Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro de Industria, después de la reunión del Consejo de Ministros

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido hoy acordados en el Consejo de Ministros.

Hoy hemos dado pasos importantes en esa tarea necesaria de reformar la Administración española para ganar en agilidad, facilitar la vida a los ciudadanos y a las empresas, y hacer de la Administración un motor de crecimiento.

Como era nuestra obligación, hemos presentado en el Consejo de Ministros el informe del primer año de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que estará a su disposición en la página web del Ministerio, así como un resumen del mismo, en el que llevamos a cabo la evaluación continua que los distintos Ministerios y las distintas Administraciones Públicas españolas estamos llevando a cabo para conseguir una triple tarea, que es: una Administración que funcione, y que cada vez funcione mejor; una Administración que además cada vez esté mejor coordinada, y una Administración que dé mejor respuesta a los ciudadanos. Además, esa Administración tiene que estar al servicio del crecimiento y la creación de empleo.

Es, por tanto, una reforma estructural importante de la que luego hablaré.

Me acompaña el ministro de Industria, porque hemos aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan, además, determinados aspectos para llevar a cabo la liberación del dividendo digital. Como saben, éste es un proceso por el cual se deja libre la banda de frecuencias a través de las cuales se presta hoy el servicio de televisión para que pueda ser utilizada en la prestación de servicios avanzados de comunicaciones electrónicas: telefonía móvil de cuarta generación o banda ancha ultrarrápida, entre otros.

Se trata de un proceso de gran complejidad técnica que deriva de un mandato comunitario y que se está llevando a cabo por todos los Estados miembros de la Unión, como explicará ahora el ministro de Industria.

Vamos al Informe de las Administraciones Públicas. Ayer fue presentado por el presidente del Gobierno, les haré un breve repaso de las conclusiones de este año y también un avance de lo que van a ser las próximas medidas a adoptar.

Como saben, este trabajo empezó en octubre de 2012 con la creación de una Comisión para su análisis, publicamos un informe de todo lo que había de hacerse en junio de 2013 y ahora presentamos, cerrado a septiembre de 2014, el primer resumen anual. Serán 222 medidas --empezó con 219, pero está sujeto a un proceso de actualización constante-- y hoy, de esas medidas, 45 están implantadas y el resto están en proceso avanzado de ejecución.

Ha supuesto, de momento, grandes cambios normativos. Se han presentado ya cuatro Anteproyectos de Ley -uno, con carácter orgánico--, catorce Proyectos de Ley --tres de ellos orgánicos--, veintiún Reales Decretos y numerosas órdenes ministeriales y resoluciones para darle cumplimiento. Además, se ha contado, y yo quiero agradecerlo, con la colaboración de todas las Administraciones Públicas; ha habido innumerables conferencias sectoriales y reuniones bilaterales con las Comunidades Autónomas. Puedo decir que el grado de aceptación de las medidas es muy importante, cercano al 80 por 100.

Quiero, además, señalar que este Informe y su ejecución han sido bien valorados por parte de organismos internacionales. El Informe de la OCDE, que se emitió en primavera, calificó la reforma de España como una de las más avanzadas de los Estados miembros. Y como lo bueno es presentar resultados, España ha pasado del número 24 en 2012 al número 12 en evaluación de "E-Government" realizada por Naciones Unidas. Es decir, gracias a esta reforma hemos logrado mejorar en el ranking de evaluación electrónica.

También el Ministerio de Hacienda, que es el principal implicado, ha recibido, como consecuencia de este Informe, el proyecto Plataforma de Intermediación de Datos el premio de Naciones Unidas de Desarrollo de Servicios Públicos en 2014.

Voy a darles un rápido repaso a lo que ha supuesto este año de implantación de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Llevamos un ahorro acumulado --son medidas estructurales-- de 10.417 millones de euros entre Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, que nos han permitido llevar a cabo un ajuste del sector público, especialmente en los ámbitos que afectan a la gestión burocrática y a la Administración electrónica.

El primero de los problemas que se planteó y que era necesario resolver por parte de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas era la morosidad en el sector público, que llevó a que durante la crisis los impagos o los retrasos en los pagos por parte de la Administración llevaran en cadena al cierre o a problemas empresariales importantes que afectaban a autónomos y a pequeñas y medianas empresas, aunque también a grandes empresas de nuestro país. Para eso se hicieron dos cosas: en primer lugar, unas medidas de choque, que fueron medidas de liquidez, y otras cambios profundos en el sistema de pago por parte de las Administraciones.

Medidas de liquidez: 41.800 millones de euros para pagar ocho millones de facturas a 230.000 proveedores de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, 60.000 millones de euros a Comunidades Autónomas a través del Fondo de Liquidez Autonómica y un ahorro de 20.000 millones de euros en intereses gracias a cambios en la amortización.

