Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de la ministra de Empleo, después de la reunión del Consejo de Ministros

13.11.2015

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido aprobados hoy en el Consejo de Ministros; un Consejo de Ministros del que tengo que decirles que, en primer lugar, el ministro de Economía y Competitividad ha presentado un informe sobre el crecimiento económico, de acuerdo con las nuevas estimaciones de la zona euro.

El Producto Interior Bruto de la zona euro creció en el tercer trimestre un 0,3 por 100 intertrimestral. Se modera, por tanto, el crecimiento de la zona euro porque en el segundo trimestre había subido un 0,4 por 100. Pero lo importante es que dos países --uno es Eslovaquia, con un 0,9 por 100, y el otro es España, con el 0,8, por 100-- son las economías de la eurozona que más crecieron. El crecimiento español es más del doble que el de Alemania o el de Francia, 0,3 por 100 en ambos casos, en la media, y multiplica por cuatro el de Italia, que está en el 0,2 por 100.

El Gobierno mantiene el objetivo de crecimiento del 3,3 por 100 para 2015 y del 3 por 100 el año que viene. Los indicadores de crecimiento del cuarto trimestre de 2015 son todavía escasos, pero sí el Ministerio de Economía advierte una cierta aceleración en el mes de octubre. Los operadores económicos, además, están anticipando también una buena campaña de Navidad, lo que se traducirá en creación de empleos.

Este alto crecimiento es compatible con una inflación negativa, lo que redunda en la mejora de la capacidad adquisitiva de los salarios y de las pensiones, así como de la competitividad de la economía española. Esta semana se ha conocido, por ejemplo, que los salarios pactados en convenio, como puede explicar la Ministra, han aumentado un 0,7 por 100, dato que afecta a seis millones de trabajadores. Si se compara con el -0,7 por 100 que cayeron los precios en octubre, da una mejora de la renta real de casi 1,5 por 100. Del mismo modo, los pensionistas, si se cierra el año con estos datos, ganarían 775 millones de euros de poder adquisitivo; unas ganancias que se suman a las generadas en 2013 y 2014, en los que los pensionistas ganaron 2.082 millones de euros de poder adquisitivo.

Tras este informe de Economía, hemos aprobado una serie de Acuerdos de los que les paso a destacar los más importantes.

En primer lugar, y a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, que me acompaña, se ha aprobado el Acuerdo por el que se distribuyen territorialmente para este ejercicio económico, para su gestión por las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En total, se ponen a disposición de las Comunidades 1.418 millones de euros para la ejecución de los servicios y programas incluidos en distintos ejes de Políticas Activas de Empleo establecidos en la Ley de Empleo, así como del Programa de Modernización de los Servicios Públicos de Empleo y las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de Seguridad Social.

Por tanto, se reparten 1.418 millones de euros, a los que deben añadirse 129 millones para financiar el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo, cuya distribución se aprobó en el Consejo de Ministros del 24 de julio de 2015. Por tanto, esta suma será de 1.547 millones de euros para la reactivación y dinamización del empleo. Ahora les informará con detalle la ministra de Empleo.

Por otro lado, se ha aprobado un Acuerdo que autoriza la convocatoria de ayudas, por importe de más de 71 millones de euros, para la formación de profesorado universitario integrado en el Subprograma de Formación y Movilidad del Programa Estatal de Promoción de Talento y su empleabilidad, que forma parte del Plan Estatal de Innovación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Este Acuerdo supone la convocatoria de 850 contratos predoctorales para la formación de personal docente e investigador y estancias de movilidad en centros extranjeros, en el conocido como Programa FPU, cuya convocatoria se realizará en las próximas semanas.

Esta nueva convocatoria supone un incremento del 11 por 100, con un aumento de cincuen5ta plazas respecto a ejercicios anteriores. Este Acuerdo permitirá establecer un calendario más adecuado de convocatorias para cumplimentar mejor los acuerdos de colaboración con otros países o con organismos internacionales. Son medidas complementarias que se añaden a otras recientemente adoptadas como, por ejemplo, la promoción interna de los cuerpos universitarios para titulares de universidad.

