Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro de Justicia, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido acordados hoy en el Consejo de Ministros.

Me acompaña el ministro de Justicia, porque hoy se han aprobado dos asuntos importantes en ejecución, además, de uno de los que han sido los objetivos de esta Legislatura, que es incrementar la protección de las víctimas de los delitos, y especialmente de los más vulnerables que son los niños y los adolescentes.

Hoy se aprueban el Real Decreto que desarrolla, por un lado, el Estatuto de las Víctimas del Delito y, por otro lado, el Real Decreto que regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales. La primera de las normas es un desarrollo de la Ley y del Estatuto de las Víctimas del Delito, que aprobamos en esta Legislatura, y la segunda va muy unida a la modificación que se produjo en la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia.

Por tanto, damos un paso más en lo que ha sido uno de los elementos clave en materia de seguridad y en materia penal, que es la protección a la víctima, con un Estatuto y con la creación de oficinas que tienden a informar de sus derechos y a proteger en distintos ámbitos; y, luego, un asunto muy reclamado por los ciudadanos en general que era un Registro Central de Delincuentes Sexuales que, por un lado, logre la coordinación para que los agentes que puedan necesitar información sobre estos delitos puedan disponer de ella con carácter centralizado y que impida que los delincuentes sexuales puedan entrar en contacto en el futuro con potenciales víctimas, como pueden ser menores, o en actividades escolares o en actividades de voluntariado, etc., etc.

Son dos normas importantes, como digo, para atender a quienes más lo pueden necesitar, que son víctimas, especialmente víctimas menores.

En segundo lugar, se ha aprobado un Real Decreto que regula el Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la conocida como ANECA. Esta es una de las medidas que contemplaba la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas y con ella, además, se logra un objetivo básico, que es contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones. El Estatuto lo que hace, fundamentalmente, es ampliar las funciones de esta Agencia mediante la incorporación de las que venía realizando la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora sobre retribuciones del profesorado universitario; es decir, de dos entes pasamos a uno, que se refuerza y que lleva a cabo todas estas tareas. La ANECA deja de ser una fundación y se convierte en un verdadero organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

También hemos aprobado el Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales. Se trata de una norma que viene a desarrollar la regulación legal para establecer las condiciones de acceso del personal militar en distintos ámbitos, de permanencia y de salida en excedencia.

Las principales novedades se refieren a la protección de la militar profesional víctima de violencia de género y a la nueva situación administrativa para los militares de carrera, que se define como servicio de administración civil. Es decir, las principales novedades son dos: por un lado, en los casos de violencia de género el militar no tendrá su condición militar en suspenso ni dejará de estar sujeto al régimen general de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas cuando esté en situación de excedencia por violencia de género, y, además, podrá solicitar esta excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos, sin que sea exigible un período de permanencia; en segundo lugar, regulamos el posible paso de personal militar a la Administración civil, aprovechando de este modo sus capacidades profesionales. Hay muy buenos profesionales de distintos ámbitos de la Administración militar y lo que aprovechamos es ese potencial para puestos de Administración civil, a fin de que puedan reorientar también su carrera.

También, y como todos los años por estas fechas, se aprueba el Acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2016 la participación de unidades y observadores militares en operaciones fuera del territorio nacional. Se trata, como saben, de operaciones que ya han sido autorizadas por el Congreso de los Diputados, pero que requieren todos los años un acuerdo del Consejo de Ministros como requisito necesario para que las operaciones puedan continuar, seguir funcionando con normalidad, a partir del 1 de enero. Así, España mantiene sin alteraciones sus compromisos internacionales, tanto con sus socios y aliados, como con el sistema internacional de mantenimiento e imposición de la paz.

Con este Acuerdo España mantendrá algo más de dos mil efectivos en las operaciones de mantenimiento de la paz en vigor, así como atenderá los compromisos, maniobras y ejercicios a realizar con nuestros socios, fundamentalmente en el seno de la OTAN.

