Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• ACUERDO por el que se aprueba la firma "ad referéndum" del Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos de América, por una parte, la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, se autoriza su aplicación provisional y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
• ACUERDO por el que se aprueba la firma "ad referéndum" del Acuerdo Subsidiario entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, sobre la aplicación del Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos de América, por una parte, la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, se autoriza su aplicación provisional y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
• ACUERDO por el que se autoriza la Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Armenia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax Compliance Act-FATCA (Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras).

Hacienda y Administraciones Públicas

• REAL DECRETO por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2013.
• REAL DECRETO por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2013.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 2.354.456,19 euros y se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para atender la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de marzo de 2012, condenatoria al pago de las compensaciones económicas en concepto de colaboración en la asistencia sanitaria prestada durante el ejercicio 2008 por la entidad colaboradora Banco de Santander, S.A.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 1.298.386,45 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y un crédito extraordinario en el del organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos para atender el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 25 de abril de 2012, relativo a la expropiación de terrenos para Centros de la Universidad Politécnica de Barcelona.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 916.260 euros y se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por la citada cuantía, para atender la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2012, condenatoria al pago de las compensaciones económicas en concepto de colaboración en la asistencia sanitaria prestada durante el ejercicio 2002, por la entidad colaboradora Gas Natural SDG, S.A.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario por importe de 779.591,51 euros, para el abono por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del principal más los intereses derivados de la sentencia dictada en los recursos nº 33/2011 y 90/2011, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 4ª, para atender la indemnización derivada de la solicitud de reversión de una finca expropiada a favor de Ensidesa.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 297.241,46 euros, para abonar indemnizaciones correspondientes a una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado por la incompatibilidad de determinados artículos de la Ley 37/1992, de 7 de junio, del IVA con la Directiva 77/388/CEE del Consejo, y se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Aragón a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 171.795.223,24 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Foral de Navarra a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 65.531.569 euros.
• INFORME sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Interior

• INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada.

Empleo y Seguridad Social

• ACUERDO por el que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal a conceder a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo una subvención pública, por importe de 31.038.690 euros, para la financiación de sus gastos de funcionamiento e inversión.
• ACUERDO por el que se constituye un Comité de Expertos a fin de emitir un Informe sobre el desarrollo del Factor de Sostenibilidad establecido en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo, y garantizar su sostenibilidad en el futuro.
• INFORME sobre las disposiciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social efectuadas en el primer trimestre del año 2013.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

• REAL DECRETO por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y por el que se modifican diversas normas relativas al ámbito y constitución de dicha demarcación hidrográfica y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla la celebración del contrato de las obras correspondientes al proyecto 07/12 de renovación del Canal de Murcia-segregación tramo I-HMS 0 AL 45 (MU/Molina de Segura), por importe de 14.771.044,69 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los daños producidos por los incendios forestales acaecidos durante el verano de 2012 en la Comunidad Valenciana, por importe de 2.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los daños producidos por los incendios forestales acaecidos durante el verano de 2012 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por importe de 1.500.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los daños producidos por los incendios forestales acaecidos durante el verano de 2012 en la isla de La Gomera, por importe de 578.741 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los daños producidos por los incendios forestales acaecidos durante el verano de 2012 en la isla de La Palma, por importe de 431.943 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los daños producidos por los incendios forestales acaecidos durante el verano de 2012 en la Comunidad de Madrid, por importe de 712.338 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los daños producidos por los incendios forestales acaecidos durante el verano de 2012 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por importe de 2.869.795,50 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los daños producidos por los incendios forestales acaecidos durante el verano de 2012 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por importe de 5.345.271 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los daños producidos por los incendios forestales acaecidos durante el verano de 2012 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por importe de 728.651 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los daños producidos por los incendios forestales acaecidos durante el verano de 2012 en la Comunidad Autónoma de Aragón, por importe de 929.775 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los daños producidos por los incendios forestales acaecidos durante el verano de 2012 en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por importe de 1.855.758 euros.
• ACUERDO por el que se declara la reserva de 20.450 metros cuadrados de bienes de dominio público marítimo-terrestre para la ejecución de las obras de la estación depuradora de aguas residuales de Lamiaren-Aramburu, para la depuración y vertido de la ría de Guernica (Vizcaya).
• ACUERDO por el que se aprueba el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan Aire.

Economía y Competitividad

• REAL DECRETO por el que se incorporan a la normativa de las entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22 de noviembre de 2012, sobre la evaluación de la adecuación de los miembros del órgano de administración y de los titulares de funciones clave.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• REAL DECRETO por el que se designa embajadora de España en la Unión de Myanmar, con residencia en Bangkok, a Dª MARÍA DEL CARMEN MORENO RAYMUNDO.
• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Nauru, con residencia en Canberra, a D. ENRIQUE VIGUERA RUBIO.

Justicia

• REAL DECRETO por el que se nombra teniente fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a D. JESÚS ALONSO CRISTÓBAL.
• REAL DECRETO por el que se nombra teniente fiscal de la Comunidad Autónoma de Extremadura a D. FRANCISCO JAVIER MONTERO JUANES.
• REAL DECRETO por el que se nombra teniente fiscal de la Comunidad Autónoma de Madrid a D. CARLOS RUIZ DE ALEGRÍA MADARIAGA.
• REAL DECRETO por el que se nombra teniente fiscal de la Comunidad Autónoma de Cataluña a D. JOSÉ MARÍA ROMERO DE TEJADA Y GÓMEZ.
• REAL DECRETO por el que se nombra teniente fiscal de la Comunidad Autónoma del País Vasco a Dª BLANCA GÓMEZ JIMÉNEZ.
• REAL DECRETO por el que se nombra teniente fiscal de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a D. LADISLAO ROIG BUSTOS.
• REAL DECRETO por el que se nombra teniente fiscal de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias a D. JOAQUÍN DE LA RIVA LLERANDI.