También hemos aprobado un Real Decreto que modifica el Reglamento de Régimen Económico-Fiscal de Canarias en las medidas relativas a incentivos fiscales en la imposición indirecta, Reserva de Inversiones para Canarias y Zona Especial Canaria. Son incentivos fiscales que se orientan a la creación de empleo, la diversificación productiva de la estructura económica canaria, la inversión intensiva en tecnología y la exportación hacia el continente africano. Esta nueva regulación se aplicará para el período 2015-2020, si bien las entidades inscritas entonces en la Zona Especial Canaria podrán beneficiarse del régimen fiscal hasta 2026.

Novedades que introduce este Real Decreto: en primer término, se modifican varios artículos para adecuarlos a la nueva regulación legal de la Reserva para Inversiones en Canarias; en segundo lugar, se incorporan modificaciones en el control y seguimiento de las ayudas estatales incluidas en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, al objeto de adecuar su regulación a lo preceptuado en la normativa estatal y europea; y un tercer grupo de modificaciones son las relativas a la regulación de la Zona Especial Canaria, modificaciones que son fundamentalmente de carácter técnico y procedimental, para mejorar el régimen de autorizaciones previas que debe otorgar el Consejo Rector y la notificación por las entidades de la Zona Especial Canaria de las medidas que se introducen.

En el ámbito de inversiones, se han adoptado distintas medidas. De las más importantes es una que permite incrementar los límites presupuestarios para suscribir una adenda al Convenio para la puesta en marcha y explotación de la Autopista del Mar, entre los puertos franceses de Nantes-Saint-Nazaire-Le Havre y los puertos españoles de Vigo y Algeciras; es la denominada Atlántica. Según dicha adenda, el Gobierno español subvencionará el funcionamiento de esta Autopista del Mar con un importe total de 11,9 millones de euros hasta 2019. Tanto el Estado francés, como el español, recibieron en septiembre de este mismo año la autorización de la Comisión Europea para la aplicación de ayudas estatales por importe de 26,8 millones de euros, incluida la ayuda comunitaria que forma parte del programa Marco Polo por un importe de tres millones.

Este proyecto de la Autopista del Mar Atlántica tiene por objetivo ofrecer una solución por vía marítima complementaria al transporte de mercancías por carretera que se realiza a través de los Pirineos.

También hemos aprobado un Real Decreto para identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras, y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua. Este Real Decreto permite el intercambio de información anual de forma automática y estandarizada sobre todo tipo de cuentas financieras, en aplicación del Acuerdo Multilateral al que se llegó en Berlín el pasado año, así como de las Directivas europeas. Por tanto, es una transposición de Directivas y un cumplimiento de ese Acuerdo Multilateral.

La obtención de esta información por la Agencia Tributaria, en relación con los contribuyentes residentes fiscales en España de los que informe otro país, supondrá un importante paso adelante en la aplicación efectiva del sistema tributario español, ya que permite verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que obtienen rentas financieras en el extranjero.

Las principales novedades de este Real Decreto son: definir las instituciones financieras obligadas a informar a la Agencia Tributaria acerca de las cuentas financieras; regular la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostentan titularidad o control de estas cuentas, y regular la obligación de información respecto a las personas que, ostentando titularidad o control de cuentas, sean residentes en algunos de los países o sus jurisdicciones con los existe obligación de intercambio de información en el ámbito de la asistencia mutua. En cuanto a su entrada en vigor, las instituciones financieras deberán suministrar por primera vez a la Administración tributaria la información relativa al año 2016 y el primer suministro de información tendrá lugar en 2017.

En otro orden de cosas, se ha aprobado un Acuerdo de reconocimiento de los compromisos con la Asociación Internacional de Fomento, el Fondo Africano de Desarrollo, el Fondo Asiático de Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Estos compromisos suponen aportaciones cercanas a los 1.200 millones de euros del período 2015 a 2020 e irán destinadas a promover el desarrollo económico y social en los países más necesitados.

España, como miembro del sistema económico internacional, forma parte de las instituciones financieras multilaterales y está comprometida con su sostenimiento como papel fundamental en nuestra política de cooperación al desarrollo. Con este Acuerdo del Consejo de Ministros, España reconoce su compromiso con el grupo Banco Mundial, con el grupo Fondo Africano de Desarrollo, el Fondo Asiático de Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Además, hemos dado luz verde al Acuerdo de reconocimiento de los compromisos con el Fondo Verde del Clima. Este Acuerdo surge en el marco de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático de 2010, donde se estableció un Fondo Verde para el Clima. España anunció en 2014 una aportación de 120 millones de euros para el período 2015-2020, reconociendo su compromiso con la lucha contra el cambio climático. Este Acuerdo establece el calendario de aportaciones en todo el período y formaliza los compromisos realizados por España de cara a la próxima Cumbre del Clima, que se celebrará en París el próximo mes y donde se establecen los fundamentos en la lucha contra el cambio climático para los próximos años.