España asume su responsabilidad de seguridad nacional con los mecanismos también de defensa colectiva, realizando un gran esfuerzo acorde con su posición y su capacidad. España contribuye con todas estas misiones, con las principales de ellas, en la lucha contra el terrorismo yihadista con diversos medios y más de setecientos militares en siete escenarios distintos: Somalia, Malí, Afganistán, Senegal, Gabón, Irak y Turquía. Todas estas tareas se llevan de acuerdo según los compromisos de las distintas coaliciones, con dedicación y diligencia, especialmente en aquellas en que tenemos más capacidad y experiencia, como puede ser la formación de fuerzas de seguridad locales para que puedan hacer frente por sí solas en el futuro a estas amenazas.

En otro orden de cosas, una importante medida en el ámbito sanitario, que permite a las Comunidades Autónomas adheridas al Fondo de Financiación Autonómica formalizar préstamos a largo plazo para financiar los gastos extraordinarios derivados de la atención a los pacientes con hepatitis C crónica, por un importe de hasta mil millones de euros.

El objetivo prioritario del Gobierno ha sido el acceso a estos nuevos tratamientos a todos los pacientes que los necesiten, siempre atendiendo a los criterios médicos que lo estimen oportuno. De este modo, España ha sido uno de los primeros países en incorporar a la financiación pública los nuevos antivirales contra la hepatitis. Además, un comité de expertos, dirigido por el doctor Joan Rodés, elaboró el Plan Estratégico para el abordaje de la hepatitis C, que es un plan pionero y único en toda Europa que se ha puesto a disposición de otros países que se han mostrado interesados.

En la actualidad, en nuestro país hay más de 95.000 diagnosticados, de los que la fase inicial del Plan contempla tratar a 52.000, priorizando, de acuerdo con criterios médicos de este Plan de Estrategia, los más graves o con condicionantes especiales, para posteriormente atender al resto. Más de 34.000 diagnosticados ya han recibido tratamiento dentro de este Plan, en el que han colaborado Comunidades Autónomas, sociedades científicas y asociaciones de pacientes.

Por primera vez, además, contamos con un mapa de la enfermedad, con un número de pacientes genotipado, y un estadio de la enfermedad, que son imprescindibles para poner en marcha y ejecutar esta estrategia. Se está elaborando un registro de pacientes tratados para evaluar continuamente la efectividad de estos medicamentos.

En el capítulo de inversiones, se ha aprobado un Acuerdo que autoriza la concesión a la Comunidad Autónoma de Extremadura de una subvención para financiar proyectos de inversión en el ejercicio 2015, por importe de cuarenta millones de euros. Este Acuerdo viene a manifestar la voluntad suscrita entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma de continuar, en el año 2016 y en adelante, hasta 2018, el correspondiente Convenio de Colaboración anual para la concesión de subvenciones nominativas a favor de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con un importe máximo de 120 millones de euros.

Las aportaciones realizadas por el Estado se entienden a cuenta de la denominada "deuda histórica" de Extremadura, que está pendiente de cuantificar. Como saben, en los años 2012 y 2013 se aportaron sendas subvenciones de veinte millones de euros y, en los años 2014 y 2015, cuarenta millones de euros. ¿A qué se destinan? A inversiones tales como infraestructuras, sanidad, vivienda, educación y cultura.

También en el capítulo de inversiones, una aportación muy importante a la I+D+i con el Acuerdo que autoriza la suscripción de la segunda adenda al Convenio de Colaboración suscrito en su día con el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la creación del Consorcio para el equipamiento y explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc. El Laboratorio comenzó su actividad en 2010 y mantiene el desarrollo de áreas científicas de máxima actualidad y gran impacto científico.

