Rueda de Prensa

Vicepresidenta.- Buenos días a todos y a todas. Hoy se ha celebrado el último Consejo de Ministros de 2004, que hace el número 36 de este Gobierno. Ha sido un Consejo denso e intenso, que resume bien el tipo de acción que hemos tratado de impulsar en estos 250 días de Gobierno: medidas de extensión de derechos civiles, medidas de progreso social y medidas de modernización. Contaré los asuntos con la mayor brevedad posible para dar tiempo al Ministro de Trabajo y Asunto Sociales y al Ministro de Industria, Turismo y Comercio, que me acompañan, para que hablen de los relevantes temas que sobre las competencias de sus Departamentos se han aprobado hoy.

Aún así, les ruego un poco de paciencia porque hoy, como les decía, hemos tratado numerosos asuntos de importancia política y social.

Quiero antes que nada trasladar nuestra condolencia a los Gobiernos y a los pueblos de India, Tailandia, Indonesia, Bangladesh, Malasia, Sri Lanka, Birmania, Islas Maldivas, Somalia, Kenia, Tanzania y las Islas Seychelles que sufrieron el maremoto del pasado domingo. Aunque lejos geográficamente, España se siente, en estas horas tan tristes, muy cerca de estos países y de los miles de familias afectadas por esta tragedia.

Las últimas informaciones que tenemos sobre españoles que estuvieron allí en las horas de la catástrofe nos dicen que en Tailandia son trece los desaparecidos, dos heridos hospitalizados en Phuket y otros dos en Bangkok. Por el momento se desconoce la situación de otras 22 personas, de las que únicamente tenemos constancia de que estuvieron en la zona como turistas.

En India, como saben, se desconocía la situación de una familia española, que afortunadamente ha sido hallada sana y salva. En Sri Lanka han sido hallados un total de cinco personas, entre ellos un bebé; los cinco podrían regresar en el avión de la AECI, que ha llegado a Phuket esta mañana. En las Islas Maldivas han sido localizadas seis personas, que volverán en vuelo regular. En el avión de la AECI podrían regresar los cinco españoles de Sri Lanka, como ya les he indicado, y un número indeterminado que oscila entre once y veinte personas, que se encuentran en Phuket.

Como pueden suponer, el Ministro de Asuntos Exteriores, las Embajadas españolas allí y yo misma estamos en constante comunicación para que la información fluya correctamente y para que podamos tomar decisiones con rapidez. Según vayamos sabiendo más, se lo iremos comunicando. Quiero decirles que se reciben alrededor de 500 llamadas diarias a la Dirección General de Asuntos Consulares.

El Consejo ha aprobado hoy, en relación con este tema, la ayuda de cincuenta millones de euros en créditos FAD para la reconstrucción de las zonas afectadas por el maremoto. También ha aprobado tres millones de euros del Estado para atender las demandas de las distintas organizaciones internacionales, bien de Naciones Unidas, bien de la propia Unión Europea.

El Ministro de Asuntos Exteriores ha entrado en contacto con la Presidencia actual y futura de la Unión Europea, así como con el Comisario Europeo para la cooperación al desarrollo, Louis Michel, y puedo informarles que la Unión Europea celebrará una serie de reuniones los próximos días 6 y 7 de enero: el día 6 va a haber una reunión de expertos sobre le sudeste asiático y el día 7 va a haber una reunión de Ministros de Cooperación para debatir y aprobar un plan general de ayuda y de reconstrucción para toda la zona. La tercera semana del mismo mes de enero habrá ya un Consejo de Asuntos Generales para la aprobación de este plan.

Asimismo, el Ministro de Asuntos Exteriores mantuvo ayer contacto telefónico con el Secretario de Estado norteamericano, señor Powell, para interesarse por la invitación comunicada por el Presidente Bush y mostrar nuestra disposición a contribuir a ella.

En definitiva, se va a tratar de coordinar toda la ayuda, bien a través de Naciones Unidas, bien a través de la Unión Europea.

Quiero poner de manifiesto que el Gobierno, como ustedes han podido comprobar, está atento a los acontecimientos y desde el primer momento hemos tratado de actuar con la mayor celeridad posible. La Agencia Española de Cooperación Internacional envió ya el martes un avión con ayuda a Sri Lanka y, aparte de los créditos que hoy hemos aprobado, también, a través de la reunión que hubo ayer del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica con los Embajadores en España de los países afectados, se han coordinado otras peticiones de ayuda humanitaria. Mañana saldrá un segundo avión con cincuenta personas: médicos, forenses, que nos han sido solicitados, y personal de Organizaciones no Gubernamentales con destino a Indonesia. Además, también va a desplazarse un avión Hércules para solventar las dificultades logísticas de las autoridades indonesias.

Esto es cuanto les puedo decir en relación con este tema, en donde hemos adoptado, como han podido ver, un conjunto de medidas.

En segundo lugar, el Consejo de Ministros de hoy ha aprobado el Proyecto de Ley por el que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, más conocida como la ley del matrimonio homosexual. Hemos estudiado con atención las observaciones y sugerencias del Consejo de Estado y hemos incorporado algunas de ellas. En todo caso, el Gobierno ha decidido mantener los rasgos esenciales de su proyecto y, en especial, la equiparación de los derechos de los homosexuales a efectos de contraer matrimonio.

El Proyecto que vamos a remitir al Congreso de los Diputados elimina una discriminación injustificada en el que el goce de un derecho fundamental, que se venía restringiendo, no afecta precisamente ni a la libertad ni a los intereses dignos de tutela de los derechos del resto de las personas, es decir, de las parejas heterosexuales, que no van a ver restringidos sus derechos por la ampliación de los derechos de la que van a beneficiarse otras personas.

Hemos escuchado numerosas voces respecto de este Proyecto, muchas favorables y algunas también críticas. Todas ellas nos parecen respetables; pero quiero exponerles que el propósito del Gobierno al promover esta iniciativa ha sido la de extender los derechos civiles a todos. Queremos eliminar todas las discriminaciones que frenan la realización de las personas a través del ejercicio de derechos, como el derecho a poder contraer matrimonio. El derecho a contraer matrimonio es un derecho de todos, sin distinción, y no puede concebirse como un privilegio de unos con exclusión de los demás. Ésa es la grandeza de los derechos civiles: cuanto más se reparten, a más tocamos todos; cuantos más ciudadanos disfrutan de sus derechos, más rica y civil se hace toda nuestra sociedad, es decir, más derechos tenemos todos.

El Gobierno ha decidido que todos los españoles que lo deseen, a través de este Proyecto de Ley, con independencia de su orientación o identidad sexual, todos, absolutamente todos, tengan derecho a contraer matrimonio y disfrutar plenamente de la vida matrimonial. Creemos que los españoles asumen con naturalidad el que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en condiciones de igualdad que las de sexo opuesto, y saben que esa decisión en nada afecta a su libertad.

En este momento, además, tan especial de ampliación de derechos civiles a un colectivo que ha sido tradicionalmente discriminado, el Gobierno quiere hacer un llamamiento a todos para que cese también cualquier discriminación hacia los homosexuales; también la discriminación sorda del menosprecio y del chiste fácil. Las personas a quienes estamos extendiendo el derecho al matrimonio no nos son extrañas, están cerca de nosotros, están en nuestras familias, a veces están en nuestro trabajo y, a veces, son nuestros vecinos o nuestros amigos. Pensemos un momento en ellos y celebremos con ellos que a partir de ahora tengan los mismos derechos que el resto de los ciudadanos.

La institución del matrimonio, he de decirles, no está amenazada por su apertura y reconocimiento a personas que hasta hoy no podían contraerlo; es más, todo lo contrario, la institución se refuerza en la medida en que da cabida y acoge en su ámbito a colectivos de personas iguales a las demás que hasta ahora tenían restringido este derecho.

