Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro de Economía, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a pasar a informarles de los asuntos abordados hoy en el Consejo de Ministros.

En primer lugar, quiero adelantarles que hoy hemos tratado la preceptiva comunicación del Gobierno para la celebración del Debate sobre el Estado de la Nación, que tendrá lugar los días 24 y 25 de este mismo mes, y que hoy será remitida al Congreso de los Diputados. Como saben, esa comunicación es la solicitud formal al Parlamento de la voluntad del Gobierno de celebrar el Debate sobre el Estado de la Nación, que es el gran debate político y parlamentario del año.

En el documento remitido al Congreso se avanzan las materias sobre las que va a versar o se pretende por parte del Gobierno plantear este debate. Siendo el tercero y el último de la Legislatura, queremos hacer un balance de los resultados de estos tres años de reformas y, al mismo tiempo, plantear los proyectos para este último año de mandato.

Para eso hemos estructurado el documento en los siguientes ejes: por un lado, en el ámbito económico y social, la recuperación económica, destacando las dificultades ya superadas y el cambio de escenario derivado de las reformas, del Plan de Reformas ejecutado por el Gobierno. Es un programa de reformas que nos ha permitido pasar en menos de tres años de ser un país al borde del rescate y en recesión a tener una de las mayores tasas de crecimiento de las grandes economías europeas; un crecimiento que ya se traduce en creación de empleo, no sólo por los datos del 2014, sino por las previsiones de 2015 derivadas de nuestro análisis económico. Ello permitirá, además, trasladar con mayor intensidad la recuperación económica a las familias españolas y, además, garantizar la sostenibilidad del bienestar de los españoles.

En segundo lugar, las medidas adoptadas en el terreno de la regeneración democrática, resaltando el importante paquete de medidas aprobado por el Gobierno durante toda la Legislatura. Algunas de ellas están en su última fase de tramitación parlamentaria y suponen una nueva cultura de lo público, con más responsabilidad en los gestores, más transparencia en la Administración y mayores medidas contra la corrupción.

Y, por último, un análisis de la fortaleza de las instituciones democráticas, poniendo en valor el marco de convivencia que garantiza nuestra Constitución.

El Gobierno se presenta, por tanto, al Debate del Estado de la Nación con dos elementos: un análisis del balance riguroso de la acción del Gobierno en estos tres años y de las líneas maestras de lo que nos queda por hacer de aquí al final de la Legislatura: consolidación en el empleo, puesta en marcha de la Agenda Social del Gobierno, la culminación de las reformas estructurales, la consolidación de la reforma de las Administraciones Públicas y la tramitación de las medidas de regeneración democrática.

Además, hoy me acompaña el ministro de Economía y Competitividad, porque se han aprobado tres normas que persiguen mejorar nuestros mecanismos de control en cuestiones esenciales para nuestra economía en el sector empresarial y bancario. Además, son las normas en las que adaptamos nuestro ordenamiento a la normativa comunitaria. En primer lugar, el envío a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas, con la que se adapta el marco español a la normativa europea sobre la materia, que, como saben, es un Reglamento y una Directiva que se aprobaron a mediados del año 2014. ¿Cuáles son os objetivos? Reforzar los servicios de auditoría, aumentar la calidad de esas auditorías, incrementar la confianza a través de la transparencia de estos servicios y fortalecer la independencia de los auditores. Por tanto, se busca proteger el interés general, estableciendo requisitos más estrictos a las actividades de auditoría de cuentas y mejorando su calidad.

También en esta misma línea, se han aprobado dos Reales Decretos: uno que modifica el que regula las instituciones de inversión colectiva en la finalidad de fomentar fuentes de financiación alternativa a la Banca, y otro que desarrolla la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades de crédito, y regula aspectos tan importantes como el régimen de autorización o determinados aspectos en materia de gobierno corporativo.

Por último, quería informarles de otros dos asuntos. Primero, se ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la contratación por el Fondo Español de Garantía Agraria del suministro de determinados alimentos en el marco del Programa de Ayuda Alimentaria a las personas más desfavorecidas 2015, por un importen de 57 millones de euros. Como saben, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Español de Garantía Agraria, pone en marcha año tras año los Programas de Ayuda Alimentaria, por los que se encarga de comprar los alimentos a empresas agroalimentarias mediante un procedimiento de licitación pública. Luego, estos alimentos son suministrados a los centros de almacenamiento que las organizaciones asociadas de distribución, que han sido Cruz Roja Española y la Federación Española de Banco de Alimentos en los últimos años, tienen en todas las provincias. Y estas organizaciones distribuyen alimentos a las organizaciones de reparto, que son unas nueve mil, que son las que los hacen llegar a las personas más desfavorecidas.

Para que el FEGA pueda adquirir esos alimentos en el Programa Ayudas 2015, el Consejo de Ministros autoriza su contratación. Hoy, un paquete importante: leche, aceite y conservas. En posteriores Consejos se unirán otros cuyos pliegos fueron ya publicados en la plataforma electrónica de contratos del Estado el pasado 10 de febrero.

El Programa de 2015, en su conjunto, tiene un valor total de 118 millones de euros, lo que supone un incremento de 40 millones respecto del Programa de 2014. El presupuesto total disponible para España, para el período 2014-2020, asciende a 662,84 millones de euros.