Con la decisión que hoy aprobamos damos continuidad al Laboratorio hasta el año 2021, se adaptan los últimos cambios normativos y se pactan las aportaciones de los socios para el cumplimiento de sus objetivos científicos y tecnológicos. Hasta 2015 el Consorcio ha recibido casi diecisiete millones de euros de las entidades participantes, de los cuales catorce millones los ha aportado la Administración General del Estado. Para la nueva etapa entre 2016 y 2020 el Gobierno y la Comunidad Autónoma financiarán el funcionamiento e inversiones, y la Universidad continuará aportando personal y uso de laboratorio.

Queremos mantener el apoyo a sus actividades, porque en la actualidad es la única instalación subterránea en España y una de las pocas existentes en el mundo dedicada a la física de astropartículas y a la investigación en física subterránea.

También como todos los años en estas fechas, se aprueba esta vez el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. El objetivo primordial del Plan es mantener estables los niveles de contratación de seguros en cuanto a producción, superficie y número de animales asegurados, con el fin de que el sector agrario español realice una adecuada gestión de sus riesgos. Este Plan aumenta el presupuesto destinado a subvencionar el coste de las pólizas de seguro agrario hasta los 211 millones de euros, frente a los 199 millones de planes anteriores; es decir, se ha incrementado el Plan en un 6,1 por 100.

Este sistema es una buena herramienta para la gestión de los riesgos en la actividad agraria y se ha convertido en referente internacional. De hecho, en España, gracias al seguro agrario, agricultores y ganaderos reciben la compensación por las pérdidas causadas en una media de 45 días tras la producción del siniestro. El apoyo del Gobierno al seguro agrario ha sido constante durante toda la Legislatura, con dotaciones presupuestarias que han permitido subvencionar las pólizas entre un 30 y un 65 por 100, que es el límite máximo permitido por la Unión Europea.

Sr. Catalá.- Como informaba la Vicepresidenta, durante toda la Legislatura hemos aprobado un conjunto de medidas de apoyo a las víctimas del delito, como han sido el propio Estatuto de la Víctima del Delito; la reforma del Código Penal, que incorporó también una serie de medidas y de orientaciones para fortalecer y favorecer la posición de las víctimas; la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que también ha incrementado las competencias de los Juzgados de Violencia contra la Mujer y ha reforzado los equipos de apoyo a este tipo de Juzgados; la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que otorga ese beneficio de justicia gratuita a las víctimas de violencia de género; la Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia; y, por último, la Ley de Jurisdicción Voluntaria que hizo, por ejemplo, algo tan sensato como que el que ha sido condenado por un delito de violencia de género no pueda tener la condición de sucesor de aquella persona que ha fallecido por tener un vínculo familiar anterior.

Todo esto han sido, como digo, medidas incorporadas a distintas leyes y todas ellas, orientadas hacia ese sentido de mayor protección por parte del sistema hacia las víctimas.

Con el Real Decreto que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros lo que hacemos es constituir formalmente las Oficinas de Asistencia a la Víctima, que se conforman como unidades administrativas incorporadas a la Administración de Justicia desde las cuales se van a llevar a cabo las funciones, básicamente, de asegurar que todos esos derechos que la legislación ha ido reconociendo van a tener un cauce material y procedimental para llevarlo a cabo; se va a regular un sistema asistencial público de asistencia a las víctimas, a través de esas Oficinas que se constituyen, y se garantiza también la asistencia profesional.

Hasta ahora, este tipo de asistencia se hacía de un modo yo podría decir casi informal. Existían en algunos Juzgados personas, algún convenio con colegios de psicólogos o algún funcionario de la propia Oficina Judicial que hacía este tipo de actividad, pero no existía una unidad como tal. A partir de ahora, se profesionaliza y se formalizan estas Oficinas, que estarán dotadas de un psicólogo, de un funcionario de gestión procesal y también de todo el apoyo que tendrán derivado de los convenios que se formalizan con los Colegios Oficiales de Psicólogos en España.

La asistencia y el apoyo que prestarán las Oficinas de Víctimas serán, en todo caso, como es evidente, de carácter gratuito y de carácter confidencial. Las Oficinas desarrollarán protocolos de colaboración, de actuación y de coordinación, y esos protocolos se van a desarrollar en colaboración directa con las asociaciones y con los colectivos de protección a las víctimas.

