Rueda de Prensa

Sr. Piqué.- Buenas tardes. Disculpen lo avanzado de la hora de esta comparecencia. Como saben ustedes, se trata del último Consejo de Ministros del presente año; la semana que viene no va a haber sesión del Consejo de Ministros, la próxima se va a celebrar el día 8 de enero y, por lo tanto, ha sido una reunión muy intensa, con un elevado número de temas a tratar y que ha hecho que la longitud de la reunión haya sido superior a lo que es normal.

Por esta razón, dado el elevado número de temas a tratar, como digo, voy a darles cuenta de los acuerdos más relevantes alcanzados y, en cualquier caso, como es natural, en la Referencia van a encontrar información abundante del resto de los temas que se han aprobado en el día de hoy.

El Ministro de Economía y Hacienda y Vicepresidente Segundo del Gobierno ha informado al Consejo de Ministros sobre el Plan de Estabilidad para la economía española para los años 1999 y 2002 que, como saben ustedes, debe ser presentado a la Comisión Europea antes de que finalice el presente año. Este Plan está concebido como un referente para la actuación de la política económica y, por consiguiente, tiene que establecer los criterios y cuantificar los objetivos que debe tener dicha política, la política económica, hasta el año 2002, en términos de evolución de las principales variables macroeconómicas y también en términos de evolución de la política presupuestaria.

Los objetivos básicos del Plan son la creación de empleo y el avance en la convergencia real con el conjunto de la Unión Europea.

Me permitirán que no les dé mayores detalles, porque se han establecido en el informe y en el correspondiente debate en el Consejo de Ministros algunos criterios y, esta misma tarde, el Vicepresidente Segundo, en un acto que tiene en la Cámara de Comercio, va a anticipar ya algunos de los criterios generales, y el próximo sábado habrá una rueda de prensa ofrecida por el Ministerio de Economía y Hacienda, ya con la presentación formal y oficial de dicho Plan de Estabilidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Proyecto de Ley por el que se concede un crédito extraordinario por importe de 16.870 millones de pesetas para el pago a las empresas colaboradoras de asistencia sanitaria y que se establece en la Ley de Acompañamiento del año 1997.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen las tarifas eléctricas para 1999. Lo primero que hay que decir es que el precio medio de la electricidad para el conjunto de la demanda eléctrica bajará un 4'9 por 100. Esta rebaja es posible por dos razones: una primera es que, para todos los consumidores sometidos al régimen de tarifa y, por lo tanto, a los consumidores domésticos, y para las pequeñas y medianas empresas, las tarifas eléctricas bajarán un promedio del 2'5 por 100; algo más para las pequeñas y medianas empresas y algo menos para las empresas de tamaño medio y grande pero, en cualquier caso, en torno al 2'5 por 100.

Por otra parte, con la aprobación de otros Reales Decretos que ahora comentaré, se posibilitan nuevas medidas liberalizadoras en el sector, que van a permitir que el próximo año unas 8.400 empresas, que representan aproximadamente el 43 por 100 del total del consumo de electricidad, puedan elegir libremente quien es su suministrador de electricidad y, por lo tanto, conseguir descuentos adicionales a los normales; y de ahí el 4'9 por 100. Bajo una hipótesis de que en torno al 30 por 100 de esos clientes cualificados, que van a poder elegir libremente la electricidad, salgan del sistema de tarifas y acudan al mercado, la combinación entre el 2'5 por 100 rebaja de tarifa y el impacto de esas medidas liberalizadoras nos da ese 4'9 por 100. Si esas empresas acudieran todas ellas libremente al mercado de electricidad, la rebaja podría estar cercana al 8 por 100, que es una cifra ya muy considerable. Pero, bajo la hipótesis conservadora de que sólo un 30 por 100 de las empresas acuden a la liberalización, llegaríamos a ese 4'9 por 100 que les comento.

Éste es el tercer año consecutivo que el recibo de la luz baja en nuestro país, por primera vez, pero ya con tres años consecutivos. Desde la firma del Protocolo eléctrico en diciembre de 1996, el precio de la luz ha bajado, con las hipótesis que les he comentado, en estos últimos tres años, es decir, 1997, 1998 y lo que va a bajar en 1999, prácticamente un 12 por 100 en pesetas corrientes, que sería en torno a un 17 por 100 en términos reales, si se tiene en cuenta la inflación.

Desde luego, sin ninguna duda, es la mayor rebaja en el precio de la electricidad que se ha producido y se está produciendo en toda Europa. Ello está contribuyendo, fundamentalmente, a incrementar la competitividad del tejido industrial --y, en buena medida, la disminución de costes, y la mejora de la competitividad de nuestra industria tiene esa justificación-- y, por lo tanto, también, por consiguiente, a la creación de empleo.

Como he dicho, los principales beneficiarias son las pequeñas empresas, los consumidores que tengan contratados 30 kilovatios; pequeño comercio, restaurantes, hoteles, talleres, etcétera, ahorrarán una media de unas 16.000 pesetas en el recibo de la luz; las empresas medianas, para las cuales la rebaja media se situaría en un 1'4 por 100, ahorrarían al cabo del año cerca de 200.000 pesetas, aunque hay que tener en cuenta que buena parte de esas empresas van a poder elegir libremente a qué compañía le compran la electricidad y, por lo tanto, pueden conseguir incluso rebajas adicionales a las que les comento.