Industria, Energía y Turismo

• REAL DECRETO por el que se nombra secretaria general del Consejo de Seguridad Nuclear a Dª MARÍA LUISA RODRÍGUEZ LÓPEZ.
  

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ASUNTOS GENERALES

Hacienda y Administraciones Públicas

INFORME SOBRE LA CREACIÓN DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL

• Esta institución, independiente y con autonomía funcional, ejercerá una supervisión global a todas las Administraciones Públicas y garantizará el cumplimiento efectivo de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
• Con la creación de este organismo se asumen los distintos compromisos internacionales con disposiciones comunitarias.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, organismo que requiere la puesta en marcha de una Ley Orgánica. Con ello se da respuesta a una Directiva comunitaria de 2011, cuya transposición debería llevarse a cabo antes del cierre del presente año y se da cumplimiento al Reglamento de la Unión Europea sobre disposiciones comunes para supervisión y evaluación de los proyectos de presupuestos.

De esta manera, España contará con una institución independiente, con autonomía funcional, que garantizará el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Contará con personal de gran experiencia y conocimientos presupuestarios y macroeconómicos que aporten prestigio y credibilidad. Se dará, así, cumplimiento sobresaliente a las exigencias europeas al crear un órgano que se coloca en la vanguardia de las Instituciones fiscales independientes de nuestro entorno.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en atención a su función de garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria, se crea por Ley Orgánica con base en el artículo 135.5 de la Constitución española. El fundamento constitucional permite que su supervisión sea global, y se extiende a todo el sector público, incluidas la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Seguridad Social y otros órganos.

Como garantía de su independencia se le dotará de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, asegurando su existencia de forma separada respecto de las Administraciones sujetas a evaluación. Esta configuración de la Autoridad como sujeto diferenciado encuentra su reflejo en la mayoría de los países de nuestro entorno.

Funciones

Esencialmente, tendrá las tres funciones incluidas en las Recomendaciones Específicas comunitarias a España: análisis, asesoramiento y control en relación con la política presupuestaria.

En el desarrollo de sus funciones la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal elaborará informes que serán preceptivos y no vinculantes, de forma que, si la Administración a la que va dirigida el informe se aparta del criterio dado, deberá motivarlo. En el caso de las previsiones macroeconómicas, deberán contar con informe favorable.

También podrá formular opiniones a iniciativa propia sobre las materias previstas en la Ley. Si la Administración se aparta del criterio dado en la opinión, no será exigible la motivación. Conforme al principio de transparencia, sus informes y opiniones serán públicos y motivados. Finalmente, a petición del Gobierno, del Consejo de Política Fiscal y Financiera o de la Comisión Nacional de Administración Local, podrá realizar estudios.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal informará las previsiones macroeconómicas que se incorporen en los proyectos de presupuestos de las Administraciones Públicas o en el programa de estabilidad, con lo que se da cumplimiento a la normativa comunitaria. A fin de adaptar las previsiones macroeconómicas las recomendaciones se solicitará previamente a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal la emisión de informe.

Asimismo, informará los cambios que se produzcan en la metodología utilizada para calcular las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, y la tasa de referencia de crecimiento a la que alude la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Realizará el seguimiento de la ejecución presupuestaria, deuda pública y de la regla de gasto con el fin de evaluar la conveniencia de activar las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en dicha Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad.

Anualmente elaborará un informe sobre el cumplimento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como de la regla de gasto de todas las Administraciones Públicas, considerando la ejecución presupuestaria y las medidas previstas en el año en curso y el inmediato anterior, sin perjuicio de las opiniones que pueda emitir a lo largo del año en materia de seguimiento.

Además, informará el proyecto de Programa de Estabilidad, con especial valoración de los compromisos que garanticen el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el límite de deuda pública y la regla de gasto, así como los proyectos de presupuestos de todas las Administraciones. También con ello se da cumplimiento a la normativa comunitaria, entre otras materias.

Estructura y organización

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se adscribirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta adscripción en ningún caso afectará a su autonomía e independencia funcional.

Su dirección corresponderá a un Presidente, que contará con la asistencia de Directores de División que serán nombrados por el Consejo de Ministros, a propuesta del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, entre quienes cuenten con experiencia de al menos diez años en las materias propias de la división correspondiente.

La designación del Presidente se realizará por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y experiencia mínima de diez años de ejercicio profesional en materias de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio.

El nombramiento requerirá, con carácter previo, la comparecencia del candidato ante la comisión correspondiente del Congreso y del Senado. El Presidente será elegido por tres años renovables únicamente por otros tres y tendrá rango de Subsecretario.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se dotará de personal funcionario de carrera o laboral, y se podrá integrar en el mismo personal procedente de organismos nacionales o internacionales con funciones de control o análisis económico, fiscal, presupuestario o financiero. Contará con recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones reforzando su autonomía y pleno acceso a la información y transparencia.

Interior

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA

• Será más estricta y rigurosa con el sector y abrirá la puerta a nuevos servicios.
• La nueva norma incorpora el principio de complementariedad entre la seguridad privada y la pública.
• Aumenta los controles sobre la actividad de los detectives y fija fuertes sanciones para acabar con el intrusismo.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro del Interior sobre el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que pretende, entre otros objetivos, impulsar la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, y abrir a este último la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no están recogidos en la normativa actual. A la vez, será más estricta y rigurosa con las compañías de seguridad privada, con un régimen sancionador exigente.

La seguridad privada en España ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos años. Como botón de muestra, el sector está compuesto por casi 1.500 compañías, con una plantilla de unas 90.000 personas y una facturación de 3.600 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes al ejercicio 2011.

