Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Hacienda y de Empleo, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid, viernes 20 de marzo de 2015

Vicepresidenta.- Muy buenos días.

Antes de informarles de los asuntos que han sido aprobados en este Consejo de Ministros, permítannos que, en nombre de todo el Gobierno, en nombre de todo el Consejo hoy reunido, demos nuestro más sentido pésame a todas las familias de las víctimas del último atentado de Túnez y, con ellas, a todas las víctimas del terrorismo. Éste es un momento para transmitirles nuestra solidaridad, también para hacérselo al Gobierno y a todo el pueblo de Túnez, y para, una vez más, tratar de trabajar todos juntos, toda la Comunidad Internacional, en el fortalecimiento de nuestros instrumentos democráticos contra el terror y en la defensa de las libertades y del Estado de Derecho.

En segundo lugar, vamos a informarles de los acuerdos que hemos adoptado en el Consejo de Ministros; un Consejo de Ministros importante, en el que se ha aprobado una de las reformas estructurales clave de esta Legislatura, como es la reforma de la formación: la Formación para el Empleo. Se trata de una reforma estructural, como digo, de primer orden, de las más importantes de la Legislatura, que se hace en una doble clave: en primer lugar, la reforma de la Formación es esencial para fomentar el acceso a un empleo; a un empleo, además, de mayor calidad, para lograr con ello luchar contra la desigualdad y contra las fracturas de la cohesión social. Pero también es una reforma importante desde el punto de vista de la transparencia, porque con el sistema que hoy aprobamos lo que se fortalece es la transparencia y el control frente al fraude.

Por desgracia, ligados a la formación y, por tanto, ligados a los fondos para el empleo, este país ha conocido algunos de los casos de corrupción más graves y más llamativos de toda nuestra democracia, y consideramos que este segundo elemento de transparencia como control frente al fraude hace de esta reforma, como decía, una reforma con un doble objetivo: la transparencia que siempre ha de regir el funcionamiento de la Administración Pública y de las políticas públicas en cualquier ámbito; y, en segundo lugar, nuevos mecanismos para mejorar la formación, para mejorar el acceso al empleo, a empleo cada vez mejor y a empleo cada vez de mayor calidad.

En segundo lugar, también muy importante, hoy se aprueba la Oferta de Empleo Público; una Oferta de Empleo Público importante en la que hacemos un esfuerzo muy destacado por mejorar algunos de los servicios públicos que dependen de la Administración General del Estado. Se hace mediante cuatro instrumentos: un Real Decreto Ley y tres Reales Decretos.

Se aprueba un Real Decreto Ley para una oferta extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y para la mejora de la Administración Local. Se prevé, por tanto, un mayor incremento del que estaba inicialmente previsto para incorporar nuevos funcionarios de Administración Local, con habilitación de carácter nacional; luchar contra el fraude laboral y de la Seguridad Social contra el fraude fiscal; y para incrementar el número de los funcionarios dedicados al control y a la legalidad en el control del gasto público. Asimismo, se amplía la oferta en la Administración de Justicia en lo que afecta a los secretarios judiciales, que pasarán a llamarse letrados de la Administración de Justicia, como ustedes saben.

Entre las novedades principales figuran la oferta extraordinaria que se lleva a cabo en la Agencia Tributaria y la oferta que se lleva a cabo en la lucha contra el empleo irregular, donde además se fortalecerá la colaboración de todos los organismos competentes de las distintas políticas laborales y sociales.

Como lo explicará el Ministro ampliamente, yo voy a centrarme en dos Ofertas de Empleo Público claves, que es el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Policía y de Guardia Civil. En el caso de la Policía. es una oferta muy amplia: 1.299 plazas en la escala básica y 75 plazas en la escala ejecutiva, por oposición libre, además de 150 para su promoción interna desde la categoría de subinspector, mientras que en el ámbito de la Guardia Civil se convocan 820 plazas para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias, con reserva de plazas para militares profesionales que lleven al menos cinco años de servicios efectivos, 328 plazas, y 164 para alumnos del Colegio de Guardas Jóvenes. Además, se convocan 330 plazas para los cuerpos docentes de formación, mediante promoción interna.

Ahora el Ministro de Hacienda, hoy de Administraciones Públicas, dará todos los detalles; los tendrán también en la Referencia del Consejo de Ministros y este Real Decreto Ley se publicará el lunes en el Boletín Oficial del Estado con todos los anexos, donde tendrán los Cuerpos de pertenencia y las plazas que se convocan para todos y cada uno de esos Cuerpos.

También hemos aprobado, ya para su remisión a las Cortes Generales, dos Leyes importantes, que ustedes conocen, dentro del marco de la Agenda Social del Gobierno que, como saben, es uno de los elementos clave que impulsamos en este último año de la Legislatura, de acuerdo con el Debate del Estado de la Nación y las propuestas del presidente del Gobierno en ese punto.

En primer lugar, remitimos a las Cortes el Proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social. Ésta es una norma que establece un marco regulatorio moderno y adaptado a la realidad actual de este sector para reforzar la acción solidaria de las entidades sociales y el diseño de ejecución de las políticas públicas, porque su conocimiento es esencial para asegurar el mejor desarrollo de las políticas sociales. Lo que se hace es potenciar la capacidad de interlocución de la Administración General del Estado, que es una de las principales reivindicaciones que tiene la Plataforma del Tercer Sector. El objetivo es facilitar la labor de las entidades no lucrativas, aportando identidad, estabilidad y garantías a favor de los colectivos más vulnerables.

El Tercer Sector está integrado en España por más de veintinueve mil organizaciones en todo el país, de carácter privado, voluntario y sin ánimo de lucro. En ellas trabajan más de medio millón de personas con carácter retribuido y cerca de novecientos mil voluntarios, que prestan servicios a más de cinco millones de personas.

El Proyecto de Ley establece, en primer lugar, unos contornos jurídicos nítidos sobre la naturaleza y el ámbito de los principios rectores de las entidades de este Tercer Sector de acción social; promueve la participación institucional de estas entidades y determina la incorporación de las organizaciones a distintos instrumentos de participación institucional, cada uno dentro de su ámbito de actuación. Además, contempla el fomento de estas organizaciones con diferentes medidas, que incluyen también la adecuación de los sistemas de financiación pública en el marco de la legislación de estabilidad presupuestaria, la diversificación de fuentes de financiación, la normativa sobre mecenazgo y la responsabilidad social empresarial. Son claves estos dos elementos para fortalecer, además, la financiación privada y la implicación de las empresas en labores de esta naturaleza.

Además, se prevé en el texto la aprobación en el plazo de doce meses de un programa de impulso de las entidades del Tercer Sector para la promoción, difusión y formación; la cooperación con los servicios públicos o la financiación pública y su acceso a través de entidades de crédito oficial.

El segundo de los Proyectos es el Proyecto de Ley del Voluntariado. En éste hay algunas novedades importantes respecto al que aprobamos como Anteproyecto y ahora pasaré a relatarles. Resuelve la dispersión normativa que se ha producido en estos veinte años de vigencia de la actual Ley y lo que se había ido avanzando con las distintas legislaciones autonómicas y locales. Lo que se hace es fijar un marco jurídico que regula el ejercicio de la acción voluntaria y de las entidades de voluntariado; sienta las bases para un espacio de colaboración entre las Administraciones Públicas y los distintos agentes implicados; y potencia el voluntariado --y ahora lo explicaré-- a lo largo de toda la vida.

