Conferencia de prensa de la Vicepresidenta primera y Portavoz del Gobierno, y de la Vicepresidenta segunda, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta Primera.- Buenos días. Como ven, nos acompaña nuevamente la Vicepresidenta Segunda y es que el Consejo ha tomado hoy dos importantes decisiones relacionadas muy directamente con sus competencias; se trata de un Anteproyecto y de un Real Decreto Ley.

Comienzo por el Anteproyecto. Es un Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Como ya les dije la pasada semana, el Gobierno combate y combatirá el terrorismo con todos los recursos del Estado de Derecho. Además de la actuación de jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la importante cooperación internacional, la vigilancia de las finanzas es un poderoso e importante instrumento de cooperación, no sólo para luchar contra los violentos, sino para prevenir otros delitos relacionados con la corrupción y el lavado de dinero negro.

Este Anteproyecto de Ley adapta la legislación española a la europea y mejora notablemente nuestra normativa actual, evitando duplicidades y haciéndola más moderna y más eficaz. En concreto, se deroga la Ley sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, que tiene más de quince años, y se modifica la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo aprobada en el año 2003.

La Vicepresidenta les facilitará los detalles. Por mi parte, tan sólo decirles que la pretensión del Gobierno a la hora de introducir estas modificaciones es la de, no sólo adaptarnos a Europa, sino ser más eficaces en la lucha contra el blanqueo de dinero y contra la financiación del terrorismo, que combatiremos a base de transparencia, de control y con todos los instrumentos que nos ofrece el Estado de Derecho.

Con respecto al Real Decreto Ley, se trata de un Real Decreto Ley por el que se crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Aunque el sector bancario español, como ustedes saben y nos han oído decir en múltiples ocasiones, ha demostrado tener una probada solvencia, en la actual coyuntura de crisis económica internacional algunas entidades financieras podrían tener algunas dificultades en los próximos meses. Para ello el Gobierno ha aprobado esta mañana una serie de medidas, en las que ha venido trabajando en las últimas semanas la Vicepresidenta y tratando de buscar el máximo consenso, para facilitar la reestructuración bancaria, manteniendo la confianza en el sistema financiero nacional e incrementando su fortaleza.

El Fondo que creamos tendrá dos objetivos principales: gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito, incluidos establecimientos bancarios, cajas de ahorro o cooperativas de crédito, y contribuir a reforzar sus recursos propios en los procesos de integración. En definitiva, tratamos de que ninguna entidad tenga problemas y tratamos de crear una mejor situación en orden a la percepción y normalización del crédito. Vamos a seguir generando confianza en nuestro sistema financiero, prestando apoyo ante los problemas que puedan surgir.

La Vicepresidenta les ofrecerá más detalles sobre este importante Real Decreto Ley.

Pero en el Consejo de hoy, que ha tenido un orden del día de mucha entidad, también hemos aprobado otro importante texto. Se trata del Proyecto de reforma de la Ley de Extranjería.

Saben que la inmigración ha sido y es una de las principales ocupaciones del Ejecutivo desde la pasada Legislatura. Pues bien, hoy, tras su paso por el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, el Foro de la Inmigración y el Consejo General del Poder Judicial, les presentamos una norma con la que queremos pasar de una Ley de Extranjería a una Ley de Inmigración.

Saben que nuestro objetivo en esta materia ha sido siempre muy claro: inmigración legal, ordenada, integrada, con derechos y obligaciones de ciudadanía. Para conseguirlo, en esta Ley hemos apostado por el consenso, el rigor y la eficacia.

Somos conscientes de que la inmigración es ya una realidad en nuestra sociedad, de la que forman parte cuatro millones y medio de residentes extranjeros. El texto que hoy les presentamos es equilibrado y garantista, incorpora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y transpone a nuestra normativa las Directivas europeas en la materia. Junto a ello, como antes les apuntaba, el Proyecto de Ley perfecciona el sistema de flujos migratorios en función del mercado de trabajo, aumenta la lucha contra la inmigración irregular y favorece la integración de los inmigrantes; sobre todo esto último, mediante iniciativas educativas, asumiendo los principios del Pacto de Inmigración y Asilo de la Unión Europea.

También se abordan reformas en la reagrupación familiar, aplazando la de los ascendientes hasta que tengan 65 años o existan, en su caso, razones humanitarias, y posibilitando la de las parejas de hecho. En los procedimientos de repatriación, como saben, se aumenta el periodo de internamiento de cuarenta a sesenta días, pero, sin duda, incorporando garantías. Se trata de poder hacer las cosas mejor.

El Proyecto de Ley de Extranjería, con todas estas novedades, inicia ahora su andadura parlamentaria. El Gobierno espera que todos los grupos políticos y parlamentarios busquen, desde la responsabilidad, el consenso que necesita esta Ley, que aborda sin duda una cuestión de Estado. Por nuestra parte, mantendremos el espíritu de diálogo con el que hemos abordado esta reforma y, en todo caso, les puedo ya adelantar que el Ministro de Trabajo mañana estará a su disposición para poder hacerles todas las aclaraciones y comentarios sobre este importante Proyecto de Ley que vamos a remitir hoy mismo al Parlamento solicitando la tramitación de urgencia.

