Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Justicia y de Economía, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los asuntos que hemos adoptado hoy en el Consejo de Ministros.

Por un lado, me acompaña el ministro de Economía y Competitividad, porque se han aprobado tres normas relativas al sector financiero y de valores, que posteriormente explicará. La más importante de ellas, un Real Decreto Ley de medidas en materia financiera donde se regula la retirada o, mejor dicho, las comisiones por la retirada en efectivo de los cajeros automáticos.

Como bien conocen, en las últimas semanas se generó una gran preocupación en los ciudadanos sobre la posibilidad de que las entidades financieras cobraran una nueva comisión, una doble comisión, por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos. El Gobierno, atento a esta preocupación, ha aprobado un Real Decreto Ley, que se publicará mañana y que entrará en vigor mañana, por el que no será posible aplicar esa doble comisión. Sólo podrá cobrar comisión el banco emisor de la tarjeta, pero nunca el banco dueño del cajero de donde se retire el efectivo. Por otro lado, el banco emisor de la tarjeta no podrá cobrar a su cliente más de lo que el banco titular del cajero le cobre a él por esa operación.

Por tanto, se da seguridad y se protege al consumidor en un tema que, como digo, estaba generando importante preocupación en la opinión pública; que entrará en vigor mañana y que hasta el 1 de enero de este año impedirá el cobro de cualquier tipo de comisión, hasta tanto en cuanto no se llegue a acuerdos en los bancos sobre la retribución entre esas operaciones.

En segundo lugar, se ha aprobado un Real Decreto que desarrolla la Ley de Cajas en materia de fundaciones bancarias, para determinar cuándo se tiene el control sobre la misma y, por tanto, cuando hay que constituir los fondos de reserva necesarios. También se profundiza en la reforma de las Cajas de Ahorro, lo que tiene como objetivo mejorar la solvencia de las mismas y atender especialmente al cliente minorista y a las pequeñas y medianas empresas, que han sido siempre su objetivo fundamental.

Por último, otro Real Decreto, más técnico, de compensación, liquidación y registro de valores negociables, que es una reforma, no obstante, de transcendencia en el sistema de post contratación y que nos adapta a los estándares europeos.

Por otro lado, me acompaña el ministro de Justicia porque hemos aprobado un Real Decreto por el que se concede la nacionalidad española, por carta de naturaleza, a determinados sefardíes originarios de España. Con esta medida, que explicará el Ministro, serán 4.302 sefardíes originarios de España los que obtienen la nacionalidad española.

En un tercer grupo de medidas, hoy se adoptan tres medidas importantes en el régimen de reforma de las Administraciones Públicas. Además, quiero recordarles que hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado las dos normas clave de esta reforma: la de Régimen Jurídico de las Administraciones y la del Procedimiento Administrativo, que tienen como objeto fundamental impulsar la Administración electrónica e ir sustituyendo el papel en la tramitación administrativa.

Pues bien, en esa misma línea hoy se aprueban tres elementos importantes: en primer lugar, y desde el punto de vista del Ministerio de Justicia, una encomienda de gestión para la gestión de registros, de apoyo administrativo a la actividad judicial, plataformas judiciales, sistemas de información del Ministerio Fiscal y otras actuaciones relacionadas con la modernización tecnológica de la Justicia. Está dotado con 15,5 millones de euros y tiene por objeto impulsar medidas de nuevas tecnologías en la Justicia para agilizar trámites y mejorar las gestiones ante los ciudadanos. Se trata, por tanto, de la construcción de un soporte técnico continuo que permita una evolución funcional del sistema integral de registros judiciales, la mejora de la arquitectura técnica global de plataformas judiciales, como el expediente judicial electrónico en la Audiencia Nacional, o la integración de servicios judiciales en un punto único de acceso para todos los operadores.

Esto en lo que se refiere a la Administración de Justicia, que es una parte clave dentro del desarrollo de la Administración electrónica; pero, con carácter general, se aprueba el Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, lo que se conoce como Estrategia TIC. Este Plan, que está propuesto por la Comisión de Estrategia TIC, supone una plena transformación digital de la Administración pública, así como la potenciación de la tramitación de los procesos internos en formato electrónico, lo que generará eficiencia, ahorro y transparencia. Responde a las nuevas demandas de la sociedad, proporcionando información y servicios digitales en cualquier momento y lugar por diferentes canales, generando nuevas formas de relación con los ciudadanos.

La Estrategia TIC plantea una transformación digital de cara a antes del 2020, de 2020, e incorpora las recomendaciones de la OCDE y la Estrategia de la Comisión Europea para el mercado único digital. Será un instrumento clave para poner en marcha las dos leyes a las que me acabo de referir: Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo.

Entre sus objetivos está configurar los planes de los Ministerios para emprender la transformación digital en su ámbito de competencia, para llegar a un nuevo modelo de prestación de servicios mucho más racional, articulado en torno a la idea de servicios compartidos, y de carácter obligatorio, que sustituya a los actuales, salvo excepciones muy concretas.