Por último, hemos aprobado un Acuerdo en el que se declara una reserva sobre parte del dominio público marítimo-terrestre situado en Las Aletas, en Puerto Real (Cádiz). Esta nueva reserva es un paso decisivo para la creación del parque logístico y tecnológico en el territorio de Las Aletas, en Puerto Real. El llamado Proyecto Aletas consiste en la construcción de un parque logístico y tecnológico en esta zona, cuyo objetivo principal es promover el desarrollo económico y la creación de empleo en la Bahía de Cádiz; que, como saben, es una de las provincias con mayor índice de desempleo.

La creación de reserva es necesaria para permitir la utilización de parte de los terrenos de dominio público para los usos logísticos asociados al parque. La puesta en marcha del Parque de Las Aletas se estima que podrá generar en el futuro alrededor de dieciocho mil puestos de trabajo.

Quiero aclarar que esta declaración de reserva sustituye a una anterior, que fue anulada por una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2009 y que supuso la paralización del proyecto. Precisamente, lo que se hace en esta nueva declaración de reserva es que se fortalece y se da especial atención a los aspectos medioambientales del proyecto, que derivaron o que motivaron su anulación por parte del Alto Tribunal. Después de esta declaración de reserva, el siguiente paso consiste, fundamentalmente, ya en la aprobación de un nuevo planeamiento urbanístico de la zona, que es competencia de la Junta de Andalucía.

Sr. De Guindos.- Como comentaba anteriormente la Vicepresidenta, el Consejo ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Auditoría y, después, dos normas importantes, dos decretos importantes, uno de instituciones de inversión colectiva, es decir, de fondos de inversión, y otro de desarrollo de la Ley de Solvencia.

Entrando, en primer lugar, en lo que es el Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas, simplemente quería resaltar que hay unos antecedentes: una Directiva comunitaria y un Reglamento comunitario que tienen que entrar en vigor a mediados del año próximo. Por lo tanto, es necesario que este año tramitemos dicho Proyecto de Ley en las Cortes para que, efectivamente, cumplamos con lo que son los calendarios comunitarios.

Lo que hace, fundamentalmente, este Proyecto de Ley es adaptar la normativa española en el ámbito de auditoría a lo que ez la regulación comunitaria. Se busca, sobre todo, elevar la calidad de la auditoría a través, fundamentalmente, de incrementar, de incentivar y de generar mayor independencia entre el auditor y el auditado.

¿Cuáles son las principales características de este Proyecto de Ley? En primer lugar, se establecen lo que son los requisitos exigidos a los auditores de las Entidades de Interés Público. Las Entidades de Interés Público son las cotizadas, los bancos, compañías de seguros… Fundamentalmente, para éstos la auditoría es especialmente relevante, ya que estas entidades tienen una repercusión y se considera que lo que es la opinión del auditor y la auditoría realizada es importante desde el punto de vista de lo que es el conocimiento de terceros.

Aquí lo que hacemos, en primer lugar, es ampliar el concepto de Entidades de Interés Público y lo hacemos también a las entidades que cotizan en el MAB, en el Mercado Alternativo Bursátil. Saben ustedes que hemos tenido algunos problemas con las auditorías en el MAB y, para evitarlo a futuro, exigimos que las entidades cotizadas, que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil tengan un auditor especialmente vigilado y con unas características específicas, más estrictas que para el resto de entidades.

En segundo lugar, se refuerza la independencia de los auditores. Se establecen limitaciones a los servicios complementarios distintos a los de auditoría, que pueden realizar las empresas auditoras. Nos ajustamos estrictamente al Reglamento comunitario, se establece una lista de once servicios completamente incompatibles y se permite la prestación de servicios fiscales y de valoración siempre que no tengan un impacto significativo desde el punto de vista del balance de las entidades auditadas.

También se establecen limitaciones en la relación entre el auditor y los familiares del mismo que puedan realizar estos servicios, para que, efectivamente, no haya ningún tipo de conflicto, no haya ningún tipo de situación, que pudiera mermar la independencia del auditor.

En tercer lugar, y muy importante, es establece una rotación obligatoria de los auditores en las Entidades de Interés Público por primera vez en nuestro país. Es decir, se establece una duración máxima de los contratos de auditoría de diez años. Hay un periodo transitorio que se establece en el Reglamento, pero con esta Ley yo creo que algo que es muy importante, que es la rotación del auditor cada diez años, se tiene que producir y eso, lógicamente, incrementa lo que es el objetivo fundamental de la norma, que es garantizar la efectividad en la independencia del auditor en relación con las cuentas auditadas.

Por otro lado, también se establece la rotación interna dentro de las compañías de auditoría cada cinco años; de socio, por decirlo de alguna forma.

En cuarto lugar, hay una serie de limitaciones de los honorarios que pueden percibir las auditoras para garantizar esta independencia que, como decía anteriormente, es el objeto fundamental de la norma. Hay limitaciones desde el punto de vista de lo que pueden suponer los ingresos distintos de auditoría con respecto a los ingresos obtenidos por auditoría en un plazo de tiempo; es decir, no pueden suponer más del 70 por 100 de los honorarios de los últimos tres ejercicios. Y también se intenta que el auditor sea independiente de las empresas auditadas y que no haya un cliente de auditoría que vaya más allá de un cierto porcentaje, de un 15 por 100 del total, porque eso lo que haría, en última instancia, sería mermar, como decía anteriormente, la necesaria distancia en la independencia que tiene que existir entre el auditor y el auditado.