En cuarto lugar, el Consejo ha visto hoy en primera lectura el Anteproyecto de Ley General Audiovisual. Me satisface especialmente anunciarles esta noticia porque esto supone, no sólo el cumplimiento de un compromiso electoral del Presidente del Gobierno, sino la aprobación de una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo. Como todos ustedes saben, desde hace al menos dos décadas los distintos Gobiernos han intentado aprobar una normativa básica que regule el sector audiovisual en España. Hasta ahora no ha sido posible, aunque se han redactado sucesivos borradores sin que ningún texto legal haya llegado a ser aprobado por el Gobierno y, por tanto, enviado al Parlamento.

Como resultado en estos momentos nos encontramos con una normativa dispersa y, en algunas ocasiones, obsoleta y confusa. Vivimos, además, un momento especialmente importante para el sector audiovisual, ya que estamos a las puertas del apagón analógico y entrando de lleno en la era digital.

Era y es más necesario que nunca que el sector disponga de una normativa clara, útil y acorde con los tiempos, que dé seguridad y garantice el desarrollo de un sector en crecimiento y con indudable futuro y proyección. Con la decisión del Consejo de Ministros de hoy se da un gran paso en esa regulación global en una normativa que cuenta con un consenso básico en el sector y que esperamos, deseamos y estamos convencidos de que conseguirá también un alto consenso en el Parlamento.

El Anteproyecto se envía ahora a los organismos preceptivos para que emitan su informe y el Gobierno sigue manteniendo, mientras tanto, toda su disposición al diálogo con todos, absolutamente todos, los sectores que se puedan ver afectados, en una fase, además, de información pública.

El principio básico que preside este Anteproyecto es el interés general. Es un texto garantista, que regula la actividad audiovisual pensando, sobre todo, en el interés público y en el reforzamiento y protección de los derechos de los ciudadanos, pero sirve a la vez como elemento liberalizador de esta actividad. Suprime trabas, burocracia y límites a la industria en un contexto de mayor libertad.

En primer lugar, permite trasponer la Directiva europea de servicios de comunicación audiovisual, a la que, como saben, debemos adaptarnos antes de que finalice el año. El Anteproyecto establece el régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual, especialmente de aquellos sometidos a la necesidad de licencia o concesión y autorización administrativa previa. Se regula, por tanto, el régimen de concesión, arrendamiento, cesión, renovación o extinción de las licencias. El texto aporta también garantías para el pluralismo y el respeto a los principios y normas de la competencia en el mercado audiovisual, con el objetivo de evitar posibles posiciones de dominio.

Para permitir el desarrollo de los nuevos modelos empresariales en condiciones de seguridad y pluralidad, el Gobierno regula las fórmulas de televisión de TDT de pago o de acceso condicional, teniendo en cuenta el interés general y el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una oferta gratuita, amplia, plural y que alcance, por supuesto, a contenidos de alto interés general.

La Ley es también una apuesta decidida por la introducción de las nuevas tecnologías, como la alta definición, la interactividad o la televisión en movilidad. En definitiva, se trata de una apuesta por el futuro.

También hace una revisión de las normas básicas que deben regular la publicidad en televisión, se fijan determinadas obligaciones a los servicios de comunicación audiovisual relativos a la protección de los menores y de la industria audiovisual europea, y se garantiza el derecho a la información frente a situaciones de contratos de exclusividad. El texto refuerza igualmente los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, se replantea el sistema de ayudas a la producción de cine español y europeo, ampliando la lista de los que a partir de la aprobación de la Ley deberán contribuir con el 5 por 100 de sus ingresos a este objetivo; pero, a la vez, ampliando a series para televisión, documentales y animación la posibilidad de destinar parte de esas cuantías.

Finalmente, el Anteproyecto de Ley General Audiovisual establece la creación y regulación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales como autoridad independiente, con capacidad sancionadora, encargada del control y seguimiento del cumplimiento de esta Ley y, en general, de la normativa audiovisual en el ámbito estatal.

En definitiva, con esta Ley el Gobierno da un importante paso adelante en su proyecto de reforma del sector audiovisual, completa el camino iniciado con la reforma de Radiotelevisión Española y con el Proyecto de Ley de financiación de esta última, que ya está en el Parlamento, y dota a nuestro país de una normativa audiovisual acorde con los tiempos, coherente, dinámica, liberalizadora y con garantías de control democrático y respeto y refuerzo de los derechos de los ciudadanos y del interés general.

Termino ya con tres acuerdos. En primer lugar, el Gobierno ha decidido traspasar al Gobierno de las Illes Balears la gestión del Parque Nacional de la Cabrera. Como saben, hasta el momento son ya cuatro los Parques Nacionales cuya gestión ha sido transferida a las Comunidades de Andalucía, Aragón y Galicia, a los que ahora se suma Baleares.

