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Conferencia de prensa de la Vicepresidenta primera y Portavoz del Gobierno, y del Ministro de Trabajo, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid, viernes 19 de diciembre de 2008

Vicepresidenta.- Buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros al Ministro Corbacho, a quien quiero darle la bienvenida. Bienvenido, Ministro, y es que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. El Ministro les va a dar todo tipo de detalles. Yo, por mi parte, voy a hacer sólo una breve reflexión.

Como ustedes saben, a lo largo de estos últimos cuatro años, desde el primer día el Gobierno dejó de negar el fenómeno de la inmigración y comenzó a trabajar para cimentar una inmigración ordenada y legal. Se trataba de dejar de mirar para otro lado, de poner orden donde había desorden y legalidad donde no la había. Lo hicimos buscando el acuerdo y el consenso con todas las Administraciones, con el resto de fuerzas políticas y con los agentes sociales, y es que, si queremos que la inmigración aporte de verdad riqueza económica, diversidad cultural e integración, todos debemos implicarnos y aplicarnos a la tarea de hacer una sociedad cohesionada en la que todos sus ciudadanos sean titulares de derechos y de obligaciones en igualdad y en beneficio de todos.

Es por eso por lo que nos hemos venido aplicando a la tarea de luchar contra la inmigración irregular, adecuando los flujos de entrada a nuestro mercado de trabajo, y es por eso por lo que nos hemos decantado por la cooperación con los países de origen y tránsito, y por la coordinación con la Unión Europea y otros organismos internacionales.

Por eso, el Anteproyecto de Ley que hoy ha visto el Consejo de Ministros profundiza en todas estas líneas en las que hemos venido trabajando a lo largo de estos cuatro años, actualizando lo que era necesario adaptar a una nueva realidad y mejorando lo que puede funcionar mejor, fruto también de nuestra propia experiencia.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las Directivas europeas han sido fuentes importantes para la elaboración de la Ley, y es que es responsabilidad del Gobierno, como les decía, seguir trabajando para mejorar el marco jurídico que regula la inmigración en España. Los procesos migratorios requieren de una atención constante y de un trabajo continuado que facilite la integración y la adaptación de los emigrantes a las cambiantes circunstancias económicas y sociales que se producen.

Así lo hace, se lo aseguro, este Anteproyecto; un texto que nos va a permitir, en primer lugar, perfeccionar el sistema de entrega legal y ordenada de los flujos migratorios. Además de mejorar todo el sistema legal y de ordenación y de entrada de las distintas vías de entrada, abordamos situaciones específicas en relación con los estudiantes o las personas que están aquí por intercambio de alumnos, o para prácticas no laborales y para voluntariado, así como el régimen especial que introducimos como novedad para los investigadores.

El segundo objetivo es aumentar la eficacia de la lucha contra la inmigración irregular. El tercer objetivo es favorecer la integración de los inmigrantes, asumiendo los principios del Pacto de Inmigración y Asilo de la Unión Europea. Y, en cuarto lugar, construir un marco más claro de los derechos y libertades de los ciudadanos extranjeros, junto a los correspondientes deberes y obligaciones.

El Ministro Corbacho les va a dar, cuando termine de informarles de todas las decisiones del Consejo, detalles sobre las más importantes modificaciones que hemos introducido en el Anteproyecto de Ley, que además ahora se va a someter a debate de todos los órganos que tienen que emitir informes preceptivos, y hemos acordado ya solicitarlos: el Consejo Económico y Social, el Foro de la Inmigración, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

En este mismo ámbito el Gobierno ha adoptado hoy la decisión de no imponer un nuevo período transitorio en relación a la libre circulación de trabajadores por cuenta ajena búlgaros y rumanos, por considerar que no tiene incidencia en estos momentos en el mercado laboral.

Y, también en materia de inmigración, el Consejo ha aprobado el acuerdo para regular el contingente de trabajadores extranjeros de régimen no comunitario en España para el año 2009; un contingente que, como siempre, se ha realizado teniendo en cuenta a las Comunidades Autónomas y a los agentes sociales, a partir de las necesidades de nuestro mercado laboral. La cifra que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros es de 901 puestos de trabajo. No obstante, y como pueden imaginar, la cifra siempre puede modificarse al final en función de la evolución de nuestro mercado laboral.

En segundo lugar, y dentro de las políticas emprendidas por el Gobierno para dar más garantías y seguridad jurídica a los mercados financieros, el Consejo ha dado luz verde a un Proyecto de Ley que modifica tres leyes: la Ley del Mercado de Valores, la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Es una norma de gran calado que equipara el ordenamiento español al europeo y que viene a introducir más transparencia. Entre otras novedades, les diré que se obliga a las entidades bancarias a comunicar a las autoridades públicas todas las adquisiciones de participaciones que superen el umbral del 5 por 100. Además, a partir de ahora será obligatorio notificar al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores o a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la compra significativa de participaciones en entidades de crédito, en empresas de servicios de inversión o en aseguradoras españolas.

