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El Gobierno culmina la reforma de la formación laboral con la regulación de los contratos formativos

Consejo de Ministros - 25.11.2025

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La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha desarrollado el régimen del contrato formativo, recogido en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, para adecuarlo a la reforma laboral del año 2022.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que esta regulación garantiza una formación de calidad en España y combate las prácticas abusivas en esta materia. Además, la norma completa la reforma integral de la formación para el empleo, tras la nueva legislación sobre la Formación Profesional (FP) que se ha aprobado en los últimos años y el reciente impulso a la Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral (el llamado "Estatuto de los becarios").

Derechos laborales y retención del talento

El contrato formativo comprende dos modalidades, ambas de carácter laboral y, por tanto, dotadas con los correspondientes derechos y garantías. La primera es la formación en alternancia con la actividad laboral, dirigida a las personas que se están formando en el ámbito de la FP, la universidad o el Sistema Nacional de Empleo y realizan parte de su aprendizaje en empresas. La segunda es el contrato para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios correspondientes -lo que se conoce habitualmente como "prácticas"-, que permite adquirir experiencia a quienes han obtenido un título universitario o un título o un certificado de grado del sistema de FP.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa tras el Consejo de MinistrosLa ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

"Ya somos un país que cumple con el modelo de formación moderno, a la europea", ha afirmado Yolanda Díaz. "Es la mejor manera de modernizar las empresas y de retener el talento, que es imprescindible hoy para mejorar la productividad", ha añadido la vicepresidenta, que ha llamado a las empresas a aprovechar estos contratos y acabar tanto con el uso fraudulento de las prácticas no laborales como con el desvío de las personas que se están formando hacia tareas que no se corresponden con su plan formativo específico. Díaz ha recordado que en el año 2024 hubo en España 944.543 prácticas no remuneradas por tan solo 54.987 contratos formativos.

La ministra de Trabajo y Economía Social ha detallado que la formación en alternancia deberá contar con un contrato expreso, por escrito, con la regulación completa de los derechos y participación de los representantes sindicales, suscrito entre la persona que se está formando y el centro que expide la formación. Además, exigirá una doble tutoría, por parte del centro formativo y por la persona responsable de esa formación en la empresa. La retribución no podrá ser inferior en ningún caso al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

Yolanda Díaz ha remarcado la utilidad en este ámbito del catálogo de especialidades del Servicio Público de Empleo, que engloba a más de 700.000 personas y está respondiendo rápidamente a las necesidades de las empresas, por ejemplo en los centros de datos o las energías renovables.

En el caso del contrato en prácticas, la formación que habilita para desarrollar la relación laboral deberá estar totalmente terminada, según ha resaltado la vicepresidenta segunda.

Teresa Peramato, nueva fiscal general del Estado

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa tras el Consejo de MinEl ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

El Consejo de Ministros ha iniciado el procedimiento establecido legalmente para nombrar a Teresa Peramato como fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz, que renunció ayer a su puesto.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha detallado que el Gobierno ha solicitado un informe al Consejo General del Poder Judicial, que determinará si existe alguna causa de inelegibilidad o si Paramato cumple los requisitos legales para ser nombrada. Ese informe, que se emitirá previsiblemente en los próximos días, se enviará a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados donde Teresa Peramato tendrá que comparecer para que se valoren su idoneidad y sus méritos. Finalmente, el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado corresponderá al Rey, a propuesta del Consejo de Ministros, una vez oído el Consejo General del Poder Judicial.

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Félix Bolaños ha repasado los 35 años de trayectoria profesional de la actual fiscal jefe de la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo: "Su trayectoria es impecable, con una formación jurídica extraordinaria, un reconocimiento por parte de todos los operadores jurídicos indiscutible y un compromiso feminista y una vocación de servicio público a la vista de todos".

La propuesta de nombramiento coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora hoy. El ministro ha recordado Teresa Paramato ocupó, entre otros cargos, el de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.

Retos del Ministerio Fiscal

Félix Bolaños ha argumentado que Teresa Peramato es "una persona absolutamente idónea" para llevar a cabo los retos que tiene por delante el Ministerio Fiscal. El primero de ellos, ha señalado el ministro, es seguir reforzando su autonomía, así como los medios materiales y humanos que necesita la Fiscalía para cumplir su labor: perseguir el delito y cumplir la Ley.

