Conferencia de prensa de la Vicepresidenta primera y Portavoz del Gobierno, y del Vicepresidente segundo y Ministro de Economía, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Buenos días. Por tercera vez en lo que va de Legislatura comparto tribuna con el Vicepresidente Solbes. Bienvenido de nuevo, Vicepresidente. En esta ocasión nos acompaña para presentarles el tradicional informe sobre el techo de gasto y el límite presupuestario que ha aprobado hoy el Gobierno, y el objetivo de estabilidad presupuestaria para el próximo trienio 2009-2011.

Respecto al primero, se trata, como saben, del informe que marca los límites generales de gasto del Estado para poder, a partir de ellos, abordar en otoño los Presupuestos Generales del Estado. Y como saben también, el objetivo es mantener el equilibrio presupuestario, pero también garantizar que se seguirán cumpliendo todos nuestros compromisos en el mantenimiento de los derechos sociales. La sanidad, la educación, las pensiones y las prestaciones de dependencia, por ejemplo, son ejes centrales de la acción política del Gobierno y no les quepa duda alguna de que lo seguirán siendo. Por eso, el gasto no financiero del Estado aumentará un 5 por 100 en el próximo año.

Respecto a las cuentas de las Administraciones Públicas, éstas van a presentar en los tres próximos años, en consonancia con el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria, un saldo positivo.

El propio Vicepresidente les comentará en pocos minutos todos los detalles que hoy ha presentado al Consejo de Ministros.

También el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha impulsado varias medidas importantes de calado económico. Ha presentado al Consejo dos Acuerdos relevantes. En primer lugar, un Acuerdo que recoge la planificación de los sectores de electricidad y gas para el período 2008-2016 y que perfila las líneas estratégicas de la política energética del Gobierno.

La conclusión es clara: la nueva planificación que hoy hemos aprobado supone un notable incremento del esfuerzo que el Gobierno viene realizando para desarrollar las nuevas infraestructuras energéticas, con la finalidad de garantizar la calidad, la seguridad, la competitividad y la conectividad internacional del suministro con un mínimo impacto ambiental.

Por eso, este nuevo plan recoge e incluye previsiones sobre el comportamiento futuro de la demanda, sobre los recursos necesarios para satisfacerla, sobre la evolución de las condiciones de mercado para garantizar el suministro y sobre cómo proteger el medio ambiente. Son metas hacia las que, gracias a la decisión que hoy hemos adoptado, nos encaminamos de manera directa y decidida.

Las inversiones en infraestructuras eléctricas se elevan a 9.220 millones de euros y las de gas supondrán 10.221 millones, inversión que no tiene, además, impacto presupuestario porque corre a cargo de los promotores, fundamentalmente de Red Eléctrica y de Enagas.

La voluntad de acuerdo y el consenso son los valores sobre los que se ha cimentado la nueva planificación. Por eso hemos contado con todas las Comunidades Autónomas, con los operadores de los sistemas eléctrico y gasista, con la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos y con la Comisión Nacional de Energía. Además, ha sido sometido a audiencia pública y cuenta con el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

Los ciudadanos deben saber que el suministro está garantizado y también el abastecimiento para las infraestructuras punteras de nuestro país, como son las desaladoras o el AVE.

El segundo Acuerdo de Industria beneficia directamente al sector minero, tan necesitado de apoyos para garantizar la continuidad de estas empresas. Por supuesto, me refiero al Acuerdo que hemos adoptado para autorizar la concesión de ayudas a siete empresas mineras del carbón para este año por un importe superior a los 291 millones de euros, que irán a cargo del Instituto para la Restructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

En tercer lugar, la Ministra de Vivienda ha presentado un informe sobre la Renta Básica de Emancipación. Como saben, en septiembre del pasado año el Gobierno puso en marcha una importante iniciativa para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes. Para ese grupo de jóvenes con empleo entre veintidós y treinta años el Gobierno creó una ayuda directa de 210 euros mensuales durante cuatro años para el pago de la renta, a la que añadimos un préstamo de 600 euros para la fianza y el coste financiero del aval. A ese conjunto de ayudas lo denominamos Renta Básica de Emancipación, puesto que su destino es precisamente facilitar una vida independiente, aproximadamente, a unos 360.000 jóvenes cada año.

Esta iniciativa formaba parte, recordarán, de un plan más amplio de fomento del alquiler que incluía una deducción fiscal para los inquilinos, la generación de suelo público para la construcción de vivienda en alquiler, la reforma del plan estatal para flexibilizar las ayudas al alquiler y la agilización de los desahucios. En fin, una serie de medidas muy importantes que están todas en marcha o en trance de ponerse ya de manera inmediata.

La Renta Básica de Emancipación se acordó con todas la Comunidades y Ciudades Autónomas sin excepción, entró en vigor con una gran demanda el 1 de enero de este año y hoy es ya una realidad en la vida de muchos jóvenes. A día 30 de mayo, sólo cinco meses después de su puesta en marcha, les pude decir que son ya 130.000 las solicitudes que se han presentado. Se mantiene el ritmo de unas mil solicitudes diarias, se han resuelto más de 52.000 y positivamente, cerca del 90 por 100. En estos momentos están cobrando ya la renta unos quince mil jóvenes, cifra que va ampliándose cada mes. Es una cifra alta si se tiene en cuenta que el sistema de pago exige que el joven haya pagado su renta mensual antes de recibir la ayuda. Además, le da un plazo a las Comunidades Autónomas, que tienen dos meses para resolver, y sólo tenemos cinco meses de experiencia.

Yo creo que la experiencia en la gestión conjunta con las Comunidades autónomas está resultado muy positiva y, en resumen, creo que es una medida que está logrando, desde luego, facilitar la independencia y, sobre todo, el acceso a la vivienda de muchos jóvenes.

En cuarto lugar, el Gobierno ha aprobado el Informe de Publicidad y Comunicación Institucional del pasado año y el Plan para este año. El Informe de 2007, que remitiremos a las Cortes como fija la Ley, refleja una inversión publicitaria del Estado en campañas institucionales de 269 millones de euros. Se produce un ligero incremento en la inversión respecto del año anterior por la puesta en marcha de campañas informativas para luchar contra la violencia de género, sobre la Ley de Dependencia, la de Vivienda y sobre la Expo de Zaragoza. Ésas son las razones del aumento en este Informe que corresponde al Plan de Publicidad del año pasado.