Como les decía, se trata de aumentar la transparencia en los mercados de valores, pero también de incrementar la cooperación con las autoridades supervisoras; una cooperación que el Gobierno considera fundamental a la hora de garantizar la claridad y la seguridad en todos estos proceso de compra.

En tercer lugar, hemos aprobado una norma que beneficiará a un gran número de ciudadanos. El Consejo ha dado luz verde al Proyecto de Ley por el que se modifica el Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros. Comprobarán el alcance de esta iniciativa cuando les diga que, entre otras cosas, se va a reducir el coste de los seguros a los consumidores. Creo que ésa es una buena noticia. Me refiero muy especialmente a los seguros obligatorios de viajes y caza, ya que eliminamos los recargos sobre las primas, en concreto, de estos seguros.

En cuarto lugar, el Consejo ha aprobado las líneas de actuación de los ochocientos millones de euros destinados al sector del automóvil correspondientes al Fondo para la Dinamización de la Economía y el Empleo que aprobamos, como recordarán, hace dos semanas. De estos ochocientos millones, 110 millones se destinarán a subvenciones directas y 690 millones serán para la concesión de préstamos sin interés y sin exigir la constitución de garantías. El reparto de esta cantidad se hará efectivo desde el Ministerio de Industria.

Son ochocientos millones que, como les decía, van a servir para impulsar de manera firme y decidida el Plan de Competitividad del sector de la automoción, un plan que nace con el objetivo de contribuir a la creación de empleo y ayudar a empresarios y trabajadores del sector del automóvil a afrontar en las mejores condiciones posibles la actual situación económica. Financiaremos y pagaremos las actuaciones empresariales completas con arreglo a los planes que las propias empresas nos presenten.

Pero no es éste el único sector que hoy recibe más financiación, porque el Consejo ha autorizado la distribución de más de cien millones de euros entre las Comunidades Autónomas para financiar programas de agricultura, de desarrollo rural y de pesca. Con estos fondos inyectamos recursos en otras cinco áreas: la industrialización agroalimentaria, el Fondo Europeo de la Pesca, los Planes Nacionales de Cultivos Marinos, el Plan de Ordenación del Sector Porcino y el sector hortofrutícola. Con destino a este último sector, se ha aprobado otro Real Decreto para regular la concesión de subvenciones del próximo año al sector tomatero.

En sexto lugar, la Ministra de Fomento ha presentado también hoy al Consejo un informe sobre las licitaciones realizadas por su Departamento. Para que se hagan una idea del alcance del esfuerzo inversor, del que, como saben, además, adoptamos la decisión al inicio de la Legislatura de adelantarlo, les diré que, a fecha 30 de noviembre, la licitación en infraestructuras superaba los catorce mil millones de euros y a finales de este año cruzaremos el umbral de los diecisiete mil millones; es decir, un 18 por 100 más de lo licitado en el año 2007.

Son cifras que hablan por sí solas y a las que vienen a sumarse tres importantes obras aprobadas hoy, precisamente, y que suponen una inversión de 274 millones en tres Comunidades Autónomas: Andalucía, Cataluña y Castilla y León.

También con el fin de impulsar, en este caso, la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, en colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito tecnológico y universitario hemos aprobado siete importantes acuerdos. Se trata de 145 millones de euros: 54 se van a destinar a dotar de más infraestructuras a los parques científicos y tecnológicos de Madrid y Cataluña; los 91 millones restantes, a préstamos para la mejora de campus en las Universidades de Valencia, Madrid, Cataluña y Andalucía.

Se autoriza también un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Xunta de Galicia y la Fundación Centro Tecnológico de Supercomputación para construir el edificio que albergará a esta instalación.

Y hemos aprobado, además, el Real Decreto que regula los centros tecnológicos y los de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal para el fomento de la excelencia universitaria.

Hemos aprobado también hoy un Acuerdo por el que se autoriza a Abertis Telecom S.A. la adquisición de acciones de las que EADS Construcciones Aeronáuticas es titular en la Sociedad Hispasat.

En otro orden de cosas, como recordarán, hace unos días la Ministra de Defensa adelantaba en el Parlamento la voluntad del Gobierno de suprimir el límite previo a los efectivos desplegados para las operaciones de nuestros Ejércitos desarrollan en el exterior como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Defensa. Pues bien, en ese mismo orden, el Consejo ha acordado prorrogar la participación de unidades y observadores militares en operaciones fuera de nuestras fronteras durante el año 2009 y se ha acordado, además, dentro de la misma decisión, autorizar al Ministerio de Defensa a realizar los ajustes necesarios para adecuar nuestros efectivos a las exigencias de las operaciones en las que participan nuestras Fuerzas Armadas.

