Consejo de Ministros
El Gobierno activa las ayudas frente a los incendios y aprueba una protección laboral extraordinaria para los afectados
Consejo de Ministros - 28.7.2026
El Gobierno movilizará todos los medios hasta apagar la última llama. | Pool Moncloa/Jorge Villar - 28.7.2026
La Moncloa, Madrid
El Consejo de Ministros ha declarado zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios damnificados por un total de 211 episodios catastróficos ocurridos entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026 en comarcas de 14 comunidades autónomas. En la mayoría de los casos, las emergencias se han debido a incendios forestales. Entre ellos figuran los originados en los últimos días en la Comunidad de Madrid, en las provincias de Ávila y Toledo y en el municipio de Vall d'Uixó (Castellón), cuyos trabajos de extinción no han concluido. La declaración incluye también el incendio de Los Gallardos (Almería), en el que fallecieron 14 personas.
En la comparecencia en la que ha hecho balance del curso político y ha explicado los acuerdos del Consejo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que, con esta declaración, "comenzamos a desplegar ayudas destinadas a paliar los daños personales y materiales". Se trata de medidas en el ámbito agroalimentario y el industrial, de beneficios fiscales, laborales y de Seguridad Social y de apoyos a las corporaciones locales para reparar sus infraestructuras, "entre otras muchas ayudas que iremos poniendo en marcha conforme hacemos una evaluación más certera de la catástrofe", ha añadido.
La declaración comprende, asimismo, emergencias causadas por fenómenos costeros, lluvias y tormentas, incendios en instalaciones industriales y accidentes en el transporte de mercancías peligrosas, entre otros sucesos.
Nueva prestación para los trabajadores afectados por los incendios
También en relación con los incendios, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley con medias laborales, extraordinarias y urgentes, para las personas afectadas por los incendios forestales que hayan implicado evacuaciones, limitaciones de acceso, confinamientos u otro tipo de restricciones por parte de las autoridades. Los trabajadores y las empresas que cumplan los requisitos podrán acogerse a esta protección desde el pasado 23 de julio hasta que concluya la campaña anual de peligro alto de incendios del año 2026.
El decreto ley establece una nueva prestación, limitada a un máximo de cuatro meses, que no requerirá ningún período de cotización mínimo ni consumirá cotizaciones a efectos de futuras prestaciones. Podrán suspender su contrato de trabajo y disfrutar de esta Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema las personas que no puedan acceder a su domicilio habitual o tengan que acondicionarlo y quienes tengan que afrontar cuidados personales o de sus familiares debido a los incendios.
Ley Orgánica de Integridad Pública
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del balance del curso político y el informe periódico de rendición de cuentas "Cumpliendo". | Pool Moncloa/ Fernando Calvo
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una norma que forma parte del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción aprobado por el Gobierno en 2025 y contribuirá a combatir la corrupción política y económica en el ámbito público.
La futura ley modifica diversas normas para actuar en todo el ciclo de la corrupción. Incluye medidas para detectar la corrupción, proteger al informante, endurecer las sanciones y reforzar las prohibiciones de contratar con la Administración. Además, fomenta una cultura de la integridad, a través de campañas institucionales y la formación para los empleados públicos.
Igualmente, la norma establece nuevas obligaciones para mejorar la transparencia de las donaciones que reciben los partidos políticos, la prohibición de que se financien mediante criptoactivos y la obligatoriedad de que realicen auditorías externas.
Asimismo, en el ámbito empresarial, se introduce la obligatoriedad de inscribir las transmisiones y gravámenes de participaciones sociales en el Registro Mercantil.
Pedro Sánchez ha resaltado que la futura ley mejora el anteproyecto presentado el pasado 17 de febrero, al incorporar las aportaciones de organismos estatales, autonómicos y de la sociedad civil. Además, ha señalado que en su elaboración se ha contado con el asesoramiento de la OCDE para "poner a España en la frontera de las mejores prácticas internacionales".
El jefe del Ejecutivo también ha indicado que la norma recoge la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública que, entre otras, asumirá funciones en materia de estrategia, análisis, investigación y sanción, protección de informantes, contratación pública, subvenciones, conflictos de interés, formación e impulso de una cultura de integridad.
El presidente ha instado a los grupos parlamentarios a que "tengan la altura de miras que exige el momento y voluntad de diálogo para que este proyecto salga adelante".
Zaragoza, sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con Yolanda Díaz tras la presentación del balance del curso político. | Pool Moncloa/ Borja Puig de la Bellacasa
El Consejo de Ministros ha aprobado ubicar la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) en la ciudad de Zaragoza.
La candidatura de Zaragoza ha sido la mejor valorada de las ocho presentadas por ser la más completa, contar con un consenso institucional, político y social, y por el papel que puede tener como elemento vertebrador del conjunto del territorio.
En este sentido, el presidente del Gobierno ha destacado que esta decisión es "un nuevo ejemplo de lo que significa apostar por la cohesión territorial en España" y beneficia tanto a los zaragozanos como el conjunto del país. "Una agencia estatal de salud pública nos permitirá tener todos los recursos que no tuvimos durante los primeros meses aciagos de la pandemia para poder responder de manera mucho más eficaz ", ha dicho.
Adenda de Cierre al Plan de Recuperación
El Gobierno ha aprobado la Adenda de Cierre al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para facilitar su evaluación final por la Comisión Europea y optimizar la utilización de los recursos disponibles antes del 31 de agosto, fecha límite para la ejecución de estos fondos europeos.
La Adenda mejora la redacción de 121 hitos y objetivos y de 101 medidas para dar mayor claridad al proceso evaluador, reducir cargas administrativas y aportar mayor seguridad jurídica, sin alterar los objetivos sustantivos de las reformas e inversiones.
Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha resaltado que "la capacidad de gestionar los fondos europeos se ha superado con nota por parte de todos los niveles de la Administración del Estado" y que estos fondos han contribuido a la transformación estructural de la economía.
"Somos uno de los dos países con mayor éxito en la ejecución de los fondos Next. Venimos precisamente de recibir la aprobación del sexto desembolso, que vamos a recibir en las próximas semanas. Y en total, habremos recibido unos 100.000 millones de euros, destinados a autónomos, a pymes, a empresas, a industrias, a centros educativos, a mejorar el sistema nacional de dependencia de nuestro país", ha manifestado Pedro Sánchez.