España es uno de los países que lidera este sector. En cambio, nuestro país es uno de los Estados de Europa con más policías por habitante (528 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media de la Unión Europea). Mientras, el número de los vigilantes privados se sitúa en unos 200 por cada 100.000 habitantes, 71 menos que la media de la Unión Europea.

Legislación ampliamente superada

En su momento, la actual normativa de Seguridad Privada, que data de 1992, fue pionera e imitada por los países de nuestro entorno. No obstante, veinte años después de su aplicación ha quedado ampliamente superada por la realidad y ha puesto de manifiesto sus insuficiencias y lagunas. La normativa vigente no está adaptada al entorno tecnológico esencial para el sector de la seguridad privada y no recoge el régimen actual de distribución de competencias entre el Estado y las Autonomías. Hasta la fecha, estas insuficiencias han sido paliadas por normas reglamentarias o resoluciones de la Dirección General de la Policía sin verdadero carácter normativo, que han generado problemas de inseguridad jurídica y de dispersión normativa.

De ahí la necesidad de disponer de un nuevo texto jurídico con rango de ley, que regule de forma integral y sistemática el modelo español de seguridad privada, y dote al sector de un marco jurídico flexible que permita la adecuación de los requisitos exigibles a la naturaleza de las distintas actividades y servicios de seguridad privada.

Complemento de la seguridad pública

Con el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que hoy ha presentado el ministro del Interior en el Consejo de Ministros, se supera la concepción consagrada en la Ley de 1992 centrada en el control y la potestad sancionadora en este sector para acoger un planteamiento más ambicioso de seguridad integral en el que la seguridad privada pasa a ser complemento de la pública, siempre bajo la preeminencia de esta última.

Para ello, el nuevo texto incorpora el principio de complementariedad entre la seguridad privada y pública, considerando aquélla un recurso externo de ésta, mientras que la normativa aún vigente pone el acento exclusivamente en el principio de subordinación de la seguridad privada a la pública. En este contexto, los principios de irrenunciable preeminencia de la seguridad pública sobre la privada y de complementariedad, cooperación y corresponsabilidad constituyen los ejes rectores de esta nueva norma.

Con el fin de dotar de mayor seguridad jurídica al sector, el nuevo texto define legalmente los conceptos hasta ahora jurídicamente imprecisos, fija el ámbito material y la finalidad a la que sirve la seguridad privada y determina las actividades compatibles con las propias de la seguridad privada. Además, incorpora la investigación privada a las actividades de las empresas de seguridad y matiza el principio de exclusión de la seguridad privada en espacios públicos, excesivamente rígida y obsoleta.

El Título primero de la futura Ley está dedicado a la coordinación y colaboración entre los servicios de seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una de las ideas clave de esta ley. Para ello, prevé la creación de Comisiones Mixtas de Seguridad Privada integradas por representantes del Ministerio del Interior, del sector de seguridad privada y de las autonomías con competencia en esta materia.

Mayor control de los detectives

El título segundo del texto normativo regula las empresas de seguridad y despachos de detectives, que deberán inscribirse en un nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada. Se establece un sistema flexible que permitirá incrementar o reducir los requisitos de las empresas, en función de la actividad desempeñada.

La nueva Ley incrementa, además, el control sobre la actividad de los detectives privados, con nuevas obligaciones:

1. Deberán documentar los encargos en un contrato escrito.
2. Además del libro-registro que ya llevan, habrán de elaborar un informe permanentemente actualizado, en el que conste el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos.
3. El informe estará en todo momento a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Autoridad Judicial.
4. Presentarán una memoria anual de actividades al Ministerio del Interior.

Además, se regula más estrictamente el acceso a la investigación privada y su ejercicio, que afecta a ámbitos de la vida privada protegidos por derechos fundamentales y libertades públicas. Por esta razón es preciso un exhaustivo régimen legal que garantice el respeto a tales derechos e imponga límites frente a un ejercicio inadecuado de esta actividad.

Funciones del personal de seguridad

El título tercero se refiere al personal de seguridad privada y regula cuestiones anteriormente dejadas al reglamento, tales como las relativas a las funciones de gran parte del personal de seguridad. Como respuesta al gran avance tecnológico y al fuerte incremento del subsector de las alarmas, se prevé que la verificación de alarmas sea una función de los vigilantes de seguridad.

Por primera vez, se regula en una norma de rango legal las medidas de seguridad física, electrónicas, informáticas… Esta nueva Ley abrirá las puertas a las compañías de seguridad privada a nuevos servicios demandados por la sociedad. Por ejemplo:

• Servicios de videovigilancia privada dentro de inmuebles.
• Gestión y respuesta de alarmas.
• Vigilancia de polígonos, urbanizaciones y zonas comerciales peatonales.
• Servicios de planificación y asesoramiento.
• Vigilancia perimetral de prisiones, siempre bajo la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
• Investigación privada.

Control, inspección y sanciones

Las actuaciones de control e inspección sobre las entidades, el personal y las medidas de seguridad se recogen también, por primera vez, con rango de ley, así como la obligación de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de ese personal. Además, se regulan las medidas provisionales que pueden adoptar los funcionarios policiales antes de la incoación de un expediente sancionador, cuando sea necesario para evitar la producción de daños: suspensión de servicios prestados por empresas no autorizadas, desconexión de alarmas, etcétera.

El Anteproyecto pone punto y final a las carencias de la anterior legislación, con un régimen sancionador que tipifica por separado las infracciones de las empresas, del personal y de los usuarios de seguridad privada, incluyendo, por primera vez, los centros de formación de personal. Con el fin de acabar con el intrusismo, se aplicarán graves sanciones, que pueden llegar hasta el cierre de las empresas que infrinjan esta normativa.

