Madrid
Vicepresidenta.- Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar cuenta de los asuntos abordados en el orden del día de este Consejo de Ministros.
En primer lugar, se ha adoptado un acuerdo por el que se comunican al Congreso de los Diputados las propuestas de nombramiento de la presidenta y de la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se ha propuesto al Congreso de los Diputados y se ha comunicado la propuesta de nombramientos de doña María Elvira Rodríguez Ferrer como presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de doña Lourdes Centeno Huerta como vicepresidenta de dicha Comisión.
En segundo lugar, el Gobierno ha procedido a la adopción de alguna medida estructural y puedo decir que una de las más importantes en el programa de reformas de este Gobierno.
En la línea que venimos trabajando, de un lado, el Gobierno adopta medidas de consolidación fiscal para cumplir con nuestros objetivos de déficit como medida fundamental para salir de la crisis, pero también aplicando lo que es el Plan de Reformas.
Como saben, el próximo día 27 se aprobará el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se enviará a las Cortes, y también se informará sobre el Plan Nacional de Reformas para el semestre, que será el calendario detallado de la tarea del Gobierno para esta Legislatura.
No obstante, hoy se ha convertido en Anteproyecto de Ley una de las principales reformas estructurales del programa del Gobierno; una reforma estructural cual es la de la educación, que tiene dos objetivos básicos fundamentales: de un lado, fortalecer la formación integral de los ciudadanos desde la educación y, en segundo lugar, conseguir que nuestro sistema educativo sea una mejor plataforma para conseguir un empleo; es decir, conectar las aulas con el empleo.
Juntamente con ese Anteproyecto de Ley, que explicará ahora el ministro de Educación, Cultura y Deporte, se ha informado sobre los trabajos de la redacción de un Real Decreto sobre el sistema de formación dual. Por primera vez en la historia de España los ministros de Educación y de Empleo han trabajado conjuntamente para incardinar lo que es la Formación Profesional Educativa con la Formación Profesional a través de la empresa. Se dan los primeros pasos hacia un sistema de formación dual que trate de mejorar la Formación Profesional a través de la conexión con las empresas, a través de la posibilidad de que nuestros estudiantes, o ya trabajadores, logren una formación a través de un contrato de trabajo y un contrato de trabajo retribuido.
Ponemos, por tanto, en marcha una reforma clave para nuestro sistema educativo, una reforma clave para poder acceder a un empleo, en un momento difícil en el que los datos demuestran que, a pesar de los esfuerzos, a pesar de la inversión y a pesar de la calidad del profesorado, las tasas de abandono y de fracaso escolar son graves y son importantes, y entre todos tenemos que atajarlas.
Es un Anteproyecto de Ley que ha pasado, por tanto, este trámite de Consejo de Ministros y que ahora, como es les informará, será sometido a los informes de toda la comunidad educativa y de los organismos o de las instituciones que dentro del Estado informan y asesoran en tema de educación y en las actuaciones del Gobierno, en general.
Sr. Wert.- Como tuvieron ocasión de conocer cuando se presentó por parte de este Ministerio un informe general sobre esta reforma el pasado 29 de junio, la reforma que se pretende a través de este instrumento legislativo, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, tiene --y lo ha señalado la Vicepresidenta--, fundamentalmente, un objetivo educativo, podíamos decir; es decir, mejorar el nivel educativo de los españoles. Pero tiene también un fuerte anclaje en mejorar la situación de la empleabilidad de los jóvenes españoles, que quiere decir también mejorar nuestras posibilidades de crecimiento y creación de empleo, y mejorar la competitividad de nuestra economía. Y tiene, como no podía ser de otra manera, también un objetivo de inclusión: mejorar la cohesión de la sociedad española, establecer desde bases de equidad que el derecho a la educación no quede en una mera enunciación retórica, en una mera enunciación en la Constitución y en las leyes, sino que sea algo real y efectivo al alcance de todos los jóvenes.
Decía la Vicepresidenta que el objetivo fundamental es superar una situación muy desfavorable que tenemos en términos del abandono educativo temprano, y que es, sin duda, el más grave de los problemas de los que adolece nuestra educación. Tenemos una tasa de abandono escolar temprano del 26,5 por 100, esa tasa dobla la media de la Unión Europea y esa tasa está muy lejos del objetivo que se marca la Unión Europea para el año 2020, que, como saben ustedes, es del 10 por 100 en el abandono escolar temprano, a tal punto que incluso para el caso de España se ha establecido un objetivo más modesto, que es el 15 por 100.
Eso es muy grave, porque ésa es la mayor quiebra de la equidad de que adolece nuestro sistema educativo. Un sistema educativo que no permite alcanzar objetivos mínimos a más de una cuarta parte de los chicos y las chicas que están en él es un sistema educativo en el que la dimensión de equidad, es decir, la igualdad de oportunidades y la aspiración a la igualdad de resultados, fracasa radicalmente.