También hemos asumido un compromiso de gasto para posibilitar al Fondo Español de Garantía Agraria la licitación del contrato de suministro de alimentos en el marco del Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas, el Programa 2016. El objetivo es adelantar a mayo la primera fase del suministro de alimentos para reducir el espacio temporal con la última fase de entrega de alimentos del programa de 2015, previsto para febrero de 2016. De esta manera, se destinarán 100 millones de euros entre 2016 y 2017, que se suman a los 37 millones ya comprometidos a través del FEGA, Fondo Español de Garantía Agraria, para la licitación del suministro y distribución de alimentos correspondientes al programa 2016 de ayuda alimentaria.

Por último, quería informales de que hemos aprobado un Acuerdo por el que se autoriza --fíjense-- la extinción de la sociedad mercantil estatal RUMASA, S.A. Esto es también dentro de las medidas de la CORA. Como saben, la sociedad mercantil estatal RUMASA se constituyó como una sociedad anónima en el año 1961 y el Gobierno de entonces la expropió, junto con los bancos y sociedades que componían el grupo, mediante un Real Decreto Ley en 1983, pasando el 100 por 100 de su capital a ser propiedad del Estado español.

La decisión de expropiar originó, entre otras consecuencias, jurídicas y económicas, como bien saben, multitud de reclamaciones judiciales. Durante este período, la entidad se ha mantenido en colaboración directa con la Abogacía del Estado para la defensa de los más 1.500 pleitos que los antiguos accionistas habían mantenido con la Administración del Estado. Hay que destacar el éxito respecto de todos los fallos obtenidos, que eran favorables a la Administración. En 2014 se dictó auto del Tribunal Supremo desestimando las pretensiones de los antiguos accionistas de retasación de 182 sociedades, lo que puso fin a un contencioso de más de treinta años.

La novedad es que, una vez enajenadas todas las sociedades que figuraban en la Ley de Expropiación y finalizados los contenciosos, vamos a proceder a la liquidación y extinción de la sociedad; a cerrar el capítulo, por fin.

Importante: está previsto que la Sociedad Estatal COFIVACASA se encargue de la liquidación de RUMASA, que cuenta con una cifra total de activos cercana a los 160 millones de euros, que ingresaremos en el Tesoro y que contabilizaremos también entre las medidas de la CORA.

Sra. Báñez.- Presentamos hoy el Acuerdo del Consejo de Ministros sobre la distribución territorial a todas las Comunidades Autónomas de los recursos para las Políticas Activas de Empleo. Pero antes de hablar, en concreto, de esa situación, quiero recordar con ustedes la situación que hoy vive el mercado de trabajo español.

Gracias al esfuerzo de la sociedad española, España vive hoy un fuerte descenso del paro: 1.427.000 parados menos desde el máximo que ha tenido nuestro país en toda la crisis; y también algo que es importante, un aumento sostenido del empleo: la afiliación a la Seguridad Social crece a un ritmo del 3,2 por 100, cuando el crecimiento económico crece al 3,4 por 100. Es decir, España hoy todo el crecimiento económico lo está traduciendo intensamente en creación de empleo.

Hemos recuperado 1.098.000 empleos de los más de tres millones destruidos por la crisis; insisto, gracias al esfuerzo solidario de toda la sociedad española. Pero somos muy conscientes de que nos queda mucho por hacer. Hoy tenemos registrados en los Servicios Públicos de Empleo 4.176.000 parados, de los cuales 1.822.000 son parados de larga duración, es decir, llevan más de un año como desempleados, y el paro de muy larga duración, de parados de más de dos años registrados como parados, es de 1.182.000. Por tanto, la absoluta prioridad del Presidente y de todo el Gobierno es que esas personas encuentren una oportunidad cuando antes y vuelvan a poder trabajar como merecen.

