Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Justicia y de Agricultura, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que hoy se han debatido y aprobado en el Consejo de Ministros.

En primer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto encaminado a mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, especialmente en el ámbito de la lucha contra la corrupción y contra el terrorismo yihadista.

Recordarán que el pasado lunes el presidente del Gobierno, en la firma del Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, afirmaba, y así además se incluía en ese Acuerdo, la necesaria garantía de los recursos humanos y materiales necesarios para que la determinante labor de lucha contra el terrorismo que desarrollan nuestros jueces, fiscales y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como nuestras Fuerzas Armadas en las misiones en el exterior, puedan desarrollarse satisfactoriamente.

En el primer Consejo de Ministros después de aprobado ese Acuerdo, de adoptado ese Acuerdo, por ambas fuerzas políticas, el Partido Popular y el Partido Socialista, y el presidente del Gobierno, en su condición de tal, hoy se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes. Se incorporan 66 nuevas plazas de fiscales, que se destinarán también a sitios muy ligados en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, como ahora explicará el ministro de Justicia.

Por otro lado, en este Consejo de Ministros se ha hecho un informe, que detallará la ministra de Agricultura, sobre la evolución del sector y de la industria agroalimentaria en España de cara a la primera evaluación de la Ley de la cadena alimentaria y el desarrollo de la Ley a través de dos Reales Decretos de mejora de su funcionamiento, que hoy se aprueban.

Saben que es la primera vez que un Gobierno regula específicamente las relaciones comerciales entre las empresas que forman parte de la cadena alimentaria, que es lo que se hizo con la Ley 12/2013. Hoy se aprueban dos elementos claves en el desarrollo de esa Ley, como son las relativas al Registro Estatal de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria y el Real Decreto de régimen de controles que aplicará la Agencia de Información y Control Alimentarios.

También hemos aprovechado para hacer una primera valoración sobre la situación y los primeros elementos de valoración de los daños que está ocasionando el temporal en la cornisa cantábrica, Pirineos y distintas zonas del centro de España para, en cuanto remita el temporal, ponernos manos a la obra para poder, como en otras ocasiones, atender a esas necesidades y a esa evaluación de daños.

Por parte del Ministerio de Sanidad, se ha aprobado un Real Decreto importante, por el que se regula el Registro de Actividad y Atención Sanitaria Especializada. ¿En qué consiste? Este nuevo instrumento es un sistema de información oficial sobre el funcionamiento de la atención especializada en toda España en hospitales y centros ambulatorios de atención especializada, tanto públicos como privados. Ésa es una norma que se enmarca en el Sistema de Información Sanitaria que estableció la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y lo que busca es proporcionar datos sobre la actividad asistencial, las patologías atendidas, su complejidad, el abordaje clínico y las cuestiones relativas a su coste.

Este Registro tiene únicamente carácter estadístico; es decir, la confidencialidad está absolutamente garantizada, ya que los datos y la identidad del paciente están sometidos a la Ley de Protección al Paciente; pero sí nos va a permitir conocer estadísticamente tres elementos muy importantes para evaluar el sistema sanitario y mejorarlo: conocer la demanda asistencial y las enfermedades atendidas, y favorecer los estudios de investigación clínica epidemiológica de evaluación de los servicios sanitarios y resultados en salud; en segundo lugar, proporcionar a los Registros autonómicos la información necesaria para la evaluación y el control de la asistencia prestada por el Sistema al conjunto de sus ciudadanos --las Comunidades Autónomas podrán conocer las cifras de pacientes que se desplazan entre territorios--, y facilitar la realización de estadísticas del sector salud a nivel estatal y también internacional.

Este Registro es una mejora y una ampliación del actual de datos de altas hospitalarias, que simplemente contemplaba éstos, y que desde entonces ha sido una importante fuente en la investigación epidemiológica, pero que ahora será mejor, porque habrá análisis de calidad y seguridad y, además, se podrán evaluar una serie de aspectos importantes. Se homogenizarán por primera vez toda la actividad del sector hospitalario, público y privado; la calidad de seguridad del paciente; el consumo de recursos y costes de los procesos; estadísticas de movimientos o flujo de pacientes entre territorios y, además, importantes datos para la investigación epidemiológica.

Como verán también en la Referencia de Consejo de Ministros, se han aprobado, como todos los años, los dos acuerdos por los que se autoriza la concesión de una subvención nominativa, tanto al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, como a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, para financiar el sistema de transporte terrestre público regular de viajeros correspondiente al ejercicio 2015. En el caso de Madrid, el importe es de casi 127,5 millones de euros, medio millón más que el año pasado; y en el caso de Barcelona, casi 99 millones de euros, cuatro millones más.

Además, y dentro del Informe de Política Exterior, se ha adoptado la decisión del Gobierno de España de apoyar la candidatura de don Ángel Gurría para renovar su mandato como secretario general de la OCDE.