Pero eso era solventar un problema que había ahí; hay que evitar que vuelvan a producirse esos ratios de morosidad. Para ello se han aprobado la Ley de Control de la Deuda Comercial, que obliga a la publicación de los periodos medios de pago y a la existencia de planes de tesorería en las Administraciones, y la Ley de Factura Electrónica, que facilitará la tramitación de dos millones de facturas al año a través de una única plataforma digital. Les daré un dato: la sustitución de la factura tradicional en papel por la factura electrónica implica un ahorro en tiempo del 80 por 100, y cada unidad, cada factura, ahorra a las Administraciones Públicas en gestión 2,78 euros; por dos millones de facturas…

En segundo lugar, racionalización de estructuras. Se decía: el problema de la Administración española es que es una Administración muy grande, se llegó a decir "elefantiásica". Primero, valoramos esta cuestión en sus justos términos porque, como verán en el Informe, el tamaño del sector público español no está por encima de la media de la Unión Europea. Pero, sin embargo, sí había innumerables entidades que era necesario ajustar, racionalizar o suprimir como consecuencia de la crisis.

Aquí quiero poner en valor la tarea de todas las Administraciones Públicas: Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales han llevado a cabo un proceso muy profundo de supresión y racionalización de entidades, que supera las dos mil; creo que en este momento está en 2.004 entidades. En la Administración General del Estado, que tiene poco aparato de organismos públicos, se han suprimido 104 y se ha actuado sobre 162, bien fusionándolas, bien redimensionándolas; en las Comunidades Autónomas, extinción de 675 entidades --primero tenía un objetivo de 508 eliminaciones, que se ha ampliado ahora a 790--, y en el ámbito del sector local --hay que reconocer la tarea que han llevado los alcaldes-- 1.225 entes han suprimido; una reducción del 21,4 por 100 respecto a lo que existía en el año 2010.

Tercer problema: duplicidades, aspectos en los que los distintos Ministerios entre sí o las distintas Administraciones entre sí nos solapábamos, gastábamos más, como consecuencia de actuaciones que incidían sobre el mismo asunto y no siempre estaban coordinadas. Tendrán en el Informe todos los datos, pero yo quiero destacar algunos: integración de oficinas autonómicas del exterior en la red del Estado, que era uno de los temas en los que siempre se decía "habría que hacer esto". Todas las Comunidades Autónomas, salvo dos, han firmado acuerdos para la integración de un total de 57 oficinas, que estaban repartidas en el exterior y que se van a integrar en la red de embajadas y otras oficinas del Estado. 38 ya están físicamente integradas.

Integración de oficinas autonómicas de cooperación en la red de la Agencia Española de Cooperación, en la AECID: todas las oficinas están integradas, con una excepción que hay en Tánger, porque la embajada española está en Rabat.

Algún otro ejemplo interesante en supresión de duplicidades: en los avances que se han hecho en la, por ejemplo, interconexión de los registros de centros docentes no universitarios se ha logrado una conexión efectiva de los registros autonómicos y el estatal; el Acuerdo Marco en el Sistema Nacional de Empleo, que se firmó el 2 de agosto de 2013; o, como señalaba hace un momento, aspectos que durante mucho tiempo en este país fueron de actualidad porque generaban problemas: la licencia deportiva única, la tarjeta de movimiento equino o el reconocimiento mutuo de licencias de caza y pesca. Ya han firmado el protocolo de colaboración con el Ministerio de Agricultura para que la licencia sea única cuatro Comunidades Autónomas y siete más están estudiando adherirse. En enero de 2015 ya habrá un sistema informático ultimado.

Mejora de la gestión de medios y servicios comunes, tercer aspecto. Se nos decía: "la Administración tiene que implantar mecanismos de funcionamiento de las empresas privadas". No siempre es posible, porque tenemos que actuar con publicidad y concurrencia en muchos aspectos, pero en algunos otros puede hacerse. ¿Dónde se ha hecho? Por ejemplo, en el plan de gestión del patrimonio inmobiliario.

Tenemos un programa de ventas o de alquileres de quince mil inmuebles; muchas de ellas son fincas rústicas, muchas de las cuales el Estado ha heredado en tiempo inmemorial porque, salvo en territorios con derecho foral, hereda el Estado cuando no hay ningún sucesor abintestato. Por ejemplo, tenemos un montón de fincas que estamos, con algunas Comunidades Autónomas, como Galicia, conveniando para que nos ayuden a alquilarlas a los propietarios vecinos. Pero en el ámbito urbano se ha puesto mucho en valor, se han puesto en mercado 4.849 inmuebles. Los ingresos alcanzan ya 153 millones en ventas y 47 millones en alquileres, y existen importantes enajenaciones pendientes por parte de los Ministerios de Fomento y de Defensa, por poner un ejemplo.

¿La reforma del parque móvil? Se han reducido vehículos en un 30 por 100 y se ha logrado un ahorro superior en el 60 por 100 al ahorro inicial.

La centralización de cuentas corrientes de la Administración General del Estado y pago de nóminas. Se acaba de aprobar la Ley de Racionalización del Sector Público y a partir de su aprobación podremos concentrar las más de 4.800 cuentas corrientes existentes en la Administración General del Estado y pagar centralizadas las nóminas.