Por último, el texto se adapta a la actual distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas e introduce también instrumentos para evitar la actuación de empresas que incumplan sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, comprometiendo gravemente la seguridad.

(Seguridad Privada)

Economía y Competitividad

ADOPCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EUROPEAS SOBRE HONORABILIDAD, EXPERIENCIA Y BUEN GOBIERNO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican diversas normas en materia de requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno en las entidades de crédito y otras entidades financieras. Se trata, con ello, de incorporar al marco jurídico español las recomendaciones de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) al respecto, lo que supone ampliar los requisitos actuales y potenciar un control continuo tanto por parte del Banco de España como de las propias entidades.

La Autoridad Bancaria Europea estableció en noviembre de 2012 una serie de directrices sobre la valoración de la idoneidad de los consejeros y directivos en entidades de crédito. Pese a su carácter no vinculante, los supervisores nacionales deben comunicar si cumplen con estas recomendaciones antes del próximo 22 de mayo y, en caso negativo, explicar los motivos. Previamente, el pasado 22 de enero los supervisores nacionales debían expresar sus intenciones al respecto. España ya comunicó su intención de acatar las directrices para, junto a otras medidas, mejorar la confianza en el sistema financiero.

La norma afecta por igual a bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, conglomerados financieros, sociedades de tasación, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico.

Ampliación de los niveles de exigencia

El Real Decreto amplía los niveles actuales de exigencia para la idoneidad en el ejercicio de las funciones de consejero, director general y asimilados. En materia de honorabilidad, el supervisor valorará la trayectoria profesional, las condenas por delitos dolosos y la existencia de investigaciones fundadas en relación con delitos económicos. Respecto de la consideración de delitos dolosos, el Banco de España podrá recabar la opinión de una comisión de expertos creada al efecto. En cuanto a los requisitos de experiencia, se valorará no sólo la trayectoria profesional, sino también la formación de carácter teórico, en particular en las áreas de banca y servicios financieros. La evaluación abarcará al conjunto del consejo teniendo en cuenta el diferente perfil de sus componentes y no solo de forma individual como hasta ahora.

Buen gobierno

En materia de buen gobierno no sólo se tendrán en cuenta los conflictos de interés derivados de vínculos estrechos o de control entre personas físicas o jurídicas. La no idoneidad se establecerá también en función de la existencia de conflictos de interés por el desempeño de puestos pasados o presentes, relaciones personales y económicas con otros miembros del consejo de administración o el hecho de que un consejero no pueda dedicar suficiente tiempo a sus funciones.

Las entidades dispondrán de un plazo de seis meses para sustituir a los consejeros o directivos que, de acuerdo con los nuevos requerimientos en materia de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos, experiencia y buen gobierno, deban perder la idoneidad necesaria para desarrollar sus funciones en la entidad.

Control de cumplimiento de los requisitos

Por parte del supervisor, el Banco de España en este caso, y de las propias entidades se establecerá un control continuo sobre el cumplimiento de estos requisitos. Las entidades deberán disponer de unidades y procedimientos internos, de forma que puedan llevar a cabo esa evaluación permanente.

Por otro lado, el Real Decreto realiza el ajuste formal necesario en la regulación de nivel reglamentario tras el traslado al Banco de España de las competencias de autorización y sanción de entidades de crédito. Esta transferencia por parte del Ministerio de Economía se realizó en agosto del año pasado para dar cumplimiento al compromiso reflejado en el Memorándum de Entendimiento (MoU) firmado por las autoridades españolas y europeas el pasado 23 de julio.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

ACUERDO CON ESTADOS UNIDOS PARA LUCHAR CONTRA LA EVASIÓN FISCAL

• Se basa en el modelo acordado conjuntamente entre España, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos.
• El objetivo es lograr un sistema multilateral de intercambio de información tributaria que potencie la lucha contra el fraude fiscal.

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del acuerdo entre España y Estados Unidos para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la Foreign Account Tax Compliance Act, más conocida como FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras).

En 2010 el Gobierno de EEUU impulsó mediante dicha ley un conjunto de normas por las que se obliga a las entidades financieras de todo el mundo a informar sobre cuentas en el extranjero de personas y entidades de ese país. España, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia fijaron un posición común negociadora con Estados Unidos y, a mediados de 2012 se alcanzó un modelo de acuerdo intergubernamental, que ha sido la base para los acuerdos bilaterales de los cincos países con Estados Unidos.

En el caso de España, el acuerdo FATCA con Estados Unidos fue rubricado a finales de 2012 y estaba pendiente de su firma. Con la autorización hoy dada por el Consejo de Ministros, sólo queda su próxima firma por parte de las autoridades norteamericanas y españolas.

En cumplimiento de este acuerdo las entidades financieras de España y Estados Unidos deberán comunicar a sus autoridades fiscales información referente a contribuyentes del otro país firmante y, seguidamente, la información se intercambiará entre las autoridades fiscales, de forma automática y mediante un procedimiento estandarizado. Por ejemplo, Estados Unidos transmitirá a España la información comunicada por sus entidades financieras sobre intereses percibidos por contribuyentes españoles.

Extensión por toda la Unión Europea

Tanto España, como Reino Unido, Alemania, Francia e Italia desean que el modelo FATCA acordado con Estados Unidos se extienda de forma multilateral a la mayor parte de países, con el fin de potenciar la lucha contra el fraude tributario y los paraísos fiscales. El pasado martes los ministros de Hacienda de los cinco países, incluido el ministro de Hacienda español, enviaron una carta al comisario europeo de Fiscalidad, Aduanas, Lucha contra el Fraude y Auditoría en la que le anunciaron la decisión de trabajar conjuntamente en un instrumento piloto para el intercambio multilateral de información tributaria entre estos cinco países, inspirado por el modelo FATCA.

