El Gobierno aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones, para ampliar el parque público y frenar la especulación

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, "un paso importante" para solucionar las dificultades en el acceso a la vivienda y asentar este derecho "frente a cualquier otra concepción de las viviendas", según ha manifestado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

El plan, ha añadido, refleja la "dos ambiciones" del Ejecutivo en esta materia: la construcción de vivienda pública asequible y protegida de manera permanente y la lucha contra la especulación para proteger el carácter social de la vivienda. Isabel Rodríguez ha destacado, asimismo, que este instrumento se suma a otros creados tras la Ley de Vivienda, como la nueva empresa estatal Casa47, y al refuerzo presupuestario de los últimos años.

La ministra ha afirmado que el plan responde a la demanda social de un acuerdo que afronte de un modo estructural el principal problema de la ciudadanía, como ya expuso el pasado junio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los presidentes de las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en materia de vivienda. "No valen parches y no hay una varita mágica", ha señalado Rodríguez. La titular de Vivienda ha subrayado el cambio de paradigma respecto al papel de la Administración General del Estado, que ya no va a limitarse a aportar la financiación sin poder influir en las políticas.

El plan, según ha apuntado la ministra, es fruto del diálogo y la colaboración: el ministerio ha mantenido más de 48 encuentros con las comunidades autónomas para conformar la redacción final del texto, que también incorpora buena parte de las 400 aportaciones realizadas por el sector. Además, es la primera vez que el Consejo de Estado estudia un plan estatal de vivienda, en su condición de reglamento que desarrolla la Ley de Vivienda; Rodríguez ha calificado su dictamen como "muy favorable", "con algunas aportaciones esenciales" que mejoran el plan y refuerzan la seguridad jurídica.

Aumento de la vivienda pública, la inversión y las ayudas

Isabel Rodríguez ha explicado que el plan se basa en una serie de objetivos evaluables que son "desafíos de país". El principal es ampliar el parque público de vivienda, pero también es fundamental mejorar el que ya existe en ámbitos como la eficiencia energética y la accesibilidad. El plan pretende, igualmente, rebajar la edad de emancipación de los jóvenes, reducir la tasa de esfuerzo de las familias en el alquiler y en la cuota hipotecaria, revertir la situación en las zonas más tensionadas y atender al mundo rural.

Los tres ejes de acción para alcanzar esos objetivos son construir más vivienda pública, rehabilitar y movilizar el parque actual e incrementar las ayudas para las personas con más dificultades para acceder a la vivienda.

El plan está dotado con 7.000 millones de euros, lo que supone triplicar la inversión inicial del anterior en las políticas de corresponsabilidad con las comunidades autónomas (el Gobierno aportará el 60% de los fondos y las comunidades autónomas el 40% restante). Esa financiación, ha subrayado la titular de Vivienda, está condicionada porque "es importante construir más, pero no de cualquier manera". El 40% de la inversión debe destinarse a ampliar la oferta del parque público, ya sea a través de la construcción o de la adquisición de nuevas viviendas para conformar ese parque de vivienda pública a precios asequibles. La rehabilitación supondrá el 30% de los fondos, y el mismo porcentaje se dedicará a las ayudas para las personas que lo precisen.

"Las comunidades autónomas tienen en sus estatutos encomendada la política exclusiva en materia de vivienda, nosotros lo que hacemos es inspirarla, dirigirla, potenciarla, en definitiva, dar la respuesta que precisa nuestro país", ha indicado Rodríguez.

Blindaje del parque público y control contra los fraudes

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/César P. Sendra

Entre las novedades del plan, la ministra de Vivienda ha remarcado la garantía del blindaje del parque público que se construya o adquiera con estos recursos de la Administración General del Estado. "La sociedad española no está dispuesta a que, de nuevo, con el dinero de todos se enriquezcan unos pocos, y otros se queden sin casas", ha sostenido.

Además, con el fin de extremar los controles, el plan incorpora una "cláusula antifraude" para asegurar que las viviendas de protección oficial beneficien a las personas que las necesitan. El plan blinda tanto los controles de los registros de demandantes de viviendas como la transparencia en la adjudicación de las mismas.

