El Gobierno facilita a las comunidades autónomas y los ayuntamientos los mayores recursos de la historia

El Consejo de Ministros ha reforzado la financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales a través de un real decreto ley que incluye dos medidas fundamentales. Por un lado, se actualizan las entregas a cuenta correspondientes al año 2026. Por otro, se permite a las entidades locales con superávit presupuestario en 2025 que lo dediquen a inversiones financieramente sostenibles.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha recordado que el Consejo de Ministros ya aprobó esta actualización de las entregas a cuenta en diciembre de 2025 y el pasado febrero, pero el Congreso de los Diputados no la convalidó en ambas ocasiones. España ha destacado que las comunidades autónomas y los ayuntamientos reclaman esas medidas para garantizar su viabilidad financiera y cubrir sus necesidades. "Son buenas para el conjunto del sistema y, sobre todo, para los ciudadanos", ha asegurado.

Más recursos para las comunidades autónomas y los ayuntamientos

Gracias al real decreto ley, las comunidades autónomas podrán recibir este año 157.731 millones de euros en concepto de entregas a cuenta (los pagos que el Estado realiza como un adelanto a partir de lo que estima que se va a recaudar). Esta cantidad supone un aumento del 7% respecto al año anterior. Si se suman los fondos procedentes de la liquidación de 2024 (el saldo entre la recaudación estimada y la real), las comunidades autónomas recibirán este año, vía modelo de financiación, 170.300 millones de euros, un 7,7% más.

El titular de Hacienda ha afirmado que es "la cifra más alta de la historia" y que, si se compara con los datos del año 2018, la subida es del 64%. Arcadi España ha sostenido que el incremento se debe a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno y que se reflejan también en la reducción del déficit, el récord de afiliados y la bajada del desempleo. "Mayores ingresos públicos, mayores ingresos para la Administración General del Estado, pero también para las comunidades autónomas", ha manifestado.

El ministro se ha preguntado por qué muchos ciudadanos no ven reflejado ese aumento de la financiación en la calidad de los servicios públicos, por ejemplo, en la sanidad o la educación. "Siempre se habla solo de ingresos, pero es un momento bueno para reflexionar sobre la gestión de esos recursos por parte de las administraciones públicas, en este caso, las que ostentan las grandes competencias del estado del bienestar, como son las comunidades autónomas", ha señalado.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

En cuanto a las entidades locales, las entregas a cuenta también alcanzarán en 2026 un nivel histórico: 29.247 millones de euros, un 8,8% más que el año anterior. El aumento de recursos respecto a 2018 es en este caso del 67,5%.

Más flexibilidad para invertir el superávit en políticas de vivienda

El segundo pilar del real decreto ley es la posibilidad de que los ayuntamientos con superávit presupuestario en 2025 destinen parte de esos recursos a determinadas inversiones sin que computen a efectos de la regla de gasto (el límite legal para el aumento del gasto de un año a otro). Esas inversiones incluyen ámbitos como el alcantarillado, la industria, la energía, el comercio, la protección civil y las infraestructuras, entre otros. La medida puede beneficiar a más de 2.540 entidades locales, que podrían movilizar un volumen de recursos de 3.168 millones de euros para ese tipo de actuaciones financieramente sostenibles.

Como gran novedad, Arcadi España ha señalado que el texto habilita un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan destinar a políticas de vivienda el superávit de 2025 y también el de los cuatro años siguientes. No será necesaria, por tanto, una habilitación legal nueva cada año. El objetivo, según ha explicado el ministro, es garantizar la estabilidad y la proyección a largo plazo de las políticas de vivienda, "reforzando las medidas que impulsa el Gobierno de España y la financiación que va a distribuir a las comunidades autónomas".

También el resto de inversiones financieramente sostenibles podrán tener carácter plurianual, es decir, el remanente de 2025 podrá emplearse en proyectos cuya ejecución se alargue hasta 2030.