Quiero recordar que el voluntariado es una actividad con una importancia muy significativa. En la actualidad, alrededor del 15 por 100 de la población española mayor de edad realiza voluntariado; por tanto, somos el sexto país en el conjunto de la Unión Europea. Por otro lado, este Tercer Sector representa, aproximadamente, el 1,7 por 100 de nuestros Producto Interior Bruto y genera un 2,5 por 100 del empleo nacional.

Lo que se ha hecho es incorporar mejoras en la redacción de conceptos y dos cuestiones que han quedado aclaradas en su redacción final, que es importante: en primer lugar, en lo que se refiere a la participación del voluntariado de los menores, a partir de los doce años, indudablemente con consentimiento paterno, para fomentar esa implicación de los más jóvenes en estas tareas de voluntariado; y también para limitar, en algunos supuestos, la participación en estas tareas. ¿De qué estoy hablando? Lo que se hace es regular los supuestos de limitación para intervenir con familias, con mujeres o con jóvenes en el ejercicio de voluntariado a cualquier persona condenada por sentencia firme en delitos que impidan, por su gravedad, la consecución de los fines o los objetivos del programa de voluntariado.

Es decir, lo que tratamos de evitar es que personas que han cometido determinados delitos que pueden estar relacionados o que pueden impedir el desarrollo normal de esas tareas de voluntariado puedan acceder a ellas. Se ha incluido, con mención expresa --esto es una novedad-- a los condenados por tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas y a los condenados por terrorismo.

Como saben, también era en los casos de pederastia y algunos casos de violencia de género. Pues también en esos supuestos para evitar que puedan tener ese contacto con determinadas personas que se beneficien o que sean atendidas en los sistemas de voluntariado.

En el resto de supuestos de otro tipo de delitos, las entidades de voluntariado deberán valorar si la existencia de antecedentes penales no cancelados impide la incorporación a la entidad o justifica la suspensión de la actividad de la persona voluntaria. Es decir, las propias entidades pueden entrar a valorar si la condena en determinados delitos, que pueden estar relacionados o que pueden condicionar el ejercicio de ese voluntariado, aconseja que esa persona sea suspendida en esas tareas o que no se forme parte de determinados programas. Lo que se trata de evitar es que haya cualquier riesgo por parte de las personas que son atendidas o de las tareas que se llevan a cabo por parte de asociaciones de voluntariado.

Se redacta de nuevo un artículo sobre la compatibilidad voluntaria con el trabajo remunerado por cuenta ajena, público o privado, para llevar a cabo su desarrollo fuera de la jornada laboral. Y se aclara el apartado relativo a la promoción del voluntariado desde las empresas, para evitar la confusión con la incorporación de sus trabajadores a actuaciones de voluntariado. La participación siempre será libre y voluntaria, aunque sea en entidades que estén ligadas al desarrollo empresarial o a la estructura empresarial.

Sra. Báñez.- El modelo de Formación Profesional para el Empleo que está vigente hoy en nuestro país ha sido un modelo que se ha consolidado con el tiempo y que ha permitido la formación de muchos trabajadores en nuestro país. Por tanto, la cultura de la formación se ha extendido a lo largo de veinte años desde que está en vigor. Se han formado muchos trabajadores: cuatro millones se están formando en la actualidad y en el año 1992 se formaban sólo doscientos mil. Y también han sido ya muchas las empresas que acuden a este modelo de formación, incluso de formación dentro de la empresa: en 2004, hace una década, se formaban o utilizaban formación 33.000 empresas; hoy ya lo hacen más de cuatrocientas mil, 475.000. Por tanto, es un modelo que ya está implantado en nuestro país.

De todas maneras, siendo un modelo que se consolida con el tiempo, ha tenido debilidades a lo largo de todos estos años. Hay un marco competencial complejo: compartimos competencia las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado. Durante todos estos años ha habido una ausencia de una planificación estratégica y, lo más importante a nuestro entender, un sistema integrado de información para conocer en tiempo real qué formación se está haciendo, qué trabajadores están formándose y en qué materias lo están haciendo. Adolecía también el sistema de falta de calidad y, de hecho, en el último informe de la propia Fundación Tripartita se reconoce que el impacto de la formación sobre el tejido productivo es un impacto limitado. Además, los interlocutores sociales, que eran los verdaderos protagonistas, tenían una triple función, si ustedes quieren: eran los que identificaban las prioridades, acudían a la financiación y participaban después en la valoración y propuestas de concesión de los planes. Y había en el modelo falta de concurrencia en el mercado.

Por tanto, poco control y poca transparencia; y, lo más importante a nuestro entender, los desajustes que existían entre las ofertas y las demandas de empleo. Quizás, las necesidades del tejido productivo no eran atendidas con suficiente diligencia.

Por tanto, ante ese diagnóstico y ante las reiteradas encuestas que conocemos de los beneficiarios de la formación… Por ponerles un ejemplo que conocimos en el año 2010, que es la última encuesta de la Formación Tripartita, decía que para seis de cada diez personas que son beneficiarias de la formación en realidad no tiene un impacto positivo sobre su empleabilidad --es decir, no habían adquirido ninguna habilidad o destreza nueva--; siete de cada diez de los encuestados no vieron aumentada su capacidad de inserción en el mercado de trabajo y menos de dos de cada diez, el 17 por 100, sólo recibieron una formación que tuvo que ver luego con el puesto de trabajo que encontraron.

Eso en cuanto a la empleabilidad de los trabajadores. También, sobre los contenidos formativos había bastante disidencia entre la necesidad del tejido productivo y los cursos que se impartían. Por ejemplo, en el año 2012 el 45 por 100 de los cursos fueron en servicios socioculturales y hacia la comunidad; en un país como el nuestro, con la importancia que tienen el turismo y la hostelería, sólo representaron el 4,1 por 100 de los cursos; y, en informática y comunicaciones, sólo se realizaron el 9,4 por 100 de los cursos. Por tanto, no se adecuaban realmente a las necesidades del tejido productivo.

Y también había escasa competencia entre los proveedores de la formación y, por tanto, se encarecían en el tiempo los servicios. Por ponerles un ejemplo, en las últimas convocatorias, porque la transición hacia el nuevo modelo la hemos hecho de manera progresiva en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cuando hemos multiplicado la concurrencia las ofertas recibidas se han multiplicado por dos y los costes se han reducido en el último año un 20 por 100.

Por tanto, estamos ante un modelo que era mejorable, aunque era un modelo que ya estaba implantado en la cultura de las empresas y entre los trabajadores en nuestro país.

Por otra parte, también queremos señalar que con el número de parados que tenemos en España, más de cuatro millones y medio de parados, durante la crisis, por ponerles un ejemplo, entre los trabajadores que sólo tenían educación primaria el paro subió en más de un 50 por 100; sin embargo, en aquellos trabajadores con mayor cualificación, no sólo no se incrementó el paro, sino que lo que se produjo fue un incremento del empleo entre los trabajadores con mayor cualificación, con mejor formación.

Por tanto, el impacto de la formación sobre las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo, sobre las posibilidades de empleabilidad de los trabajadores, es un elemento fundamental por lo que constituye esta reforma en una reforma estructural de presente y de futuro en nuestro país.

