Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro de Industria, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Hoy se ha aprobado en el Consejo una reforma estructural, quizá, de las más importantes de las que forman parte de nuestro Programa Nacional de Reformas y, desde luego, y en todo caso, una reforma clave para superar un desequilibrio básico y muy importante en nuestra economía, como es el que afecta al sector eléctrico.

Ésa es una reforma necesaria, como digo, para corregir el déficit de tarifa --luego explicaremos lo que es-- y para garantizar la fortaleza y la sostenibilidad del sistema eléctrico sin que sean los consumidores los que tengan que asumir, a través de su factura, los costes que genera este desequilibrio.

Quiero, además, informarles de que esta reforma es una reforma que nace con vocación de ser definitiva. Es la reforma definitiva de los problemas del sector eléctrico en nuestro país. No se queda, digamos, en una regulación puntual o de modificación de aspectos particulares de la ordenación del sector eléctrico. Hoy se aprueba un anteproyecto de nueva Ley del Sector Eléctrico que da una solución definitiva a los problemas y a los desequilibrios que tenía el sector en este momento, y que lo hace, además, acompañada de un Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera necesaria del sistema eléctrico hasta la aprobación de la Ley.

Con estas normas pondremos fin a un déficit de tarifa, es decir, a una diferencia entre lo que se ingresa por la factura de la luz y lo que cuesta esa generación, que desde el año 2005 ha aumentado año tras año hasta llegar a los veintiséis mil millones de euros. Éste es el agujero que nos hemos encontrado del sector eléctrico, veintiséis mil millones de euros; un agujero que no se consiguió paliar a pesar de que entre los años 2006 y 2011, como verán, la factura de la luz subió un 63 por 100.

Con esta reforma, domo digo, estructural de primer orden se busca corregir un desequilibrio clave en nuestra economía, dotarla de mayor competitividad, solucionar de manera definitiva una cuestión, un agujero enorme que pesaba sobre todos, y no se hace cargándolo, como se ha hecho en otras ocasiones, en exclusividad sobre el consumidor, sino a través de un reparto, como verán, muy equitativo, y así lo explicará el señor ministro.

En segundo lugar, hoy hemos aprobado dos Reales Decretos en los que se establecen las bases de las convocatorias de subvenciones destinadas a programas de interés general con cargo al IRPF y de subvenciones, por otro lado, a entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración General del Estado. Son dos normas consensuadas con la Plataforma del Tercer Sector.

En el primer Real Decreto, ¿qué se hace? Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la famosa equis.

La experiencia en los últimos veinticinco años nos ha demostrado que la financiación de programas sociales a través de un porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un instrumento fundamental para garantizar la cohesión social. De acuerdo con el Real Decreto Ley que aprobamos la semana pasada, se procede a aprobar este Real Decreto que lo que fija es un nuevo marco regulatorio para dar coherencia y operatividad a estas partidas, y garantizar, además, que esos recursos --y ahora diré la cuantía-- lleguen al mayor número de personas en situación de pobreza o de riesgo de exclusión social.

En la convocatoria para estas subvenciones para 2013 el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad va a distribuir 210 millones y medio de euros, correspondientes al periodo impositivo de 2011, 210 millones de euros. Esta cantidad corresponde al 77,72 por 100 de la asignación tributaria para otros fines de interés social.

¿Cuáles van a ser los objetivos de esta convocatoria de subvenciones? Atender las circunstancias o las situaciones de urgencia social más apremiante. En definitiva, paliar la situación de dificultad que están sufriendo familias con problemas económicos, especialmente las que tienen hijos, para combatir la pobreza infantil, tal y como se comprometió en el Congreso el presidente del Gobierno.

En este sentido, se fijan tres ejes principales de actuación sobre los que se instrumentan los programas a desarrollar por las entidades sociales financiadas con cargo a la convocatoria del IRPF: la atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria: se financian programas de urgencia de intervención para familias con necesidades especiales de atención integral socio-sanitaria, de formación saludable de los hijos y de programas de atención destinados a personas sin hogar y sin alojamiento digno.

En segundo lugar, la atención a personas con necesidades educativas o de inserción laboral: se financian programas como los de promoción de la educación, la sanidad y la calidad de vida infantil y protección de los derechos de la infancia, y de atención integral, educativa y socio-sanitaria en servicios residenciales para menores en situaciones de dificultad social.

Y, por último, el fomento de la seguridad ciudadana y protección de la delincuencia. En este punto donde tienen especial incidencia estos programas es la ejecución de medidas para menores infractores y en materia de violencia de género.

Quiero destacar, además, que dadas las circunstancias actuales se ha incorporado, como decía, un nuevo programa de urgencia social para atender de manera inmediata a las situaciones derivadas de riesgos económicos.

El segundo Real Decreto, como decía hace un momento, establece las bases para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Administración General del Estado. Lo que se garantiza es la viabilidad de todas estas organizaciones que desarrollan un papel fundamental para atender a los colectivos más vulnerables. La convocatoria de estas subvenciones para 2013 tiene consignado un crédito de diez millones y medio de euros. Las ayudas lo que hacen es destinarse al mantenimiento, al funcionamiento y al equipamiento de las sedes centrales de estas entidades y organizaciones.

En un contexto de restricciones presupuestarias como éste hace que sea necesario que las Administraciones Públicas busquen, y desde luego los han encontrado, aliados para lograr la satisfacción de los intereses generales en este Tercer Sector. Desde aquí queremos agradecerles, en nombre del Gobierno, su trabajo y su dedicación. Lo que hacemos es reconocer una nueva categoría de entidades que colaboran directamente con la Administración Pública en el desarrollo y en el cumplimiento de interés general que les son propios, y que sirve, al mismo tiempo, para canalizar las demandas de la sociedad colaborando directamente con las Administraciones.

En definitiva, estamos hablando de dos Reales Decretos con los que se mejora el marco normativo, se atiende a las necesidades, especialmente las más urgentes, y se aporta una cuantía total de subvenciones, entre uno y otro Real Decreto, de 221 millones de euros.

En materia de ayudas, y en tercer lugar, también quiero destacar el Acuerdo por el que se autoriza la concesión de una subvención a la Diputación General de Aragón para la financiación de inversiones a la provincia de Teruel, por un importe de treinta millones de euros. Es el conocido como FITE, Fondo de Inversiones en Teruel. Cumplimos un compromiso, adoptado en la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Aragón, celebrada el pasado 2 de octubre de 2012. Uno de los puntos del día de esa Comisión era, como digo, el Fondo de Inversiones en Teruel y allí la Administración Central del Estado se comprometió a impulsar la incorporación de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado con el fin de incorporar un crédito que diera cobertura a este Fondo de Inversiones.