Es cierto, sin embargo, que no es el único problema; también tenemos un problema en el otro extremo de la situación. Como saben ustedes, en el último informe de PISA, el del año 2009, la proporción de alumnos excelentes que tenemos en España, que es del 3 por 100, está por debajo de la mitad de la media de los países que participan en el informe, que es del 8 por 100.
Si tenemos ese problema por abajo, es decir, el abandono escolar temprano en una cuarta parte, y ese problema por arriba, es evidente que tenemos que afrontar algunos déficits estructurales del sistema.
Tenemos fortalezas, tenemos indudables fortalezas en nuestro sistema: tenemos una tasa de educación infantil que está entre las más altas de la Unión Europea, 96 por 100 de niños escolarizados a los tres años, y tenemos unos incrementos en la inversión educativa que han sido espectaculares en el curso de los últimos años. Hay que decir que entre 2000 y 2010 la inversión educativa pública pasa de 27.000 a 52.000 millones de euros; es decir, se duplica en términos nominales, y lo que es más importante, la métrica más importante, el gasto por alumno en España, según un informe difundido hace apenas semana y media sobre el panorama educativo que realiza la OCDE, "Education at a glance", el gasto por alumno en España en el conjunto de los niveles del sistema se sitúa en 10.094 dólares y representa un 21 por 100 más que la media de la OCDE.
También tenemos buenos ratios efectivos en la relación alumno/profesor, una vez más también por debajo de la OCDE, y, como decía antes, la universalización de la educación infantil es una de nuestras fortalezas.
Pero las debilidades están igualmente a la vista de todo el mundo. Las debilidades son, sobre todo, la elevadísima tasa de abandono educativo temprano; en relación con la misma, los muy mediocres resultados, muy mediocres y muy desiguales resultados, que tenemos en PISA. Cuando hablo de desigualdad, me refiero a las diferencias en el rendimiento educativo entre las distintas Comunidades Autónomas, sobre las que nos acaba de llamar la atención en el documento difundido hace tres día en el marco de la Unión Europea "Mind the gap" --"Cuidado con el escalón", "Cuidado con el desequilibrio"--, en el que se señala que, de los países de la Unión Europea, España tiene el más grave problema de desigualdad de resultados educativos entre sus Comunidades Autónomas. Y la debilidad instrumental, que probablemente está en la base de las demás, es la escasísima evaluación que el sistema permitía y, por tanto, la dificultad de anclar procesos de mejora del mismo en datos objetivos, en métricas contrastables; en definitiva, la dificultad de medir tanto el avance como el retroceso.
¿Cuáles son, en este contexto, los objetivos instrumentales que perseguimos?
- Mejorar el nivel educativo, mejorar la empleabilidad y mejorar la competitividad a través, en primer lugar, de un planteamiento en que la equidad ocupa el protagonismo fundamental; es decir, un sistema educativo que no sea equitativo es un sistema que ya de partida no puede ser eficaz, pero conjugar esta equidad con un criterio realista de tratamiento del talento. Todos los alumnos tienen talento, pero los talentos diferentes tienen que ser objeto de tratamiento diferenciado para que, de esa forma, se aproveche el potencial de talento de cada uno de una forma óptima.
- Reducir --lo he dicho ya en dos ocasiones-- el abandono como objetivo instrumental de primer nivel y, en paralelo --aunque esto no es objeto de esta norma--, al potenciar la autonomía de los centros, también trabajar, y lo haremos a través de una pieza legislativa distinta, el Estatuto del Docente, en mejorar la situación de los profesores.
Para ello, la flexibilización y el adelantamiento en los itinerarios es un elemento esencial. Hasta ahora, en el marco vigente, en el marco de la Ley Orgánica de Educación, todos los estudiantes seguían un camino absolutamente uniforme hasta los dieciséis años, sin ningún género de diversificación, en función de la diversidad de sus intereses y del tipo de itinerario educativo que cada uno tuviera intención de seguir. Esto se corrige a partir de ahora con la conversión del cuarto curso de la ESO en un curso de iniciación al Bachillerato o de iniciación a la Formación Profesional, y también con un adelantamiento de lo que se llamaba en el sistema actual "Programas de Cualificación Profesional Inicial" y que ahora pasan a ser Programas de Formación Profesional Básica.
En segundo lugar, muy importante y estrechamente relacionado con el objetivo de mejora de la empleabilidad, estamos hablando de una modernización de la Formación Profesional de grado medio y, sobre todo, de la creación de un mecanismo efectivo de tránsito desde la Formación Profesional de grado medio hacia la Formación Profesional de grado superior.
En tercer lugar, un refuerzo de la atención más personalizada a los alumnos a través de la detección precoz de las dificultades educativas en el tercer curso de la Educación Primaria; el apoyo y el refuerzo, y las mejoras del aprendizaje y el rendimiento en segundo y tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria; el adelantamiento y la mayor eficacia, la reconfiguración, de la Formación Profesional Básica; un uso más intenso de la orientación por parte del centro y la utilización intensiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el refuerzo del aprendizaje.