El Consejo ha aprobado también, además de este planteamiento tarifario y de precios de la electricidad, otras medidas que pretenden profundizar en el proceso de liberalización del sector, como ya les he anticipado. En cualquier caso, para concretar, decir que, para que esa libertad sea efectiva, es decir, para que cada cliente pueda escoger libremente a qué compañía o a quién le compra la electricidad, tiene que tener un acceso no disuasorio, un acceso positivo, un acceso posible, a la utilización de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Eso se hace a través de un peaje, de una tarifa de acceso, y, para posibilitar que esa libertad pueda ser efectiva y real, los peajes para la utilización de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica van a bajar, en promedio, en relación a los existentes ahora, en un 25 por 100.

Por otra parte, como ya he dicho, se adelanta extraordinariamente el calendario de liberalización, es decir, el acceso a cliente cualificado, que, insisto, es el cliente que está en disposición de elegir libremente a quién le compra electricidad; se acelera enormemente el calendario, no ya en referencia a la normativa comunitaria, que eso ya era así, sino incluso a las propias previsiones que el Gobierno tenía cuando entró en vigor la Ley del Sector Eléctrico a principios de año.

Saben ustedes que ahora son clientes cualificados todos aquellos que lleguen a un umbral de consumo superior a los 15 gigavatios hora/año, que viene a representar algo más del 20 por 100 del mercado, y la idea es que de aquí al 1 de octubre próximo, es decir, en un plazo de nueve meses y algo, todos aquellos clientes que tengan una demanda anual por encima de un gigavatio hora/año van a poder tener la consideración de cualificados.

Para que nos entendamos, eso significa que en torno al 43 por 100 de la demanda total de electricidad de nuestro país va a estar ya completamente liberalizada en un plazo extraordinariamente breve de tiempo, que supone en torno a los cuatro años de anticipación respecto a nuestras previsiones iniciales y unos siete años de anticipación en relación a las previsiones de la Comunidad Económica Europea.

Además de esta rebaja de peajes y de este incremento de la liberalización, para los clientes cualificados se ha establecido también la disminución del llamado término de potencia, que es algo que carga sobre el precio de la electricidad, desde una peseta y treinta céntimos, que es lo que estaba establecido hasta ahora, a simplemente treinta céntimos, de tal forma que entendemos que va a haber un impulso muy importante a la liberalización del sector eléctrico.

En caso de que esa liberalización no fuera lo intensa que el Gobierno entiende que va a ser, anticipo ya que la posición del Gobierno es ir más allá y propiciar, incluso, una mayor liberalización y, por lo tanto, un porcentaje todavía mayor del mercado, que pueda ser libre a lo largo del próximo año; de la misma manera que, en función de cómo evolucione el número de empresas que pueden acudir libremente al mercado, si es más o es menos, en función de cómo evolucione, también habría rebajas adicionales en las tarifas eléctricas a lo largo de los próximos doce meses.

Con todo este esquema y con el esquema relacionado con los costes de transición a la competencia, que están recogidos en la Ley Eléctrica que está en vigor desde hace un año, y con la reformulación de su cuantificación, que ha permitido la modificación que se ha introducido en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno está en condiciones de afirmar que el coste de la electricidad va a seguir bajando ininterrumpidamente hasta el año 2007, año en el que la libertad del mercado va a ser total, porque todos los consumidores, incluidos los domésticos, ya van a tener posibilidad de elegir libremente a quién le adquieren la electricidad.

El Consejo de Ministros ha establecido también un Salario Mínimo Interprofesional para el próximo año, que supone un 1'8 por 100 de incremento sobre 1998. Eso cifra ese Salario Mínimo Interprofesional en 69.270 pesetas mensuales, que está en línea con los objetivos del Gobierno en materia de inflación y de moderación de las rentas salariales. Por tanto, la subida es el resultado de considerar conjuntamente el IPC, la productividad media nacional, el incremento de la participación del factor trabajo en el conjunto de la renta nacional y, por supuesto, también la coyuntura económica; y es compatible con el mantenimiento y la mejora del poder adquisitivo del Salario Mínimo, como viene ocurriendo ya desde el año 1996.

Quisiera recordarles que el Salario Mínimo Interprofesional afecta directamente en torno a unos 260.000 trabajadores.

Se ha aprobado también ampliar a 30.000 permisos el contingente de autorizaciones para el empleo de trabajadores extranjeros no comunitarios en 1999. Eso supone un incremento de 2.000 permisos respecto al cupo fijado el año anterior. El objetivo del Gobierno es normalizar la actividad laboral de este colectivo, garantizando la preferencia de la mano de obra española, comunitaria y extranjera legalmente residente en nuestro país, así como ratificar las ofertas de trabajo que se presenten y que coincidan con ofertas denegadas el año anterior; al mismo tiempo, se establecen medidas de control laboral respecto a la veracidad de la oferta o condiciones de trabajo. Las solicitudes de trabajo se presentarán en las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales entre el 27 de enero y el 23 de abril del próximo año.

Se han aprobado, asimismo, tres Reales Decretos, consecuencia de la introducción del Euro a partir del primero de enero. El primero de ellos se refiere a medidas para adaptar la normativa contable vigente, contenida en el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas y el Plan General de Contabilidad a la introducción del Euro. El segundo establece el procedimiento por el que la deuda del Estado, anotada en la Central de Anotaciones y denominada en pesetas, pasará, como es natural, a denominarse también en euros. Finalmente, se ha aprobado la adaptación de la normativa de seguros y planes de pensiones a la moneda única, de forma que se facilita tanto el tránsito de las empresas como el conocimiento por parte de los tomadores de seguros, asegurados y partícipes de lo que implica el período transitorio a la moneda única.