En materia de infraestructuras, hemos autorizado obras por más de 133 millones de euros para avanzar en el Tren de Alta Velocidad a Logroño.

Y, finalmente, el Gobierno, siguiendo el mandato unánime del Congreso, ha acordado promover el 17 de mayor como Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.

Vicepresidenta Segunda.- Quisiera hacerles unas breves notas sobre el Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Es un Anteproyecto que tendrá que pasar por trámites como el Consejo de Estado, por supuesto, y también el informe del Consejo General del Poder Judicial, y, por tanto, seguramente volverá a este Consejo de Ministros mejorado. Se trata de un proyecto complejo que traspone, en realidad, dos Directivas: la Directiva de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y una Directiva, que desarrolla la anterior, en relación con las denominadas "personas del medio político".

Es la primera vez en nuestro país que se incluye en una misma norma los aspectos relacionados con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y los aspectos relacionados con la financiación del terrorismo. Creo que esto en sí mismo es un gran avance.

La Ley, por supuesto, se refiere, fundamentalmente, a obligaciones de información y a obligaciones administrativas para un conjunto de sujetos obligados; establece una organización institucional, que tiene su aspecto fundamental en la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, y establece un régimen administrativo de sanciones.

En la organización institucional, que me parece importante señalar, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias estará presidida por el Secretario de Estado de Economía, pero habrá en esta Comisión representación, en todo caso, por supuesto, del Ministerio del Interior, del Ministerio Fiscal, de otros Ministerios que puedan tener competencias en la materia, de los órganos supervisores de las entidades financieras y de las Comunidades Autónomas con competencias para la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Por tanto, yo creo que es un avance. Como les decía, a partir de hoy serán el Consejo del Poder Judicial y el Consejo de Estado quienes nos informen de las observaciones o las mejoras que puedan introducirse en este texto. Volverá a este Consejo de Ministros, y en ese momento volveremos a darles cuenta de la aprobación de lo que será entonces ya un Proyecto de Ley.

Por supuesto, si hay después alguna pregunta sobre esta cuestión en concreto, intentaré dar respuesta; pero quisiera centrarme en una cuestión que creo que es importante, en la que lleva el Ministerio trabajando bastante tiempo. Quiero recordar que las primeras fases de este trabajo fueron llevadas a cabo por mi antecesor en el cargo, don Pedro Solbes, siempre con la colaboración del Banco de España. Es un texto complejo en sus aspectos más técnicos y que voy a tratar de resumir.

Primero, la necesidad o la conveniencia de aprobar hoy un Real Decreto Ley que incluye un plan de reestructuración, lo que hemos venido en denominar un Plan de Reestructuración Ordenada Bancaria y, en concreto, crea un fondo específico para ese fin.

Como saben, nuestro sistema financiero, el sistema financiero español, ha superado la crisis financiera internacional gracias a una regulación y supervisión rigurosas llevadas a cabo a lo largo del tiempo por el Banco de España. En este sentido, tenemos entidades fuertes, entidades solventes y un sistema financiero muy saneado.

Las entidades sistémicas, aquellas que son consideras sistémicas por la Unión Europea, no tienen absolutamente ningún problema. Muchas de las otras tampoco tienen problemas, pero algunas podrían tenerlos si continúa la crisis económica internacional y, por tanto, si la caída de la actividad económica hace que estén en el futuro en situación de dificultad por estrecharse los márgenes. Por tanto, nos parece que es un momento muy adecuado para llevar a cabo un proceso de reestructuración ordenada del sistema financiero de nuestro país; para iniciarlo, al menos.

Como saben, la mayoría de los países de la Unión Europea, y otros que no lo son --Estados Unidos es el ejemplo más claro--, han aportado recursos importantes para el sostenimiento de su sistema financiero. España los ha aportado en muy pequeña medida, en términos comparativos con el resto de los países. Incluso de los recursos puestos a disposición de las entidades financieras, fundamentalmente un fondo para la adquisición de activos financieros destinado a proporcionar liquidez a las entidades y unos avales, se ha utilizado sólo una parte; de los fondos y avales puestos a disposición de las entidades financieras.

Por tanto, dentro de un contexto determinado por las normas que la Comisión Europea establece en cuanto a las ayudas que pueden prestarse a las entidades financieras, estamos en un contexto inmejorable para aprovechar esa situación para reforzar nuestro sistema financiero de cara al futuro.

Reforzar nuestro sistema financiero quiere decir, ni más ni menos, que vamos a garantizar que, incluso en situación de crisis económica, pueda cumplir su papel en una economía de mercado; papel fundamental que, como saben, no es otro más que ser intermediario financiero y, por tanto, captar recursos que puedan ofrecerse después en forma de créditos a empresas y a particulares.

Ésa es la tarea esencial del sector financiero y la tarea que creemos que debe de continuar poder haciendo. Para ello, como les decía tenemos un sistema financiero con un gran número de entidades, entendemos que es el momento adecuado para que estas entidades se refuercen mediante procesos, en algunos casos, de concentración, de fusión o de absorción; o, en definitiva, procesos de reestructuración.