Simplificación administrativa, que es el quinto de los problemas: la necesidad de avanzar en la Administración electrónica. Ejemplos: La plataforma de intermediación de datos, para tener todas las Administraciones a disposición nuestra los documentos que ya nos han entregado los ciudadanos y no volver a pedírselos; el portal Emprende en 3, que ya llega a más del 50 por 100 de la población, para crear una empresa a través de un solo portal telemático; la cita previa en la Dirección General de Tráfico: desde 2013 se han tramitado 1.176.000 citas por teléfono y, en el Servicio Público de Empleo, 16 millones de citas desde junio de 2013; la Oficina Electrónica de la Seguridad Social, como vieron ayer -hoy, si entras en "Mi Seguridad Social", puedes con tus datos, con tu NIF, saber cuánto tiempo llevas cotizado y cuánto te queda para poder jubilarte, que es un servicio muy útil para los ciudadanos--; o los grandes avances llevados a cabo en lo que se llama la "E-Sanidad": la historia clínica digital interoperable, que ya funciona en doce Comunidades Autónomas, o la receta electrónica interoperable, donde hoy ya el 77,4 por 100 de las recetas se dispensan electrónicamente.

Eso ¿qué ha permitido con este impulso? Que estemos por encima de la Unión Europea en usuarios preferentes de la Administración electrónica; es decir, los que utilizan preferentemente Internet. Los ratios en la Unión Europea son del 32 por 100 de media y en España del 39 por 100.

Estamos, además, por encima de la media europea en el uso de Internet y Administración electrónica para obtener información, para descargar formularios e, incluso, estamos avanzando mucho en el envío de formularios, donde también estamos por encima de la Unión Europea.

El impulso ha sido espectacular en algunos ámbitos. La Agencia Tributaria venía siéndolo con carácter tradicional, pero estamos abriendo también brecha en otros, como la Seguridad Social, donde los suscriptores a procedimientos de notificaciones telemáticas han pasado de 81.000 en 2012 a 2,5 millones en 2014.

Éste es un breve balance de lo que hemos hecho, que está a su disposición, y ahora voy a hacer una breve reseña de lo que vamos a hacer a partir de ahora.

Hoy se ha dado el visto bueno para empezar a abordar y a negociar con el sector, con las Administraciones y con el público en general, y muy especialmente con el sector académico, cambios en las leyes de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. Son dos leyes, una, que regula, más bien, las relaciones de la Administración con las propias Administraciones, dentro de ella y con otras, y la de Procedimiento Administrativo Común, que va dirigida más a las relaciones de la Administración con los ciudadanos.

En la primera de ellas se trata de poner orden y control en los organismos públicos, tanto en lo que son Administraciones centrales, como en la Administración institucional, con normas para fijar claramente los procedimientos de creación de esas entidades. Hemos suprimido dos mil y ha costado muchísimo, porque cuesta muy poco crearlas y mucho evaluar si son necesarias y mantenerlas. Por tanto, claridad en las exigencias para la creación y procedimientos de supervisión, especialmente de control financiero y presupuestario a lo largo del tiempo.

Y en la Ley de Procedimiento Administrativo, es decir, de la relación de las Administración hacia fuera, con el ciudadano, que será probablemente lo que más le interese al público, mejoras en una apuesta clara por la Administración electrónica que va a convertirse, digamos, en el procedimiento tipo. Sin perjuicio de que sabedores de que todavía en España existe brecha digital --y esto también le compete mucho al Ministro--, los ciudadanos podrán seguir haciendo sus trámites de manera ordinaria, pero procuraremos que se vaya reduciendo la brecha y que el recurso al procedimiento electrónico sea cada vez más general.

Para ello hoy se aprueba la creación de lo que se llama Cl@ve. Cl@ve es una plataforma para todo el sector público administrativo estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica. Ampliamos las posibilidades de identificación y, así, el actual sistema de acceso electrónico para obtener el certificado de firma electrónica se acompañará de un sistema mucho más ágil y eficiente para la obtención y utilización de claves para toda la Administración. Lo que se hace es superar las limitaciones que hay ahora para que en relaciones con una parte de la Administración por Internet… Cada Administración, cada organismo, ha creado el suyo propio para ese funcionamiento y ahora tratamos de generalizarlo, habilitando la extensión de este sistema a la práctica totalidad de los servicios de la Administración electrónica.

¿Cómo va a ser? Con las diferencias en funcionamiento, como operamos hoy con el banco o con otros servicios de compras que hacemos por Internet, etc. etc. Los interesados facilitan unos datos de carácter personal para habilitar los servicios de identificación, autenticación y firma electrónica, que se ingresan un fichero clave. Hay dos tipos: uno, que es clave ocasional: si yo quiero entrar a consultar un dato, quiero entrar y salir, y lo hago de manera muy esporádica, una clave de validez muy limitada en el tiempo, orientada a ese uso esporádico de los servicios; o clave permanente, que es de validez más duradera --no ilimitada, desde luego--, pero orientada a servicios habituales.

Éstos son los sistemas que ya están utilizando la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y lo que pretendemos es hacerlos comunes y generalizarlos.

Nuestro compromiso es que el sector público administrativo estatal tenga habilitado el sistema Cl@ve en todos los servicios y trámites electrónicos antes del 1 de octubre de 2015. Hoy hemos aprobado el Acuerdo para funcionar de esa manera.

Hoy se aprueban también, como anunció ayer el presidente del Gobierno, dos Manuales: uno de Simplificación Administrativa y uno de Duplicidades. El primero, que es una obligación de la CORA, nos obliga a mantener constantemente actualizados los mecanismos para simplificar relaciones de ciudadanos con Administraciones y empresas, y poner una metodología en marcha para evaluar procedimientos y trámites burocráticos e ir eliminando del sistema las cargas administrativas innecesarias. Lo que consigue esto es que siempre tengamos el contador en marcha, no sólo cuando hacemos la CORA y hacemos limpieza, sino que vayamos analizando procedimientos y bienes del Manual para ir suprimiendo todo aquello que es innecesario o de lo que ya se dispone.

