El Gobierno aprueba el proyecto del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes el proyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, una norma que responde a los objetivos de la reforma laboral de 2021. La norma delimita la frontera entre las relaciones laborales y las actividades formativas y permitirá erradicar prácticas fraudulentas que encubren una relación laboral, lo que supondrá el incremento del empleo juvenil.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado que la aprobación de la norma es muy oportuna porque ayer se superó la cifra de dos millones de jóvenes que han cotizado durante sus prácticas formativas no remuneradas desde el 1 de enero de 2024, de los que el 56% son mujeres. "El conocido como Estatuto del Becario que hoy hemos aprobado incide en esta línea, garantiza derechos y evita el abuso de los jóvenes estudiantes que están dando sus primeros pasos en el mercado laboral", ha remarcado.

En la misma línea, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ya presentó el anteproyecto en noviembre de 2025, ha resaltado que el objetivo de la norma es "calibrar qué es la formación de calidad en España, preservarla y convertirla en un elemento de excelencia".

Garantías y derechos de las personas en prácticas no laborales

Las prácticas no laborales deberán estar vinculada a estudios oficiales universitarios, a la Formación Profesional o las enseñanzas determinadas por los sistemas públicos de empleo. En caso contrario se considerará que hay una relación laboral. También habrá una relación laboral si la persona en prácticas sustituye la actividad de un trabajador.

Yolanda Díaz ha explicado que, a partir de ahora, las prácticas no laborales en las empresas tienen que constar por escrito. Las empresas deberán firmar un acuerdo o convenio de cooperación con el centro formativo que recoja cuál es la formación que cada persona tiene que recibir y la duración máxima de las prácticas. Además, cada persona tendrá una doble tutorización: una persona de la empresa o administración y otra del centro formativo.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Carlos Herrero

Asimismo, se prohíbe el acceso a la formación práctica mediante el pago y las personas en formación tendrán el derecho a la compensación de gastos que supone la práctica no laboral. La ministra ha avanzado que la Inspección de Trabajo eleva las cuantías y las sanciones en caso de vulneraciones, que podrán superar los 250.000 euros.

La titular de Trabajo ha reiterado que el Gobierno está volcado en luchar contra la precariedad y el paro juvenil y ha señalado que la medida aprobada hoy es lo que la gente joven estaba esperando. Díaz también ha agradecido el diálogo con los agentes sociales y ha instado al principal partido de la oposición a que apoye la norma en el Parlamento.

Compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres

El Gobierno ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo, en la que ratifica su compromiso con la lucha por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha resaltado que ningún país ha conseguido ese objetivo marcado por Naciones Unidas hace casi cincuenta años y que este 8M llega en un marco de "violencia creciente" contra las mujeres a escala internacional.

La violencia digital que sufren las mujeres es precisamente el objeto de un informe que la ministra de Igualdad ha presentado en el Consejo de Ministros. El 70% de las demandas a las plataformas digitales se producen por violencia contra las mujeres, y el 83% de las mujeres menores de 35 años han sufrido acoso u hostigamiento en las redes sociales de forma puntual. Además, el 57% de las mujeres en política o en posiciones institucionales son objeto de campañas de desprestigio y deshumanización, y el 72% de las periodistas, las personas influyentes o las activistas reciben ese tipo de ataques de forma constante, según el estudio.

Refuerzo de los controles contra la violencia digital

Esa violencia repercute en el ámbito personal, pero también perjudica al pluralismo y al debate público. "Esto, lógicamente, el algoritmo lo pretende, lo busca y lo amplifica", ha dicho Ana Redondo, quien ha criticado el anonimato y la falta de controles en el "salvaje Oeste digital".

El informe ha detectado cuatro formas de ataques: las campañas de desinformación; la violencia cultural a través de la terminología empleada para referirse a las mujeres; la violencia sexual explícita a través de la pornografía y el uso de la inteligencia artificial para deshumanizar a la mujer, y la reproducción de los estereotipos tradicionales de las mujeres. La campaña del 8M de este año anima justamente a reflexionar sobre esa recuperación de los roles tradicionales y lo implica en cuanto a la limitación de la libertad de las mujeres.