Además, conocemos por la Comisión Europea que entre los años 2013 y 2025 se crearán más de diecinueve millones de empleos de alta cualificación. Sin embargo, ese informe de la Comisión Europea señala también que en los empleos de cualificación media y baja caerán las oportunidades de trabajo.

Por tanto, formar a nuestros trabajadores en un mundo cada vez más global es imprescindible en cualquier país desarrollado.

Por otra parte, y lo decía antes muy bien la Vicepresidenta, nuestro interés como Gobierno es crear empleo de mayor calidad y luchar contra la desigualdad, y favorecer la cohesión social. Está claro que, analizando los datos del mercado de trabajo, el salario medio por nivel de formación en nuestro país oscila entre los 1.347 euros para aquellos trabajadores que tienen menor educación, sólo educación secundaria, y supera los 2.400 euros de media para aquellos que tienen educación superior. Por tanto, mejor puesto de trabajo y mejor nivel retributivo los da la formación de calidad.

Hoy en España tenemos dos tipos de formación en el ámbito del empleo. Una es la que se realiza en el ámbito propio de la empresa, que llamamos Formación de Demanda o Formación Bonificada, porque es aquella que, insisto, se hace en el ámbito de la empresa mediante bonificaciones que hace la empresa. El nivel de bonificación depende del tamaño de la empresa: va desde un 50 por 100 para las empresas de más de 250 trabajadores hasta un 100 por 100 para la pequeña y mediana empresa. Y luego hay un crédito asegurado para aquellas empresas más pequeñas o micro-pymes de 420 euros.

Pero el alcance y la penetración de la formación en las empresas no es igual según el tamaño: en aquellas que tienen más de 250 trabajadores, el nivel de formación y la penetración de la formación supera el 90 por 100, y, sin embargo, entre las empresas de menos de diez trabajadores el nivel de penetración de la formación permanente de sus trabajadores no supera el 26 por 100. Por tanto, tenemos que seguir apostando por la formación en ese ámbito de empresa pequeña, empresa mediana, empresa de menor tamaño.

Durante el año 2014 se formaron más de dos millones de trabajadores en la empresa, en el modelo llamado de Formación Bonificada.

Luego hay otro modelo, que es el modelo de Formación de Oferta o Formación Subvencionada. Este modelo es prioritario en el campo de los desempleados, aunque hay una parte que también se da con ocupados. Su gestión corresponde, principalmente, a las Comunidades Autónomas. Hay una pequeña parte, muy residual, que hace la Fundación Tripartita desde la Administración General del Estado; pero la mayoría se realiza en las Comunidades Autónomas. El año 2013, que es el último año del que tenemos datos homologables, fueron 245.000 trabajadores los que se formaron en esta modalidad de formación.

El origen de los fondos de la formación es vario: por una parte, la cuota de formación que pagan las empresas, el 0,6 por 100, y los trabajadores, el 0,1 por 100; por otra parte, las aportaciones propias de las Administraciones Públicas y hay una parte también del Fondo Social Europeo que va a financiar la formación.

La formación en el seno de la empresa corresponde sólo al 25 por 100 de la formación; los programas de la Administración General del Estado, sólo el 15 por 100, y el resto, el 60 por 100, se hace en el ámbito autonómico. En el año 2014 se destinaron 2.280 millones de euros a recursos del sistema de formación.

Objetivos estratégicos del nuevo modelo de la reforma. Esto coincide y responde al acuerdo que el presidente del Gobierno, en julio del año pasado, 2014, acordó con los interlocutores sociales. Los objetivos son claros: en primer lugar, favorecer la creación de empleo estable y de calidad; en segundo lugar, mejorar la competitividad empresarial --España tiene que competir en un mundo cada día más global con las personas, con el talento, con su capital humano--; por otra parte, garantizar el derecho individual a la formación permanente de los trabajadores, un derecho reconocido tras la reforma laboral en el Estatuto de los Trabajadores; tiene que ofrecer, además, garantías de mejora de la empleabilidad y la posibilidad de hacer carrera profesional los trabajadores en el ámbito de la empresa; por último, consolidar en el sistema productivo esa cultura de la formación en lo que les decía que es una apuesta por el talento como nivel de competitividad.

Por otro lado, queremos que el sistema sea más eficaz, sea de mayor calidad, pero también sea un sistema transparente y, sobre todo, que se pueda evaluar de manera permanente. Queremos que la evaluación sea también una de las claves de este sistema y que se incremente la coordinación entre Comunidades Autónomas y Gobierno, y todos los actores implicados en este nuevo modelo de formación.

El nuevo enfoque del modelo sitúa en el centro de la reforma del sistema a los trabajadores, ya sean ocupados o desempleados temporalmente, y, sobre todo, a las empresas para conseguir ese nivel de eficacia, de competitividad y también de transparencia.

Este nuevo modelo será de aplicación a todas las Administraciones Públicas en todo el territorio nacional. Los interlocutores sociales seguirán teniendo un papel trascendente, relevante, sobre todo en lo que es la planificación y la programación de la formación. Como ustedes saben muy bien, son los que mejor conocen la realidad del tejido productivo.

Queremos que el sistema sea un sistema eficiente, que se hagan prospecciones y detecciones de las necesidades de ese tejido productivo con anticipación. Un país con tanta tasa de paro como tiene España actualmente no puede tener vacantes y se producen vacantes todos los años porque no se cubren todas las necesidades del sistema productivo.

Tiene que haber un escenario de planificación plurianual, que no lo era hasta ahora, para que la formación pueda ser una formación continua a lo largo de toda la vida laboral del trabajador.

Como conocen de la reforma laboral, vamos a implantar la cuenta-formación aprovechando esta reforma, que es una cuenta asociada a cada trabajador en nuestro país, como está asociado el número de la Seguridad Social, que le acompañe durante toda su vida laboral y donde se certificará toda y cada una de esa formación que haya hecho a lo largo de su vida profesional.

Se apostará por la tele-formación como un instrumento que puede dotar al sistema de mayor eficacia y flexibilidad. La formación en el seno de la empresa, para que sea más competitiva la empresa, será más flexible, adecuada de verdad a sus necesidades. Y vamos a hacer un esfuerzo interlocutores sociales y Administraciones Públicas por implantarla en esas empresas de tamaño pequeño o mediano, donde hay menos implantación de esa cultura de la formación permanente.

Por otra parte, en la gestión de formación de oferta, ésa que les decía que es la formación subvencionada, hay un cambio radical: sólo los recursos irán a concurrencia competitiva en un cien por cien, de tal manera que los centros accederán a esas convocatorias de formación, bien por la Administración General del Estado, bien por las Comunidades Autónomas, en igualdad de condiciones y será en concurrencia competitiva, y el mercado será el que elija a aquellos de mayor calidad.

En el ámbito de los desempleados, introducimos una novedad que es la implantación del cheque-formación para que una persona desempleada elija con ese cheque el lugar dónde se quiere formar, y será la Administración, bien Administración General del Estado o bien Comunidad Autónoma, la que pague luego esa formación al centro de forma directa. Y aquí también quiero señalar que hay un cambio: cuando se trate de formación subvencionada, sólo se puede anticipar, antes de iniciar la formación, un 25 por 100 de los fondos a los centros de formación. Hasta ahora se podía hacer un anticipo del cien por cien, prefinanciado, y eso ha dado lugar en muchas Comunidades Autónomas a irregularidades que en el futuro queremos evitar.

