pero, desde luego, por este Gobierno no habrá un solo minuto que no digamos que el diálogo es la manera de solucionar todas estas cuestiones que son tan importantes para tanta gente y que afectan a una inmensa mayoría, no solo de catalanes, sino también del resto de los españoles.

P.- Patricia Martín, de "El Periódico de Cataluña". Volviendo al tema de la CIA y los Mossos, Ciudadanos pidió ayer que Zoido comparezca en el Congreso para explicar cómo se gestionó toda la alerta. ¿El ministro está dispuesto a acudir al Congreso a explicarlo?

Portavoz.- Sin perjuicio de que cada partido, C´s o cualquier otro, pueda tomar las iniciativas que quiera, el Gobierno cree que el lugar más adecuado para llevar a cabo ese encuentro es el Pacto Antiyihadista, porque es ahí donde se conocen esas cosas y es ahí donde se puede hablar con total libertad y con conocimiento de causa. Por lo tanto, nos parece que ese es el lugar donde mejor se puede lograr el objetivo y yo insisto en que el objetivo es señalar claramente que los culpables son los terroristas y el objetivo es señalar claramente que al terrorismo se le vence con la unión entre los partidos políticos, con la utilización de las armas del Estado de Derecho y también con la movilización ciudadana.

Por lo tanto, ahí es donde estamos y ahí es donde queremos estar todos, e insisto en que hemos valorado positivamente en el Gobierno la llamada de la portavoz, señora Robles, apoyando al ministro del Interior en esta cuestión, porque este es un tema importante y donde los partidos democráticos, los partidos que hemos padecido el terrorismo durante demasiados años y sabemos cómo derrotarlo, no mostremos fisura alguna.

P.- May Mariño, de la agencia Servimedia. Está destacando mucho el Gobierno la unidad que tiene con el Partido Socialista para hacer frente al desafío catalán, pero ¿se va a escenificar de alguna manera ese frente común entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez?

Portavoz.- Yo creo que lo importante es que la unidad o la unión exista. A mí, que me gusta mucho el teatro, y por algo soy ministro de Cultura… Las escenificaciones no tengo nada en contra de ellas, pero lo importante es que exista. Lo importante es que sea una unidad firme, de voluntad, de principios, de saber que lo importante es defender el orden constitucional; que en la democracia las formas son capitales; que, si no nos sometemos a la Ley, como decía Cicerón, no podremos ser libres --sometámonos a la Ley para poder ser libres, seamos esclavos de ella--; que las formas son muy importantes, como he dicho antes; que lo que estamos viendo en los actos de la Generalidad, eso que hemos llamado la "secesión sin": sin urnas, sin papeletas, sin mesas electorales, sin junta electoral, sin apoyos también internacionales, sin todo eso…

Cualquiera de ustedes sabe que en España, donde se celebran numerosos procesos electorales, cuando se vota se hace con arreglo a unos procedimientos. Todos sabemos que las elecciones tienen que convocarse equis meses antes entre la disolución y un plazo de 55 días, todos sabemos que va a haber elecciones municipales en el mes de mayo, también habrá elecciones europeas en el mes de mayo del año 2019 y todos sabemos que un tiempo antes se constituyen las mesas electorales y se establece la Junta Electoral Central. Todo eso es la garantía de todo el procedimiento.

Estamos a un mes vista de unos anuncios que hacen algunos y no hay absolutamente nada de eso. Por tanto, ¿qué garantías democráticas puede tener ese referéndum de secesión? No puede tener ninguna y en eso estamos de acuerdo los partidos que defendemos la unidad de España y el orden constitucional, y eso es lo que a mí me parece importante.

Déjenme que recuerde, ahora como ministro de Cultura también, que hay dos películas españolas que son las más taquilleras esta semana: "Verónica" y "Tadeo Jones II". También que hay una buena oferta de ópera, un "Ballo in Maschera" en La Coruña y el Festival Sagunto en escena. Una exposición muy interesante en Barcelona, en el Archivo de la Corona de Aragón, rinde homenaje a Carlos III. Y en deportes, hoy comienza el Eurobasket, nos enfrentamos a Montenegro, y mañana tenemos un partido clave para la clasificación del Mundial de Fútbol: España-Italia. Me gustaría que todos apoyáramos a la selección española, a toda la selección española, a todos sus componentes, porque estoy seguro que se van a dejar la camiseta para lograr esa clasificación.

Si no les basta con esto y quieren acudir a alguna fiesta patronal, no dejen de acudir a Palencia donde están celebrando a su patrón, San Antolín, y les hablo con conocimiento de causa porque yo estuve ayer y lo pasé estupendamente bien.

Muchísimas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)