En la actualidad tenemos ya veintiséis equipos --por diferenciar el concepto de equipo del de Oficina-- que están funcionando y, por lo tanto, ya de partida formalizaremos la constitución de esas veintiséis Oficinas de Atención a la Víctima. En el presupuesto del año 2016 del Ministerio de Justicia se incrementa un 57 por 100 la dotación destinada a la formalización de convenios con los Colegios de Psicólogos y, por lo tanto, permitirá intensificar esta línea de trabajo. También se constituirá un Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas, en el que participen el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, representantes de la Administración del Estado, también de las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias, del Consejo General del Poder Judicial y de las asociaciones representativas de las víctimas.

Lo que hacemos es, por lo tanto, materializar, concretar y articular con medios, con oficinas, con equipos profesionales, con presupuesto y con dotación financiera todas las líneas de sensibilidad y apoyo a las víctimas que la legislación ha ido creando a lo largo de esta Legislatura.

La segunda de las medidas que anunciaba la Vicepresidenta es la aprobación del Registro de Delincuentes Sexuales. Esto es un mandato directamente de la Ley 26/2015, del 28 de julio, la Ley de Protección de la Infancia y de la Adolescencia, y también se sitúa en consonancia con acuerdos internacionales, como fue, por ejemplo, el Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa aprobado en octubre de 2007.

En la actualidad, existe una pluralidad de Registros en la Administración de Justicia: el Registro Central de Penados, el Registro Central de Medidas Cautelares, el Registro para la Protección de Víctimas de Violencia de Género, el Registro Central de Rebeldes Civiles, cuando no constan los hechos personales de las personas que han sido condenadas, y, por último, el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de Menores.

Todos estos Registros se han ido creando a lo largo del tiempo, son acumulativos entre sí y en este sistema de información jurisdiccional se sitúa el nuevo Registro Central de Delincuentes Sexuales que ahora se crea, que empieza a estar operativo inmediatamente y que tiene, fundamentalmente, los objetivos que se indicaban de prevenir la delincuencia sexual y proteger a los menores de edad, en la garantía del acceso a la información de las personas que han tenido ya una condena en esta materia; también, facilitar la investigación e identificación de autores de delitos sexuales y establecer mecanismos de cooperación eficaces entre el ámbito jurisdiccional y policial dentro de España y con otros países.

Lamentablemente, en el pasado hemos conocido algún caso de descoordinación, de falta de información cualitativa sobre este tipo de delitos. Por lo tanto, contar con un Registro específico sobre ello es lo que mandataba la Ley 26/2015 y ahora se articula mediante la creación a través de este Real Decreto.

El Registro tendrá una serie de datos: de identidad, perfil genético, penas y medidas impuestas contra los autores de delitos sexuales. En principio, no incluirá los datos de identidad de la víctima; será del condenado, pero no de la víctima. En todo caso, si ha habido una víctima menor de edad, sí se hará constar que la víctima, como digo, tenía esa condición de menor de edad, pero no con identificación personal. Y estará incluido cualquier delito que tenga que ver contra la libertad y contra la indemnidad sexual: por lo tanto, la agresión yel abuso sexual, el acoso, el exhibicionismo, la prostitución, cuando es constitutiva de delito, y la corrupción de menores.

Por tanto, pretende, como digo, acoger todos los delitos que tienen relevancia en materia sexual y de menores, e incorporar estos datos.

Este Registro se incorporan al sistema general que he mencionado antes y recibirá información directa del Registro Central de Penados y del Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores para acumular esa información. Será accesible directamente para los jueces, para los Tribunales, para el Ministerio Fiscal, para la Policía Judicial, para las entidades públicas de protección de menores y para las autoridades policiales, tanto de España como de otros países, que así lo soliciten, siempre, lógicamente, acreditando el interés legítimo que existe para obtener ese acceso a la información.