¿Por qué éste Fondo de Inversiones en Teruel? Como saben, la Comunidad Autónoma de Aragón, la Diputación, por su nivel de renta no puede ser beneficiaria de Fondos de Compensación Interterritorial; pero en la propia Comunidad existen importantes desigualdades interterritoriales sobre las que hay que actuar. El caso de Teruel exige ser objeto de una atención pública muy cuidada para mejorar su dotación de capital productivo y su nivel de renta. De ahí que para equilibrar esta situación se firmara entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma un protocolo de intenciones, en el que se manifestaba su voluntad de suscribir a partir de 2012 y 2016 Convenios de Colaboración anuales. Pues bien, se da cumplimiento a ello, al compromiso que este Gobierno ha asumido con la provincia de Teruel y con el Gobierno de Aragón.

Por último, aunque es un tema, digamos ya formal, sí les doy cuenta, y lo tendrán detallado en la Referencia del Consejo de Ministros, de que hemos adoptado el Acuerdo por el que se adecua el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y Deuda Pública para el conjunto de las Administraciones y sus subsectores para 2013. No es ninguna novedad. Es el trámite formal que nos obliga a ajustar, conforme a los márgenes de los que hemos hablado a lo largo de estas semanas, las cifras de déficit público y de deuda pública de cada una de las Administraciones. Ya les digo que no es el reparto en cada uno de los subsectores. Estamos hablando de la cifra global de déficit, la que corresponde al Estado en su conjunto, Seguridad Social, Comunidades Autónomas en su conjunto, Corporaciones Locales y la deuda pública correspondiente.

Como digo, es un acto formal, es un acto debido en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Sr. Soria.- Tal como la Vicepresidenta ha relatado, hemos aprobado en el día de hoy la reforma energética, consistente en dos disposiciones: una, un Proyecto de Ley y, otra, un Real Decreto-Ley. Con posterioridad vendrán otros Reales Decretos que, a partir del lunes, van a ser remitidos por parte del Ministerio a la Comisión Nacional de la Energía para su informe previo.

Hay un "power point"para seguir la explicación pero, antes de entrar en el mismo, me gustaría hacer una serie de consideraciones de carácter general.

Si no hiciéramos nada, las únicas dos alternativas en materia energética serían: o la quiebra del sistema o un incremento de los precios al consumo por encima del 40 por 100. Comoquiera que la quiebra del sistema es imposible, puesto que no podemos dejar de consumir electricidad, la alternativa única sería incrementar los precios por encima del 40 por 100. Eso es justamente lo que no queremos y, por tanto, hemos optado por acometer medidas de reforma. Éste es uno de los problemas más graves, creo, que afrontamos dentro de la economía, que tiene muchos aspectos técnicos pero es, fundamentalmente, un problema de carácter macroeconómico.

Las medidas que se incluyen en esta reforma no son medidas fáciles para nadie pero, desde luego, son medidas totalmente imprescindibles. Hay una distribución de todos los costes que supone el conjunto de medidas que se adoptan que es una distribución entre consumidores, entre los Presupuestos Generales del Estado y también entre las empresas del sector. Pero, fundamentalmente, es una reforma que está pensada en el consumidor.

Si no lo hiciéramos, el problema sería un problema de una gravedad creciente; es decir, lo que hoy es un déficit de tarifa iría en aumento a lo largo de los próximos años. Y, desde luego, hemos intentado perseguir en todo momento el interés general. Es verdad que eso debe, digamos, a veces coincidir, y otras veces no, con lo que es el interés particular legítimo de las empresas; pero, lógicamente, cuando no coincide el interés general con el interés particular, lo que ha de prevalecer es el interés general y éste también es uno de los principios que inspira la reforma.

La reforma, si me permiten la expresión, no se casa con nadie. Hemos hecho aquello que teníamos que hacer. Hasta ahora hemos tenido un sistema que es insostenible dentro de la incertidumbre y a partir de ahora tendremos un sistema sostenible y, desde luego, con certidumbre.

Con ello paso directamente a lo que es la exposición. El sistema eléctrico, en primer lugar, es evidente que tiene fortalezas importantes en España. El sistema eléctrico en España cuenta con una combinación, un "mix", diversificado y equilibrado de tecnologías de generación: tenemos energía nuclear, tenemos energía eólica, fotovoltaica y termosolar, tenemos ciclos combinados, tenemos hidroeléctrica y tenemos cogeneración; por tanto, muy diversificado. Hay un alto nivel de penetración de las energías renovables, que en el período enero a mayo de este año, enero a junio, está ya en el 50 por 100 de lo que es toda la generación; por tanto, superior a todo el año 2012, donde ya fue elevada la energía renovable junto a la cogeneración, que suponía alrededor de un 40 por 100. Este año, debido a las condiciones meteorológicas, ha ido incrementando esa participación en el "mix".

Y hay un elevado nivel de desarrollo de infraestructuras y calidad del suministro. Es decir, a lo largo de todos estos años ha habido muchas inversiones en infraestructuras, muchas de ellas hoy están infrautilizadas porque, claro, son infraestructuras que se hicieron en base a unas previsiones, que se hicieron en el año 2005, de un crecimiento muy intenso en la actividad económica, que no se ha dado; un crecimiento muy intenso en la demanda eléctrica, que tampoco se ha dado; pero, en todo caso, las infraestructuras están ahí y, se utilicen o no se utilicen, se tienen que pagar, se tienen que amortizar. Y cuando hablamos de pagarlas, hablamos de pagarlas dentro de lo que es el recibo de la luz.

Sin embargo, a pesar de todas esas fortalezas el precio de la electricidad en España está por encima de la media europea y está por encima de la media europea cuando hablamos del consumidor doméstico. Pueden ver que solamente Irlanda y Chipre tienen una energía al consumidor doméstico que es más cara que en España; pero tengamos en cuenta que, claro, Chipre e Irlanda son sistemas eléctricos insulares independientes, que tienen un mayor coste de producción. Por tanto, España, desde el punto de vista del consumidor doméstico, es prácticamente el más caro de toda Europa, sin incluir esos dos casos.

También ocurre lo mismo cuando hablamos del consumidor industrial: el consumidor industrial también paga la electricidad más cara que la mayoría de los competidores que tenemos en Europa.

A pesar del elevado precio y de las medidas que ya se han adoptado, todavía, sin embargo, como apuntaba la Vicepresidenta, persiste el déficit de tarifa. De no haberse tomado las medidas que hemos tomado a lo largo de todo el año 2012 y lo que llevamos de año 2013, el déficit del sistema estaría hoy en 10.500 millones de euros como estimación para todo el año 2013. Para corregirlo tendríamos que subir los precios un 42 por 100, que es el resultado de un incremento en los peajes del 85 por 100; digamos que, aproximadamente, la mitad sería la repercusión en el precio. Por tanto, ésa sería una alternativa que hemos descartado.