En consecuencia, una vez suprimido el límite máximo de los efectivos desplegados en el exterior, posibilitamos una mayor presencia, contando siempre, por supuesto, como establece la Ley de Defensa, con la preceptiva autorización del Congreso de los Diputados que para cada caso concreto establece la Ley.

Les doy cuenta, a continuación, de un acuerdo que tiene como objetivo orientar, ayudar y atender a aquellas personas que quieren ejercer los derechos que reconoce la Ley de Memoria Histórica a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Se trata de la creación de una Oficina para las Víctimas, precisamente, de la Guerra Civil y de la dictadura. Se trata de un compromiso que incluimos en el Plan de Derechos Humanos que aprobamos la pasada semana y que en este punto cumplimos hoy mismo.

La Oficina, que estará integrada en el Ministerio de Justicia, será la encargada de impulsar y coordinar el desarrollo de la Ley de la Memoria. Será, por tanto, el punto de referencia para los ciudadanos, para las asociaciones y las instituciones que trabajan en todo lo relacionado con las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.

Termino ya informándoles de que el Consejo ha aprobado también un Real Decreto para modificar la composición de la Comisión para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, que necesitaba ser actualizada y adecuada a la nueva estructura de la Administración del Estado.

Pero, antes de dar la palabra al Ministro, quiero transmitirles la satisfacción del Gobierno por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. Las cuentas están claras, son austeras, piensan en los ciudadanos y están pensadas precisamente para hacer frente a la crisis. Ofrecen más protección a los sectores más vulnerables y ponen el acento en la inversión pública, inversión que crea empleo y dinamiza la economía.

Precisamente estas dos columnas, inversión y protección, son los refuerzos necesarios que precisa nuestro país para que nuestra economía comience a repuntar y retomemos cuanto antes la senda del crecimiento y del empleo.

Como siempre, ya saben que tienen mucha más información en la Referencia.

Sr. Corbacho.- Yo creo que la Vicepresidenta ha hecho ya una introducción suficientemente amplia en la que, en síntesis, ha reflejado los elementos fundamentales y básicos que han llevado a la modificación parcial de la Ley de Extranjería y que, después de que tengamos los preceptivos informes, tal como ha señalado la Vicepresidenta, entrará en el Congreso de los Diputados calculamos que lo hará en el primer trimestre, para proceder a partir de ahí a su debate, a su discusión y, finalmente, a su aprobación.

La modificación de la Ley ha pivotado sobre cinco ejes. El primero, y hacía referencia la Vicepresidenta, son las sentencias del Tribunal Constitucional. Cabe destacar que todas estas sentencias son ampliación de derechos de las personas que se encuentran entre nosotros y, por lo tanto, de derechos que antes no estaban reconocidos en la Ley, como son el derecho de asociación, el derecho de sindicación o el derecho de manifestación. Por tanto, son derechos que en estos momentos son universalmente reconocidos en igualdad de condiciones que al resto de los ciudadanos y las ciudadanas españoles.

En segundo lugar, figura la transposición de las Directivas europeas. Como ustedes conocen, hay varias Directivas europeas que a lo largo del tiempo la Unión Europea ha ido legislando, muchas de las cuales, y la Vicepresidenta hacía alguna referencia, tienen que ver con la movilidad, con los estudiantes y los investigadores. A partir de la transposición de estas Directivas, armonizamos nuestra legislación también en el ámbito europeo y damos un paso importante en esa política específica de España, pero cada vez más compartida con la Unión Europea.

Ampliación de derechos. Es otro concepto importante desde el punto de vista de que, lógicamente ya con el tiempo transcurrido y la propia experiencia, nos lleva a determinar que había conceptos en la propia Ley que eran contradictorios con lo que el propio legislador seguramente en origen pensó. Y después me referiré, sobre todo, por ejemplo, al apartado de la reagrupación familiar.

Finalmente, el tema de la ordenación. Inmigración, evidentemente, necesaria e imprescindible para Europa, para España, para nuestro desarrollo y para nuestra economía. Sin duda, el desarrollo y la economía de España en los últimos años no podrían entenderse al margen de la efectiva contribución que a la misma han desarrollado las ciudadanas y los ciudadanos que decidieron emigrar desde su país y venir a compartir el destino con nosotros y a trabajar. Pero, evidentemente, una inmigración ordenada, una inmigración regular y una inmigración legal.