El segundo Manual tiene como objetivo esencial la eliminación de duplicidades. Se trata de detectar solapamientos, duplicidades e ineficiencias administrativas. El Manual recoge los argumentos y los criterios de los que hay que servirse para mejorar esa eficiencia, y se prevé que cada organismo en cada Administración periódicamente elabore un plan para eliminar estas disfunciones; es decir, que siempre estemos en procesos constantes de evaluación.

Éstos son los asuntos que hemos aprobado o acordado hoy y les voy a informar de otros tres temas que han pasado hoy por Consejo de Ministros.

Proyecto de Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. Hoy se ha aprobado, para su envío a las Cortes, este Proyecto de Ley que regula las Denominaciones de Origen Protegidas y las Indicaciones Geográficas también protegidas, cuyo ámbito se extiende a más del territorio de una Comunidad Autónoma, que es donde tiene competencia el Estado. Lo que se busca es dar un marco jurídico único y moderno, y, lo que es muy importante, compatible con la legislación comunitaria para evitar el eventual inicio de procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea.

Con esta nueva regulación cualquier operador podrá comercializar, bajo la denominación de origen correspondiente, con la comunicación previa al Consejo Regulador; antes se exigía autorización, ahora comunicas esta circunstancia. Se da, por tanto, cumplimiento a los dictados, a los criterios generales, de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para facilitar las relaciones ciudadano-Administración. Se refuerza el papel de los Consejos Reguladores como órganos de gestión de las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, y como órganos de colaboración con la Administración para el adecuado desarrollo de estas figuras.

También hemos aprobado un Acuerdo por el que el Gobierno de España presta su apoyo a la candidatura de la ciudad de Barcelona para la organización en el año 2019 de la decimoséptima edición del Campeonato del Mundo de Atletismo, y otorgamos las garantías solicitadas por la Federación Internacional de Atletismo para esta candidatura. Es un impulso necesario para celebrar un gran acontecimiento deportivo en España, especialmente en la ciudad de Barcelona. Con ello lo que garantizamos es el apoyo del Gobierno español a un proyecto estatal de carácter absolutamente trascendente en el mundo del deporte, que confiamos, como han instado el Ayuntamiento y la Federación de Atletismo española, en que se celebre en Barcelona, que competirá con las ciudades de Doha y Eugene, en Estados Unidos, en el estado de Oregón.

El documento aprobado hoy establece que, en el caso de que Barcelona sea designada sede en este Campeonato del Mundo de Atletismo, el Gobierno español adquiere una serie de compromisos; por ejemplo, contribuir al conste financiero de la organización y a la mejora de las infraestructuras deportivas necesarias, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias que se vayan teniendo hasta 2019; facilitar los visados de entrada en España de todos los participantes, desde atletas o entrenadores a medios de comunicación; permitir la importación temporal, sin sujeción a impuestos, de los equipos de deportistas y personal técnico; no gravar con impuestos los premios económicos obtenidos por su participación en el Campeonato, y aplicar las medidas legales previstas para garantizar la seguridad en la celebración del evento, además de otra serie de medidas fiscales y legales para el correcto desarrollo del Campeonato.

Por parte del Gobierno, por tanto, todo el compromiso y la máxima disposición para que este Campeonato se celebre en España; un acontecimiento deportivo en el que participan más de dos mil atletas en representación de doscientas federaciones deportivas internacionales.

También hoy se ha autorizado la celebración del contrato de ejecución de las obras del proyecto de construcción de la plataforma Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián, tramo Mondragón-Bergara --conocido como "nudo de Bergara"--, sector Angiozar, en Guipúzcoa: 131 millones de euros para las obras del que, como decía hace un momento, se denomina "nudo Bergara", donde concluyen los ramales que comunican las tres capitales vascas; es la conocida Y vasca. Este tramo tiene una longitud de 2,6 kilómetros en el eje Vitoria-San Sebastián y 2,3 en el eje Bilbao-San Sebastián, y discurre íntegramente por ese municipio guipuzcoano de Bergara.

Como saben, esta infraestructura, la Y vasca, es de especial importancia y forma parte del proyecto prioritario del Eje Atlántico Ferroviario Europe; dará continuidad en el territorio español a la línea Madrid-Valladolid-Vitoria, prolongándola hasta la frontera francesa, y permitirá la interconexión de las tres capitales vascas en alta velocidad ferroviaria.

Sr. Soria.- Tal como la Vicepresidenta acaba de comunicar, hoy hemos aprobado un paquete normativo en el Consejo de Ministros en relación con la liberación del dividendo digital dentro del espacio radioeléctrico de España, consistente, por una parte, en un Real Decreto y, por otra parte, en un Acuerdo del Consejo de Ministros que lleva consigo un conjunto de actuaciones para hacer posible esa liberación del dividendo digital.