En la actualidad existen en España 43.745 personas condenadas por delitos sexuales y parece, como decíamos, muy conveniente tener esta información singularizada y bien identificada. De esa manera, estamos seguros de que el acceso a esa información permitirá evitar algunos problemas como, por ejemplo, lo que ya preveía la Ley antes mencionada de Protección a la Infancia, que es que personas que tengan alguna condena de esta características puedan dedicarse a labores docentes, a labores de voluntariado o que tengan que ver con actividades con menores. Si no existe un buen sistema de información en relación con estas circunstancias, podría darse la paradoja del incumplimiento de esa prevención, si no tuviésemos acceso a un sistema tan detallado y concreto como va ser el que se articula a partir de la fecha de hoy mismo en este nuevo Registro de Delitos Sexuales.

Como decíamos, son decretos, son desarrollos… El Registro y la Oficina son actuaciones de ámbito más administrativo, podríamos decir; pero todo ello lo que hace es cerrar todo un ciclo de protección a la víctima del delito, muy en particular a la víctima de delito de violencia de género o a víctimas de delitos sexuales contra menores, que, sin duda, requieren la máxima colaboración por parte de las Administraciones Públicas y también contar con herramientas de gestión, como son las bases de datos y las Oficinas de Atención a las Víctimas que se articularán en todo en el territorio nacional.

P.- Vicepresidenta, pasado el ecuador de la campaña electoral, en el que se multiplican los actos y se presentan también las encuestas, a mí me gustaría preguntar si se cree las encuestas que se están publicando y si piensa que el partido que sustenta al Gobierno va a alcanzar o va a superar o no el 30 por 100 de intención de voto.

Luego, otra cosilla, si me permite: ¿Le ha dado algún consejo, después de su debate del pasado lunes, al presidente del Gobierno para el debate que va a tener el próximo lunes, el cara a cara?

Vicepresidenta.- Permítame que sea muy prudente en contestarle sus dos primeras preguntas, porque es mesa del Consejo de Ministros y no es cuestión aquí de hablar de partidos políticos, y menos de resultados de unos y de otros. Yo en esta mesa tengo que procurar mantener esa neutralidad.

Sobre las encuestas, sólo le puedo decir lo que he dicho siempre: son instrumentos de trabajo y de ahí que los partidos las manejen cómo lo estimen oportuno. Pero yo no le puedo hacer ningún balance.

Y sobre los consejos, creo que necesita pocos, porque ha debatido desde hace muchísimos años y en todos los ámbitos. Pero ya permítame que no pueda ir más allá.

P.- Vicepresidenta, tenía varias preguntas. Me gustaría saber si el Gobierno mantiene la confianza en su embajador en la India y si están satisfechos con las explicaciones que ha dado hasta ahora. Parece que se apunta, ya no solamente a supuesto cobro de comisiones, sino también a haber cobrado por informes durante el tiempo en el que ya era embajador en la India.

También, ayer el Presidente daba por buenas las explicaciones del diputado Pedro Gómez de la Serna y me gustaría saber cómo explica después que el Partido Popular abra a las pocas horas un expediente disciplinario. ¿Por qué no se actuó también de la misma forma en los casos de otros diputados, como Agustín Conde o Martínez Pujalte? No sé si es que ahora hay más dudas o si es que también se debe a que estamos en campaña electoral.

Vicepresidenta.- Yo le puedo contestar a la primera de sus preguntas, en línea con lo que le decía hace un momento a su compañero; la primera, sí. Quiero informarles a ustedes de que el mismo día 9 de diciembre la Oficina de Conflicto de Intereses le requirió al embajador español en la India para que diera explicaciones, antes del inicio del procedimiento correspondiente, sobre la información que había aparecido en un medio de comunicación.