Haciendo una radiografía de nuestro sistema financiero, tenemos en el entorno de 49 Bancos --no 49 grupos bancarios--, consolidados muchos de ellos en grandes grupos bancarios; tenemos 46 Cajas de Ahorro y tenemos en el entorno de 90 o algo más cooperativas de crédito, todos los cuales configuran nuestro sector financiero. A ellos, por supuesto, se añaden entidades que tienen filiales en nuestro país; no, por supuesto, sucursales de Bancos, sino filiales radicadas en nuestro país.

Todo este conjunto de entidades de distinto tamaño, en muy distinta situación… Ya digo, ninguna de ellas con problemas graves hubo problemas a los que hacer frente en el caso de Caja Castilla-La Mancha, y así lo hicimos, no tienen problemas urgentes; pero sí conviene que aquellas necesidades que sienten que pueden ganar mediante un proceso de reestructuración, las acometan. En este sentido saben que está siempre abierto por tanto, la Ley no lo regula; no tiene por qué hacerlo lo que denominaríamos una solución privada: la propia entidad financiera, o dos entidades financieras, o tres entidades financieras, deciden que es conveniente que inicien un proceso de concentración o un proceso de reestructuración dentro del ámbito absolutamente privado y autónomo. Por tanto, cada entidad financiera, de acuerdo con su regulador específico, tomará las decisiones que le parezcan oportunas.

Puede darse el caso de que haya alguna entidad que tenga algún problema que pueda poner en riesgo su viabilidad y que sea ésta la razón que empuja a esta entidad a acometer un proceso de fusión, de reestructuración o de ser absorbida por otra entidad. Es probable que en este caso el Fondo de Garantía de Depósitos pueda acudir para facilitar la posibilidad de llevar a cabo este proceso de reestructuración. Ésta es una de las funciones de los Fondos de Garantía de Depósitos que, como saben, tienen la función de garantizar los depósitos propiamente dicha y también la función de ayudar a solventar los problemas de entidades que puedan tener comprometida su viabilidad.

En ese caso concreto, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que les definiré a continuación, podría aportar financiación siempre, por supuesto, a precios de mercado a este Fondo de Garantía de Depósitos para que contara con los recursos suficientes para poder facilitar este proceso de esta entidad que tiene comprometida su viabilidad.

Y puede ser también que el proceso de restructuración necesite la intervención de un nuevo instrumento, éste sí ya dotado con fondos públicos. Éste es el instrumento que se crea con el Real Decreto Ley que hemos aprobado hoy: el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria, un fondo que cuenta con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, recursos del Capítulo financiero, y con recursos aportados por los propios Fondos de Garantía de Depósitos en proporción tres cuartos-un cuarto, con una dotación total de nueve mil millones de euros.

Sí ya quiero decirles que los fondos que tienen que aportar los Presupuestos Generales del Estado son parte del remanente de ese Fondo de Adquisición de Activos Financieros que no se ha utilizado en su totalidad. Por tanto, no es preciso aprobar un crédito extraordinario para hacer frente a la obligación que establece el Real Decreto Ley de dotar este Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

Es un fondo que se rige por una Comisión Rectora, que tiene ocho miembros: cinco del Banco de España y uno de cada uno de los Fondos de Garantía de Depósitos.

En el supuesto, como les decía, en que haya una entidad que tenga problemas y necesite acometer un proceso de reestructuración profunda, con intervención de este Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el Banco de España intervendrá la entidad. Como digo, si se trata de problemas graves que no pueden ser resueltos en ninguna de las otras dos etapas que les he comentado, el Banco de España intervendrá la entidad y designará como administrador provisional de esa entidad a este Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. A partir de ahí deberá aprobar un plan de reestructuración de esa entidad.

El FROB podrá adquirir valores, en el sentido amplio; serán acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital social según se trate de un banco, de una caja de ahorros o de una cooperativa de crédito. Por tanto, como adquiere esos valores con derechos políticos, tiene el derecho de estar presente en el órgano de gobierno de la entidad.

Hace este proceso de reestructuración y se entiende que para llevar a cabo este proceso de reestructuración, ya sea un proceso de fusión con otra entidad, ya sea un proceso de liquidación y cesión de los activos, cuenta con todas las autorizaciones administrativas necesarias para proceder. A partir del momento en que se pone en marcha la Ley de Disciplina e Intervención del Banco de España, que es este supuesto, será el FROB y, por tanto, el Banco de España, los que determinen el camino a seguir.

Hay otro supuesto en el que puede intervenir este Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que es en el supuesto en el que dos entidades solventes deseen iniciar un proceso de integración, pero necesiten una inyección temporal de capital que, dada la situación de los mercados financieros, no sea fácil que puedan obtener en los mercados financieros y, por tanto, pueda ser aportada por este Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, por el FROB. En este supuesto el FROB adquirirá participaciones preferentes, acciones preferentes, es decir, valores sin derechos políticos, durante un tiempo máximo y esa inyección, es decir, esos valores tendrán que ser recomprados en el plazo máximo de cinco años.