Tanto el Real decreto como el Plan de Actuaciones traen causa, en primer lugar, de lo que la propia vicepresidenta del Gobierno ha dicho: hay un mandato comunitario de la Unión Europea para que la banda de los 800 megahercios del espacio radioeléctrico deje de emitir televisión digital terrestre y pase a ser utilizada para el despliegue de la cuarta generación de telefonía móvil. Pero no sólo es un mandato de la Unión Europea sino que, al propio tiempo, también la propia Ley de Economía Sostenible del año 2010 ya estableció un plan de dividendo digital ese año, y hubo también un Acuerdo de Consejo de Ministros de agosto del año 2012, pero fue anulado por la sentencia de noviembre de ese mismo año que, como saben ustedes, fue la que declaró ilegales nueve canales de televisión digital terrestre. Por tanto, aquel Acuerdo también quedó nulo. Por tanto, un Real Decreto y un Acuerdo de Consejo de Ministros.

En cuanto al Real Decreto, el Real Decreto lo que establece en relación con el Plan de Dividendo Digital, al Plan Nacional de Televisión Digital Terrestre, es el establecimiento de ocho canales de televisión múltiple; por tanto, aquí hay una primera diferencia en relación con la situación actual. Ahora mismo en el espectro hay diez canales múltiples de televisión, hay seis privados y cuatro públicos; dentro de los públicos hay dos de Televisión Española y dos de las autonómicas. Ahora lo que se hace es pasar de diez a ocho; de esos ocho, cinco son privados, dos de Televisión Española, más exactamente uno y medio, y uno es de las Comunidades Autónomas.

El objetivo de este Real Decreto es, en primer lugar, disminuir el coste total que supone la liberación del dividendo digital. En el Plan de Dividendo Digital del año 2010 el coste total comportaba 800 millones y ahora se disminuye por debajo de los 300 millones; en concreto, a 286 millones de euros.

En segundo lugar, persigue este Real Decreto el que se garantice toda la oferta televisiva, tanto nacional como autonómica, que ahora mismo se está emitiendo y, además, mantener las actuales emisiones de alta definición y también impulsarlas en el futuro.

En cuanto al impacto de las medidas que están incluidas en el Real Decreto, hay que decir, en primer lugar, que los licenciatarios, lógicamente, tienen que proceder a un cambio de frecuencias como consecuencia de la redistribución del espacio radioeléctrico; en segundo lugar, para los ciudadanos hay un plan de liberación más sencillo, menos complicado que el que había en el año 2010; hay una disminución de costes, como antes les decía, respecto a lo que incluía el Plan de Dividendo Digital del año 2010 y permite, además, desarrollar la cuarta generación de telefonía móvil en la banda de los 800 megahercios del espacio radioeléctrico.

Todo ello en relación con el contenido del Real Decreto.

En cuanto al contenido del Acuerdo del Consejo de Ministros, el Acuerdo incluye distintas actuaciones: en primer lugar, planificar las nuevas frecuencias dentro de toda la geografía nacional --como saben ustedes, a los efectos del espacio radioeléctrico hay 75 zonas geográficas distintas--; en segundo lugar, se establece cuál es el calendario de liberación del dividendo, es decir, tiene que estar liberada esa parte del espectro radioeléctrico de los 800 megahercios antes del 1 de enero del año 2015. Luego, también este Acuerdo del Consejo de Ministros lleva consigo la aprobación de un plan de comunicación para llevar a todos los televidentes que estén afectados, que no son el 100 por 100 de los televidentes, pero a todos los que puedan estar afectados, cuáles son las acciones que deben llevar a cabo para que puedan seguir teniendo el 100 por 100 de cobertura.

Quiero decir, finalmente, que este Plan no afecta, en absoluto, a veintiún millones de ciudadanos, por tanto, al 45 por 100 de la población, y que la reantenización ha de hacerse en 998.000 edificios residenciales colectivos. El importe, como decía antes, es de 286 millones de euros, importe que abona el Estado, y, a tal efecto, se aprobará próximamente un Real Decreto que establezca cuáles son los procedimientos para que estas ayudas del Estado lleguen directamente a las comunidades de propietarios que tienen que proceder a la reantenización.

P.- Para la Vicepresidenta. Los escoceses han votado. Cameron ha dicho que cree que ha logrado resolver el problema para una generación y que sin voto habría habido más independentistas. Sabemos que en España la respuesta va a ser diferente. Si nos quiere hablar del Consejo de Ministros extraordinario posible, bienvenido; pero, si no es con un referéndum, ¿qué solución ve el Gobierno para arreglar el problema de Cataluña para una generación, como hablaba Cameron?

Sobre la Ley del Aborto le quería preguntar si van a anunciar en algún momento que retiran la Ley del Aborto o van a seguir cada semana dejando pasar el tiempo. ¿Qué pasa con eso? ¿Ha hablado el Presidente con el ministro Ruíz-Gallardón? ¿Qué va a hacer frente a esta desautorización, porque él dijo que hoy era el último día para aprobarla?

Respecto a la CORA, usted ha dicho que no está sobredimensionada la Administración. Se ha producido --lo han dicho ustedes; está en los datos-- una gran destrucción de empleo público en los últimos años, sobre todo en sanidad y en educación, y quería saber si cree el Gobierno que ha llegado el momento de recuperar, como está haciendo Francia, por ejemplo, esos empleos en sanidad y en educación.