En la misiva, firmada conjuntamente, se destaca que "el proyecto piloto no sólo servirá para atrapar y disuadir a los evasores fiscales sino también de patrón para un más amplio acuerdo multilateral".

De hecho, los cinco países invitarán a otros Estados miembros de la Unión Europea a unirse al proyecto y "esperan que Europa pueda encabezar la promoción de un sistema global de intercambio automático de información". En este sentido, valoran el plan de acción para combatir el fraude y la evasión fiscal, presentado en diciembre de 2012 por la Comisión Europea.

Lucha contra los paraísos fiscales

En un contexto de globalización económica y financiera y de proliferación de las transacciones de bienes y servicios entre países se hace imprescindible fortalecer los intercambios de información y redoblar esfuerzos en la lucha contra los paraísos fiscales. Así lo acreditan las líneas directrices del Plan General de Control Tributario de los últimos años y las últimas publicadas, referentes al plan anual de control de 2013.

En este sentido, es relevante el esfuerzo de la administración tributaria para intensificar la presión internacional sobre los paraísos fiscales, a través de una red de convenios y de acuerdos de intercambio de información en línea con los esfuerzos internacionales en los que también participa España junto con el resto de países de la OCDE.

A fecha de hoy han dejado de figurar entre los paraísos fiscales, por haber firmado los correspondientes convenios o acuerdos, los países y territorios de Andorra, Antillas Holandesas, Aruba, Emiratos Árabes Unidos, Las Bahamas, Barbados, Hong Kong, Jamaica, Malta, Trinidad y Tobago, Luxemburgo, Panamá y San Marino.

España también ha concluido recientemente las negociaciones de los acuerdos para intercambiar información con tres dependencias de la corona británica -Jersey, Guernesey y la Isla de Man-, así como con Mónaco, que se encuentran en tramitación.

Por último, la Agencia Tributaria ha firmado en los dos últimos años acuerdos administrativos de intercambio de información al amparo de los convenios bilaterales para evitar la doble imposición con Estados Unidos, Panamá, Uruguay y Canadá. Están en tramitación con Brasil, Bélgica o Italia. Estos acuerdos entre administraciones tributarias constituyen instrumentos eficaces de cooperación bilateral en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal al fomentar las relaciones bilaterales y la transparencia fiscal.

Empleo y Seguridad Social

COMITÉ DE EXPERTOS PARA EMITIR UN INFORME SOBRE EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El Consejo de Ministros ha acordado constituir un comité de expertos a fin de emitir un informe sobre el factor de sostenibilidad, en línea con lo previsto en la Disposición Adicional 59 de la Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, de 1 de agosto de 2011.

El comité está compuesto por doce expertos de reconocido prestigio, que elaborarán un informe que será remitido para su debate en el seno del Pacto de Toledo.

El Comité está compuesto por Víctor Pérez-Díaz(doctor en Sociología, Derecho y Ciencias Políticas), que ocupará la presidencia del mismo;Manuel Lagares Calvo (doctos en Ciencias Económicas e inspector de Hacienda en excedencia); José María Marín Vigueras (catedrático de Economía Financiera y Contabilidad); Santos M. Ruesga Benito(catedrático de Economía Aplicada); Miguel Ángel Vázquez Burgos(periodista); J. Ignacio Conde-Ruiz(doctor en Economía); Rafael Doménech Vilariño (catedrático de Fundamentos de Análisis Económico); José Enrique Devesa Carpio(profesor titular de Universidad en el Departamento de Economía Financiera); Mercedes Ayuso(doctora en Ciencias Económicas y Empresariales); Miguel Ángel García Díaz(licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales); Francisco Castellano Real(catedrático de Hacienda Pública) yJosé Luis Tortuero Plaza (catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social).

Empleo y Seguridad Social

INFORME SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL FONDO DE RESERVA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013

• A 31 de marzo el Fondo de Reserva contaba con 63.469 millones de euros, lo que supone un 6,04 por 100 del Producto Interior Bruto.

El Consejo de Ministros ha recibido de la ministra de Empleo y Seguridad Social el informe trimestral sobre las disposiciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en el primer trimestre de 2013, tal y como establece la disposición adicional primera del Real Decreto Ley de medidas de consolidación y garantía del sistema de Seguridad Social, de 2012.

Según este informe, en el primer trimestre de 2013 no se han producido disposiciones al Fondo de Reserva; sin embargo, se eleva al Consejo de Ministros el resumen de las disposiciones realizadas en 2012 y el detalle de la situación del citado Fondo a 31 de marzo de 2013.

Los cálculos de la Tesorería General de la Seguridad Social como Caja Única del Sistema, en cuanto a la estimación de cobros y pagos esperados en los tres primeros meses del año, permitieron prever que no sería preciso hacer uso del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

La situación del Fondo de Reserva a finales de marzo de 2013 ha hecho posible que éste ascienda a 63.469 millones de euros, lo que supone el 6,04 por 100 del Producto Interior de Bruto, y los rendimientos netos generados por el mismo durante el primer trimestre de 2013 suponen 460 millones de euros.

En conjunto, el Fondo de Reserva ha generado, desde el pasado 1 de Enero de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013, un total de 3.430,8 millones de euros en rendimientos. De esta forma, ya se ha recuperado el 50 por 100 de los recursos dispuestos para el pago puntual de las pensiones en 2012.

Disposiciones del Fondo de Reserva en 2012

El informe recoge las disposiciones realizadas en 2012, que alcanzaron los 7.003 millones de euros, desglosadas de la siguiente forma: 1.700 millones de euros en septiembre, 1.363 millones en el mes de octubre y 3.940 millones en diciembre.