Con todo el desarrollo de Administración electrónica que hemos llevado a cabo hasta la fecha, quiero señalarles que hemos escalado once puestos según el informe UPAN de Naciones Unidas. O sea, en este tiempo, con toda la estrategia, hemos mejorado once puestos en ese ranking y ahora ocupamos el puesto duodécimo en el ranking mundial. Con esta nueva estrategia y estas nuevas leyes, esperamos seguir mejorando en la forma en que lo hemos hecho en los últimos tiempos.

Por tanto, con esta Estrategia se apuesta por una Administración netamente digital, sin barreras, interconectada y buscando la comodidad de los ciudadanos.

También dentro de las medidas CORA, también en Administración electrónica, se ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del conocido como DUE, que es el Documento Único Electrónico, para el cese de actividad y extinción de sociedades de responsabilidad limitada, y el cese de actividad de empresas individuales. Este Real Decreto desarrolla la Ley de Emprendedores y su internacionalización, y regula el contenido que debe tener este Documento Único Electrónico para que, mediante el mismo, se puedan llevar a cabo, de manera integrada y por vía electrónica, los trámites necesarios para el cese de actividad de empresas individuales, fundamentalmente autónomos, y para el cese y extinción de sociedades de responsabilidad limitada. Se podrá realizar la cumplimentación y envío del DUE, tanto a través del punto de atención al emprendedor del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como del resto de puntos que presten ese servicio.

Se da paso, por tanto, también al cumplimiento de una de las medidas CORA más importantes, de simplificación de procedimientos y reducción de cargas administrativa, que afecta a la pequeña y mediana empresa, y se estima que al año las empresas puedan ahorrar en cargas administrativas noventa millones de euros mediante la utilización de este documento.

Entre otras cuestiones, ya muy brevemente, y las tendrán detalladas en la Referencia del Consejo de Ministros, quiero hacer referencia a una inversión importante: la que permite la celebración del contrato de ejecución de las obras del proyecto constructivo de urbanización asociada a la cabecera de la Estación de Sants, en Barcelona, y sus salidas de emergencia en el entorno urbano. Son más de 32 millones de euros, que se dedicarán a la construcción de tres nuevas salidas de emergencia en el túnel de Alta Velocidad que une Madrid-Barcelona y la frontera francesa. Incluyen la reurbanización de la cabecera norte de la Estación de Barcelona-Sants, en el sector comprendido entre las avenidas de Roma, Josep Tarradellas y la calle Provença, y la integración de cuatro salidas de emergencia existentes en el entorno, a fin de que sea mucho más seguro y confrontable para el usuario.

Por último, hoy se autoriza la firma del Protocolo Adicional al Convenio contra el dopaje, que tiene por objeto asegurar el reconocimiento mutuo de los controles antidopaje y reforzar la aplicación del convenio contra el dopaje del Consejo de Europa de 1989, que es el primer instrumento de Derecho Internacional Público referido al dopaje. Este Protocolo reconoce la competencia de la Agencia Mundial Antidopaje para la realización de controles fuera de competición y permite el reconocimiento por los Estados parte de los controles antidopaje que se realizan a los deportistas de los Estados integrantes del convenio, evitando, por tanto, la firma de acuerdos bilaterales y mejorando la eficacia de estos controles. Además, un equipo de evaluación, designado por el grupo de seguimiento creado en conformidad con el propio Convenio, supervisará su aplicación en relación a cada una de las partes. Este equipo examinará los informes nacionales previamente presentados por las partes y podrá realizar, en caso de ser necesario, visitas sobre el terreno.

Como saben, el Protocolo Adicional al Convenio entró en vigor el 1 de abril de 2004 y, hasta el momento, ha sido ratificado por 26 países.

Sr. De Guindos.- Me voy a referir en primer lugar al Real Decreto Ley de retirada de efectivo de cajeros. Lo que hace este Real Decreto Ley es modificar una ley, la Ley de Servicios de Pago. Era necesaria una modificación de rango legal porque, por la capacidad que teníamos a través de una modificación vía Orden Ministerial, no era suficiente para hacer frente a la problemática a la cual nos enfrentábamos.

Como saben ustedes, en los últimos meses se había presentado, como consecuencia de decisiones de política comercial de los bancos dueños de los cajeros, una problemática derivada, fundamentalmente, del cobro de una doble comisión: por parte del banco emisor, es decir, del banco del cliente, y, por otra parte, del banco del cajero. Ello había generado, como saben ustedes, inquietud y había puesto de manifiesto que en el régimen que teníamos en vigor había incertidumbre legal sobre quién podía cobrar y quién no podía cobrar. Por eso hemos hecho esta modificación.