Lo más importante desde el punto de vista de la arquitectura política del sistema es lo que entendemos que supone una clarificación definitiva de las competencias respectivas de las distintas instancias del Gobierno involucradas en el proceso educativo. Como consecuencia de la acumulación legislativa que se ha producido en los últimos años, desde las primeras normas educativas de la democracia hasta la última, la Ley Orgánica de Educación del año 2006, y como consecuencia, naturalmente, del proceso de transferencia de las competencias de gestión educativa a las Comunidades Autónomas, nos encontramos con una situación en la que no existe excesiva claridad, ni conceptual ni práctica, sobre los ámbitos de competencia de cada uno de los poderes, y, como consecuencia de ello --lo decía hace unos minutos--, tenemos una situación en la que la divergencia educativa entre las Comunidades está llegando a ser un asunto sobre el que ya se nos ha llamado la atención fuera de España.
La clarificación consiste, en primer lugar, en residenciar en el Estado, que tiene, como saben ustedes, la competencia de la legislación básica en la materia, el establecimiento de las competencias básicas en la educación, el establecimiento de los criterios de evaluación y el establecimiento de los contenidos en proporción del 65 por 100 en aquellas Comunidades que dispongan de lengua cooficial y del 75 por 100 en aquellas que no tengan esa lengua cooficial.
En las Comunidades Autónomas se residencia la capacidad de establecer las directrices pedagógicas; la organización, lógicamente, de la gestión educativa y la porción de contenidos que no esté atribuida a la legislación básica; por tanto, al Estado.
Por último, en los centros se residencia, fundamentalmente, el establecimiento de metodología pedagógica y el cierre, la concreción, de los contenidos educativos.
Se trata también de reducir la dispersión de los contenidos educativos, que había llegado a ser realmente inmanejable y que, además, explica muy decisivamente por qué tanto incremento de inversión ha producido resultados educativos tan modestos. La reducción de esa dispersión, básicamente, se orienta hacia el refuerzo de las asignaturas instrumentales, es decir: la lengua o las lenguas, donde haya más de una, el inglés, las matemáticas y las ciencias. Y no sólo por el valor intrínseco o el valor como contenido educativo que tienen estas asignaturas instrumentales, sino también porque consideramos que en una reforma, que es una reforma que parte del hecho de que la educación formal sólo es una parte del proceso educativo, el dominio de estas asignaturas instrumentales es el cimiento sobre el que se edifica la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Por eso este refuerzo de las asignaturas instrumentales es, desde el punto de vista del contenido, algo transversal a todas las fases de la educación y un pilar muy importante de la reforma.
El tercer rasgo importante de esta reforma se refiere a la evaluación. La evaluación es, fundamentalmente, y esto lo acredita toda la literatura internacional comparada, un requisito de rendimiento, a tal punto que la existencia de evaluación a través de pruebas externas y estandarizadas, según el análisis de la OCDE, puede producir un incremento del rendimiento de los resultados educativos de entre veinte y cuarenta puntos, equivalentes, en términos de cursos escolares, a medio curso escolar.
La evaluación prácticamente, la evaluación con estos criterios, es decir, externa y estandarizada, había desaparecido en nuestro sistema y ahora la implantamos en todas las fases del sistema, aunque con características distintas y con objetivos distintos. En la Primaria se trata, fundamentalmente, en el caso de la prueba que se realiza después del tercer curso, de detectar precozmente las necesidades educativas de quienes no están siguiendo el progreso que se establece como objetivo, y al final de la etapa se trata de la señalización del progreso obtenido en el curso de la misma.
Pero hay que decir que no van a tener efectos individuales, ni la prueba de tercero ni la prueba de sexto. Quiere eso decir que será el criterio del centro el que determinará si un chico o chica debe o no repetir curso, o debe recibir apoyo de otra naturaleza, pero sin que ello derive necesariamente de las pruebas realizadas.
En cambio, al final de la Educación Secundaria Obligatoria, la prueba, que será una prueba diversa para quienes hayan seguido el curso de iniciación al Bachillerato y quienes hayan seguido la iniciación a la Formación Profesional, aunque un alumno puede decidir hacer una distinta a la que ha cursado o incluso hacer las dos, será una prueba necesaria para la titulación --serán, como digo, pruebas diferentes-- y a partir de ella, realmente, además de esa función individual, se podrá establecer con total transparencia una función de "benchmarking", una función de comparación, tanto entre centros, como entre Comunidades Autónomas, como con cualquier otro criterio, excepto aquellos de tipo individual, que permitirá, si me permiten decirlo de una forma muy gráfica, tener nuestro propio PISA; es decir, tener un PISA que nos permita comparar hacia dentro lo que hasta ahora sólo podemos comparar, de forma robusta, hacia afuera.
Por último, la prueba del final del Bachillerato será una prueba necesaria para la titulación, sustituirá esencialmente a la prueba de acceso a la universidad, aunque no impedirá que las universidades que así lo deseen puedan establecer requisitos adicionales para la admisión, como pueden ser entrevistas, pruebas distintas, etcétera.
Otro pilar muy importante de esta reforma es el incremento de la autonomía de los centros. España está entre los países en los que los centros educativos disponen de una menor autonomía y eso se refleja en una pérdida de rendimiento.