Por otra parte, hay un proceso de evaluación permanente para que tengamos todos presente que lo fundamental es la calidad para mantener el empleo y para mejorar la carrera profesional de los trabajadores.

Habrá tolerancia cero contra el fraude. Queremos nada más que cada euro que va a formación se dedique a formación y para ello habrá dos grandes novedades: una unidad especial de inspección dentro del ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y también se elevan las sanciones para aquellas empresas que utilicen de forma irregular los fondos recibidos; por ejemplo, aquella que lo haga mal durante cinco años no tendrá recursos del sistema de formación para seguir haciendo formación en el futuro.

Y lo que les decía al principio, habrá un sistema integrado de información entre Comunidades Autónomas y Gobierno para que sepamos en todo momento qué formación se está dando, qué personas se están formando y en qué se está formando cada uno de esos trabajadores. Por ponerles un ejemplo que detectó el Tribunal de Cuentas en el informe del año 2014, había una persona que había hecho 150 cursos en un año. Pues bien, eso ahora lo detectará el sistema en tiempo real.

Por tanto, más transparencia, más control, más calidad, evaluación permanente y, lo más importante, trabajadores mejor formados, que tendrán mayores posibilidades de tener una carrera profesional en mejores condiciones, y empresas más competitivas. El capital humano es su mayor elemento de competitividad de presente y de futuro.

Sr. Montoro.- Como es sabido, la crisis económica ha llevado también a España a tener una Administración Pública sobredimensionada. Mientras el sector privado destruía millones de empleos, en el ámbito del sector público se creaban también decenas, en este caso de miles, de puestos de trabajo. Esto ha llevado a que el Gobierno desde comienzos de Legislatura aplicara medidas de reducción del tamaño del sector público, medidas de adecuación de plantillas del sector público, a lo que es hoy, en este año 2015, la oferta de servicios públicos fundamentales que caracterizan al Estado. Esto explica que durante años hemos aplicado, como saben, una congelación muy estricta de plantillas, sólo superada con el 10 por 100 a favor, digamos, de la creación de puestos de trabajo en las áreas prioritarias de los objetivos de gobierno de estos últimos años.

Esto cambió en la Ley de Presupuestos para el año 2015 de manera que, frente a una tasa de reposición del 10 por 100, planteamos una tasa de reposición, como todos recuerdan, del 50 por 100, que puede ser superada en aquellos ámbitos donde hace falta aún más refuerzo, más personas trabajando en el ámbito, insisto, de esos servicios públicos. De manera que el Gobierno lo que ha aprobado en el día de hoy es el Real Decreto donde plasma la oferta normal de empleo para el año 2015, junto a un Real Decreto Ley que lo que hace es también crear una oferta extraordinaria, como ya ocurriera en el año 2014, donde ya también hicimos esta práctica de incrementar la oferta de empleo en las áreas que entendíamos absolutamente prioritarias.

Quiero recuperar, antes de irnos al dato, la idea, el concepto, porque sí es importante insistir en que hoy el conjunto de las organizaciones públicas tienen una plantilla muy parecida a la que teníamos en los años 2003 y 2004. A eso es a lo que hemos vuelto. Entonces, el sector público no es el mismo obviamente y la oferta de servicios público cambia, por ejemplo, a través de la introducción de la tecnología que permite, digamos, dar mucha más calidad y acercar el servicio público al ciudadano. Eso también, digamos, explica la posición del Gobierno, que ya saben que justificamos desde esta misma mesa del Consejo de Ministros, pero sobre todo ante el Parlamento, de que no se trata de que la plantilla del sector público continúe reduciéndose como lo ha hecho hasta ahora, ni mucho menos, sino, antes al contrario, el Estado tiene que tener la dotación de recursos humanos para prestar servicios públicos que son en los que ahora vamos a entrar; servicios públicos de calidad.

Necesitamos, por tanto, un Estado eficiente en España y no podemos asistir pasivamente a la descapitalización humana, en este caso pérdida de capital humano, del Estado. Esto es lo que hace que nos lleve al planteamiento de esta Oferta de Empleo Público para el año 2015, insisto, una vez que ya tenemos en el conjunto de las Administraciones Públicas… Porque ahora hablamos de la Administración General del Estado, pero luego están las Administraciones Territoriales, obviamente, donde también la misma práctica, los mismos porcentajes de reposición, son aplicables.

La Oferta de Empleo Público para el año 2015 será de 7.416 nuevas plazas, como avanzaba la vicepresidenta y portavoz del Gobierno. Y de promoción interna, que también es muy importante porque el funcionario tiene que ver que realmente tiene futuro en su puesto de trabajo y tenemos que ir favoreciendo que se vea que cada vez más personas que trabajan en el ámbito de los servicios públicos tienen futuro dentro de ese servicio público; de promoción interna, 3.834 plazas.

Esto se divide en oferta ordinaria, como decía, que es la correspondiente, digamos, a lo que es la aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, cuyo total asciende a 6.692 plazas que se subdividen, como también ya avanzaba la vicepresidenta, en Administración General del Estado (3.098 nuevas plazas) y funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. Ésta también es muy importante, ésta es la consecuencia de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad --siempre les ponen unos nombres a estas leyes…--, que es la palabra que hemos acuñado en esta Legislatura, la sostenibilidad de las Administraciones Locales.

Realmente, es una ley muy importante que, como recuerdan, delimitaba las competencias de nuestras Administraciones Públicas buscando el principio de una Administración/una competencia. Esa Ley necesita de cuerpos nacionales orientados a secretarios de las Administraciones Locales e interventores, que son los garantes del funcionamiento, y darles la mayor objetividad a esos garantes del funcionamiento de nuestras Administraciones Locales. Por lo tanto, estamos ya abriendo, y ahora veremos cómo reforzamos en la extraordinaria, precisamente también este capítulo.

También en Justicia, donde también obviamente tenemos que seguir reforzando esos efectivos y donde también hay mucha interinidad. Aquí se trata de reforzar, digamos, la condición de funcionario público frente al uso que puede ser excesivo, derivado de la circunstancia que hemos atravesado pero excesivo, de la interinidad.

Y, después, las Fuerzas de Seguridad del Estado, Cuerpo Nacional de Policía (1.374 nuevas plazas) y Guardia Civil (820).

Son ello se suman en la convocatoria, insisto, de oferta ordinaria 6.692 plazas. En la extraordinaria, que es el Real Decreto Ley que también hemos aprobado en el Consejo de Ministros del día de hoy, va orientada a proveer, a todavía reforzar más, a la Administración General del Estado. ¿En qué ámbitos? En la lucha contra el fraude, el fraude laboral y el fraude de todo tipo, como insistía también la ministra de Empleo y Seguridad Social, que estamos haciendo desde comienzo de legislatura y en la que necesitamos, obviamente, más funcionarios públicos en esa área, y el área de la Agencia Tributaria, donde también se trata de reforzar esa plantilla, fundamentalmente.

En lo que se refiere a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, serían otras 200 sobre lo que permite, digamos, nuestra normativa actual a la que me refería, porque esto es una prioridad absoluta en términos también de que entren en funcionamiento, como les decía, esos servidores públicos que normalicen el funcionamiento de nuestras Administraciones y, en concreto, de nuestra Administración Local.

Y en Justicia, también otras 80 plazas, de manera que suman una oferta extraordinaria de 724 plazas a la ordinaria de esos 6.692 que acabo de referir.