Simplemente, unos datos, datos que creo que son relevantes de este tipo de operaciones: en España existen más de 50.000 cajeros; de media, cada uno de los cajeros hace al año unas 18.000 operaciones, y eso lo que supone es que en España de retirada de efectivo al año tenemos más de novecientos millones de operaciones. Es un número muy importante de retiradas, es un número muy importante de operaciones y, por lo tanto, hemos considerado que, en función de las circunstancias que se habían producido, era necesario actuar con carácter de urgencia para solucionar este problema.

El Real Decreto Ley que hemos aprobado, y que se publica mañana, lo que hace es establecer un nuevo modelo con cuatro principios básicos:

- El primero es que las entidades propietarias de los cajeros no pueden cobrar ni cantidad ni comisión alguna a los clientes de otras entidades cuando retiren efectivo de sus cajeros; ése es el primer principio.

- En segundo lugar, las entidades propietarias de cajeros sí pueden exigir esta comisión a la entidad emisora de la tarjeta del usuario del cajero, que es el segundo principio; es decir, no al que retira el dinero, sino al banco de la persona que retira el dinero.

- En tercer lugar, la entidad emisora de la tarjeta puede repercutir o no esta comisión a su cliente; pero en ningún caso podrá cobrar por encima de lo que ella haya pagado.

- Y, en cuarto lugar, se establecen una serie de mecanismos para asegurar que el modelo garantiza la necesaria transparencia y en el cual se preserva la competencia. Así, las entidades propietarias de los cajeros deben informar a los usuarios de la comisión que van a cobrar a su banco y que ésta es la máxima que el banco les puede repercutir.

Las comisiones acordadas entre entidades se someten al principio de no discriminación y a la vigilancia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ello supone que, en primer lugar, cuando las entidades no lleguen a un acuerdo en la fijación de la comisión, la comisión que determine la propietaria del cajero tendrá que ser la misma en todo el territorio nacional y no pueden establecerse discriminaciones. Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá que informar anualmente al Ministerio de Economía sobre estos acuerdos y decisiones, y el primer informe se tiene que hacer a mediados del año próximo, fundamentalmente de si los acuerdos a que se han llegado establecen algún tipo de barreras, algún tipo de merma. a la situación competitiva que se está buscando.

Por otro lado, también el Real Decreto Ley incluye disposiciones para asegurar una correcta aplicación de este nuevo modelo. Tenemos hasta el 1 de enero del año próximo, porque hay que hacer cambios desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento de las emisoras de la tarjeta, de los bancos de los cajeros e, incluso, de las diferentes entidades, las diferentes tarjetas de crédito y de débito que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, antes del 1 de enero de 2016 tienen que estar ajustadas.

En definitiva, el esquema establecido sería el siguiente: un cliente acude al cajero de una entidad que no es la emisora de su tarjeta; dicho cajero le informa, antes de que retire el efectivo, de que la entidad propietaria del cajero va a cargar a su banco un determinado importe y que este banco se lo puede repercutir total o parcialmente; si se lo repercute o no su entidad, es decir, el banco del que retira el efectivo, dependerá de lo que el cliente haya pactado, lógicamente, con el banco.

En conclusión, con el nuevo modelo se evita que al ciudadano se le pueda cobrar una doble comisión --ya no es posible la doble comisión que estaba ocurriendo hasta prácticamente ahora--; en segundo lugar, se minimizará, y estamos convencidos de que se va a minimizar, el coste para el usuario y que las comisiones van a ser más reducidas que las que tenemos actualmente; finalmente, se preservará el principio de seguridad jurídica y que estos servicios sean prestados en condiciones de libre competencia, transparencia y confianza entre las partes.

En segundo lugar, me voy a referir al Real Decreto de desarrollo de la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, que cubre tres aspectos: un primer aspecto referido a las instituciones de inversión colectiva. Aquí lo que se hace, fundamentalmente, es clarificar la cuenta corrientes de los fondos de inversión. La legislación actual obligaba a tener, al menos, un 3 por 100 como cuenta corriente en activos muy líquidos y eso lo reducimos al 1 por 100, al igual que ocurre en otros países de nuestro entorno. Y simultáneamente se clarifica lo que es la relación de las cuentas corrientes, del depositario, de la gestora y de la institución de inmersión colectiva, siempre en defensa de los partícipes.

Asimismo, tenemos también una modificación, que ya venía prevista en la Ley de Auditoria, para reducir las Entidades de Interés Público, lo que se llaman las EIP. Estas entidades son, fundamentalmente, aquellas en las cuales se exige unas normas más estrictas desde el punto de vista de lo que es el auditor. En España la normativa vigente establecía que había, aproximadamente, unas siete mil Entidades de Interés Público. Era un número muy superior a lo que existía en los países de nuestro entorno y lo hemos reducido, aproximadamente, a 1.800.