Durante todo ese plazo --si es un plazo menor, evidentemente, es posible; el plazo es el plazo máximo--, durante todo el plazo que dure el proceso de integración, que estará ayudado por estos fondos públicos, será preciso que el Banco de España haga un seguimiento muy concreto y trimestral de todas las actuaciones que se vayan llevando a cabo. ¿Para qué? Para detectar dos posibilidades distintas: primera, si el proceso discurre como estaba previsto en el plan, el proceso discurre y, cuando se produce la integración, se recompran los valores del FROB; a partir de ahí, la entidad vuelve a ser una entidad absolutamente en el ámbito privado y, por tanto, el FROB deja de intervenir.

Pero puede pasar que a lo largo de ese proceso se vea, o bien que una de las entidades comienza a tener problemas graves, y por tanto tiene que pasar a ser reestructurada de acuerdo con la posibilidad que les acabo de comentar en lo que podríamos decir el párrafo anterior, si es que al hablar se puede hablar de párrafos; o en el supuesto en el que se vea que esa integración no se va a llevar a la práctica, y por tanto se puede exigir la restitución de esos fondos de inmediato. Tendrán que presentar un plan viable a partir de ahí, si es que tienen dificultades.

Éste es, fundamentalmente, el esquema, que sigue los criterios de la moción aprobada en el Congreso de los Diputados, que es que sea una reestructuración ordenada; que, en principio, incluya a todo el sistema financiero, no se señalan unas entidades en detrimento de otras hemos tendido a señalar las Cajas de Ahorro, pero no es un instrumento que se decida únicamente para las Cajas de Ahorro, sino para todo el conjunto de nuestro sistema financiero y que también, de acuerdo con lo que decía la moción aprobada en el Congreso, procura la utilización más eficiente de los recursos públicos, la minimización de la utilización de recursos públicos en este proceso de reestructuración del sistema financiero.

Por supuesto, es un proceso controlado, en primer lugar, por el Banco de España; en segundo lugar, por los informes que hay que enviar al Ministerio de Economía y Hacienda, y, en tercer lugar, por las comparecencias parlamentarias. El Secretario de Estado de Economía comparecerá ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, con carácter trimestral, para dar cuenta de este proceso y de la utilización de estos fondos públicos, e inmediatamente después, en el plazo de treinta días o después de cada intervención del FROB, el Presidente de la Comisión Rectora del FROB, es decir, el Subgobernador del Banco de España, comparecerá también ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la operación que acaba de efectuarse en los treinta días anteriores.

Por tanto, máxima transparencia; por supuesto, salvaguardando siempre lo que puede ser información confidencial "ex ante", que es la información más sensible, pero máxima transparencia en la información "ex post", y, por supuesto, un control de la utilización de los fondos públicos, minimizando la utilización de fondos públicos en este proceso.

Creo que he tratado de resumir algo que es una norma, como les digo, compleja, en la que hemos trabajado mucho y que hemos discutido en distintas fases de su elaboración con muchos agentes. Como he escuchado en algunos casos opiniones distintas, quiero que sepan que hemos hablado, por supuesto, con la CECA, con la AEB, con los sindicatos, con los Grupos Parlamentarios, y con el Banco de España constantemente, y creemos que da respuesta a las necesidades que pueden presentarse en nuestro sector financiero en el próximo futuro.

P.- Dos preguntas para la Vicepresidenta Primera. Quisiera saber, sobre la Ley Audiovisual, si el Gobierno estaría dispuesto, como pide el Partido Popular, a rebajar el 3 por 100 de aportación de las televisiones privadas a la financiación de la televisión pública o si esa cifra del 3 por 100 es inamovible.

En segundo lugar, sobre Garoña, quisiera saber si el Gobierno ha dado alguna respuesta a los trabajadores que se han manifestado hoy en las puertas del Palacio de la Moncloa y si esos trabajadores tienen algunas posibilidad de que sus reivindicaciones sean tenidas en cuenta, dado que el Presidente del Gobierno hace unos días dio a entender que la decisión ya estaba tomada.

Vicepresidenta Primera.- En cuanto al primer tema que me plantea, no es un tema de la Ley General Audiovisual, es un tema de la Ley de Financiación de la radiotelevisión pública. Efectivamente, está en estos momentos tramitándose en el Parlamento. Ayer venció el plazo de enmiendas y vamos, desde luego, a analizar todas las enmiendas pero, en principio, tenemos que buscar siempre un modelo que sea viable para financiar sosteniblemente a Televisión.

Creemos que el modelo del que parte el texto, sin perjuicio de que pueda buscarse el máximo consenso, es un modelo que tiene bastante equilibrio. Todos son recursos públicos, pero establece que dos tercios de la financiación son del Presupuesto del Estado y del rendimiento de la tasa de utilización del espacio radioeléctrico, y un tercio es el porcentaje a los operadores comerciales y un porcentaje a los operadores de telecomunicaciones, que van a ser los sectores que van a beneficiarse, fundamentalmente, de la retirada de la publicidad y de la utilización también de un espacio, y es razonable que contribuyan a la financiación de un servicio público.