La comparación con el año anterior en términos de plazas es un avance muy importante, es un incremento muy importante, que obviamente se deriva, como decía, fundamentalmente, de la tasa de reposición --la subida de la tasa de reposición del 10 al 50 por 100 es muy grande-- y, por tanto, vamos normalizando y cambiando el concepto, digamos, de la plantilla del sector público, donde también es verdad que se necesitan personas también altamente cualificadas, porque cada vez la prestación de esos servicios públicos nos exige esa alta cualificación.

En cuanto a los porcentajes de incremento, se multiplica por más de tres veces la oferta del año 2014 y, por tanto, crece y se desglosa de la forma en función de las necesidades objetivas detectadas por el Gobierno.

En promoción interna, a la que también he dado la importancia que se merece desde el comienzo, recuerdan que eran esas 3.800 plazas totales y también aquí significa un incremento importante en relación con la Administración General del Estado y, el en caso de la Administración Local, se sigue en ese proceso; pero ahí lo que se está haciendo es una reestructuración del propio cuerpo. Y luego ya tenemos Administración de Justicia, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, que repite, digamos, la oferta del año 2014.

Sobre la lectura de los sectores prioritarios a los que se atiende, son la lucha contra el fraude fiscal y laboral, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el control de la asignación eficiente de los recursos públicos, el asesoramiento jurídico y gestión de los recursos públicos, y la administración penitenciaria. Tenemos un power point que se completa con unos gajos de colores que espero que les complete también, les ilustre, porque a mí me parecía más expresiva la cifra. Hay momentos en que lo de los power point se completan de una manera… No sé si para las cámaras puede ser útil; me refiero de televisión en este caso de las cámaras; no del Parlamento, sino de televisión. Esto ya es por facilitar las cosas, pero realmente lo más sustancioso ya lo hemos ido desarrollando en la explicación y cómo se divide entre las grandes funciones. También es interesante porque incluye, por ejemplo, tecnología, defensa o Instituciones Penitenciarias, que realmente tiene un incremento bastante significativo de este tipo de funcionarios.

El detalle ya de todas las categorías de funcionarios aparecerá en los anexos de la publicación del próximo lunes.

P.- Ministro, en primer lugar, con la Oferta de Empleo Público tenía una duda porque, para valorar la Oferta, me gustaría saber cuántas bajas se han producido en 2014, cuántas bajas de funcionarios, para saber si se han cubierto o no. ¿Ese dato me lo podría facilitar?

Después, quería preguntarle por Cataluña, porque ha anunciado que no sólo no cumple con el objetivo de déficit, sino que, encima, en 2014 ha aumentado el déficit. ¿Qué va a hacer?

También, Ministro, quería preguntarle por dos cuestiones ya por último políticas, que le afectan a usted, sobre su honorabilidad. Le han acusado a la Administración de dar trato de favor al despacho que fundó. Entonces, quería saber si se le ha dado trato de favor. ¿Qué opina usted sobre este asunto?

Después, sobre el informe de la Agencia Tributaria que compara las donaciones al PP con las donaciones a Cáritas. ¿Le parece una torpeza o no? Quería saber si va a buscar responsabilidades entre los funcionarios que hayan hecho esta comparación, porque no es lo mismo comparar, supongo, una donación ilegal supuesta que una donación a Cáritas, a una ONG.

Sr. Montoro.- Las bajas no las tengo conmigo, pero se lo facilitamos para que puedan hacer la comparación.

El déficit lo traeremos la semana próxima al Consejo de Ministros, el déficit de 2014, el cierre, y a comienzos de la siguiente semana, últimos días de mes, 30 o 31 de marzo, se remite a Eurostat toda la información sobre los déficits. Por tanto, si me permite, traslado su pregunta a la semana próxima; pero espero venir con buenas noticias sobre lo que es ese cierre del déficit. Por tanto, cumpliendo España con sus obligaciones y, además, mostrando que, si no hubiéramos hecho esta política de reducción del déficit público, hoy no estaríamos creciendo y creando empleo al ritmo como lo estamos haciendo. O sea que esto es lo que realmente importa en las políticas del conjunto de un Gobierno y, en concreto, en las políticas presupuestarias y en la coordinación de la corrección de los déficits públicos.

En términos de mi honorabilidad, como usted lo plantea --está muy bien planteado; ése es un gran término--, se puede medir de muchas maneras. El ministro de Hacienda está y tiene que ser valorado como a cada uno le corresponda hacer, en términos de ello. Pero quiero decirles, en términos de lo que es la aclaración respecto de la fundación de una empresa, que esa aclaración ya la hice en el Congreso de los Diputados; la tienen ustedes como resultado de la interpelación del Grupo Socialista, en el mes de diciembre del año 2013. A algunos les gustó más o menos. ¿Se acuerdan de aquello? No les gustó, como siempre pasa con este tipo de intervenciones; les gustaría o no les gustaría.

Pero lo único que es claro y definitivo es que yo, junto a otra serie de personas --por cierto, todas ellas muy cualificadas--, fundamos una consultora en el año 2006, cumplida la Ley que nos obligaba en términos de excedencias cuando habíamos dejado nuestros puestos, y a partir del año 2008, donde yo regresé, no como se dice "a la política", sino al Congreso de los Diputados, a ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados, es cuando yo dejé esa empresa. ¿Por qué? Porque entendí, como he entendido cada vez que he estado en el Congreso de los Diputados, que mi dedicación en ese Congreso de los Diputados tenía que ser completa. Completa significa dedicado completamente a ello.

Hicimos esa tarea --por cierto, la hicimos juntos; hoy es una coincidencia, seguro, que estemos los tres aquí, una coincidencia-- y del trabajo que hicimos en esos años --trabajo, por cierto, de oposición-- también en pie de la oposición teníamos razón al advertir de la seriedad de la crisis económica que se vaticinaba. Lo quiero recordar: tuvimos razón. También tenemos razón ahora cuando desde el Gobierno estamos diciendo que estamos superando la crisis económica; añado y completo: tenemos razón, y razones se cuantifican.

A partir de ahí, decía, yo he entendido que no debía estar ocupando un escaño compatibilizándolo con nada. Por tanto, con nada es con nada y, a partir de ahí, obviamente dejé la empresa, la consultora. Todo esto lo he contado en una interpelación y, además, no sé por qué no sacan la interpelación, la tienen en el acta de sesiones, la tienen ahí. Me dicen: "esperan sus explicaciones". Pero si lo he contado en el Congreso de los Diputados. Lo que pasa es que, a veces, con contar las cosas en el Congreso de los Diputados ocurre que es el lugar más recóndito del mundo. Es decir, te siguen para las noticias que a ellos les interesa, pero el resto… Está ahí, está dada en el Congreso de los Diputados; pero, como bien dice, la semana que viene ya tengo control y volveré a repetirlo. Pero lo que les voy a pedir a los que me pregunten es que se lean yo que ya he dicho en sede parlamentaria porque, si no, no sé exactamente de qué me puedo explicar.