El plan también establece que las administraciones tendrán que compartir los datos en materia de vivienda e informar de ellos a la ciudadanía y los medios de comunicación. Además, el Consejo Asesor de Vivienda analizará de manera anual el cumplimiento efectivo del plan, lo que, a juicio de la ministra, facilitará que llegue a los lugares y los colectivos que más lo necesitan, "y no a lo que resulte más fácil desde el punto de la vista de la gestión o de la inquietud ideológica de cada uno de los gobiernos autonómicos".

Ayudas para construcción, la rehabilitación y el acceso a la vivienda

Isabel Rodríguez ha detallado que el plan incrementa de manera notable las ayudas para promover la construcción del parque público de vivienda, incorporando elementos como las técnicas de industrialización y la atención de las zonas tensionadas. También crecen las ayudas para la rehabilitación, un ámbito al que se incorpora la conservación del valor patrimonial de viviendas que, de otro modo, terminarían siendo abandonadas.

La ministra ha destacado las ayudas dirigidas a los jóvenes, de hasta 300 euros en el caso del alquiler y de hasta 15.000 euros para los jóvenes que construyan o adquieran su primera vivienda en una zona rural con un máximo de 20.000 habitantes.

Respecto al calendario del plan, Isabel Rodríguez ha explicado que la próxima semana comenzarán las reuniones técnicas para su implementación en el territorio. El Gobierno ha articulado la disposición presupuestaria para que el plan pueda estar desplegándose en el segundo semestre de este año, con la asunción por parte de la Administración General del Estado de todo el esfuerzo en esta anualidad para facilitar su puesta en marcha. "El Gobierno de España cumplen con este plan, y yo espero también el compromiso y la lealtad del resto de las administraciones", ha concluido.

Mejora de las condiciones de los docentes y la enseñanza no universitaria

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/César P. Sendra

El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes un proyecto de ley para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado no universitario y lograr una atención más individualizada de los alumnos. El objetivo de la norma es corregir las desigualdades detectadas entre autonomías

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha recalcado que esta iba a ser la legislatura del profesorado y que ese compromiso se está cumpliendo porque la reforma parte de una convicción: "Si mejoramos las condiciones de nuestros docentes, mejoramos la educación de nuestro país y eso significa mejorar las oportunidades de nuestros niños, niñas y jóvenes".

Milagros Tolón ha añadido que la reforma tiene un componente de justicia porque revierte los recortes educativos introducidos en 2012 que afectaron, en particular, a los docentes. En este sentido, la ministra ha expuesto dos medidas que se implantarán de forma progresiva con el objetivo de que estén plenamente en funcionamiento en el curso 2031-2032.

En primer lugar, se reducen las ratios por aula. En Primaria se pasa de 25 alumnos a 22 alumnos por aula y en Secundaria de 30 a 25. Tolón ha afirmado que se incorpora un criterio de equidad: "Cada alumno con necesidades especiales contará como dos plazas y esto permitirá ajustar muchísimo mejor la realidad de las aulas y garantizar una atención mucho más justa y personalizada".

En segundo lugar, se reduce la carga lectiva. La futura ley fija, con carácter general, la jornada lectiva de los profesores en un máximo de 23 horas en los centros de Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 horas en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. "Esto no es una simple cuestión técnica, es una apuesta por dar mucho más tiempo al profesorado para preparar sus clases, atender a su alumnado y desarrollar su trabajo de una forma más digna", ha remarcado Tolón.

La titular de Educación ha resaltado que el proyecto es fruto del consenso con la comunidad educativa y que el Consejo Escolar del Estado dictaminó el pasado 12 de febrero a favor del documento. "No es una decisión unilateral, es un avance compartido que se ha llevado a cabo con la participación de las comunidades autónomas".

La ministra ha anunciado que el Ejecutivo también está trabajando para mejorar la calidad de la enseñanza y las condiciones del profesorado en materia de competencias profesionales docentes, así como en los sistemas selectivos de ingreso a la función pública docente y en la formación permanente. Además, se está avanzando en la puesta en marcha de una Inteligencia Artificial soberana para reducir la carga burocrática.

Modelo de Protección Civil preventivo, integral y proactivo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/César P. Sendra

El Gobierno ha aprobado medidas para robustecer el Sistema Nacional de Protección Civil y transformarlo, en colaboración los las administraciones estatales, autonómicas y locales, en un modelo de cogobernanza descentralizada, capaz de minimizar los efectos de las emergencias y del cambio climático.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha argumentado que para afrontar las situaciones de emergencia y de naturaleza catastrófica, cada vez más frecuentes, complejas y lesivas, "es imprescindible dotar al modelo de Protección Civil de un enfoque preventivo, integral y proactivo que supere la tradicional gestión meramente reactiva".