Vicepresidenta.- La primera de las preguntas hace referencia al referéndum en Escocia y lo primero que tenemos que poner en valor, y yo creo que eso conviene hoy destacarlo, es que en Escocia los ciudadanos han manifestado su voto de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. Lo que siempre ha de respetarse en estos ámbitos es el cumplimiento de nuestras reglas democráticas.

El Parlamento británico, que era quien establecía su propia legislación que debería organizar una cuestión de esta naturaleza, lo ha hecho, porque ésa es la democracia británica y su propia organización. En España, decisiones sobre la soberanía del pueblo español las adopta, de acuerdo con el pueblo español que aprobó su Constitución en 1978, el pueblo español en su conjunto.

A diferencia de otros modelos, España es uno de los Estados más descentralizados del mundo, sino el que más. Y ustedes pueden, además, repasar declaraciones de distintos dirigentes europeos donde precisamente hacen referencia a ese desarrollo del autogobierno.

Nosotros pensamos que éste es momento de estabilidad y de trabajar juntos en muchos aspectos, en que los ciudadanos necesitan una respuesta por nuestra parte, llámese capítulo de solventar la crisis económica, crear empleo, mejorar infraestructuras --hoy ha habido algún acuerdo importante al respecto-- u organizar, como señalaba hace un momento, un evento deportivo de carácter mundial y muy importante.

Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero tenemos que cumplir la Ley. Igual que otros Estados lo hacen, España tiene una Constitución que tiene que cumplir, porque eso es lo que votó y decidió el pueblo soberano español, que votó y decidió que las reglas democráticas se aprobaban entre todos en una Constitución que establece la forma en que votan para modificar esa propia Constitución, ese poder último, que es el poder soberano del pueblo español.

Sobre la Ley del Aborto, ciertamente, es ésta una cuestión de una ley complicada, de gran sensibilidad social, en la que desde el principio el Gobierno quiso trabajar por el consenso, y es lo que está haciendo: trabajando por ese consenso, que ya le digo yo de partida que no es sencillo, porque es un tema delicado desde el punto de vista social. Ése es el encargo que, por otra parte, se tiene en la redacción de esta Ley: buscar el máximo consenso, en el que estamos trabajando.

Sobre los asuntos ministros-presidentes del Gobierno, ni nada sé ni nada le puedo decir, porque compete en exclusividad al presidente del Gobierno, en su caso.

Respecto a la última de las cuestiones, a lo largo de los últimos años de la crisis lo que se vio es que en España se destruía mucho empleo privado y se seguía creando empleo público. Con el esfuerzo que han hecho todas las Administraciones se ha logrado reducir esos niveles de empleo público a lo que, por otro lado, existía en el año 2003; es decir, a un momento en el que la gestión, por otro lado, de servicios públicos ya estaba avanzada en nuestro país. ¿Y cómo se hizo? A través de un método, de una tasa de reposición de 1 por 10, donde se buscó preservar especialmente los servicios públicos esenciales. Usted ha hablado de educación y de sanidad; estaban incluidos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e instrumentos de lucha contra el fraude.

Ésas, fundamentalmente, fueron las medidas adoptadas en 2012 y en 2013. Así como no se ampliaban plantillas en otros ámbitos y no se podía en otros ámbitos proceder, por ejemplo, a la convocatoria de oposiciones, sí se permitió una tasa de reposición de 1 por 10 en los ámbitos de esos servicios públicos.

En el año 2014 hubo una convocatoria un tanto más amplia, vinculada a estos sectores y a alguno más. Yo creo que en el año 2015, y ésta es una cuestión que estamos abordando de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, y habida cuenta que hemos redimensionado algunos de los ámbitos, nos plantearemos tasas de reposición algo más amplias para los servicios públicos esenciales por los que usted me preguntaba y de los que yo he hablado hace un momento.

Se ha hecho un gran esfuerzo por todos los funcionarios públicos y por todas las Administraciones Públicas; se ha tratado de preservar lo esencial, que son los servicios públicos esenciales, y yo creo que ahora, en el mantenimiento de esas plantillas, sin que además se cubran por parte de personal funcionario, estamos trabajando de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado.

P.- Para la Vicepresidenta. Respecto a Escocia y a Cataluña, en Escocia el señor Cameron, para intentar que no ganara el "no", hizo un planteamiento de algunas concesiones o algunas cuestiones que estaba dispuesto a abordar. En España, una vez que pase el asunto de la consulta, se recurra y se suspenda, ¿el Gobierno está dispuesto a hacer algún planteamiento a Cataluña para que modifique su estado y que las aspiraciones que tienen los catalanes puedan ser cumplidas, aunque no sea en todo, por lo menos en algún ámbito?

Respecto a la contestación que acaba de dar usted sobre la Ley del Aborto, me gustaría saber si eso quiere decir que la Ley sigue adelante, si para ese consenso están dispuestos a cambiar alguno de los fundamentos que hasta ahora mantenían y que es lo que ha impedido hacer el consenso, y si está descartado que la Ley no vea la luz, guardarla en un cajón y olvidarse de ella.

Vicepresidenta.- Sobre el primer punto, podíamos hablar del inicio del planteamiento del referéndum en Escocia o de la solución final, porque lo que usted me plantea también estaba en los orígenes. Pero, como yo decía hace un momento, si comparamos el nivel de autogobierno de determinados territorios en la Unión Europea y lo que ha sido el desarrollo del Estado de las Autonomías en España, verán ustedes una importante diferencia, que lleva a cabo o que la principal conclusión es que los márgenes de actuación son bastante distintos. Yo invito a que hagamos un repaso al funcionamiento de determinados Estados, incluso Estados federales, en el seno de la Unión Europea y el nivel de autogobierno a que se ha llegado en España.