El Consejo de Ministros ha autorizado también la puesta en marcha del programa de fabricación y adquisición de 219 carros de combate, los llamados "Leopardo 2E", y 16 carros de recuperación, los denominados "Leopardo 2ER". El importe total de este programa, que incluye munición y apoyo logístico, es de 317.000 millones de pesetas, que se distribuirán entre los años 2001 y 2016.

La compra de estos carros se enmarca en la necesidad de dotar a las unidades acorazadas de las Fuerzas de Maniobra del Ejército de Tierra de un carro de combate de última generación. El programa de cofabricación ayudará a España a establecer una moderna estructura industrial, que se basa, como contratista principal, en la empresa SBB Blindados, Santa Bárbara Blindados, y un conjunto de sociedades españoles subcontratistas, entre las que se encuentra la propia empresa nacional Santa Bárbara, pero no sólo.

Esta estructura permitirá alcanzar unos porcentajes de retorno para la industria nacional de este programa de fabricación y adquisición de carros de combate de en torno al 80 por 100 del valor total citado.

Asimismo, con independencia de este tema, se ha autorizado la contratación de un programa de helicópteros "Lamps III" para la Armada, por un importe de 34.100 millones de pesetas, que se van a distribuir entre los años 1998 y 2004.

Se ha aprobado el Reglamento General de Vehículos, que desarrolla la Ley sobre Tráfico, Circulación y Vehículos a motor de 1990 y las Directivas de la Unión Europea referentes a la homologación de equipos y piezas de vehículos. Las principales novedades que presenta el Reglamento se refieren a la posibilidad de conceder una nueva matrícula, en el caso de que el titular cambie de domicilio o de provincia; la obligatoriedad de matricular los ciclomotores; las transmisiones entre particulares; se crean dos nuevos supuestos de bajas temporales de vehículos y se abordan distintos temas referentes a las matrículas y permisos temporales.

Por otra parte, se ha aprobado un Real Decreto que modifica el Reglamento General de Conductores, en cuanto a la renovación de autorizaciones especiales exigibles para la conducción de vehículos de transportes de mercancías peligrosas. Mediante esta modificación, se prorroga hasta el año 2000 el sistema de renovación actualmente vigente.

El Consejo de Ministros ha autorizado las obras de un subtramo de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa, por un importe superior a los 4.100 millones de pesetas y con un plazo de ejecución de diecisiete meses. Estamos hablando de un subtramo que discurre enteramente por la provincia de Madrid y que afecta a 8'2 kilómetros.

Se ha autorizado también la contratación de obras del tramo Dúrcal-Izbor, de la autovía de Granada, por un importe de 7.000 millones de pesetas y una longitud de casi nueve kilómetros.

Se ha aprobado la contratación de un nuevo suministro de ayuda humanitaria de emergencia a Honduras, Nicaragua y El Salvador, por importe de 45 millones de pesetas, y un crédito con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo a Mauritania por importe de 666 millones de pesetas.

Se ha aprobado la concesión, en el apartado de condecoraciones, de Medallas al Mérito en el Trabajo, a don Antonio Ordóñez Araujo, a título póstumo; a don Francisco Rabal; a don Manuel Peláez Nieto; a don Pedro Gutiérrez Manjón; a don Elías Hernández Barrera; a don Alfredo Sáez Abad, y a don Francisco Riberas.

En el apartado de indultos, la Ministra de Justicia ha informado al Consejo sobre la petición de indulto, entre otros, relativa a los condenados por el denominado "caso Marey". Una vez analizados los contenidos básicos de los diferentes informes y del propio informe de la Ministra de Justicia, el Consejo de Ministros ha decidido ejercer el derecho de gracia en los términos que se derivan de los criterios aportados por el informe del Tribunal Supremo.

Para terminar esta Referencia, hacerles mención de las actividades del Presidente del Gobierno para los próximos días. Tras unos días de descanso con su familia, el Presidente viajará a Málaga el día 4 de enero, para entrevistarse con el Canciller de la República Federal de Alemania, el señor Schröder, que va a pasar unos días de vacaciones, como probablemente ustedes ya saben, en la Costa del Sol. El día 6, día de Reyes, a mediodía, asistirá a la recepción que SS.MM. los Reyes ofrecerán en el Palacio Real con motivo de la Pascua Militar. Y el viernes día 8 presidirá, como es habitual, el primer Consejo de Ministros del nuevo año.

P.- Ministro, querría saber qué consideraciones manejó el Gobierno para dar lo que aparentemente es un trato preferente al trámite de indulto de los condenados por el "caso Marey". Querría saber si también ya está decidida la aprobación de la concesión del tercer grado penitenciario a los condenados. Y también querría saber si también se ha discutido la posibilidad de conceder el tercer grado a la Mesa de Herri Batasuna, como se viene planteando desde algunos ámbitos del nacionalismo vasco.

Sr. Piqué.- Como ya les he dicho, el Consejo ha decidido ejercitar el derecho de gracia, que se concreta en la propuesta del Gobierno a S.M. el Rey para la concesión de indultos. En este caso, estamos hablando de un indulto parcial, de acuerdo con los criterios establecidos en el informe del Tribunal Supremo, a determinados condenados del "caso Marey"; a determinados condenados en los términos en los que también se expresa el informe del Tribunal Supremo.