En tercer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado un conjunto de normas a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, todas ellas de gran relevancia. Yo diría que hoy ha sido un Consejo evidentemente social, Ministro. Luego el Ministro les detallará las decisiones que hemos adoptado.

En primer lugar, se ha aprobado el nuevo Reglamento de Extranjería. Saben ya ustedes que veníamos trabajando mucho tiempo en ello y que responde a los criterios del Gobierno de tener una inmigración legal, regular y abordada con rigor. Pues bien, el nuevo Reglamento va a permitir ordenar nuestra inmigración de forma más racional y de acuerdo con una nueva visión de este fenómeno, que ya no es considerado como un problema, sino como una oportunidad y un reto. El Ministro y las fuerzas sociales han hecho un esfuerzo muy notable para llegar a acuerdos, y los han alcanzado. Debemos felicitarles y felicitarnos.

De manera que ahora tenemos un Reglamento que cuenta con una amplísima aprobación social, yo diría que la mayor de la historia de las normas de extranjería que se ha producido en nuestro país. Es un Reglamento, además, que ha incorporado todo el acervo comunitario y que, por tanto, está en la línea de las políticas europeas.

En tanto entre en vigor el Reglamento, que tiene un periodo de vigencia, hoy también se ha aprobado un acuerdo de prorrogar el del 19 de diciembre de 2003 por el que se determina el contingente de trabajadores extranjeros de regímenes no comunitarios en España para el año 2004. Es decir, mientras entra en vigor y ponemos en vigor el nuevo, se prorroga el anterior.

En tercer lugar, el Ministro de Trabajo ha elevado un informe al Consejo, del que hemos tenido conocimiento, sobre un tema trascendental: sobre el Libro Blanco sobre la Dependencia. Como saben, éste es un compromiso recogido en nuestro programa de Gobierno y un compromiso de investidura, adoptado por el Presidente del Gobierno en el discurso de investidura. Por tanto, lo primero que hacemos con la elaboración de este Libro Blanco que el Presidente del Gobierno se había comprometido a su vez en el Parlamento a dar a conocer antes de final de año, es que volvemos a cumplir de nuevo como Gobierno un compromiso. En el mismo se contrasta el envejecimiento de nuestra población y se proponen una serie de soluciones, tanto desde el punto de vista de la gestión, como políticas, como desde el punto de vista financiero, de las que el Ministro les informará.

Una vez conocido el informe hoy por el Consejo de Ministros, en los próximos días de enero el Ministro lo presentará ante el Parlamento.

Ha habido también varias decisiones muy importantes hoy relacionadas con el tema social y de empleo. En primer lugar, hemos aprobado un Anteproyecto de Ley que tiene por objeto incorporar al Estatuto de los Trabajadores una disposición adicional relativa a las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Es decir, se va a permitir que en los convenios colectivos puedan establecerse cláusulas posibilitando la extinción del contrato de trabajo al cumplir el trabajador la edad ordinaria de jubilación. El Anteproyecto se remite al Consejo Económico y Social y, con posterioridad, lo volveremos a conocer en el Consejo de Ministros. Es un tema importante, sobre todo, de cara a la negociación colectiva que se inicia dentro de unos días, a mediados del próximo mes.

En segundo lugar, se ha adoptado también una decisión relativa al Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, que es muy importante. Se reduce la edad de jubilación y esto va a afectar a cerca de 30.000 mariscadores. Saben ustedes que los trabajadores del mar tienen un régimen especial, con unas condiciones de trabajo de especial dureza, y ha habido una modificación hoy a la que el Ministro también hará alusión.

En tercer lugar, se ha subido el Salario Mínimo Interprofesional, que ha quedado fijado en 513 euros. Cumplimos de nuevo nuestro compromiso, por segunda vez en esta legislatura, de ir subiendo paulatinamente el salario inferior en este país, el Salario Mínimo. Es el 4,5 por 100 respecto de las vigentes entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2004.

Y quiero decirles y anunciarles que también les va a detallar con más rigor el Ministro que a lo largo de esta mañana se ha adoptado también un acuerdo del Gobierno, a través del Ministro de Trabajo con los agentes sociales, en relación con la modificación del Estatuto de los Trabajadores referida a la regulación en el mismo de la no pérdida en el futuro de poder adquisitivo por parte de los trabajadores en cuanto al Salario Mínimo se refiere. Saben que ayer hubo una discrepancia y, más que discrepancia, lo que quería el Ministro era traerlo para que lo conociera el Gobierno. Hoy el Gobierno lo ha conocido, ha vuelto a haber diálogo con los sindicatos y ha habido en este tema un acuerdo que se firmará en los próximos días. Me parece también una medida muy importante.

También quería decirles, para finalizar en este área, que hemos procedido a la regulación del subsidio de desempleo de los trabajadores eventuales del Régimen Agrario, que beneficiará a casi 300.000 trabajadores andaluces y extremeños. He de decirles que, sobre todo, de forma muy especial, afecta a mujeres.

El Consejo de Ministros ha aprobado también --pasando a otro orden de temas, de los que hablará con posterioridad el Ministro de Industria--, primero, el desplazamiento ya anunciado de la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones a Barcelona; ya lo dijimos hace tiempo, como recordarán. España no empieza ni termina en Madrid y es bueno para todos que los centros de decisión estén también en otras ciudades que puedan acogerlos. Hoy se ha aprobado un Real Decreto que recoge este traslado.

Además, el Ministro de Industria ha presentado hoy un Anteproyecto sumamente importante, que es el Anteproyecto de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrenal, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo. Es un conjunto de medidas urgentes que tienen como objetivo fundamental liberalizar más el sector de las telecomunicaciones, introducir mayores cuotas de pluralismo, como su propio título indica, y, desde luego, acelerar el proceso de modernización de nuestra comunicación. En definitiva, se trata de medidas que tratan de favorecer los derechos de los ciudadanos en el acceso a la información.

El Ministro de Industria les dará cumplida cuenta de este importante bloque de medidas.

Ha habido también un bloque de decisiones que afectan al sector ferroviario y de carreteras. Hemos aprobado el Reglamento del Sector Ferroviario, que supone la apertura a la iniciativa privada de manera inmediata para el transporte de mercancías, y para el 2010, como mínimo, para el transporte de pasajeros. El Gobierno será quien conceda las licencias necesarias a las empresas. Se crean dos nuevos órganos, como ustedes saben, como consecuencia de este cambio de las reglas de juego: RENFE-operadora, que se hará cargo de los servicio de transporte en competencia con otras empresas, y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que será el responsable estatal de la gestión y la administración de la infraestructura.

Dentro del Plan Extraordinario de Carreteras del Ministerio de Fomento, se han probado dos actuaciones con una inversión de casi ochenta millones de euros en Tarragona y en Málaga.

El Ministro de Defensa, por su parte, ha presentado tres iniciativas. La primera de ellas es un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Defensa Nacional. Como saben ustedes, el Presidente del Gobierno se había comprometido también a que antes de finalizar el año el Consejo tuviese conocimiento de este Proyecto de Ley. El Gobierno ha aceptado la propuesta del Ministro de Defensa de intentar un amplio acuerdo político con todas las fuerzas parlamentarias antes de aprobar el Proyecto.

Con este Proyecto de Ley Orgánica se cumple, por tanto, el compromiso del Presidente del Gobierno expresada en el Parlamento el pasado 27 de abril. Se lleva a cabo, además, un mandato del Congreso de los Diputados, que por cierto fue incumplido en la anterior legislatura, ya que era un mandato que se contenía en la disposición final séptima de la Ley 17/99, que encargaba el desarrollo de esta Ley.

