Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de la ministra de Fomento, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Me acompaña la ministra de Fomento en un día en que hemos dado impulso al proceso de liberalización, de apertura al sector privado, al sector ferroviario y al sector aéreo, como a continuación explicará.

Hoy recibe también un importante impulso la reforma de las Administraciones Públicas con un paquete de tres leyes que enviaremos al Congreso de los Diputados. Son tres normas que están muy centradas en facilitar la vida a los ciudadanos, en eliminar trámites administrativos y en utilizar los instrumentos que las nuevas tecnologías ponen a nuestra disposición para simplificar la vida a los ciudadanos, generar importantes ahorros a las Administraciones y a las empresas, y, en definitiva, modernizar la Administración pública.

La primera de las leyes es la reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido de la Ley del Catastro para fortalecer un intercambio seguro de datos entre el Registro de la Propiedad y el Catastro, y evitar, así, que haya informaciones contradictorias y erróneas sobre un mismo inmueble. Actualmente, ambas instituciones tienen competencias muy diferenciadas; pero actúan sobre un mismo ámbito, que es la realidad de los inmuebles en España. Por eso la coordinación de la información que tienen una y otra resulta indispensable para identificar correctamente los inmuebles, para dar a los ciudadanos mejor prestación de servicios y, sobre todo, para dar seguridad jurídica, para que la adquisición de cualquier finca esté dotada para los ciudadanos de la mejor información, la más completa y la más real.

Con esta norma acabaremos con situaciones que se dan a día de hoy, como que haya fincas inscritas varias veces, a nombre del mismo o de distinto propietario; la misma finca o parte de la misma finca con distintos propietarios --figúrese el problema cuando se vende por quien realmente no lo es, pero aparece como titular en el Registro--; algunas que pueden invadir el dominio público y que, gracias a esta mejor coordinación, podrán ponerse en evidencia; los montes públicos o la mejor detección de construcciones ilegales que puedan ser detectadas antes de que puedan ser vendidas y que quien las adquiera se sienta seguro cuando realmente no lo es. Es decir, lo que buscamos es mejorar la seguridad jurídica y facilitar, como digo, un poco la vida a la gente.

Este Proyecto modifica ambas normativas para coordinar los datos, de manera que el Registro tenga acceso a la cartografía catastral, y a la inversa. Con carácter general, se utilizara la cartografía del Catastro.

Se definen también los procedimientos para la incorporación de la descripción de las fincas, de los inmuebles, al Registro de la Propiedad y sus efectos jurídicos. Esta descripción será obligatoria cuando haya operación de reordenación de terrenos o de fincas (segregaciones, divisiones…) y voluntarias en otros casos, como pueden ser compraventas o constitución de derechos.

Asimismo, se regula un procedimiento actualizado para el intercambio de información entre el Registro y el Catastro, y que puedan de esta manera evitarse discordancias.

¿Que lograra esta normativa? Evitará la presentación de veintidós mil declaraciones presenciales al año, de tenerte que ir al Registro de la Propiedad con tus documentos físicamente, y se calcula un ahorro anual de 1,8 millones de euros.

Siguiente norma, Proyecto de Ley de medidas en el ámbito de Justicia y Registro Civil. Ésta, ¿qué busca? Incorporar las subastas judiciales y, por otro lado, permitir la tramitación electrónica de los nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios. Ésta sí está también muy ligada a la vida de los ciudadanos.

En cuanto a las subastas judiciales, ¿qué buscamos? Transparencia. Los ciudadanos podrán acceder a todo tipo de pujas de bienes muebles e inmuebles que se produzcan en cualquier sitio con sólo darse de alta en el Portal Electrónico de subastas de BOE en cualquier día del año. Cualquier ciudadano podrá ver lo que se va a subastar, como consecuencia de procedimientos de apremio, etc., etc., y podrá pujar libremente y con absoluta transparencia para adquirir cualquiera de estos bienes.

Se van a ahorrar muchos costes pero, sobre todo, como decía, se va a ganar en transparencia y se va a luchar contra las corruptelas, contra esa generalización de subastas que se efectuaban de una manera presencial y que se habían convertido en un negocio profesionalizado de algunos. Se podrá participar casi en cualquier momento y desde cualquier lugar.

La seguridad jurídica está garantizada con una identificación inequívoca de todos los que intervienen, mediante firma electrónica o firma con sistema de claves previamente concertadas.

Tercer asunto, quizás el que nos puede pillar más de cerca: inscripciones de nacimientos y de defunciones. Este Proyecto prevé que se realicen directamente desde los centros sanitarios, sin necesidad de que en los nacimientos los padres tengan que desplazarse al Registro Civil. Para la inscripción de los bebés, los padres, asistidos por los facultativos que hayan atendido el parto, firmarán el formulario oficial de declaración, al que se incorporará el acreditativo del nacimiento, y será remitido al Registro Civil desde el propio hospital.

Las defunciones también se inscribirán en el Registro Civil. La certificación médica tiene que expresar, eso sí, la existencia o no de muerte violenta, o de cualquier otro motivo por el que no deba expedirse licencia de enterramiento o incineración.