El estudio plantea igualmente cómo responder a esos ataques. "Tenemos que defendernos y, además, ser faro para otros países", ha manifestado Redondo, quien ha recordado que España ocupa la cuarta posición en el índice europeo de igualdad gracias a los avances logrados durante cincuenta años de democracia.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Carlos Herrero

El informe propone reforzar los controles de las redes y las plataformas en el marco de la soberanía digital europea, desarrollar la Carta de Derechos Digitales, prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y exigir la verificación de la edad en el caso de las plataformas y de las páginas de pornografía de cualquier tipo. La titular de Igualdad ha incidido también en la necesidad de impulsar las medidas relativas a la violencia digital incorporadas al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"Vamos a hacer lo posible para que ese pasado, que es un pasado de violencia y de negación de los derechos de las mujeres, un pasado antidemocrático, no avance", ha concluido Ana Redondo.

Defensa de la negociación y el derecho internacional

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha expuesto la respuesta del Gobierno al "nuevo ciclo de violencia, conflicto e inestabilidad" desatado por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de este país. Albares ha resaltado que las acciones militares de Estados Unidos e Israel no se enmarcan en una acción colectiva ni en la Carta de Naciones Unidas y ha condenado los ataques de Irán a muchos países de la región y a Chipre, "un socio de la Unión Europea al que traslado toda nuestra solidaridad".

Ante este "salto cualitativo y cuantitativo de violencia, con consecuencias imprevisibles no solo para la región", el titular de Exteriores ha afirmado que "España defiende la desescalada, la negociación y el derecho internacional". José Manuel Albares ha añadido que ese papel de equilibrio es el que debe desempeñar la Unión Europea.

Asistencia a los ciudadanos españoles

La prioridad absoluta del Ejecutivo, según ha subrayado el ministro, es la seguridad de los más de 30.000 españoles que se encuentran en la región, así como la de los equipos de las embajadas y sus familias, a quienes ha agradecido su "extraordinaria labor", desarrollada en circunstancias difíciles, especialmente en el caso de la embajada en la capital iraní. Hasta el momento no se han registrado fallecidos ni heridos en la colonia española.

Albares ha detallado que las embajadas y los consulados de España desarrollan una labor permanente de asistencia a los ciudadanos españoles en la región y los atienden en los teléfonos de emergencia habilitados. Además, la División de Emergencia Consular del Ministerio permanece operativa en todo momento, con refuerzo de personal diplomático en la sala de crisis, y se han habilitado líneas telefónicas suplementarias para consolidar la atención consular. Desde el sábado, se han recibido casi 2.000 llamadas solo en la sala de crisis del Ministerio.

El titular de Exteriores ha pedido a todos los españoles desplazados temporalmente en la región que se inscriban en el Registro de viajeros para mejorar el seguimiento y la capacidad de asistencia. A través de las redes sociales, las páginas web y los teléfonos de emergencia, disponen igualmente de información puntual y actualizada desde el Ministerio y las embajadas.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Carlos Herrero

Por otra parte, el ministro ha anunciado que ya están en marcha las operaciones de evacuación de españoles en distintos países de la región. "Los medios empleados, el nivel de dificultad y la duración de cada una de ellas varía mucho de un país a otro, pero estamos empleando ya todos los medios, tanto terrestres como aéreos, que cada circunstancia nos permite para repatriar lo antes posible al mayor número de españoles que lo deseen", ha asegurado. Algo más de 175 españoles vuelan ya hacia Madrid desde Abu Dhabi, y está previsto que otros vuelos salgan desde Emiratos Árabes Unidos a lo largo del día.

José Manuel Albares también ha avanzado que hoy mantendrá otra reunión telemática con los embajadores, embajadoras y encargados de negocios de todos los países de la región para coordinar una respuesta global y adaptada a cada país. "Vamos a reforzar de manera inmediata los medios materiales y humanos de las embajadas, además de posicionar otros recursos para preparar posibles evacuaciones en cuanto se vayan abriendo ventanas de oportunidad", ha explicado.