En segundo lugar, yo llamaría a la reflexión. Aún no se ha aprobado esa ley, existe una votación pendiente y después, en su caso, la convocatoria de un decreto. Yo llamaría a la reflexión y llamaría al respeto de las reglas democráticas. Las reglas democráticas en España son las que son, las que los españoles han decidido que sean, a través de los mecanismos que nuestra Constitución establece; que al respecto se ha pronunciado el Parlamento español en una amplísima mayoría, señalando que referéndums de autodeterminación no son posibles en nuestro derecho; y el Tribunal Constitucional, por unanimidad. Y yo llamo a esa reflexión: a unir y no a dividir, a no generar ese tipo de fracturas y a no colocar a los ciudadanos, a los funcionarios, ante dos tesituras. Todos estamos obligados a respetar la Constitución y las leyes.

Como le señalaba a su compañero, nosotros estamos trabajando por ese consenso y queremos lograrlo, y se harán todos los esfuerzos. A lo largo de este debate ha habido aspectos que han sido destacados por unos y por otros, y que estamos estudiando; también algunos los ponen de manifiesto algunos de los informes obtenidos. Estamos trabajando.

P.- Vicepresidenta, quería saber, en primer lugar, sobre Escocia si, al final, le parece positivo el proceso que se ha llevado a cabo en aquel territorio.

Y también su opinión sobre el previsible voto a favor de la Ley de Consultas del PSC esta tarde en el Parlamento autonómico catalán.

Respecto a la Ley del Aborto, quería una aclaración: si no hay consenso, ¿no va a seguir adelante el Proyecto de Ley de reforma?; es decir, ¿todo pasa por el consenso? Por otro lado, ¿no teme el Gobierno que quede desautorizado Ruíz-Gallardón? ¿Usted se toma en serio la advertencia de posible dimisión del ministro de Justicia?

Vicepresidenta.- Nosotros respetamos los procedimientos democráticos que se siguen en otros Estados. Es lo habitual entre los Estados y lo que, con arreglo a sus propias reglas democráticas y a su legislación tienen por conveniente. Tienen el respeto de nuestro país, igual que nosotros recabamos de otros el respeto a nuestras propias reglas democráticas y a nuestros mecanismos legales de organización. Como decía hace un momento, no partimos ni de la misma legislación, que es muy diferente, ni del mismo desarrollo del autogobierno.

Sobre los votos de otros partidos, yo hago un llamamiento a todos, a la generalidad de todos, porque a lo largo de todo este proceso nos ha quedado bastante claro por quien tiene que acreditarlo, que es el Parlamento de la nación, donde están muchos de esos partidos representados, el Tribunal Constitucional por unanimidad y nuestras propias reglas democráticas, que lo que se pretende no tiene cabida, y además divide y fractura, y, como estamos viendo, mucho dentro de los partidos y dentro, incluso, de los que apoyan a los Gobiernos. Trabajemos más por unir.

Respecto de la tercera de sus preguntas, ese consenso es importante y vamos a tratar de lograrlo. Creo que es un tema, como decía hace un momento, de una enorme sensibilidad social, donde hay diferentes posiciones y acercamientos al mismo, y conviene --al menos, este Gobierno lo ha entendido siempre y el presidente del Gobierno lo ha comprometido desde el primer momento en estos asuntos-- trabajar por ese máximo acuerdo.

Sobre la última de sus cuestiones, sólo le puedo señalar lo que le he referido a su compañero: el ministro de Justicia, como el resto del Gobierno, tiene el mandato de trabajar por el consenso en todos los ámbitos, pero desde hace tiempo y desde que se abordó esta cuestión, y todos seguiremos trabajando y ayudando.

P.- Vicepresidenta, no sé si insistir en la línea del compañero, del calendario de Gobierno para los próximos días, para el fin de semana o para el lunes. Como no ha hecho ningún comentario…

Vicepresidenta.- Ahora mismo se lo digo. Como era doble la pregunta, perdóneme, se me despistó.

P.- En segundo lugar, no quería que nos avance los argumentos, porque tienen sus organismos el Gobierno y el Estado; pero de usted, que es una reputada constitucionalista, quería conocer cuál es…

Vicepresidenta.- Intervengo mucho, pero soy muy modesta. No me saque los colores, y menos con la doctrina constitucional.

P.- ¿Cuál es su opinión o cuál es la opinión del Gobierno sobre los vicios de inconstitucionalidad de la Ley de Consultas? Ya no le digo sobre la pregunta o sobre el decreto, que no está firmado, o no se ha firmado; sino sobre la futura Ley de Consultas, porque, según se deduce de todas las informaciones, están ya preparados esos recursos; por tanto, los argumentos del Gobierno, también.

Vicepresidenta.- Me pregunta el calendario del Gobierno y discúlpeme porque al apuntar la pregunta no fui lo suficientemente clara al apuntar la palabra "calendario".