Al cierre del pasado año, el Fondo de Reserva alcanzó un total de 63.008 millones de euros, una vez descontados dichos importes que la Seguridad Social utilizó en 2012 para hacer frente al pago de las pensiones y que permitieron liberar al sistema de tensiones de liquidez.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

APROBADO EL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE

• Contiene 78 medidas para combatir la contaminación atmosférica y promover ciudades más sostenibles.
• Se establece el marco para mejorar la calidad del aire en España mediante actuaciones concretas y en coordinación con otros planes sectoriales y con los que adopten las CCAA y entidades locales.
• Prevé evaluar la inclusión de criterios de calidad del aire en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y propone medidas para incentivar los vehículos más limpios y para fomentar la sensibilización ciudadana.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan AIRE), una iniciativa que incluye 78 medidas con el objetivo de reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Este Plan incorpora actuaciones realistas y eficaces para garantizar el cumplimiento de la legislación nacional, europea e internacional en esta materia. Además, pretende complementar los planes aprobados por otras administraciones públicas y reducir los niveles de emisión a la atmósfera de los contaminantes más relevantes y con mayor impacto sobre la salud.

Para ello, incluye la puesta en marcha de veintisiete medidas horizontales que deben mejorar, en general, diversos aspectos relacionados con la calidad del aire actuando sobe los ámbitos de la información, sensibilización ciudadana, Administración, I+D+i y fiscalidad. Entre ellas, se prevé evaluar la inclusión de criterios de calidad del aire en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Asimismo, el Plan AIRE incorpora otras 51 medidas dirigidas a reducir las emisiones producidas en sectores concretos (industria, construcción, transporte-tráfico, transporte-aeropuertos, agricultura y ganadería y residencial, comercial e institucional), y propone incentivar los vehículos más limpios.

Participación y consenso

El Plan fomenta la sensibilización ciudadana, recoge mejoras en la información disponible en materia de calidad del aire, y, entre otros aspectos, establece que pueda estar disponible en tiempo real de una forma sencilla e incluye la implementación del sistema español de información, vigilancia y prevención de la contaminación atmosférica.

Además, propone la inclusión de la calidad del aire en la formación académica del ciclo de Secundaria, mientras que, en el ámbito de la Administración, plantea el establecimiento de criterios para la adquisición de vehículos ecoeficientes.

El Plan AIRE ha contado con la colaboración de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y otros departamentos ministeriales, así como de los organismos científicos adscritos a éstos.

Durante su proceso de elaboración se ha visto enriquecido por las aportaciones de los interesados a través de un periodo de participación pública en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y se ha sometido al Consejo Asesor de Medio Ambiente, órgano asesor del Gobierno en esta materia en el que están representadas las organizaciones ecologistas, sindicales y empresariales, entre otras entidades.

Hacienda y Administraciones Públicas

Interior

APROBADA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA POLICÍA Y GUARDIA CIVIL PARA 2013

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante dos Reales Decretos, la Oferta de Empleo Público para 2013 del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

Las incorporaciones de personal al servicio del sector público se definen actualmente en el artículo 23 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que fija la tasa de reposición de efectivos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el 10 por 100.

Cuerpo Nacional de Policía

En cuanto a la Oferta de Empleo Público del Cuerpo Nacional de Policía, el número de plazas es el siguiente:

• Oposición libre, 50 plazas en la Escala Ejecutiva y 140 plazas en la Escala Básica.
• Promoción interna, 100 plazas en la Escala Ejecutiva, desde la categoría de Subinspector.

Guardia Civil

Por su parte, el desglose de plazas ofertadas para la Guardia Civil es:

Para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias, se autoriza la convocatoria de 134 plazas, de las cuales se reservan 67 a militares profesionales de tropa y marinería y 26 plazas para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil.

Las plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería y a alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes que no se cubran por cualquier motivo se acumularán al cupo de plazas del turno de acceso libre.

En cuanto a la promoción interna, se autoriza la convocatoria de 330 plazas: 80 plazas en la Escala de Oficiales y 250 plazas en la Escala de Suboficiales.

Al igual que en años anteriores, se prevé que, para ampliar la difusión de las distintas convocatorias de pruebas selectivas, el Ministerio del Interior incluirá en su página web una apartado dedicado a los procesos selectivos en el que se recogerá cada una de las convocatorias y los actos que se deriven de ellas.

Empleo y Seguridad Social

SUBVENCIÓN DE 31 MILLONES A LA FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

El Consejo de Ministros ha autorizado al Servicio Público de Empleo Estatal a destinar 31.038.690 euros a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, para la financiación de sus gastos de funcionamiento y personal.

Dicha cantidad se financia con cargo al crédito disponible en los conceptos presupuestarios del programa de gasto del Servicio Público de Empleo Estatal.

La evolución de la subvención durante los tres últimos ejercicios ha sido de 41 millones en 2010, 39 millones en 2011 y 31,6 millones en 2012. Asimismo, el montante de las remuneraciones por el personal de alta dirección durante los últimos tres años fue de 225.583 euros en 2010, 217.157 euros en 2011 y de 84.719 euros en 2012.

La Fundación tiene carácter tripartito y su Patronato está constituido por la Administración Pública, con representación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y las Comunidades Autónomas, y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Las actividades de la Fundación consisten en colaborar y asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal en la planificación, programación, gestión, evaluación, seguimiento y control de las iniciativas de formación. Otra de sus funciones es contribuir al impulso y difusión del subsistema de formación profesional para el empleo entre las empresas y trabajadores.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

CASI DIECISIETE MILLONES PARA REPARAR LOS DAÑOS POR INCENDIOS EN NUEVE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Consejo de Ministros ha aprobado financiar con 16.952.272 euros las obras de reparación de los daños producidos por los incendios forestales del pasado verano en las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valenciana, Cataluña, Andalucía, Aragón, Murcia, Madrid y Canarias (La Gomera y en La Palma).