El Plan para este año, para 2008, prevé una reducción del 30 por 100 con respecto a las cifras del pasado año. La inversión prevista es de 187 millones de euros y las grandes prioridades informativas girarán en torno a la seguridad de los ciudadanos, la promoción de hábitos saludables y los derechos sociales.

Termino en este apartado recordando que es la segunda vez desde que la Ley fuera aprobada en 2005 que el Gobierno recoge información unificada sobre campañas publicitarias y de comunicación del Estado, y las pone a disposición de las Cortes Generales con absoluta transparencia, y que es la tercera vez que planificamos la inversión de manera centralizada para que el dinero público, el dinero de todos los ciudadanos, sea invertido en campañas informativas con responsabilidad, con eficacia y con transparencia.

Les anuncio que a partir del año que viene el Informe incluirá también alguna fórmula de evaluación de las campañas para que todos podamos conocer con más precisión y con más objetividad la eficiencia de la inversión. El Gobierno desea que no se malgaste, y aquí está el Vicepresidenta que me apoyará me apoya en esto y en todo, ni un euro en publicidad y comunicación improcedente, inoportuna, autoelogiosa o redundante, algo a lo que nos obliga la Ley que nosotros mismos promovimos y aprobamos hace tres años, tal y como nos habíamos comprometido.

En quinto lugar, quiero señalarles que la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha informado al Consejo sobre la situación hidrológica en Cataluña, siguiendo el mandato contemplado en el Real Decreto Ley que hace exactamente 43 días el Gobierno aprobó y que recogía, como recordarán, medidas excepcionales y urgentes para el suministro de agua, ya que, dado el grado de sequía y la escasez de lluvias que se estaban produciendo, si no nos poníamos en marcha entonces los ciudadanos de Barcelona se podrían haber encontrado en el mes de octubre sin agua para beber.

Pues bien, afortunadamente, y de acuerdo con el informe que ha presentado la Ministra, en poco más de mes y medio la situación ha cambiado. Ha comenzado a llover viene lloviendo bastante estos 43 días y creemos que las razones para la emergencia están llegando o han llegado ya a su fin. Por eso, la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino se reunirá de inmediato con representantes de la Generatitat de Cataluña para fijar definitivamente los criterios oportunos y, de confirmarse esta situación que acabamos de describirles, de confirmarse que la situación de excepcionalidad ha finalizado, el Real Decreto Ley será derogado con carácter urgente, con la misma urgencia con que se adoptó la primera decisión, en la próxima reunión del Consejo de Ministros.

Y ya más brevemente para no alargarme más, les informo de que, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Cataluña, aprobado, como saben, por las Cortes Generales en 2006, el Consejo de Ministros ha autorizado hoy la suscripción de un convenio con la Generalitat para reducir los peajes a los vehículos ligeros en cuatro tramos distintos dependientes todos ellos de la Administración autonómica. El importe total de las compensaciones previstas supera los 93 millones de euros para los próximos siete años.

También ha dado el Gobierno luz verde a la creación de veinticinco Consejerías de Interior en misiones diplomáticas permanentes españolas. De esta manera, el despliegue en el exterior del Ministerio del Interior se refuerza para luchar contra el terrorismo internacional, contra la delincuencia organizada y contra la inmigración ilegal, en beneficio, por supuesto, de la mejora de la seguridad de todos los ciudadanos.

La Educación ha merecido una semana más la atención del Gobierno. Hemos autorizado al Ministerio de Ciencia e Innovación a adquirir compromisos de gasto por valor superior a los 255 millones de euros con cargo a ejercicios futuros para convocar ayudas y becas para la formación, el perfeccionamiento y la movilidad del profesorado, incluyendo el pago de primas para seguros de los becarios. Saben ustedes que la Educación es también uno de los pilares básicos de la acción del Gobierno.

La Ministra de Administraciones Públicas ha presentado al Consejo un informe sobre el grado de satisfacción de los ciudadanos en torno a los servicios de información de la Administración General del Estado. El estudio muestra que los ciudadanos están cada vez más satisfechos con la atención que reciben en las oficinas de las Administraciones públicas. Sin duda, hay puntos que mejorar, pero la encuesta muestra un grado de satisfacción más que aceptable.

Hemos autorizado también las obras de la plataforma de la vía correspondientes a la red arterial ferroviaria de Valencia por un importe superior a los 32 millones de euros. Es un gran impulso al AVE que conectará Madrid con Valencia y con Murcia.

Por último, el Consejo de Ministros, tras obtener ayer la autorización del Congreso de los Diputados, ha dado luz verde esta mañana a la participación de unidades militares españolas en la operación de la Unión Europea y de Naciones Unidas en Chad y República Centroafricana, con un contingente máximo de dos aviones de transporte y un máximo de cien efectivos, que contabilizan dentro del límite de tres mil efectivos autorizados por el Consejo de Ministros el pasado 28 de diciembre de 2007, como recordarán que así se hizo. Esta autorización tendrá un período de vigencia de un año, plazo que podrá ser prorrogado si las circunstancias así lo aconsejan.

Igualmente, contando con el aval otorgado ayer por el Congreso, el Consejo de Ministros ha autorizado también hoy que una unidad naval participe en la fuerza marítima presente en Líbano por un período inicial de seis meses, prorrogables a otros seis. El personal autorizado será de noventa efectivos, manteniendo en 1.100 el límite fijado para la misión, tal y como acordó el Consejo de Ministros el pasado 8 de septiembre de 2006.

Es así, contando con el apoyo de las fuerzas democráticas, como el Gobierno mantiene su compromiso con la defensa de los derechos humanos y asume sus responsabilidades con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

Y, como siempre, ya saben que pueden consultar la Referencia pero, antes de de consultar la Referencia, yo quisiera hacer referencia también antes de dar la palabra al Vicepresidente, trasladarles la satisfacción del Gobierno por el acuerdo alcanzado en la Conferencia de Dublín a propósito de las bombas- racimo, unas municiones que han causado estragos en muchos inocentes y en muchas partes del mundo.

La Convención a la que España se ha sumado obliga a nuestro país a eliminar este tipo de munición, una obligación que asumimos con satisfacción y con responsabilidad. El coste estimado de la eliminación de nuestro arsenal es de unos dos millones de euros y el principio esencial que guía al Gobierno es doble: por un lado, máxima protección de la población civil en conflictos bélicos y en tareas de defensa con respeto escrupuloso de los Convenios Internacionales; por otro, también refuerzo de nuestras capacidades militares para que nuestros soldados trabajen con la máxima seguridad y nuestro país esté bien defendido.