Quiero destacar también un aspecto muy importante de estas certificaciones, en el caso de los partos, que da seguridad a la identificación de los nacidos. Este mecanismo va a ser muy eficaz para evitar que se produzca en nuestro país tragedias como las que hemos vivido de los "niños robados". A partir de ahora, se va a incidir mucho en la identificación entre la madre y el bebé a través de pruebas médicas, biométricas y analíticas, de manera que quede perfectamente acreditada esa relación. Además, para el caso de fallecimiento de esos niños, el certificado de defunción será firmado por dos facultativos, que deberán afirmar que de las pruebas realizadas no se desprenden dudas de la relación materno-filial.

Es decir, con esta norma conseguimos varias cosas: en primer lugar, evitarles a los padres, en un momento de la vida de una familia que siempre es muy complicado, por todas las cosas que tienen que hacer y por todo lo que se les viene encima con el nacimiento de un hijo, que encima tengan que estar pendientes de desplazarse al Registro Civil; las colas del Registro Civil; la seguridad, además, de que esa inscripción se realiza con todas las garantías de que lo expide el facultativo que te ha atendido el parto; pero, además, como hay pleno control de todas las pruebas médicas, biométricas y analíticas, evitar que se puedan producir dramas como lo que, por desgracia, han vivido en este país algunas familias, especialmente algunas madres.

Esta norma, ¿qué evita? 857.000 trámites presenciales al año, casi un millón de desplazamientos a las oficinas; genera 64,3 millones de euros de ahorro y cuatro millones de coste para las Administraciones, que tenemos que hacerlo informáticamente; pero las cuentas salen, como ven ustedes, bastante holgadas.

Por último, y dentro de estas medidas también de mejorar la vida de los ciudadanos, de conseguir que la Administración nos ayude a resolver problemas y no generarlos, aprobamos el Anteproyecto de Ley de Medidas de materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social. Ésta es una medida realmente importante. Su objetivo es simplificar la forma de cotización que actualmente hacen las empresas por todos sus trabajadores y todos los meses.

Como saben, en la actualidad, el modo en que las empresas liquidan sus cotizaciones sociales se basa en un sistema de autoliquidación. Esto significa que mensualmente 1.300.000 empresas deben calcular y presentar las liquidaciones de cuotas de más de trece millones de trabajadores. A partir de ahora, cuando entre en vigor y se vaya aplicando, la Tesorería General de la Seguridad Social pasará a facturar a todas estas empresas con un nuevo sistema plenamente integrado en Internet y las empresas obtendrán recibos y pagarán las cotizaciones sin desplazamientos. Sólo requerirá de las empresas aquella información de la que no se disponga: bases de cotización, porcentaje de tiempo parcial de los contratos, horas extraordinarias… Es decir, utilizará lo que tiene en su base de datos para liquidar ella misma esas cotizaciones. Los empresarios podrán calcular en todo momento y podrán consultar los cálculos que ha hecho la Administración para determinar las cuotas e ingresar el dinero correspondiente a las cotizaciones de sus trabajadores.

Esta simplificación se traduce en un ahorro estimado de más de 63 millones de euros por eliminación de cargas administrativas, además de mejorar la trasparencia de las empresas y, sobre todo, de los propios trabajadores, que tendrán la información de lo que se ha cotizado a lo largo de ese tiempo por ellas.

Quiero destacar que desde julio de 2013 empresas de distinto tamaño, actividad económica y ubicación en territorio nacional han comenzado una fase de pruebas de este nuevo sistema, que les ha permitido actualizar y depurar la información de cotizaciones de sus trabajadores. Además, entre finales de 2014 y principios de 2015 se irán incorporando gradualmente, primero, las empresas del Régimen General y, después, del resto de los regímenes por cuenta ajena.

Se trata, por tanto, de una medida que viene a trasladar al sistema de Seguridad Social lo que, por ejemplo, ya es habitual en otros ámbitos de la Administración, especialmente de la Administración Tributaria, donde es la propia Administración la que nos facilita los trámites y los cálculos, suministrándonos la información necesaria para cumplir con nuestras obligaciones.

También se ha aprobado hoy el Real Decreto sobre bonificaciones a la cotización a la Seguridad Social del personal investigador. Esta medida incentiva la contratación de investigadores en empresas a través de una bonificación del 40 por 100 de las aportaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes y tiene carácter retroactivo con fecha 1 de enero de 2013. Para las Pymes reconocidas con el sello de Pyme Innovadora, la bonificación será compatible con la deducción fiscal por actividades de I+D+i, que se recoge en la normativa del Impuesto de Sociedades.

¿Qué se pretende con esta iniciativa del Ministerio de Economía y Competitividad? Abaratar costes de tramitación de investigadores y fomentar, además, el empleo a tiempo completo en las empresas.

Les informo también, y lo tienen, como cada año, en la Referencia del Consejo de Ministros, del Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar, y las cuantías de las becas y ayudas para el estudio para el curso 2014-2015, que viene a ser aplicación de la normativa legal y reglamentaria que se fija con carácter general.

También aprobamos el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1.368/1987, de 6 de noviembre, sobre Régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes.

Como saben, el 2 de junio el Rey Don Juan Carlos I de Borbón comunicó al señor presidente del Gobierno su voluntad de abdicar; el 3 de junio el Consejo de Ministros aprobó y remitió al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica por el que se hace efectiva la abdicación, que fue respaldado por más del 85 por 100 del Congreso. Ahora queda la tramitación en el Senado y su ulterior publicación.