Finalmente, también la última norma que quedaba prácticamente del MOU, del Programa de Asistencia Financiera a España, era el Real Decreto de las Fundaciones Bancarias y la constitución del fondo de reserva. Como saben ustedes, en la Ley de Cajas de Ahorros se obligaba a que aquellas fundaciones bancarias que tenían más de un 50 por 100, que tenían control sobre los bancos, en los cuales se habían transformado, o sea, eran, por decirlo de alguna forma, la transformación de las antiguas Cajas de Ahorros, tenían que constituir un fondo de reserva. Aquí lo que hacemos es establecer todas las características, el período de constitución y los tipos de activos que son computables, y, de algún modo, se establece ya en detalle lo que es dicha constitución del Fondo de Reserva.

Con eso se da cumplimiento, como decía anteriormente, al último requisito, al último acuerdo, que formaba parte del Memorándum de Entendimiento que habíamos firmado con la troika.

Por último, también hemos aprobado hoy un Real Decreto de liquidación y compensación. Es un Real Decreto muy técnico y lo fundamental que aquí yo les querría destacar es que, en el caso de la liquidación de acciones, de la compraventa de acciones en las Bolsas, se pasará del famoso D+3, es decir, que se liquida, se paga, con tres días de retraso, al D+2; es decir, con dos días de retraso. Eso se hará a partir del mes de febrero, de finales de febrero, del año próximo.

Sr. Catalá .- Como les informábamos, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que es una pieza más de desarrollo de la Ley de concesión de nacionalidad a los sefardíes, que se aprobó, como recordarán seguramente, en el pasado mes de junio. El Parlamento, con una mayoría muy amplia, aprobó un procedimiento para el otorgamiento de la nacionalidad a las personas de origen sefardí, aquellos con orígenes remotos históricos --en el siglo XV fueron expulsados de España--, y, en un ejercicio de reparación histórica, de reencuentro con la comunidad sefardí, se creaba un procedimiento especial para todas las personas que tienen este origen personal y social, y que se podía acreditar a través de diferentes maneras.

Hasta ese momento --ayer, como digo, se empieza a aplicar la nueva Ley de nacionalidad a sefardíes-- había una serie de expedientes tramitados en el Ministerio de Justicia, más de cuatro mil expedientes, que estaban en distintas fases de su tramitación. Parecía razonable no someterles de nuevo al sistema de inicio del procedimiento, sino agilizar la resolución, y eso es lo que nos ha permitido presentar la Consejo de Ministros, como digo, un total de 4.302 expedientes de concesión de nacionalidad por carta de naturaleza. Siguiendo los trámites que están previstos en el Código Civil, la nacionalidad se adquiere, o bien por carta de naturaleza, o bien por residencia. Ésta es una concesión por carta de naturaleza y, por tanto, circunstancias extraordinarias, vínculos históricos con España; y acreditación, sin duda, también de antecedentes penales, de no tener ningún problema en ese sentido.

Eso ha permitido, como digo, de una sola vez y mediante este Real Decreto que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, poder otorgar la nacionalidad a 4.302 personas de origen sefardí que podrían ir por la Ley 12/2015 pero, para lógicamente facilitarles los trámites, y ya que llevaban un tiempo en tramitación, se hace por esta manera.

En segundo lugar, también quiero hacer una breve referencia --lo comentaba la Vicepresidenta-- a la aprobación por parte del Gobierno de esa Estrategia de nuevas tecnologías en la Administración y, en particular, en la Administración de Justicia. Es uno de los ejes de nuestro trabajo durante esta Legislatura. Ayer mismo se aprobaba en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que mandata para que el próximo día 1 de enero del año que viene, 2016, todas las comunicaciones entre los profesionales --los abogados y los procuradores-- y los juzgados y tribunales sean exclusivamente telemáticas. Ya no habrá más papel en el registro de entrada de los Juzgados, sino que todo será a través de técnicas telemáticas.

En este contrato se autoriza al Ministerio para que en un período de dos años se lleven a cabo todas las innovaciones tecnológicas que nos permitan, lógicamente, atender las inquietudes que tienen hoy los profesionales, tanto de la Justicia, como los profesionales de la abogacía o la procura; que contemos con herramientas tecnológicas suficientes para poder llevar a cabo el compromiso que la Ley establece.

También en este contexto, el próximo día 15 entra ya en funcionamiento otra de las novedades tecnológicas importantes en la Justicia, que es que los nacimientos o las defunciones se puedan inscribir en el Registro Civil directamente desde los centros sanitarios, desde los hospitales,. Con ello suprimimos mucho trámite burocrático, mucho papeleo y mucho desplazamiento de los padres, de los familiares, a hacer esas inscripciones históricas en el Registro Civil. Mediante una Administración electrónica propia del año 2015 y propia de una Administración modernizada, vamos, a partir del próximo día 15, como digo, a empezar ya con este procedimiento y este contrato, que es autorizado por el Consejo de Ministros, a lo que nos ayuda es a tener todo el soporte de consultoría, de equipamientos y de procedimientos que nos ayuden a ir progresivamente implantando la Administración electrónica en la Administración de Justicia.