Por último, y tienen el listado en la Referencia de Consejo de Ministros, hoy se han concedido las Medallas de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Son veinticinco medallas para representantes de un amplio abanico de disciplinas artísticas, que tienen a su disposición en la Referencia.

Sr. Catalá.- Como les informaba la Vicepresidenta, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se crean 66 nuevas plazas de fiscales: 48 de ellos de lo que se denomina la segunda categoría y 18, de tercera categoría. Es una medida que se sitúa en el contexto del Real Decreto que se aprobó el pasado 31 de octubre, por el cual creamos 282 plazas de jueces y magistrados. Por lo tanto, son medidas estructurales para el refuerzo de las capacidades de la carrera judicial y de la carrera fiscal.

Desde el año 2010 el Gobierno no había aprobado nueva plantilla del ministerio fiscal y, por lo tanto, lo que estamos dotando con ello son capacidades para, de una manera, dado que las plazas de segunda categoría permiten la promoción interna, que fiscales de tercera pueden promocionar a segunda categoría, y por lo tanto asumir más responsabilidades, y también prever las vacantes para los 50 nuevos fiscales que en los próximos meses, en torno al mes de junio, se incorporarán a la carrera y que están actualmente finalizando sus estudios en el Centro de Estudios Jurídicos.

El coste de esta creación de plazas se sitúa prácticamente en cinco millones de euros, por los costes medios salariales y de Seguridad Social de los fiscales, y se financia con los presupuestos y con los créditos del Ministerio de Justicia.

Esta medida, por lo tanto, implica un reforzamiento de las capacidades de la Fiscalía General del Estado y es coherente con el compromiso por la regeneración democrática, por la lucha contra el delito y la lucha contra la corrupción, el conjunto de medidas que ustedes conocen sobradamente: reformas legislativas en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y de financiación de partidos políticos, o el Estatuto del Alto Cargo. Todo ello también va acompañado, como expresaba la Vicepresidenta y está incluido en el pacto de lucha contra el terrorismo firmado esta semana por el presidente del Gobierno y el secretario del Partido Socialista Obrero Español, de ese compromiso de dotar de medios, medios materiales y medios personales, para hacer efectiva esta lucha, en este caso, contra el terrorismo y, en general, contra todos los tipos de delincuencia.

De esta manera, contaremos, a partir de ahora, con una plantilla de 2.473 fiscales que, junto con los 5.600 jueces y los más de 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia, nos dota, por lo tanto, de una capacitación profesional adecuada, cualificada y suficiente para llevar a cabo todos los compromisos de mejora de la Justicia y, en particular, como estoy diciendo, por lo que tiene que ver con el Ministerio Fiscal, especialmente asociado con el orden penal, en la lucha contra el delito y en la lucha contra todas las manifestaciones.

Por ello, también estas plazas se asignan a las Fiscalías Provinciales donde se ha hecho un análisis de cargas de trabajo entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado para identificar dónde deberían crearse estas plazas. De esa manera, cuatro de las plazas se dotan en la Fiscalía Anticorrupción, cuatro en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el resto, como digo, se distribuyen de manera proporcional a las necesidades en todas las Fiscalías Territoriales. De esa manera, también vertebramos las capacidades de la Fiscalía en el conjunto del territorio de manera coordinada, conforme a la petición elaborada por la nueva fiscal general del Estado y su equipo técnico, y en plena coordinación con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Hacienda, porque, a fin de cuentas, como digo, es una estructura de profesionales, son nuevas plazas de empleo público y nuevas capacidades de dotarnos de profesionales para la mejora de la Justicia.

Sra. García Tejerina.- En enero del año 2014 entró en vigor la Ley de la Cadena Alimentaria, hace ahora prácticamente un año, y con la aprobación de estos dos Reales Decretos se culmina el desarrollo de esta Ley, una Ley que es de enorme importancia para el sector agroalimentario español.

A lo largo de estos tres años hemos trabajado para fortalecer, para vertebrar, el sector agroalimentario, para darle herramientas para que pueda consolidar su crecimiento y se constituya como lo que ya es: un sector estratégico para la economía española y un sector estratégico también para el territorio, para el medio ambiente y para la sociedad.

Con la reforma de la Política Agrícola Común se dio un horizonte de enorme estabilidad al sector primario, al sector productor agrícola y ganadero, con 47.000 millones de euros que dan estabilidad a la producción. Y esto es de enorme importancia también para la cadena en su conjunto, para la industria, porque en la agricultura y la ganadería españolas el 70 por 100 de ellas son transformadas por nuestra industria.