Según la normativa en vigor, hay un tratamiento de los miembros de la Familia Real aprobado. Con este Real Decreto lo que venimos a regular es uno de los pocos aspectos que necesita regulación en lo que se llama o se ha venido en llamar estatus del Rey que va a abdicar, que son sus títulos, tratamientos y honores. Se hace siguiendo los precedentes históricos y la costumbre de otras monarquías.

¿Qué hacemos? Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI --en el momento en que sea proclamado--, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias, en el Reglamento de Honores Militares.

Doña Sofía de Grecia, madre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Reina, con tratamiento de Majestad, y honores análogos a los establecidos para la Princesa o Príncipe de Asturias consortes en el Real Decreto que he citado antes.

En cuanto al orden de precedencia de los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía en el ordenamiento general de precedencias de Estado, será el inmediatamente posterior a los descendientes del Rey Don Felipe VI. Esto es, digamos, el orden de precedencia protocolaria.

Aquí hemos analizado desde el principio también las fechas de entrada en vigor y este Real Decreto entrará en vigor cuando lo haga la Ley de Abdicación. Se aprueba en este Consejo de Ministros, se publica en el BOE y entra en vigor cuando lo haga la Ley de Abdicación, porque lo que queremos es que el día 19 esté todo perfectamente organizado y resuelto para el tratamiento adecuado a la ocasión.

En el capítulo de condecoraciones, y antes de darle la palabra a la ministra de Fomento, les informo de las propuestas para las Medallas al Mérito del Trabajo en su categoría de Oro: José Agustí Casanova, Vicente Calatayud Maldonado, Máximo Cuñado Alonso, Severino Escuris Batalla, Alejandro Fernández Pérez, Cristina García Rodero, Ángel García Rodriguez (el Padre Ángel), Domingo Guerra González, Esther Koplowitz Romero de Juseu, Rafael Nadal Parera, Luis Navarro García, Marina Pacheco Valduesa y Pedro Vivanco Paracuellos. Y a título póstumo, Mercedes Salisachs Roviralta y Francisco Sánchez (Paco de Lucía).

Por último, capítulo de nombramientos: delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Tras la petición de cese por motivos personales de la delegada actual, se ha procedido a nombrar a don Serafín Castellano Gómez delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.

Sra. Pastor.- En primer lugar, decirles que hoy traemos a esta mesa, después de tratarlo en el Consejo de Ministros, la liberalización del transporte ferroviario de viajeros y la entrada de capital privado en AENA.

¿Cuáles son los objetivos de estas dos reformas que hoy iniciamos? Son uno fundamental, que es mejorar la calidad del servicio del transporte que se da en este país a todos los ciudadanos. Para que se hagan ustedes una idea, en transporte ferroviario, en el año 2013 se han transportado más de 466 millones de personas y, en el ámbito de los aeropuertos españoles, han utilizado los aeropuertos españoles 188 millones de personas en el año 2013.

El objetivo del Gobierno, como saben, es que todos los ciudadanos tengan, desde luego, la oportunidad de viajar en unos servicios públicos de calidad y ése es el objetivo en el que se basan las reformas que presentamos.

Voy a empezar por la liberalización del transporte ferroviario de viajeros. Queremos dotar al mercado del transporte ferroviario de una mayor oferta de servicios; en segundo lugar, de precios mucho más competitivos gracias a la mayor competencia; aumentar la utilización del transporte ferroviario en el que, como todos ustedes saben, en estos dos años y medio de Gobierno hemos tenido un incremento muy importante por una nueva política de precios, como saben, y por unas frecuencias más adaptadas a las necesidades de los ciudadanos; también, aumentar el conjunto de la intermodalidad entre el transporte ferroviario, el transporte terrestre y el transporte aéreo; incrementar el uso de las excelentes infraestructuras de las que está dotado nuestro país, aunque nos faltan todavía cosas por hacer; y optimizar la gestión de Renfe al operar en un entorno de competencia.

Como saben, el proceso de apertura a la competencia se inició ya hace algunos años. Saben que en este momento el transporte de mercancías por ferrocarril está abierto y ya está operando sobre las líneas del Estado OPERA Renfe, el operador público, pero también operan empresas privadas. Con lo que hoy iniciamos, lo que va a haber son operadores, como ahora explicaré, en este caso un operador, a través de un concurso, también para viajeros.

El Real Decreto Ley 4/2013 ya estableció la transición entre el monopolio actual de Renfe y el futuro marco liberalizado, distinguiendo tres segmentos de mercado: servicios de finalidad prioritariamente turística, que están, por cierto, ya abiertos a la competencia desde el año 2013; servicios comerciales: la larga distancia convencional y la Alta Velocidad; y la transición hacia la liberalización, que se realizará mediante los títulos habilitantes, que es lo que traemos hoy a esta mesa.

Por otra parte, saben que hay servicios que hay obligación pública del Estado, que es lo que financia el Estado, las obligaciones de servicio público, que son las Cercanías y la Media Distancia, en los que se sigue garantizando la prestación total por Renfe Operadora.