Tras las medidas del Gobierno, tanto de 2012 como de 2013, se ha paliado una parte importante de esos 10.500 millones, pero quedan todavía 4.500 millones, que vienen de unos costes del sistema de 22.500 millones previstos para este año 2013, frente a unos ingresos por peajes de 18.000 millones. Tras las medidas, la factura de un consumidor doméstico tendría que subir un 19 por 100 para acabar con este déficit todavía de 4.500 millones de euros. Es decir, todavía tendríamos que subir un 19 por 100 más la factura de la electricidad.

Los costes regulados han crecido muy por encima de los ingresos; ésta es una de las piezas clave que explican este déficit de tarifa. Como pueden ver, el déficit se origina bien en el año 2003, con un crecimiento exponencial de los costes del sistema, fundamentalmente lo que son los costes de las energías renovables, pero también de amortización de la deuda. Vean que solamente estos dos conceptos… La amortización de la deuda sube un 567 por 100 desde 2003 hasta 2011. ¿Por qué? Porque, lógicamente, como pueden ver, el déficit de tarifa va aumentando exponencialmente y, cuanto más aumenta, más tenemos que dedicar a amortizar principal e intereses de esa deuda; luego, se va retroalimentando el propio déficit eléctrico con este concepto.

Pero vean cómo las renovables también aumentan un 497 por 100. Sin embargo, también hay, digamos, los costes de distribución, que suben un 66 por 100, que no es un incremento tan importante como el del déficit de tarifa y las renovables; pero, desde luego, es un déficit importante. Y luego también otro tipo de costes aumenta un 40 por 100 y el transporte aumenta un 91 por 100.

Por tanto, todos estos incrementos en costes explican una buena parte de ese déficit.

Pese al elevado precio de la electricidad, los ingresos no son suficientes para cubrir ese crecimiento de costes que ha habido en los últimos años. Entre los años 2003 y 2011 lo que era la factura de un consumidor medio en el año 2003 era 360 euros por año y, de esos 360 euros por año, ese consumidor paga 12 euros para abonar los extracostes de los sistemas extrapeninsulares, 60 euros para pagar primas a renovables, 120 euros para pagar los costes de la distribución eléctrica, 31 euros para pagar el transporte y el coste de la energía propiamente dicho, lo que es la generación, 125 euros.

Vean ocho años después lo que ha pasado: el importe medio de la factura a un consumidor pasa de 360 euros a 588,5 euros. Esto comporta un incremento de 63 por 100; es decir, entre el año 2003 y el año 2011 la factura de la luz que pagamos en España ha aumentado un 63 por 100. ¿Y cómo se distribuyen ahora esos 588,5 euros, que es, en promedio, la factura para un consumidor? En primer lugar, la amortización de la deuda comporta 24 euros y en el año 2003 no había este concepto. ¿Por qué? Porque no había déficit de tarifa; había, pero muy imperceptible.

En segundo lugar, las extrapeninsulares comportaban antes 12 euros y ahora son 47 euros; se multiplica prácticamente por cuatro. Luego, el importe de las renovables son 253 euros y antes era 60 euros; por tanto, aquí hay un incremento de más de cuatro veces. Luego, los costes de la distribución pasan de 120 a 176 euros; se multiplican por uno y medio. El transporte, de 31 a 52 euros; se multiplica casi por uno y medio por ciento también. Y la energía pasa de 125 a 199, con un incremento también de un uno y medio por ciento.

Es decir, aquí está la explicación del problema que afrontamos: los precios han aumentado un 63 por 100 y, sin embargo, ha sido claramente insuficiente para evitar que se genere déficit de tarifa eléctrica.

La deuda tarifaria, como pueden ver, empieza a acumularse a partir del año 2005. Bien es verdad que en el año 2002 hubo un cierto déficit, pero no hubo ni en el año 2003 ni en el año 2004. Cuando ya empieza, con más de 4.500 millones de euros, es en el año 2005 y así sucesivamente, hasta alcanzar, ahora, en mayo del año 2013, 26.062 millones de euros. A fecha de hoy, la deuda del sector eléctrico es ésa, habiéndose amortizado ya, a lo largo de todos estos años, unos 10.000 millones de euros.

El déficit de tarifa habría alcanzado 10.500 millones de euros este año si el Gobierno no hubiese tomado medidas. Éste es otro gráfico sumamente interesante, donde pueden ver que la proyección de la línea de costes real, entre el año 2011 y 2020, es la segunda empezando por encima, pero que es distinta a la punteada en amarillo, que sería la proyección de costes en el caso de que no hubiésemos tomado ya estas medidas. Con lo cual, ahí, evidentemente, ha habido un ajuste de costes importante, pero también lo ha habido en la parte de los ingresos porque, si no se hubiesen adoptado medidas, la línea de proyección de ingresos entre 2011 y 2020 sería la punteada en azul de abajo y, en cambio, la real es la línea continua en azul. Por tanto, ahí también ha habido un ajuste.

Ahora bien, si no adoptamos medidas adicionales a las que ya hemos adoptado en 2012 y 2013, aquí, en el año 2020, nos iríamos otra vez a un déficit de 10.000 millones de euros. Por tanto, sería otra vez insostenible el sistema.

La reforma eléctrica, por lo tanto, lo que está evitando, en definitiva, es una subida en el precio de la luz de un 42 por 100. Antes les decía que entre el año 2005 y el año 2011 ya había aumentado un 63 por 100. Bien, nos podíamos haber ahorrado todas las medidas que hemos tomado y, a cambio, subir, sólo en un año, la energía eléctrica en un 42 por 100. Pero eso lo hemos descartado.

Para corregir el déficit estructural de 10.500 millones, que se heredó del Gobierno anterior, hubiese sido necesario ese incremento y, en cambio, hemos optado por las medidas que son una aportación de Presupuestos Generales del Estado, sobre este 42 por 100, de un 3,8 por 100; impuestos a empresas generadoras --esto es lo de la Ley 15 de diciembre del año pasado--, un 12,7 por 100; reducción de costes del sistema, con todas las medidas que se han adoptado más las que adoptamos ahora, de un 17,9 por 100; y subida en el precio de la luz de un 8 por 100. Este 8 por 100 incluye ya el incremento que viene en la reforma de hoy y está fijado desde fecha 1 de enero del año 2012.

¿Cuáles son, en consideración a todo ello, las líneas básicas de la reforma eléctrica? Por una parte, se pretende establecer un sistema de estabilidad financiera para el sistema; en segundo lugar, conseguir una reducción significativa en los costes y, en tercer lugar, intentar que el coste sea el mínimo posible para el consumidor: que se fomente la competencia y, además, que el consumidor tenga una mayor capacidad de elegir a su comercializadora.