Estos siniestros adquirieron grandes dimensiones y produjeron importantes daños sobre las masas forestales. El fuego también ocasionó efectos negativos para la biodiversidad de las especies y hábitats de gran importancia para la sociedad, tomando en cuenta el elevado valor ecológico, paisajístico y medioambiental de esas zonas, con la consiguiente pérdida de cubierta vegetal, riesgo de erosión, efectos en la vida silvestre, alteración del paisaje y pérdidas económicas en la población de las zonas afectadas.

Para paliar estos efectos el Gobierno ha aprobado la financiación de las obras, que llevará a cabo el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para la restauración forestal y medioambiental en las siguientes Comunidades Autónomas.

Con estos fondos se llevarán a cabo actuaciones de corta y saca eliminación de biomasa forestal quemada; protección contra la erosión; ayuda a la regeneración; labores de limpiezas de montes y de márgenes de ríos; tratamientos selvícolas o recuperación de hábitats; así como repoblaciones forestales; correcciones hidrológicas y reparación, y mejora de pistas e infraestructuras forestales.

CASTILLA Y LEÓN

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acometerá los trabajos para la reparación de los daños producidos por los incendios forestales en esta Comunidad Autónoma, invirtiendo en ello 5.345.271 euros. Las obras se llevarán a cabo en las zonas afectadas por los siniestros de Castrocontrigo, Luyengo, Quintana y Congosto, Destriana y Castrillo de la Valduerna, en León, y de Puebla de Sanabria y Pedralbas de la Pradería, en Zamora.

Estos incendios alcanzaron a más de 13.079 hectáreas, de las cuales 9.818 hectáreas eran arboladas, afectando masas mixtas de especies de coníferas y de frondosas, acompañadas de matorral.

CASTILLA-LA MANCHA

Un total de 2.869.795 euros se destinarán en esta Comunidad Autónoma a paliar los efectos de los incendios forestales producidos en Chequillas, Checa y Alcorches, en Guadalajara, y en el de Hellín, en Albacete.

De estos incendios, el de Guadalajara afectó a 1.182 hectáreas, de las cuales 824 eran arboladas, mientras que el de Hellín en Albacete y Moratalla en Murcia, arrasó 6.820 hectáreas; de ellas, 5.719 hectáreas arboladas.

COMUNIDAD VALENCIANA

Los trabajos de restauración que llevará a cabo el Ministerio en la Comunidad Valenciana supondrán una inversión de dos millones de euros. Esta cantidad se dedicará a las obras para la recuperación forestal y medioambiental de las zonas afectadas por los siniestros que se produjeron en Castellón de la Plana y Valencia el 1, el 28 y el 29 de junio.

El fuego afectó a más de cincuenta mil hectáreas, de las cuales veinte mil hectáreas eran arboladas, perjudicando a masas mixtas de pinares mediterráneos, quercinas adultas y otras frondosas.

CATALUÑA

Para paliar los daños ocasionados en esta Comunidad Autónoma por los siniestros del pasado verano, se destinarán 1.855.758 euros. Con esta financiación se repararán las zonas afectadas por el siniestro declarado el pasado 22 de julio en Girona, en los términos municipales de la Jonquera, Capmany, Agullana, Darnius, Biure, Boadella i les Escaules, Llers, Terrades, Vilanant, Cantallops, Marasac Pont de Molins, Avinyonet de Puigventos, Sant Climent Sescebes, Cistella y Cabanes.

Este siniestro afectó a una superficie de 10.276 hectáreas, de las cuales 8.246 hectáreas eran de arbolado.

ANDALUCÍA

En la Comunidad Autónoma de Andalucía se invertirán 1.500.000 euros para llevar a cabo las obras de restauración forestal y medioambiental de las zonas alcanzadas por el siniestro que se produjo el 27 de agosto en Málaga, en los términos municipales de Ojén, Mijas, Marbella, Coín, Monda y Alhaurín el Grande.

Ese incendio forestal afectó a una superficie de 8.225 hectáreas, de las cuales 7.566 hectáreas eran de arbolado.

ARAGÓN

Para financiar la reparación de los daños producidos por el incendio forestal del pasado 27 de agosto en Zaragoza se destinarán 929.775 euros. Estos fondos permitirán acometer las obras de restauración de aquel siniestro que se produjo en los términos municipales de Calcena, Talamantes, Añón de Moncayo, Trasobares, Ambel y Tabuenca.

Entre las zonas afectadas cabe destacar las consecuencias del fuego en Calcena, donde fueron arrasadas 5.100 hectáreas, de las cuales 1.690 eran arboladas.

MURCIA

En la Región de Murcia se llevará a cabo una inversión de 728.651 euros para la restauración forestal y medioambiental de las zonas afectadas por el incendio que se declaró el pasado 1 de julio en el término municipal de Moratalla.

Entre los incendios del pasado verano destacan el de Hellín (Albacete) y Moratalla (Murcia), que arrasó 6.820 hectáreas, de las cuales 5.719 hectáreas eran arboladas.

MADRID

El Consejo de Ministros ha aprobado la asignación de 712.338 euros para que el Ministerio lleve a cabo en la Comunidad Autónoma de Madrid las obras de reparación tras el incendio producido en Valdemaqueda, Robledo de Chavela y Santa María de la Alameda.

Los daños producidos por el siniestro afectaron a 1.545 hectáreas, de las cuales 1.295 hectáreas eran arboladas.