Dependerá, en primer lugar, de si se aprueba; y yo hago un último llamamiento. Al aprobarse, debe publicarse. Creo que era el secretario de Convergència Democrática de Catalunya quien decía "aprobarse y corregirse". No sé si es no incluir enmiendas. No lo sé, no llego a entender a qué se refiere eso. Una vez que se publique, por parte del Gobierno se recaba el informe del Consejo de Estado y se escucha al Gobierno, porque la interposición del recurso corresponde al presidente del Gobierno, oído el Consejo de Ministros.

Entonces, nuestro calendario también depende del propio calendario de aprobación, de esa corrección a que se refería el señor Rull y de su publicación.

Es una norma que hemos ido conociendo a lo largo de su tramitación parlamentaria y por eso puede trabajarse en sus argumentos; algunos de los cuales fueron manejados en el propio debate, porque traía causa, aunque no era lo mismo, del Proyecto de Ley para transferir la convocatoria de referéndum a Cataluña, que fue desestimada por más del 85 por 100 de la Cámara; del propio Tribunal Constitucional, que ha sentado mucha doctrina a este respecto en recursos anteriores; e incluso de argumentos que maneja el voto particular del informe del Consell de Garantías Estatutarias, donde algunos de sus miembros dan una argumentación jurídica bastante completa sobre las vulneraciones que se producen en el ámbito de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía.

P.- Vicepresidenta, quería hacerle dos preguntas. Usted ha cifrado en unos 10.400 millones acumulados el ahorro logrado hasta ahora con la reforma de las Administraciones. Mi pregunta es si es posible en el tiempo que queda, dado que ustedes tenían planteado un calendario hasta finales de 2015 y como se ha conseguido el 28 por 100 del ahorro, si ese calendario se puede mantener y si esto es posible, y si las medidas que quedan por plantearse son realmente las que van a lograr ese mayor ahorro.

En segundo lugar, quería preguntarle si se plantean la devolución de la paga extra en metálico a los funcionarios a lo largo de 2015.

Vicepresidenta .- Como sabe, este último asunto está pendiente de recurso ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, estaremos muy pendientes del desarrollo de este fallo.

Sobre la primera de sus preguntas, yo misma se lo pregunté a los servicios que lo están haciendo, conforme, además, a una metodología muy exhaustiva. Hay muchas medidas que están terminadas, pero que empiezan a producir y a generar ahorros ahora; es decir, de las que quedan e incluso de las que están implantadas, están ejecutadas. pero no se están empezando a contabilizar en las arcas del Estado, por ejemplo, centralizaciones de cuentas y otro tipo de medidas. A mí me informan que, a fínales de 2015, cuando se presente el informe de cara a 2016, esas cifras estarán cumplidas. O sea que ahora hay que poner todos los esfuerzos para lograrlas.

10.400 millones de euros es un ahorro muy importante. Se ha hecho un esfuerzo enorme y ahora es cuando se empiezan… Además, y lo hemos visto en los últimos meses --y tengo aquí sentado al equipo--, es donde estamos viendo que esos ahorros se están acelerando cada vez más en los últimos tiempos. Pero nos queda trabajar y no relajarnos, sin ninguna duda.

P.- Vicepresidenta, decía usted antes que los márgenes de autogobierno, en comparación, de Escocia y de Cataluña son muy diferentes y es verdad. Pero me gustaría saber si es que no existe ningún margen de más autogobierno para Cataluña. Quiero decir si, por ejemplo, no se podría negociar algo que les ha interesado siempre mucho a los catalanes, que es el pacto fiscal.

Vicepresidenta.- Yo procuraría también señalar una cuestión: los gobernantes tienen que saber que las leyes les comprometen y les obligan, y tienen que cumplirlas, porque ése es nuestro marco y nuestras reglas democráticas, y no en función de otras consideraciones. Porque fíjese qué sistema haríamos si alguien dijera: "voy a incumplir la legalidad a ver qué obtengo". Yo creo que ése es un planteamiento también muy diferente de lo que estamos viviendo en otros lugares.

En segundo lugar, hay un modelo de financiación autonómica que, como hemos señalado, tiene que ser, en primer lugar, actualizado; tiene que ser, digamos, analizado en su funcionamiento y, después, comprobado en su desenvolvimiento. Son momentos difíciles para este modelo de financiación por cuanto estamos saliendo de la crisis. Es cuando empezamos a ver, y ahí están los datos que presentan periódicamente el ministro de Hacienda y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cómo se va incrementando la recaudación. Pero es en ese momento de incrementos cuando podremos ordenar ese sistema, en que yo confío que logre trabajarse por un acuerdo.

Primero, como saben, hemos hecho la reforma por la vía de los ingresos en el ámbito de la reforma fiscal y de la Administración General del Estado, y la segunda parte será analizar gastos e ingresos por la otra vía. Pero, desde luego, eso no se puede ligar a ningún proceso en que alguien diga "no voy a cumplir la legalidad, a ver si me dan algo por incumplirla". No, las cosas deben hacerse dentro del marco democrático y dentro de una perspectiva que es la que nos debe regir a todos en el modelo de financiación: encontrar la mejor financiación de los servicios públicos de los ciudadanos, que cada vez estamos viendo que es algo diferente de las Administraciones, aunque --y el día va de eso, y permítanmelo-- todas estén haciendo mucho esfuerzo por mejorar.

Muchas gracias.