La firma del Convenio de Dublín sobre municiones de racimo ha coincidido casi con la celebración este domingo del Día de las Fuerzas Armadas. Quiero felicitar a todos sus miembros y gracias por tener, de acuerdo con su lema, el valor de servir.

Y ahora sí que les dejo con el Vicepresidente segundo que les va a dar detalles importantes sobre el acuerdo adoptado hoy sobre estabilidad y techo de gasto.

Vicepresidente.- Como en años anteriores, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno ha aprobado hoy el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto de las Administraciones Públicas para los tres próximos años.

Como viene sucediendo desde el año 2005, España tendrá superávit en sus cuentas públicas en estos tres años, aunque con un matiz muy importante, y es que este superávit será debido al superávit de la Seguridad Social. El Presupuesto del Estado para 2009 y 2010 está y se calculará en equilibrio, y lo mismo está previsto para Comunidades Autónomas.

El rigor en la gestión del dinero de todos los españoles, que es lo que hemos intentado hacer durante toda la anterior Legislatura, vamos a seguir haciéndolo en la actual, incluso aunque tengamos una situación de menor crecimiento económico o especialmente por esa razón. Prueba de ello es esta decisión que hoy adopta el Consejo de Ministros de incrementar un 5 por 100 el gasto del Estado para al próximo año. Este incremento está en línea con el crecimiento del PIB nominal y va a permitir mantener, sin embargo, nuestras prioridades, lógicamente con dimensión algo menor que en el pasado, en inversión productiva y gasto social, y, evidentemente, nos va a obligar a ser más austeros en el resto del Presupuesto.

El superávit acumulado en los años de bonanza nos da margen de maniobra en esta etapa de desaceleración, no sólo, y es un tema fundamental, para que los estabilizadores económicos jueguen de forma automática; dicho de otra forma, que podamos absorber las caídas de ingresos en caso de que se produzcan unos incrementos de gastos por desempleo, que son los dos estabilizadores más claros; sino que también nos ha permitido alguna medida de tipo discrecional, como ha sido la rebaja fiscal de seis mil millones de euros, de la que se van a beneficiar 16.500.000 españoles. Esa rebaja de cuatrocientos euros nos va a permitir también un impulso al consumo que, a su vez, se complementará con el mantenimiento de nuestro compromiso inversor, y ambos elementos serán positivos para una mejora de la situación económica.

Las previsiones económicas ya las conocen ustedes; se las presentamos en su día. Seguimos pensando que son las previsiones correctas. Tenemos confianza en la economía española. Somos conscientes de que ha habido un crecimiento del 0,3 por 100 en el primer trimestre del año pero, sobre todo, lo importante es que el crecimiento interanual está en el 2,7; por tanto, estamos hablando de cifras todavía muy importantes. Lógicamente, el comportamiento del resto del año o de los próximos meses nos va a decir bien cuál va a ser la cifra final; pero creemos que esta cifra y la del año que viene son cifras que son realistas y que demuestran también nuestra confianza en una recuperación de la economía española en el segundo semestre del próximo año.

La razón es bien conocida y la hemos explicado muchas veces. Es verdad que tenemos un problema derivado de, digamos, la corrección del sector inmobiliario y es verdad que existen algunas tensiones en los mercados crediticios, pero no es menos cierto que la situación del resto de la economía es enormemente sana y muy pujante en muchas de sus actividades.

A partir de ahí, ¿qué estrategia de política económica tiene el Gobierno? Yo distinguiría entre las medidas a corto plazo que hemos adoptado recientemente y el horizonte a medio plazo.

La estrategia a corto plazo tenía que ser la que hemos mantenido, en un impulso a la actividad económica, impulso que muchas veces se intenta minusvalorar; pero lo decía ayer, creo recordar, o antes de ayer en el Congreso de los Diputados, y lo vuelvo a insistir hoy: el impulso total que se lleva a cabo este año, diez mil millones de euros, es equivalente a un billón seiscientos mil millones de las antiguas pesetas. Por lo tanto, no estamos hablando de una cantidad menor y ahí estamos hablando de deducciones fiscales, estamos hablando de préstamos y estamos hablando también de garantías y de reducciones de impuestos.

El año que viene, en las medidas adoptadas, incluimos también otros ocho mil millones de euros puestos a disposición de los ciudadanos; lo cual, sin duda alguna, va a permitir mejorar el consumo, mejorar la situación financiera de las empresas y, en definitiva, que el crecimiento sea algo mayor. Si a eso le añadimos que estas medidas permiten también el juego de los estabilizadores automáticos, porque de lo que estamos hablando es, lógicamente, del margen discrecional adicional que teníamos, yo creo que estamos situados en una posición muy cómoda para hacer frente al menor crecimiento al que tenemos que hacer frente en estos momentos.

Sin embargo, y en esto he insistido mucho, el hecho de que durante un cierto período, que se alargará algunos trimestres, tengamos algunas dificultades mayores en términos económicos no debe hacernos olvidar cuál es nuestro objetivo en términos de política económica a medio plazo. Para nosotros éste es el tema fundamental. Somos conscientes de que la situación actual la vamos a superar, y la vamos a superar en un tiempo razonable, y somos conscientes de que el eje de nuestra política económica tiene que seguirse centrando en lo que es clave para el país a medio y largo plazo, que es la mejora de la productividad y la mejora de la competitividad de las empresas españolas.

De ahí que nuestros ejes básicos de política económica no van a ser muy distintos en esta Legislatura de lo que lo fueron en la Legislatura anterior. En primer lugar, mantenimiento de la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo. Si la situación mejora, y hay un cierto cambio también en los años posteriores a los años 2009 y 2010, apostaremos por el superávit; si la situación, tal y como está establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se encuentra en un crecimiento entre el 2 y el 3 por 100, vamos a quedarnos en una situación de equilibrio presupuestario y, lógicamente, si hay dificultades adicionales en términos de crecimiento, evidentemente tendremos que utilizar el margen de maniobra del que disponemos.

Además de esta idea de estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo, estamos a favor de reformas sectoriales y del marco regulador que permitan facilitar la actividad de las empresas, mejorar la competitividad en los distintos mercados y, en definitiva, ampliar el potencial de crecimiento de nuestro país.

En tercer lugar, tenemos que priorizar el gasto productivo. Lo hemos hecho ya en el pasado y lo seguiremos haciendo: infraestructuras, I+D, Educación, aumento del capital, en definitiva, humano, físico y tecnológico, que creemos que es la clave para mejorar la productividad a medio plazo.