Ese discurso de ordenación de una inmigración regular y legal, no solamente es una política que promulga y ha promulgado el Gobierno de España; forma parte hoy del epicentro del debate también de la Unión Europea, pero además es plenamente compartida por los países de origen y los países de tránsito. Los primeros interesados en que las migraciones, los flujos migratorios, sean ordenadas son también los países emisores y los países de tránsito, que en muchos casos hacen una doble función: tránsito y también países de destino, porque a veces el tránsito se acaba convirtiendo en destino.

Por tanto, la Ley refuerza todos los mecanismos que vayan en la dirección de que la inmigración, el fenómeno de la inmigración, tenga esos dos conceptos de ser una inmigración regular y legal, y ordenada. Reforzamos la relación y la idea de que la inmigración tiene que estar en relación al mercado de trabajo; por tanto, será el mercado de trabajo el que irá determinando la necesidad de los flujos migratorios. Pero, a la vez, también el Gobierno de España, incluso en una situación de dificultad como la actual, no solamente ha dado pruebas manifiestas, sino que ha tomado decisiones, de que queremos trabajar en un compromiso doble: por un lado, los flujos migratorios en relación al mercado de trabajo, pero sin olvidar el compromiso necesario a la ayuda al desarrollo de los países de origen. Las dos políticas forman parte de una misma, pero gobernada con instrumentos diferentes.

Como les decía, finalmente, sobre estos temas hay un hecho muy importante, que es el tema de convivencia, de la cohesión social y de la integración. El objetivo último de la política de esta sociedad que ha cambiado es que sea una sociedad diversa, pero sea culturalmente más rica y a la vez, socialmente, más cohesionada.

Para ello la Ley en estos momentos establece un precepto, que es muy importante, del compromiso del Gobierno de España a hacer un plan estratégico que determinará, no tanto la gestión de la cohesión y de la convivencia, que corresponde a la Administración de la proximidad, pero sí al compromiso de la ayuda para hacer posible y real que efectivamente esa cohesión social se lleve a cabo. Y hay que referenciar la importante función que tiene el Fondo de Cooperación, dotado con doscientos millones de euros, gracias al cual muchos Ayuntamientos y muchas Comunidades Autónomas pueden y están ejerciendo esa función.

También se trata el tema de la reagrupación familiar. En este tema, y me lo ha oído ustedes explicar en más de una ocasión, la Ley actual tiene alguna contradicción, que con este proyecto de modificación la corregimos. La Ley permite cuando el legislador lo hizo, yo creo que lo hizo con toda la mejor intención promover precisamente que la reagrupación familiar se hiciera lo más rápidamente posible, sobre todo el núcleo familiar. Y sucede así que, cuando una persona emigra, al año de estar en nuestro país puede ejercer el derecho de reagrupación de sus familiares. Cuando lo hace, resulta que los hijos o las hijas que están en edad laboral, entre dieciséis y dieciocho años, pueden ejercer ese derecho, pero les está vetado el permiso de trabajo. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que corregir.

Hay que corregirlo para que, cuando se ejerce el derecho de reagrupación de la familia nuclear, ese mismo acto administrativo tenga que comportar el reconocimiento del permiso de trabajo porque, de lo contrario, se produce la frustración y se pone en una situación de falta de futuro a quienes han sido reagrupados.

Hacemos una distinción entre el núcleo familiar y los ascendientes. El núcleo familiar debe ser y tiene que ser reagrupado lo antes posible, pues fortalece a la familia cuando se reúnan un conjunto de condiciones. Y la Ley lo que distingue entre la familia nuclear y los ascendientes es que el derecho de reagrupación de los ascendientes se ejercerá cuando se tengan cinco años, que es cuando se tiene ya la residencia permanente, en este caso, en España.

A partir de aquí, como ha dicho la Vicepresidenta, ahora vamos a pedir, por un lado, los informes preceptivos, que son obligados; pero también, sin duda, vamos a explicar este Anteproyecto a todas las asociaciones y a todos los que tengan algo que ver con la materia que estamos hoy explicando. Finalmente, irá al Congreso de los Diputados y esperamos alcanzar allí también el máximo consenso posible para que ésta sea una ley cuyas modificaciones sean apoyadas ampliamente. Yo parto de la confianza y casi de la seguridad de que habrá una mayoría de las fuerzas políticas que se van a incorporar en un discurso positivo para hacerlo posible. Si al final es por unanimidad, pues mejor, porque éste es un instrumento que, cuando el Gobierno insta su modificación, lo hace con la clara voluntad de que permanezca durante muchos años siendo un instrumento útil a la política del Gobierno.