P.- Tengo una pregunta para el ministro Luis de Guindos. Está claro que el Gobierno prohíbe la doble comisión a la hora de que un cliente retire dinero en el cajero automático pero, si el dueño de ese cajero cobra a nuestro banco y nuestro banco nos lo termina cobrando a nosotros, ¿no estamos en las mismas en la práctica?

Sr. De Guindos.- La cuestión es que es muy diferente la relación que existía anteriormente entre el banco del cliente y el cliente, y que era el que cobraba; es decir, el banco del cliente cobraba al cliente por la operación de retirada de efectivo. Ahora lo importante es que el banco dueño del cajero cobra al banco del cliente y ahí, lógicamente, entra todo lo que es la relación comercial entre el banco del cliente y el propio cliente; ahí estoy convencido de que habrá bancos que dirán que no van a cobrar a sus clientes y ahí entra la competencia.

Estamos absolutamente convencidos de que este sistema, aparte de ser más eficiente y más justo, porque hay una cuestión que está clara: es decir, quien tiene que cobrar aquí es el banco del cajero. Los cincuenta mil cajeros que hay en España, su mantenimiento, su constitución, su creación y su puesta en marcha, no ha sido gratis y, por tanto, es el que tiene que cobrar. Estamos convencidos de que esto va a llevar a una reducción de las comisiones que se están cobrando en este país en este momento y, además, yo creo que lo vamos a ver muy rápidamente.

P.- Siguiendo un poco con el tema de los cajeros, quería preguntar también al ministro de Economía. Ha dado las cifras de operaciones, pero me gustaría saber cuánto mueve este negocio más o menos al año. ¿Cuánto es la comisión máxima que el banco emisor va a poder cobrar? Luego, operativamente, ¿el cajero siempre tendrá que decir al cliente, cuando vaya a sacar, el precio?

Sr. De Guindos.- Sí, empezando por la última. Siempre tendrá que decirle cuánto el banco del cajero va a cobrar al banco del cliente --ésa es la primera cuestión-- y que eso es lo máximo que se puede cobrar por parte del banco del cliente al cliente. Eso es lo que le va a decir antes de terminar la operación.

¿El importe? El importe no lo sé. Yo les he comentado el número de operaciones que se hacen en España: cincuenta mil cajeros, dieciocho mil de media y, si no me he equivocado al multiplicar, me parece que son más de novecientos millones de operaciones al año. La retirada de efectivo en cajero es seguramente la operación, por decirlo de una forma manual, no digitalizada, más importante que se está haciendo en estos momentos entre los clientes de la banca y los bancos.

Las comisiones dependían… Como sabe usted, el banco emisor cobraba a su cliente en función de si… Si era el propio cajero del propio banco, no se cobraba, como saben ustedes, y, después, si era de un banco tercero, dependía de si era de la misma red de cajeros o era de diferente, y ahí había diferentes posibilidades al respecto. Pero, vamos, debía ser una cantidad relativamente importante.

Pero, si me permite usted, yo creo que el tema no es tanto cuánto es la cuantía global, sino que, efectivamente, había una serie de entidades que habían hecho una inversión importante en una red de cajeros y, evidentemente, eso era una ventaja comercial que intentaban explotar, porque para eso se hacen las inversiones, y era la ventaja que estaban ofreciendo a sus clientes al respecto.

P.- Vicepresidenta, me quería referir a las elecciones autonómicas catalanas, que fueron el domingo pasado, y quería saber, desde la óptica del Gobierno, si la situación es mejor o peor; es decir, si desde el Gobierno se entiende que la situación ha mejorado con el resultado o estamos en las mismas.

Por otro lado, ¿cómo está viendo el Gobierno esas dificultades que hay para elegir candidato y, sobre todo la posibilidad, que se está hablando ya, de que, si no se encuentra un candidato o no se puede investir, haya unas nuevas elecciones autonómicas, como han planteado algunos ya?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus cuestiones, está claro que en las elecciones que hubo el pasado domingo una serie de partidos, fundamentalmente el grupo de partidos que se presentaron juntos, trataron de plantearlas como unas elecciones de naturaleza plebiscitaria. Eso, desde luego, no está recogido ni permitido por la Ley. En esas elecciones, ese resultado, que por otro lado no permitía la Ley, tampoco lo han amparado los votos. Es decir, desde ese punto de vista, quien convocó esas elecciones autonómicas, las terceras en cinco años, desde luego, no obtuvo ni la posición ni los votos que deseaba para cualquier tipo de actuación posterior. Incluso quienes defendían un programa similar --y sobre esto, a confesión de parte, que dicen los juristas, poco comentario puede hacerse-- han considerado que ese resultado no permite abrir ningún proceso como el que planteaba el señor Mas a la hora de disolver el Parlament de Catalunya e iniciar un proceso de esta naturaleza.