Último tema, seguimos poniendo énfasis en el gasto social, en particular en temas muy queridos del Gobierno, como la Ley de Dependencia. Creemos, además, que el gasto social en una situación como la actual es absolutamente necesario, porque tiene la dimensión fundamental que nos permite trasladar a los ciudadanos que no van a estar sujetos a los vaivenes del devenir económico. En todo caso, hay un apoyo claro a los ciudadanos a través de estas políticas.

Objetivo de estabilidad. ¿Cuál es el objetivo de estabilidad que, al final, proponemos para este año? Un objetivo para la Administración Central prácticamente de equilibrio en 2009 y 2010. Este 0,2 por 100 que ponemos está bien, pero ustedes saben que, redondeada, lo que la cifra es cero y de lo que estamos hablando es de una estabilidad presupuestaria estos años. Si el año 2011 la economía crece por encima del 3 por 100 o alrededor del 3 por 100, que es lo que esperamos, nuestra idea es volver a un cierto superávit del Estado en términos presupuestarios.

Esto es coherente con toda la política que hemos llevado hasta ahora a cabo y creemos que los superávit de los años de fuerte crecimiento son precisamente los que nos están permitiendo ahora, en esta fase de desaceleración económica, ver las cosas con una relativa tranquilidad en términos presupuestarios.

La Seguridad Social sigue manteniendo una buena situación, con un objetivo de superávit tanto en el año 2009, como en el año 2010 y en el año 2011. Es verdad que hay una cierta caída como consecuencia de los elementos que siempre hemos hablado en la Seguridad Social de una incorporación, lógicamente, más lenta en el mercado de trabajo en la medida en que la tasa de actividad ha aumentado mucho en este país y la tasa de empleo, también.

Con Comunidades Autónomas y con Entidades Locales la apuesta es por una estabilidad presupuestaria aunque, como ustedes saben, en el caso de Comunidades Autónomas se les ha admitido ya en el pasado año y se les va a admitir también un margen de maniobra del 0,25 por 100 del PIB de su territorio para llevar a cabo inversiones productivas, en el caso de que tengan programas específicos y así lo soliciten.

A partir de ahí, determinación del techo de gasto. Los ingresos calculados por los procedimientos de los que dispone la Agencia Tributaria, la mejor cifra disponible en este momento ya saben que uno de los problemas que tenemos siempre es que tenemos que trabajar en momentos un poco alejados del momento final de aplicación de las normas; pero es el mejor cálculo de que disponemos, se sitúan en torno de unos 165.000 millones de euros.

Estos ingresos, en términos de Contabilidad Nacional, suponen un incremento respecto al Presupuesto de este año, respecto al Presupuesto inicial, del 4,2 por 100. Los gastos, si queremos mantener el objetivo de estabilidad, deben situarse, lógicamente, alrededor de esa cifra de los 165.000 millones de euros. Todo esto es lo que nos permite tener un límite de gasto de 160.158 millones de euros, que supone un incremento del 5 por 100 respecto al actual ejercicio. Evidentemente, saben ustedes que hay que hacer esos ajustes técnicos para pasar de Contabilidad Nacional a Contabilidad Presupuestaria, que vienen reflejados con los cinco mil millones de euros.

En definitiva, como en años anteriores, el gasto del Estado crecerá en línea con el PIB nominal; los Presupuestos para el año 2009 serán, de ese modo --ése es nuestro objetivo--, neutrales y no pretenden ser ni especialmente expansivos ni restrictivos. Es cierto que, si hay caída de actividad, jugarán los estabilizadores automáticos y, sobre todo, lo que se refiere a la garantía del gasto de desempleo está fuera de duda. Con ese juego o con estos Presupuestos, más esa garantía del juego de los estabilizadores automáticos, si es necesario, corregiremos los desequilibrios de nuestra economía y vamos, al mismo tiempo, a mantener nuestras prioridades de inversión y nuestras garantías de gasto social.

Éstos son los temas fundamentales que yo quería comentar y termino aquí la exposición sobre este punto.

P.- Tenía una pregunta para cada uno. Al Vicepresidente Solbes querría preguntarle si el Gobierno tiene algún margen para rebajar el precio de los carburantes, tal y como están demandando ahora mismo pescadores y transportistas, y si el Gobierno apoyaría algún tipo de iniciativa en la Unión Europea para pedir que se rebajara el IVA en los carburantes.

Y a la Vicepresidenta, una aclaración. En el caso de que la semana que viene se derogue el Real Decreto Ley de ayuda a la sequía de Cataluña, quisiera saber si esa derogación incluye también la derogación de la orden para que se construya la conducción del agua.

Vicepresidente.- En cuanto al primer punto, como saben ustedes, existe un impuesto mínimo para los carburantes en Europa. En ese mínimo impositivo España ha tenido una derogación que le ha permitido no aplicarlo, aunque hemos tenido que aproximarnos sucesivamente a la cuantía que en estos momentos hay que aplicar.

Es verdad que tenemos el gasóleo profesional en marcha. Si existiera un incremento adicional, se podría mantener esa cuantía mínima; pero por debajo de esa cuantía mínima, en mi opinión, exigiría una modificación de normas comunitarias que no está planteado.

En eso estamos hablando del gasóleo en general; para pesca y para agricultura, como ustedes saben, hay normas especiales.

¿Debe avanzarse en la línea de rebaja de impuestos? En mi opinión, ésa es posiblemente una línea equivocada. En el sentido de que han aumentado mucho los precios de los carburantes, si bajamos los precios, el consumo será mayor y lo que estamos creando es más tensión de demanda, que es lo que deberíamos evitar.

¿Eso supone que no somos sensibles a las preocupaciones de pescadores, de agricultores y de transportistas? No. Somos conscientes y lo que estamos buscando son fórmulas alternativas que nos permitan echar una mano, ayudar en la medida de lo posible; pero creemos que no es buena idea que un "input" como ha sido el petróleo, que ha subido de forma desmesurada, lo reduzcamos, porque, al final, es una solución muy cortoplacista, porque el problema se volverá contra ellos y contra nosotros a medio y largo plazo. Por lo tanto, hay que intentar buscar otras fórmulas de solución que sean más eficientes.

Vicepresidenta.- En relación con el tema que me planteaba, en el momento en que se acuerde ya formalmente la desaparición de la causa o de las causas que determinaron la declaración de emergencia para llevar a cabo una obra que garantizase el abastecimiento de agua a la ciudad de Barcelona, que es la primera parte de la decisión contenida en el Real Decreto Ley del que hablábamos y que se dejará sin efecto la semana próxima, hay que proceder a rescindir el contrato o la adjudicación llevada a cabo con las empresas que fueron adjudicatarias de esa obra. Para eso empezarán las conversaciones la semana próxima.