Para eso pusimos en marcha al inicio de la Legislatura una Estrategia de Políticas de Empleo para favorecer la vuelta rápida de los desempleados al mercado de trabajo. Recordarán, porque lo he podido contar a lo largo de estos años en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que hemos hecho un esfuerzo importante en políticas de activación. Hay hoy en España una Estrategia Nacional de Políticas de Empleo coordinada, acordada por unanimidad en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo con las Comunidades Autónomas, porque saben muy bien que las competencias de empleo son compartidas entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas.

Hemos hecho un esfuerzo fundamental para formar a los trabajadores y a los desempleados para que vuelvan al mercado de trabajo con más oportunidades gracias a esa mejora de la formación, gracias a ese aprendizaje y nuevas habilidades que puedan obtener con esa formación.

Hemos favorecido el que todo aquel que pueda ayudar en la búsqueda de un empleo lo haga en nuestro país, gracias a la colaboración público-privada. Ahí hemos hecho un esfuerzo fundamental en la intermediación.

Y también hemos hecho planes específicos, muchos de ellos acordados con los interlocutores sociales y las Comunidades Autónomas, para favorecer a los colectivos que más difícil lo tenían en su vuelta al mercado de trabajo. Me quiero referir especialmente a la Estrategia Española de Emprendimiento y Empleo para los Jóvenes y a la Garantía Juvenil, que está significando una gran apuesta por la vuelta al mercado de trabajo de los jóvenes. Y también esa estrategia que hicimos, ese Plan Especial de Activación, que se puso en marcha a principios de este año gracias al acuerdo de julio del año pasado, en Moncloa, del Presidente con los interlocutores sociales, que también les está dando oportunidades a esos parados de larga duración con responsabilidades familiares.

Por tanto, todo ese esfuerzo de orientación, de Políticas Activas de Empleo, a la vuelta al mercado de trabajo de los desempleados está siendo una realidad hoy en nuestro país, insisto, con el esfuerzo de las Comunidades Autónomas y también con el compromiso y la colaboración intensa de los interlocutores sociales.

Hemos hecho también un gran esfuerzo en lo que es la nueva gestión de los recursos públicos a través de la CORA y a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y estamos orientando a la activación los recursos públicos, y a la eficacia y a la eficiencia.

Los años 2012 y 2013 fueron años de planificación conjunta de esos Planes Anuales de Empleo con las Comunidades Autónomas y pusimos en marcha también objetivos comunes a la hora de tratar las circunstancias excepcionales de los desempleados en el mercado de trabajo.

En 2013 se decidió por primera vez, no sólo evaluar esas políticas comunes, sino también vincular parte de los recursos que reciben las Comunidades Autónomas a resultados, y lo hicimos, insisto, con objetivos comunes, con reglas claras y con la unanimidad de todas las Comunidades Autónomas. Por eso, en el año 2014 el 40 por 100 de los recursos de Políticas Activas de Empleo se orientaron a resultados; en el año 2015, en el que estamos, el 60 por 100; y en el año 2016 ya está aprobado por Conferencia Sectorial que será el 70 por 100.

Por tanto, vinculación también de los recursos públicos a resultados y eficiencia de las políticas; y, evidentemente, el más importante es la inserción de los parados en el mercado de trabajo.

Durante todo este tiempo hemos hecho un esfuerzo y están subiendo las Políticas Activas y los fondos distribuidos por las Comunidades Autónomas desde 2014, con la recuperación en nuestro país, y hoy, por Acuerdo del Consejo de Ministros, se distribuyen los fondos de Políticas Activas a cada una de las Comunidades Autónomas.

Quiero recordarles que los programas nacionales, los objetivos comunes entre el Estado y las Comunidades Autónomas para hacer estas políticas activas durante el año 2015, son: la orientación de los desempleados; la formación profesional para el empleo; las mejoras de las oportunidades de empleo a través de esa colaboración público-privada; la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y, también, el fomento del emprendimiento como una vía de salida también al mercado de trabajo.

En Conferencia Sectorial se acordó, el pasado 13 de abril de 2015, los criterios de distribución territorial entre todas las Comunidades Autónomas y hoy, por acuerdo del Consejo de Ministros, y tras el acuerdo de distribución y el informe favorable del Ministerio de Hacienda, podemos hacer ese desarrollo territorial de los fondos.

De un total de 1.414 millones de euros para Políticas Activas de Empleo, les recuerdo que el 40 por 100 van en función de un reparto que corresponde a las Comunidades Autónomas, básicamente por la tasa de paro que tienen, el nivel de desempleo que tiene cada una: estamos hablando de 565 millones de euros; y el 60 por 100, como les decía, 849 millones de esa cantidad, es en función del grado de cumplimiento de los objetivos que nos establecimos en Conferencia Sectorial las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España.