Por otro lado, se refuerza la transparencia, clarificando el papel del auditor e incrementado la información; se amplía el contenido de los informes de auditoría y las obligaciones adicionales en relación con los contenidos exigidos; se exige a los auditores de Entidades de Interés Público un informe adicional que debe entregarse al Comité de Auditoría; la remisión de información adicional para las entidades financieras que tengan naturaleza sistémica, etcétera Y también se exige mayor contenido de detalle en el informe anual de transparencia.

Por otro lado, se modifican las normas relativas al comité de auditoría de las Entidades de Interés Público para incrementar, a su vez, la independencia de este comité de auditoría. Tienen que existir en las Entidades de Interés Público y, además, la mayoría de sus miembros tienen que ser consejeros independientes. Y también se amplían las competencias del comité de auditoría.

Por otro lado, se introducen medidas liberalizadoras y se eliminan determinadas barreras de entrada que existen actualmente en el mercado de auditoría; se fortalece la capacidad de supervisión nacional, que la realiza el ICAC, que de alguna forma se amplían y se refuerza la independencia del ICAC; sobre los directivos del ICAC, los responsables del ICAC, se incrementa su independencia en el respecto a lo que son las auditoras y se potencian los mecanismos de cooperación con otros organismo internacionales, porque en el tema de auditoría, lógicamente, hay una interrelación, hay una normativa común, en el ámbito de la Unión Europea.

Además, se otorga a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la capacidad de supervisar el cumplimiento de las normas por parte de los comités de auditoría de las Entidades de Interés Público.

Eso es lo fundamental de ésta Ley de Auditoría. Si le parece bien a la Vicepresidenta, sin solución de continuidad paso a los dos Reales Decretos.

El primer Real Decreto es el de Instituciones de Inversión Colectiva. Estamos hablando de los fondos de inversión, fundamentalmente, que es una forma de ahorro muy importante en nuestro país. Lo que hacemos con este Reglamento es desarrollar la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva con la finalidad fundamental de incrementar las fuentes no bancarias de financiación de las empresas españolas. En España tenemos un problema: el 95 por 100 de la financiación de las Pymes es financiación bancaria. Cuando hay una crisis bancaria, eso se traduce inmediatamente en una restricción de crédito y degenera a una recesión. Por lo tanto, uno de los objetivos fundamentales del Gobierno ha sido intentar incrementar otras fuentes adicionales de financiación, especialmente para las Pymes, para que esa dependencia de la financiación de los bancos sea mucho más limitada y mucho más reducida.

¿Qué es lo que se hace en este Real Decreto? En primer lugar, se refuerzan los requisitos de control de riesgos, de liquidez y de conflictos de interés de las gestoras. Como saben ustedes, en una institución de inversión colectiva existe un triángulo: está la propia institución de inversión colectiva, que normalmente no tiene personalidad jurídica; después, tenemos la gestora y, en tercer lugar, existe el depositante. La gestora es al que toma las decisiones de inversión y el depositante es el que lleva el control de los valores en custodia en los cuales, teóricamente, ha invertido en la cartera del fondo de la institución de inversión colectiva.

Se regula el régimen jurídico de los depositarios porque, como decía anteriormente, tiene un papel fundamental desde el punto de vista de la garantía de que las inversiones en las cuales se indica que está invirtiendo el fondo son realmente éstas. Se establecen requisitos más estrictos para las sociedades gestoras, desde el punto de vista de control de riesgos, de evitar conflictos de interés y asegurar una política de remuneraciones más transparentes y con los incentivos adecuados.

Se crean opciones de financiación directa como alternativa al canal bancario, como indicaba anteriormente. Por ejemplo, se permite que las instituciones de inversión colectiva libres, los conocidos como "hedge funds", puedan invertir en facturas, en préstamos, en efectos comerciales, y que puedan otorgar préstamos. Lógicamente, esto lo tienen que hacer con publicidad y se tiene que dar a conocer a los potenciales inversores de los riesgos. Y se limita, lógicamente, su comercialización a los inversores institucionales, que saben ustedes que tienen unas características especialmente estrictas.

Se permite, a su vez, la comercialización activa de las instituciones de inversión colectiva de inversión libre, es decir, los "hedge funds", a minoristas cualificados siempre y cuando realicen un desembolso mínimo de cien mil euros y, además, dejen constancia por escrito de que conocen las características de inversión y los riesgos asumidos por parte de la institución de inversión colectiva.

Por último, tenemos el Real Decreto de solvencia, que también es desarrollo de una ley, ley que se aprobó a mediados del año pasado, cuando tuvimos que ir a un Real Decreto Ley para adaptarla a la normativa comunitaria y, después, sacamos la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de entidades de crédito. Lo que hace, fundamentalmente, es complementar el paquete derivado de Basilea III y de la CRD IV.