La actual Ley de Criterios Básicos de la Defensa Nacional del año 1980 nos ha puesto de manifiesto que está claramente desfasada. No sirve para la modernización y operatividad de unas Fuerzas Armadas profesionales, que cada vez tienen mayor protagonismo internacional. Sirvió para la transición democrática, pero no es útil para la España democrática del siglo XXI. Por ejemplo, es una ley que no regula las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior, cosa que sí va hacer la nueva Ley. No prevé la existencia de un Ejército profesional y regula todavía el ejercicio del Servicio Militar Obligatorio y no hace referencia a las alianzas internacionales de España.

La nueva Ley de Defensa Nacional va a ser una ley moderna e innovadora para unas Fuerzas Armadas del siglo XXI, que ofrezca respuesta a las necesidades de un Ejército profesional y moderno, como el de España, y que tenga en cuenta la voluntad del Parlamento y los compromisos internacionales de nuestro país.

En segundo lugar en el ámbito de Defensa, el Consejo de Ministros ha acordado prorrogar hasta el 30 de junio de 2005 la participación de unidades y observadores militares en operaciones fuera del territorio nacional. Es la prórroga del llamado contingente. Se acuerda prorrogar hasta el 30 de junio la participación, por tanto, de nuestras Fuerzas Armadas en operaciones fuera del territorio nacional. Para este fin se fija la entidad máxima de efectivos militares para el conjunto de estas operaciones en 2.600 personas y se autoriza también el despliegue de un máximo de treinta observadores militares a disposición del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Quiero señalarles que en estos momentos tenemos 2.300 efectivos militares que se encuentran desplegados en misiones de mantenimiento de paz en Bosnia, en Kosovo, en Afganistán y en Haití. Hay desplazados también a la antigua Yugoslavia, Etiopía, Eritrea, Congo, Kosovo, Burundi y Sudán, así como doce oficiales de enlace en cuarteles generales multinacionales.

Finalmente, en este ámbito de Defensa se ha aprobado también un Real Decreto por el que se establece el Protocolo para la recuperación, identificación, traslado e inhumación de los restos mortales de los miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía fallecidos en operaciones fuera del territorio nacional. El objetivo de este Real Decreto es garantizar un tratamiento digno y respetuoso de los restos mortales de los miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía fallecidos en misiones fuera del territorio nacional, para evitar situaciones como las que se han producido en el pasado.

Este Real Decreto establece con minuciosidad los pasos que han de seguirse para la recuperación, identificación, traslado e inhumación de los cuerpos. Entre las cuestiones más destacadas que incluye el Real Decreto figuran la obligación de recuperar los restos mortales bajo los criterios de certeza y diligencia, y la de identificar los restos motales de forma positiva y contrastada. La inhumación de los restos mortales no se realizará --dice el Real Decreto-- hasta haber completado los procedimientos médico-forenses y hasta que se garantice la correcta identificación de los fallecidos.

En materia de Sanidad, se ha establecido un nuevo sistema de revisión de precios de medicamentos y de establecimiento de precios de referencia, y se han actualizado los márgenes para favorecer la contención del gasto farmacéutico que, como saben, es uno de los problemas endémicos de nuestra Sanidad pública.

Ha habido también un informe que ha conocido el Consejo de Ministros, elevado por mí misma, como Ministra de la Presidencia, sobre la futura Ley de Publicidad Institucional, que establecerá los criterios de las campañas institucionales de información para que éstas sean realmente lo que su nombre indica, de información y no de propaganda; para que el dinero público revierta en información necesaria y útil para los ciudadanos, y no en propaganda partidista, y para que desde luego se haga una gestión correcta de esos fondos públicos en orden a garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos de tener información de las actuaciones de la Administración del Gobierno, de la Administración pública, sin que esas actuaciones sean vendidas de forma partidista.

Nuestra intención es remitir inmediatamente las propuestas del Gobierno en lo que se refiere a lo que hoy es todavía sólo un borrador, del que, repito, he informado al Consejo de Ministros, a las Comunidades Autónomas para tratar de consensuarlo con todas ellas y, en cuanto ese consenso se haya producido, elaborar ya un Anteproyecto que será remitido en el mes de enero de nuevo al Consejo de Ministros para, en cuanto sea aprobado, remitirlo al Congreso de los Diputados.

Finalmente, quería decirles que ha habido también un último asunto, yo creo que muy importante para muchas familias, que es la de la ampliación de ayudas al sector pesquero andaluz afectado por la finalización del acuerdo de pesca con Marruecos, sucedida hace unos años, como recordarán.

Antes de terminar y de dar la palabra a los Ministros que nos acompañan, les deseo felicidad, buen año y paz. No es el momento ahora de hacer balances del año que acaba de terminar o que está a punto de terminar; sí decirles que en unos días, a principios del año que entra, el Presidente del Gobierno comparecerá ante ustedes para hablarles, no sólo de ese balance, sino de las perspectivas y los compromisos de futuro del Gobierno en los próximos meses.

Sr. Caldera.- Efectivamente, se ha aprobado el Reglamento que regula los derechos y los deberes de los extranjeros en España, más conocido como Reglamento de Extranjería, del que quiero destacar que quiere, y estoy seguro va a conseguir, facilitar la inmigración legal y ordenada. Ése es su gran objetivo y, al mismo tiempo, conectar la inmigración con el mercado de trabajo, de tal modo que quien esté trabajando debe tener derecho a un permiso de residencia. Ha tenido un amplísimo acuerdo social, como todos ustedes saben, y viene, además, avalado con los dictámenes favorables de todos los organismos a quienes se les ha solicitado. Este Reglamento entrará en vigor justo un mes después del día en que se publique en el Boletín Oficial del Estado.

Me gustaría destacar de forma breve que el Consejo Económico y Social ha valorado positivamente, no sólo el Reglamento, sino incluso su proceso de elaboración, dialogado con las distintas Administraciones y agentes sociales; que el Consejo General del Poder Judicial aprobó también por unanimidad el informe sobre este Reglamento y que hizo algunas observaciones que hemos aceptado --y ahora les daré cuenta de alguna de ellas-- y que el Consejo de Estado valoró muy positivamente el borrador del Reglamento de Extranjería, considerando el Consejo de Estado que "fortalece los mecanismos dirigidos a dar prioridad a la inmigración regular en España".

En su dictamen, aprobado por unanimidad, precisa que el proyecto no es una mera adaptación de la Ley, sino que "es un texto innovador que responde al cambio de orientación en la política de inmigración como política de Estado basada en el consenso", y califica de especialmente innovadora la disposición transitoria tercera del proyecto, que permite legalizar a aquellos inmigrantes que están trabajando y que no tienen documentos, y que así no pueden pagar cotizaciones a la Seguridad Social, ni pueden pagar los oportunos impuestos.

Entre las modificaciones incorporadas --les daré cuenta sólo de algunas--, están, por ejemplo, la propuesta por el Consejo General del Poder Judicial sobre la mención específica que se hacía a los imanes en el artículo 68.h del Reglamento. Como saben, los ministros de culto de las confesiones religiosas legalizadas en España tienen derecho a obtener un permiso de residencia, todos. Alguien pensó que se hacía una especial situación o se tomaba de forma especial a los imanes. No, era una simple decisión técnica. Hemos eliminado esa referencia para que quede claro que no hay ninguna preferencia, que todos los ministros de culto tienen exactamente el mismo tratamiento en aquellas confesiones inscritas en el Registro del Ministerio de Justicia.

A sugerencia del Ministerio de Educación se ha ampliado el concepto de investigadores y expertos, y se ha reconocido que las Universidades estaban incluidas entre las entidades que pueden invitar a investigadores o expertos mediante este régimen especial.