En primer lugar, respecto al establecimiento de un marco normativo que garantice la estabilidad financiera del sistema, se establece, en primer lugar, una regla de estabilidad financiera mediante un sistema automático de revisión, que evitará la aparición de nuevos desajustes. Esto ¿qué significa? A lo mejor, aparecen desajustes entre ingresos y costes del sistema en un año determinado; ahora bien, si ese desajuste, si esa diferencia, sobrepasa un determinado umbral, automáticamente tienen que aumentar los peajes. Por tanto, ya no va a ser una cuestión discrecional o no del Gobierno. No, no; esto va a ser como la estabilidad presupuestaria: se ponen en marcha una serie de mecanismos automáticos y eso, lógicamente, si aumentan los costes, tiene que ir directamente a los peajes.

Se limita la introducción de nuevos costes en el sistema eléctrico sin que venga acompañada de un aumento equivalente de los ingresos. Claro, porque, si todos los incrementos de costes van a ir a peajes, esto significaría que todo lo iba a pagar el consumidor. Pero para eso se establece un principio en virtud del cual, si se introduce cualquier tipo de medida que aumente cualquier tipo de costes, tiene que haber otra a efecto equivalente que, o bien disminuya el coste por otro lado en ese importe, o bien aumente el ingreso para que el sistema esté en equilibrio. Y aquellos sobrecostes generados por normativas autonómicas o locales tienen que ser asumidas por éstas. Es decir, aquí hay un sistema eléctrico general para toda España y después hay normativas autonómicas, que son muy legítimas, pero, claro, lo que no puede ocurrir es que todo el sistema eléctrico financie lo que es específicamente como consecuencia de una determinada normativa autonómica. Por tanto, esto también es un principio general que se introduce.

En segundo lugar, otro de los principios de la reforma es reducir los costes del sistema a través de medidas regulatorias. Para ello se establecen distintas actuaciones. Primero, se establece un nuevo régimen retributivo para todas aquellas instalaciones de generación de energías renovables, cogeneración y recibo; lo que hasta hoy se ha denominado régimen especial. Estas tecnologías van a recibir un complemento por sus costes de inversión basados en estándares por tecnología; es decir, el Gobierno sigue teniendo una apuesta inequívoca y clara por las energías renovables, y sabemos que las energías renovables tienen un coste superior a otro tipo de energías, por eso hay que retribuirlas. Ahora bien, lo que cambia es el sistema de retribución.

¿Cómo se le va a retribuir a partir de ahora? Con una regla que trae causa de la Ley del Sector Eléctrico y también de las sucesivas doctrinas sentadas por el Tribunal Supremo, que es: coste del Tesoro más una determinada rentabilidad. Se garantiza esa rentabilidad adecuada, basada en las obligaciones del Tesoro a diez años, más trescientos puntos básicos, lo que equivale a una rentabilidad del 7,5 por 100, y se establece un sistema específico de incentivos para Canarias y Baleares, donde la energía eólica y fotovoltaica son más baratas que la convencional.

Es decir, en Canarias y en Baleares, donde todo se produce con fuel, para que se haga uno una idea, el precio medio del megavatio, el coste, es 220 euros por megavatio. El coste medio en España es de 50 euros. Pero, sin embargo, si se produjera, por ejemplo, con energía eólica, no sería 220 euros, sino que serían unos 85 o 90 euros. Por tanto, eso es un ahorro de costes para todo el sistema y por eso se posibilita que en estos sistemas extrapeninsulares haya un régimen especial.

Otra medida: hay un nuevo régimen retributivo de las redes de transporte y distribución. Se fija una retribución homogénea adecuada a lo que es una actividad de bajo riesgo y se considera la retribución del Tesoro a diez años más doscientos puntos, lo que supone, aproximadamente, un 6,5 por 100 de rentabilidad razonable. Se establece, además, un volumen máximo de inversión asumido por el sistema eléctrico como coste anual.

Otra medida: reducción de la retribución de otras actividades reguladas del sistema. Para ello se introducen medidas para disminuir el coste de producción eléctrica y mejorar la eficiencia de las centrales de fuel en los sistemas extrapeninsulares e insulares. ¿Por qué? Lógicamente, por lo que les decía antes: porque producir en estos sistemas extra-peninsulares es mucho más caro que producir en el resto del sistema eléctrico nacional.

Se disminuye también en esta materia la retribución actual de los pagos por capacidad que perciben en la actualidad, fundamentalmente, las centrales de ciclo combinado. Aquí cada central está percibiendo, aproximadamente, unos 26.000 euros por cada megavatio instalado al año y se baja de 26.000 hasta 10.000, pero, a cambio, se les incrementa el período de esa retribución desde diez años en la actualidad hasta veinte años.

Todas estas medidas van a reducir los costes por un importe estimado de 2.700 millones de euros cada año. Por tanto, de esos 4.500 millones de euros de déficit estructural que pretende atacar estas medidas regulatorias, 2.700 millones van a estar en estas medidas que acabo de mencionar.

En tercer lugar, también persigue esta reforma garantizar el suministro al menor coste posible para el consumidor. Hay una clarificación importante en la factura eléctrica, de tal forma que esta reforma garantiza que todos los consumidores vamos a poder entender la factura eléctrica, porque va a incluir una serie de conceptos muy sencillos y que son los que informan de cuál es realmente el consumo que hemos tenido cada uno de los consumidores.

La actual Tarifa de Último Recurso, la TUR, a la que están acogidos actualmente la gran mayoría de los consumidores domésticos, que son aquellos que no tienen un contrato bilateral con una comercializadora, pasa a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. No por un capricho, sino porque define exactamente esta nueva denominación lo que es: es un precio, no es una tarifa; es voluntario, no es obligatorio; y, además, es para el pequeño consumidor, entendiendo por tal tanto la economía doméstica, como una pequeña y mediana empresa.

Se habilitan nuevas comercializadoras para el suministro de estos clientes permitiendo, además, la competencia entre ellas al poder realizar ofertas y descuentos; mejora la competencia, mejora la capacidad de elección de los consumidores. Se agiliza el proceso de cambio de compañías suministradoras. Los consumidores más vulnerables podrán continuar acogiéndose al descuento por el bono social. Se refuerzan los mecanismos de atención al cliente, garantizando su gratuidad, y ya no vamos a tener que pagar cada vez que se llama a una compañía eléctrica para hacer una consulta o una reclamación; esto va a ir por cuenta de la compañía eléctrica. Y se fomenta la resolución alternativa de litigios de acuerdo con la Directiva europea en materia de consumo, para disminuir la litigiosidad por estas cuestiones en los Tribunales.