P.- Una pregunta para la Vicepresidenta. Me gustaría saber si el nuevo documento sobre financiación autonómica está ya tan ultimado que se podía cerrar mañana, sábado, en la reunión que va a mantener el Presidente con su equipo económico y si durante este fin de semana se va a celebrar esa entrevista entre el Presidente del Gobierno y el Presidente de la Generalitat, José Montilla, que, según algunos medios, habría forzado el propio Montilla.

Vicepresidenta.- Ya saben que yo siempre me muestro optimista cuando me preguntan por este asunto y, al final, ya verán como los hechos nos van a dar la razón. Habrá acuerdo de financiación, no tengan la menor duda, antes de que acabe el año o justo después de acabar el año. Han de comprender que llevamos muchos meses trabajando, negociando y discutiendo la letra de un acuerdo que es un acuerdo complejo, la letra más grande y la letra también pequeña.

Estoy segura de que va a haber acuerdo de fondo, porque todos, Gobierno y Comunidades Autónomas, sabemos que es necesario y que es positivo. Todos vamos a ganar alcanzando el acuerdo, aunque estamos trabajando y seguimos trabajando para lograrlo. Es un acuerdo, además, que va a ser positivo para Cataluña, pero también positivo para todas las Comunidades Autónomas; para Cataluña, para todas las Comunidades Autónomas y, por tanto, un acuerdo positivo para España.

Será un acuerdo que tiene, además, como me han oído decir muchas veces, vocación de perdurar en el tiempo. En definitiva, cuando estamos hablando de financiación, y a veces parece que se nos olvida, estamos hablando de que lo más importante es que quienes se van a ver claramente beneficiados van a ser los ciudadanos.

Por tanto, confíen, porque habrá acuerdo, y ya lo ha dicho el Presidente del Gobierno. En estos días va a haber alguna reunión, va a haber contactos y va a haber negociación. No se lo puedo precisar, porque se va a ir viendo a lo largo de los próximos días; pero, en cualquier caso, creo que estamos cerca. Y tengan confianza porque va a salir bien.

P.- Al Ministro quisiera preguntarle si podría confirmar que la modificación legal eleva el período de retención de los inmigrantes a setenta días.

Quería preguntar a la Vicepresidenta sobre el borrado masivo de documentos al que se refirió ayer el Presidente Rodríguez Zapatero. Quisiera saber si el Gobierno tiene previsto, como ha pedido ya el señor Rajoy, acudir a los Tribunales o instar a la Fiscalía General del Estado a que actúe; y también si, como se dijo cuando ustedes llegaron aquí, al Palacio de La Moncloa, tienen previsto aprobar algún tipo de ley de traspaso que evite que este tipo de destrucción de documentos, si es que se ha dado, se repita.

Sr. Corbacho.- Como ustedes conocen, el Gobierno y el Ministerio del Interior siempre barajaron la cifra de sesenta días, pasar de cuarenta a sesenta días, tiempo que considera necesario para poder cumplir los trámites administrativos. Ésta es una ley que ha tenido diferentes reuniones en diferentes comisiones técnicas y en algún momento la comisión técnica contempló que, en momentos excepcionales, podría, a lo mejor, ampliarse en diez días. El Gobierno ha reafirmado hoy la posición que siempre tuvo, considerando que es una ley que no debe contemplar elementos excepcionales, sino los sesenta días que fueron siempre la referencia que barajó el Gobierno, y ésa es la que ha aprobado el Consejo de Ministros.

Vicepresidenta.- Certeza sobre que hubo un barrido informático la hay; otra cosa es que esa certeza se considerase en su día suficiente para ejercer algún tipo de acción, dado que se desconocía la naturaleza de la documentación informática desaparecida. Eso fue lo que motivó la decisión. Pero que hubo barrido informático no cabe la menor duda.

Ya hay normas que regulan el traspaso, pero bueno… Esperemos que se hagan mejor.

P.- Por un lado, y habida cuenta que a fecha 15 de diciembre ya ha habido más de trescientas mil personas que han pedido el subsidio de desempleo, casi la misma cifra que en todo el mes de diciembre del año pasado, me gustaría preguntarles si tienen previsto reforzar las Oficinas de Empleo.

Por otro lado, en cuanto al ya conocido como "aguinaldo bancario", me gustaría saber por qué no se debatió y, por tanto, señora Vicepresidenta, si entiende las críticas. Además, habida cuenta de las informaciones que hemos conocido hoy, me gustaría preguntarle al señor Corbacho si usted, por ejemplo, conocía esta información antes de que apareciese en los medios y si es una de esas personas que se sienten molestas por ese desconocimiento y por el hecho de que no se haya debatido.