El contenido de esta norma, a grandes rasgos, es el siguiente: en primer lugar, se desarrolla el régimen de requisitos subjetivos de funcionamiento de las entidades de crédito en España, como por ejemplo el procedimiento de autorización, el régimen de participaciones significativas, los requisitos de idoneidad de los administradores y las cuestiones relativas al gobierno corporativo.

En segundo lugar, se regulan las cuestiones propiamente relacionadas con la solvencia de las entidades de crédito, que era el objeto fundamental de la norma. Se establecen los elementos que deben tener en cuenta las entidades a la hora de realizar la autoevaluación del capital interno. Como saben, hay entidades que las necesidades de capital las calculan de acuerdo con modelos internos. Esto es lo que se regula, aparte de que, posteriormente, el supervisor compruebe que efectivamente es correcto. Y también lo que son los mecanismos necesarios de gestión de riesgos.

A su vez, se definen las diferentes necesidades de capital. En el caso de la CRD IV, es decir, de la Directiva había un capital mínimo del 4,5 por 100 y se van estableciendo diferentes colchones en función de las diferentes características de las entidades.

También se desarrolla el ámbito de la función supervisora del Banco de España. Como saben ustedes, desde que entró en vigor la Unión Bancaria el supervisor bancario en la zona euro para el 90 por 100 de los bancos españoles es el Banco Central Europeo y, por tanto, hay que ajustar la colaboración del supervisor nacional, que de alguna forma queda supeditado a lo que es la función del supervisor único europeo, que es el Banco Central Europeo.

Ésas son las cuestiones fundamentales.

P.- Vicepresidenta, quería pedirle dos valoraciones. La primera es referida a la "lista Falciani" --me refiero a la primera lista-- y quería preguntarle si al Gobierno le parece correcta la actuación del Gobierno de Rodríguez Zapatero con esa presunta amnistía que les concedió a los españoles que aparecían en esa lista.

En segundo lugar, quería pedirle una valoración. Hoy ha salido el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, en el cual se indica que el Partido Popular no remonta.

Vicepresidenta.- La primera de las cuestiones. Como saben, la "lista Falciani", a finales del mes de mayo de 2010, y en el marco de la cláusula del intercambio que formaba parte del convenio de doble imposición que tenemos con Francia, el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria recibió de las autoridades francesas información espontánea correspondiente a los ejercicios 2005 y 2006, sobre los titulares tributarios españoles que tenían a su disposición cuentas bancarias en una entidad con sede en Suiza, bien como titulares o como beneficiarios efectivos. Esto es lo que conocemos como "lista Falciani".

¿Qué hizo el Gobierno anterior? Tras una labor de identificación y depuración de información, formuló un requerimiento para la presentación de declaraciones complementarias a un determinado número de contribuyentes, a efectos de que regularizaran esa situación, sin una normativa "ab hoc" al respecto y sin perjuicio de que en algunas otras cuestiones se abrieran expedientes sancionadores y la tramitación del correspondiente expediente de delito fiscal.

¿Cuál es la diferencia? Que no se hizo a cabo en el seno de un procedimiento, digamos, "ad hoc" para ese asunto. Entonces, mi pregunta es a la inversa y al Partido Socialista, que ha hecho buena parte de esta Legislatura una tarea de oposición sobre la regularización que llevó a cabo este Gobierno, conociendo, como conocía, el modo de proceder a la "lista Falciani". Creo que la respuesta la tienen que dar los correspondientes responsables del Partido Socialista. Con nosotros se han llevado a cabo actuaciones muy importantes de lucha contra el fraude, que han permito aflorar, con la DTE, 40.000 millones de euros, un 4 por 100 del PIB, activos, y, a través de la declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero, bienes por valor de 120.000 euros; con transparencia y con procedimientos que han pasado todos los trámites correspondientes.

Ahora bien, yo creo que le corresponde al Partido Socialista, quien, como digo, ha hecho de los ejes de oposición éste uno de los elementos, que explique de qué manera llevó a cabo esta decisión. Por nuestra parte, el Ministerio de Hacienda, con estos y otros datos, está logrando, en un procedimiento de lucha contra el fraude, unos elementos muy importantes y una recaudación muy importante, no sólo los doce mil millones, que es importante en cuanto a elemento de recaudación, sino lo que es estructural y clave, que es el afloramiento de nuevas bases, p0orque aflorando nuevas bases lo que se tiene son ingresos tributarios recurrentes.

Y sobre las encuestas, ya saben que yo aquí no valoro, ni cuándo van en un determinado sentido o en otro sentido. Son distintas encuestas y la encuesta que importa es el día de las elecciones.

P.- Yo tenía un par de preguntas para la Vicepresidenta relativas al Consejo Europeo de Bruselas. A la vista de que no ha habido ningún tipo de encuentro, ni siquiera saludo, entre el presidente del Gobierno y el primer ministro Tsipras, me gustaría saber si no hay intención, inicialmente, de mantener contacto con este Gobierno de Atenas. ¿No les parece anómalo, o quizás poco habitual, que, cuando llega un nuevo dirigente al seno de la Unión, no haya al menos un saludo o un acercamiento?