Ampliación del parque público de vivienda

El Gobierno ha aprobado dos acuerdos en materia de vivienda que responden a su prioridad de continuar ampliando del parque público. En primer lugar, ha autorizado destinar a la entidad pública empresarial CASA 47 260 millones de euros adicionales para la construcción de 1.629 viviendas nuevas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha subrayado que, con esta inyección económica, los recursos traspasados de Vivienda a la entidad alcanzan los 2.080 millones de euros. En la actualidad, CASA 47 tiene en marcha 68 proyectos en todo el territorio. Según ha precisado la ministra, hay 44 actuaciones de edificación residencial para construir 3.266 viviendas y otras 24 actuaciones de urbanización de solares con un potencial de construcción de 22.000.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Otras iniciativas de esta entidad pública apuntadas por la ministra son las 40.000 viviendas de la SAREB que el Ejecutivo está poniendo a disposición de los ciudadanos y la primera oferta de compra que realiza Casa 47 en el conjunto de España, con más de 100 millones para facilitar a los jóvenes y a las familias viviendas en alquiler asequible que están en manos de particulares o de 'fondos buitres'.

Rodríguez ha recordado que a través de CASA 47 se impulsa ese parque público, se garantiza que los alquileres sean siempre asequibles -por debajo del 30% de los ingresos de las familias-, que los contratos sean de larga duración, de hasta 75 años, que den acceso a las clases medias y trabajadoras y que se enmarquen dentro de un nuevo concepto de ciudad, de espacios verdes y sostenibles que contribuyan a la cohesión social y territorial de nuestro país.

Cuantías máximas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

El segundo acuerdo establece las cuantías máximas del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030 y autoriza la propuesta de distribución territorial acordada por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada el pasado 21 de mayo.

La ministra ha subrayado que todas las viviendas que se van a construir con los 7.000 euros de fondos estatales del PEV serán protegidas para siempre: "Blindamos con este esfuerzo inversor el parque público de vivienda y se acaba con otros modelos donde, incluso con esos fondos públicos, se contribuyó a la especulación".

Isabel Rodríguez ha indicado que el PEV incorpora ayudas tanto para la construcción de vivienda como para la rehabilitación del parque existente, así como para los colectivos -jóvenes, familias, personas vulnerables- y territorios que más lo necesiten. Además, la ministra ha aclarado que el plan tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y que se van a transferir a las comunidades autónomas 800 millones de euros en el mes de julio para que de manera inmediata puedan desplegar sus acciones.

Esfuerzo inversor del Gobierno en vivienda

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha destacado que el esfuerzo inversor del Gobierno está dando resultados en la construcción del parque público de vivienda.

En este sentido, ha apuntado que las licitaciones de vivienda pública han ascendido a 465 millones en el primer trimestre de este año, lo que supone el mejor dato de licitación de vivienda pública desde 2008.

Lucha contra el dopaje en el deporte

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente del anteproyecto de Ley Orgánica de Lucha Antidopaje en el Deporte, con el fin de adaptar al ordenamiento jurídico español al nuevo Código Mundial Antidopaje, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha presentado la futura norma que refuerza la protección de la salud de los deportistas, la integridad de las competiciones y la defensa de los valores del deporte limpio y justo.

Tolón ha explicado que la lucha contra el dopaje tiene una dimensión claramente internacional. Los controles, las sanciones y las normas comunes ya no se organizan únicamente desde cada país, sino a través de un sistema global y coordinado del que España forma parte desde hace más de 20 años.

En la actualidad, el instrumento esencial de ese sistema, según ha remarcado, es el Código Mundial Antidopaje, que se revisa cada seis años para ir incorporando los avances científicos, los cambios que se producen en las prácticas deportivas y la experiencia acumulada en la aplicación de la norma. "Los métodos analíticos hoy ya son muchísimo más precisos y permiten, de alguna forma, detectar cantidades cada vez más pequeñas de sustancias que se puedan utilizar. También han aumentado los casos complejos relacionados con contaminaciones no intencionadas", ha puesto como ejemplo la ministra.

Equilibrio entre la protección del deporte y los derechos de los deportistas

La futura ley orgánica aclara las obligaciones de las personas deportistas, especifica las conductas sancionables y refuerza el régimen aplicable a los deportes de equipo. La ministra ha añadido que garantiza "la coherencia del sistema sancionador con los principios de legalidad, especificidad y proporcionalidad inherentes al derecho administrativo sancionador".