Teniendo en cuenta ya que partimos de este importante horizonte de estabilidad hasta el año 2020 para la producción primaria, es muy importante --así lo hemos entendido desde el principio-- reforzar la competitividad del conjunto de los eslabones de la cadena, desde los agricultores a ganaderos, pasando por la industria y todos los que al final constituyen el sistema alimentario, para que pueda seguir creciendo. A ello se han dirigido las actuaciones del Ministerio, y una de las más importantes fue precisamente la aprobación de esta Ley y los dos Reales Decretos que, como digo, culminan el desarrollo de esta Ley y que constituyen el marco regulatorio que permitirá el buen funcionamiento de la cadena alimentaria que regula las relaciones comerciales entre los distintos operadores.

Es la primera vez que se regula en España, pero es también la primera vez que esto se regula a nivel comunitario, siendo este problema, además, de desequilibrio común al conjunto de los países comunitarios.

Se regulan las relaciones comerciales para acabar con las prácticas comerciales abusivas y se establece, ya desde el año pasado, la obligatoriedad de que se suscriban contratos, contratos que tienen que contener un precio cierto y un plazo de cobro. Como digo, esto es de enorme importancia para agricultores y ganaderos, para la industria, porque en muchas ocasiones no era la práctica habitual.

Para velar por el cumplimiento de esta Ley se constituyó la Agencia de Información y Control Alimentario en el Ministerio, que ya estaba en funcionamiento desde que se aprobó el Real Decreto de su constitución; pero el Real Decreto de régimen de controles a aplicar por la Agencia que se aprueba hoy regula todos los procedimientos en que se enmarcan las actuaciones inspectoras de la Agencia.

Desde que se constituyó, como digo, la Agencia y aprobó su primer plan de controles en el mes de septiembre ya se han hecho miles de inspecciones pero, con el fin de agilizar también la actividad de la Agencia de Información y Control, este Real Decreto determina el plazo de seis meses para la finalización de las actuaciones, que pueden ser prorrogados si concurren circunstancias excepcionales; si no, la regla habitual será que en el plazo de seis meses concluirán las actuaciones.

Se da transparencia, se da información, al publicarse los procedimientos; pero también para que todos los operadores sepan que la Ley se ha publicado para cumplirse y que ya se está cumpliendo. También se da seguridad jurídica a los ciudadanos para determinar los contenidos y los límites, qué es lo que puede y no puede inspeccionar y controlar la Agencia.

Además, también en este Real Decreto se refuerza la coordinación institucional de la Agencia de Información y Control del Ministerio con otros organismos competentes. Éste es el caso del mecanismo de traslado de determinadas denuncias a Comunidades Autónomas o a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de aquellas infracciones que, como digo, no son competencias de la AICA, como por ejemplo lo es la venta a pérdidas, porque es competencia de las Comunidades Autónomas.

Además de este Real Decreto del Régimen de Controles de la Agencia, se ha aprobado también el Real Decreto por el que se desarrolla parte importante de la Ley de Mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, porque, además de esta Agencia, la Ley establecía mecanismos adicionales para buscar y corregir cualquier desequilibrio que se produzca en la cadena. Este otro Real Decreto establece disposiciones relativas a las buenas prácticas en la contratación alimentaria, al Observatorio de la Cadena Alimentaria y a los laboratorios agroalimentarios para el control oficial, y también modifica aspectos de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.

Con respecto a las buenas prácticas, contempla el desarrollo del Registro Estatal de Buenas Prácticas Alimentarias, donde se podrán inscribir aquellos operadores que suscriban el Código de Buenas Prácticas Mercantiles; Código que va un paso más allá de las prácticas establecidas en la Ley y que en estos momentos estamos trabajando con todos los operadores de la cadena.

Se establece también el mediador, el procedimiento de mediación, para aquellas circunstancias en que no haya un acuerdo en la fijación de los precios; en determinadas circunstancias, porque se aplica solamente para la primera venta y productos no transformados.

El Real Decreto establece también la constitución del Observatorio de la Cadena Alimentaria. Es un Observatorio en el cual todas las partes integrantes de la cadena lo constituyen y que, además, lo que hará es un seguimiento de cómo está funcionando la Ley, cómo está funcionando la cadena, para, si es necesario, introducir permanentemente mejoras.

Y se establece también la Red de Laboratorios Agroalimentarios, en este caso como instrumento de naturaleza científico-técnica, también para apoyar una gestión eficaz del control analítico oficial de los productos agroalimentarios.

En definitiva, es culminar una regulación muy esperada por el sector agroalimentario español, que, sin ninguna duda, les va a posicionar mejor a todos en el papel que juegan a lo largo de la cadena, a mejorar su competitividad. Yo quiero destacar la importancia o qué es lo que significa el sector agroalimentario en el conjunto de la economía: si consideramos el conjunto de la cadena, considerando medios de producción, transporte asociado, hasta la distribución, significa el 8,4 por 100 del Producto Interior Bruto si consideramos los productos importados y el 9 por 100 del Producto Interior Bruto español lo genera el sector agroalimentario, con 88.000 millones de euros, generador de 2,5 millones de empleos y con una importancia especial en cuanto a nuestra balanza comercial.