También, por esas declaraciones que hizo Tsipras diciendo que vio al presidente Rajoy algo nervioso y que se equivocaba --decía también ayer-- proyectando la situación o los problemas españoles a la esfera europea.

Eso sería para la vicepresidenta. Luego, tenía también una pregunta para el ministro de Economía, también ligada al tema de Grecia. Ayer escuchamos al ministro de Asuntos Exteriores con una argumentación nueva, manejando unas cifras que no habíamos escuchado, hablando de que, si no hubiésemos prestado a Grecia la ayuda que le dimos, se podían haber subido las pensiones un 38 por 100 y también las prestaciones por desempleo un 50 por 100. Me gustaría que nos aclarara un poco de dónde salen estos cálculos, que parece que ponen en duda algunos expertos.

Y también el Ministro hablaba creo que de 32.000 millones y el Presidente incluso hablaba de 26.000 millones. ¿Nos puede matizar exactamente esa cifra?

Vicepresidenta.- Sobre sus dos primeras preguntas, las nuevas autoridades griegas se han reunido con algunos presidentes o con algunos ministros; pero no con el conjunto de todos los miembros de la Unión Europea. Con lo que eso podría plantearse para el resto de los Estados.

En segundo lugar, y lo que es importante en este asunto, que es nuestra posición en el Eurogrupo y en el conjunto de la Unión Europea, nosotros entendemos, en primer lugar, que no puede haber quita de la deuda, y de la deuda --luego el ministro de Economía podrá precisar todavía más-- que mantiene Grecia con España; que no puede haber esa quita. Nosotros hemos sido solidarios con los ciudadanos griegos pero, a la vez, somos también muy exigentes con sus Gobiernos, porque tienen que cumplir sus compromisos.

En segundo lugar, cualquier tipo de actuación y de negociación debe hacerse como se ha hecho siempre en la Unión Europea y como venían haciendo los Gobiernos anteriores de este país: en el seno de sus instituciones, de la forma similar a la que se hace con todos los Estados y con todos los Gobiernos, éste y el anterior.

Y enlazando con la última de sus cuestiones, no va en la naturaleza de este presidente del Gobierno, como saben bien, que se inquiete por muchas cosas, y menos cuando la situación económica de España es la que presentamos en la comunicación del Debate sobre el Estado de la Nación, en que tenemos una financiación que, como saben ustedes, está hoy el bono a diez años mejor que estaba en 2011 la deuda a tres meses, en que tenemos nuestros mercados abiertos, nuestra prima de riesgo controlada, y en que crecemos a buen ritmo y creamos empleo, con lo que vivimos en un ambiente de relativa tranquilidad, haciendo las reformas que nos ayuden a consolidar la recuperación.

Sr. De Guindos.- En relación con las cifras, las cifras de exposición directa, es decir, vía un préstamo bilateral de siete mil millones, e indirecta, vía el fondo de rescate, que son diecinueve mil millones, son veintiséis mil millones. Se pueden buscar otras vías alternativas también de exposición a Grecia a través del Banco Central Europeo; pero esto es, fundamentalmente, la exposición de España con Grecia vía préstamos bilaterales y vía el fondo de recate, que computan como deuda pública española los veintiséis mil millones. Esa es la primera cuestión: veintiséis mil millones están dentro del ratio de deuda pública española, es decir, son aproximadamente 2,5 puntos del PIB.

Veintiséis mil millones de euros que, por poner un ejemplo para que sepamos de cuánto estamos hablando y para que los españoles lo puedan entender, es, aproximadamente, lo que nosotros gastamos en un año en prestación de desempleo de un país que tiene un 23 por 100 de paro. Es decir, es una cantidad muy, muy, importante y, además, con dos características: la primera es que este dinero se ha levantado con unos tipos de interés muy superiores a lo que teóricamente nos está pagando en estos momentos el Estado heleno, es decir, Grecia; y, por otro lado, además --y esto también es fundamental y lo he resaltado en varias ocasiones--, la exposición de las empresas españolas, de los bancos españoles, a Grecia en esos momentos era prácticamente inexistente, a diferencia de lo que ocurría en otros países. A veces se dice: "es que ha habido países que han rescatado a Grecia para rescatar a sus bancos". No, ése no es el caso de España. Esos veintiséis mil millones de euros son de total solidaridad con Grecia, como no podía ser de otra forma.

Lógicamente, aquí hay una primera "línea roja": es que, lógicamente, España quiere, y va a defender en todas las instituciones, que este préstamo de veintiséis mil millones de euros, en unas condiciones muy favorables, a treinta años, con un período de gracia de diez años y con unos tipos de intereses muy reducidos, se devuelva, porque es el dinero de todos los españoles. Ésa es nuestra obligación.

En segundo lugar, siguiendo lo que comentaba la Vicepresidenta, aquí hay otra cuestión: nosotros somos constructivos. Yo el otro día estuve en el Eurogrupo. El nuevo ministro griego, junto con su Vicepresidente, se sientan a mi izquierda y estuvimos hablando, estuvimos comentando y estuvimos analizando la situación. Vamos con espíritu constructivo, pero siempre respetando las reglas, las reglas que son para todos. Y yo creo que ése fue un mensaje absolutamente generalizado en el Eurogrupo.