El problema es que con estas tres elecciones en estos cinco años llevamos cinco años en que el Gobierno en Cataluña no se ha dedicado a gestionar los problemas de los ciudadanos de Catalunya, y mucho me temo que con lo que estamos viendo estos días la situación es igual, sino peor.

Hemos perdido en Catalunya toda capacidad de sorpresa respecto de lo que puede plantearse. Si sorpresivo fue… Bueno, más que sorpresivo, que no, sorprendente fue esa lista única, hoy la teoría de cuatro presidentes no deja de ser ciertamente llamativa. Éste es el problema de Catalunya: que hay cuatro optantes a la presidencia, incluso compartida, y falta un Gobierno, y desde ese punto de vista la situación de los catalanes va a peor. Pero, desde luego, la situación de los que convocaron esas elecciones, con un resultado, como digo, no permitido por la Ley, pero ahora tampoco respetado o amparado por los votos, pone de manifiesto de nuevo su debilidad.

¿El resultado de todo ello? Una profunda fractura de la sociedad de Cataluña, que yo espero que lo que resulte de todo este procedimiento --cada día nos enteramos de una cosa nueva--, el Gobierno que se forme, trabaje para superar. Porque, desde luego, la división, la fractura y la desazón que se han provocado en los ciudadanos de Cataluña creo que tienen que tenerlas muy presente, sobre todo, además, porque una mayoría de ciudadanos en Cataluña les ha dicho precisamente que no van en esa línea.

P.- Tengo dos preguntas, una para la Vicepresidenta y otra para el ministro De Guindos.

A menos de tres meses de las elecciones generales, y con un Gobierno que está intentando explicar a los españoles lo que ha hecho estos cuatro años y lo que quiere hacer de resultar elegido, ¿le preocupa la imagen que se puede estar transmitiendo con todo el desarrollo procesal del "caso Rato" y lo último que se ha sabido respecto al ex vicepresidente y toda su actuación al frente de Bankia?

Al Ministro quería preguntarle, sobre el mismo asunto, dos cosas. El Gobierno ha realizado un esfuerzo por la reforma del sistema financiero durante este tiempo y es evidente que todas estas noticias afectan a lo que ha podido ser el buen nombre de esa reforma. Mi pregunta sería: ¿cree usted que a estas alturas fue un error poner al frente de Bankia al señor Rato?

Sr. De Guindos.- Yo creo que la valoración de la reforma del sistema financiero se ve en un dato, dato que tuvimos esta semana, y es que, por ejemplo, el crédito --les hablo de memoria, ¡eh!-- a Pymes de menos de un millón de euros crecía a tasas del 100 por 100 o que el crédito de financiación a las familias en España estaba creciendo por encima del 40 por 100. Es decir, el sistema financiero español hoy no tiene nada que ver con el que teníamos hace tres años; hoy se percibe como un sistema solvente, un sistema financiero que puede dar crédito, que está dando crédito, y eso está detrás de la recuperación de la economía española. Por lo tanto, ése es el dato fundamental. Lo otro, ya son cuestiones más o menos relevantes, pero que no tienen ninguna influencia dese el punto de vista de lo que es la percepción de solvencia de nuestras entidades.

Yo simplemente le digo una cuestión: a este Gobierno le tocó, de alguna forma, nacionalizar Bankia y tutelar el cambio de gestión en Bankia, y hoy lo que se puede decir es que Bankia tiene una gestión extremadamente profesional. Todas aquellas actividades que eran irregulares y que se pusieron y se remitieron a la Fiscalía por parte de Bankia y por parte del FROB, han desaparecido completamente. Hoy Bankia es una entidad solvente, es una entidad que da servicio a sus clientes y es una entidad que está bien gestionada. Y eso es lo más importante desde todos los puntos de vista.

Vicepresidenta .- Sobre la primera de sus preguntas, lo que ha preocupado al Gobierno, ahora y al inicio de la Legislatura, ha sido, fundamentalmente, primero, respetar los procesos y las resoluciones judiciales; segundo, colaborar con la Administración de Justicia, con la Fiscalía y con quienes estaban investigando, prestando toda su colaboración y apoyo; y, en tercer lugar, adoptar cuantas medidas legislativas hemos considerado oportunas para reforzar la lucha contra la corrupción y la recuperación de los efectos de ese delito. Eso ha sido la preocupación de este Gobierno, ahora, al principio de la legislatura y la que seguirá teniendo.

P.- Vicepresidenta, una pregunta para usted y luego otra derivada de una que quería hacerle al ministro de Justicia. La que le hago directamente es sobre el Tribunal Constitucional y su reforma. Ayer hubo un debate, un debate duro, en el Congreso. Quería preguntarle si en el Senado hay alguna posibilidad de algún tipo de modificación de algún aspecto de esa Ley y, en todo caso, cómo valora la soledad en la que se ha visto el partido proponente. ¿Cree usted que se debe a la proximidad electoral o que hay motivos más de fondo?