La consideración básica ha sido la que es habitual del Gobierno en todo este tipo de procesos y de circunstancias. Se trata de atenerse a lo que ha sido siempre el respeto al Estado de Derecho, a la independencia del Poder Judicial, a las decisiones y a los posicionamientos judiciales, y, por lo tanto, desde ese punto de vista, el Gobierno ha entendido que la coherencia obligaba a tomar esa decisión que se ha tomado.

A partir de ahí, es cierto que una parte de la opinión pública puede hacer diferentes consideraciones; es verdad que este informe del Tribunal Supremo se ha producido escasos meses después de una sentencia que tenía un contenido distinto; es verdad también que ese respeto a las posiciones de los Tribunales, y en este caso concreto a la posición del Tribunal Supremo, que el Gobierno siempre ha mantenido, no siempre ha sido compartido por todo el mundo. Por lo tanto, al Gobierno le parece que sería un buen momento para la reflexión y para el ejercicio de la responsabilidad, y que ese respeto hacia los Tribunales fuera de aplicación general.

En cuanto al cambio de clasificación en los grados penitenciarios, como usted sabe, no es una decisión del Consejo de Ministros, sino del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y en aplicación del régimen penitenciario. Pero ese cambio de clasificación se produce prácticamente de manera automática, y nuestra previsión es que el Ministerio del Interior tome la decisión de forma inminente.

P.- Quería saber si se discutió, si se barajó, también la posibilidad de conceder un tercer grado. Aunque no corresponde al Consejo de Ministros, si se ha debatido a nivel de Gobierno cambiar la situación penitenciaria a la Mesa de Herri Batasuna.

Sr. Piqué.- No, porque no estamos hablando de casos similares. En el caso que usted menciona no existe un posicionamiento del tribunal sentenciador, como sí existe, en cambio, en el caso de los condenados por el "caso Marey".

P.- Quería preguntarle al Ministro Portavoz si conoce más precedentes o si la Ministra de Justicia ha explicado en el Consejo de Ministros algún precedente de concesión de indulto a las pocas horas de que el expediente o el informe del tribunal sentenciador llegara al Ministerio de Justicia.

Sr. Piqué.- Precedentes existen. La Ministra de Justicia ha hecho un informe muy amplio que, lógicamente, no se ha podido referir a la totalidad literal del expediente, que es extraordinariamente voluminoso, como así ha salido ya en los medios de comunicación, pero sí que se han definido criterios suficientemente claros como para que el Consejo de Ministros haya considerado oportuno tomar esta decisión y ejercer, por lo tanto, como ya le he dicho, el derecho de gracia, haciéndolo compatible con la coherencia que el Gobierno ha mantenido siempre respecto a estos temas y, por lo tanto, con pleno respeto a la posición de los Tribunales.

P.- Yo tendría dos preguntas al Ministro Portavoz y, si es posible, una como titular de Industria.

Como Portavoz, me gustaría saber por qué el Gobierno no ha aprobado formalmente el Plan de Estabilidad en este Consejo de Ministros y cuándo lo aprobará. Y si ha renunciado, finalmente, a tender a reducir a un déficit cero en este Plan.

Como titular de Industria, me gustaría saber si hay algún problema o si ha surgido algún problema en la venta del paquete del 10 por 100 de Iberia a los dos socios extranjeros, que parece que se está retrasando un poco.

Sr. Piqué.- Respecto al primer punto, ya lo he dicho. El Ministro de Economía y Hacienda ha presentado el Plan de Estabilidad, que viene siendo debatido, por otra parte, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos desde hace dos o tres semanas. Han surgido de ahí, de ese debate y de ese informe, determinados criterios que permiten la presentación de ese Plan en el plazo previsto, que es antes del 31 de diciembre del presente año. A partir de ahí, ya le he dicho que el Vicepresidente Segundo va, en un acto que va a tener lugar esta tarde, a hacer una presentación de las líneas generales y de los conceptos básicos del Plan, y le ruego que se remita a la información de esta tarde.

En cuanto al segundo punto, no es que haya problemas. El plan de privatización de Iberia sigue su curso; se ha nombrado también ya a los diferentes asesores con el objetivo de completar el proceso de privatización en los primeros meses del próximo año y que sigue con el esquema que ya es conocido: un 10 por 100 para "British Airways" y "American Airlines"; en torno a un 25-30 por 100 para otros inversores institucionales, financieros, industriales y comerciales españoles; hay un porcentaje, que seguramente se acercará al 8 por 100, que estará en posesión de los diferentes colectivos de trabajadores de la compañía, y el resto será objeto de una oferta pública de venta al mercado de valores.

De lo que se trata ahora es de compaginar las primeras fases de ese proceso. La previsión es que la entrada de "British" y "American" se produzca a través de una ampliación de capital, que tiene que ser compatible, a su vez, con una ampliación de capital que la SEPI tiene pendiente en virtud de los acuerdos a los que se llegó en su momento con la Comisión Europea. Una de las posibilidades que estamos barajando, y por tanto son problemas de instrumentación, es que esa ampliación de capital sea compatible en el tiempo, incluso paralela en el tiempo, a la incorporación de los otros accionistas institucionales a los que he hecho referencia.

En cualquier caso, sí le puedo confirmar que no hay ninguna modificación, ni respecto al calendario ni respecto a los objetivos previstos.

P.- Yo quería preguntar también, de nuevo, sobre el tema éste de los indultos en el siguiente sentido: si hubiera alguna anomalía, en cuanto a la rapidez o no con que se tramitan este tipo de decisiones, ¿no sería más el caso de los asuntos de esa naturaleza que están pendientes durante meses? Es decir, ¿la Ministra ha hecho alguna alusión a si hay, realmente, algún tipo de parón en el Ministerio? Porque parece que sí, que hay peticiones de indulto que llevan ahí mucho tiempo, y quizá lo anómalo no sea que éste sea rápido, sino que otros sean lentos.