La portavoz del Gobierno ha insistido en el llamamiento a la desescalada de la violencia y ha trasladado un mensaje de "prudencia" en el plano económico. De acuerdo con Saiz, el Ejecutivo está valorando el efecto del conflicto en las subidas de precios y sus consecuencias para consumidores, industrias y empresas. "La exposición directa de España es baja, tanto por la diversificación de nuestro 'mix' energético, como por nuestras fuentes de abastecimiento en materia de crudo y de gas", ha explicado la ministra, que ha puntualizado en cualquier caso que el impacto del conflicto dependerá de su duración.

Reconocimientos de defensores de la democracia

En el ámbito de Memoria Democrática, la portavoz del Gobierno se ha referido a la aprobación de un real decreto Ley que modifica la Ley de Memoria Democrática sobre el reconocimiento a personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia. Este texto, ha explicado Saiz, amplía el marco temporal previsto inicialmente: la ley reconocía estas indemnizaciones en situaciones registradas entre el 1 de enero del 68 y el 31 de diciembre de 1977, lo que se amplía hasta la entrada en vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978. El plazo para presentar las solicitudes será de un año prorrogable por otro año más.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional de reconocimiento a las víctimas de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, que se saldaron con cinco obreros muertos y un centenar de heridos como consecuencia de la actuación desproporcionada de la Policía en el desalojo de una asamblea. De acuerdo con Saiz, el texto condena aquellos sucesos y "se reafirma en el compromiso con la memoria democrática, la verdad, la justicia y la reparación".

La declaración, ha continuado la ministra, subraya la importancia del movimiento obrero de la época que, pese a la ausencia de libertades sindicales, impulsó espacios de participación colectiva que contribuyeron al avance democrático y al reconocimiento de derechos sociales y laborales. Estas víctimas han sido reconocidas y reparadas por las instituciones estatales recientemente; el pasado 23 de febrero se declaró la iglesia de San Francisco de Asís, donde se produjeron los hechos, como "Lugar de Memoria Democrática".

Más acuerdos del Consejo de Ministros

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a las ministras de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. | Pool Moncloa/Carlos Herrero

Con el objetivo de dar continuidad a los acuerdos para proteger el tejido productivo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al primer paquete de avales ICO destinados a empresas y autónomos de las zonas afectadas por las borrascas que han azotado la Península Ibérica en lo que va de año, una medida de apoyo adoptada para la recuperación del potencial productivo de explotaciones agrarias y pesqueras afectadas.

Las líneas de financiación contarán con un total de 100 millones de euros que forman parte del plan de ayudas extraordinarias por 2.874,1 millones de euros aprobados por el Gobierno el pasado 17 de febrero en Consejo de Ministros para ayudar al sector agrario, pesquero, acuícola y agroalimentario afectado por el tren de borrascas.

Por otra parte, en las áreas de Defensa e Interior, el Ejecutivo ha aprobado la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil para 2026, con lo que se formalizan las convocatorias para cubrir casi 4.500 plazas de estos cuerpos.

Otros asuntos de actualidad: Plan de Recuperación y datos de afiliación

La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha subrayado en su intervención la solicitud por parte del Gobierno de España del sexto pago del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que asciende a 7.256 millones de euros. Con esta solicitud, correspondiente al penúltimo desembolso, España alcanzará el 75% de los fondos totales asignados, lo que según Saiz, "refuerza su liderazgo europeo".

Saiz ha celebrado también los datos de afiliación a la Seguridad Social registrados en el mes de febrero, con los que el mercado laboral español supera los 21,9 millones de afiliados, una vez descontada la estacionalidad. "Hemos creado 100.000 puestos de trabajo en un mes, es uno de los mejores febreros de la historia", ha sentenciado, añadiendo que estas cifras contribuyen al mensaje de "certidumbre" trasladado por el Gobierno sobre el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo.

A las puertas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la portavoz del Ejecutivo ha destacado los avances para cerrar la brecha de género en el ámbito laboral: "Febrero termina con 10,3 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social. Son 13 meses consecutivos por encima de los 10 millones y representan más del 47% del total de ocupados en nuestro país. Sólo en el último año, hemos sumado casi 233.000 mujeres más trabajando, 1.750.000 más que las que había en 2018", ha concluido.