El Gobierno aprueba la Ley de Dependencia y amplía el número y la dotación de las becas

La Moncloa, Madrid

El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que garantizará la atención a todas aquellas personas que por su edad o por algún tipo de minusvalía no pueden valerse por sí mismas y facilitará la vida a las personas que las atienden.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha destacado que esta ley constituye el cuarto pilar del Estado del Bienestar, y se suma a otros derechos como la educación y asistencia sanitaria gratuitas y el cobro de pensiones.

La Vicepresidenta ha explicado que hay más de 1.100.000 personas dependientes, y que "el Gobierno destinará cerca de 13.000 millones de euros" al nuevo sistema, que se extenderá gradualmente durante los próximos diez años.

"Esta es una tarea que debe comenzar por los más necesitados y a lo largo de los próximos 10 años ir alcanzando a todas las personas en situación de dependencia", ha dicho.

La financiación será suficiente y quedará garantizada

Por su parte, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ha añadido que la ley entrará en vigor el 1 de enero de 2007, fecha en la que los ciudadanos que lo soliciten serán evaluados para determinar su nivel de dependencia y los servicios o ayudas económicas que necesiten.

El ministro ha detallado que habrá tres niveles de protección. El primero "determina el contenido básico común de los derechos en toda España y será financiado íntegramente por el Estado". El segundo supone la adaptación de los servicios a las particulares circunstancias de cada comunidad autónoma y se "llevará a cabo con la financiación del Estado y de la comunidad autónoma mediante la suscripción de un convenio". El tercer nivel posibilita que las comunidades autónomas y las entidades locales amplíen "por propia iniciativa y a cargo de sus presupuestos estos derechos".

Jesús Caldera ha asegurado que "la financiación será suficiente y quedará garantizada mediante la corresponsabilidad de todas las Administraciones Públicas" para asegurar el contenido de los derechos reconocidos en la ley. Además, ha explicado que "los ciudadanos realizarán una aportación en función de sus recursos económicos", que no superará, en término medio, el 30%.

El titular de Trabajo ha subrayado que la ley supone "una verdadera revolución desde el punto de vista social", y ha dicho que cuenta con el principio de acuerdo de las comunidades autónomas y con un amplio respaldo de los grupos parlamentarios, que pretende que en el futuro sea total. Asimismo, ha destacado que es fruto del diálogo social, y que ha tenido en cuenta las propuestas del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado.

Atendiendo a las recomendaciones de estas instituciones, ha apuntado, "se garantiza que ningún ciudadano quede fuera del sistema por falta de recursos" y se incorpora al sistema a los menores de tres años.

Otros acuerdos del Consejo de Ministros

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado que, en relación con la Ley de Dependencia, el Ejecutivo ha acordado destinar un crédito de 200 millones de euros a las comunidades autónomas para proyectos de atención a personas dependientes.

Además, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto que va a permitir que los trabajadores de los centros especiales de empleo cuenten con servicios de apoyo para mejorar su integración laboral.

Por otra parte, el Ejecutivo ha aumentado, por tercer año consecutivo, la cuantía destinada a becas y ayudas al estudio para el curso 2006-2007. La cuantía de las becas aumenta en un 3% y se amplían los niveles de la renta mínima para percibirlas un 7%.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva dotación de nueve millones de euros para bibliotecas escolares y para el plan de lectura.

En materia de Justicia, el Gobierno ha acordado remitir a informe del Consejo General del Poder Judicial el Anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial, que supone la creación de 20 nuevos juzgados y la modificación de la Planta Judicial en ocho provincias. El objetivo de esta norma es readaptar, agilizar y mejorar la Administración de Justicia al servicio de los ciudadanos.