En cuanto a los trabajadores por cuenta propia, a sugerencia del Consejo de Estado se suprime la necesidad de contar con un período previo de ejercicio de la profesión o colegiación, y a sugerencia también, tanto del Consejo de Estado como del Poder Judicial, en la orden de internamiento de menores --y esto es importante-- será competente el juez de Instrucción para mayor garantía de los derechos del menor y no el juez de Primera Instancia, como figuraba en el borrador.

Éstas son algunas de las más importantes incorporaciones. Me gustaría acabar destacando el gran consenso que ha alcanzado este Reglamento. Estoy seguro de que permitirá aflorar economía sumergida, combatir el trabajo ilegal y favorecer el crecimiento económico y la integración social en España.

En segundo lugar, hemos aprobado, cumpliendo nuestros compromisos, el Salario Mínimo, como indicaba la Vicepresidenta, para el año 2005 con una subida del 4,5 por 100. Quiero destacar que un año el Salario Mínimo en España ha crecido un 13,1 por 100. Es una subida excepcional, es una subida desconocida, que avala el cumplimiento por el Gobierno de sus compromisos. El Salario Mínimo se había ido quedando muy bajo, es el más bajo todavía de los quince países de la Unión Europea, aunque ya con esta subida quedamos muy cerca de los últimos. El Gobierno ratifica su compromiso de que el Salario Mínimo llegue a 600 euros en esta legislatura y, por tanto, hoy hemos aprobado el Real Decreto que obliga a que desde el 1 de enero de 2005 el Salario Mínimo quede fijado en la cantidad de 513 euros al mes.

Como saben, y lo ha indicado la Vicepresidenta, ayer tuvimos una reunión con la Mesa del Diálogo Social, donde yo no retiré ningún documento, sino que lo que hice fue pedir más tiempo para su análisis, entre otras cosas, porque parecía oportuno que el Consejo de Ministros conociera el alcance de un acuerdo tan importante como éste. Quiero anunciarles con satisfacción que no se ha roto nada y que hemos concordado con los agentes sociales que en los primeros días de enero firmaremos el texto que ahora les entregamos, donde claro que figura una cláusula de revisión para la recuperación del Salario Mínimo, como siempre hemos defendido. Lo único que plantee ayer fue un poco más de tiempo para hacer el ajuste de su exacta concreción técnica.

Les anuncio que hemos hecho un pequeño cambio en la propuesta de cambio del artículo 27.3 del Estatuto de los Trabajadores, donde decimos que, teniendo en cuenta lo señalado en una serie de criterios anteriores, la revisión anual del Salario Mínimo Interprofesional deberá garantizar, en todo caso, el mantenimiento de su poder adquisitivo. Es decir, que sube el Salario Mínimo, hay acuerdo con los agentes sociales, subirá hasta los 600 euros en el año 2008 y habrá cláusula de revisión en el artículo 27.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Esa cláusula exigía una mejor definición técnica. Ésta es la propuesta que hoy les hemos hecho a los interlocutores, la han aceptado y, por tanto, aquí tengo el comunicado del Gobierno con el texto, donde anunciamos la intención de suscribir el documento sobre los criterios y orientaciones del Salario Mínimo Interprofesional y el IPREM para el período 2005-2008, lo que hemos comunicado a los interlocutores. Los interlocutores están de acuerdo y será firmado, con esta pequeña corrección que les he indicado, en los primeros días del mes de enero, porque mañana había dificultades para que algunos de los interlocutores pudiera estar presente. Lo llevamos a la primera semana del mes de enero pero, en todo caso, hay acuerdo cumpliendo, por supuesto, con los compromisos que había asumido el Gobierno.

En tercer lugar, y como indicaba la señora Vicepresidenta, el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley, para su envío al Consejo Económico y Social, sobre la fijación de la edad ordinaria de jubilación. Es muy importante este acuerdo, que recoge una vieja reivindicación de empresarios y sindicatos, y que permite, vinculado siempre a medidas de fomento de empleo --esto es muy importante--, que los convenios colectivos puedan decidir la edad obligatoria de jubilación, con algunas cautelas: tener 65 años cumplidos el trabajador o la trabajadora, haber cotizado como mínimo quince años al sistema de Seguridad Social, e incluso los convenios pueden establecer cláusulas adicionales, es decir, obligar a que la cotización no sea sólo de quince años, sino de veinte o de veinticinco, por ejemplo.

Pero todo ello queda vinculado a medidas siempre, fomento de empleo, es decir, que esa edad de jubilación no se establece de manera incondicionada, sino vinculada a la mejora de la estabilidad en el empleo, la transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo, la contratación de nuevos trabajadores... Es decir, en ese marco se podrá establecer la edad obligatoria de jubilación en 65 años, siempre que se haya cotizado suficiente a la Seguridad Social para obtener pensión.

Es un acuerdo muy importante.

También ha indicado la Vicepresidenta que hemos aprobado el Real Decreto y sustituye al de 1970 en relación con el trabajo excepcionalmente penoso, peligroso e insalubre de pescadores, mariscadores y percebeiros, que afecta a 28.405 mariscadores, pescadores de bajura y pequeños armadores, y que permite adelantar su edad de jubilación; es decir, permite establecer un coeficiente correctoso de los años cotizados para que este tipo de actividades, que son penosas, que son insalubres, que son duras, permitan a quienes ejercen esta actividad jubilarse antes con el reconocimiento pleno del cien por cien de sus derechos.

Quiero decir que éste es un debate muy antiguo y que es este Gobierno quien lo resuelve. Este Gobierno lo resuelve. Desde el momento de la publicación de este Real Decreto, que entrará en vigor inmediatamente, se facultará para que estas personas, que tienen un trabajo tan penoso, puedan adelantar la edad de jubilación.

No puedo darles una fecha concreta de la edad de jubilación, porque depende de sus períodos de cotizaciones. Lo que hace el coeficiente corrector es que por cada año cotizado considera que, a efectos de Seguridad Social y a efectos de pensión, se ha cotizado más tiempo. Sin duda, esto está pactado con las cofradías de pescadores, es una vieja reivindicación de ellos y yo me encuentro muy satisfecho de que hayamos podido aprobarlo hoy.

De igual modo, 30.000 trabajadores eventuales del Régimen Especial de la Seguridad Social Agraria de Andalucía y Extremadura se beneficiarán de manera estable del subsidio por desempleo con carácter indefinido. Esto afecta, sobre todo, a mujeres y afecta a las zonas más deprimidas. No tendremos ya que modificar cada año o establecer cada año la garantía de que van a seguir percibiendo este subsidio por desempleo, sino que lo hacemos de forma permanente en relación con las exigencias de jornadas reales cotizadas para tener acceso a lo que se conoce como PER, a lo que se conoce como ayuda estable de subsidio por desempleo.

Por último, de forma muy rápida, he informado, aunque ahora empieza el debate, del Libro Blanco de la Dependencia. Yo quiero felicitar a los autores del mismo. Han cooperado técnicos, Universidades, Comunidades Autónomas y funcionarios en la redacción de este documento, que es muy amplio y que pretendo presentar al Parlamento para iniciar el debate.

Como saben, quiere este sistema, y ése es el compromiso del Gobierno, construir un modelo de atención a la dependencia de carácter nacional que pueda atender las necesidades de las personas que por sí mismas ya no pueden valerse, que necesitan ayuda, por ejemplo, para vestirse, para las tareas del hogar, para su propio aseo personal, con una serie de prestaciones desde asistencia a domicilio, a plazas residenciales, centros de día...; todo ello en el convencimiento de que el envejecimiento progresivo de la población, que se está produciendo en nuestro país, nos exige tomar estas medidas. Ya tenemos un millón de personas en esta situación, pero en diez o quince años serán bastantes más.