Las exportaciones del sector agroalimentario son muy importantes. Los últimos datos que tenemos a noviembre, año móvil, son ya de 40.000 millones de euros de exportación, con un saldo exportador de 10.000 millones de euros, aunque probablemente superaremos este año esos 10.000 millones de euros, y, en definitiva, significan el 17 por 100 del total de las exportaciones españolas. Por eso, una de las principales actuaciones que ha llevado a cabo este Gobierno fue las líneas estratégicas de internacionalización del sector para reforzar potenciar esta vocación exportadora.

Somos el octavo país exportador, sabiendo que los diez primeros países exportadores del mundo exportan el 50 por 100 de todo el intercambio de productos agroalimentarios a nivel mundial, y tenemos una industria de la alimentación de enorme importancia, que es el primer sector industrial español. El 18 por 100 de la industria es industria agroalimentaria, con un crecimiento, además, acumulado de 2012 a 2013 en su facturación del 5 por 100. Y el año 2014 estimamos que habrá crecido en un 2,6 por 100 con respecto al anterior.

Así que quiero poner de manifiesto la importancia que este sector tiene, que no solamente es económica, también es social y también es territorial, porque la agricultura y la industria de la alimentación están repartidas por todo el territorio español.

P.- Al Ministro le quería plantear si estas plazas, en realidad, van a funcionar como…, si va a haber fiscales nuevos trabajando o va a pasar, en la mayoría de los casos, que son fiscales que ya están trabajando, pero no de manera… Digamos si se va a regularizar su situación, porque son fiscales interinos o como sea el término técnico, que no conozco.

Le quería preguntar también si la Abogacía del Estado, que depende de usted directamente, y por tanto del Gobierno, se persona en el asunto --estamos hablando de corrupción-- de la sede del PP y se va a personar también, por ejemplo, en el asunto de los contratos de AENA; si debemos interpretar que el Gobierno, su Gobierno, cree que el Gobierno de Aznar, del que dependía lo de AENA, y el PP beneficiaron a la trama Gürtel. ¿Esa personación la podemos interpretar así?

A la Vicepresidenta. Esta semana se ha hablado muchísimo de Grecia. Quería saber cuál es la posición del Gobierno español. ¿Más cercana a la que está haciendo el Gobierno alemán? El ministro griego está recorriendo toda Europa; parece que a Madrid todavía no viene; pero ha ido a varios sitios y le han tratado de forma distinta. Quería saber si su posición se acerca más a la del Gobierno alemán o a la del Gobierno francés. Y un detalle que es comparativo con España claro: el tema de los 750 euros de Salario Mínimo, si Grecia lo pudiera hacer, ¿por qué podría hacerlo Grecia y España no? ¿Usted cree que eso se puede comparar?

Un último asunto: el señor Monedero parece que ha hecho una declaración complementaria. Quería saber si el Gobierno se da por satisfecho, si cree que el asunto ya está resuelto, o el Gobierno va a seguir… o Hacienda va a seguir investigando. ¿Qué va a pasar?

Sr. Catalá.- De las 66 plazas que se crean ahora, 50 de ellas van destinadas a la incorporación de nuevos fiscales; es un incremento neto de plantilla absolutamente. Las otras 16 son para organizar también situaciones que actualmente están de manera interina porque, como les decía, desde el año 2010 no había habido aprobación de plantilla de fiscales. Cada año hay oposiciones y se van incorporando. Nosotros incorporaremos estos cincuenta fiscales el próximo mes de junio y también se incorporarán nuevos jueces a la carrera judicial, los que están terminando sus estudios durante este año, durante el año que viene. O sea, es un trabajo continuado y progresivo.

Lo que hacemos con este Real Decreto es ampliar las plazas, crear plazas nuevas, por número de cincuenta y reestructurar los puestos de trabajo para esas plazas, que no serán para las personas que ingresen en la carrera fiscal, sino para concursos internos, llevarlas allí donde son más necesarias: a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la Fiscalía Anticorrupción, a las Fiscalías donde tienen mayor carga de trabajo como pueden ser la de Madrid, la de Cataluña o la de Andalucía.

Por lo tanto, es un doble objetivo: dar entrada a las cincuenta nuevas personas que se incorporan a la carrera fiscal y, además, reorganizarnos para situar los efectivos allí donde son más necesarios.

La Abogacía del Estado es parte en diversos procesos penales y en los que usted se refiere ha formulado escritos de calificación, y, por lo tanto, tanto en defensa del interés general, como del particular de la Agencia Tributaria, que es cuando ha habido algún interés de la Agencia Tributaria hipotéticamente lesionado, ha estado representando esos intereses.