Quiero informarles, además, de que esta manera inmediata de actuar es posible gracias a dos cambios legislativos que se han llevado a cabo en esta Legislatura: por un lado, en cumplimiento de la Ley Reguladora del Ejercicio de Alto Cargo, que incrementa las funciones de la Oficina de Conflicto de Intereses; y, en segundo lugar, de la Ley de Transparencia, Acceso a Información y Buen Gobierno. Con ambas normas, la Oficina de Conflicto de Intereses tiene la capacidad de actuar de oficio, e inmediatamente, tan pronto como tenga noticia de cualquier forma de un posible o supuesto incumplimiento de las leyes en materia de incompatibilidades.

Ese es el momento en el que estamos. Ya le digo, el mismo 9 de diciembre, una actuación inmediata. Hemos cambiado las leyes en este Gobierno para que esto sea así y sea posible. Es decir, en cuanto hay cualquier información que pudiera suponer un incumplimiento de estas leyes, inmediatamente la Oficina de Conflicto de Intereses abre un procedimiento al respecto y así lo ha realizado.

A eso se añade otro elemento importante y es que, tras la aprobación de la Ley del Estatuto del Alto Cargo, nosotros prestamos nuestra declaración de bienes al inicio de nuestro mandato, y al final. De manera que al final del proceso, al final de tu alto cargo, incluidos los embajadores, la Oficina de Conflicto de Intereses analiza con qué has entrado y con qué has salido, y si eso es normal a tus ingresos.

Es decir, yo creo que estas dos normas que hemos aprobado fortalecen mucho la capacidad que tiene la propia Administración de depurar posibles responsabilidades que pudieran producirse.

P.- Yo quería seguir con el debate del próximo lunes. No sé si el presidente está preparándola ya de alguna manera, si ha despejado la agenda. Y si no tiene consejo para Mariano Rajoy, no sé si tiene alguno para Pedro Sánchez, ya que usted debatió con él el pasado lunes.

Vicepresidenta.- La agenda del presidente del Gobierno ya la conocen. Es pública y, como saben ustedes, bastante intensa.

Sobre la segunda de sus cuestiones, y con carácter general, uno tiene que ser coherente en los debates con sus planteamientos políticos a lo largo de su trayectoria. E, indudablemente, si a lo largo de tu trayectoria llevas más cosas, como yo digo, en la mochila, todo es mucho más sencillo; si no, todo se complica más.

P.- Vicepresidenta, voy a seguir con el debate del próximo lunes. ¿Hasta qué punto cree que puede ser definitivo…

Vicepresidenta.- Hasta el punto en que yo puedo hablar, porque…

P.- Lo voy a intentar. ¿Hasta qué punto cree que puede ser definitivo…

Vicepresidenta.- Luego me lo afean. Me colocan ustedes en unas situaciones muy complicadas. Lo hacen muy bien, porque preguntan muy bien; yo contesto, y luego… ¡zasca!

P.- Pero éstas son para contestar. ¿Hasta qué punto cree que puede ser definitivo el debate del próximo lunes ante las elecciones del 20 de diciembre? ¿Cuáles cree que deben ser las claves para llegar a los ciudadanos? El CIS decía que hay un 40 por 100 de indecisos. ¿Cuáles son las claves para convencer a esos indecisos? ¿Y qué cree lo que puede definir la victoria en ese debate, en definitiva?

Vicepresidenta.- Yo creo que lo bueno de los debates es que permiten a los ciudadanos ver a los candidatos cara a cara, valorar sus posiciones, valorar lo que han hecho, lo que ofrecen de futuro, y juzgar por ellos mismos. Yo creo que ése es el objetivo de cualquier debate y yo creo que, teniendo eso claro, quienes van a ese debate pueden salir mejor parados.