Ésta sí que es una gran medida de calado social que debe ser, como dice el Libro Blanco, cofinanciada por todas las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Estado y, que también, como ocurre ahora, debe ser pagada en parte por las familias que reciben el servicio. Hoy lo pagan prácticamente todo y, por tanto, se trata ayudarles a que puedan tener estos servicios de acuerdo con sus recursos.

El texto propone, digamos, que los criterios fundamentales de implantación de este sistema sean: universalidad en la prestación; carácter público de esa prestación; igualdad en el acceso; valoración y reconocimiento único en toda España; gestión descentralizada con Comunidades y Ayuntamientos; financiación compartida Estado-Comunidades Autónomas-Ayuntamientos; participación de los usuarios en el pago del servicio de acuerdo con sus recursos; prestación preferente de servicios antes que económica; compatibilidad de la provisión pública de servicios y la acción concertada con la iniciativa privada y, por último, articulación de la atención a la dependencia a través --proponen-- de una ley estatal de carácter básico en el marco de desarrollo de la Seguridad Social.

Todo esto lo presentaremos al Parlamento, a los grupos políticos y a los interlocutores sociales en la Mesa de Diálogo e iremos construyendo los mimbres para aprobar en su momento, el año que viene, la Ley que regule el Sistema Nacional de la Dependencia.

Vicepresidenta.- Antes de darle la palabra al Ministro de Industria quería decirles que hay un tema que no les he mencionado, del que ahora les dará cuenta el Ministro de Industria también, porque es de su área, y es que se han aprobado las tarifas eléctricas para 2005.

Sr. Montilla.- Unas breves referencias a los temas de una cierta importancia acordados por el Consejo de Ministros a propuesta de este Ministerio.

En primer lugar, la Vicepresidenta hacía alusión al acuerdo sobre el traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a la ciudad de Barcelona. Como ustedes saben, el Presidente del Gobierno durante la campaña electoral se comprometió, dentro de la visión de la España plural que tiene este Gobierno y que tiene el partido que le da soporte, a plantear la posibilidad de desconcentrar geográficamente organismos reguladores a lo largo del Estado.

El traslado de un organismo regulador implica un cambio de sede, sin que por esto tenga que haber un menoscabo de las funciones que tiene encomendadas y no supone ninguna merma en la capacidad y eficacia que haya podido seguir ejerciendo desde su creación, y nada tiene porque afectar a su objetividad y a su imparcialidad. En el caso de la CMT, además, no existe ninguna norma jurídica que establezca donde debe residir el organismo regulador, dejando esta potestad al Gobierno, que es el que organiza la Administración del Estado.

La CMT seguirá adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que ejerce las funciones de coordinación entre la Comisión y el Ministerio.

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros lo que precisa es que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tendrá su sede en la ciudad de Barcelona. A continuación, regula el que la propia CMT organizará el traslado a lo largo del año 2005 y, por último, faculta al Ministro a tomar las decisiones necesarias para el cumplimiento del mencionado Real Decreto.

La segunda cuestión a la que hacía alusión la Vicepresidenta es la que tiene que ver con la tarifas eléctricas para el año 2005. Las tarifas crecen un promedio global del 1,71 por 100 frente al el 1,72 por 100 de crecimiento en el año 2004, como ustedes saben. Las tarifas para los consumidores domésticos suben un 1,74 por 100 en términos nominales, lo que supone una rebaja en términos reales al ser la subida menor que la previsión de crecimiento de inflación.

Se aprueba también una cantidad de ochenta millones de euros con un destino específico, que es muy importante, que es el de mejorar la calidad del servicio eléctrico, que se aplicarán a través de planes acordados en régimen de cofinanciación con las Comunidades Autónomas y con las propias empresas. En estos planes de mejoras de la calidad del servicio, cuya dotación para el año 2005 se incrementa en treinta millones de euros, es decir, un incremento de un 60 por 100 respecto a la del año 2004, se exigirá un mayor esfuerzo inversor a las empresas distribuidoras en la medida en que dicha calidad que presenten en sus zonas sea menor.

Las tarifas para pequeñas y medianas empresas y medianas industrias, para el sector de servicios conectadas en baja tensión y para las medianas y grandes empresas se incrementarán en 1,61 por 100 respecto al año 2004, por debajo, por lo tanto, de la media de crecimiento, como una muestra también de esa apuesta que desde el Gobierno se hace por mejorar la productividad y la competitividad de nuestras empresas. La tarifas de acceso para los consumidores del libre mercado se incrementan en 1,71 por 100, el mismo porcentaje de crecimiento también de otros derechos que se regulan en el Real Decreto: los de acometida, enganche y verificación.

La tercera cuestión a la que hacía referencia la Vicepresidenta es que el Gobierno ha aprobado un plan de impulso de la Televisión Digital Terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo. Este Plan incluye un Anteproyecto de Ley de medidas urgentes, con el objetivo de disponer de un marco legal adecuado, que canalice el impulso de la Televisión Digital Terrestre, liberalice el servicio de difusión de radio y televisión por cable, y fomente el pluralismo en el sector audiovisual.

Junto a este Anteproyecto de Ley, que ahora les detallaré, les anuncio que en el marco de este Plan el Gobierno modificará, mediante Real Decreto, antes del verano de 2005 el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre. Asimismo, también, y a la mayor brevedad, durante estos seis meses se asignarán las frecuencias para nuevos programas en digital de cobertura estatal. Me refiero a los programas actualmente libres por la desaparición de Quiero TV y es voluntad del Gobierno que estos programas puedan iniciar sus emisiones en otoño de 2005.

Esta voluntad del Gobierno de impulsar el pluralismo y el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre se concreta en el adelanto del apagón analógico a principios de 2010, que contemplará el Plan al que antes hacía referencia. Es decir, se adelantará en dos años, de 2012 a 2010, la fecha límite del periodo de transición a la Televisión Digital Terrestre, un apagón que se iniciará de forma escalonada a partir de principios de 2008. Será escalonado, porque se coordinarán las fechas de lanzamiento de las televisiones de cobertura estatal con las autonómicas y locales digitales. Los nuevos programas de cobertura estatal iniciarán sus emisiones en otoño del próximo año; como comentaba los programas autonómicos tienen la obligación --la mayoría ya están emitiendo en digital-- de hacerlo este primero de enero y las televisiones locales digitales lo harán progresivamente a partir del mes de agosto.

Como último elemento de este Plan de impulso a la televisión digital, el Gobierno iniciará de forma inmediata conversaciones con el sector audiovisual y con los instaladores y fabricantes de equipos de recepción para acordar las medidas concretas y necesarias que aseguren una rápida implantación de la Televisión Digital Terrestre en España con más contenidos, con más calidad y con más equipos accesibles para el conjunto de los ciudadanos.

A continuación, paso a detallarles los principios o los principales contenidos de este Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo, Anteproyecto que modifica diferentes artículos de la Ley de Televisión Local por Ondas Terrestres, de la Ley General de Telecomunicaciones en relación con la televisión por cable y de la Ley de Televisión Privada.

En relación con la televisión local digital, cabe destacar que las Comunidades Autónomas tendrán flexibilidad para determinar el número de programas reservados a la gestión pública, garantizándose, al menos, un programa público por demarcación. En la legislación actual exclusivamente sólo puede haber un programa público.