Por lo tanto, la Agencia Tributaria está en el proceso --en ocasiones, como digo, calificando y en ocasiones también como acusación-- y, por lo tanto, va a continuar durante todo el proceso participando en él. En todas las piezas separadas o en todos los procesos o las causas abiertas, en todas ellas, la Abogacía del Estado participa en defensa del interés público, del interés general. Yo creo que eso está en el leitmotiv de la Abogacía General del Estado. No es ninguna orientación hacia un Gobierno o hacia otro Gobierno; siempre la Abogacía del Estado tiene atribuida la defensa del interés de la Administración en general y, por lo tanto, participa en todos los procesos en los que hipotéticamente pueda estar lesionado el interés general, sin perjuicio de las resoluciones judiciales que puedan llevarse a cabo o que puedan adoptarse por los jueces y los Tribunales.

Vicepresidenta.- En relación con Grecia, me preguntaba cuál es la posición española, cuál es nuestra posición propia. Una vez que se conozcan los planes de Grecia, y si ésos están o no en línea con las normas de la eurozona, este Gobierno fijará su posición. Grecia debe explicar al Eurogrupo --habrá reuniones en estos días-- cuáles son sus planes de futuro.

La posición del Gobierno de España es que los Estados tenemos una responsabilidad, con independencia de quién nos gobierne, y quien gobierna asume los compromisos que, como Estado, Grecia derivó de procesos anteriores.

Hay una cosa que creo que es importante destacar y son los compromisos que España ha venido manteniendo con Grecia y con el pueblo griego a lo largo de todos estos años. España ha aportado, como saben, veintiséis mil millones (siete mil millones bilaterales y diecinueve mil millones en garantías) sin que, además, la situación del sistema financiero español tuviera ningún tipo de exposición a la deuda griega, con lo que nuestra solidaridad es muy clara y nuestra posición, también. Con independencia de quién gobierne, se tienen que cumplir los compromisos y, más allá de rondas, lo que es importante es que se clarifique por parte del Gobierno de Grecia cuál es su posición y cuáles son sus peticiones o sus planes concretos respecto a la situación en la que viven.

En relación con la segunda de sus preguntas, yo creo que es importante destacar la situación y los compromisos de los distintos Gobiernos. España no ha pedido nunca un rescate, en los términos en los que Grecia y otros países lo necesitaron, y eso va enmarcado. Una diferencia importante: también unos niveles de recuperación que hoy tenemos. Nosotros estamos cumpliendo nuestros compromisos y, gracias a un conjunto de reformas económicas, España está mejorando su economía.

Ya le corresponderá a otros Gobiernos --no es el de España-- y le corresponderá, en su caso, explicar al Gobierno griego si en la situación en la que viven, no ya tanto por la deuda pasada, sino por sus compromisos y sus necesidades de futuro, cómo va a abordar o qué consistencia tienen o no decisiones de esta naturaleza y cómo, en el marco de su política económica, pueden encajarlas. Pero eso, desde luego, no es algo que deba hacer el Gobierno de España y tendrá que explicarlo, en su caso, el Gobierno griego dentro de la estrategia que tengan en el seno de la Unión Europea.

Monedero. Al Gobierno no le corresponde entrar a decir, en los procedimientos de la Administración tributaria, si, iniciado un procedimiento que no se ha podido notificar, una complementaria anula o no la responsabilidad. Eso tendrá que decidirlo la Agencia Tributaria por sus trámites, teniendo en cuenta el procedimiento, el origen y el destino de esa cantidad.

Lo que sí parece claro, por reconocimiento de parte, es que no había cumplido sus obligaciones tributarias. Al margen de los procedimientos, políticamente, si todos los españoles hicieran lo que hace el señor Monedero, a ver cómo pagamos los servicios públicos, la educación y la sanidad en este país.

P.- Quería preguntarles por el IVA cultural, porque el Gobierno ha bajado el IVA de las flores en la reforma fiscal, del 21 al 10 por 100; también el IVA con el que se grava la venta de obras de arte, del 21 al 10 por 100. Me gustaría saber si ya el Gobierno ha tomado una decisión sobre este tema, porque se ha hablado mucho y el ministro de Educación, Cultura y Deporte ha hablado en varias ocasiones de que se está estudiando bajar el IVA cultural. ¿Está más cerca esta decisión, porque el sector se considera asfixiado y que no puede seguir adelante con las actuales condiciones?

Después, a la Vicepresidenta y al ministro de Justicia les quería preguntar por el Proyecto de Ley de Segunda Oportunidad. Al ministro de Justicia, que también ha participado en la elaboración de este Plan, hay un punto en el que parece que Economía y Hacienda no se están poniendo de acuerdo, como las quitas a Hacienda y la Seguridad Social. En los borradores que hemos visto este asunto se incluye, pero parece que Hacienda no está dispuesta a que haya quitas a Hacienda y la Seguridad Social.