Queremos clarificar y profesionalizar la función directiva; reducir la endogamia, es decir, permitir que exista una competencia por la dirección de los centros; otorgar más poder efectivo a la dirección de los centros, al director, al jefe de estudios y al secretario, en definitiva, al equipo de dirección; aumentar, correlativamente a este aumento de la autonomía, la capacidad de rendición de cuentas por parte de los centros; responsabilizar a los centros de los resultados y retribuir su rendimiento; es decir, impulsar acciones de calidad con incentivos adecuados, en los que la autonomía y la especialización sirvan para que el rendimiento conjunto del sistema aumente.
También tenemos el incremento de la utilización como herramienta de refuerzo, pero también como herramienta central, del aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el que deseamos que el Ministerio tenga un papel protagonista de actor neutral independiente y de condensador de recursos en algo que está llamado, no sólo a producir una mejora de los resultados educativos, sino a producir un sensible incremento de la eficiencia en la inversión educativa. Y, finalmente, el refuerzo del aprendizaje de las lenguas extranjeras, el refuerzo del inglés, no sólo mediante el incremento de la carga horaria, sino, sobre todo, con la introducción de criterios de enseñanza; por ejemplo, el más importante: toda la enseñanza de las lenguas extranjeras se hace en el propio idioma. Se crea una definición homogénea de la educación bilingüe, que será promovida y promocionada, y se privilegia la comprensión y la expresión oral frente a la gramática, el conocimiento y la traducción, que viene siendo tradicionalmente.
Para concluir, ésta es una reforma que está planteada desde un análisis, basado en datos, de las insuficiencias y problemas del sistema. Ésta es una reforma que mira hacia delante, es decir, que está planteada desde los requisitos que se van a exigir a los jóvenes, que van a tener que competir con jóvenes de otros países, en términos de su base educativa; y que mira hacia afuera: que entiende que esos jóvenes no van a competir con el chico o la chica que se sienta al lado de él en el pupitre, sino que van a competir con el chico o la chica que están estudiando en Singapur, que están estudiando en Estados Unidos o que están estudiando en Letonia.
Por tanto, es, desde ese punto de vista, una reforma eminentemente práctica, sensata, gradual, instrumental y, desde luego, en modo alguno ideológica.
Somos conscientes de que esta reforma llega en un contexto difícil, porque es un contexto difícil aquel en el que se detiene el incremento de los recursos y se exige a todos los actores del sistema educativo la mayor eficiencia en el uso de esos recursos; pero también estamos convencidos de que una reforma del sistema educativo, atenta más a los resultados, al "output" del sistema que al "input", tiene necesariamente que producir una mejora en ese "output".
Por último, y lo subrayaba igualmente la Vicepresidenta, es una reforma que no sólo busca conseguir resultados educativos, tener jóvenes mejor educados, mejores ciudadanos, más solidarios y generar más inclusión, sino que también tiende a un objetivo de mejora del empleo y mejora de la competitividad.
P.- Vicepresidenta, ayer, a través de un comunicado, conocíamos la reacción del Gobierno a la reunión entre el presidente Rajoy y el presidente Mas, y quería conocer algunos comentarios a algunas reacciones que se han suscitado sobre la superación de la Constitución, sobre el momento de tomar otros caminos, y también sobre propuestas de declarar unilateralmente el Estado propio catalán en el Parlament de Catalunya. Quería conocer la valoración del Gobierno.
También quería saber si el Gobierno se ha planteado en algún momento que unas elecciones de carácter plebiscitario serían ilegales.
Al ministro de Educación quería preguntarle sobre la recentralización que supone la ley nueva que acaba de aprobar el Gobierno por la pérdida de competencias autonómicas a la hora de diseñar los currículums. ¿Cree que esto, en un momento de convulsión autonómica, favorece el clima de diálogo y de consenso? ¿Lo ha hablado con las Comunidades Autónomas?
Sr. Wert.- Yo, si me lo permite, discutiría el concepto. Yo no creo que estemos hablando de una recentralización, porque recentralización sería el despojar a las Comunidades Autónomas de las competencias de gestión, y eso está completamente ajeno al marco de este Anteproyecto.
Yo estoy hablando de algo que nos ha dicho la Unión Europea que le preocupa y estoy hablando de algo que nos dice nuestra propia realidad educativa que nos tiene que preocupar, y es que no tenemos instrumentos de evaluación de los resultados del sistema educativo desde esta perspectiva de la equidad interterritorial. Creo que eso es importante.
¿Las herramientas? Las he descrito: por un lado, el aumentar la proporción de horario que se define desde el Estado central, es decir, en este caso, desde el Ministerio de Educación; y, lógicamente, la más importante de ellas: el establecer un sistema de evaluación que en lo central es homogéneo porque, si no existe eso, si cada Comunidad emplea sistemas de evaluación distintos y métricas distintas, nunca podremos ni siquiera saber cuáles son las diferencias de rendimiento de ese sistema.