Asimismo, las Comunidades Autónomas dispondrán de ocho meses, a contar desde la aprobación del Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Local, para la convocatoria de concursos y adjudicación de concesiones. Junto a lo anterior, el Anteproyecto de Ley equipara la concesión para las prestaciones del servicio de las televisiones digitales locales a diez años, un periodo igual al ya establecido para las televisiones autonómicas y para las de cobertura estatal.

La modificación de la Ley General de Telecomunicaciones que recoge este Anteproyecto de Ley elimina las restricciones a la competencia en el servicio de difusión de radio y televisión por cable, ofreciendo la posibilidad de aparición de nuevos operadores en todas las demarcaciones del territorio español.

La liberación prevista en la Ley General de Telecomunicaciones para 31 de diciembre de 2009, de la que hoy proponemos su modificación, se adelanta en más de cuatro años porque será efectiva cuando se apruebe el reglamento del servicio de difusión de radiotelevisión por cable que, como he mencionado, también se hará antes del verano de 2005.

El Anteproyecto de Ley también modifica la Ley de Televisión Privada, que establecía el límite de tres operadores de cobertura estatal, toda vez que este número fue superado por las concesiones de televisión digital. De este modo, se favorece un mayor pluralismo en el ámbito de la televisión privada.

Por último, se hace compatible la presencia accionarial en sociedades concesionarias de televisiones analógicas y digitales de cobertura estatal para todo el período de transición a la digital terrestre, a fin de facilitar las inversiones en televisión digital de cobertura nacional.

De este modo, el Gobierno quiere poner fin al periodo de indefinición y estancamiento de la Televisión Digital Terrestre, que ha perjudicado y perjudica directamente a los operadores de televisión que están obligados a difundir en digital los mismos contenidos que difunde en analógico; a la industria de receptores, que realizó fuertes inversiones de fabricación y colocación del producto en el mercado; al sector de la distribución que obviamente no puede argumentar ante los consumidores un nuevo producto, porque es idéntico al que reciben en analógico; a la industria nacional de fabricación y comercialización de equipos para transmisión, recepción y adaptación de antenas colectivas, y al desarrollo tecnológico nacional, porque se coarta el despliegue y el fomento de la industria española de consumo y de las tecnologías de la información, que perdería grandes oportunidades ante la evolución de la industria europea y tendría una posición competitiva de desventaja ante esta industria; y, sobre todo, a los ciudadanos porque la actual situación les niega el acceso a una oferta más plural, más amplia y de mayor calidad y porque, cuando adquieren equipos digitales, ven frustradas su expectativas.

Por todo ello, el Gobierno con este Anteproyecto de Ley y con este Plan da un impuso decidido a la Televisión Digital Terrestre, a la liberalización de la televisión por cable y al fomento del pluralismo en el sector audiovisual español; pluralismo tanto en la oferta de nuevos programas televisivos, como en la recepción de nuevos contenidos de calidad por parte de los ciudadanos. Con estas medidas se pretende que a finales de 2005 en los hogares españoles, en abierto y de forma gratuita, puedan recibirse, al menos, veinte programas en Televisión Digital Terrestre.

P.- Tengo cuatro preguntas para el Ministro de Trabajo, todas sobre el Salario Mínimo Interprofesional. Quería preguntarle, en primer lugar, si podía explicarnos exactamente en qué consiste el nuevo acuerdo sobre la cláusula de revisión. En segundo lugar, ¿esta revisión se puede hacer anualmente con respecto a la inflación, para que no pierda poder adquisitivo? En tercer lugar, ¿ha dado su visto bueno a este nuevo punto el Vicepresidente económico del Gobierno? Y, en cuarto lugar, ¿ayer no se produjo un nuevo ejemplo de falta de coordinación en el seno del Gobierno, entre los Ministerios de Economía y de Trabajo?

Sr. Caldera.- Pues no. No se produjo ninguna falta de coordinación. Repito que, como saben los interlocutores, sencillamente planteé que necesitábamos más tiempo e informar al Consejo de Ministros. Ésta es una decisión de todo el Gobierno.

Va a haber cláusula de revisión, como dice el documento. El documento es un documento político, que luego hay que trasladarlo a la reforma del artículo 27.3 de la Ley, y en él queda plenamente garantizada la cláusula de revisión tal y como estaba establecida en el acuerdo original. Sólo hay una modificación, que es una modificación ligera: antes se decía "sin perjuicio de la aplicación de lo señalado en el apartado anterior" y creo que ahora se dice "de acuerdo con lo señalado en el apartado anterior". Es decir, la revisión del Salario Mínimo y la cláusula de garantía, que se establece de forma inequívoca, también tienen que tener en cuenta una serie de factores que se indican en el punto segundo. Ése es el único cambio. Se firmará, espero, no tenemos el día concreto, en la primera semana de enero.

P.- Sobre el matrimonio homosexual me gustaría saber si me podrían destacar cuáles son las principales novedades que incorpora el texto que enviará a las Cortes respecto al texto original que se trató en Consejo de Ministros.

Me gustaría saber si establece o se puede establecer alguna garantía jurídica con el objeto de que esta norma y este derecho se mantenga independientemente de los Gobiernos sucesivos.

Por último, no sé si me podían hacer una valoración del último documento aprobado por la Conferencia Episcopal en el que, como saben, se hacían determinados juicios de valor sobre la ética de la condición homosexual

Vicepresidenta.- En cuanto al primer punto, como le he dicho, se mantienen sustancialmente las características del proyecto tal y como lo conocen ustedes.

Hay modificaciones técnicas que afectan a bastantes preceptos del Código Civil en lo que se refiere a la terminología utilizada en el ámbito, sobre todo, de la adopción y de la afiliación. Ha habido que ir mirando todos los artículos para adecuar la terminología a la nueva concepción que existe ahora de matrimonio que puede ser contraído tanto por personas del mismo sexo, como de distinto sexo. Entonces, eso tiene consecuencias, fundamentalmente, más que en la regulación y en las consecuencias, en la denominación o en la terminología en el ámbito de cualquier tipo de afiliación.

Ésas son las modificaciones fundamentales que se han incorporado al Anteproyecto. También, alguna cuestión de redacción de tipo gramatical para que quedase mejor escrito. No ha habido cambios realmente sustanciales con respecto al texto inicial.

En cuanto al segundo tema que usted me plantea, las leyes se aprueban democráticamente en el Parlamento. Los Gobiernos tienen la primera palabra, como nosotros tenemos la primera palabra, y la última palabra la va a tener el Parlamento. Son los Parlamentos quienes las aprueban y en democracia la garantía de que las leyes pervivan es que los Parlamentos próximos las mantengan; es decir, que no haya un Parlamento con posterioridad o un Gobierno con posterioridad que quiera, con otra mayoría distinta, cambiar la Ley.

Lo que suele ocurrir, lo que nos dice la Historia, es que las instituciones que se van incorporando a la sociedad civil en sus nuevas regulaciones, en la medida en que se asientan, normalmente casi ningún Gobierno las suele cambiar. Pero eso nunca queda, en una democracia, garantizado del todo si hay otra mayoría parlamentaria que legítima y democráticamente quisiera cambiarlo. Ahí no se puede establecer ninguna garantía que no sea nada más que la garantía del principio democrático.

En cuanto al tercer asunto que usted me plantea, no voy a hacer comentarios porque creo que no es del ámbito de la incumbencia del Gobierno el hacer comentarios que hace la Iglesia. Yo respeto mucho las posiciones de la Iglesia, creo que la Iglesia puede hacer las manifestaciones que considere oportunas dentro del ámbito de sus competencias y que eso nada altera ni nada tiene que ver con las competencias del Gobierno, que, como le he señalado al inicio de la intervención cuando hablábamos de este tema, el Gobierno lo que está haciendo es ampliar derechos civiles de los ciudadanos, derechos de ciudadanos que hoy no tenían y que, a partir de mañana, es decir, cuando la Ley se apruebe, van a tener.