Vicepresidenta.- Esto también es una confesión de parte, ¿eh? Decir "los borradores que hemos visto…"

P.- Claro, los vemos, porque al final es verdad. No vamos aquí a mentir y, como salía de su Ministerio y sé que incluía ese tema, pero Hacienda dice que "no", quería saber cómo va a quedar al final el asunto.

Por último, Vicepresidenta, le quería preguntar por el tema de Grecia. ¿Han tenido contacto con el Gobierno griego? ¿Han hablado ya con el ministro de Finanzas o sabe si algún ministro ha intercambiado pareceres? ¿O se ha roto totalmente la comunicación institucional con Grecia después de las elecciones?

Vicepresidenta.- Respecto de la primera de las cuestiones, y después la ministra de Agricultura les puede explicar lo del IVA de las flores porque afecta también a su Ministerio, nosotros, a lo largo de estos últimos meses, lo que hemos estado analizando son distintas medidas en relación con la cultura en general, distintas cuestiones. Hay algunas, como las obras de arte, en las que hemos encontrado una solución o una posición; hay otros temas que estamos analizando, como mejoras en el asunto de las subvenciones, cómo pueden regularse de mejor manera. Estamos trabajando en eso. No le puedo ahora ni decir fechas ni anticipar soluciones, pero, desde luego, sí se están viendo los distintos aspectos que pueden afectar a ese ámbito y en los que podemos colaborar y mejorar.

Sobre la Ley de Segunda Oportunidad, ministro de Justicia.

Sr. Catalá.- Yo creo que a lo largo de toda esta Legislatura hemos ido aprobando diversas leyes, diversas reformas, que han intentado, identificando problemas de la sociedad española, problemas del sistema financiero, problemas de las empresas o problemas de los ciudadanos, facilitar las distintas negociaciones con el sistema financiero, con la renegociación de las hipotecas o con la creación de sistemas de vivienda social para temas como han sido los de los desahucios. A todos ellos hemos intentado dar respuestas y se han ido adoptando muy diversas medidas durante toda la Legislatura.

En este momento también estamos trabajando en lo que se ha dado en llamar una Ley de Segunda Oportunidad, que estará orientada a pequeñas y medianas empresas, a autónomos y a personas físicas. Es, por lo tanto, un paso más en la búsqueda de crear un marco que permita que las personas que están teniendo dificultades económicas y que, pese a ello, están intentando atender a sus deudas, las deudas que tienen contraídas… La deuda hipotecaria es quizás la más importante de la mayor parte de las personas físicas, pero hay otro tipo de deudas. Por lo tanto, estamos intentando analizar cuáles pueden ser las medidas que, sin generar ningún desequilibrio en el sistema económico general, sin embargo permitan abrir esa puerta de oportunidad a los ciudadanos, a los autónomos y a las Pymes. En eso estamos trabajando.

Ahí aparecen también créditos públicos, créditos que suelen ser preferentes precisamente porque son créditos de todos. No son créditos de una parte, no es un crédito que tenga un banco, una empresa o un particular; son créditos que todos los ciudadanos tenemos contraídos, porque somos los titulares de los ingresos públicos. Por lo tanto, disponer de ese derecho, que es de todos, tiene siempre una protección especial en nuestra legislación. Los créditos públicos, de la Hacienda pública y de la Seguridad Social suelen ser preferentes en la recuperación. Pero también están encima de la mesa, en eso estamos trabajando y yo creo que en las próximas semanas tendremos una propuesta ya cerrada y elaborada.

Sra. García Tejerina.- Por contextualizarlo y para que quien está menos en el sector agroalimentario lo sepa, fue el único. Dentro de todo el sector agroalimentario, solamente se subió el IVA a las flores y las plantas, con lo cual se ha corregido, porque fue una especificidad, y lo que se hace es corregirlo para alinearlo con lo que no sucedió en el resto de los productos del sector agroalimentario.

Vicepresidenta.- Sobre Grecia. Del mismo modo que los cambios de Gobierno no cambian los compromisos que los Estados tienen asumidos, los Estados mantienen sus relaciones con independencia de quienes son en cada momento el Gobierno que han elegido los ciudadanos. Se celebran reuniones del Consejo de Asuntos Generales, del Consejo de Asuntos Exteriores, del ECOFIN, del Eurogrupo… Es decir, los contactos en los distintos ámbitos con el Gobierno griego y con sus representantes en el seno de la Unión Europea se mantienen con la normalidad con que se mantienen en esos foros.

P.- Se cumple un año de la muerte de quince personas en Ceuta, en el Tarajal, y todavía no hay responsables. Me gustaría saber si este debate llega al Consejo de Ministros y si preocupa que hayan muerto quince personas y todavía no haya habido justicia, y que se puedan ver involucradas Fuerzas de Seguridad del Estado. Me gustaría que hiciera la Vicepresidenta una valoración al respecto, cuando se cumple un año de la muerte de estas quince personas en Ceuta.