Si yo salgo de una empresa a partir del año 2008, ¿cómo quiere que explique nada de una empresa donde no estoy? No sé cómo le explico. Es que ¿cómo se explica uno donde no está? ¿Cómo se explica? Y, además, he tenido muchos colaboradores en esta vida. Hay algunos que conmigo estaban muy bien, yo juraría que estuvieron muy bien trabajando conmigo y hoy me critican mucho en los medios de comunicación. Altos cargos me critican mucho, como ustedes ven, y, cuando estaban conmigo, lo hacíamos todo estupendamente y ahora me critican mucho. Por eso decía que en esta vida la gente entre y sale. A usted no le pasa porque es más joven, mucho más joven, pero seguro que le ha pasado en la vida personal, en la vida familiar, en la vida social y en la vida profesional. Entran y salen de tu vida, de tu círculo, y cada uno hace lo que tenga que hacer y tendrá que explicarse.

Yo, como ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España, me estoy explicando desde el primer día. Otra cosa es que haya quien quiera titular de otra manera. Pero, mire, me ocurre también con mucha frecuencia este tipo de cosas. En las redes sociales, de vez en cuando, aparecen oleadas donde afirman que yo soy propietario de una empresa inmobiliaria muy importante, porque ocurre que el propietario de esa empresa tiene el mismo apellido que yo. Entonces, yo le pido perdón públicamente, y lo hago con toda sinceridad, por esa confusión y aparece que soy yo el propietario de una actividad que no conozco, que nunca he hecho, y, obviamente, los propietarios no tienen por qué sufrir las consecuencias de que realmente se produzca ese tipo de confusiones.

O sea, que yo rogaría que, por supuesto, cada uno haga lo que tenga que hacer, pero que no titulen con "la empresa de Montoro", porque no existe la empresa de Montoro desde el año 2008; que titulen con precisión. A partir de ahí, se dará todas las explicaciones, obviamente; pero nadie puede explicar algo de actividad donde no está y yo estoy, pregúnteme a mí, como responsable del Gobierno de España. Pregúnteme a mí y haga la valoración, que, por cierto, mis valoraciones también se cifran en datos, en hechos: el déficit público, la política presupuestaria…, datos, hechos. A partir de ahí, ya hablaremos de las desviaciones posibles de Comunidades Autónomas. Datos y hechos.

Sobre Cáritas, quiero decirle una cosa también, porque esto es un tema reiterativo en esta Legislatura: yo soy católico practicante y estoy muy honrado de formar parte de un Gobierno que ha habilitado, en términos de presupuestos para este año, veinte millones de euros a una sola ONG --a las siguientes, también--, a la primera ONG, que es Cáritas. Por tanto, a mí me parece muy bien que encuentren tantos defensores de esa postura.

Tributariamente, la cuestión es cómo trata nuestra legislación tributaria a las asociaciones o entidades sin fin lucrativo, ésta es la cuestión, y cómo se tratan las donaciones a esas instituciones. Nuestra legislación también incluye a los partidos políticos dentro de esas entidades y esas donaciones, porque los partidos políticos sirven al interés general de una democracia. Son absolutamente fundamentales y claves a ese interés general, y los trata haciendo equivalente, realmente, su tratamiento fiscal al de las ONGs y, en concreto, a las donaciones que reciben este tipo de entidades sin fines de lucro.

Ésa es la equiparación que cabe hacer y, por tanto, ésos son los pronunciamientos que ha hecho la Agencia Tributaria desde el año 2013 en sede judicial, en el caso llamado "papeles de Bárcenas". Eso es lo que ha hecho la Agencia Tributaria, esa calificación, en el año 2013, en el año 2014 y, obviamente, sigue defendiendo lo que dice la legislación tributaria actual en relación con las donaciones a este tipo de entidades que, por supuesto, además, insisto, atienden, uno, a unos fines sociales y otros a otro; pero son fines sociales todos, porque son los que dan sentido a nuestra Estado de Derecho y a nuestro sistema de libertades.

P.- Una pregunta para la ministra de Empleo y otra para el ministro de Hacienda.

En primer lugar, señora Báñez, dado que las Pymes o, por lo menos, las micro-empresas pueden tener o son ahora un objetivo prioritario para la formación, ¿cómo ha logrado convencer a las organizaciones patronales de que este modelo de formación es bueno, dada la oposición que ellos tenían? No sé si al final ha habido alguna aproximación o cómo respondería usted a las críticas que se han hecho, al menos, desde las organizaciones empresariales en este sentido.

Al Ministro de Hacienda. No lo he visto en la exposición que ha hecho y no sé si lo tendrá en algún sitio; pero, cuando ha hecho la evolución de los porcentajes de aumento de la Oferta de Empleo Público, no ha aparecía la Agencia Tributaria. No sé si hay también algún aumento o no.

Y respecto a esto último que usted ha comentado en los llamados "papeles de Bárcenas", el informe de la Agencia Tributaria y cómo se homologan fiscalmente las donaciones a partidos políticos con respecto a las organizaciones sin ánimo de lucro, ¿esa homologación no diferencia entre las organizaciones sin ánimo de lucro y las que no lo son? Por otra parte, ¿no diferencia las legislación lo que son donaciones legales con las donaciones supuestamente ilegales, que es de lo que se está tratando en el procedimiento judicial?

Sra. Báñez.- La reforma del sistema de formación es una reforma buena para los trabajadores porque, al aumentar la calidad de la formación, van a aumentar su empleabilidad y sus posibilidades de avanzar en su carrera profesional; es buena para las empresas, porque les va a permitir a tener mayor calidad y mayor flexibilidad a la hora de establecer la formación en el seno de la misma, y mayor competitividad en un mercado cada vez más global; y es buena para la sociedad, porque va a haber más control y más trasparencia, y va a haber también una evaluación permanente del modelo en nuestro país.

Esta reforma ha sido dialogada durante mucho tiempo con los interlocutores sociales, con las organizaciones de la economía social y los autónomos, con los centros y las empresas, y también con los expertos de nuestro país. En el ámbito al que usted se refería especialmente, con las organizaciones empresariales y sindicales, hemos tenido más de cincuenta reuniones a nivel del Ministerio de Empleo. Llevamos casi un año trabajando en este modelo, que es un modelo clave para nuestro país, para competir en el presente y en el futuro. Y yo quiero decir que cuenta el modelo del Gobierno que se aprueba hoy por el Consejo de Ministros con muchas aportaciones de todos.

Por tanto, ha sido una reforma dialogada hasta la extenuación y, además, cumpliendo los objetivos que, juntos, interlocutores sociales y Gobierno nos comprometimos en el acuerdo de julio en Moncloa con el presidente del Gobierno. Por tanto, ahí están las líneas básicas y estratégicas del modelo que hoy presentamos, han sido compartidas por todos y yo creo que es una buena reforma, no sólo para los trabajadores y las empresas, sino también para la sociedad en términos de mayor control, mayor transparencia y esa evaluación permanente que requiere un sistema que tiene que ser elemento fundamental para que sea un elemento de competitividad de país.

Sr. Montoro.- El detalle de los efectivos humanos sería el siguiente, leído con celeridad: en la lucha contra el fraude fiscal y control del gasto, los efectivos totales aumentan 784: en la oferta ordinaria, 290 y en la extraordinaria, 494; en concreto, en el Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado los efectivos totales aumentan cincuenta, veinte de los cuales vienen de la ordinaria y treinta de la extraordinaria, mientras que en los cuerpos técnicos de Hacienda son en total 323, de los cuales 129 vienen de la ordinaria y de la extraordinaria, 194. Por eso les decía que realmente es donde está el mayor número. Y los agentes de la Hacienda Pública son, en total, cincuenta: veinte de la ordinaria y treinta de la extraordinaria. Luego, el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad también, que obviamente ya no es estrictamente…

Y en la lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social también hay un refuerzo muy importante, si me permite la Ministra. El total son 264, de los que oferta ordinaria son 114 y extraordinaria 150. Luego viene todo el desglose, todo el detalle, también de inspectores, subinspectores… Ellos tienen una terminología muy parecida, pero distinta, de lo que es la Agencia Tributaria.