No restringir ni la libertad ni el derecho de nadie, eso es lo que está haciendo este Gobierno y eso es lo que al Gobierno le interesa que quede claro, con independencia de las manifestaciones que puedan hacer otras personas que, más allá de la discrepancia, no creo que sea éste el lugar para establecer la polémica.

P.- A la señora Vicepresidenta le quería preguntar cómo está observando el Gobierno que en estos momentos se está produciendo en el País Vasco el debate sobre el llamado "Plan Ibarretxe" o plan soberanista para el País Vasco, que impulsan los nacionalistas.

Por otro lado, al señor Ministro de Trabajo quería preguntarle si han renunciado ya ustedes a ofrecer un Pacto de Estado al Partido Popular. Ya sé que incumbiría también a agentes sociales y a otro tipo de instancias; pero ¿en concreto con el Partido Popular, que era algo que ustedes siempre habían deseado, han renunciado ya, porque lo creen imposible, a hacer un Pacto de Estado en este país por la inmigración?

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema que me plantea, la verdad es que no hay nada nuevo. Para el Gobierno no hay nada nuevo, no ha cambiado nada. El "Plan Ibarretxe" es contrario a la Constitución, está fuera de la Constitución y, por tanto, no debe ser aprobado. Ésta es la opinión que el Gobierno ha mantenido, mantiene y mantendrá.

Sr. Caldera.- Creo que es evidente que este Gobierno está haciendo una política de Estado en materia de inmigración. El enorme consenso social y político alcanzado con el Reglamento de Extranjería así lo demuestra; pero, además, en el Parlamento se ha dado un amplio acuerdo también sobre las políticas de integración de los inmigrantes que son otra pata fundamental para garantizar nuestra convivencia.

Con respecto a todo ello, el Partido Popular tiene una posición un tanto ambigua; sin embargo, quiero destacar que el Partido Popular considera el Reglamento bien fundamentado y que discrepa sólo parcialmente del proceso de legalización que regula la disposición transitoria tercera. Yo quiero que sepa el Partido Popular que tiene la mano tendida del Gobierno y que me gustaría que el PP se pudiera incorporar a esta política de Estado; si ustedes quieren, firmar un gran acuerdo de Estado, claro, entre todos.

Creo que los elementos fundamentales que rodean la política de inmigración del Gobierno son ya compartidos de forma muy amplia por empresarios, sindicatos, fuerzas políticas, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas en su inmensa mayoría, y me gustaría que se incorporara el Partido Popular dado que la diferencia en el planteamiento es pequeña. Sólo se discrepa de la transitoria tercera y ni siquiera de toda la transitoria tercera, porque el PP también apuesta por la figura del arraigo laboral, sólo que consideraba que había que establecer otras condiciones para la legalización de estos trabajadores.

Por tanto, como la distancia no es grande, sí, a lo largo del año 2005 voy a intentar por todos los medios alcanzar un acuerdo con el Partido Popular. Ojalá pueda ser.

P.- La Vicepresidenta del Gobierno ha dicho que todo empieza en Madrid y no acaba en Madrid, pero últimamente muchas cosas empiezan en Madrid y acaban en Barcelona, por lo que estamos viendo. Entonces, yo quería preguntarle al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales por qué ha cambiado de opinión respecto al traslado de una parte del Archivo de Salamanca a Barcelona.

Al Ministro de Industria quería preguntarle si va a haber otros organismos que se van a trasladar a otras autonomías, como el de Telecomunicaciones que va a Barcelona.

También me gustaría conocer, ya que tenemos la oportunidad de hacerle esta pregunta, si considera que la palabra "nación" debe incluirse en el nuevo Estatuto de Cataluña; si cree que el pluralismo en el mundo de la información y de la comunicación va a estar garantizado con este nuevo desarrollo en el ámbito audiovisual, o si cree que esto va a beneficiar a los grandes grupos que hoy día están concentrando los medios de comunicación, en menoscabo de iniciativas profesionales o de nuevas iniciativas empresariales que pudieran tener acceso al mundo de la comunicación.

Vicepresidenta.- Unas cosas terminan en Barcelona; otras, en Madrid; otras, en Sevilla, en muchos sitios de España... En Zaragoza, por ejemplo, la Expo.

Sr. Caldera.- Yo no he cambiado de opinión. Tengo la fortuna de ser bastante congruente. No sé si me equivocaré o no. Es posible que haya cosas en las que me equivoque, pero la congruencia la tengo acreditada y he escuchado algunas declaraciones de líderes del PP haciendo referencia a unas declaraciones mías en las que no me reconozco. Les pido por favor, porque se habla de hemerotecas, que me busquen la hemeroteca, porque no lo veo por ningún sitio.

No, no he cambiado de opinión. El informe de la Comisión de Expertos sobre el llamado Archivo de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, es un informe que respeta la unidad de archivo, que es lo primero que hay que decir; la respeta plenamente. Demuestra que ese Archivo se va a mantener, no se va a segregar; por tanto, es un Archivo que va a continuar en esa sede física y que va a continuar con las mismas características que tenía hasta ahora. Mejor dicho, características distintas porque se va a ampliar: proponen que se amplíe en medios materiales en un nuevo edificio y en series documentales que están distribuidas por toda España.

Fíjense, no hay un solo Archivo de la Guerra Civil; hay hasta once archivos donde se depositan documentos sobre la Guerra Civil, por cierto, algunos de ellos con más fondo documental que el de Salamanca. Lo que propone la Comisión es que se remitan a ese Archivo y se convierta en un gran centro de documentación todos los documentos referentes a ese período histórico que están en otros Archivos.

Por lo tanto, no se disgrega, se proponen más medios y sí autoriza la devolución de algunos documentos. Son los archiveros quienes lo dicen, y los expertos, considerando que no rompen la unidad ni de serie ni de documentación. ¿Sabe usted por qué lo recomiendan? Porque son documentos que pertenecen a una institución legítima, reconocida en Derecho, como es la Generalitat.

Imagínese usted: ahí hay actas del Consejo de Gobierno de la Generalitat. Piense usted si en ese Archivo estuvieran, por ejemplo, las actas de sesiones del Ayuntamiento de Madrid. Estoy convencido de que el Ayuntamiento de Madrid pediría su restitución. Por eso, la Comisión considera que, como eran titulares legítimos de esos derechos, se puede proceder a la devolución de esos documentos. Por cierto, son el 2''5 por 100 del total y la inmensa mayoría de ellos pertenecen a un periodo anterior a la Guerra Civil, ni siquiera son de la Guerra Civil.

Dicho esto, creo que hay que serenar el debate, entenderlo así. Yo defiendo la unidad documental, defiendo la existencia de Archivos; desde luego, el de Salamanca, que es mi tierra. Yo amo a mi tierra por encima de cualquier otra cosa y les garantizo que en Salamanca habrá un excelente centro de documentación, un magnifico Archivo, mucho más potente que el que hay ahora.

Sr. Montilla.- Por supuesto que este Plan al que he hecho alusión, el Plan de impulso de la Televisión Digital Terrestre y la liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo, fundamentalmente lo que persigue es, pensando en los ciudadanos, el que haya más oferta televisiva y más variada, por lo tanto, más plural. Y, por supuesto, también en este Plan, como he hecho alusión, pensamos en la industria; en el amplio sentido de la palabra, en la industria nacional del sector. Eso es lo que pensamos: que con estas propuestas habrá más pluralismo, habrá más servicios al alcance de los ciudadanos y habrá un impulso a la industria nacional, a las diversas industrias nacionales del sector.

Respecto a otras cuestiones, las cuestiones semánticas no son mi especialidad.