También me gustaría saber si ha habido una reflexión sobre las propias razones que el Supremo da en su informe; es decir, si el Gobierno hace suyo, no solamente, digamos, en su parte dispositiva lo que el Supremo considera, sino todos los razonamientos que le llevan a esa conclusión: los quince años desde el momento del delito, etcétera. ¿El Gobierno qué razones de fondo, digamos, comparte y cuáles no?

Por último, me gustaría saber si esta decisión del Gobierno consideran que abre, tal vez, una etapa de relación más fácil para el Partido Socialista, ya que había puesto, a este respecto, casi condiciones; si va a haber el previsto encuentro entre el señor Aznar y el señor Borrell, que se había hablado hace semanas, o no.

Y perdone que le pregunte casi en cada Consejo, pero como está pendiente aclarar el calendario: con el señor Pujol, ¿hay algo o no hay nada?

Sr. Piqué.- Con el señor Pujol hay un acuerdo de gobernabilidad, como usted ha dicho.

P.- Me refiero a la entrevista para aclarar los puntos...

Sr. Piqué.- Respecto a la tramitación de indultos y en cuanto a la celeridad o eficacia en dicha tramitación, cuando se inicia la andadura del nuevo Gobierno, el retraso promedio en la tramitación de indultos estaba en dos años y medio; ahora, en aquellos casos, que son muchos, en los que, efectivamente, concurre una serie de circunstancias, el período promedio se suele situar en algo más de un mes; por lo tanto, estamos ya ante una adaptación enormemente rápida a lo que son los derechos de los diferentes implicados. En este caso, efectivamente, la tramitación ha sido más rápida, pero atendiendo también a las circunstancias del propio tema.

Lo que sí le puedo decir es que la voluntad y la realidad de actuación del Ministerio de Justicia es que, cuando existen informes positivos del tribunal sentenciador y concurre una serie de circunstancias, la idea es que los indultos se tramiten con la máxima celeridad posible. De hecho, nos estamos acercando ya a ese objetivo prioritario de forma extraordinariamente eficiente.

En cuanto a los criterios del Tribunal Supremo, yo le he dicho que el Gobierno se atiene a los criterios definidos en el informe del Tribunal Supremo en cuanto a la concesión de un indulto parcial, que supone una reducción a un tercio de la pena en el caso de las penas de prisión, y también a un indulto parcial en cuanto al contenido de la sentencia de inhabilitación.

Ése es el criterio al que se rige el acuerdo que hoy ha tomado el Gobierno. Las otras consideraciones son, evidentemente, aceptables. Antes he mencionado ya que una parte de la opinión pública probablemente se podría sorprender de que hace escasísimo tiempo el Tribunal Supremo se pronunciara en unos determinados términos en una sentencia, no introdujera en esa sentencia la propia petición de indulto y que, poco tiempo después, efectivamente, modifique su criterio de acuerdo con unos elementos que hace unos meses ya estaban vigentes.

En cualquier caso, no es función del Gobierno, como es natural, comentar los criterios del Tribunal Supremo, sino ser respetuoso con sus posicionamientos, que es exactamente lo que se ha hecho hoy.

En cuanto a si va a haber una relación más fácil o más difícil con el Partido Socialista, la posición del Gobierno en relación con las relaciones que se deben mantener en una sociedad democrática entre las principales fuerzas políticas y, en particular, entre el Gobierno y la oposición es una posición, la del Gobierno, perfectamente conocida. Siempre hemos hecho apelación al diálogo, a la fluidez en temas de Estado, a la configuración de un espíritu convivencial en cuanto al normal funcionamiento de las instituciones y, desde luego, ésa sigue siendo la posición del Gobierno; no hay ninguna modificación. Ha habido coherencia desde el primer día y, desde luego, por parte del Gobierno la va a seguir habiendo.

Seguramente, la convivencia y el normal desarrollo de las instituciones democráticas siempre es más fácil cuando se respetan los principios básicos del Estado de Derecho, cuando no se ponen en cuestión determinadas instituciones. Eso es algo que cada fuerza política debe asumir desde su responsabilidad y no debería estar ligado a determinados episodios judiciales concretos, que deben estar donde siempre han tenido que estar, que es en el ámbito del respeto a la Justicia, que debe separarse completamente del debate político normal que, por otra parte, es algo que, insisto, ha venido defendiendo el Gobierno desde el primer día.

No tengo ninguna previsión de que pueda existir una entrevista entre el señor Aznar y el señor Borrell a corto plazo, ni tampoco con el señor Pujol.

P.- Yo no sé si es un intento baladí, pero me gustaría que nos diera una razón concreta para haber atendido en veinticuatro horas esta petición de indulto y tener otras sobre la mesa que llevan bastantes meses. Me gustaría que nos dijera si la Ministra de Justicia ha dado alguna razón o si el Gobierno..., por ejemplo, de oportunidad política; en fin, lo que sea.

Por otra parte, quisiera una valoración del Gobierno de los últimos comunicados de ETA y de HB, de la rapidez con que ha contestado la banda terrorista a la propuesta del Presidente del Gobierno, y también del hecho de que, por una parte, la banda terrorista haga un comunicado y, por otra, HB dé otra opinión. ¿Cómo ve el Gobierno esto?