P.- Vicepresidenta, yo quiero sacar algún tema nuevo. En primer lugar, la Audiencia Nacional ha dictado, el juez De la Mata, esta mañana, un auto, que considero de mucho interés, sobre una declaración que hizo un Ayuntamiento de Barcelona después de la resolución del Parlament de Catalunya, adhiriéndose a aquella resolución, luego anulada por el Tribunal Constitucional. Dio motivo esa resolución del Ayuntamiento a una actuación de la Fiscalía por supuesta sedición y el juez De la Mata archiva. Y yo quiero dirigirles la pregunta en relación con los argumentos del archivo, si lo conocen, porque el juez razona que esta declaración del Ayuntamiento, y hubo otras de otros municipios, fue posterior a la anulación de la resolución. Pero, por otra parte, añade consideraciones sobre la libertad ideológica y entiendo que viene a decir que la declaración del Ayuntamiento no sería perseguible si se entiende como una manifestación ideológica.

Entonces, la pregunta sería la valoración del auto, pero en el sentido de, como ustedes tienen el instrumento de la Abogacía del Estado, si la Abogacía del Estado tomará parte en futuros pleitos que se planteen por este tipo de resoluciones de municipios, si se dieran.

En segundo término, al señor Catalá, como fue de los últimos incorporados al Consejo de Ministros, aprovechando, además, que termina la Legislatura, quería pedirle un pequeño balance sobre qué ha podido hacer, en definitiva, en el Ministerio en este año largo que se ha ocupado de esa casa, en la que en algunos momentos ha parecido que se corregía más lo anterior que otra cosa. Quería pedirle un balance de lo que ha podido hacer.

Y sobre lo que se aprueba hoy quería preguntarle si respecto de víctimas del terrorismo hay singularidad en el tratamiento o no, y respecto del Registro de Delincuentes Sexuales, ¿quién accederá a los datos? Porque el Consejo del Poder Judicial puso objeciones sobre que no pudiera acceder todo el mundo.

Sr. Catalá.- En relación con la primera cuestión que plantea, yo no he tenido ocasión de leer ese auto del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional; me imagino que debe ser de esta mañana y hemos terminado el Consejo de Ministros hace muy poco tiempo y no he tenido ocasión de leerlo. En todo caso, la Fiscalía inició actuaciones cuando tuvo conocimiento de que determinados ayuntamientos se adherían, apoyaban, respaldaban, una resolución del Parlamento de Cataluña que posteriormente ha sido declarada inconstitucional por nuestro Tribunal Constitucional, por nuestro supremo intérprete de la Constitución. En ese sentido, la Fiscalía, en el ejercicio de su autonomía, identificó que podía haber ahí alguna actuación susceptible de impugnación y de ser constitutiva de algún tipo de ilícito.

Si ahora el juez declara el archivo, yo creo que está dentro de las reglas de juego, del normal funcionamiento de las instituciones. La Fiscalía defiende el interés general y, si considera que alguna institución, como es un ayuntamiento, ha ejercido una función que le sobrepasa, que está fuera de su ámbito competencial, y ejerce una declaración de naturaleza política sin… Insisto, habrá que leerse el auto para ver esa resolución, porque son resoluciones aprobadas por los plenos de los Ayuntamientos, no es un ejercicio de libertad de expresión. Tiene naturaleza jurídica, es un acto que ha dictado un Ayuntamiento.

Pero, insisto, en todo caso, por lo menos, al no haber leído los fundamentos del auto, me parece un poco prematuro valorarlos más allá de lo que le estoy comentado: que en sí el proceso, con independencia de cuál sea la finalización, la resolución que dicte el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional, tiene toda la coherencia en el ejercicio de las funciones que le corresponden a la Fiscalía General del Estado.

Me parece que la Junta Electoral Central no estaría muy de acuerdo con que yo le respondiese a usted a su pregunta de balance de legislatura o balance de ejercicio de este último año del Ministerio de Justicia. Así que me temo que, por ser ortodoxos y cumplidos con la doctrina de la Junta Electoral, mejor no metámonos en jardines que luego haya que explicar por qué dije lo que dije. Creo que es lo mejor, ¿no?