Por su parte, de los 1.418 millones de euros, los cuatro millones de euros restantes son para ayudas previas a la jubilación en las Comunidades Autónomas que tienen todavía empresas con problemas de reindustrialización o reconversión de algún sector concreto. Son ayudas que piden y solicitan las Comunidades Autónomas, y el Gobierno de España las distribuye cada año con normalidad.

Quiero decir también que, como ha dicho antes la Vicepresidenta muy bien, además de estos 1.418 millones de euros para distribuir en función de Políticas Activas de Empleo, desde enero de 2015 está en marcha el Programa Especial de Activación para desempleados de larga duración con responsabilidades familiares. Ese Programa que está en marcha ya ha tenido una primera distribución: son 129 millones de euros anuales. La primera distribución se hizo para ponerlo en marcha, sobre todo, para la atención personalizada y los orientadores laborales. 52 millones de euros distribuimos al inicio de este año y quedan 77 millones por distribuir, que se hará también en función de los resultados de inserción que haya tenido a lo largo de estos meses dicho Programa.

Por tanto, el total de políticas para el empleo que el Gobierno va a distribuir entre las Comunidades Autónomas este año, entre unos y otros conceptos, son 1.547 millones de euros, lo que supone un 25 por 100 más respecto a lo repartido el año anterior. Esto lo hacemos para favorecer, como decía, esa vuelta rápida de los desempleados al mercado de trabajo, que es el gran objetivo de la sociedad española y también del Gobierno de Mariano Rajoy.

P.- Vicepresidenta, le quería preguntar por dos temas. En primer lugar, por la situación que se está viviendo en Madrid con estas medidas excepcionales por la alta polución. Hoy la alcaldesa de Madrid ha pedido disculpas por la cierta confusión que ha habido por las medidas excepcionales. Desde la Comunidad de Madrid se ha sido muy crítico con la gestión del Ayuntamiento y se ha dicho que incluso no se deberían haber tomado esas medidas. Y, también, desde el Ministerio de Fomento se ha dicho que les gustaría no enterarse por la prensa de las medidas. ¿El Gobierno tiene conciencia de que se le ha consultado? ¿Cree que ha habido descoordinación? ¿Se sienten informados sobre este asunto?

Después, me gustaría preguntarle también por el barómetro catalán que se ha publicado hoy, el CEO. Aunque sé que no acostumbra a valorar esas encuestas pero arroja cifras importantes como que el 47 por 100 estaría en contra de la creación de un Estado independiente, pero un 46 a favor, y un ascenso de la CUP. Me gustaría saber si el Gobierno piensa o está dispuesto a buscar una solución política, más allá de las elecciones, además de su ofensiva jurídica, para evitar estar fractura que parece que va a más, según las encuestas.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus cuestiones, efectivamente, como usted decía, la propia Alcaldesa ha reconocido la precipitación y la falta de tiempo con el que se han adoptado esas medidas. Yo creo que los ciudadanos, y especialmente los ciudadanos de Madrid, estamos muy concienciados de la situación de contaminación que vivimos y yo creo que la ciudadanía es una ciudadanía muy colaboradora y, como digo, muy concienciada. Pero es importante que los poderes públicos, especialmente el Ayuntamiento, antes de adoptar medidas de esta naturaleza informen muy bien a todos los que estamos dispuestos a colaborar por llegar a una solución.

En el Gobierno de la Nación no encontrará más que colaboración para tratar de solventar una situación como la que vivimos en Madrid y me imagino que, como nosotros, todas las Comunidades Autónomas. Espero que el Ayuntamiento de Madrid sea consciente de que estas cosas… Lo que es más importante siempre es la previsión. Hay que ser previsores porque, cuando uno es previsor, puede informar antes a los ciudadanos y puede recabar la opinión de todas las Administraciones implicadas; fíjese, no sólo de las que puedan estar en ese protocolo, sino de todas las que se puedan ver afectadas porque, si uno toma una decisión en materia de tráfico, no sólo hay que informar a Tráfico, sino que hay que informar, por ejemplo, a todas las compañías de transporte de distintos ámbitos, públicas y privadas, para que puedan reaccionar a esa decisión.

