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Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba medidas urgentes para reparar los daños causados por el temporal

La Moncloa, Madrid, viernes 6 de marzo de 2015

​El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley de medidas urgentes para reparar los daños causados por los sucesivos temporales de lluvia, nieve y viento que desde el mes de enero han afectado a la práctica totalidad del territorio nacional.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha remarcado que el texto prevé dar cobertura a todos los perjuicios que puedan producirse hasta el próximo 31 de mayo. "Pese a que aún persisten los efectos de la emergencia en algunas zonas y a no tener una evaluación completa de los daños, es necesario adoptar ya decisiones urgentes", ha defendido.

Según las estimaciones provisionales aportadas por las distintas Administraciones, las pérdidas rondan en estos momentos los 105 millones de euros. Unos 100 millones corresponden a bienes de titularidad estatal y el resto a bienes públicos no estatales y de particulares.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha indicado que el Decreto Ley contempla de manera muy especial las consecuencias de las inundaciones por la crecida del río Ebro, "la peor en veinte años", que ha anegado en torno a 20.000 hectáreas y ha obligado al desalojo y la evacuación de unas 1.500 personas.

Ayudas de emergencia

Fernández Díaz ha explicado que las medidas buscan restablecer el normal funcionamiento de los servicios públicos en las zonas afectadas, iniciar las reparaciones necesarias y ayudar a los particulares. 

Dentro del ámbito de su departamento, el ministro ha destacado las ayudas de emergencia por daños personales, por daños materiales en viviendas y enseres y las destinadas a las explotaciones agrarias. Al emplearse este concepto en vez del habitual de "establecimientos agrarios", las ayudas podrán extenderse a elementos esenciales que no se pueden asegurar, como los caminos privados o la pérdida de las capas cultivables de terreno, ha precisado.

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También se prevén ayudas para las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, y a las corporaciones locales por los gastos causados para hacer frente a las situaciones de emergencia (como la retirada de nieve o lodo o el drenaje del agua).

El titular de Interior ha subrayado que en esta ocasión los requisitos para conceder las ayudas se flexibilizan: se amplía de un mes a dos el plazo para presentar las solicitudes y se reduce de seis a tres meses el plazo para resolverlas.

Infraestructuras locales y beneficios fiscales

En atención especialmente a los daños causados en Aragón, el texto incluye algunas medidas específicas que gestionará el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La principal novedad son las ayudas adicionales a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que, teniendo pólizas en vigor amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados, hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción.

Además, el Consejo de Ministros podrá eximir de la evaluación de impacto ambiental a aquellas obras de reparación o rehabilitación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones que deban hacerse por el procedimiento de urgencia.

El Decreto Ley también prevé ayudas y subvenciones para la financiación de obras que afecten a infraestructuras locales, así como beneficios fiscales -en el Impuesto de Bienes Inmuebles, el de Actividades Económicas y el IRPF- y medidas laborales y relativas a la Seguridad Social. 

El ministro del Interior ha recalcado el agradecimiento del Ejecutivo a todas las personas e instituciones que "han estado colaborando y siguen colaborando para hacer frente a estos hechos, garantizando la seguridad de las personas y bienes en la medida de lo posible". Solo la Unidad Militar de Emergencias, ha dicho, ha movilizado 450 efectivos.

Respecto a la petición de que, como medida preventiva de las inundaciones, se lleve a cabo la limpieza de los cauces de los ríos, ha detallado que durante los años 2013 y 2014 se destinaron a esas tareas casi 70 millones de euros, y en 2015 se destinarán 25 millones. 

​Programa de Activación para el Empleo

Pool MoncloaEl Consejo de Ministros también ha autorizado un crédito extraordinario de 850 millones de euros para financiar en 2015 el Programa de Activación para el Empleo.

Esta iniciativa, aprobada el pasado 19 de diciembre con el acuerdo de los agentes sociales, es un plan específico y extraordinario de carácter temporal dirigido a personas desempleadas de larga duración con responsabilidades familiares que hayan agotado su prestación por desempleo y cumplan los requisitos establecidos.

Según ha señalado la vicepresidenta, "la financiación de estas ayudas se hace a cargo del presupuesto del Servicio Público Estatal, y las comunidades autónomas tendrán que hacer frente a las acciones de inserción incluidas en el programa".  

Recurso contra la Ley de Acción Exterior de Cataluña

Por otra parte, el Gobierno, tras solicitar informe al Consejo de Estado​, ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad contra algunos preceptos de la Ley 16/2014, del 4 de diciembre, de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea de Cataluña. El Ejecutivo entiende que la ley catalana vulnera dos artículos de la Carta Magna: el 149.1 3º, "que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales", y el 97, "que dice expresamente que al Gobierno de la Nación corresponde dirigir la política exterior". 

La vicepresidenta ha argumentado que el texto ahora recurrido "busca desarrollar una diplomacia pública de Cataluña", pero como Cataluña no es un Estado "no es un sujeto de derecho internacional y no tiene capacidad para establecer esas relaciones diplomáticas". 

Otros acuerdos 

Pool MoncloaEl Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto sobre Demarcación Notarial, cuyo objetivo es adecuar el número de notarías a las necesidades económicas presentes y reforzar la libertad de elección de notario. Según ha explicado Sáenz de Santamaría, la demarcación vigente se aprobó en 2007 y respondía a las necesidades de una situación económica expansiva. En estos momentos, ha añadido, "hay que ajustarlo a la demanda actual". También ha señalado que se ha intentado mantener el máximo número de plazas en las zonas rurales, "sobre todo las unipersonales".

Asimismo, el Gobierno ha autorizado la firma del Protocolo que modifica el Convenio Internacional sobre la seguridad en las aeronaves. Al respecto, la vicepresidenta ha manifestado que​ por primera vez en el derecho internacional se regula el personal de seguridad a bordo. A partir de ahora, se permitirá a las compañías aéreas contar con agentes de seguridad a bordo, "como colaboradores del piloto en vuelos especialmente conflictivos cuando operen en los estados parte del Protocolo".

 

Asuntos de actualidad

Preguntada por la valoración del Gobierno de los sondeos que prevén una bajada en la intención del voto al Partido Popular en Andalucía, la vicepresidenta ha asegurado que las encuestas que importan son las "del día de las elecciones" y que al Ejecutivo le corresponde "cumplir el mandato recibido de los españoles, salir de la crisis y consolidar la recuperación".

Hay síntomas, ha dicho, de que la "recuperación está llegando a las familias". Así lo reflejan los datos de confianza de los meses de enero y febrero, "los mejores de toda la serie histórica", y las últimas cifras económicas, entre las que ha citado la reducción del desempleo en enero -el mejor dato en ese mes de los últimos catorce años-, la mejora de los índices de consumo y de compra de automóviles y la creación de entre 1.200 y 1.400 empleos diarios. "Los ciudadanos han valorado que el esfuerzo ha sido muy importante" y que "hoy España, en el plano internacional, es uno de los países más serios y más solventes", ha concluido.​

Pool MoncloaRespecto al supuesto chantaje de miembros de la Policía Nacional al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el ministro del interior ha señalado que se trata de una cuestión judicializada, por lo que debe ser tratada "con cautela y prudencia".

En todo caso, ha puntualizado, los hechos tuvieron lugar el 29 de noviembre de 2011, cuando aún no habían tomado posesión de sus cargos los miembros del primer Gabinete del Partido Popular, por lo que la explicación de lo sucedido habría que reclamársela al Gobierno en funciones del momento.