Ésa es la justificación, pero bueno… El trámite empieza ahora en el ámbito de lo que es el consenso y, desde luego, el Gobierno, como siempre, tratará de buscar el máximo acuerdo con todos los grupos políticos.

En cuanto al tema de Garoña, ya sabe cuál es la posición del Gobierno en relación a la Central; ya la conocen. Ya hemos dicho que su futuro se decidirá en función de criterios de seguridad y viabilidad, y atendiendo a nuestros compromisos electorales sobre el desarrollo de un nuevo modelo de crecimiento sostenible y de las necesidades energéticas de España.

En todo caso, en relación a los trabajadores de la Central, como ya señalé, me parece que fue la semana pasada, quiero poner de manifiesto que tienen que estar tranquilos porque, sea cual sea la decisión del Gobierno, siempre se velará por sus intereses y en ningún caso quedarán desprotegidos.

P.- Quería preguntar a la Ministra Salgado si nos puede aclarar cuál será el papel de las Comunidades Autónomas en cada uno de los supuestos de intervención, tanto del Fondo de Garantía, como del FROB. También, en segundo lugar, ¿se ha consensuado la medida con los demás partidos y con qué apoyos se cuenta?

Vicepresidenta Segunda.- El papel de las Comunidades Autónomas es el que en este momento tienen con respecto a las Cajas de Ahorro. Quiero recordar que el papel que las Comunidades Autónomas tienen con respecto a las Cajas de Ahorro lo tiene el Ministerio de Economía y Hacienda con respecto a los Bancos. Lo digo porque creo que es bueno que hablemos siempre de todo el sistema financiero en su conjunto. Es el Ministerio de Economía y Hacienda quien tiene que autorizar fusiones de entidades bancarias y, por supuesto, tanto los poderes de las Comunidades Autónomas, como los del Ministerio de Economía y Hacienda, están absolutamente vigentes. No hemos querido que fuera de otra manera.

Había algunas peticiones, como saben, de modificar la Ley de Cajas, pero no nos parece que sea necesario. Por tanto, como no nos parece que sea necesario y ésta es una actuación urgente, entendemos que es un tema que no tiene ningún sentido abordar en este momento.

Quedan, por tanto, los poderes de las Comunidades Autónomas tal como estaban y únicamente, cuando hay un supuesto de intervención por parte del Banco de España eso ya se ha producido en otras ocasiones, es la Ley de Disciplina e Intervención de Banco de España la que marca el camino a seguir; como, por otra parte, han puesto de manifiesto incluso algunas sentencias del Tribunal Constitucional.

En el ámbito de la supervisión, de acuerdo con nuestra Constitución, la competencia corresponde al Estado y el Estado ha decidido quién representa al Estado, que en este caso es el Banco de España.

P.- Una pregunta para la Vicepresidenta económica. Hoy se ha anunciado que hay tres Cajas catalanas que están en negociaciones avanzadas de fusión y una cuarta que podría sumarse a este proyecto. Quería su opinión sobre este proceso. ¿Qué le parece que se forme la octava Caja española por activos?

También quería saber si considera que este proceso, este ejemplo, encaja en esa tercera vía de utilización del FROB para promover fusiones, en orden a reestructurar el sector y quitar la capacidad sobrante.

Vicepresidenta Segunda.- La verdad es que no han pedido los recursos del FROB. Por tanto, sólo en ese supuesto de utilización de recursos públicos sería razonable que el Ministerio de Economía y Hacienda, a través de los órganos correspondientes, y más que el Ministerio, el FROB, emitiera en ese momento una opinión.

Pero, evidentemente, en este momento es una fusión en el ámbito privado que no regula este Real Decreto Ley porque no necesita para nada regularla. Será la Comunidad Autónoma la que tenga que decir su opinión al respecto. Y, por supuesto, siempre contarán con la ayuda del Banco de España para todo lo que pueda ser orientación de ese proceso.

Me había olvidado antes, perdón, de contestar a los consensos. Hemos trabajado, como les decía, con Grupos Parlamentarios en distintas fases. Yo misma he tenido conversaciones con representantes de más de dos y más de tres Grupos Parlamentarios. Espero un amplio consenso en la aprobación de este Real Decreto Ley, evidentemente lo conoceremos en el momento de la votación pero, desde luego, creo que podrá contar con un amplísimo consenso, como por otra parte era nuestra intención y nuestro deseo desde el principio.

P.- Yo quería preguntar a la Vicepresidenta Primera dos cuestiones. Primera, me gustaría saber la opinión del Gobierno en relación con el malestar que, por lo visto, ha ocasionado en el seno del nacionalismo vasco el hecho de que unos militares, después de un período de instrucción, colocaran la bandera nacional en la cruz del Monte Gorbea.