Vicepresidenta.- El Real Decreto al que se refiere se debatió. El proceso de elaboración y debate de las normas está establecido en la Ley, y la Ley prevé diversas instancias en las que las distintas normas se debaten, están a disposición de todos los miembros del Gobierno e, incluso, están en la red. Y éste, como todas ellas, estuvo en la red, se conoció, se debatió, se abordó, se mejoró y se aprobó. Eso es lo que ocurrió en la Comisión de Secretarios de Estado y de Subsecretarios, y luego pasó al Consejo de Ministros con todos los acuerdos ya incorporados y las observaciones que en su día se habían hecho.

Todos los miembros del Gobierno conocen todas las disposiciones que van al Consejo de Ministros y todas las disposiciones, las que tocan, pasan por la Comisión Delegada y todas por la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado. Y en todos los Ministerios hay Subsecretarios, en todos, y, en la mayoría de ellos, Subsecretarios y Secretarios de Estado.

Por lo demás, creo que el Vicepresidente ya ha explicado nuevamente las razones por las que se tomó la decisión. Por tanto, lo único que tengo que decir es que la medida está razonada, ha sido debatida, vuelvo a repetir, como todas las que adopta el Gobierno, y se ha hecho pública desde el primer momento en el Boletín Oficial del Estado.

Sr. Corbacho.- Creo que la primera pregunta la ha contestado perfectamente la Vicepresidenta.

En cuanto al tema, es evidente que las Oficinas de Empleo han tenido una sobrecarga de trabajo en los últimos meses como consecuencia del aumento del desempleo y del reconocimiento de prestaciones que se hacen en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal.

El Gobierno ya adoptó una primera medida, que fue incorporar 1.400 funcionarios para reforzar justamente estas Oficinas. En estos momentos hemos bajado de una manera muy importante el reconocimiento y hay oficinas que están haciendo el reconocimiento al día. Hay Comunidades, como Madrid, en donde se están haciendo en dos días; en Torrejón de Ardoz, donde se estaban haciendo en treinta días, están ahora en cuatro.

No obstante, en estos momentos somos conscientes de que esa presión y esa necesidad de demanda de ese servicio nos han llevado justamente a que el Gobierno esté trabajando para reforzar, hacer un nuevo reforzamiento, con el objetivo de que vamos a trabajar para que cualquier ciudadano o ciudadana que antes del día 23 de cada mes se acerque a una Oficina de Desempleo tenga efectuado el reconocimiento para que pueda estar en nómina al mes siguiente.

En esto sí quiero llamar la atención sobre que las Oficinas Públicas de Empleo Estatal comparten espacio con las Oficinas de Ocupación de las Comunidades Autónomas. Y muchas veces no todas las ciudadanas y los ciudadanos que asisten a una Oficina de este tipo van para el reconocimiento del desempleo; van para cursos de formación y van también para otras atenciones. Quiere decir que son Oficinas que, en su conjunto, hoy están recibiendo un importante contingente de personas que acceden a las mismas.

P.- Sólo una matización, por favor. Dado que la medida del "aguinaldo bancario" era tan importante, ¿por qué no se hizo pública mucho antes y han tenido que esperar a que se haga pública por la prensa?

Vicepresidenta.- No, no. Se hizo pública el mismo día en que se aprobó. Se hizo pública en la Referencia y se hizo pública en el Boletín Oficial del Estado, que es por el que se publica. Transparencia absoluta.

P.- ¿Y aquí, en una rueda de prensa del Consejo de Ministros?

Vicepresidenta.- ¿Aquí? ¿Aquí, en la rueda de prensa, en la Referencia? En la Referencia del Consejo de Ministros hoy irán, a lo mejor, cien asuntos. Yo no los he contado todos porque serían unas ruedas de prensa que, probablemente, les cansarían mucho a ustedes. Pero todos los temas están, las decisiones, los textos y la información. No hay ni una sola decisión que se adopte en el Consejo de Ministros que no se conozca el mismo día, ni una; todas. Todas están en la Referencia; algunas se explican aquí con una mayor atención, cuando se trata de Proyectos de Ley; y otras, en cualquier caso, van, además, al Boletín Oficial del Estado, como la que usted se refiere, que además ha tenido la publicidad del Boletín Oficial del Estado.

P.- Para el Ministro. Le quería preguntar si comparte o entiende que es posible que en la primavera, como dijo el Presidente del Gobierno ayer mismo, comiencen a generarse nuevos empleos y, como decía el Partido Popular que sólo se sabe que en marzo o en abril llega la primavera, si realmente puede llegar ese aumento de los empleos o una bajada del desempleo, según como se mire.