Otro tipo de medidas: se refuerza la lucha contra el fraude a través de la colaboración con las compañías distribuidoras; se modifica la estructura de peajes reduciendo el coste sobre el consumidor medio y penalizando las segundas viviendas y las viviendas vacías, y se habilita la posibilidad de cierre temporal de instalaciones, es decir, la hibernación, bajo estrictos criterios de garantías de seguridad de suministro.

Esto ¿qué quiere decir? Ahora mismo, las centrales combinadas, que tienen todas ellas, en total, una capacidad de unos 26.000 megavatios, están a un nivel de utilización muy bajo. ¿Por qué? Porque están entrando en el sistema muchas renovables que tienen preferencia. Pero esto supone un problema para las compañías que están operando las centrales. ¿Por qué? Porque tienen unos costes fijos muy, muy, elevados. Entonces, estas compañías lo que habían planteado era la posibilidad de hibernar, porque al menos así se ahorran una parte de los costes fijos. No se puede hibernar los 26.000 megavatios totales instalados, pero sí una parte, que van a ser, aproximadamente, unos 6.000 megavatios.

La reforma permite corregir el déficit con un reparto equilibrado entre consumidoras, el sector eléctrico y Presupuestos Generales del Estado. Como pueden ver, las medidas tomadas hasta la fecha corrigen 6.000 millones de los 10.500 millones previstos de déficit para 2012 y esta reforma corregirá otros 4.500 millones, de tal forma que, al final de la reforma, con todas las medidas de 2012, las de 2013 y las actuales, quedaría: 2.700 millones de euros de reducción de los costes regulados del sistema, 900 millones aportados por los Presupuestos Generales del Estado, 900 millones obtenidos mediante una subida de peajes y los otros 6.000 millones son los que ya se han obtenido con las medias adoptadas.

En definitiva, la reforma lo que consigue es atajar de forma definitiva un problema que se viene arrastrando en la economía española desde el año 2005, eliminando el déficit de tarifa que actualmente, en términos estructurales, se sitúa en 4.500 millones de euros después de todas las medidas que se han adoptado.

En segundo lugar, consigue también impedir que se pueda volver a repetir una situación de fuerte desequilibrio financiero como el actual con efectos tan nocivos para la economía, y se evita por los mecanismos automáticos a los que antes me refería.

En tercer lugar, se consigue hacer un ajuste con el menor impacto posible para el consumidor. Pese al déficit acumulado, el recibo de la luz para el consumidor será similar al que tenía el año pasado por estas fechas.

En cuarto lugar, se consigue reducir considerablemente los costes de las actividades reguladas del sistema, garantizando, además, una retribución, acorde con la Ley, adecuada a las empresas.

Por último, se establece un marco regulatorio homogéneo, transparente y estable, que introduce certidumbre en el sector y confianza a los inversores.

P.- Yo tenía varias cuestiones. Quería saber el impacto de la reforma por sectores; es decir, cuánto se disminuye la retribución al transporte, cuánto se disminuye la retribución a distribución y cuánto se disminuyen las primas al régimen especial, de los 2.700 millones.

Luego, también quería saber cuánto se disminuye la retribución anual a los pagos por capacidad. Quería saber también cuánto es el ahorro que se va a conseguir con el mecanismo de mercado para la interrumpibilidad del sistema.

Después,, con la eliminación de la TUR, yo no sé cómo se ejecuta esa eliminación de la TUR o el cambio de nombre. ¿Se va a reducir el límite máximo de los consumidores que se puedan acoger a la TUR? ¿Cómo lo van a hacer eso?

Quería saber también si la moratoria renovable sigue en pie o se van a poder instalar nuevos parques.

Por último, no me ha quedado clara una cosa: en el 8 por 100 que dicen que ha subido la luz en la reforma de hoy… Es decir, los 900 millones de euros que van a incrementarse los peajes, ¿qué van a suponer de subida de la luz? Porque los 900 millones en peajes tienen que crear una subida de la luz. Entonces, quería saber cuánto va a ser ese porcentaje.

Sr. Soria.- En cuanto a la cuestión de la distribución del coste de esos 2.700 millones, aproximadamente, va a resultar mitad y mitad entre lo que es régimen ordinario y régimen especial. A nivel de empresas y por actividades no se lo puedo decir en estos momentos, pero está bastante equilibrado, teniendo en cuenta que estamos hablando del conjunto de medidas que se han tomado ya, no sólo las de hoy.

En cuanto a la TUR, la TUR no cambia de concepto; lo único que cambia es la denominación de la TUR para todos aquellos contratos que no estén acogidos a lo que es un contrato bilateral de un consumidor con una comercializadora. Es decir, para la inmensa mayor parte de los consumidores lo que se llamaba hasta ahora la TUR sigue siendo lo mismo, pero pasa a denominarse Precio Voluntario para el Consumidor Pequeño.

En cuanto al incremento de la luz, el incremento que comportan esos 900 millones de euros supone, en términos de peajes, un aumento del 6,5 por 100. Es decir, el incremento que en términos de factura eléctrica comporta esto es un 3,2 por 100. Y, cuando hablamos del 8 por 100, es desde el principio del año 2011 hasta la actualidad; pero, claro, hay que contraponer ese incremento del 8 por 100 a lo que era la alternativa de un incremento del 42 por 100. Y, sobre todo, es un incremento del 8 por 100 que contribuye también a acabar con uno de los problemas estructurales de la economía española.

En cuanto a la moratoria para las renovables, en concreto, el Real Decreto Ley 1 del año 2012, ese Real Decreto Ley sigue vigente en toda su dimensión, si bien esta reforma permite que, o bien por consideraciones de una Directiva comunitaria en concreto, o bien porque tengamos que incrementar la participación de renovables por cualquier cuestión de éstas, se puedan hacer excepciones, pero siempre y cuando sea ateniéndose al criterio, que se crea ahora, de la rentabilidad razonable.

P.- Al ministro de Industria le quería preguntar por el plano más político de la reforma. Durante esta semana se ha escrito mucho sobre supuestas tensiones con el ministro de Hacienda. Me gustaría saber si tales tensiones han existido y cuál de los dos Ministerios ha tenido que ceder para que hoy estemos aprobando esta reforma.

Y a la vicepresidenta del Gobierno, sobre el "caso Bárcenas", y dando por hecho el respeto del Gobierno a la Justicia, el señor Bárcenas ha hecho críticas muy duras en contra del presidente del Gobierno. Me gustaría saber si el Gobierno confía en la honestidad y en el buen hacer del Presidente.

También sobre este tema, el principal partido de la oposición no ha descartado presentar una moción de censura. Me gustaría una valoración.