En segundo lugar, me gustaría saber si el Gobierno considera que es a estas alturas recomendable la permanencia de Alberto Saiz al frente del CNI, después de que parece bastante evidente que una parte del Centro no le respalda e, incluso, está dispuesto a denunciarle continuamente.

Vicepresidenta Primera.- En cuanto al primer tema que me plantea, la verdad es que, sinceramente, no entiendo el motivo de la polémica ni el enfado del Partido Nacionalista Vasco. Al parecer, ésta viene siendo una práctica habitual cuando se desarrolla este tipo de ejercicios tácticos. Por tanto, insisto en que no entiendo muy bien, a no ser que de lo que se trate es de llamar la atención al precio que sea.

En cuanto al segundo tema, el responsable del Centro Nacional de Inteligencia ha ofrecido, de nuevo, esta semana toda la información y las explicaciones que le han sido requeridas en el Congreso de los Diputados. Por otra parte, como todos ustedes saben, la Ministra de Defensa ha anunciado que está estudiando el tema y que ha abierto una información sobre el asunto.

Dicho esto, yo quiero hacer dos reflexiones: una, el Gobierno siempre me lo han oído decir decide y decidirá con criterio de eficiencia y voluntad de servicio público las personas que considera más convenientes y más oportunas para ejercer un puesto de responsabilidad; dos, desde luego esto es perfectamente compatible con que también consideremos desde el Gobierno que no es bueno que el trabajo y el papel de los servicios secretos españoles se esté cuestionando de forma continua.

P.- Una pregunta para la Vicepresidenta Segunda. En primer lugar, quería confirmar que el Fondo de hecho va a poder endeudarse hasta los noventa mil millones y si ustedes piensan que se va a tener que usar la totalidad de esos 99.000 millones o si más bien es una cantidad preventiva.

También me gustaría saber si ustedes piensan que este fondo puede acabar con un beneficio. Si no, ¿cuál podría ser el gasto final para el contribuyente?

Vicepresidenta Segunda.- Yo creo que no tenemos previsto que haya un gasto para el contribuyente. Creo que es, desde luego, siempre un momento oportuno para señalar que las ayudas que el Estado español ha prestado al sistema financiero no son generadoras de déficit, porque no son generadoras de gasto, sino que son simplemente avales, por una parte, que por cierto están produciendo beneficios por las comisiones que se están cobrando de los avales; o inyecciones de liquidez en la forma de compra de activos financieros de la máxima calidad, que, por tanto, al cabo de un tiempo, tres años normalmente, son convertidos, una vez más, en dinero, en aportaciones dinerarias. Por tanto, no hay ningún gasto como tal asociado, ni a este fondo, ni al resto de las actuaciones con respecto al sector financiero.

Y tan no pensamos que el Fondo necesite noventa mil millones que en el Real Decreto Ley hemos establecido que en este año 2009 el máximo del endeudamiento será veintisiete mil millones. Como les decía, esos veintisiete mil millones tienen que captarlos en los mercados, tendrán aval del Estado, pero no ha sido necesario el hacer una nueva disposición de avales, puesto que estos avales ya están incluidos en el conjunto de avales que aprobó la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que también tiene avales sin utilizar por parte de las entidades financieras.

P.- Tenía dos preguntas para la Vicepresidenta económica. Si son veintisiete mil millones son para este año, entiendo que tienen calculado cuánto tiempo tendrá que estar vigente el FROB, cuánto tiempo llevará reestructurar el sector.

También ha dicho que no hay una situación urgente, pero el otro día el Presidente Trichet, del Banco Central Europeo, pedía al Gobierno que acelere el proceso para restablecer el crédito. Me gustaría saber si el Gobierno va a actuar o va a dejar que las cosas vayan pasando.

Vicepresidenta Segunda.- No es que los veintisiete mil millones se vayan a utilizar este año, y por tanto sea necesario. ¿Eso quiere decir que se vayan a utilizar veintisiete mil millones cada año? No, no es así. Quiere decirse que se dota el Fondo con nueve mil millones y que el propio Fondo este año va a tener capacidad, si cree que le resulta necesario, de endeudarse hasta veintisiete mil millones, como máximo. Y el Real Decreto Ley establece que, con autorización del Ministerio de Economía y Hacienda, en años próximos podrá alcanzar un techo de endeudamiento de hasta diez veces su dotación. Así es como está establecido.

Todo este proceso, previsiblemente, va a durar varios años. De hecho, cuando se hace una inyección de capital en una entidad financiera, se dice que esa inyección de capital podrá tener un período de cinco años antes de ser recomprada por la propia entidad financiera. Ni tienen que pasar los cinco años, ni tienen que agotarse los recursos que en este momento se ponen a disposición. Es un Real Decreto Ley marco que lo que trata es de dar unas garantías de que, si hay que llevar a cabo procesos de reestructuración, hay los medios para hacerlo.