Realmente, es razonable pensar que una parte de los problemas que ha atravesado nuestro sistema educativo tiene que ver con esa insuficiencia.
Ahora bien, si se va a hablar con las Comunidades Autónomas y, de hecho, si se ha hablado, se ha hablado extensamente y se va a hablar mucho más extensamente. No podría ser de otra manera. Hay que tener en cuenta que, en el marco de este Anteproyecto, las Comunidades Autónomas conservan íntegramente la totalidad de la gestión del sistema educativo. Por tanto, somos plenamente conscientes de que, al final, éste es un proceso en el que el que las Comunidades Autónomas se involucren es absolutamente esencial para que el mismo tenga éxito.
Insisto, yo creo que no es una recentralización; es, simplemente, una serie de disposiciones que se orientan a dar mayor equidad y ni siquiera diría mayor homogeneidad. Creo que hay un margen a la diferencia e, incluso, a lo que pudiéramos llamar una competitividad sana entre las Comunidades Autónomas en el plano educativo; pero, evidentemente, nuestra responsabilidad como Gobierno de la nación pasa también por la capacidad de garantizar unas exigencias mínimas y comparables de calidad entre todas las Comunidades.
Vicepresidenta.- En relación con sus dos primeras preguntas, ayer el presidente de la Generalitat, como bien saben, se reunió con el presidente del Gobierno en una reunión que fue de respeto institucional. El presidente de la Generalitat le trasladó sus peticiones en relación con la financiación de Cataluña y, en particular, con el Concierto Económico.
Indudablemente, el presidente del Gobierno, como cualquier gobernante en España, está sometido a la Constitución y al ordenamiento jurídico, que tiene que respetar y que hacer cumplir. Así le puso de manifiesto que no era posible y que no aceptaría planteamientos que no tuvieran encaje en la Constitución, y que, además, por otro lado, muchos ciudadanos de Cataluña y muchos de sus representantes políticos tampoco consideran que sea el modelo más acertado y que, además, existen otros modelos mucho mejores para Cataluña dentro del marco de la Constitución y en lo que debe ser una financiación bien entendida: la financiación de los servicios públicos de todos los españoles que, además, garantice la cohesión social.
Por tanto, hubo una serena oposición al Concierto por no tener cabida constitucional, pero también una sincera invitación al diálogo. Son bastantes las Comunidades Autónomas que consideran que el modelo de financiación, tal y como fue diseñado, no es el mejor modelo. Yo he de decir que el partido que ahora sustenta al Gobierno no la apoyó, sí lo impulsó en su día la Generalitat de Catalunya. Pero este Gobierno está dispuesto a evaluarlo, lo evaluará y lo reformará en esta Legislatura.
En ese marco de colaboración leal y responsable se le ha invitado a la Generalitat de Catalunya a participar desde planteamientos que no pueden ser ni deben ser inflexibles, sino de entendimiento a todos los que allí participan.
En este marco de cosas también se le puso de manifiesto al presidente de la Generalitat que son momentos difíciles para muchos catalanes y para muchísimos españoles, y que la inestabilidad política añade crisis a la crisis. Los ciudadanos están haciendo esfuerzos inmensos, les estamos pidiendo todas las Administraciones públicas --el Gobierno de la nación, la Generalitat de Catalunya y otras Comunidades Autónomas-- extraordinarios sacrificios y lo que no merecen es que algunos añadan más preocupaciones o más confrontaciones. Creo que es momento para trabajar por la estabilidad.
Me pregunta por unas elecciones que desconozco, que está en la mente de quien tiene o quien puede convocarlas; pero que yo le pido que analice desde el punto de vista de la estabilidad política que necesita España, en un momento en que todos los españoles están unidos en el objetivo común y compartido de salir de la crisis y que creo que quieren ver en sus gobernantes ese mismo espíritu compartido y esa misma prioridad esencial: salir de la crisis y contribuir a generar confianza. La inestabilidad política es el peor factor para la reconstrucción de la confianza.
P.- Vicepresidenta, quería que nos confirmase o desmintiese si es cierta la información que publica "Reuters" referida a que en los planes que el Gobierno prepara sobre nuevas reformas, y que podría hacer públicas la semana que viene, está incluida la congelación de las pensiones y acelerar la entrada en vigor del adelanto de la edad de jubilación.
Vicepresidenta.- Esa información ha sido desmentida tajantemente por el Ministerio de Economía y a ese desmentido me remito.
P.- Vicepresidenta, en primer lugar, respecto a la situación de Cataluña, una vez escuchada su valoración, le quería preguntar si puede concretar qué va a hacer el Gobierno inmediatamente; por ejemplo, ¿en la Conferencia de Presidentes del día 2 de octubre tiene previsto presentar algún tipo de propuesta o plan respecto a la financiación autonómica?
Y nos ha informado usted antes del nombramiento de la nueva presidenta de la CNMV. Yo le quería pedir si puede explicar por qué el Gobierno incumple el programa electoral del Partido Popular y los compromisos, expresados por usted misma, en cuanto a despolitizar y reforzar la independencia de los organismos reguladores y, sin embargo, nombra a una ex diputada del Partido Popular -- diputada todavía--, de la misma forma que lo hizo con el defensor del Pueblo.
Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, el día 2 de octubre se celebra la Conferencia de Presidentes; una Conferencia que está centrada, de un lado, en una evaluación de la situación en la Unión Europea y de los compromisos europeos; y, de otro, en un análisis de la situación económica general, que afecta al Gobierno de la nación y al de las Comunidades Autónomas. .
Este lunes yo mismo tendré una reunión del comité preparatorio con los consejeros de Presidencia de las distintas Comunidades Autónomas, porque ésa es la norma que marca el Reglamento preparatorio de las Conferencias de Presidentes, para analizar el desarrollo de las mismas, el orden del día y la documentación a la que se va a hacer allí referencia.
En mi intervención anterior aludía a que algunas Comunidades Autónomas han hecho expresa mención a esas dificultades o a ese desarrollo complejo y poco satisfactorio del modelo de financiación. Y en las conversaciones preparatorias que hemos tenido con los distintos representantes autonómicos estos días algunos han puesto de manifiesto problemas concretos que se tienen al respecto. Por ello, indudablemente, éste, lógicamente, será uno de los puntos que preocupa y que se abordará, y que iremos concretando en estas reuniones previas, porque así es como se trabaja en el seno de la Conferencia.
Usted aludía a los nombramientos en el defensor del Pueblo. Indudablemente, dos ex diputados, uno designado a propuesta del Partido Popular y otro designado a propuesta del Partido Socialista, están en los puestos de defensor del Pueblo y defensor adjunto. Se trata de dos personas que en su momento obtuvieron el voto favorable de la Cámara.
Sobre el nombramiento de doña Elvira Rodríguez, he de decirles, en primer lugar, que tiene sobrada capacitación técnica para ocupar ese puesto. Yo quiero recordar que doña Elvira Rodríguez, que es interventora de profesión y, además, que ha ejercido ampliamente ese puesto en el ámbito de la Administración General del Estado, donde fue escalando, sí, es cierto, hasta el rango de ministra, lleva sin embargo apartada de tareas ejecutivas de la Administración General del Estado bastantes años. Creo que nadie puede dudar de la competencia y de la solvencia tanto de Elvira Rodríguez, como de doña Lourdes Centeno, que tiene una larga carrera administrativa en ámbitos relacionados con el Tesoro y la economía.
Y, si me permite, dos mujeres van a presidir y a vicepresidir la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
P.- Vicepresidenta, efectivamente, ha dicho usted que todavía no hay ninguna elección convocada pero, aunque el señor Mas todavía no muestra sus cartas, el portavoz de la Generalitat sí ha dicho hoy que se plantea un adelanto electoral y una declaración de un Estado propio por parte del Parlament de Catalunya. Quería saber cuáles son los instrumentos de los que dispone el Estado para hacer frente a una declaración unilateral de este calibre y hasta qué punto le inquieta al Gobierno esta amenaza; si la considera creíble o no.
Por otro lado, sobre una revisión del sistema de financiación, le quería preguntar hacía qué dirección estaríamos apuntando y si estaríamos hablando de reducir las diferencias de financiación per cápita, que es una de las quejas que plantea Cataluña.
Vicepresidenta.- Yo le he hablado de lo que ayer el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno abordaron en esa reunión. Es lo que al Gobierno de la nación se le ha planteado y no otros extremos. Desconozco qué tiene en mente quien puede convocar las elecciones en Cataluña. Yo sólo digo que son momentos para trabajar por la estabilidad, para cumplir nuestros objetivos, hacer las reformas y conseguir crecer y crear empleo.
Respecto a otro tipo de declaraciones, yo a esos gobernantes, aparte de pedirles responsabilidad en este momento, también les invito a que miren por dónde va el mundo. Y no sólo les he invitado yo, sino algún otro nacionalista reconocido. Con lo que yo creo que uno tiene que ser bastante más prudente en afirmaciones de esa naturaleza. El Gobierno, por su parte, hará lo que tiene que hacer, que es cumplir la Ley y hacerla cumplir en cada momento.
Sobre la revisión del modelo de financiación, habrá que ir por partes. Primero, antes de revisar el modelo, la norma, la LOFCA, obliga a su evaluación, a su análisis. Tendremos que ver cómo ha evolucionado, cómo se ha desarrollado, qué problemas se están generando y qué posibles cuestiones se derivan en un tratamiento contrario a la cohesión social o a los objetivos de ese modelo, que son varios. Una vez que se tenga esa evaluación, se podrá decidir cómo se corrige.
Pero, a bote pronto y sin tener muy bien analizados cuáles son los problemas que derivan de las dificultades que las Comunidades Autónomas están detectando, yo no lo puedo anticipar cuáles van a ser las soluciones.
P.- Vicepresidenta, quería saber si el desmentido a la agencia "Reuters" por parte del Ministerio de Economía de que no se están negociando congelar las pensiones significa que no las van a congelar, no que no se estén negociando en este momento.