Sr. Piqué.- Respecto a lo primero, yo quisiera poner énfasis en algo que he dicho y no sé si ha pasado, quizás, más desapercibido de la cuenta. La concesión o no de los indultos responde al ejercicio de un derecho de gracia; no corresponde a que sea derecho de nadie, sino que es el ejercicio de un derecho de gracia que, en este caso, se ha aplicado con la celeridad que se ha considerado oportuna. El Gobierno dijo ya en su día que este tema iba a ser tratado con altura de miras.

Lo que no comparto es esa idea de que hay indultos que llevan mucho tiempo pendientes con estas características. El retraso, en todo caso, o la dilación entre el informe del tribunal sentenciador y la decisión del Gobierno es muchísimo más corta y, por lo tanto, entendemos que no existe una discriminación apreciable en la decisión que ha tomado hoy el Gobierno.

En cuanto a los diferentes comunicados, el comunicado de ETA, efectivamente, y también un pronunciamiento por parte de Herri Batasuna, el Gobierno ya ha dicho lo que tenía que decir a través del mensaje institucional del Presidente del Gobierno el pasado viernes, y lo vuelve a reiterar; y eso hace referencia, por lo tanto, al comunicado de ETA de anteayer por la noche. El Gobierno ve una evolución de la situación que permite mantener la esperanza en que va a ser posible la consecución definitiva de la paz y, por lo tanto, el abandono de las armas por parte de ETA.

Sobre esta base, evidentemente, y en ese contexto hay que situar el comunicado de ETA; con independencia de que todos celebremos algo que a mi me parece que es muy apreciable, y es que yo creo que mañana se van a cumplir ya seis meses sin atentados, y que llevamos ya desde mediados de septiembre, efectivamente, con una declaración de tregua que ha sido en estos momentos confirmada por el último comunicado. Desde ese punto de vista, creo que es algo que todos debemos saludar, en el bien entendido de que no estamos todavía en el inicio de un proceso de paz, como ha dicho muchas veces el Gobierno, sino que estamos, simplemente, ante la confirmación de una tregua, que sigue siendo unilateral y que sólo tiene carácter indefinido y no definitivo.

De lo que se trata es de que sigamos avanzando en la dirección de una consecución definitiva de la paz, que el otro día volvió a recordar el Presidente del Gobierno.

En cuanto a la posición expresada por Euskal Herritarrok o Herri Batasuna, también el Presidente del Gobierno expresó cuál es el marco en el que se puede producir el diálogo político democrático; ese marco es el marco que define una práctica política normalizada, en general y en el seno de las instituciones. A partir de ahí, se puede establecer un diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento vasco. La modalidad o la instrumentación de ese diálogo es algo que se irá viendo; que nadie piense que tiene sólo una manifestación concreta, sino que se puede establecer a través de diferentes mecanismos y, de hecho, ha habido ya algún contacto, como así se ha dicho.

Pero dejemos que las cosas sigan su curso y que se vaya normalizando la práctica política. Hoy por hoy, todavía hay algunos elementos que nos impiden decir que estamos ante una práctica política normalizada.

P.- Por dos veces, en esta rueda de prensa usted ha aludido a una posible reacción de sorpresa de la opinión pública ante el cambio de postura del Tribunal Supremo respecto de los condenados del "caso Marey". Quisiera saber si en algún momento el Gobierno ha valorado este cambio de postura o si usted nos puede valorar ahora a qué se puede atribuir.

También quisiera saber si, ya que se reconoce que el Gobierno ha actuado con alturas de miras en este caso, ha habido algún contacto con el PSOE y si se ha obtenido algún, digamos, compromiso de no seguir cuestionando el papel del Gobierno, en este caso, o el de la Justicia.

Después, también quisiera saber si se va a actuar con altura de miras semejante en el caso de que se plantee formalmente la petición de indulto de los miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna actualmente en prisión.

Sr. Piqué.- Yo a lo que me he referido es que a una parte de la opinión pública podría mostrar una cierta sorpresa frente a esa modificación de criterio; pero nada más que eso. No se trata de ir más allá.

En cualquier caso, el informe del Tribunal Supremo es el que es y el Gobierno ha hecho lo que siempre ha hecho en su relación con los tribunales de justicia, que es mostrarse respetuoso con su pronunciamiento; de la misma manera que, probablemente, una parte de la opinión pública también pueda mostrar su sorpresa respecto a cómo se interpretan las resoluciones judiciales cuando son de una determinada forma y cuando son de otra. Yo creo que la coherencia exige que el respeto a los Tribunales sea siempre exactamente el mismo y que no se atribuyan politizaciones cuando se considera que no se adecúan a lo que uno desea y, en cambio, se consideran absolutamente respetables cuando sí se adecúan a lo que uno pretende que así sea.

Lo que sí le puedo decir es que la decisión que ha tomado el Gobierno es una decisión que toma el Gobierno por sí, absolutamente independiente de actitudes que hayan podido desarrollarse en el exterior, algunas de ellas realmente poco presentables.

Pero, en cualquier caso, sí le puedo asegurar que en este tema yo no tengo constancia de que haya habido contacto ninguno con el Partido Socialista.

En cuanto a la última cuestión, cuando llegue el momento, ya se verá.

P.- ¿Podría repetir, que no sabemos si lo ha dicho, el descenso de la tarifa doméstica, que me parece que no lo ha concretado?