Pero todo este detalle lo tendrán, obviamente, en la publicación.

En relación con su otra pregunta, no tributan estas entidades de interés general en beneficio de interés general --insisto, los partidos son calificados como entidades de interés general, son la base de nuestra democracia-- por las cuotas de asociados, las subvenciones o las donaciones que reciben para realizar su actividad, siempre que se dedique ese dinero precisamente a los fines que justifican su existencia. Ésta es la cuestión y, a partir de ahí, obviamente estamos en un proceso judicial abierto y yo quiero ser enormemente cauto respecto de ello. Y me gustaría también que lo fueran todas las formaciones políticas, y el señor Sánchez es el primero que debería ser un poco más cauto realmente, entre otras cosas, porque el Partido Socialista está presente en la causa como parte y, por tanto, ya está haciendo su labor allí, pero se ve que lo que quiere hacer es su labor desde fuera.

Pero, en aras a la imparcialidad de la Justicia, en lo que tenemos que insistir en que estamos ante un procedimiento judicial y ha habido un pronunciamiento de la Agencia Tributaria, que no puede ser de otra manera, desde el año 2013; no estamos hablando de ninguna novedad a ese respecto. Pero, obviamente, la última palabra siempre la tiene la Justicia.

P.- Vicepresidenta, le quería hacer la pregunta de qué valoración hacen de que el Ministro de Asuntos Exteriores estuviese en el momento del atentado de Túnez, cuando ya se sabía que había un español muerto, en los toros.

Por otro lado, al Ministro de Hacienda quería hacerle dos preguntas. En la cuestión de Cáritas la cuestión sería por qué podría haber tenido acceso al informe de los peritos el asesor del director de la Agencia --estamos hablando de Rogelio Menéndez-- antes de que ese informe hubiese sido enviado al juez, porque había, al parecer, alguna correspondencia entre párrafos en el texto de Cáritas y el informe enviado a los peritos.

Por otro lado, en esa consultora que usted fundó en el año 2006 ha habido gente que ha ido de la Administración a la consultora y luego han vuelto. ¿Estas prácticas se podrían considerar como puerta giratoria o qué valoración hace de ello?

Por último, a la ministra de Empleo. Cuando se acometió la reforma de la formación, ustedes decían que era importante que no hubiese juez y parte, que los agentes sociales no organizasen ni impartiesen la formación. Sin embargo, parece que en esa formación de demanda ahora se abre la puerta a que las estructuras paritarias con sindicatos y empresarios puedan organizar e impartir cursos a las empresas que así lo soliciten. ¿De alguna forma se les hace concurrencia competitiva por un lado, pero por otro lado se les da lo que se les ha quitado en un aspecto de la formación?

Vicepresidenta.- Sobre su primera pregunta, desconozco esa circunstancia por la que me pregunta. Sólo le voy a decir que desde el momento en que tuvimos noticia del atentado el Gobierno en pleno, muy especialmente Presidencia del Gobierno, Vicepresidencia del Gobierno, Ministerio del Interior y Ministerio de Asuntos Exteriores, porque éramos los que teníamos algún tipo de competencia en el asunto, hemos trabajado muy coordinadamente. Tan pronto como fuimos teniendo información --los primeros momentos fueren bastante confusos y la situación era muy complicada--, la fuimos transmitiendo y el propio presidente del Gobierno pudo hablar con el presidente de Túnez.

La noche del miércoles al jueves fue una noche complicada para los servicios de todos. Hablamos mucho a lo largo de esa noche y a lo largo de esa madrugada porque había dos personas desaparecidas que felizmente fueron encontradas. Tuvimos la oportunidad ayer de hablar con una de ellas y saber que estaban bien, además con la situación también preocupante del estado de una de ellas.

Lo que tengo que decir es que en todo momento los cuatro Ministerios, e Interior además mandó efectivos, hemos trabajado muy coordinadamente para poder repatriar los cuerpos cuanto antes, que las familias pudieran regresar cuanto antes también y que pudiéramos atender debidamente a las personas que después aparecieron. En ese sentido, también quiero agradecer la colaboración de todas las instituciones, de las españolas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del servicio diplomático consular, de otros servicios en la zona, de las autoridades tunecinas y de otros Gobiernos que también han estado implicados por sus nacionales y con los que hemos trabajado muy coordinadamente en esa solidaridad que a todos nos une. Y también agradecer los innumerables gestos de solidaridad que en este tema ha tenido el pueblo español, que al fin y al cabo ha tenido dos víctimas.

Sr. Montoro.- En primer lugar, en relación con la temporalidad, ésa que marcaba no es así. Los informes están firmados por los funcionarios… Es decir, primero el auxilio judicial, funcionario que, por lo demás, es el mismo que lleva ya bastante tiempo en ese auxilio judicial, y firmado por la directora de la ONIF; firmado por funcionarios. Por tanto, son ellos los autores y los que lo mandan al Juzgado.

A partir de ahí, a partir de ese envío, posteriormente se harán las aclaraciones pertinentes, porque tiene unas ciertas complejidades esto de explicar las entidades, digamos, que están exentas en términos de ONGs o de partidos políticos. Tiene cierta complejidad pero, si existe algún malentendido a la hora de que figure junto al nombre del Partido Popular una ONG, a mí me parece que tampoco…

Hay quien se sentirá ofendido, pero es que el ofendido no debería de sentirse así, porque estamos en una democracia y los partidos políticos son absolutamente fundamentales en términos de ello y tienen el mismo tratamiento fiscal. A partir de ahí, habrá más suerte o menos en las comparaciones, pero es hacer pedagogía sobre el desarrollo de la norma tributaria, que no tiene nada que ver… Los informes han ido al Juzgado en su momento y firmados por los funcionarios.

Por tanto, el que pretenda buscar también no sé cuántos pies al gato… No les gusta lo que va al Juzgado, pero díganlo: "no me ha gustado lo que va al Juzgado". Ésta es una sociedad libre, obviamente; pero no anden con tanta práctica extraña, anómala, porque no existe esa práctica; lo que existen son funcionarios que realmente son muy respetables, que deben ser respetados por todos, y no ha ocurrido nunca en la historia de la democracia que se haya atacado de esta manera la honorabilidad de funcionarios.

Otra cosa es que se critique esto: "señor Ministro, cambie usted a la directora general de la Función Pública aquí presente en relación con la Oferta de Empleo Público". Esto es la libertad, obviamente, y todo lo que quieran; pero hay que respetar la dignidad de las personas, la honorabilidad de las personas, y no hacer inventos extraños, anormalidades extrañas, en término de eso. Y yo el respeto se lo pido también, insisto, a todas las formaciones políticas, porque sobre la Agencia Tributaria no se dan instrucciones políticas. ¡Pero cómo se van a dar! No se han dado nunca. ¿O es que alguien las ha dado? Yo estoy ya en mi octavo año como responsable político de la Agencia Tributaria y no me consta que se haya dado una instrucción política en la Agencia Tributaria, y menos en términos de procesos judiciales. O sea, ya no cabe de ninguna manera, porque obviamente estamos hablando de la reputación de quienes firman esos informes y esa reputación me parece intachable.