No pudimos llegar a un acuerdo en un comunicado general, de planteamientos políticos generales; pero yo lo que le puedo decir es que España estuvo constructiva a efectos de conseguir ese comunicado.

Por último, una cuestión fundamental: Grecia, en el tercer trimestre del año pasado, creció un 0'7 por 100 y me parece que hoy, en los datos que hemos visto, indican que se ha contraído un 0'2 por 100. Aquí lo importante es que Grecia vuelva a crecer y que ponga en marcha las medidas y las reformas para crecer. Creo que ahí España es un buen ejemplo. Hoy hemos tenido los datos de la zona euro y la zona euro ha crecido un 0'3 por 100, con dos países que crecen muy por encima de la media, que son España y Alemania, que han crecido un 0'7 por 100, y hay otros que se han quedado un poquito más atrás. Pero lo que pone de manifiesto es que hay, lógicamente, una política económica que funciona.

España, prácticamente hasta mediados del año 2013, era un país que crecía por debajo de la media comunitaria y estábamos en tasas negativas, y llevamos, sin embargo, ya siete trimestres con crecimiento positivo. Entonces, como lo que todos queremos es que Grecia, al igual que todos los países de la Unión Monetaria, crezca, lógicamente es fundamental que estas reglas y esta política económica, que es la correcta, se implementen.

P.- En primer lugar, me gustaría preguntarle por el Debate del Estado de la Nación, porque los grandes empresarios anunciaron ayer que la economía española podría crecer un 3 por 100 en 2015, un punto más de lo que estaba contenido en los Presupuestos Generales del Estado. Entonces, ¿ven ustedes que hay margen para alguna alegría que se pueda anunciar en el Debate del Estado de la Nación, como una bajada de impuestos adicional o aumentar alguna partida que pueda hacer la vida más agradable a los ciudadanos en este último año de Legislatura?

También quería preguntarle al ministro de Economía si comparte el argumento de la Fiscalía Anticorrupción que ha dicho que en la CAM, en los gestores de la CAM, y supongo que también la Fiscalía lo pensará de otros gestores de las Cajas, hay sinvergonzonería. ¿Usted cree que hay sinvergonzonería o ha habido sinvergonzonería en los gestores de las Cajas?

Después le quería preguntar por la Ley de Auditoría. Concretamente, he leído que no se ha contado con el informe del Consejo de Estado. ¿Por qué esta premura o esta rapidez? No sé si esto es así o no. ¿Me lo podría aclarar porque, por lo que he leído por ahí, no suele ser habitual que el Consejo de Estado…? He leído que los subsecretarios no sabían el dictamen del Consejo de Estado. No sé si sería así o no.

Vicepresidenta.- Estoy por invitarle los miércoles, dado que conoce el…

Sr. De Guindos.- En relación con el tema de la Ley de Auditoría, ha tenido todos los trámites y por supuesto que ha tenido informe del Consejo de Estado ---me corrigen la presidenta del ICAC o el subsecretario--; pero han estado absolutamente todos los trámites, como no podía ser de otra forma. Además, esto es una trasposición de Directiva comunitaria, con lo cual era imprescindible.

Después, si me permite usted, yo respeto todas las decisiones judiciales, de la Fiscalía o de los jueces, pero no las comento. En estas cuestiones no se trata de comentar, sino que lo que ha hecho el FROB en muchas ocasiones es que, en todas aquellas conductas potencialmente irregulares que se han conocido en las antiguas Cajas de Ahorros nacionalizadas por parte del FROB, se ha puesto de manifiesto en la Fiscalía, y punto. Ésa es nuestra obligación y no utilizar otro tipo de consideraciones que, lógicamente, corresponden a los órganos jurisdiccionales.

La primera cuestión era el tema del crecimiento económico. Nosotros modificamos las proyecciones de crecimiento económico dos veces al año, en abril y en septiembre: en abril con nuestro Programa de Estabilidad, que remitimos a Bruselas, y en septiembre con el cuadro macroeconómico.

En estos momentos nosotros tenemos una proyección de crecimiento del 2 por 100, que sabemos perfectamente que incluso ya la propia Comisión Europea lo ha superado y lo ha superado hasta el 2,3 por 100, y el consenso del mercado está claramente por encima de eso. Eso forma parte de la prudencia y de la cautela habitual en las proyecciones que hace el Gobierno. Lo haremos en el mes de abril. Lo que sí le puedo decir es que en estos momentos la economía española ha entrado en el primer trimestre de este año con un crecimiento anualizado por encima del 2 por 100 y que también vamos a crecer diferencialmente con respecto a lo que es la media de la zona euro.

Y, si me permite, solamente una cuestión. Ya sé que esto de las cifras concretas tiene mucho valor, y tiene un valor periodístico; pero a mí me interesa mucho más la tendencia. A mí lo que me gustaría resaltar es el giro que se ha dado en el comportamiento de la economía española, tanto de crecimiento del PIB, como de evolución de empleo. Es decir, hasta mediados del año 2013, prácticamente llevábamos desde principios de 2008 con tasas de crecimiento negativas. Es difícil encontrar un giro como el que se ha dado en la evolución de la economía española en la historia económica española reciente y eso es fundamental, es muy, muy, importante. Tiene que ver con el esfuerzo que se ha realizado y tiene que ver con las reformas que se han realizado, además, en circunstancias que no son sencillas.