Sr. Corbacho.- El Plan de los once mil millones de euros que ha aprobado el Gobierno es de eficacia total y absoluta, sin ningún género de dudas. A partir de marzo, esos ocho mil millones se convertirán en multitud de proyectos en todos los pueblos y ciudades, que tendrán un primer efecto, que es la contratación de pequeñas y medianas empresas, y la contratación de personas.

Los cálculos que en estos momentos el Gobierno tiene hechos es que ese Plan, el Plan de los once mil millones, generará trescientos mil puestos de trabajo en España. En todo caso, esos trescientos mil restarán, a partir de marzo, del número de parados que pueda haber. Pero, en cualquier caso, hay un dato que es incontestable: que ese Plan va a generar trescientos mil puestos de trabajo y, suponiendo incluso que la evolución del paro fuese creciendo en los primeros meses, nunca tendría un crecimiento tal alto porque habría habido una medida que habría actuado de corrector, como es el Plan y los trescientos mil puestos de trabajo que se desprenden de dicho Plan.

P.- Yo quería preguntarle a la Vicepresidenta por una discrepancia que han tenido esta semana dos de los Ministros del Gobierno. Esta semana, el Ministro de Cultura dijo que quería una mayor presencia de su Ministerio en la acción cultural exterior e, incluso, dijo que había hablado de este tema con Rodríguez Zapatero varias veces y que era algo que debía resolverse. Yo quería preguntarle si usted comparte con él que hay algo que resolver o, en cualquier caso, si les ha pedido que no hagan públicas estas discrepancias, si las tienen.

Vicepresidenta.- No se trata de discrepancias. En mi opinión, lo más importante es el objetivo último y el objetivo último, que todos compartimos, todos los miembros del Gobierno el Ministro de Cultura y, de forma particular, también el Ministro de Asuntos Exteriores y el Presidente del Gobierno, y todos es el de que el español se difunda cuanto más, mejor. Por tanto, la utilización de todos los medios que tiene el Estado para hacer llegar más y mejor a todo el mundo nuestro patrimonio cultural y nuestra cultura es un objetivo y un anhelo compartido. Es lógico que el Ministro de Cultura quiera esforzarse más y, desde luego, todos vamos a ayudar en la misma dirección.

P.- Para el Ministro. Me interesaría saber si dentro de las reformas a la Ley de Extranjería tienen previsto atender las circunstancias que se están dando con las mujeres víctimas de violencia de género, sobre todo aquellas que no tenían papeles y que tenían miedo a denunciar, o aquellas que tenían dependencia, por el permiso de residencia al ser reagrupadas, de su agresor.

También, ¿cuáles son las nuevas medidas específicas que se van a hacer para combatir las nuevas formas de inmigración ilegal como, por ejemplo, los matrimonios fraudulentos?

Sr. Corbacho.- Sobre la primera, evidentemente, hay un capítulo en la Ley en el que se hace referencia justamente, específicamente, a estos casos que enumera. El Ministerio de Igualdad ha tenido una amplia participación en la propuesta final y creo que, en ese sentido, somos y seremos una legislación avanzada.

En cuanto a la segunda pregunta, la inmigración ilegal, evidentemente, hay que procurar combatirla, no solamente con medidas legales a través de la Ley, que tienen que existir porque sin ello no se es posible hacer una acción legal…. Segunda cuestión, ya se viene haciendo en los propios reforzamientos de los propios lugares fronterizos y al fortalecer cada vez más una política común en el seno de la Unión Europea. Pensemos que somos un espacio cada día más compartido y, por tanto, ya no sirve el viejo modelo de pensar que un Estado por sí mismo puede hacer que los flujos de la movilidad no penetren en este Estado. Por tanto, fortalecimiento de la política de la Unión Europea.

Otro hecho fundamental España se viene esforzando en ese sentido y el Gobierno lo hace es cada vez más cooperación con los países de origen y de tránsito. Las fronteras se vigilan siempre en las dos orillas, si queremos que realmente sea efectivo. En ese sentido, creo que hay países que son tránsito o de origen que están haciendo una gran labor. Y eso no forma parte de la Ley, eso forma parte de la política y de las relaciones internacionales.

P.- Al Ministro Corbacho. Con respecto a la reforma de la Ley de Extranjería, en primer lugar, quería saber cuáles son las sanciones que más se elevan para las infracciones y, en particular, qué castigo le puede caer a un empresario por la contratación irregular de un extranjero.

La reforma habla de que se favorecerán medidas de aprendizaje del castellano y de los valores constitucionales. ¿Cómo se va a hacer eso exactamente? ¿Será voluntario u obligatorio?

Con respecto a la moratoria a los rumanos, ¿qué elementos objetivos han pesado en la toma de decisión final de levantarla para rumanos y búlgaros?

Por último, ¿hay alguna novedad con respecto a la repatriación de menores?