En segundo lugar, si con este adelanto del calendario de liberalización del sector eléctrico se puede interpretar que el Gobierno responde con una huida hacia adelante respecto de las críticas que se han hecho estos días en relación al tema. En cualquier caso, ¿qué sentido tiene el que se les dé, por una parte, ese 1.300.000 millones a las eléctricas y, por otra parte, se les amenace con que, si no se cumple o no se facilita esta aceleración del calendario de liberalización, se les van a reducir las tarifas? Si, al final, todo lo que entra por un sitio no se va a ir por otro, o es que yo no lo entiendo bien.

Sr. Piqué.- Estoy viendo que la confusión que se ha intentado introducir en este tema incluso ha llegado a su posición.

Vamos a ver. Primero de todo, efectivamente, el descenso de las tarifas domésticas va a ser del 2'5 por 100. Creo que lo he dicho, y he dicho también que, en el campo de las empresas, en promedio en las tarifas también el descenso va a ser del 2'5 por 100; pero se van a primar algo las pequeñas y medianas empresas en relación a las grandes.

En cuanto a eso que parece que ahora hayamos planteado de un incremento de la liberalización y de la rebaja de los peajes y de los términos de potencia, etcétera, y el adelanto del calendario de liberalización, decirles que en el mes de septiembre hicimos una presentación pública --muchos de sus compañeros aquí presentes también estaban-- en la que anunciamos precisamente esto que hoy acabamos de aprobar; en el mes de septiembre. Por lo tanto, forma parte de un planteamiento global para el conjunto del sector eléctrico, en el que el objetivo del Gobierno desde el primer momento ha sido hacer efectiva la liberalización y avanzar en la reducción de tarifas y en el incremento de la competencia en el sector. Todo forma parte de un mismo planteamiento.

No hay ninguna novedad respecto a lo que llevamos explicándole a la opinión pública y al conjunto de las fuerzas políticas desde el pasado mes de septiembre; de la misma manera que no se le entregan 1'3 billones de pesetas a las eléctricas. Ésa es la terminología de la oposición que, digamos que para desgracia del Ministro de Industria, ha cuajado en la opinión pública, en el sentido de que se les da un regalo; es todo lo contrario. Los llamados costes de transición a la competencia están recogidos en la Ley Eléctrica, que lleva en vigor desde hace un año, prácticamente, desde el 1 de enero del presente año, y que lo que recogen es sólo una compensación parcial a las eléctricas en relación a lo que las eléctricas hubieran recibido en caso de que hubiera continuado la legislación del anterior Gobierno socialista.

Dicho de manera un tanto simplista, pero para combatir las imágenes simplistas que han ido cuajando en la opinión, ante el regalo que el Partido Socialista hacía a las compañías eléctricas de tres billones de pesetas, ante la sustitución de un sector absolutamente intervenido hacia la competencia, lo que hace este Gobierno es reducir esos tres billones de pesetas a 1'3 a lo largo de diez años, para que se puedan adaptar esas empresas a la nueva situación definida por la competencia.

A partir de ahí, nadie les da 1'3 billones, porque ya estaba reconocido en la propia evolución de las tarifas eléctricas. Desde luego, la ley anterior reconocía tres billones; la Ley presente, vigente desde hace un año, ya les reconocía esa cantidad. Les reconocía más: 1'6; se han rebajado en más de 250.000 millones.

Lo que se pretende ahora es que las eléctricas, en función de esos costes de transición a la competencia reconocidos por la Ley, puedan acudir al mercado, emitiendo unos títulos, y anticipar esos ingresos. Pero es que las compañías eléctricas tienen que devolver esas cantidades. Es como si emitieran obligaciones; emiten obligaciones, reciben el dinero antes, pero después se tienen que ir pagando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es un mero instrumento financiero que permite anticipar unos ingresos que, desde luego, hay que devolver.

Es como si a usted le dijeran en el Banco que, como le dan un crédito hipotecario para comprarse su casa, le están regalando el crédito hipotecario; eso es tan absurdo como decir que la titulización de las eléctricas es un regalo. Hay que devolverlo; lo único que se hace es acudir al mercado, pero no a los consumidores, ni a los Presupuestos Generales del Estado, sino acudir al mercado y recabar unos recursos como quien hace una ampliación de capital en una empresa, o como cuando el Estado emite deuda pública, o una empresa hace una emisión de obligaciones.

Esto, que a mí me parece relativamente sencillo, se ha rodeado de una extraordinaria confusión. Yo tengo que reconocer una cierta sensación de impotencia a la hora de reiterar, una y otra vez, este tipo de explicaciones; pero también le anticipo que no vamos a desfallecer. Vamos a seguir explicándolo todas las veces que sea necesario.

Todo esto es perfectamente compatible con lo que le he dicho: nuestro objetivo primordial es anticipar la liberalización, que la competencia sea realmente efectiva y, como estamos ante un proceso que es absolutamente pionero en toda Europa --no hay experiencia como la nuestra, no hay nadie que esté yendo tan rápidamente como estamos yendo nosotros--, estamos ante un método, si me permite la expresión y entre comillas, en términos estadísticos, "de prueba y error": vamos viendo cómo está funcionando el mercado y vamos modulando nuestra política en función de eso.

Lo que le he anticipado es que, si esa liberalización no funciona como tenemos previsto, cosa que evidentemente puede suceder porque, insisto, no hay experiencia previa, intensificaremos el proceso de liberalización. Pero eso no se plantea, en ningún momento, en términos de amenaza o de huida hacia adelante, sino en términos de cumplir con un objetivo del Gobierno que, por otra parte, el sector eléctrico también asume como propio, en el bien entendido de que para este año va a suponer un descenso de los ingresos por electricidad en torno al 5 por 100 y que, en la hipótesis que nosotros hemos planteado, en el caso de que la liberalización, efectivamente, funcione a pleno rendimiento, ese descenso de ingresos podría estar entre el 7 y el 8 por 100, que me parece que es un esfuerzo considerable que en cualquier circunstancia va en beneficio de todos.