En estos momentos tenemos otro factor adicional, que es el tema del tipo de cambio y el del precio del petróleo. Pero eso juega para todos, ¡eh!, y no sé si han visto ustedes los datos del cuarto trimestre que acaba de publicar Eurostat. El tipo de cambio y el petróleo juegan para la economía española y para el resto de la zona euro, y ahí me parece que la media de la zona euro, si no me equivoco --si no me falla la memoria--, ha sido del 0,3 por 100 de crecimiento trimestral en el cuarto trimestre y el crecimiento de España ha sido más del doble.

Vicepresidenta.- Sobre la última de las cuestiones, porque como a mí me corresponde la tramitación, para su completa tranquilidad y para el subsecretario que le ha informado, el miércoles hubo reunión de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios. El informe del Consejo de Estado sobre la Ley de Auditoría, que es preceptivo, como señalaba el señor ministro, entre otras cosas, porque esta trasposición de Directiva, se pidió con urgencia. Se emitió el jueves, es decir, al día siguiente, y por eso no estaba el miércoles en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y se aprobó en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios a reservas de que el jueves el señor subsecretario de Economía incluyera todas las observaciones y aportaciones que pudiera hacer el Consejo de Estado, como así fue y por eso se incluyó ayer en el Índice Rojo del Consejo de Ministros.

P.- Tenía una pregunta para el ministro de Economía. Los agentes sociales están intentando llegar a un acuerdo en materia de negociación colectiva. Parece que existe cierto bloqueo o cierto impasse, de alguna manera. Se han dado una semana y parece ser que la dificultad en la fijación de la recomendación de subida salarial, que es la mayor dificultad, se estaría situando ahora en una negociación entre el 0'8 y el 1'5 por 100; tal vez, el 1 por 100. Quisiera saber si puede hacernos una valoración sobre esta horquilla que se está barajando y qué comportamiento cree usted que deberían tener los salarios este año.

Sr. De Guindos.- Yo nunca comento sobre los salarios privados. Se acuerda usted de que hubo un año en que el Fondo Monetario Internacional nos hizo una recomendación de bajar los salarios para todo el mundo un 10 por 100; al año siguiente cambió, lógicamente, y yo dije: el Gobierno no tiene capacidad para influir en la determinación salarial, que es la consecuencia de la autonomía de las partes, de la autonomía de los empresarios y de los trabajadores, a través de sus organizaciones y a través de los sindicatos.

Por tanto, yo simplemente recuerdo una cuestión: éste es un país que tiene todavía una tasa de paro del 23 por 100, que la prioridad número uno es generar empleo, cuya tasa de inflación hemos visto hoy que está en el -1,3 por 100, y que va a estar negativa y puede estar más negativa durante los próximos meses, lo cual es una inflación negativa --con perdón por la contradicción en el término-- positiva para el bolsillo de los ciudadanos, porque lo que están haciendo es incrementar capacidad adquisitiva. Y, por otro lado, también hay una reforma del IRPF que ha incrementado la renta disponible.

A partir de ahí, es estrictamente cierto que España ganó mucha competitividad, que ha habido incrementos de productividad, y la situación desde el punto de vista de lo que es el entorno macroeconómico no es estrictamente equiparable a lo que ocurría hace dos o tres años. Pero eso lo tienen que valorar las propias empresas y los propios trabajadores. A partir de ahí, yo creo que estamos hablando siempre de cifras moderadas y estoy convencido de que el acuerdo que alcancen será razonable.

P.- A la Vicepresidenta o al ministro de Economía sobre el tema de Grecia. Quería preguntar sobre la acusación de fondo de Tsipras y la acusación de fondo es que España actúa así, que es más dura que otros países, por cuestiones internas; de alguna manera, por miedo al efecto espejo con Podemos y demás. Ése es el mensaje que está lanzando Tsipras y quería saber si el Gobierno niega esa acusación de estar siendo más duro que otros por miedo a Podemos.

Dado que la semana pasada le preguntamos sobre el caso Monedero y habló, quería preguntarle a ver si esta semana podía hablar sobre un escándalo de su propio partido. Por primera vez, la cúpula, prácticamente al completo, del PP valenciano está implicada en financiación ilegal y piden penas de cárcel muy duras. Quería saber si el Gobierno cree que el PP debería reconocer esa financiación ilegal, debería pedir perdón, devolver el dinero…

Por último, le quería preguntar, dado que es un ente público, por la situación en Televisión Española y si al Gobierno le preocupa. Llevamos varias semanas con denuncias de manipulación, plantes de trabajadores, y se habla de una redacción paralela. Quería saber si el Gobierno está satisfecho con la situación de Televisión Española o le preocupa y va a hacer algo.

Sr. De Guindos.- Yo estuve el miércoles pasado en la reunión del Eurogrupo, y, vuelvo a repetir, el planteamiento de todos los países fue muy similar. Escuchamos con mucha atención al nuevo ministro griego; él nos hizo un planteamiento general, sin entrar en el detalle de las medidas; no pudimos llegar a un acuerdo desde el punto de vista de lo que es un comunicado, que además era un comunicado general; pero yo no tuve la percepción de que España fuera especialmente divergente en sus planteamientos con respecto al resto de países.