Sr. Corbacho.- En principio, en el tema de sanciones se endurecen las mismas. Hay un cuadro de sanciones y, por ponerle un ejemplo, las que antes considerábamos graves pasan de 601 a 60.000 euros, y las muy graves pasan de 10.000 a 100.000. Esto está en consonancia con lo que en estos momentos también se está debatiendo en Europa. Ustedes saben que hay una Directiva que tiene que ver con el endurecimiento de las sanciones a las personas que ocupen y tengan personas irregularmente trabajando; por tanto, es una manera también directa de combatir la inmigración irregular, ilegal. No es solamente ir a hacer una política dirigida exclusivamente al inmigrante. El inmigrante es la víctima de estas situaciones. Hay siempre alguien que sufre las consecuencias porque hay alguien que le contrata.

En el tema del idioma lo que se establece es, no una obligatoriedad, pero sí que las Administraciones deberán de impulsar políticas para hacer que los inmigrantes puedan tener conocimiento del castellano y de las lenguas oficiales que existen en España. Yo creo que ahí va en consonancia con lo que es el propio Pacto Europeo de la Emigración, en el que se da un paso en esa dirección para que, de cara a una mejor integración, sea la Administración la que tenga que promover la acción para que puedan tener conocimiento del idioma, no solamente por la integración, sino para su desarrollo profesional.

En el tema de rumanos y búlgaros el Gobierno entiende que, atendiendo incluso a la situación en que se encuentran en estos momentos Rumania y Bulgaria, que están inmersas en un crecimiento económico importante, en los flujos migratorios es probable que a medio plazo se dé un poco al revés: que sean muchos rumanos y búlgaros que están hoy actualmente en España los que, tal vez, tengan un interés de vuelta, atendiendo también al interés que tienen los propios dos Gobiernos, tanto de Rumania como de Bulgaria, a hacer y a promover programas de retorno para sus emigrantes, atendiendo a la necesidad de trabajadores que tienen en esos países.

Creemos, por tanto, que el mantenimiento actualmente de esa moratoria no tenía ya mucho sentido, por cuanto que los flujos migratorios, en relación al mercado de trabajo, pueden ser al revés. En cualquier caso, el Gobierno sí se ha reservado hacer un balance de aquí a seis meses para ver, si no el levantamiento, sino el no haber puesto de nuevo la moratoria, hubiese podido tener algún elemento o algún efecto negativo, que creemos que no. Lo evaluará el Gobierno y, en cualquier caso no se pone.

En el tema de menores, como ustedes saben, es política de este Gobierno que prevalece por encima de cualquier concepto el concepto de menor y, por tanto, la protección al mismo. En cualquier caso, en ese sentido, las medidas seguirán siendo medidas dirigidas a proteger al menor; no en la condición de inmigrante, sino como tal menor.

P.- Una pregunta para la Vicepresidenta. En relación a la financiación, esta mañana hemos oído dos valoraciones casi antagónicas, porque el Vicepresidente Solbes ha dicho que lo básico, lo más importante, estaba ya casi acordado, y el Conseller de la Generalitat, Antoni Castells, ha dicho que lo veía todo verde. De entrada, ¿le sorprende esta valoración de Castells? ¿Cómo la ve el Gobierno?

Después, ¿cuáles son las cuestiones que están retrasando todo el acuerdo de financiación y por qué hay todo este baile de fechas y de reuniones, y de públicas y de privadas?

Vicepresidenta.- Porque todo eso que está usted diciendo forma parte de la naturaleza misma de una negociación, que es una negociación compleja, que afecta a algo tan importante como es la forma de allegar recursos a las distintas Comunidades Autónomas para financiar los temas más básicos que afectan a los ciudadanos; que es un tema que tiene vocación de perdurar, de permanecer, y que introduce la novedad en este año, además, de las nuevas fórmulas de los Estatutos. Por tanto, tiene una complejidad en sí mismo.

Dicho esto, no voy a hacer valoraciones sobre las distintas posiciones que mantienen las partes negociadoras, porque eso es habitual. Pero, como les decía al inicio de mi intervención cuando me han preguntado sobre esto ya saben que todos los viernes hablamos de este tema; además, lo entiendo y entiendo sus deseos de tener una mayor información, y es legítimo, ya saben que yo siempre soy optimista y les digo que va a haber acuerdo, y va a haber acuerdo, de verdad. Confíen. Va a haber acuerdo antes que después; va a haber acuerdo y va a ser un buen acuerdo: un buen acuerdo para Cataluña, un buen acuerdo para todas las Comunidades y para España.

Poco más le puedo añadir. Llevamos muchos meses y vamos a esperar un poquito más, porque yo creo que estamos en la recta final.

Muchas gracias.