Sr. Soria.- Respecto a las tensiones, puedo decirle que ha habido, pero no con ningún miembro del Gobierno ni con un ministerio; ha habido, lógicamente, con el sector, porque es evidente que este tipo de medidas tienen un impacto en las empresas y yo entiendo perfectamente que a las empresas no les guste que se tomen este tipo de medidas.

Pero hay una cuestión que también es bueno para las empresas, y que yo tengo el convencimiento de que, en un entorno de medio y largo plazo, no sólo lo van a valorar, sino también agradecer: esta reforma introduce un escenario de certidumbre, de estabilidad, y un escenario, además, que incorpora mecanismos automáticos para que no vuelva a reproducirse este problema.

Por lo tanto, ésas han sido las únicas diferencias, pero yo creo que el sector incluso, con el paso del tiempo, las entenderá.

Vicepresidenta.- En relación con la primera de sus preguntas, por supuesto que el presidente del Gobierno tiene el apoyo y, además, la confianza de todo su equipo. Todos hemos trabajado muchos años con él y sabemos de su honestidad en este punto y en todos, y de la rectitud con la que se ha comportado siempre al servicio del interés general.

Sobre las estrategias políticas de otros partidos, a mí no me corresponde valorarlas. Cada uno tiene que decidir a qué se dedica y cuáles son sus prioridades en este momento que se vive en España.

P.- ¿Temen un aluvión de pleitos y de arbitrajes por la reforma que han aprobado hoy? ¿Han valorado el coste que supone todos estos arbitrajes al Estado: económico, en seguridad jurídica y en imagen?

¿Está todo perdido en el "tax lease", después de la reunión que hubo ayer con Almunia? ¿Va Rajoy a liderar ahora las negociaciones, como piden Toxo y Urkullu? ¿Nos va a recibir Durao Barroso, como se ha intentado, pero parece ser que no es posible? ¿Está ya todo perdido?

Luego, me gustaría saber si les preocupa el impacto que puedan tener en los inversores las revelaciones de Bárcenas, como han medido unos informes de Nomura y Barclays

Sr. Soria .- Respecto al tema del aluvión de pleitos y arbitrajes, digamos que el Gobierno ha hecho esta reforma pensando en lo que era necesario para la economía española, en general, y, particularmente, para el sector industrial y para el sector energético.

Es evidente que, si a las empresas, a todas o a algunas, no les gusta este tipo de medidas, están en su absoluta libertad de interponer pleitos o ir a arbitrajes; pero también le quiero decir que en todas las medidas que hemos planteado, tanto en el Proyecto de Ley como en el Real Decreto Ley, son todas medidas que traen causa directamente de la doctrina del Tribunal Supremo en esta materia, particularmente a lo largo de los últimos años, que establece de una manera muy clara que el conjunto de las actividades reguladas del sector eléctrico deberá regirse, en cuanto a su retribución, en base al principio de la rentabilidad razonable.

Por tanto, es absolutamente legítimo que eso lo hagan las empresas, si lo llegan a hacer; pero, en ese caso, lógicamente, también el Estado tiene muchos resortes y herramientas para defender su posición.

Respecto al "tax lease", ayer, como sabe usted, tuvimos una reunión los tres presidentes de las Comunidades Autónomas más afectadas (Galicia, País Vasco y Asturias), estuvieron también los secretarios generales de las dos centrales sindicales más representativas, Comisiones Obreras y UGT, y también estuvo el presidente de los pequeños y medianos astilleros. Nosotros fuimos allí para plantearle al vicepresidente Almunia una reconsideración del anuncio que había hecho hace algunos días aquí, en Madrid, respecto a la necesidad de devolver las cuantías que habían percibido en ayudas las empresas del sector entre 2005 y 2011. Es verdad que en aquel anuncio primero que había hecho había excluido de esa devolución a los astilleros, es decir, a quienes construyen los barcos; pero había dejado tanto a los armadores, a los que los encargan, a los compradores, y a los inversores.

Nosotros lo que le planteamos ayer al vicepresidente Almunia fue que, sin perjuicio de que siguiera con el fondo de la cuestión de devolver una parte de las ayudas, que esa parte de las ayudas hicieran referencia sólo al período que había transcurrido desde que se incoó el expediente a España, junio del año 2011, hasta la actualidad. ¿Y por qué no antes? Por una razón y es que desde el año 2002, en el que el sector naval español está recibiendo ayudas en forma de desgravación fiscal, no ha habido ni la más mínima queja por parte de ninguna institución de la Unión Europea. Es más, cuando hubo una de un Gobierno europeo, de Noruega, en el año 2009, que se dirigió a quien entonces era la comisaria de Competencia por carta, la comisaria, la señora Kroes, respondió que, tras la investigación que los servicios de Competencia de la Comisión Europea habían hecho del sistema de "tax lease" español, concluían que no vulneraban ninguna regla de la competencia.

Fíjese usted que esto ocurre en febrero del año 2009, cuando plantean esta cuestión, y responde al mes siguiente. Y a raíz de esa carta, que refuerza aún más la seguridad jurídica del sistema español, hubo armadores, por ejemplo, noruegos que encargaron barcos a astilleros españoles. Pero los encargaron en la más absoluta seguridad jurídica y confianza de que ese sistema era un buen sistema, y era un sistema acorde con la Unión Europea.

Por tanto, le pedimos que fuera solamente a partir del año 2011. Sin embargo, la respuesta no fue favorable a esa pretensión. También es verdad que el comisario, el vicepresidente, Almunia dijo que hasta que esto no vaya al Colegio de Comisarios todo es modificable; también es verdad que lo dijo, pero también dijo que veía poco margen de maniobra para hacerlo.

Lo que sí nos anunció, que es una noticia positiva que hay que valorar, es que, aparte de los astilleros quedar excluidos de la devolución, también quedan excluidos los armadores. ¿Cuál es el problema? Que, aunque los astilleros y armadores estén excluidos, si tienen que devolver los inversores, que son los que han financiado, ¿quién va a financiar a un armador o a un astillero español teniendo que devolver esa cuantía?

Luego hay otra cuestión y es que, claro, todo esto se produce en medio de un proceso de reindustrialización de Europa, donde esto va justo en el sentido contrario. Porque aquí, no nos engañemos, esto es malo, muy malo, para la industria naval española, pero es muy malo para cualquier tipo de industria europea. ¿Por qué? Porque estas decisiones lo que generan, al final, es una deslocalización en favor, fundamentalmente, de industrias en otras partes del mundo, fundamentalmente en Asia.