Vicepresidenta.- Sobre ese asunto, expresamente el presidente del Gobierno ya ha dicho públicamente que el primer esfuerzo que él hizo después de tomar posesión como Presidente fue la actualización de las pensiones, que cree que es el esfuerzo que ha de respetarse y que --cito palabras textuales-- "sería lo último que él tocaría ".
P.- Para el Ministro de Educación. La primera pregunta es si han calculado cuánto dinero va a costar esta reforma en estos tiempos de recortes.
Una segunda es que en alguno de los borradores en los que ha trabajado el Ministerio se hablaba de la posibilidad de que la Administración trasladara, incluso forzosamente, a los profesores de la enseñanza pública. Mi pregunta es si esto no implica cambiar el Estatuto Básico de la Función Pública.
Sr. Wert.- Respecto a lo primero, la memoria económica que acompaña el Anteproyecto distingue entre costes de implantación de la reforma y costes de consolidación.
Como les he explicado, la reforma, esencialmente en el Bachillerato, pero también en la ESO y, en parte, también en la Educación Primaria, produce una compactación de las asignaturas que se refleja, fundamentalmente, en la disminución del número de profesores; pero, relacionado con ello, naturalmente, compensada con el hecho de que en las asignaturas instrumentales, que aumentan su carga lectiva, lógicamente se requieren más horas. De tal suerte que, al final, se produce una especie de resultado neutro, o en todo caso un gasto adicional muy reducido, derivado de la implantación del sistema.
Cuestión distinta son los costes de consolidación. Los costes de consolidación tienen que calcularse a partir de escenarios respecto del resultado de la reforma en términos de la reducción del abandono escolar temprano. En ese sentido, hay que decir --puede a primera vista parecer paradójico-- que, cuanto mayor éxito tenga la reforma, mayor será el coste incremental que la misma conlleve.
Estamos hablando, fundamentalmente, de los costes que supone la creación de plazas, especialmente, en la Formación Profesional de grado medio; subsidiariamente, en la Formación Profesional de grado superior y, ya muy en tercer lugar, porque las cotas que tenemos en la Formación Secundaria postobligatoria, en la modalidad Bachillerato, comparan muy bien con las cotas europeas y no es presumible que, como efecto de esta reforma, se vaya a producir un incremento del itinerario convencional académico, del itinerario del Bachillerato… Todos sabemos que, obviamente, las plazas en Formación Profesional conllevan un mayor coste público que las plazas en Bachillerato.
Ahí la memoria económica contempla, como digo, una serie de escenarios diferentes, de los cuales el escenario base se movería en unas cantidades en torno a los trescientos millones de euros; siempre hablando de un coste de consolidación que se produce sólo a partir de 2016 y en el horizonte temporal previsible, que es un horizonte de 2020.
Luego, además, esto viene atemperado por los factores demográficos; factores demográficos algunos de los cuales son perfectamente previsibles, los que se refieren al movimiento natural de la población, pero otros tienen un cierto contenido de incertidumbre: los que tienen que ver con los flujos migratorios.
En definitiva, se trata de una reforma neutra en sí misma en cuanto a su implantación desde el punto de vista económico y que será proyectada en el tiempo tanto más cara, es decir, exigirá tanta más inversión pública, cuanto mayor sea su éxito en canalizar una demanda que hoy no supera la fase obligatoria de la educación hacia, fundamentalmente, la Formación Profesional.
Es evidente --tiene relación con la respuesta anterior-- que hay que generar la posibilidad de que los profesores impartan asignaturas afines a aquellas que ven reducida su carga, o incluso desaparecen, y que esto, naturalmente, es algo que produce cualquier reforma educativa, bien porque se crean asignaturas que no existían, bien porque desaparecen otras.
Evidentemente, en el contexto de una planificación educativa, puede producirse la necesidad de que, para tener las horas que necesita un determinado docente, tenga que buscar las horas en otro sitio. Esto no se puede llamar traslado forzoso, porque ya existe toda una serie de mecanismos para evitar que se conviertan en traslados forzosos. Evidentemente, se tiene que hacer en el contexto del Estatuto Básico del Empleado Público y, evidentemente, va a ser, fundamentalmente, una opción voluntaria; pero no tenemos más remedio que adoptar mecanismos de movilidad, es decir, no congelar de una forma absoluta, basado en este caso en el Estatuto Básico del Empleado Público, la posibilidad de movilidad, y, naturalmente, se intentará mediante incentivos positivos. Se prevé la posibilidad en la norma de que, en función de esa planificación educativa, sea posible algún cambio de residencia.
P.- Dos preguntas para la Vicepresidenta. Una es que este Gobierno ha marcado el récord en cuanto a Reales Decretos Leyes aprobados. Quería saber si no considera que esto supone tratar al Parlamento como un lastre para la acción del Gobierno.
Otra pregunta. Como ha publicado "eldiario.es", el extesorero del PP, el señor Álvaro Lapuerta, ha presentado una denuncia por amenazas de muerte. Quería saber si esto le preocupa al Gobierno o si Interior ha iniciado algún tipo de investigación. La presentó hace dos días.