Asimismo, Milagros Tolón ha argumentado que la lucha contra el dopaje constituye una política pública esencial para la protección de la salud, dado que el uso de sustancias dopantes ha traspasado el ámbito del deporte profesional y se ha extendido al no profesional e incluso a las personas menores.

El texto incorpora un título específico dedicado a la prevención del dopaje con medidas de formación, sensibilización y apoyo dirigidas a deportistas, familias y entidades deportivas. "Las competiciones merecen desarrollarse con todas las garantías y que los resultados respondan al talento, al trabajo y a la dedicación de quienes participan en ellas, porque un deporte limpio es un porte más justo", ha concluido la ministra.

Estatuto Marco del personal sanitario para eliminar las guardias de 24 horas

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, una reforma integral que actualiza un marco normativo con más de dos décadas de antigüedad.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha señalado que este texto, fruto de las negociaciones con los sindicatos mayoritarios del sector, "incorpora mejoras históricas, como la eliminación de las guardias de 24 horas, además de otras relativas a descansos, conciliación y estabilidad".

Saiz ha indicado que a partir de ahora deben ser las comunidades autónomas, "quienes tienen competencias sobre salarios, plantillas, organización de los servicios y buena parte de las condiciones de trabajo", quienes atiendan el resto de reivindicaciones de los sanitarios.

El nuevo texto tiene como objetivo adaptar la regulación del personal estatutario a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud, reforzando la estabilidad en el empleo, mejorando las condiciones laborales y favoreciendo una planificación más eficiente de los recursos humanos.

El Anteproyecto de Ley establece un periodo de cinco años para que los servicios de salud realicen las adaptaciones organizativas necesarias en materia de jornada. Además, se prevé la creación de un Registro Estatal de Personal Estatutario para la planificación coordinada de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud.

Recurso de inconstitucionalidad contra la norma autonómica que deroga la ley de memoria balear

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, también ha informado de que el Gabinete ha acordado solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley que deroga la Ley 2/2018, de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Balears.

El Gobierno considera necesario el recurso, que cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, una vez que se ha constatado la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con la Comunidad Autónoma.

Asuntos de actualidad: más de 22,3 millones de afiliados, nuevo hito del mercado laboral en España

Los ministros Isabel Rodríguez, Arcadi España, Elma Saiz y Milagros Tolón durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

La ministra de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones ha celebrado los últimos datos del mercado laboral en España. "El empleo marca un nuevo récord en mayo con 22,3 millones de afiliados a la Seguridad Social, después de sumar 232.000 ocupados en un mes. Es el segundo mes de mayo mejor de toda la serie", ha insistido Saiz. En términos interanuales, el incremento es de 553.431 afiliados, una tasa del 2,54%, la más elevada en más de dos años.

"Es un éxito colectivo. Cada empresario que sube su persiana y cada trabajador tienen un papel en estos resultados. Todos ellos están detrás de los datos. Pero también, son producto de políticas bien dirigidas como la reforma laboral. Desde su puesta en marcha, en España hay 2,3 millones de ocupados más y la temporalidad ha caído al 11,8%, frente al 31,1% que suponía en mayo de 2018", ha explicado la portavoz del Ejecutivo.

Para la titular de Seguridad Social se trata de "cifras nunca antes vistas", sobre todo en lo relativo a la afiliación de mujeres, jóvenes, trabajadores autónomos y extranjeros. Según ha detallado Saiz, por primera vez la afiliación de las mujeres roza los 10,6 millones de ocupadas. En concreto, hay 271.290 afiliadas más que hace un año y son 1,8 millones más que en 2018. La mejora del empleo femenino desde 2018 es del 20,8%.

En cuanto a los menores de 30 años, Saiz ha señalado que la ocupación ha crecido un 33,2% desde 2018, casi 900.000 trabajadores más. La portavoz del Gobierno también ha enfatizado los datos de afiliación de trabajadores extranjeros, que superan ya el 15% de los cotizantes en España y suponen el 43% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral. "Cifras a las que parece que nos hemos acostumbrado, pero no dejan de ser extraordinarias", ha insistido.