P.- Yo también tenía una pregunta para cada uno de los Vicepresidentes. Al Vicepresidente económico: ha dicho usted que vamos a superar esta situación en la que nos encontramos pero, con la subida del IPC, la inflación en los niveles en los que está ahora mismo, con el Euríbor del que también hoy se ha sabido que está casi a límites históricos, ¿el Gobierno insiste en que hay que hablar de desaceleración? ¿No se puede hablar ya abiertamente de crisis económica por la que estamos atravesando?

Y a la Vicepresidenta. En la misma semana que el Lehendakari Ibarretxe ha presentado ya públicamente las dos preguntas para su consulta, hoy se ha conocido un comunicado de la banda ETA en la que, entre otras cosas, dice que rechaza el Plan Ibarretxe, pero insiste en su intención de seguir matando. Quería saber si el Gobierno ha hecho alguna valoración de esta situación.

Vicepresidente.- La crisis o la desaceleración es un debate semántico y a mí se me hace… Identifico más la crisis si es sobre una situación de recesión económica. La recesión técnicamente está establecida, de acuerdo con las normas técnicas, con dos trimestres de crecimiento negativo. Estamos lejísimos de eso; estamos hablando de crecimiento positivo del 0,3 por 100 en el primer trimestre, y unos datos del segundo trimestre que no se diferencian mucho de los del primero. Hay quien opina que pueden ser, incluso, algo mejores y estamos hablando de un crecimiento interanual del 2,7 por 100.

Por tanto, yo creo que hablar de crisis es enormemente exagerado, lo cual no quiere decir que no haya sectores específicos con dificultades de gran importancia. Yo creo que eso hay que reconocerlo y hay que intentar echar una mano y ayudar en la medida en que tengamos posibilidades. Cuando son consecuencia del juego del mercado, es verdad que corresponde a los agentes del mercado buscar la solución a esos problemas.

Vicepresidenta.- En cuanto a lo que me planteaba, el Gobierno no comenta comunicados de ninguna banda de asesinos. Lo único que tiene que comentar el Gobierno es que va a seguir trabajando, como hasta ahora, con el concurso de todos los ciudadanos de bien para acabar definitivamente con la violencia terrorista.

P.- Vicepresidenta, mi pregunta es para usted. Hoy en el Ayuntamiento de Zaragoza se ha aprobado una moción para pedir al Ministerio de Medio Ambiente la inversión de diez millones de euros que son necesarios para acelerar el proceso de llevar agua desde el embalse de La Loteta a la ciudad, porque en este caso la infraestructura ya está hecha. Mi pregunta es si en este caso se va a actuar con la misma celeridad que se actuó para aprobar el Real Decreto Ley de abastecimiento de agua a Barcelona.

Vicepresidenta.- El Gobierno actúa siempre con los mismos criterios cuando se producen las mismas situaciones. Cuando ha habido una situación de emergencia en Barcelona, hemos actuado con emergencia y, cuando ha habido una situación de emergencia en Valencia, en Murcia o en Almería, hemos actuado con la misma emergencia.

La situación que usted me plantea hoy por hoy no la tenemos calificada de emergencia. Actuaremos, por supuesto, con arreglo a los criterios que tengamos que adoptar en relación con una inversión que forma parte de las obras del A.G.U.A. y la abordaremos con arreglo a los Presupuestos Generales del Estado. Pero, de momento, no hay declarada ninguna situación de emergencia. Si las circunstancias lo requieren, se producirá.

Pero tenga la absoluta seguridad que el Gobierno actúa siempre con el mismo criterio de igualdad a la hora de abordar situaciones para garantizar, en este caso de lo que estamos hablando, como en el caso de Cataluña, el abastecimiento humano, el agua para beber, a todos los ciudadanos. Lo hemos hecho durante cuatro años y lo vamos a seguir haciendo siempre.

P.- Tenía varias preguntas. Para el Vicepresidente económico. Dado que dice usted que es muy exagerado hablar de crisis y que, por tanto, nos remitimos a las cuestiones técnicas de dos trimestres con crecimiento negativo, ¿no sería interesante o el Gobierno no ha planteado llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Popular y el resto de fuerzas políticas para no crear un cierto alarmismo que, por intereses políticos, también se pudiera crear?

Para la Vicepresidenta tenía dos preguntas. Una, hay una cierta distancia entre la normativa europea y la aplicación real en el control de los aeropuertos. ¿El Gobierno tiene pensado actuar en este sentido para que esta disfunción dentro del marco de la Unión Europea se deje de producir?

Y una pregunta que podía ser para los dos, en todo caso para la Vicepresidenta: si hablamos también de economía y está centrando el interés de toda la sociedad española por la influencia que pueda tener, ¿cómo valoran este cierto debate que se ha producido entre los cocineros de la alta cocina por la atracción que representa, realmente, por cuestiones turísticas? ¿Puede o no influir de alguna forma en el sector económico?

Vicepresidente.- Lo de la cocina la verdad es que no es ni presupuestario de económico, estrictamente. Es un debate que yo creo que muchas veces se produce entre profesionales y que creo que tiene de positivo el que todos aprendemos algo más de algunas cosas. Cada uno ahí puede elegir, porque hay opciones y yo diría que buenos argumentos en ambas direcciones: quiere usted algo más natural, o quiere usted algo que llegue a más gente y que, a lo mejor, sea menos natural. Yo creo que ahí es un debate interesante pero, sobre el tema específico de confrontación entre alta-alta cocina, es un tema que se lo dejo a los profesionales.

Segundo punto, ¿es exagerado hablar, en mi opinión, de crisis? Sí, sigue siendo exagerado. ¿Hemos hablado con el Partido Popular sobre este tema? No. Saben cuál es nuestra posición. ¿Prefieren seguir hablando de crisis? Ellos sabrán por qué prefieren seguir hablando de crisis.

Vicepresidenta.- En el tema de la normativa europea, creo que somos de los países que vamos incorporando toda la normativa europea a nuestro ordenamiento jurídico con bastante celeridad. Hasta ahora, todos los barómetros que hemos ido pasando de los análisis que se hacen en Europa, en la Comisión Europea, cada tres o cuatro meses son positivos; el saldo es positivo. Si hay alguna norma que queda por trasponer, lo haremos, desde luego, dentro del plazo que nos establezca la propia Directiva.