P.- En primer lugar, a la Vicepresidenta. A la espera de este balance más detallado que nos anuncia por parte del Presidente, quería pedirle si nos pudiera anticipar el suyo sobre dos cuestiones concretas, a la vista de estos 250 días, sobre la estabilidad parlamentaria y los equilibrios en política territorial. A la luz de ello, ¿cuál sería el punto de vista del Gobierno sobre los ofrecimientos que está dirigiendo Esquerra Republicana para dar una mayor solidez al entendimiento que ha habido hasta ahora?

En segundo término, sobre esa cuestión de los documentos del Archivo de Salamanca, ¿el Gobierno tiene decidido cómo llevar a cabo la medida ya anunciada? Es decir, ¿habrá una Orden Ministerial? ¿Cuál sería el rango? ¿Pasará o no por el Consejo de Ministros? ¿Dará ocasión o no a algún tipo de tratamiento parlamentario, como había planteado la oposición?

Al señor Montilla, un poco en el área conceptual que planteaba mi compañero, quería preguntarle sobre el futuro inmediato del debate sobre el Estatut. Hoy hemos leído que el Presidente Maragall pedía una cierta celeridad en la confección de los trabajos preparatorios. ¿Cuál sería un poco el calendario previsible? Y, sin querer que incida mucho en la cuestión semántica, quería preguntarle sobre la polémica que ha habido sobre el concepto "Comunidad Nacional".

Vicepresidenta.- En cuanto a la estabilidad parlamentaria, creo que hemos tenido una estabilidad parlamentaria muy, muy, razonable. El balance es claramente positivo. Se ha aprobado un conjunto muy importante de leyes, todas las que habíamos comprometido con los ciudadanos para llevarlas a cabo en este período. Muchas de ellas se han aprobado por unanimidad y las que no han sido por unanimidad lo han sido con un altísimo nivel de consenso. Hemos hecho un trabajo yo creo que muy importante y los Grupos, un esfuerzo muy importante de acercar posiciones, de dialogar, que nos ha llevado, yo creo, a unas mejores leyes, porque para eso está el Parlamento. Hemos sacado las mejores leyes posibles, hemos sacado los mejores acuerdos posibles y hemos sacado el mejor Presupuesto posible, hemos sacado un Presupuesto también aprobado con un amplio respaldo parlamentario.

Yo creo que el balance de estos 250 días, de estos ocho y pico meses, es un balance, desde el punto de vista político y parlamentario, del que nos sentimos francamente satisfechos. Vamos a seguir trabajando en la misma línea, vamos a seguir buscando, en todo caso y en todo momento, el mayor acuerdo con todos los grupos, no sólo con los que nos han ofrecido una estabilidad, como son los grupos que hasta ahora nos vienen apoyando, como el Grupo de Esquerra o el Grupo de Izquierda Unida, sino también en muchas ocasiones saben ustedes que también les hemos ofrecido el consenso al Partido Popular.

Ha habido algunas cosas que las hemos consensuado también con el Partido Popular y ésa va a ser la línea de trabajo que van a seguir el Grupo Parlamentario y el Gobierno: buscar acuerdos amplios para que las reformas tengan la base más sólida, sean mejores y afecten a todos; que la mayoría de los ciudadanos se puedan sentir identificados con ellas.

Ése es, desde luego, nuestro espíritu, como es también nuestro espíritu en lo que se refiere al... Usted ha hablado de "equilibrio territorial". Yo no creo que --me lo habrán oído decir en algunas ocasiones-- en este país haya un problema de peligro territorial.

Yo creo que tenemos un modelo de Estado que nos hemos dado los ciudadanos en el año 1978, reconocido por todos, el Estado de las Autonomías, que ha venido funcionando en estos veintiséis años ya, dándonos los mejores años de prosperidad y estabilidad. Como hemos dicho en diversas ocasiones, en esta legislatura, después de haber tenido muchísimos años en que algunos Estatutos no se han modificado, las Comunidades, por ejemplo, del artículo 151 donde no ha habido modificación alguna ahora consideran que es razonable hacer revisión de sus normas para mejorarlas.

Estamos en esa fase. El Gobierno la ve como una fase que ha de verla en positivo, porque tiene que servir, en cualquier caso, para mejorar el funcionamiento de nuestros sistemas legales, de nuestros sistemas políticos, e, incluso, para incrementar algo que yo creo que es importante, que son los sistemas de cooperación entre las distintas Administraciones que componen este Estado complejo que nos hemos dado.

Lo vemos con tranquilidad, lo vemos sin peligro y lo vemos de una forma, si quiere, a lo mejor, un poquito apasionada, porque es apasionante el debate para mejorar las estructuras de convivencia de nuestro país sabiendo, además, que los límites están puestos y que, por tanto, por mucho que haya algunas voces que quieran transmitir miedo o peligros, la verdad es que el Gobierno, en principio, no ve ni esos miedos ni esos peligros, porque tiene la garantía de una Constitución que está ahí, apoyada por todos, y de que todas las reformas se van a mover dentro de los límites de esa Constitución. Eso es todo lo que le puedo decir.

En cuanto al Archivo de Salamanca, hoy lo único que hemos conocido es un informe de la Ministra. La Ministra ha informado al Gobierno de lo que ya sabíamos por los medios de comunicación: del informe del Comité de Expertos. Ahora debe reunirse el Patronato del Archivo. A partir de ahí, una vez reunido el Patronato y que conozca el informe, el Gobierno hará suyo el informe y lo remitirá al Parlamento. Se va a buscar una fórmula jurídica y no le sé decir ahora si va a ser Orden Ministerial, porque eso yo creo que es lo de menos; pero espero que en un plazo muy razonable de tiempo el tema esté resuelto, porque tampoco ofrece mayores dificultades.

Ahora hay que seguir unos pasos determinados, que son los pasos que marcan la propia Ley, respetando la estructura del propio Archivo, que lo primero que tiene que hacer es reunir al Patronato para que el Patronato conozca del dictamen de los expertos.

Sr. Montilla.- Sobre el calendario del Estatuto y la tramitación no es que tenga mucho que ver con mis funciones, en este caso, como Ministro. Supongo que las hace usted en otra condición, que desde luego no es ni el lugar ni el momento; pero sí le diría que el calendario de la tramitación parlamentaria en el Parlament de Catalunya quien la ha de fijar es el Parlament de Catalunya. Nosotros seremos absolutamente respetuosos. No tenemos nada que decir. Y la tramitación del Estatuto de Cataluña en las Cortes Generales la fijarán en su momento las Cortes Generales,

Respecto a otras cuestiones semánticas, yo creo que es conocida mi opinión; pero no creo que tenga que ser objeto de exposición hoy, aquí. En otros foros, como usted sabe, y en mi otra condición, con mucho gusto responderé a su diario, a las preguntas que usted plantea.

P.- Señora Vicepresidenta, no pretendo que se sienta usted examinada. Simplemente al hilo de lo que usted ha anunciado de una nueva regulación de las campañas institucionales de publicidad, me gustaría conocer la opinión del Gobierno sobre el documento interno con el que trabaja el Tribunal de Cuentas, en el que se denuncian graves irregularidades en el Ministerio de Trabajo durante la responsabilidad del señor Zaplana.

Vicepresidenta.- Como usted ha dicho, es un documento interno; por lo tanto, lo que conozco es lo que conozco a través de los medios de comunicación. Vamos a esperar a que en el Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización sea un informe definitivo. Lo que sí le puedo decir es que, precisamente, el Proyecto de Ley en el que trabajamos pretende unos objetivos que son impedir que tales cosas no vuelvan a suceder nunca.

Muchas gracias y feliz año.