Al ministro de Justicia. Ha habido una cierta confusión esta semana sobre en qué circunstancias el Gobierno supo de la citación del president de la Generalitat. Quizá podría aclararnos en qué momento se enteró usted de esa citación y en qué circunstancias.

Y ahora vuelvo, y perdón, a la Vicepresidenta, porque tiene que ver de nuevo con el Tribunal Constitucional. El president de la Generalitat ha dicho también estos días que pidió una aclaración al Tribunal Constitucional sobre qué se le estaba pidiendo hacer y que no obtuvo respuesta. Entonces, quería una valoración sobre esa alegación y también sobre la que hace también el señor Mas en el sentido de que actuó movido por un espíritu de "rebelión democrática". Querría una valoración también a este respecto.

Sr. Catalá.- El Ministerio de Justicia, yo mismo y el conjunto del Gobierno tuvimos información de las actuaciones establecidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando el Tribunal Superior de Justicia las hizo públicas y las notificó a través de su Oficina de Prensa. Por lo tanto, desde que se presentó la querella hasta la fecha de ahora, que se promueven esas actuaciones, ha pasado el tiempo suficiente como para que el Tribunal haya tomado las decisiones que haya considerado más adecuadas y en el momento oportuno.

Fíjese que yo lo que hice, con ocasión de la pregunta de alguno de sus compañeros, es considerar que, en mi opinión, me parecía que lo que había hecho el Tribunal era tomar la decisión de ordenación del proceso más adecuado y tratando de que los procesos políticos no interfiriesen en los procesos judiciales. Y no es porque eso sea una opinión mía, sino porque reiteradamente varios órganos judiciales así lo han puesto de manifiesto en ocasiones: lo ha dicho el Tribunal Supremo con algún procedimiento, lo han dicho presidentes de TSJs y en el Tribunal Constitucional también se ha hecho alguna consideración sobre estas ideas. Por tanto, era simplemente constatación de la decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia.

Yo creo que la constatación cotidiana de respeto absoluto a la independencia de la Justicia por parte del Gobierno es absoluta; es, como digo, cotidiana. Por otra parte, en este asunto los tiempos que se están llevando a cabo para la instrucción ponen de manifiesto, evidentemente, que es el instructor, la Sala, el propio Tribunal, quien está llevando a cabo los pasos que considera necesarios para ir adelante con la querella presentada.

Vicepresidenta.- Sobre la soledad en la aprobación de las normas, a lo largo de esta Legislatura nos hemos ido acostumbrando, porque todas las reformas que hemos hecho para sacar a este país de la crisis y para lograr la recuperación que en este momento están empezando ya a sentir los españoles, muchas veces las hemos hecho en solitario. Es decir, para adoptar algunas de las reformas más importantes que han permitido superar a España la crisis que nos encontramos en el año 2011; mejorar, por ejemplo, nuestro sistema financiero o distintas reformas en el ámbito de la Administración, no han tenido apoyo de los principales grupos que deberían haber estado también concernidos en la salida de la crisis. Por tanto, no supone ninguna novedad, salvo algunas excepciones en las que, por distintas circunstancias, nos han apoyado unos u otros grupos; pero pocas el principal partido de la oposición.

Sobre el debate en el Senado, indudablemente me imagino que los grupos, porque le recuerdo que es una proposición de ley de los grupos, plantearán sus enmiendas y que trabajarán con el máximo espíritu constructivo para algo en lo que, a mi juicio, se resume esta Ley: que del mismo modo que la decisión de cualquier tribunal se debe cumplir y se debe respetar, y los Tribunales tienen mecanismos para lograr el respeto y el completo cumplimiento de sus sentencias, los tenga el Tribunal Constitucional como un tribunal jurisdiccional que es.

Me pregunta por las relaciones entre un tribunal y el president de la Generalitat. Esto es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no comenta las relaciones entre el president de la Generalitat y el Tribunal Constitucional. Eso corresponde al proceso y al propio Tribunal.

Y me pide una valoración sobre la expresión "rebelión democrática" y yo le preguntaría al señor Mas que qué le parecería que los ciudadanos en Cataluña dejaran de cumplir sus impuestos, dejaran de respetar las normas de tráfico, no se cumpliera el código de cualquier tipo, el Código de Comercio, las normas forales que tiene la Comunidad Autónomas, etc., etc., porque consideran que ellos son rebeldes democráticamente.

La rebeldía democrática sólo se invoca por aquél que se cree que está por encima de la Ley y en este país, y en los Estados democráticos que se precien, ningún ciudadano, por mucho que pueda formar parte de una terna o de un triunvirato para la presidencia de un Gobierno, está sometido a la Ley, porque la Ley es la democracia, la Ley es la voluntad de los ciudadanos, y en este país no hay ningún ciudadano por encima de otro.