Es decir, esto va mucho más allá del cumplimiento de los protocolos. Son medidas que afectan a la vida diaria de los ciudadanos, que yo creo que son muy colaboradores, pero hay que perjudicarles lo menos posible. ¿Cómo no se les perjudica? Con previsión y con información, siendo capaz de anticiparse y siendo capaz de transmitir a todos los que tienen que colaborar en que esa gestión de tráfico sea más fluida. Para ello hablo de las empresas de transporte público, pero también de las empresas del transporte privado, del mundo del taxi, etc., etc.

Yo creo que estas cosas hay que planificarlas con tiempo y creo que ha faltado en este punto. Y nosotros lo que pedimos es que exista esa planificación. Somos colaboradores y somos un Gobierno concienciado con esos problemas de contaminación; pero todos lo organizaremos mejor si a todos se nos rinde cuenta con antelación. Y, ya digo, no sólo a los que puedan estar puntualmente en un determinado protocolo; esto afecta a muchos más, afecta a la sociedad en su conjunto.

Sobre el barómetro catalán, usted sabe que yo aquí no comento encuestas, pero sí resultados y hace unos días hubo unas elecciones en Cataluña, el 27 de septiembre, donde los partidos independentistas no superaron el 47 por 100 de los votos y los no independentistas, el resto. No eran unas elecciones plebiscitarias, porque no podían serlo, ni legal ni jurídicamente; pero, políticamente, quienes se presentaron a una candidatura conjunta o compartida dijeron que lo era, y ese resultado ahí está. Pese a ese resultado, y cada vez lo tenemos todos más claro, para lograr una investidura quien era hasta ese momento presidente de la Generalitat y decidió convocar las elecciones, ha decidido aprobar, con los votos limitados de ese 47 por 100, una declaración de independencia que ha sido suspendida por el conjunto de las instituciones del Estado en un plazo de cuarenta y ocho horas.

Eso es la realidad. Podrán hacer todas las encuestas que quieran; pero la realidad es que lo que han aprobado, y que ya está suspendido, no está respaldado por más del 47 por 100 de los votos; eso contando con que todos los que apoyaron a la candidatura del Junts pel Sí estuvieran de acuerdo en una declaración de independencia con un anexo para contentar a la CUP, porque, si ya nos ponemos ahí, probablemente bajaría mucho incluso el porcentaje. Eso no son encuestas; eso son hechos reales, eso es la realidad de una votación.

Pero yo, sobre todo, lo que hago es una llamada a la reflexión. Esta división de la sociedad en Cataluña la ha generado quien ha propiciado una declaración de independencia; quien ha propiciado, a lo largo de todo este tiempo que ha gobernado, un programa independentista. Quien ha dividido a la sociedad catalana, quien no respeta los derechos de los catalanes representados a través de sus diputados, son estos partidos, porque les recuerdo que hay diputados en Cataluña que han tenido que ir al Tribunal Constitucional porque no se respeta sus derechos y sus libertades públicas.

Yo hago esa llamada a la reflexión, porque este Gobierno ha trabajado a lo largo de toda la Legislatura por la viabilidad económica y social en Cataluña. Hemos trabajado para que este programa nacionalista y luego independentista no perjudicara los derechos y los servicios públicos de los catalanes. Quien ha tomado esta deriva, que le está colocando, además, en una situación complicadísima desde todos los puntos de vista (político, económico y social), tiene que reflexionar, porque no lo avala ni la Constitución ni las leyes, pero tampoco una gran mayoría de catalanes que no tienen por qué ser preteridos ni ignorados por su propio Parlamento y por quien es presidente en funciones.

Cataluña es una Comunidad Autónoma que funciona bien; el que no funciona es el presidente en funciones y los que le acompañan.

P.- En la misma línea que esta pregunta, pero abundando en la calificación que usted hace de las actuaciones, de los últimos movimientos, de los últimos comportamientos, del que es, aunque sea en funciones, un representante actual del Estado en Cataluña, y me estoy refiriendo a estas ofertas que ha realizado en el Parlament.

Luego, sobre el tema del CEO, usted misma estaba diciendo que no hay resultados pero, con respecto a los resultados, Vicepresidenta, la situación sería de empate técnico entre independentistas y no independentistas, pero creciendo por parte de los independentistas bastante con respecto al anterior sondeo en prácticamente en todos los parámetros, y bajando mucho PP y PSOE en esa posibilidad de elecciones.