Vicepresidenta.- En primer lugar, quisiera señalar que uno de los principales objetivos que tiene el Gobierno en su trabajo contra la inmigración irregular es, fundamentalmente, acabar con las mafias, que son las responsables de que, al final, tengamos en nuestras fronteras y en las de otros Estados miembros sucesos como éste tan luctuoso que vivimos hace un año y que se siguen viviendo a lo largo de todo el Mediterráneo.

Yo creo que ése es un esfuerzo compartido que tenemos que tener el conjunto de la Unión Europea. Somos frontera sur; no somos los únicos, pero somos una frontera importante en que tenemos que tomarnos muy en serio esa lucha contra las mafias porque, sencillamente, son los responsables, ni más ni menos, de que esto se produzca; trabajando para una inmigración que se encauce desde un punto de vista de la regularidad, de acuerdo con nuestras normas, que fomente además la integración y que, además, y en el conjunto de la Unión Europea, podamos ser consecuentes y solidarios con este tipo de políticas.

Más allá de eso, hay un procedimiento abierto, una investigación, que nosotros, desde luego, respetamos y tenemos que respetar, que será quien determine, en su caso, cuáles son los hechos probados y cuáles son las responsabilidades que de ahí se deriven.

P.- Vicepresidenta, el Gobierno, y en concreto el presidente del Gobierno, ha defendido muchas veces las virtudes del bipartidismo en España y en otros países avanzados. En la encuesta que hemos conocido del CIS de esta semana se refleja que ya no hay bipartidismo ahora mismo, sino tripartidismo. Yo quería saber cómo interpreta, cómo valora, el Gobierno esta situación; si le preocupa, por los efectos que pueda tener, sobre todo con el cambio que se ha producido en la segunda posición.

También, ¿cómo valora, cómo interpreta, el hecho de que el inicio de la recuperación y los datos de empleo que ya se han conocido del año pasado y las previsiones de este año no hayan sido suficientes para que el partido del Gobierno haya subido en estimación de voto, como se comprueba desde el último barómetro?

Vicepresidenta.- Saben ustedes --en ese caso es la encuesta del CIS, que se hace por un órgano adscrito, aunque independiente, al Ministerio de la Presidencia-- que el Gobierno no valora las encuestas. Son un instrumento de trabajo, que hay que analizar y que hay que evaluar en su seguimiento, pero no nos corresponde a nosotros hacer esa valoración. Por nuestra parte, lo que nos corresponde es aprovechar la estabilidad política del momento para hacer reformas y conseguir consolidar la recuperación que está apareciendo.

Luego, unas cosas son las encuestas y otras cosas son las elecciones, y aquí todavía queda mucho tiempo por trabajar y muchas cosas en que seguir avanzando. Valoraremos lo que es la encuesta definitiva, la de verdad de los ciudadanos, que son las distintas elecciones, que hay bastantes este año: hay cuatro. O sea, las encuestas y todos los comicios convocados.

P.- Tengo entendido que también han analizado en el Consejo de Ministros un primer informe sobre el temporal de frío que azota a la Península. No sé si está en condiciones de darnos algún dato sobre una primera evaluación de daños y si tiene algún tipo de cifra o de ayudas que se podrían dar a todas las personas afectadas por el temporal.

Vicepresidenta.- Hemos empezado ya con esos trabajos. En otras ocasiones se espera que termine o que remita el temporal; en este caso, hemos empezado desde el primer momento a ir canalizando las distintas informaciones de las Delegaciones del Gobierno que nos van llegando, así como la información que tenemos más directamente, como puede ser a través del Ministerio de Fomento.

Todavía quedan días, todavía no podemos cerrar las cifras, pero ya, tanto en la reunión que tuvimos de Subsecretarios el pasado miércoles, como en este Consejo de Ministros, el ministro del Interior, en daños ya conocidos, tanto en viviendas particulares como en algunas instalaciones municipales, ya ha hecho un desglose de las que son más importantes. El Ministerio de Fomento ya ha presentado sus primeros avances, porque ha habido importantes daños en infraestructuras, tanto en carreteras como en infraestructuras viarias; y también la ministra de Agricultura, sin perjuicio del aseguramiento que tienen buena parte de estos daños.

En las próximas semanas, en cuanto remita el temporal y podamos ponernos a trabajar técnicamente mucho mejor y ya mucho más acotado y finalizado, como en anteriores ocasiones los distintos Consejos de Ministros irán evaluando esos daños y buscando los mecanismos para su satisfacción. Es todavía prematuro. Sabe que seguimos en alerta en muchas Comunidades Autónomas y que en estos días hay que seguir trabajando. Nuestra atención está, en los elementos en los que tenemos responsabilidad y competencia, trabajando intensamente. Pero, ya digo, desde el primer momento nos hemos puesto ya a recopilar la información de la que disponemos de los daños que se han producido, como en anteriores temporales o ante eventos de esta naturaleza.