P.- Yo quería hacerle una pregunta al señor De Guindos en relación con los datos que avanzó el Banco de España sobre el crecimiento de la economía y sobre el dato del crecimiento del desempleo que hemos conocido hoy. ¿Se está produciendo una desaceleración de la economía española?

A la Vicepresidenta quería preguntarle si el comunicado que emitió el lunes el ex presidente Aznar va a producir alguna reflexión, debate o cambio de estrategia en el partido de cara a las elecciones. Ayer el presidente del Gobierno en televisión, al ser preguntado sobre este tema, dijo que él las cosas las decía cara a cara, no mediante comunicados. ¿Es que no se ven el señor Aznar y el señor Rajoy?

Sr. De Guindos.- Sobre los datos macroeconómicos, conocen ustedes que el Banco de España nos ha dado en el tercer trimestre una primera estimación, que es la del Banco de España, de un crecimiento del 0,8 por 100, que es muy parecido al que hemos tenido en el primer semestre del año; 0,8 por 100 que prácticamente va a ser más del doble de lo que crece la zona euro y que apunta a que, efectivamente, nuestra proyección, que es una tasa de crecimiento del 3,3 por 100, se va a cumplir.

Hoy los datos de paro y de afiliación… Septiembre es un mes complejo por la estacionalidad --el mercado laboral en España, yo siempre lo digo, está muy afectado por la estacionalidad-- y ha habido incremento de afiliación y un aumento del paro que ha sido inferior a lo que habitualmente suele ocurrir. Por lo tanto, cuando uno ve los datos en términos desestacionalizados, la economía española sigue creando empleo en un entorno del 3,2 por 100, lo cual es especialmente notable.

Yo estuve la semana pasada reunido con las tres agencias principales de rating del mundo y con los principales inversores institucionales del mundo que tienen posiciones muy importantes en España. Estas tres agencias de rating --no sé si lo ha visto usted en los últimos días-- todas han actualizado la tasa de crecimiento de la economía española prácticamente a niveles exactamente iguales que los del Gobierno y, además, con un planteamiento de la política fiscal en la cual se pone de manifiesto que este año vamos a cumplir el objetivo de déficit público del 4,2 por 100 que tenemos establecido.

Yo creo que, además, se ha puesto también de manifiesto la confianza en la economía española y yo creo que todos los datos que se van a ir produciendo, y estas valoraciones, es que, efectivamente, la economía española sigue generando confianza por su tasa de crecimiento y porque esas inquietudes que algunos habían indicado desde el punto de vista político, especialmente en el ámbito de Cataluña… Yo siempre decía que los inversores institucionales y las agencias de rating consideraban que era un escenario irrealizable e indeseable, y eso yo creo que es algo que cada vez está más asentado en la opinión pública.

Aquí el único riesgo que existe en estos momentos para la economía española es que, efectivamente, se reviertan las reformas que se han puesto en práctica, y son las que están llevando a que España crezca más del doble que lo que está creciendo la zona euro y que, además, estemos creando empleo, como decía anteriormente, en el entorno de seiscientos mil puestos de trabajo al año, que yo creo que es una cifra que es especialmente relevante.

Vicepresidenta.- Sobre la segunda y la tercera de sus preguntas, sobre el comunicado del lunes, yo ya di mi opinión el martes en una rueda de prensa que no era la sala de prensa del Consejo de Ministros, donde yo sencillamente no puedo opinar de cuestiones de partido y, como ya le digo, no suelo hacerlo.

Sobre las relaciones, yo puedo hablar de relaciones institucionales, que no personales, y da la casualidad de que el presidente del Gobierno, no sólo con el ex presidente Aznar, sino, en general, con todos los ex presidentes, ha mantenido una relación muy fluida a lo largo de toda la Legislatura, y ustedes en ocasiones han podido verlo también públicamente.

P.- Quería preguntarle, en primer lugar, si el Gobierno se ha puesto en contacto, si ha habido algún contacto, con los miembros de la lista ganadora en las elecciones de Cataluña y en qué sentido.

En segundo lugar, me gustaría preguntarle si el Gobierno considera que la fecha escogida para las elecciones generales fomentará la participación en las mismas.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus cuestiones, ayer el presidente del Gobierno fue muy claro cuando dijo que, cuando exista un Gobierno en Cataluña y una investidura, entre Gobiernos estará encantado y dispuesto a hablar dentro de los márgenes que existen en la Ley. Como Gobierno, nosotros con quien nos tenemos que poner en contacto es si se logra esa investidura. Como digo, esa voluntad del presidente del Gobierno del máximo diálogo dentro de la Ley.

Sobre la fecha escogida, con independencia de la fecha y con toda la prudencia, porque creo que tampoco el fomento a la participación, según la Junta Electoral Central, puede hacerse o no en determinadas fechas, yo creo que es bueno que todos los españoles nos sintamos implicados en lo que es la elección de nuestros representantes y el programa que deseamos para que nuestro país afronte cuatro años que son importantes de cara a la recuperación.

Muchísimas gracias.