Vicepresidenta.- La primera de sus preguntas no la he entendido muy bien.

P.- Sobre el presidente en funciones Mas y los últimos movimientos que ha hecho para poder ser investido.

Vicepresidenta.- Yo creo que por un cargo no merece vender una Comunidad Autónoma.

Sobre la segunda de las preguntas, como yo digo, aquí no valoramos encuestas, porque, además, pasa una cosa: si es que acaba de haber una encuesta que es la que funciona, que es la real. El resto de encuestas, mire, son lo que son. Pero es que acaba de haber hace un mes unas elecciones.

Y el que usted llama representante del Estado, porque lo es --lástima que no se acuerde de esto frecuentemente, que es representante del Estado y que es presidente de la Generalitat porque existe una Constitución--, ha ido menguando en sus apoyos en las urnas, que es lo que de verdad es real. ¿El resto? Ya sabe usted las encuestas en este país. Llevamos, además, unos meses en que la volatilidad no puede ser mayor pero, como tenemos unas elecciones tan recientes, da la casualidad de que quien se ha presentado y quiere ser investido presidente de la Generalitat ha ido menguando. Es un presidente menguante en apoyos. De hecho, está haciendo muchas cosas de las que está haciendo para cosecharse apoyos de los que esas encuestas dicen que son los únicos que empiezan a despegar de verdad como consecuencia de todo este problema político que está generando.

Yo creo que no se puede someter a un pueblo como el de Cataluña a esa división, a esa fractura, a esa radicalización política, por parte de sus representantes, porque perjudica, y lo estamos viendo, a todos: a los emprendedores, a los trabajadores, a la gente que quiere recibir buenos servicios públicos en Cataluña… El único que puede sacar algo, pero dejándose, como se dice en mi tierra, muchos pelos en la gatera, es quien quiere ser investido a toda costa. Y hay cosas… Al final, uno tiene que ser consecuente de lo que de él han interpretado los que le han votado, porque yo estoy convencida de que muchos votantes de esa candidatura en Cataluña ya no secundan las derivas radicales y antisistema por la que se está conduciendo quien quiere ser investido presidente de la Generalitat.

P.- Vicepresidenta, dos cuestiones. Primera, en el informe que ha hecho el ministro de Economía, ¿aparte del crecimiento se valoraba también el cumplimiento del déficit y si se mantiene el cumplimiento del objetivo de déficit?

Segunda, ¿el Gobierno ha estudiado o valorado la denuncia que ha hecho la AIReF contra el ministro de Hacienda o el Ministerio de Hacienda? ¿Va a hacer algo al respecto?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones, nosotros nos mantenemos, tal y como han dicho el presidente del Gobierno, el ministro de Economía y el ministro de Hacienda, sobre nuestro cumplimiento de déficit. Pero, además, como usted entenderá muy bien, estas cifras favorecen a ello, porque la ventaja es que nosotros ahora cumplimos el déficit, no por las medidas de ajuste que hubo que adoptar al principio de la Legislatura, sino por las medidas de crecimiento. Crecemos más, se recauda más, crecen los ingresos y, en consecuencia, la facilidad para cumplir el déficit público se produce de esa manera y no por la vía del gasto. Es decir, estamos en un cumplimiento de los objetivos de déficit a cuenta del mayor crecimiento, a cuenta de la mayor creación de empleo y, por tanto, de la mayor recaudación.

Sobre la denuncia, permítame, por ser un poco rigurosa; quizá, esto también sea deformación profesional… Cuando un ministerio aprueba una Orden Ministerial, antes de aprobar esa Orden Ministerial les pide alegaciones a los afectados; en este caso, Administraciones Públicas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Cada uno hace en ese periodo de información pública o de información a Administraciones las alegaciones que estime oportunas. Se recogen, se incluyen las que se estiman o no oportunas, se remite al Consejo de Estado, el Consejo de Estado da su informe y se aprueba. En este caso, según mis informaciones, se aprueba de acuerdo con el Consejo de Estado; esto quiere decir que asumiendo todas las informaciones del Consejo de Estado.

A partir de ahí, si alguien tiene alguna dificultad con esa Orden Ministerial, que yo espero que no, porque ése es el procedimiento legal y se ha respetado, puede no denunciar, porque yo creo que los términos son importantes; en su caso, plantear los recursos pertinentes en vía administrativa o contencioso-administrativa. Esto no son denuncias; son recursos, en su caso, que creo que no están interpuestos.