En cualquier caso, ya sabe usted que las Directivas son de directa aplicación. Por lo tanto, yo creo que cumplimos las normativas existentes.

P.- Tengo entendido que en los controles aéreos hay una normativa europea, pero después se aplica en los aeropuertos desde distintas… Aquí es mucho más severo, incluso arbitrario. Y le decía si el Gobierno español intenta, sobre todo en cuestiones de líquidos, por ejemplo…

Vicepresidenta.- Desconozco que haya ningún acto arbitrario. Ésa es una acusación que desconozco que se haya producido. Nosotros aplicamos la normativa europea, aplicamos las normas con rigor y con seriedad. Si hay algún supuesto concreto que usted conoce, lo que hay que hacer es denunciarlo para abordar si hay una decisión que no se ajusta a la legalidad. Pero creo que estamos cumpliendo la normativa en todo lo que se refiere al control aeroportuario, de acuerdo con las disposiciones de la Unión Europea.

Vuelvo a repetirle, somos de los países que, en este tema concreto, así como en cualquier otro, llevamos un nivel muy importante de cumplimiento y trasposición de normas europeas. Me parece que es bueno que tengamos un control estricto y riguroso en los aeropuertos, porque uno de los principios establecidos en la propia Unión Europea es el reforzamiento del control de nuestras fronteras exteriores.

Por lo tanto, creo que, desde esa perspectiva, hacemos las cosas como razonablemente se deben de hacer. Si hay algún caso concreto donde se haya producido alguna actuación que alguien pueda considerar que no es acorde a lo dispuesto en la normativa, lo que hay que hacer es denunciar esos casos, analizarlos y, desde luego, por supuesto, la Administración siempre actuará.

P.- Quería preguntarle sobre el tema de la inmigración y sobre la propuesta francesa, concretamente, que ha hecho a España. En este sentido, ¿el Gobierno acepta o le parece bien la propuesta de endurecer el control de fronteras, tal como lo plantea el Gobierno francés, con cuestiones como poner un Estado Mayor de FRONTEX, que es una de las medidas; en segundo lugar, el tema de la selección de inmigrantes que propone Francia; concretamente, su oposición a la regulación masiva de inmigrantes y, por otro lado, también el tema de que la reagrupación familiar sólo se pueda producir en el caso de que haya capacidad de integración? Quería su opinión, la opinión del Gobierno español, sobre esta propuesta francesa.

Vicepresidenta.- Yo creo que ya conocen, porque me lo han oído decir en varias ocasiones y con mucho gusto lo vuelvo a repetir, porque me parece que es un tema que interesa a la ciudadanía y que es importante, el modelo de inmigración por el que apuesta el Gobierno de España: inmigración legal, ordenada e integradora. Ésa es la política en la que venimos trabajando desde hace más de cuatro años; repito, legal, ordenada e integradora. I

No ha cambiado nada en lo que se refiere a la definición de los objetivos. Desde luego, ése es nuestro parámetro del trabajo en España, en Europa y con los países de origen de la inmigración, de tránsito y de destino.

En relación con el tema concreto que ya me plantea de Francia, cuyo debate está en algunos medios de comunicación, le diré, primero, que España y Francia venimos trabajando juntos, los dos países, como lo hacemos con el resto de países de la Unión Europea. Yo quiero recordarle a usted que hace tres años fui yo misma, como Vicepresidenta, quien me desplacé a Bruselas precisamente para promover y apoyar una política que había emprendido el Presidente del Gobierno, ya en el primer Consejo Europeo, para que en Europa hubiera una política común de inmigración. Y desde entonces venimos trabajando con todos los países de la Unión Europea.

La propuesta a la que usted se refiere, que es la propuesta francesa, es una propuesta que Francia ha iniciado y a la que todos los países están aportando opiniones, comentarios y contrapropuestas. Por lo tanto, ése es un tema en el que se está trabajando y se está trabajando ya desde hace meses en esa iniciativa que ha tenido Francia con su objetivo de ir a un Pacto Europeo de Inmigración. Nosotros somos partidarios de una política europea de inmigración y, por lo tanto, hay que consensuarla, hablarla y dialogar. Uno.

Segundo, el Gobierno de España está, por tanto, convencido de que la única política migratoria eficaz, y eso es muy importante lo quiero destacar, es la política migratoria que se hace en el ámbito de la Unión Europea, pero con los países de origen y de tránsito. Ése es un elemento que nosotros estamos permanentemente incorporando; ésa es una incorporación sustantiva, cualitativa, a la política de inmigración, una política de cooperación con los países de origen, emisores, de la emigración.

Tercero, nosotros estamos liderando esa política en el ámbito de la Unión Europea y ahí estamos avanzando en muchos temas. Hemos reforzado entre todos la necesidad de establecer mecanismos comunes de control de la frontera exterior, FRONTEX está funcionando y está funcionando por el impulso que en su día le dio España. Nosotros hemos reforzado también nuestro control en los aeropuertos, lo hemos reforzado como lo han reforzado todos los países de la Unión Europea, y también se han establecido mecanismos sobre control de aeropuertos que nada tienen que ver con la inmigración. Es decir, no mezclemos tampoco todos los temas de algunas medidas que se hacen en el ámbito de la Unión Europea, que no todas están ligadas a la inmigración.

Yo le diré que desde entonces a aquí se están dando muchos pasos. Hoy hay un debate en la Unión Europea que desciende a temas de cómo se debe hacer la integración, de una manera o de otra. Nuestra posición ya la conocen. Nosotros vamos a seguir trabajando con Francia y con todos los países para poder llegar a un acuerdo, pero todavía no hay un acuerdo. Estamos en pleno debate y la posición española sobre los elementos de la integración y sobre cómo se debe llevar a cabo esa integración todos ustedes la conocen. Creemos que la integración debe estar establecida en la Ley. Por tanto, a partir de ahí, lo que estamos haciendo es trabajar con todos.

Pero, insisto, y muy importante: política interna, ley y orden, integración y cooperación. Ése es el elemento en el que más vamos a insistir, por supuesto, en una política de emigración que respete también los derechos de los seres humanos que son los inmigrantes, que salen de los países en busca de una vida mejor; pero, al mismo tiempo, lucha firme contra la inmigración irregular.

P.- ¿Y las regularizaciones todavía están en estudio?