Pues bien, lo que hemos acordado es que vamos a licitar un título habilitante que va a permitir a un operador privado prestar servicios ferroviarios de viajeros en competencia con Renfe, en unas líneas determinadas, que ahora detallaré, y por un período de tiempo establecido. Se trata de un título de duración limitada y al final de su vigencia esa línea de la que hablaré se abrirá a todos los operadores.

La introducción de competencia en el mercado va a ser, por tanto, de manera progresiva, como lo han hecho otros países de la Unión Europea. Ordenaremos la entrada de operadores privados logrando una mayor y mejor oferta de servicios, garantizando la continuidad de los servicios que presta Renfe y con un adecuado control por parte de la Administración de la calidad y de la seguridad para que los servicios se presten con óptima calidad para los ciudadanos.

Y también vamos a dotar a nuestro país de un periodo transitorio en el que todos los agentes, incluyendo a ADIF, incluyendo a Renfe y el nuevo operador, dispongan de un tiempo de adaptación para optimizar los resultados del proceso.

El Consejo de Ministros ha acordado licitar un título habilitante para la prestación de servicios en el Corredor Levante. El título habilitante se otorgará mediante un procedimiento público de licitación, un concurso público, que garantice la efectiva competencia de las operaciones que concurran al mismo. El operador que resulte adjudicatario podrá prestar estos servicios en exclusiva, además de Renfe, durante siete años, en competencia con Renfe, y tras ese plazo, el Corredor se abrirá a plena competencia.

El nuevo operador podrá fijar las frecuencias, los servicios y los precios con libertad. Y el nuevo operador podrá hacer uso del material rodante puesto en alquiler por Renfe Sociedad de Alquiler, que, como saben, se constituyó ya hace un año, mientras desarrolle su propio parque, previo pago, lógicamente, de lo que corresponda.

En cuanto a lo que es el Corredor Levante, lo que en términos ferroviarios es el Corredor Levante, es la línea Madrid-Cuenca-Albacete hacia Valencia, hacia Castellón, hacia Alicante y hacia Murcia. Incluye todos los servicios que están en ancho internacional, en red convencional de vía doble o en red convencional de vía única.

El adjudicatario del título habilitante podrá decidir libremente las conexiones, las que va a establecer, los servicios dentro del ámbito de este Corredor. A los ciudadanos les va a llegar esta medida, porque van a tener una mayor oferta de servicios, a unos precios más competitivos. Se va a aumentar el empleo mediante el desarrollo de un nuevo sector productivo en el transporte y el impulso del sector de fabricación de material rodante, y, tal y como ha sucedido en otros modos de transporte, la liberalización incentiva la innovación y la creación de nuevos modelos de negocio, que se adaptan a las necesidades de los viajeros.

La capilaridad de la red queda garantizada por los servicios de Renfe en todo el territorio. La mayor competitividad de la oferta de servicios va a fomentar, sin ninguna duda, el uso del transporte ferroviario.

Para que se hagan ustedes una idea, en esta línea Madrid-Valencia, en este momento, el número total de viajes de personas que se realizan en un año es de 6.499.000 desplazamientos; de los cuales en tren son 1.779.000; en avión, 264.000; en coches particulares, 3.873.000 y en autobús, 580.000. Es decir, la cuota de mercado del ferrocarril en este momento es el 27,4 por 100 y entendemos que con estas medidas ese transporte, que es desde luego muy eficiente, que es menos contaminante y que, desde luego, es un transporte que está a la altura y con los recursos de todos los ciudadanos, va a ser utilizado por muchas más personas.

Ahí les ponemos el procedimiento. Después de esta aprobación de hoy del Consejo de Ministros, se iniciará el procedimiento de licitación del título habilitante y la regulación de los requisitos del nuevo operador. Posteriormente, se adjudicará el título habilitante y, con posterioridad, se iniciará el servicio en competencia.

Esto por lo que toca a materia ferroviaria.

Segundo ámbito, la entrada de capital privado en AENA. En primer lugar, quiero decirles que AENA Aeropuertos va a continuar siendo un ente público, porque va a continuar teniendo una mayoría de las acciones y del capital: el 51 por 100.

AENA Aeropuertos es el primer gestor aeroportuario del mundo por número de pasajeros, el primero. En 2013 transportó a 187,4 millones, registrando el récord de la historia de la aviación civil española. Y durante el período 2011-2014 se ha llevado a cabo un profundo proceso de transformación de AENA Aeropuertos.

Como saben, cuando llegamos al Gobierno teníamos un resultado bruto de explotación de 883 millones y hemos pasado, al cierre de 2013, a 1.610 millones.

La mejora de la eficiencia en AENA se ha logrado en todas sus áreas: se ha mejorado la política comercial, hemos recortado los gastos superfluos y hemos adaptado los horarios de los aeropuertos. Como ustedes saben, había aeropuertos en los que salía un vuelo y estaba abierto todo el día; eso no es de recibo. Hemos mejorado la generación de caja: teníamos una caja negativa de -511 millones, no podíamos pagar la nómina, y estamos en este momento, al cierre de 2013, en 847 millones y, a día de hoy, en más de 1.000 millones.