A partir de ahí, ya entramos en lo de la puerta giratoria, que a uno les gusta o no les gusta. Eso está regulado por la Ley. Los conflictos de intereses están regulados por la Ley y, a partir de ahí, si alguien ve un abuso, se denuncia; pero eso está regulado por la Ley. Además, es que no puedo entender, si me permiten, otro modo de entender.

En este Gobierno hay personas que han venido al Gobierno desde la empresa privada, dejando sus puestos mucho más retribuidos, mucho más remunerados, para servir a los españoles. Eso a mí me parece positivo. ¿Qué quieren que les diga? Me parece positivo. Además, llevo ya mucha larga experiencia en la vida pública y en la vida política. Yo soy funcionario, tengo trece trienios en la función pública, he hecho toda una carrera universitaria a tiempo parcial, compatibilizando legalmente con todo lo que hecho y, cuando he estado en el Congreso de los Diputados, me he dedicado a estar en el Congreso de los Diputados, que por cierto, me ha enseñado mucho también de lo que es la actividad política y la actividad pública.

Por tanto, todo esto está regulado. Nosotros hemos endurecido en esta Legislatura eso que se llama las puertas giratorias; pero yo insisto: el día en que un país no permita que gente que está trabajando en el sector privado venga a trabajar en un Gobierno es que se empobrece el país. Yo recomendaría que no se hiciera esto porque, si se hace esto… Y entiendo que desde el planteamiento de izquierda se pretenda. Cada uno es muy libre; pero lo que está demostrando otra vez la práctica es que precisamente los Gobiernos que saben lo que es una empresa, que sabe lo que es la iniciativa, que saben lo que es emprender y que saben lo que es realmente favorecer desde sus políticas económicas el emprendimiento, después son los Gobiernos que sacan a España de la crisis, con perdón de los otros que ya saben…

En el bipartidismo ya saben esa diferencia: hay unos que gobiernan y luego se suceden otros, otros cuando hay crisis, y, desde luego, tenemos que celebrar que personas de esa formación, de esa categoría y de esa condición vengan de la empresa privada, salvaguardando todos los conflictos de intereses, para realizar un empeño de servicio público cuando, además, el resultado es positivo, como es éste, y España está saliendo de la crisis.

Sra. Báñez.- Sobre el modelo de formación, efectivamente los interlocutores sociales, los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales, están en el diseño y la planificación del nuevo modelo; pero no están en la gestión directa de los recursos públicos. Usted me habla de otro ámbito, que es el ámbito de la formación en el seno de la empresa, de la formación bonificada. Pues bien, la empresa elige en libertad si la hace directamente o si la hace a través de un centro de formación, de una consultora y ahora también a través de una organización empresarial o sindical, si así lo estima conveniente, porque es su bonificación y su planificación como empresa que lo decida.

Pero quiero decir que en este caso, en el caso de que la organización la haga una entidad como una organización empresarial, sectorial o sindical, lo que recibe es una compensación por la organización de eso. Luego la formación la dará en centro acreditado sea el que sea, con lo cual se sigue respetando el que no sea juez y parte.

Insisto, ámbito privado, ámbito de la empresa, la empresa decide y es en ese ámbito donde se bonifica a la empresa; no es en el ámbito de los recursos directos que reciben vía subvención, que eso va todo a concurrencia competitiva 100 por 100.

P.- Mi pregunta es en referencia al llamado Estado Islámico. Decía antes que es importante el trabajo conjunto de la Comunidad Internacional, pero hay muchas críticas sobre la lentitud, la falta de acción, lo que ha sucedido en Túnez y la rápida extensión de este terrorismo. ¿Esto no implica un cambio de estrategia de la Comunidad Internacional? ¿Tiene que ser Barcelona, la Cumbre del 13 de abril, el sitio donde se tenga que firmar este cambio de estrategia?

En relación con esto, también en España hay muchas informaciones que apuntan a la situación estratégica de la Península Ibérica, en especialmente de Cataluña, Levante, y también Ceuta y Melilla, sobre la estrategia del Estado Islámico pasando por aquí. ¿Se tienen que tomar aquí nuevas medidas en relación con el Estado Islámico, también en España?

Vicepresidenta.- La primera pregunta hace referencia al contexto en el que tenemos que trabajar desde el punto de vista internacional y yo creo que hay que dar un nuevo impulso a medidas en el conjunto de la comunidad, tanto en lo que afecta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde además España en próximas fechas tiene que jugar un papel destacado, como en el ámbito de la Unión Europea.

No es la primera vez que en el ámbito de la Unión Europea como consecuencia de atentados, y quiero recordar por ejemplo los atentados del 11 de septiembre, se tomaron un conjunto de medidas que yo creo que fueron un avance fundamental en la lucha contra el terrorismo. Medidas como la Decisión Marco contra el terrorismo, donde por primera vez hubo una definición de lo que es ese delito en el ámbito internacional, se adoptaron allí; la euro-orden que permite facilitarlo y otro conjunto de medidas desde el punto de vista operativo.

Yo creo que en el ámbito del control operativo es importante y hay terreno muy amplio en el que avanzar en el conjunto de la Unión Europea. Creo que se está haciendo y es uno de los puntos de discusión en los próximos Consejos, y también en el ámbito de la Comunidad Internacional, porque, indudablemente, este es un reto importante en el que todos, permítame que lo diga así, también tenemos que ser muy consecuentes y muy responsables, por cuanto estamos hablando de un terrorismo que, además, busca una visibilidad en la que creo que todos deberíamos que ser también muy conscientes.

En segundo lugar, sobre la posición española, nosotros, como consecuencia de los atentados de París, hemos elevado el nivel de alerta y lo vamos a mantener. Tenemos una legislación antiterrorista muy rigurosa; de hecho, nuestra legislación antiterrorista ha servido en el ámbito internacional, en el ámbito europeo y también en otros Estados que no habían sufrido atentados y que empezaron a padecerlos, para poder incorporar ciertas medidas. Este jueves en el Congreso de los Diputados se aprueban medidas como las contempladas en el Código Penal y medidas en las Cortes Generales que hemos aprobado o adoptado conjuntamente con el Partido Socialista.

Yo creo que ésa es la línea en la que tenemos que seguir trabajando, adoptando medidas desde el punto de vista operativo y siendo conscientes de que España tiene a lo mejor, desde un punto de vista, digamos, de estadística más general, menos problemas; pero que el riesgo cero no existe. Para nosotros, segundas y terceras generaciones, por la propia dinámica histórica de España y su situación sociológica, es diferente; pero tenemos que estar preparados, tenemos que trabajar… Hoy, por ejemplo, la Oferta de Empleo Público en materia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es una oferta importante. Hay que fortalecer nuestros operativos y también tenemos que hacerlo desde el punto de vista técnico.

Esto es un reto, un reto a nivel internacional, a nivel de Comunidad Internacional, a nivel de todos los actores implicados, en el que la política internacional, la política exterior, la política antiterrorista y el conjunto de la Unión Europea y de todas las instituciones tenemos que ser muy conscientes de hacia donde tenemos que actuar, diferenciando muy bien lo que son los terroristas y apoyando a todos aquellos que estén dispuestos en esta tarea de apoyarnos y reivindicar también su papel.

Muchísimas gracias.