Vicepresidenta.- Ustedes ya saben cuál es nuestra posición sobre el tema de las regularizaciones. Nosotros hicimos un proceso de normalización de inmigrantes que estaban en nuestro país trabajando, que llevaban así mucho tiempo, y lo que hicimos es poner orden donde había desorden y poner ley donde había ilegalidad. Lo hicimos de manera individual, de uno en uno, con arreglo a un procedimiento que luego muchos países europeos han venido a estudiar a nuestro país para hacer algunos procesos similares.

Las regularizaciones masivas que se hicieron en el pasado, en la época de otros Gobiernos, sin tener en cuenta las condiciones del mercado laboral y la situación de cada uno de los inmigrantes que se normalizaba no se han vuelto a producir en este país. Y, desde luego, no somos partidarios de que las cosas no se hagan como se deben de hacer, siempre atendiendo a cada caso individual.

De eso es de lo que hemos hablado en la Unión Europea. Somos partidarios de hacer una política de hechos, eficaz, como estamos haciendo, y espero que la política española, que es una política que hoy está reconocida en Europa y fuera de Europa, sea la política que triunfe. Éste es un debate entre varios países europeos, y es un tema muy importante; pero los ciudadanos tienen que tener la tranquilidad, que es lo que más me importa, de que en política de inmigración el Gobierno tiene un rumbo claro, que su posición es firme en la lucha contra la inmigración irregular, firme, y que trabajamos con toda la Unión Europea para tener una política común.

P.- Quería pedirle dos aclaraciones. En relación con el proyecto del Lehendakari de la convocatoria de consulta, el Gobierno ya ha anunciado que lo recurrirá una vez que se haya consumado toda la tramitación. Sin embargo, el Partido Popular también ha anunciado su intención de presentar un recurso y, al menos, tal como yo lo he entendido, no esperaría a agotar todo ese recorrido procedimental, lo cual, según algunos, podría dar lugar a una contaminación del recurso. A la vista de todo ello, lo que quería saber, en definitiva, es si el Gobierno tiene previsto establecer algún tipo de contacto con el Partido Popular para que no se produzcan esas disfunciones, si es que las hubiere, y para actuar conjuntamente en relación con este asunto, como de alguna forma se hizo anteriormente cuando llegó el Plan Ibarretxe al Congreso.

Otra aclaración que quería pedirle era en relación con las bombas racimo. Quería saber si en España, aparte de haber un arsenal, había producción y exportación de este tipo de armamento y, por tanto, si el acuerdo que se ha alcanzado afecta también a eso, en su caso.

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema, de nuevo, otra vez, quiero dejarlo bien claro: el Proyecto de Ley enviado por el Lehendakari al Parlamento vasco con el propósito de habilitar una consulta a la ciudadanía es, en opinión del Gobierno, manifiestamente contrario a la Constitución. Uno.

Es verdad que el Gobierno vasco pretende justificar la iniciativa utilizando dos argumentos, que, desde luego, a mi juicio, carecen de toda base y toda fundamentación jurídica porque, por una parte, apelan al carácter no vinculante de la consulta y, por otra, a que no se trata de una consulta popular por vía de referéndum. Ninguna de las dos cosas son así y, por lo tanto, tanto en un caso como en otro, y tanto un argumento como otro, son inconstitucionales.

Ahora bien, nosotros ya hemos dicho lo que vamos a hacer. En un Estado democrático, como es el nuestro, un proyecto de ley no es ley. Un proyecto de ley no es ley hasta que no lo aprueba un Parlamento. Habrá que esperar, por tanto, claramente, a que el Parlamento vasco debata, en su caso enmiende, si es que lo enmienda, o en su caso apruebe, si es que lo aprueba, la iniciativa del Gobierno vasco para poder impugnarlo ante el Tribunal Constitucional, porque a mí me parece que el respeto a la democracia parlamentaria no permite falsos atajos. Yo creo que eso está claro.

Eso es así, pero el Gobierno es y va a ser firme donde debe ser claramente, ajustándonos a la Constitución y ajustándonos a los procedimientos del Estado de Derecho y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que lo ha dejado bien claro.

Repito, firmeza y Estado de Derecho, que la firmeza y el Estado de Derecho son compatibles con el hecho de que el Gobierno lamente profundamente que el Gobierno vasco, en lugar de aprobar una norma que sirva a los demócratas para distanciarse de los violentos, apruebe una norma que violenta la Constitución y que, lejos de unir, divide a la sociedad vasca.

El procedimiento es el que hay. Yo no sé lo que va a hacer el Partido Popular. Yo le he entendido que va a recurrir y lo que he entendido es que va a recurrir cuando es posible el recurso, que es una vez que haya un elemento jurídico susceptible de ser recurrido, que es una ley. Antes yo creo que no es posible. Pero supongo que estaremos de acuerdo, porque eso es lo razonable.

Sobre las bombas-racimo, estamos ahora estudiándolo, porque sabe que el Tratado se ha aprobado hace muy pocos días. Nosotros hemos estado trabajando y participando en Dublín, en la Conferencia de Dublín, y ahora el Ministerio de Defensa está haciendo un informe sobre el alcance de la prohibición para todo lo que es la industria que hay en España en relación con este tema para cumplir estrictamente el Tratado y cumplir exactamente lo que establece también la Ley de control de armas que aprobamos en la pasada Legislatura.

Hay un plazo de ocho años. El Tratado establece un plazo de ocho años, espero que no tengamos que agotarlo y, desde luego, la decisión del Gobierno es adaptar ese Tratado internacional, en cuanto entre en vigor, en cuanto se ratifique, y, desde luego, adaptar toda nuestra industria en todos los elementos que les afecte al cumplimiento y al respeto de la prohibición de este tipo de armas, también en los aspectos de producción y exportación.

P.- Yo quería preguntar a la Vicepresidenta si el Gobierno colombiano se ha puesto ya en contacto con el español a raíz de las informaciones que hablan de que en el ordenador de Raúl Reyes, el dirigente de las FARC, habría datos de una supuesta conexión con ETA sobre planes para atentar en Madrid. Quería saber qué les ha transmitido el Gobierno colombiano y qué valoración hace el Gobierno de esta información.

Luego, una aclaración. Cuando ha hablado de inmigración ha dicho, creo, textualmente, que la integración se establece en la Ley. Entonces, mi pregunta es si con esto nos quiere decir que el Gobierno español descartar cualquier apoyo al contrato que Sarkozy quiere establecer durante la Presidencia francesa para los inmigrantes que accedan al territorio de la Unión Europea. ¿El Gobierno español hace de esto una cuestión, en el sentido de que sólo se aceptan las legalidades nacionales y las Directivas europeas, o estaría dispuesto in extremis a aceptar un contrato, pero más rebajado que lo que propone Sarkozy?