También hemos mejorado. AENA Aeropuertos ha entrado en rentabilidad por primera vez y ha alcanzado un beneficio neto de 597 millones. Y la relación deuda-Ebitda ha pasado de 13,8 en 2011 a 7,1 en 2013.

Todos los gestores aeroportuarios en todo el mundo, pero especialmente en Europa, todos ellos están participados por capital privado. En FRAPORT (Frankfurt Aeropuertos), que no sólo es Frankfurt, sino muchos otros aeropuertos, tiene el 49,4 por 100 en el sector privado; y en ADP (Aeropuertos de París --París y todos los aeropuertos que forman parte de este grupo--), el 48,6 por 100.

La presencia de inversores privados, a nuestro juicio, va a fortalecer la gestión de la compañía, garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario español en red. La mayor eficacia de AENA será un estímulo al sector del transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como son, fundamentalmente para nuestro país, el turismo y el comercio; y, sobre todo, algo muy importante que es el desarrollo internacional de la compañía, que es la tendencia en este momento en todos los mercados.

Quiero recordar aquí, en este punto, que AENA no recibe un euro del Presupuesto General del Estado. AENA, nuestro ente público, vive de los ingresos que tiene por su política comercial y por el ingreso por tarifas.

Pues bien, el Gobierno va a aprobar --lo haremos inmediatamente-- un texto legal para que se cree un marco regulatorio, que se llama el DORA, que establecerá cada cinco años los niveles de calidad del servicio, los estándares de capacidad de los aeropuertos, las condiciones mínimas del servicio y de inversiones, y, por supuesto, el marco tarifario. Les anuncio también que el crecimiento de las tasas aeroportuarias, como saben, va a ser cero en el próximo año.

El Gobierno va a mantener la mayoría del capital de AENA y seguiremos siendo el Estado el poseedor de la mayoría en el Consejo de Administración de AENA Aeropuertos. Y el 49 por 100 del capital se estructurará entre un 28 por 100 que se colocará en Bolsa a través de una OPV y un 21 por 100 que se licitará para un núcleo estable de accionistas que serán seleccionados, lógicamente, mediante un concurso público y con concurrencia, como no puede ser de otra manera, según las leyes de nuestro país y como tiene que ser.

También quiero decirles que la estructura de esta operación ha sido pre-informada favorablemente por el Consejo Consultivo de Privatizaciones, que supervisará el proceso en su conjunto, y que la operación tiene una autorización legal ya de un Real Decreto Ley del Gobierno anterior, el Real Decreto Ley 13 del año 2010, que había ya autorizado esa entrada de capital al 49 por 100.

La nueva regulación y la transformación de AENA van a redundar, sin duda, en el control de los costes y en el incremento de la eficiencia, y va a permitir que el sector del transporte aéreo sea más competitivo y siga siendo un elemento de crecimiento económico de nuestro país, generador de riqueza y un dinamizador del turismo desde la posición que España tiene en todo el sector.

A continuación les hablo del calendario aproximado, pero desde luego que queremos cumplir, que es: hemos aprobado en el día de hoy la aprobación formal de la puesta en marcha de la operación; en julio publicaremos el nuevo marco regulatorio del sector aeroportuario; en septiembre, la selección de los inversores de referencia; en octubre intentaremos que esté registrado el folleto en la CNMV y en noviembre de 2014 será el período de oferta, la fijación del precio máximo para los inversores, cualificados y minoristas, la firma del contrato de aseguramiento y el inicio de cotización de la sociedad.

Termino mi intervención, Vicepresidenta, señoras y señores, diciéndoles que todo esto va en la línea del objetivo que se ha comprometido el Gobierno con los ciudadanos: primero, cumplir el Plan Nacional de Reformas, que, como ustedes saben, lo pusimos en marcha cuando llegamos al Gobierno, tan necesario; y, desde luego, cumplir con el transporte público de nuestro país, con la movilidad de los ciudadanos, entendiendo el transporte no como un gasto, sino como un elemento de movilidad de los ciudadanos y generador de riqueza.

En definitiva, son medidas todas ellas para mejorar los servicios de transporte que se prestan a los ciudadanos, para garantizar la calidad del servicio ferroviario y del servicio del sector aéreo, de nuestros aeropuertos, y también para que AENA Aeropuertos siga siendo una red de aeropuertos, una red nacional de aeropuertos, que creo que es muy importante, que dé servicio a todo el territorio nacional y que permita la movilidad de todos los ciudadanos: los ciudadanos que viven en las islas, los que viven en Ceuta y en Melilla, y todos los ciudadanos del territorio peninsular.

Éste es el proyecto que ha aprobado el Gobierno y entendemos que va a ser, desde luego, muy positivo para el futuro del transporte en nuestro país.

P.- Vicepresidenta, nos ha hablado de los honores del Rey, pero no nos ha hablado del aforamiento. Entiendo que todavía no está encima de la…

Vicepresidenta.- No se ha aprobado en Consejo y yo les informo de lo que se aprueba.

P.- Evidentemente. Por eso digo que entiendo que todavía no está listo, ¿pero está encima de la mesa del Consejo de Ministros la posibilidad del aforamiento total, o sea penal y además civil, del Rey, de Don Juan Carlos cuando deje de ser Rey? ¿Están trabajando en eso?