Vicepresidenta.- Sobre el último de sus puntos de pregunta, le diré dos cosas: en primer lugar, este Gobierno goza de una amplia estabilidad política y, en segundo lugar, de una indudable iniciativa política también, por cuanto hoy, por ejemplo, presentamos una reforma que necesitaba España desde hace muchos años, que nadie se había atrevido a hacer; que la solución que vieron más fácil era incrementar hasta cuantías como las que hemos visto, 63 por 100, la factura de la luz y dejar un agujero de 26.000 millones. Y este Gobierno ha tenido el coraje de asumir una reforma que no es fácil --se deduce también de todas las preguntas que usted ha hecho--, pero que entendemos que es imprescindible para dotar a España de mucha más competitividad, para hacer mucho más competitivo un sector tan importante para nuestras empresas y para nuestros consumidores y, además, sobre todo, para que, al fin y al cabo, se resuelva para siempre un problema que se ha generado y que nadie se ha atrevido a atajar. Es decir, estabilidad e iniciativa.

P.- Vicepresidenta, yo quería preguntarle por el debate al que asistimos ayer en el Congreso de los Diputados. ¿Cree usted que las acusaciones de contra todo y contra todos es la mejor manera de justificar que el presidente del Gobierno no comparezca para hablar de Bárcenas? ¿O cree usted que esa estrategia política aumenta el desencanto del ciudadano hacia la política? Eso en primer lugar.

En segundo lugar, quería preguntarle por qué han vetado la sesión de control la próxima semana, cuando usted, particularmente, la pidió insistentemente durante la anterior Legislatura: sesiones de control en el mes de julio.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, el Partido Popular, y en particular el presidente del Partido Popular, desde el mes de enero ha venido dando explicaciones sobre estos hechos que se vienen a reproducir en los mismos términos que entonces. Es más, es el único dirigente político en este país, en el ámbito del Estado, que ha hecho públicas sus declaraciones de la renta.

Sobre la sesión de control, la semana pasada se celebró una sesión de control en el Senado. También la sorpresa del Gobierno es ver, si hay tanto interés por los temas de las sesiones de control, cómo ayer los Grupos Parlamentarios renunciaron a debates sobre determinados puntos muy importantes de reformas muy importantes, como la reforma local; como acuerdos como el de Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio; o como aspectos relativos a la Política Agrícola Común, que para los agricultores españoles es básica. Renunciaron a esos debates.

No voy a juzgar las razones: para adelantar --dijeron-- en el tiempo el debate y que entrara mejor en los informativos. Pero seamos serios, si se quiere una sesión de control para debatir de unos temas, ¿cómo se renuncia a debatir de esos temas en la Diputación Permanente? Yo creo que hay que ser un poco más congruentes. Pero también le recuerdo que hubo una sesión de control en el Senado esta misma semana.

P.- Vicepresidenta, tenía dos cuestiones. Después de la semana convulsa, desde el punto de vista político, que hemos vivido, yo quería saber, simplemente, cómo está el Gobierno de la nación, cómo se encuentra y cómo podría definir esa situación del Gobierno.

Luego, quería centrarme también en una ley que está muy demandada por muchísimos ciudadanos, que es la Ley de Transparencia y que la oposición en el Congreso ha decidido boicotear. Yo quería saber también la opinión del Gobierno y si van a seguir para adelante con esta Ley o van a esperar a recuperar ese acuerdo con la oposición.

Vicepresidenta.- El Gobierno, trabajando, como se ve y a las pruebas me remito: la pedazo de reforma de hoy. Así es como estamos.

Y sobre la Ley de Transparencia, España no tiene una Ley de Transparencia y somos de los pocos, por no decir ya prácticamente el único, Estados de la Unión Europea que no tiene una Ley de Transparencia. Nosotros llegamos al Gobierno, fue de las primeras normas que aprobó el Consejo de Ministros y es absolutamente imprescindible.

A lo largo de todos estos meses lo que hemos mantenido es innumerables reuniones con todos los Grupos Parlamentarios para que sea una ley de todos, porque afecta a instituciones de todos. Luego, creo que cada uno puede hacer la estrategia política --la respeto-- que le parezca más oportuna; pero creo que hay determinadas cosas en las que está por encima el interés general de los españoles y creo que a todos nos conviene que exista una Ley de Transparencia.

Nosotros vamos a seguir trabajando y seguir buscando ese consenso, que nos parece primordial. Yo creo que la solución no es que no haya una Ley de Transparencia; todo lo contrario. Creo que también aquí hay que ser congruentes.

P.- Tenía unas preguntas para el ministro. Me gustaría saber si el hecho de que esta reforma sea definitiva, ¿quiere decir que han abandonado la idea de reducir el nivel máximo de la TUR para sacar a consumidores de ella, como se planteó hace un año?

Por la otra parte de la tarifa, la parte de la formación de precios, ¿va a haber alguna reforma sobre la polémica formación de los precios de la energía o esto lo han abandonado también?

Luego, si este límite automático que han explicado, que hará que los peajes suban cuando los costes suban, ¿quiere decir que ya no va a haber decisiones políticas sobre los peajes, como bajarlos para congelar la luz? ¿Va a ser totalmente formación de precios pura?

En relación con las diferencias con Hacienda, el otro día dijo usted en "Onda Cero" que había un acuerdo; sin embargo, luego Hacienda negó que hubiera un acuerdo y dijo que no había margen. No sé cómo se explica esta diferencia, porque creo, además, que usted esperaba que los Presupuestos asumieran una parte mayor del coste.

Sr. Soria.- Respecto a la primera cuestión sobre si va a disminuir la TUR, lo que a partir de hoy se llamaría el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, no, va a seguir en el nivel en que está. Por tanto, esa idea, que es verdad que se manejó en alguna ocasión, va a seguir en el mismo nivel.

Respecto a la formación de los precios, la reforma que hoy traemos aquí tiene que ver con la parte regulada del sistema. El sistema tiene dos partes: la del mercado y la parte regulada. Todas las medidas tienen que ver con la parte regulada, porque ahí es donde está realmente la causa más importante del déficit de tarifa. Pero, no obstante, ya le he dado instrucciones al secretario de Estado de Energía para que, una vez que ya esto ha sido, digamos, hecho, también haga un análisis en profundidad de lo que es la parte del mercado, pero por ver simplemente cuáles son las mejoras que se pueden introducir en el funcionamiento. Pero digamos que la reforma eléctrica es la reforma de la parte regulada del sistema.

¿Significa lo que con anterioridad le planteaba de los incrementos automáticos de peaje cuando se sobrepasen determinados umbrales, que se terminan los incrementos de peaje por Orden Ministerial? Efectivamente, nos referimos exactamente a eso, porque lo otro conduciría a lo que hemos tenido a lo largo de los últimos años: incrementos de peaje que llevan a incrementos de precios: en cinco años, del 63 por 100.