En cuanto al Registro de Delincuentes Sexuales, es verdad que estos Registros, lógicamente, el Registro y la Oficina de Víctimas, han sido objeto de un procedimiento largo de informes, de análisis… Lo hemos trabajado con el Consejo General del Poder Judicial, también con la Fiscalía General del Estado; con el Ministerio de Sanidad, por lo que tiene que ver con protección de menores; con el Ministerio de Hacienda, con las oficinas de las víctimas…. Ha habido un proceso de participación amplio y ha sido dictaminado, por supuesto, por el Consejo de Estado. O sea, hemos recibido muchos informes, muchos comentarios, y, como tantas veces, de la acumulación de pareceres obtenemos la mejor calidad.

Finalmente, el sistema de acceso al Registro de Delincuentes Sexuales tiene que ver con el máximo de garantías. Hemos optado por un sistema plenamente garantista, en el cual, sin duda, pueden acceder a él los jueces, los Tribunales y también en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; pero siempre asociado con procesos en los que tengan competencia para ello. No se trata de investigaciones prospectivas o de que alguien quiera hacer la tesis doctoral y pida informes al Registro; por supuesto que no. No tiene nada que ver con eso, sino con investigaciones.

Este Registro, en última instancia, lo que pretende es fortalecer nuestro sistema de garantías y nuestro Estado de Derecho para que quien ha sido condenado por un delito de esta naturaleza no pueda estar cercano a ámbitos, como hemos dicho antes, de la docencia, del cuidado de menores o de temas que tengan que ver con la cercanía a todos los menores de edad. Por lo tanto, cuando haya procesos asociados con esas circunstancias es cuando se garantiza el acceso.

Hemos sido muy cautelosos con la protección de datos de carácter personal, por supuesto. El hecho de que no consten los datos de la víctima también está orientado a mejorar la posición de la víctima. Por lo tanto, todos esos elementos, fruto de los distintos dictámenes que se han emitido, están recogidos en el texto final del Real Decreto que ha sido aprobado hoy.

P.- Yo quería cambiar un poco de tercio también y que nos detallara un poco el acuerdo al que han llegado para el Laboratorio Subterráneo de Canfranc. No sé si se me ha escapado y quería saber si nos puede detallar un poco qué inversión hay comprometida, creo que hasta 2020, y un poco cuáles son los términos de este acuerdo con la Universidad también.

Vicepresidenta.- Tendrán el detalle de las inversiones hasta esa fecha en la Referencia del Consejo de Ministros. Lo que hacemos es posibilitar el medio y el largo plazo de un laboratorio que para nosotros es clave, porque es, como decía, una de las instalaciones únicas en España y también en el mundo para llevar a cabo estas actividades. Con la incorporación de esta segunda adenda a lo que se da continuidad es a la inversión que ya hemos hecho de diecisiete millones de euros, y lo que fundamentalmente permite esta segunda adenda es repartir, con mayor peso, por supuesto, en la Administración General del Estado, las aportaciones de la Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma de Aragón y también de la Universidad de Zaragoza, que viene prestando el personal. Con ello damos estabilidad y damos seguridad.

Yo quiero poner en relación este Acuerdo con el que adoptamos la semana pasada con otra infraestructura de investigación y desarrollo en España, muy importante, que es el Mare Nostrum 4. Yo creo que a lo largo de estos últimos meses lo que hemos buscado es dar estabilidad, más allá de 2016 y en adelante, a una serie de infraestructuras de investigación que tenemos en España, que son pioneras y que son referentes mundiales, y además hacerlo con toda las Administraciones implicadas.

Yo creo que es un buen elemento para Canfranc, lo es para el conjunto de Aragón, lo es para el conjunto de España y también para nuestra aportación a la comunidad científica internacional, porque es una infraestructura muy singular, de las mejores del mundo en este ámbito; como digo, única en nuestro país. Yo creo que es en estos elementos, en los que aportamos además experiencia, pero también singularidad en la infraestructura, en los que tenemos que poner el acento.

Muchísimas gracias.