Y le pregunto también: si desde marzo venían trabajando en el asunto de la abdicación y usted misma se había reunido con el señor Spòttorno, ¿por qué aún no tienen desarrollado lo del aforamiento? ¿Qué complejidad tiene? ¿Por qué no está todavía?

También le preguntaría si van a introducir en la Ley del Aborto los cambios que están pidiendo en sus informes el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial; en concreto, el tercer supuesto de malformación.

Y a la Ministra. Esto de la privatización parcial de AENA, de la entrada de capital, se ha intentado muchas veces y no se ha llegado nunca. ¿Por qué creen que esta vez es la buena? ¿Por qué se hace ahora y creen que sí es posible?

Vicepresidenta.- Sobre la primera y la segunda de sus preguntas, cuando este asunto esté resuelto, yo desde luego les informaré. No les he informado en la presentación, porque hoy no es el día en que se vaya a hacer.

Ya comentamos la semana pasada en lo que estaba el Gobierno y, desde luego, es un asunto que el Gobierno tiene estudiado, analizado y que considera que es oportuno, por cuanto en nuestro sistema lo que parece que no tiene mucho sentido es que diversas instituciones, hasta escalones bastante medianos de sus titulares, tengan uno u otro aforamiento ante distintos organismos y no lo hagamos de una manera racional.

Me pregunta usted: ¿por qué no lo han hecho en marzo? Porque estoy segura de que su pregunta hubiera sido en esta mesa que por qué hacíamos un aforamiento de un rey abdicado, que no había abdicado ninguno, y me hubiera preguntado que en qué fecha íbamos a llevar esa abdicación. Entenderá que la discreción del proceso llevaba ahí.

No está la regulación porque no lo ha estado en estos 35 años. Curiosamente, salvo la inviolabilidad del Rey, que estaba regulada por la Constitución, ni la Reina consorte, ni el Príncipe heredero, ni el consorte del Príncipe o de la Princesa de Asturias, ni ningún miembro de la Casa tenía previsto su aforamiento. Me puede preguntar: ¿por qué no se ha hecho en 35 años? Tendríamos que hacer todos los sucesivos Gobiernos ese análisis.

El Gobierno sí, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que está en estos momentos en informe, se planteó el asunto del consorte del Rey o de la Reina y los Príncipes de Asturias o sus consortes. No se incluyó la figura de la abdicación porque en aquel momento no existía ninguna persona que tuviera esa situación en nuestro ordenamiento, y hubiera sido tanto como contar, tres meses después, que se iba a producir la situación y había que hacerlo de una manera ordenada, como estamos intentando hacerlo.

Sobre los informes de las leyes, en nuestro ordenamiento el aforamiento ante el Tribunal Supremo se centra, fundamentalmente, en esos dos órdenes jurisdiccionales.

Sobre la Ley del Aborto, nosotros analizaremos con muchísimo interés todos los informes, para eso se piden, y, además, nos parece que es la manera de llevar a cabo la tramitación más correcta, más completa y más conveniente de esas leyes.

Sra. Pastor.- Con respecto a la pregunta que me hacía, el único proceso que conozco en este sentido es un proceso en el que estaba ya prácticamente lista la enajenación de la externalización de dos grandes aeropuertos españoles, siendo que el Estado se quedaba con la deuda de doce mil millones y en un momento en que además había, como le digo, una caja negativa de casi seiscientos millones. En nada puede entrar capital privado si no es una compañía que tenga, como la que tiene en este momento después de dos años y medio, ese resultado que ya le he dicho, con un Ebitda de 1.800 millones.

Por lo tanto, nosotros el modelo que queremos para el futuro es un modelo de un servicio aeroportuario en España que tenga dos condiciones: que sea de la mejor calidad, que sea competitivo y que, además, mantenga la red de aeropuertos de nuestro país como una red única.

P.- Vicepresidenta, yo quería insistir con el aforamiento. Quería preguntarle si el Gobierno no considera que corre cierta prisa, porque supongo que en el momento en que la Ley de Abdicación sea efectiva el Rey se queda sin ningún tipo de protección.

En segundo lugar, ¿el Gobierno ha decidido ya qué forma legal le va a dar a ese aforamiento: si va a ser Ley Orgánica única o si lo va a meter en otra Ley Orgánica?

Vicepresidenta.- Como señalaba la semana pasada, el Gobierno está analizando los trámites y les informaremos al respecto.

También yo quiero insistir en un asunto importante, que es la inviolabilidad del Rey, mientras lo es y después de serlo, por los hechos que han tenido lugar durante su reinado. Yo creo que ése es un punto importante a tener en cuenta.

P.- Vicepresidenta, yo tengo una pequeña duda sobre el Real Decreto aprobado hoy, el del régimen del tratamiento a la Familia Real. En el orden de protocolo entonces, en este caso, ¿la Infanta Leonor está por encima del Rey, cuando deje de ser Rey, y de la Reina? Es una pequeña duda que tengo; es decir, iría por delante…

Vicepresidenta.- Sí, sí. Son los descendientes directos del Rey Felipe VI, en este caso. Detrás de ellos.