Sra. García Tejerina.- Efectivamente, el temporal va a seguir y va a seguir a lo largo del fin de semana. Es muy difícil entrar a valorar, porque en muchas zonas no se ha retirado el agua todavía, con lo cual ni siquiera puede entrarse a peritar. Pero está todo el mundo --Confederaciones Hidrográficas, Demarcaciones de Costas, las dependencias de Agricultura y Pesca, y exactamente lo mismo, estoy segura, en el Ministerio de Fomento, en el Ministerio del Interior y la propia Entidad Estatal de Seguros Agrarios-- evaluando lo que es posible y, en lo que no, esperando a que se retiren, sobre todo, el agua o la nieve para poder entrar a valorar.

P.- Yo quería preguntarle a la vicepresidenta si el Gobierno finalmente va a impugnar las llamadas "embajadas", como así lo denominan, que va a abrir la Generalitat en Roma y en Viena, así como el nombramiento de un representante permanente de la Generalitat ante la Unión Europea.

También quería saber si nos puede hacer una valoración de cómo van los contactos con los demás partidos del arco parlamentario para sumarles al pacto contra el terrorismo yihadista.

Finalmente, para la ministra de Agricultura. Dentro de los Reales Decretos que se han aprobado de la cadena alimentaria, quería saber qué multas contempla en caso de cometer prácticas abusivas. ¿Nos lo podría precisar?

Vicepresidenta.- Como estos días ha venido señalando el ministro de Asuntos Exteriores, la Abogacía del Estado está estudiando y analizando el posible incumplimiento de la Ley de Acción Exterior, y, por tanto, de la normativa constitucional española en la apertura de esas "embajadas" o de esos consulados, por cuanto la dirección de la política exterior corresponde al Gobierno de la nación y porque, además, en esos procedimientos la propia Ley señala los mecanismos por los que se tiene que proceder a esa apertura.

Con lo que, una vez hecho ese análisis, en su caso, se procederá a interponer el correspondiente recurso, desde una premisa importante: la dirección de la política exterior corresponde al Gobierno de la nación. Las Comunidades Autónomas, y eso el Tribunal Constitucional lo ha dejado claro, pueden tener una acción exterior; pero eso nunca puede suponer la invasión de la atribución que tienen los Estados de asumir esa dirección de la política exterior, que además la Ley de Servicio Exterior por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico disciplina oportunamente.

Luego, también se tendrán que dar, por parte de las distintas autoridades autonómicas, explicaciones a los ciudadanos, no sólo de posibles vulneraciones de lo que es el marco de las relaciones exteriores, sino de los costes que suponen esas actuaciones y de la posibilidad que hay, que da la propia Ley de Servicio Exterior y que han asumido otras Comunidades Autónomas, de aprovechar la representación exterior para fortalecer la presencia institucional de distintas Comunidades Autónomas y su tarea de difusión en el exterior en el ámbito que les corresponde, en defensa de sus intereses en el marco de sus competencias, no otro tipo de representaciones que sólo corresponden a los Estados.

Sobre los contactos con los distintos partidos del arco parlamentario, como saben, la proposición de ley se registró con la firma del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Popular, Foro Asturias, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. En este momento los contactos con los diferentes partidos, y cada uno es quien debe señalar su posición, van encaminados a lograr el máximo apoyo a ese primer trámite de toma en consideración y, después, analizar las aportaciones que puedan llevar a cabo en este pacto desde la perspectiva, que señaló el presidente del Gobierno el pasado lunes, de sumar al mayor número de partidos políticos y de Grupos Parlamentarios a una iniciativa que es buena para España, pero también es buena para el conjunto de las democracias, en la lucha contra el yihadismo.

Esa unidad política y esa unidad de acción que se demuestra en esa proposición de ley, y con independencia de las aportaciones que puedan tener otros Grupos y que podamos analizar, nosotros creemos que en esencia es una buena iniciativa y confiamos en que las negociaciones de estos días puedan servir, y algún Grupo ya nos ha manifestado, pero les corresponde a ellos manifestar su posición pública, que no van a obstaculizar su tramitación. Todo lo contrario, que la van a apoyar.

Sra. García Tejerina.- Con respecto a las sanciones de la Ley, las establecidas en la propia Ley, que, como en todo caso, son leves, graves y muy graves.

Lo que yo quiero también destacar, porque muchas veces se dice que pueda llegar a merecer la pena incumplir la Ley, es que el incumplimiento reiterado de algunas de las cuestiones que están tipificadas, por así decirlo, en algunas de las prácticas comerciales abusivas; que el incumplimiento reiterado puede llegar a suponer sanciones de hasta un millón de euros. Con lo cual yo reitero lo que ya he dicho en alguna ocasión: que el incumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria, es decir, cometer prácticas comerciales abusivas, no le va a salir gratis a ningún operador de la cadena.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.