En segundo lugar, Peramato trabajará para conseguir la independencia de criterio en todos los juzgados y en todos los tribunales de nuestro país. El tercer reto apuntado por Bolaños es acompañar las modificaciones que el Gobierno está acometiendo en materia de justicia: "Eso que venimos denominando la transformación de la justicia en décadas y que se traduce en una modificación nuclear del sistema de investigación penal en nuestro país, de tal manera que la instrucción sería asumida por el Ministerio Fiscal, siempre con un juez de garantías para revocar o ratificar las decisiones que tome el fiscal en su investigación penal".

Reconocimiento a Álvaro García Ortiz

El titular de Justicia ha reconocido la labor del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que seguirá prestando sus servicios hasta que se produzca el nombramiento de la nueva fiscal: "Ha desempeñado el cargo con brillantez y se ha mantenido en su lugar garantizando la independencia y la autonomía del Ministerio Fiscal actuando con una vocación de servicio indiscutible y una dedicación personal evidente".

Recuperación económica y social de la isla de La Palma

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

El Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas complementarias urgentes para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras los daños ocasionados por las erupciones volcánicas. Una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, se aplicará de forma inmediata, pero tendrá que ser convalidado por el Congreso de los Diputados.

Las medidas recogidas en la norma se suman a los 1.100 millones de euros destinados a la recuperación y reconstrucción de la isla desde el inicio de la erupción.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expuesto el contenido de la norma, que se dirige en exclusiva a la isla de La Palma. En primer lugar, se habilita, de forma excepcional, a la Comunidad Autónoma de Canarias para que pueda destinar 100 millones de euros del superávit presupuestario de 2024 a financiar ayudas dirigidas a personas físicas o entidades afectadas, en especial destinadas a daños en las fincas agrarias y a compensaciones por la construcción de infraestructuras sobre fincas expropiadas o dañadas por las coladas volcánicas. El ministro ha recordado que ya se destinaron cerca de 400 millones de euros para compensar económicamente a los ciudadanos que perdieron su vivienda habitual. "Había que hacer un esfuerzo, fundamentalmente con el sector más afectado, que es el sector primario. Y, por tanto, 100 millones van a ir para este sector primario", ha remarcado.

Ángel Víctor Torres ha resaltado que la segunda medida recogida en la norma también está relacionada con el sector primario: se restablece la moratoria de obligaciones de pago de interés y de principal para quienes habían solicitado préstamos y créditos por la pérdida de sus fincas en El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, y cuyos ingresos provengan fundamentalmente de la agricultura. Esta decisión favorece a unos 200 agricultores.

Como tercera medida, el ministro ha anunciado que los residentes en la isla de La Palma tendrán una reducción del 60% en su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Además, se amplía hasta finales del tercer trimestre de 2026 el periodo para justificar las subvenciones otorgadas por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la Comunidad Autónoma de Canarias -unos 12 millones de euros- y al Cabildo -3,3 millones de euros-.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado sobre la aprobación de una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre. La portavoz del Ejecutivo ha comenzado su intervención recordando a todas las mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia machista y ha trasladado a sus familias un mensaje de "cariño, respeto y solidaridad".

Pilar Alegría ha recordado en este punto que, desde que existen registros, se contabilizan un total de 1.333 mujeres asesinadas por sus parejas o por sus ex parejas en España, 38 en el presente año. Ante esta realidad, tal y como ha explicado la ministra, el Gobierno manifiesta su rechazo "más absoluto" a todas las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres y el compromiso "firme" para seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva. "Somos perfectamente conscientes de que la violencia contra la mujer requiere de unidad y determinación y, por eso, no vamos a permitir ni un paso atrás: porque las mujeres tienen que vivir libres y sin miedo", ha concluido.

Nueva declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil

La portavoz del Gobierno ha informado, además, sobre la aprobación en el Consejo de Ministros de una nueva declaración de "zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil" para los territorios que han sufrido episodios catastróficos de distinta naturaleza, en su mayoría inundaciones, durante los últimos tres meses.

Pilar Alegría ha confirmado que esta declaración se aplicará en 63 comarcas localizadas en 15 comunidades autónomas. Entre otras emergencias, el texto aprobado recoge el temporal de lluvias torrenciales del 30 de septiembre en las islas de Ibiza y Formentera; la DANA Alice entre los días 9 y 13 de octubre en Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña y Murcia; o los incendios forestales registrados entre el 26 de agosto y el 9 de noviembre en Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra, Galicia y Baleares.

Todas las personas afectadas por estos episodios han podido solicitar ya las ayudas que son competencia del Ministerio del Interior, destinadas a paliar daños personales y materiales. Además, y a partir de lo aprobado por el Consejo de Ministros, otros ministerios podrán adoptar diferentes medidas para paliar las consecuencias de estas emergencias, como beneficios fiscales, medidas laborales o subvenciones por daños en producciones agrícolas.