P.- Luego, respecto a la Ley Orgánica, con independencia de la fecha y con independencia de que sea Ley Orgánica, a mí me gustaría saber si ha habido ya conversaciones con el resto de grupos políticos al tratarse de una Ley Orgánica, que se debe aprobar con el mayor consenso posible; con el resto de Grupos, y en especial, con el Grupo Socialista.

Vicepresidenta.- Sobre este punto, indudablemente, es una ley y un proyecto en el que también es importante la posición de los Grupos. Ahora la Cámara está centrada en otro proceso, que es el de la Ley de Abdicación, e, indudablemente, cuando se tramite, como todas las leyes pero muy especialmente con ésta, haremos como hemos hecho con la Ley de Abdicación, que es hablar con los Grupos, ver qué posición tienen sobre la Ley, si tienen algo que aportar. En la misma forma trabajaremos.

P.- Para la Vicepresidenta. Ante la situación que está viviendo el PSC, querría saber si el Gobierno teme que esto pueda derivar en unas tesis de mayor acercamiento a la consulta, a las tesis que está defendiendo el propio presidente de la Generalitat.

Por otro lado, querría saber si el Gobierno ve posible alguna regulación de plataformas como UBER, después de toda la polémica que está habiendo con el gremio de taxistas y después de que Bruselas haya remitido a los propios Estados miembros para resolver este conflicto.

Vicepresidenta.- Entenderá que el Gobierno respeta los procesos internos que tienen lugar en los partidos, que no somos quien para decidir cómo se hacen y que, desde luego, tenemos que respetar ese proceso.

Nosotros desde esta mesa siempre lo que hemos dicho es que nosotros… En lo que cada partido decida a nivel nacional o a nivel territorial no vamos a entrar ahí. Lo que nos gustaría es que en cualquier resultado pudiera ser alguien que en los asuntos de Estado pudiéramos entendernos y consensuarlos, como nos parece que es oportuno en una organización como la que tiene España en la que hay partidos de Gobierno que es bueno que puedan dialogar y hablar de los asuntos importantes, y entre ellos está la organización territorial del Estado.

Sra. Pastor.- Quiero decirle que el lunes hay Comité Nacional de Transporte Terrestre en el Ministerio y, por lo tanto, en ese ámbito se va a tratar este aspecto.

España, como usted sabe, tiene en este momento una legislación, que es la LOTT, la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, donde está regulada la actividad profesional del transporte como una actividad económica, reglada, regulada, sometida a las inspecciones correspondientes. Y cualquier otro ámbito va a ser abordado en ese propio Comité Nacional del Transporte Terrestre, que está, como ustedes saben, convocado para el lunes.

P.- Vicepresidenta, como sabrá, ayer la Generalitat de Catalunya publicó las balanzas fiscales. Me gustaría conocer la opinión del Gobierno, la posición que tiene sobre los resultados, y si existe ya una previsión sobre la publicación por el Gobierno de sus propias cuentas.

Y a la Ministra quisiera preguntarle sobre quién va a afrontar la seguridad del nuevo operador ferroviario.

Vicepresidenta.- Sobre su primera pregunta, me gustaría comentar alguna cosa. En esta mesa ya hemos hablado en ocasiones de las balanzas fiscales y de los métodos para analizar esas balanzas fiscales, lo que dicen las balanzas fiscales y lo que no dicen esas balanzas fiscales.

La balanza fiscal que ha hecho la Generalitat es una más, utilizando una determinada metodología; pero existen, al menos, otras tres y sus variantes, que darían y arrojarían un resultado muy diferente.

Ha publicado el resultado de sus balanzas, pero no ha hecho público el trabajo estadístico de elaboración de los datos. Cuando el Gobierno publique sus cuentas territorializadas, que ofrecen mucha más información que cualquier balanza fiscal, lo haremos de manera completa y transparente. Y ahí podremos analizar resultados y valorar diferencias.

Nosotros mantenemos nuestro compromiso de publicar esas cuentas territorializadas en los plazos que hemos dicho, siguiendo esa metodología de cuentas públicas territorializadas que se presentó para valoración y contribuciones de la comunidad académica, y eso es lo que vamos a hacer.

De paso, me gustaría también poner en valor algunas cuestiones que son importantes, habida cuenta las declaraciones de estos días. Quiero señalar el apoyo que el Gobierno de la nación ha hecho a todas las Comunidades Autónomas, y en especial a la Comunidad Autónoma de Cataluña, porque también en los servicios públicos de los ciudadanos de Cataluña, aunque no nos corresponda su gestión, porque es a la Generalitat, estamos preocupados por su mantenimiento. Por eso hemos aprobado medidas de liquidez para Cataluña por valor de casi cuarenta mil millones de euros, entre el Fondo de Liquidez Autonómico, proveedores, anticipos, aplazamientos de vencimiento, etc., etc. Eso es para que las Comunidades Autónomas sigan avanzando en el pago y en el mantenimiento de sus servicios públicos.

Yo creo que no conviene hacer las cuentas que interesan para un mensaje político, sino hacer las cuentas que son. Ayer mismo, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobó ampliar el Fondo de Liquidez Autonómico en tres mil millones para que algunas Comunidades Autónomas pudieran hacer frente a ese mantenimiento de los servicios públicos, y la Comunidad Autónoma de Cataluña recibe una parte importante de esa cantidad.