Se comentó ahí la situación de Grecia, el tema del endeudamiento, la solidaridad… Yo hice este comentario del tema de la solidaridad que he hecho aquí, la importancia de veintiséis mil millones de euros para ellos; que estamos deseando, lógicamente, llegar a un acuerdo, un acuerdo razonable que respete las reglas. Y para España una de las reglas o líneas importantes desde el punto de vista de actuación es que las deudas se paguen; en condiciones muy favorables, pero que se acaben pagando. Y yo creo que ése fue un planeamiento bastante general.

P.- ¿Podemos influye?

Sr. De Guindos.- Yo no hablé, por lo menos, en lo más mínimo en relación con ese tema; en lo más mínimo. Hablamos de la situación en Grecia, que era el objeto fundamental de la reunión del Eurogrupo.

Vicepresidenta.- Sobre la segunda de sus preguntas, lo que yo señalé de la obligación de pagar impuestos sirve para todos. Si yo no recuerdo mal, la pregunta me la efectuó usted y me preguntó si yo consideraba que el señor Monedero quedaba exonerado de responsabilidad como consecuencia de la regularización. Mi respuesta fue que el Gobierno no entraba a decidir el fin de los procedimientos; que sería la Agencia Tributaria, en su caso, la que, con arreglo a los procedimientos establecidos, determinara si esa regularización que hizo ponía fin o no al procedimiento. Lo cual, como en cualquier otro procedimiento, yo le pongo de manifiesto. En este caso es un procedimiento judicial y nosotros respetamos las decisiones que se tomen en ese procedimiento judicial.

Desde el punto de vista político, claro que todos tenemos que pagar nuestros impuestos, máxime cuando el programa electoral de algunos es elevar ilimitadamente lo público, que luego hay que mantenerlo. Pero ni ese día ni hoy yo entro a determinar la finalidad o la resolución final de un procedimiento administrativo o judicial. Puede revisar mis declaraciones de la semana pasada.

Televisión Española. En distintos medios de comunicación se producen siempre situaciones como éstas. El ente público tiene sus mecanismos de funcionamiento y sus mecanismos de control parlamentario, que son, en su caso, quienes tendrán que ejercer la garantía de ese pluralismo con el que, desde luego, el Gobierno ha estado comprometido siempre.

P.- Vicepresidenta, una pregunta muy breve. Me gustaría del Gobierno, a la vista de las normas y de leyes de regeneración y de transparencia que se han ido impulsando, una valoración respecto al caso del señor Imbroda, al que el Tribunal Supremo parece que le abre un proceso penal.

Vicepresidenta.- Habrá que estar a las decisiones del Tribunal Supremo sobre ese proceso, del que yo en este momento no tengo datos para determinar cuál es la situación procesal del Presidente después de esa actuación.

Sí hay una cuestión bien clara: que cuando esas leyes entren en vigor, los distintos altos cargos a los que entren en aplicación serán objeto de la misma; pero es que el Estatuto de los Altos Cargos se aplica a la Administración General del Estado, entre otras cuestiones, porque son las Comunidades Autónomas las que, en su caso, tendrán que aprobar normativa similar; algunas de ellas ya han declarado que no tienen intención de hacerlo. Pero la norma en concreto por la que me pregunta es una norma que nos autoimponemos la Administración General del Estado. ¿Por qué? Porque el resto de las Administraciones Públicas, especialmente las Comunidades Autónomas, tienen su propia capacidad de autoorganización. Ya nos gustaría a nosotros tener capacidad para hacer un régimen más amplio, pero no es así el caso.

P.- Yo quería preguntarle por una noticia que se ha publicado respecto al ATC de Villar de Cañas, en Cuenca. ¿Es cierto que se ha paralizado la construcción? ¿Se ha retrasado? ¿Qué está ocurriendo? En todo caso, ¿se están exigiendo informes adicionales que van a elevar el coste un 30 por 100, como se ha publicado también?

Vicepresidenta.- Sobre este asunto, algunas cuestiones previas. Cuando nosotros llegamos al Gobierno, el Gobierno anterior había decidido la posibilidad de cinco emplazamientos; es decir, la elección de Villar de Cañas parte de una decisión previa del Gobierno anterior. Dentro de esos cinco emplazamientos este Gobierno designa uno de ellos. Y se está produciendo un cambio dentro de la presidencia de Enresa, que también tiene mucho que decir en esta cuestión, y le corresponderá tomar las decisiones oportunas.

En este punto, sí quiero poner de manifiesto que son importantes las intervenciones del Consejo de Seguridad Nuclear y los sucesivos informes y las autorizaciones de contratación que, en su caso, tiene que dar el Ministerio de Industria tienen que tener bien presente la posición del Consejo de Seguridad Nuclear, como no puede ser de otra manera, puesto que es el órgano competente en garantizar la seguridad en estos emplazamientos nucleares y en cualquier otro, porque no sólo son los de almacenamiento de residuos; centrales, hospitales, etc., etc. Ése es el momento en el que está ese procedimiento.

Muchas gracias.