Con este objetivo, el Gobierno ha acordado la creación de la Secretaría General de Protección y Emergencias, así como de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Además, ha aprobado las directrices básicas que planifican la respuesta coordinada y homogénea de las instituciones públicas ante determinados riesgos: fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, inundaciones y accidentes de transporte terrestre de mercancías peligrosas.

Nuevos órganos

Grande-Marlaska ha avanzado el organigrama de la nueva Secretaría General de Protección y Emergencias, que permitirá ordenar de manera sistemática las funciones relacionadas con un ciclo de emergencia. Entre estas funciones figuran las relacionadas con la cultura preventiva; la planificación de emergencias, su gestión operativa y la del mecanismo de respuesta, además de la coordinación de las políticas públicas de recuperación y la tramitación de todas las subvenciones y ayudas estatales en el ámbito de la protección civil.

El ministro ha recordado que el objetivo último del Gobierno es la creación de la Agencia Estatal de Protección Civil, incluida en el Pacto de Estado frente a la emergencia climática impulsado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres será un órgano en el que se integrarán todos los departamentos ministeriales, las comunidades y ciudades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y hasta 29 colectivos y sectores de la sociedad civil. A juicio de Grande-Marlaska, "esta organización colaborativa facilitará la integración de las políticas de reducción del riesgo en la planificación pública y reforzará la coordinación a escala internacional, nacional y autonómica".

Nuevas directrices

Fernando Grande-Marlaska también ha avanzado que todas las administraciones públicas deberán respetar directrices básicas en materia de inundaciones, incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos y accidentes en el transporte terrestre de mercancías peligrosas cuando elaboren sus planes especiales de protección civil en sus territorios. El ministro ha destacado el compromiso de todas las administraciones para consensuar estas directrices, que fueron aprobadas por unanimidad en el Consejo Nacional de Protección Civil celebrado el pasado 24 de marzo.

Informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/César P. Sendra

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha señalado que el Consejo de Ministros ha abordado el "XVIII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer", relativo a 2024, y ha acordado su remisión a las Cortes Generales. Según ha indicado, se trata de "una herramienta clave" para orientar las políticas públicas a partir de datos actualizados sobre víctimas, denuncias, protección institucional y recursos de atención.

La portavoz del Ejecutivo ha subrayado el contexto "preocupante" en el que se presenta el informe: "Muchos martes en esta misma rueda de prensa me han escuchado iniciar mi intervención dando nuevas cifras de víctimas, vidas arrancadas por la violencia machista. En lo que llevamos de este año, 16 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, elevando a 1.359 el número de víctimas mortales desde el año 2003".

No obstante, según ha explicado Saiz, el informe elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también da cuenta del esfuerzo institucional para "prevenir, proteger y erradicar esta catástrofe". Entre los avances logrados, en 2024 se concedieron 1697 ayudas económicas, "el mayor número desde el inicio de la serie histórica", y se formalizaron 405 contratos bonificados para mujeres víctimas de violencia por su pareja o expareja. Asimismo, el estudio refleja que "en 2024 se registraron 49 víctimas mortales por violencia en el ámbito de pareja o expareja, frente a 58 del año 2023, y es junto a 2025 el año con una incidencia más baja desde que tenemos registros".

El informe recoge, en el ámbito judicial y asistencial, la existencia de 435 juzgados especializados, más de 17 millones de euros destinados a la justicia gratuita y miles de intervenciones de apoyo psicológico. "Por su parte, el servicio 016 atendió más de 106.000 llamadas en 2024, consolidándose como un recurso esencial para informar, asesorar y para atender a las víctimas", ha señalado.

Fomento de la cultura en el medio rural

Elma Saiz ha puesto en valor que el Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución de 14,5 millones de euros entre las comunidades autónomas con cargo al presupuesto del Ministerio de Cultura. De esa cuantía, 3 millones se destinarán al fomento de la actividad cultural en el medio rural, con el objetivo de apoyar a los agentes culturales y contribuir a la dinamización de territorios con menor densidad de población.