P.- Algo más sobre esto, por seguir con el lenguaje simplista, que dice usted, con las consideraciones. Si el Tribunal Constitucional o la Unión Europea dicen que esto de la titulización no sirve, ¿qué pasa con ese dinero que se ha desembolsado, si algún particular compra esas acciones y tal?

Luego, una cosa del indulto. Ha hecho usted alusión, al hablar de la celeridad, a que la tramitación ha sido más rápida atendiendo a las circunstancias del propio tema. Si nos podría detallar qué circunstancias.

Sr. Piqué.- Las que el Gobierno ha considerado oportunas.

En cuanto al primer tema, de nuevo hay que insistir, dentro de la simplificación del lenguaje. La posible titulización de los CTCs es un derecho o una posibilidad que tienen las empresas; pero no es una obligación, ni es algo que apruebe el Gobierno. El Gobierno lo único que hace es permitir que la emisión de esos títulos pueda tener una garantía, que no es del Estado sino que es una garantía asociada a los ingresos que va a tener el sector por las tarifas, simplemente; que no es ningún impuesto, ni es un recargo. Impuestos y recargo los ponía el Gobierno anterior, por ejemplo, cuando permitió la titulización de la moratoria nuclear; en este caso es, simplemente, la afectación de un porcentaje de los ingresos por tarifas para que garanticen la emisión de esos títulos.

Pero la decisión de emitir esos títulos corresponde a las empresa, si lo consideran oportuno; por lo tanto, va a corresponder a las empresas la decisión de proceder a esa titulización estando pendientes de un eventual recurso al Tribunal Constitucional --recurso que, por otra parte, se mire como se mire, no tiene ninguna base jurídica, porque eso de considerar que las enmiendas sólo valen cuando las presenta tu propio Grupo Parlamentario pero no cuando las presentan los demás; ya se ve que no tiene ninguna capacidad de prosperar una interpretación de estas características--, pero también puede estar pendiente del pronunciamiento de la Comisión Europea, en relación a un tema que no es específicamente español sino que la consideración de los CTCs es algo que, estando ya reconocido en la Directiva comunitaria, está pendiente de concreción en muchos países europeos.

Por ejemplo, Francia está contemplando que, dentro del concepto CTCs, se incluyan, no sólo los costes que se derivan de unos precios de generación que, con intervención administrativa, eran muy superiores a los costes de generación que se derivan de un mercado libre, pero, además, los franceses quieren incluir los complementos de pensiones a los que se han comprometido con sus trabajadores en los años anteriores, pongamos por caso.

La Comisión Europea tiene que analizar todas estas cuestiones, también nuestro caso; pero sí le puedo decir con toda rotundidad que, si la Comisión Europea tuviera en perspectiva que la liberalización del mercado eléctrico en Europa fuese sólo la cuarta parte de lo que se está liberalizando el mercado en España, la Comisión Europea sería la Comisión más feliz del mundo.

Por tanto, nosotros tampoco tenemos mucha inquietud respecto a eso pero, insisto, es una decisión que tienen que tomar las empresas. El Gobierno no tiene ningún tipo de intervención sobre lo que es estrictamente una decisión empresarial de hacer una titulización.

P.- Me temo que tengo que preguntar por el indulto y, a la vista de que usted no quiere explicarnos cuáles son las circunstancias que el Gobierno ha considerado oportuno atender para acelerar de esta manera la concesión del indulto, tengo que preguntarle si el hecho de que uno de los condenados haya sido Ministro del Interior puede tener algo que ver con esas circunstancias.

Sr. Piqué.- Yo creo que ustedes pueden entender perfectamente que el debate que ha habido en el Consejo de Ministros a raíz del informe de la Ministra de Justicia es algo que, dada mi calidad de miembro del Gobierno, yo tengo la obligación de mantener en secreto y, por tanto, no voy a entrar en las consideraciones concretas que han llevado al Gobierno a tomar esta decisión. Lo que sí le puedo decir es que la decisión de ejercitar el derecho de gracia ha tenido en cuenta el conjunto de elementos que rodean este caso. Evidentemente, en este caso hay unos elementos que son distintos de los que pueda haber en otras sentencias para casos completamente distintos.

El Gobierno ya planteó en su momento, y le vuelvo a repetir la expresión, que en toda esta cuestión actuaría cuando lo aconsejaran las circunstancias --y ahora ha considerado que se cumplían esas circunstancias-- y actuaría con alturas de miras. Y eso es exactamente lo que ha hecho.

P.- Ministro, yo quería saber si el Consejo había aprobado el Decreto de adjudicación de la licencia a la televisión canaria. Si el Ministro había hecho alguna explicación sobre los contenidos de este Decreto y, en todo caso, si había alguna posición de cambio en relación con el concurso de adjudicación de contratos de servicios que había abierto el Gobierno de Canarias y que ustedes habían recurrido ante el Tribunal Supremo.

Sr. Piqué.- Perdone, pero la Referencia era muy larga. Efectivamente, se ha aprobado la concesión del tercer canal y se ha planteado en los términos que vienen establecidos en la actual legislación y, por lo tanto, en términos de gestión pública del mismo.

Muchísimas gracias y felices fiestas a todos.