Respecto a si esperaba o no esperaba que hubiese una mayor o menor participación de unos operadores del sistema, de otros, de régimen especial, de Hacienda o del consumidor, toda la reforma lo que tiene es el espíritu de que el consumidor no siga siendo el gran "pagano", si me permite la expresión, de lo que son las distorsiones del sistema eléctrico. Y el acuerdo que ha adoptado el Gobierno en el día de hoy, junto con el resto de las medidas de los años 2012 y 2013, pone de manifiesto que esa distribución es una distribución muy equilibrada.

P.- Tenía una pregunta para el Ministro y otra para la Vicepresidenta.

Al ministro. El 6,5 por 100 que da de incremento, entiendo yo que es de la parte regulada más, luego, el incremento o disminución que pueda tener la parte, digamos, de tarifa que se regula de acuerdo con el mercado. O sea, que entiendo que los peajes van a suponer un incremento del 6,5 por 100 este año. No sé si me lo puede explicar o confirmar.

Y para la Vicepresidenta. Quería preguntarle, en relación con la declaración que debe hacer Bárcenas ante el juez el próximo lunes, si teme el Gobierno que pueda declarar alguna cosa que cree dificultades o problemas añadidos en este asunto al presidente del Gobierno.

Sr. Soria.- Efectivamente, como usted apunta, el precio tiene dos componentes fundamentales. Es decir, cada vez que pagamos el recibo de la luz estamos pagando, por una parte, lo que cuesta generar la luz, la generación, que eso es lo que se determina por mercado; eso es la subasta, que es, aproximadamente, un 50 por 100. Y la otra parte son todos los peajes que tenemos que pagar por el conjunto de actividades reguladas a las que tantas veces hemos hecho referencia en la rueda de prensa de hoy.

Efectivamente, cuando hablamos de un incremento del 3,2 por 100 en el precio de la luz como consecuencia de esta reforma, nos estamos refiriendo exactamente a lo que deriva de un incremento del 6,5 por 100 en los peajes, porque en la otra parte, la parte del mercado, en la última subasta, como usted sabe, hubo un incremento, aproximadamente, del 2,8 por 100, que se saldó en la mitad en un incremento del 1,2 por 100.

Vicepresidenta.- Sobre su pregunta, la declaración del señor Bárcenas en el Juzgado lo que demuestra es que funciona el Estado de Derecho: que los fiscales impulsan el procedimiento, los jueces instruyen, las Administraciones Públicas colaboran en él y todo funciona como tiene que funcionar en una democracia: aplicándose la Ley y el Gobierno, respetando la Ley y los procedimientos judiciales.

P.- Al Ministro, sobre el asunto de la luz, le quería preguntar algo más de carácter general: ¿cómo es posible que en plena recesión, cuando todo está bajando, la luz siga subiendo? Usted anuncia ahora un 3,2 por 100; seguimos subiendo y está todo bajando. ¿Y qué fue de la promesa del PP de que, cuando llegara al Gobierno, bajaría la luz?

Y, en general, también, ¿qué pasa con la energía para que ustedes tengan que hacer reformas constantemente? Usted seguro que sabe qué número es ésta, pero ¿por qué están constantemente haciendo reforma sobre reforma?

Y a la Vicepresidenta. Ayer un diputado recordó un mensaje suyo, de hace dos años, que decía: "sólo quien tiene algo que esconder en el Gobierno trata de ocultar la verdad en el Parlamento". Quería saber si quería contestarle pero, sobre todo, ¿por qué Rajoy no va a hablar en el Congreso y dice claramente "Bárcenas miente" para tranquilizar a los ciudadanos?

Y, en segunda medida, ayer su portavoz dijo que Bárcenas es un delincuente. ¿Cree usted que el PP debería pedir perdón por haber tenido veinte años a un delincuente controlando su dinero?

Sr. Soria.- En relación con las preguntas referidas al sistema eléctrico, ¿cómo sube el precio de la luz en medio de una recesión? Justamente, esta reforma el objetivo que tiene es que, en medio de una recesión, el precio no suba un 42 por 100 porque, de no haberse adoptado las medidas ya adoptadas, más las que hoy proponemos, ése exactamente hubiese sido el incremento en el precio de la luz.

Se puede decir: pero ¿y por qué no evitan, incluso, que suba este 3,2 por 100? Por una razón muy sencilla y es que lo que no suba a los consumidores tiene que ir con cargo o a los Presupuestos Generales del Estado o con cargo a costes adicionales para los operadores del sistema, tanto los que son de renovables, como del régimen ordinario. Pensamos que esto es ya una distribución muy equitativa.

Lo que dijo el Partido Popular, si mal no recuerdo, en la campaña electoral en materia del sistema eléctrico es que haríamos una reforma del sistema eléctrico para terminar con el déficit eléctrico y ésta es la reforma, que ha ido precedida de un conjunto de medidas para encauzar el déficit. Se ha encauzado, puesto que de 10.500 millones lo hemos bajado anualmente a 4.500 millones; pero esta reforma, fundamentalmente --esto me gustaría recalcarlo--, lo que persigue es que los precios no suban un 42 por 100, que era la medida que teníamos que haber tomado con atención al déficit de tarifa que encontramos a principios del año 2012.

Y habla también de las continuas reformas. No, reformas de aspectos regulatorios ésta es la primera y la única que hemos traído. Porque, hasta ahora, desde que aprobamos el Real Decreto Ley 1/2012, que, digamos, suspendía las preasignaciones en el registro de las renovables, más todas las medidas de disminución de costes de transporte, de distribución de los sistemas extrapeninsulares, etc., etc., han sido medidas de disminución de costes o de aumento de ingresos para encauzar el déficit. Pero reforma del sector eléctrico ésta es la primera y la única que hemos traído al Consejo de Ministros.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, me pregunta ¿por qué? Pues porque ya lo ha hecho. El presidente del Gobierno, en el Congreso de los Diputados, en los meses de enero, de febrero, de marzo y de abril ha tenido debates o preguntas parlamentarias sobre el tema por el que usted me pregunta, sobre los hechos que son idénticos a los que se están viendo en este momento.

Como usted me cita el debate parlamentario, yo también se lo cito. Si repasa usted la intervención del señor Pérez Rubalcaba, las constantes citas a los debates con el señor Rajoy sobre este tema fueron abundantes en su primera intervención, lo que pone de manifiesto que ambos dos en el Congreso de los Diputados han hablado sobre esta cuestión.

Y sobre la segunda, yo aquí ya sí tengo que salirme del debate parlamentario. Como Gobierno, nosotros tenemos que respetar los procedimientos judiciales y esperar a lo que digan las sentencias de los Tribunales.

Muchas gracias.