Situación urgente. Como les decía, en este momento hay una ventana de oportunidad para llevar a cabo actuaciones de este tipo. La ventana de oportunidad es que, dado que el conjunto de los países europeos están haciendo aportaciones importantes a su sistema financiero, desde la Comisión Europea, que, como saben, tiene que cuidar las condiciones de competencia de todas las actuaciones del sector público en sectores privados, se ha elaborado una comunicación que da cobertura a todas las actuaciones que se están llevando a cabo en el sector privado. Esa cobertura, que está vigente desde diciembre del año 2008, es una cobertura que está en este momento. Por tanto, como les decía, es un momento idóneo para llevar a cabo este tipo de actuaciones, porque tienen, hablando coloquialmente, también el paraguas de la Comisión Europea en este momento.

Cada actuación concreta se va a remitir, por supuesto, a la Comisión Nacional de la Competencia en España y también a la Comisión Europea para que examine que cada una de las actuaciones concretas es una actuación que respeta la competencia y respeta, por supuesto, los términos de esa comunicación de la Comisión Europea de diciembre de 2008. Eso es lo que configura que éste sea el momento más adecuado para iniciar este proceso.

P.- Quería preguntarles si, al final, el Gobierno ha retirado el recurso que presentó contra la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid.

Vicepresidenta Primera.- Lo estamos estudiando, con el compromiso que adquirimos en su momento de si se correspondía lo que pasa es que no hemos tenido tiempo de traerlo esta semana; lo traeremos seguramente…, en su caso, lo veremos para la semana que viene la reforma realizada con el objeto y contenido del recurso, proceder a su retirada. Pero está pendiente.

P.- Tenía una pregunta para cada Vicepresidenta. De la Vicepresidenta Primera quería saber qué le parece al Gobierno que el PP presentara ayer una querella contra su Vicepresidente Tercero y, después de una serie de confusiones y desmentidos, anunciara que la retiraba para ampliarla.

Para la Vicepresidenta Segunda. Ha hablado usted de que cree que alcanzará un amplio consenso en el Parlamento, pero hoy el líder del PP ha dicho que este Fondo de Reestructuración es un parche y no es lo que ellos querían.

Vicepresidenta Primera.- La verdad es que, como se puede imaginar, el Gobierno no puede pronunciarse sobre algo que se ha producido y no se ha producido, y no se sabe si se va a producir a la vista de cómo se desarrollaron ayer las cosas.

Lo único que podemos deducir, efectivamente, es que el Partido Popular no tiene nada claro, ni siquiera lo que va a hacer, y supongo que está meditando su estrategia política y sus maneras de hacer oposición. Es una cuestión que entra dentro de su responsabilidad como partido político y a la que, desgraciadamente, nos tiene acostumbrados a instrumentalizar en muchas ocasiones la Justicia.

En todo caso, en lo que concierne al Gobierno, le diré que el Vicepresidente Chaves tiene en su haber una hoja de servicios intachable, tal y como lo acredita su trayectoria política. Y más le valdría al principal partido de la oposición, sinceramente, que asumiese sus responsabilidades y abandonase esa táctica de poner en marcha el ventilador para tratar de salpicar a todos y a todo, para ver si así se salvan los suyos. Yo creo que ganarían ellos, ganaríamos todos los ciudadanos y ganaría el funcionamiento de nuestro sistema.

Vicepresidenta Segunda.- Comprenderá que después de varias semanas buscando el consenso no vaya ahora a estropearlo; por tanto, voy a ser moderada en mis observaciones.

El Partido Popular ha dicho que quería cambiar la Ley de Cajas; lo ha dicho al mismo tiempo para evitar interferencias políticas en las Cajas de Ahorro y lo ha dicho al mismo tiempo que en la Comunidad de Madrid, en Caja Madrid, en particular, se producía una gran interferencia política.

Yo creo que estas cosas a veces pasan y lo más importante es que creo que hemos sido capaces de llegar a un Real Decreto Ley donde, como demuestra el Decreto Ley, no es necesario modificar con carácter general la Ley de Cajas para poder acometer una reestructuración del sistema financiero.

Hemos trabajado mucho con el Partido Popular y yo creo que vamos a poder contar con su apoyo para este Real Decreto Ley.

P.- Para la Vicepresidenta Salgado. Teniendo en cuenta que muchos otros países europeos ya han inyectado ingentes cantidades de dinero en sus Bancos, ¿el retraso en la aprobación del FROB no ha perjudicado a la Banca española?

Vicepresidenta Segunda.- No, no; yo creo que al contrario. Yo creo que hemos puesto en valor la solidez de nuestro sistema financiero y de nuestro sistema de supervisión. Quiero recordar que en el último Consejo Europeo y en el último ECOFIN se adoptaron, para el esquema de supervisión europeo, muchos de los criterios que ha venido utilizando el Banco de España y que han producido la situación comparativamente mucho mejor de las entidades españolas.

Como le digo, en absoluto, porque ninguna entidad sistémica, como he dicho, probablemente se va a acoger a este proceso, porque no lo necesitan y porque algunas de nuestras entidades están entre las mayores de Europa. O sea, que ahí, desde luego, no necesitan llevar a cabo ningún proceso de concentración.

Vicepresidenta Primera.- Muchas gracias.