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema, como usted sabe, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están permanentemente en contacto con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de otros países y con los servicios de información de otros países en este tema, en la lucha contra el terrorismo. En este tema han estado y están.

Por lo tanto, le diré por lo demás que siguen trabajando en la cooperación y en la buena relación, además, que España tiene con Colombia, con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Colombia, con la Policía e Interpol y, desde luego, con los servicios de información; antes de que esa información se produjera, durante y después. Por tanto, tranquilidad y absoluta seguridad en que, si hay algún elemento, se trabaja de forma coordinada en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia internacional.

En relación con el tema de la inmigración, usted sabe que nosotros defendemos, lo hemos dicho muchas veces, que los elementos que conforman la integración de la inmigración regular de los ciudadanos que viven y trabajan en nuestro país con arreglo a la Ley, que están en situación de regularidad, vienen marcados en lo que son las normas de convivencia que establece la Constitución y que establece las leyes. Las leyes que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico son también las Directivas europeas, porque es también derecho interno. Por tanto, todo lo que es la Ley creemos que está ahí y creemos que no es necesario adicionar elementos que vienen del Derecho convencional para la adquisición de nuevos derechos por parte de los inmigrantes.

Dicho esto, estamos hablando con la Unión Europea y se está trabajando. No somos partidarios, porque creemos que no es necesario un nuevo contrato de adhesión que no sabemos muy bien qué aporta, más allá de lo que se establece en la Ley. Lo dijimos en su día y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Pero también digo que estamos trabajando con la Unión Europea. Yo creo que los elementos de este debate hay que verlos al final del debate, ver a qué puntos hemos llegado y qué acuerdos hemos suscrito, porque España somos un país que estamos liderando en Europa y promoviendo el que haya una política común en relación con la inmigración. Creo que hay que adoptar decisiones razonables también en relación al tema de integración y estoy segura de que podremos aproximar posiciones, porque algunos de los elementos de los que ahora se está hablando son elementos que en algunos países ya existen; no son tampoco nuevos. O sea que vamos a seguir trabajando en ello.

P.- Para el Vicepresidente. Ha rebajado la cifra de superávit para los próximos años. Me gustaría saber si aún mantiene la cifra prevista para este año, teniendo en cuenta, además, que el Gobierno ya ha reconocido que la Administración Central no va a aportar nada a ese superávit.

En segundo lugar, dado que la recaudación está cayendo en lo que va de año, ¿no es un poco optimista pensar que los ingresos van a crecer un 4 por 100 el año que viene?

Vicepresidente.- Primer punto, ¿tenemos una nueva cifra para este año? No, no hay una nueva cifra para este año. Somos conscientes de que con la caída de ingresos, como usted ha dicho, lógicamente se tiene que corregir la cifra final. He dicho alguna vez que nuestro deseo sería seguir manteniendo un superávit este año y, en todo caso, una situación de equilibrio.

¿Optimistas o pesimistas respecto al año que viene? Si pensamos en un crecimiento de la economía del 5 por 100, yo creo que un crecimiento del 4,2 por 100 es un crecimiento moderado. Es verdad que es sobre la presupuestación de este año, pero es cierto que el análisis que ha hecho la Agencia Tributaria, como siempre lo hace, para el cálculo de ingresos para el próximo año toma en consideración en cada uno de los impuestos fundamentales cuál es el comportamiento previsible, y ese comportamiento previsible se piensa que va a ser el que le he dicho.

Hay algunos elementos, como el IRPF, que siguen manteniendo una cierta fortaleza; hay algunos problemas de ajustes técnicos como consecuencia de avances de pagos del IVA o, mejor, de algunos temas referidos al IVA, y un problema derivado del Impuesto de Sociedades, que se ha considerado que este año no deben pagar conforme a la liquidación del año anterior los trimestrales, sino por lo de este año, y, por lo tanto, la liquidación del año que viene será superior. En el IVA el problema es, digamos, la devolución que se considera el año que viene, que será inferior como consecuencia del comportamiento de la importación.

Es decir, hay una serie de elementos técnicos que hacen pensar que esa cifra, por lo menos, es la mejor de las que podemos disponer en este momento.

P.- A la Vicepresidenta. Sobre el tema del Real Decreto Ley del agua tengo una duda. Usted ha dicho que se deroga el Real Decreto Ley y también se va a rescindir el contrato de la obra. Desde el Gobierno de la Generalitat se apunta la posibilidad de hacer, ahora o en el futuro, algún tipo de conexión entre el Ebro y la cuenca de Barcelona. ¿Cómo casa esto, digamos, con esta derogación o cuál sería la actitud?

Vicepresidenta.- En estos momentos lo que hay es un Real Decreto Ley que, como usted sabe, se aprobó por razones de extraordinaria y urgente necesidad. Ése es el objetivo y la causa de ese Real Decreto Ley, que era que se pudiera producir una situación grave de desabastecimiento en la ciudad de Barcelona, porque se venía produciendo una sequía y los niveles de la cuenca de Barcelona y la cuenca del Ter-Llobregat no tenían suficiente agua antes de que entrara en funcionamiento el 1 de junio la desaladora que va a cubrir el abastecimiento y va a garantizar para el futuro que todo tipo de problemas en lo que es el abastecimiento de agua quedarán solucionados.

Desaparecida esa situación, el propio Real Decreto Ley prevé un mecanismo de cese de su objeto, es decir, de autoderogación del Real Decreto Ley mediante un acuerdo por parte del órgano que declaró la emergencia, que es el Consejo de Ministros.

Por lo tanto, si consideramos, y lo vamos a abordar la semana que viene con la Generalitat de Cataluña, que las causas que determinaron la aprobación de ese Real Decreto Ley han desaparecido, entrará en vigor, y así lo declararemos en el próximo Consejo de Ministros mediante un acuerdo, la cláusula en virtud de la cual queda derogado el Real Decreto Ley y se procederá a abordar la rescisión de la adjudicación de una obra basada en un Real Decreto Ley por razones de emergencia. Punto.

A partir de ahí, si la Generalitat tiene los objetivos que tiene de construir en el futuro otro tipo de conexiones dentro de la cuenca para…, ése es un tema que lo abordará la Generalitat y, desde luego, lo conoceremos y, en lo que sea materia de nuestra competencia, cooperaremos. Pero es una cuestión diferente de la que aquí estamos hablando.

Muchas gracias.