Pero, ya digo, desde el punto de vista formal se ha seguido todo el procedimiento; desde el punto de vista material, en la regulación, que es lo que se ha procurado, igual que se hace en otros ámbitos, que no existan dobles, triples o cuádruples peticiones de información, y que el canal de información sea único. Yo, sobre todo, me pongo en la piel de las Administraciones más pequeñas o que tienen mayores dificultades de gestión, para que esa información que tienen que aportar vaya por un canal, que es el Ministerio de Hacienda, como ha sido siempre.

Yo me imagino que, explicándolo bien, todo el mundo podrá ver que ahí lo único que se busca es esa eficacia. Porque, mire, con todas las obligaciones de transparencia que hemos puesto en esta Legislatura, que han sido muchas, yo entiendo que determinadas Administraciones --ya digo, cuanto más pequeñas, cuanto menos personal, más dificultades-- al final tienen que gestionar. La otra parte de la transparencia también es gestión, pero no podemos estar reclamando todos por cualquier cauce la misma información. Lo que se ha tratado de buscar es ser operativo y ser eficaz.

Yo espero que con esta explicación y las que desde el Ministerio le puedan aportar a la Autoridad Independiente, a la que respetamos, y máxime en su independencia, como se ha demostrado en informes que ha emitido, a veces coincidiendo con un ministerio, a veces no coincidiendo con él en absoluto, podamos solventarlo.

P.- Yo quería volver al tema catalán. Aunque ayer Artur Mas no fue investido, las negociaciones continúan y podría darse el caso de que haya una investidura antes de las elecciones, de Artur Mas o de cualquier otro. Me gustaría saber si el Gobierno teme que llegue esta circunstancia, más que nada porque el nuevo presidente, sea Mas o sea quien sea, ponga en marcha esa resolución. En ese caso, ¿qué haría el Gobierno?

Vicepresidenta.- Como bien dijo el presidente del Gobierno el miércoles pasado en esta misma sala, nosotros esperamos que el recurso que hemos planteado, la suspensión que ha acordado el Tribunal y, en su caso, la sentencia que dicte sean el último punto de esta historia. Yo a lo que llamo a todo el mundo es a respetar las leyes y las resoluciones de los Tribunales, porque es tanto como respetar la democracia.

P.- Me gustaría que me confirmara, si es posible, que el lunes llega a España un grupo de refugiados y que nos proporcione la información al respecto: cuántos son, a dónde van a ir, etcétera.

Sra. Báñez- Sobre el tema de los refugiados, conocen muy bien, por la información que se les facilitó esta semana, que han llegado a España los primeros doce refugiados del primer programa piloto que estaba previsto. Son reubicados desde Italia y el Gobierno español lo que ha hecho es cumplir con los compromisos europeos. Conocen muy bien el sistema: es el Gobierno italiano el que los identifica y el que nos facilita toda la información para que, a través de los perfiles de las personas que van a ser reubicadas en nuestro país podamos trabajar para hacer la primera acogida y la posterior integración de esas personas.

Les puedo decir que el traslado que se hizo de esas doce personas que han llegado a España se ha hecho con normalidad, están en las diferentes Comunidades Autónomas en los centros de acogida propios del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en nuestros CARs y también en los centros que tienen las ONGs a disposición de la sociedad española, que colaboran estrechamente con el Ministerio.

Están bien, están siendo acogidas, dándoseles las primeras facilidades de integración en nuestro país desde el primer momento, desde atención psicológica, a jurídica, aprendizaje del idioma y también atención sanitaria en algunos casos. Saben que son personas que han llegado huyendo de la guerra, algunas traen algunas heridas de guerra y, con todo, todo se encuentran bien.

En cuanto el Gobierno italiano nos vaya diciendo que tienen a disposición más personas de ese primer programa piloto de cincuenta personas, el Gobierno de España actuará con la misma normalidad con que actuamos esta semana con la llegada de esos primeros doce refugiados de todos los previstos.

Estamos haciendo una experiencia piloto. También les recuerdo que es el quinto país de la Unión Europea que lo ha hecho. Y lo hacemos con normalidad, con total colaboración, tanto con las autoridades europeas, como con el Gobierno de origen, en este caso, de la reubicación, que es Italia.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.