Vicepresidenta.- Sobre este segundo punto, lo desconozco. Es un asunto del que no tengo ninguna información y ninguna le puedo dar; pero, desde luego, trataremos de informarnos y el responsable correspondiente ya hablará con ustedes.
Sobre la tramitación de los Reales Decretos Leyes, indudablemente, este Gobierno ha puesto en marcha en estos nueve meses importantes reformas legislativas de muy distinto ámbito, y algunas con carácter urgente, porque urgente era contener el despilfarro que nos había llevado a un déficit público del 9 por 100; urgente era solventar problemas como los relativos al sistema financiero, por cuanto en su solvencia y en su saneamiento deriva buena parte de los problemas que tenía la economía española; y urgente era adoptar una serie de reformas estructurales de choque para poder contener algunos de los graves problemas que aquejaba nuestra economía.
Por tanto, este Gobierno ha presentado, si lo analizan con datos, probablemente, más leyes, más normas con rango de ley, en su distinto formato, que cualquier otro Gobierno y bastantes Reales Decretos Leyes porque, indudablemente, la economía española, en un primer momento y en medidas de choque, no podía permitirse el lujo de tramitaciones de seis o de nueve meses; pero muchos de esos Reales Decretos Leyes han sido tramitados como Proyectos de Ley para incorporar las correspondientes disposiciones que pudieran aportar los Grupos.
En esta segunda fase, lógicamente, llegarán a las Cámaras muchas más Leyes, que han recorrido toda su tramitación desde su presentación como Anteproyecto y la obtención de los informes correspondientes del Consejo de Estado, hasta su presentación como Proyecto de Ley. Un ejemplo, el que tenemos hoy de la Ley de Educación.
Es decir, este Gobierno lo que ha tenido es que trabajar, y lo hacho muy rápido, en la adopción de medidas que son urgentes y lo que ha hecho es utilizar el instrumento que la Constitución prevé para la adopción de medidas de extraordinaria urgente necesidad. Tal y como hemos cogido el país, había muchas medidas, no sólo necesarias, sino extraordinariamente urgentes.
P.- Dado que ahora las materias instrumentales, como la lengua, van a tener más fuerzas que otras, ¿el Gobierno piensa introducir, bien en esta Ley o bien en un desarrollo posterior, garantías para que la lengua castellana se enseñe en las Comunidades bilingües con la misma fuerza que en otras Comunidades Autónomas?
Sr. Wert.- Yo he hablado del refuerzo de las lenguas y se refiere a la lengua común, al castellano, y también a las lenguas cooficiales. Nos parece que, evidentemente, en el marco de la definición constitucional de cooficialidad y las implicaciones que en el campo educativo tiene la cooficialidad, hay que reforzar la enseñanza de las dos. Pero eso, evidentemente, incluye también a la lengua común.
P.- Vicepresidenta, yo quería aprovechar el conocimiento que tiene usted de las leyes para preguntarle si cree usted que una declaración unilateral como de la que se está hablando, que podría emitir el Parlamento de Cataluña hablando de un Estado propio… En cualquier caso, una declaración unilateral de un Parlamento autonómico, ¿qué consecuencias jurídicas puede tener? ¿Bastaría con que el Gobierno central la obviara o eso tendría algún tipo de consecuencias? ¿En un momento dado se puede considerar que un paso así atenta o perjudica los intereses generales?
Vicepresidenta.- Lo que dicen las leyes y lo que dice, fundamentalmente, la Constitución es que decisiones de esta naturaleza sólo pueden tomarse por quien es el titular de la soberanía, que es el conjunto de la nación, representado por las Cortes Generales. Para declaraciones del tipo por la que usted me pregunta, ni siquiera sólo las Cortes Generales, sino la totalidad del pueblo español decidiendo una reforma constitucional agravada, que, como usted sabe, requiere preguntar al conjunto del pueblo español. Eso es lo que dicen las leyes.
P.- En primer lugar, Vicepresidenta, los pasados Presupuestos se calificaron por el propio Ejecutivo como los más austeros de la democracia. Quería saber si los del próximo jueves, que usted ha mencionado, le van a quitar ese reinado y si hay alguna medida "ad hoc" que haya de recomendación de la Comisión Europea o de la Unión Europea en esos Presupuestos.
Al señor Wert, una aclaración. En ese aumento de horario del porcentaje de asignaturas que va a elegir el Estado, ¿se va a ampliar con asignaturas instrumentales solamente o va a haber alguna otra asignatura común para todas las Comunidades Autónomas, que hasta ahora no había?
Vicepresidenta.- Me pregunta por los Presupuestos. Se aprobarán el próximo 27 y no le quepa ninguna duda de que el próximo jueves detallaremos extensamente cómo van a ser esos Presupuestos, que indudablemente serán austeros, y las medidas que llevarán aparejadas.
Sr. Wert.- El incremento de la carga horaria en relación con la asignatura se refiere sólo a las instrumentales.
Vicepresidenta.- Muchísimas gracias.