Yo creo que hay que poner todos los elementos encima de la mesa y todos con la máxima transparencia, y eso es lo que va a hacer este Gobierno.

Sra. Pastor.- Con respecto a su pregunta, querría decirle que, una vez concedido el título habilitante, en la operación tiene que cumplirse toda la normativa que existe en nuestro país y lo mismo que lo hacen ya… Como usted sabe, en este momento hay operadores de mercancías que están operando, más de tres empresas privadas en nuestro país, y tienen que cumplir todos los requerimientos. Es decir, ahí hay unas leyes a cumplir. Aquí estamos hablando de los trenes.

Luego, con independencia de eso, usted sabe que toda la red es titularidad del Estado y va a seguir siendo titularidad del Estado siempre.

P.- Vicepresidenta, en relación con el aforamiento del Rey, quería insistir un poco: primero, si el plazo va a ser urgente, si se va a intentar tramitar por vía urgente, o va a ser un procedimiento normal; por otro lado, si el Gobierno quiere tener o busca un apoyo similar al que se ha obtenido con la Ley de Abdicación en el Congreso esta semana, en torno al 85 por 100; es decir, con el apoyo, entre otros, del Grupo Socialista. Es decir, ¿este apoyo es imprescindible para sacar adelante este aforamiento?

Respecto al Anteproyecto de Ley de reforma del aborto, aparte de analizar los informes, ¿el Gobierno está abierto a introducir cambios a partir de estos informes que estamos conociendo; el último, esta mañana? ¿Cuándo se va a enviar el texto a las Cortes?

Vicepresidenta.- Sobre el aforamiento del Rey, como señalé la semana pasada, el Gobierno va a llevar a cabo esa modificación. En este punto son importantes las aportaciones que ha hecho el presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial, que el Gobierno valora y está analizando, por cuanto entendemos que es una institución, el propio Poder Judicial, muy cualificada para aportar y, además, señalar cómo debe hacerse y cómo debemos llevar a cabo esa modificación.

En todas las leyes buscamos la colaboración y el consenso, y en ésta también, desde luego, lo haremos. Creo que se ha trabajado en estos días con intensidad con todos los Grupos. Yo quiero agradecer, además, muy especialmente, la colaboración de todos ellos, especialmente la de aquellos que han valorado el Proyecto y que lo han votado afirmativamente. Y, desde luego, por parte del Gobierno queremos mantener esa voluntad de diálogo, de lealtad y de comunicación que hemos venido manteniendo hasta ahora.

Sobre la segunda de las leyes, permítame que, primero, analicemos los informes, lo hagamos exhaustivamente, y, después, les informemos de las modificaciones que, a la luz de esos informes, el Gobierno acepta.

P.- Vicepresidenta, en el debate sobre la Ley de Abdicación surgieron muchas voces que reclamaban un tiempo nuevo, una apertura de diálogo; sobre muchas cosas, pero también expresamente sobre el problema catalán. Hoy mismo se han expresado en este sentido la presidenta de la Junta de Andalucía y también el portavoz de CiU en el Congreso. Me gustaría saber si el Gobierno va a hacer algún movimiento en este sentido.

También me gustaría saber qué opinión le merecen las palabras precisamente del señor Duran advirtiendo de que, si no se da este diálogo de una manera rápida, todo va a reventar.

Vicepresidenta.- En el debate de la Ley de Abdicación, y estaban ustedes allí, se puso en evidencia cómo, al hilo de una ley muy concreta, distintos Grupos Parlamentarios hicieron sus aportaciones sobre lo que ellos entendían tiempo nuevo, segunda transición o reformas constitucionales, que realmente tenían poco que ver las unas con las otras. Allí se planteó por unos un debate sobre la forma política del Estado, que no es lo mismo que sobre el modelo territorial del Estado, con lo que ya tenemos dos debates diferentes y con posiciones muy distintas.

Sobre este último de los puntos, sobre el modelo territorial, y a lo largo de muchos otros debates, hemos visto como para unos se reclama un Estado federal, que puede ser simétrico o asimétrico según con quien se hable de esa formación; un modelo confederal; un modelo que incluya el derecho a decidir, es decir, un paso previo a facilitar posteriores declaraciones de independencia a través de ese derecho de autodeterminación; modelos neocentralistas… Es decir, si me permite, modelos para todos los gustos, que ponen de manifiesto la falta de un consenso básico.

Yo creo que en estos asuntos uno tiene que tener muy claro dónde se va y los apoyos con los que se cuenta, porque una cosa son los discursos y otra cosa es garantizar la estabilidad política institucional de un país, que creo que es un asunto también importante.

Cuando el señor Duran hace este tipo de posiciones, yo quiero recordarle una cuestión y es que sobre la consulta, sobre el derecho de autodeterminación, que sigue estando defendido por parte de Convergència i Unió, sabe cuál es la posición del Tribunal Constitucional y de la mayoría de las Cámaras. Creo que es un elemento muy importante a tener en cuenta antes de hacer ese tipo de declaraciones, porque los poderes públicos podemos llegar, y los Gobiernos, hasta donde podemos llegar: donde nos dejan la Constitución y las Leyes, y donde nos marca la voluntad soberana del pueblo español, que está representada en las Cortes Generales.

Muchas gracias.