CANARIAS

La Gomera

Un total de 578.741 euros se destinarán a la restauración de los daños producidos por el incendio forestal declarado el 4 de agosto en los términos municipales de Alajeró, San Sebastián de la Gomera, Vale del Gran Rey y Vallehermoso.

Este incendio de la Gomera afectó a un total de 3.961 hectáreas, de las cuales 3.673 hectáreas eran de superficie forestal y 1.563, de superficie arbolada.

La Palma

A la isla de La Palma corresponden 431.943 euros, cantidad con la que el Departamento acometerá las obras de restauración tras el incendio producido el 4 de agosto en los términos municipales de Villa de Mazo y Fuencalienta de la Palma.

El siniestro afectó a un total de 1.921 hectáreas, siendo 1.748 hectáreas la superficie forestal y 1.720 hectáreas la superficie arbolada, terreno que se encontraba en su totalidad dentro de la Red Natura 2.000.

Hacienda y Administraciones Públicas

AUTORIZADAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO A ARAGÓN Y NAVARRA

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Aragón a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 171,80 millones de euros.

Asimismo, ha autorizado a la Comunidad Foral de Navarra a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 65,53 millones de euros.

Ambas operaciones se destinarán a financiar el primer tramo fijado en un 0,35 por 100 del PIB regional, del objetivo de estabilidad presupuestaria de 2013 contenido en la propuesta formulada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de objetivos de déficit y de deuda para el trienio 2013-2015.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

APROBADAS LA COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DEL AGUA DE LA DEMARCACIÓN DEL JÚCAR

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación hidrográfica del Júcar. El Consejo del Agua es el órgano que ha de informar de la propuesta del plan hidrológico de la demarcación.

La finalidad de este proyecto es establecer el contexto jurídico adecuado para avanzar en la aprobación del plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar, en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Con este Real Decreto hoy aprobado se completa el mapa institucional de las demarcaciones hidrográficas de la España peninsular.

Asimismo, se actualiza también la definición del ámbito territorial del organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Júcar) para adecuarse a la nueva delimitación de la demarcación y ajustar la ponderación de los usuarios en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica.

Gracias a este Real Decreto se continúa avanzando en el proceso de planificación hidrológica, dado que delimita territorialmente la demarcación hidrográfica, un paso fundamental para proseguir con el proceso planificador. Para completar este proceso ha sido clave el proceso de diálogo y consenso con los usuarios de la cuenca, que ha permitido alcanzar importantes acuerdos, como la composición de la Junta de Gobierno, entre otros.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

RENOVACIÓN DEL CANAL DE MURCIA PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO A LA COMARCA DE LA VEGA MEDIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de las obras de renovación del tramo I del Canal de Murcia, entre las localidades de Murcia y Molina de Segura (Región de Murcia), por un importe de 14,7 millones de euros.

El Gobierno autoriza, así, a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la celebración de este contrato que tiene por objeto solucionar los problemas detectados en el abastecimiento de agua en la comarca de la Vega Media de Murcia.

Los trabajos consistirán en la renovación del Canal de Murcia y en la construcción de una nueva conducción paralela al actual Canal que conecte los depósitos de Espinardo, donde finaliza el Canal de Murcia, con el Canal del Segura.

El proyecto prevé, además, la reversibilidad de la conducción para que pueda trasportar agua desde la potabilizadora de Sierra de la Espada hacia Murcia (por gravedad), y desde Murcia hacia el Canal de Segura (de forma impulsada), posibilitando el suministro a esta comarca, tanto de agua superficial, como de agua desalada.

Ejecución de obras

Las obras del proyecto de renovación del canal de Murcia consisten, fundamentalmente, en la ejecución de una nueva tubería de, aproximadamente, catorce kilómetros y un diámetro de entre 1.200 y 1.000 milímetros, según los tramos, que discurrirá enterrada y de forma casi paralela al actual Canal de Murcia.

Estos trabajos se completarán con la ejecución de una elevación de agua, emplazada en Espinardo, así como de un depósito intermedio donde se localizarán las tomas más importantes que permitirán regular la explotación.

Debido a la gran cantidad de actuaciones que deben ejecutarse, el proyecto ha sido segregado en tramos. Las actuaciones del tramo I, aprobado hoy, comprenden la construcción de 4,5 kilómetros de tuberías de conducción de acero helicosoldado de 1.200 milímetros de diámetro para el transporte de agua, así como de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, como son el depósito de cabecera de diez mil metros cúbicos, un depósito circular de mil metros cúbicos y las tomas.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla, tiene como misión el abastecimiento de agua potable en alta a 79 municipios de las provincias de Alicante, Murcia y Albacete, con una población total de 2,6 millones de habitantes, que en época estival se aproxima a los tres millones.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

RESERVA DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA DEPURADORA DE LA RÍA DE GUERNICA (VIZCAYA)

El Consejo de Ministros ha acordado la reserva de 20.450 metros cuadrados de bienes de dominio público marítimo-terrestre para la ejecución de las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Lamiaren-Aramburu, en los términos municipales de Bermeo y Mundaka, para la depuración y vertido de la ría de Guernica (Vizcaya).

Las obras contemplan la construcción de una conducción de desagüe, de 1.030 metros de longitud, para llevar el agua, una vez depurada, al mar, donde se verterá a una distancia aproximada de trescientos metros del dique exterior del puerto de Bermeo.

Desde la depuradora hasta la línea de deslinde, el emisario ocupará 250 metros hasta el dominio público marítimo terrestre y 780 metros bajo el mismo. Mientras, la depuradora se extenderá a lo largo de 20.450 metros cuadrados en dominio público marítimo terrestre.

De total de su superficie, 7.200 metros cuadrados estarán ubicados en bienes de dominio público marítimo-terrestre no sujetos a ocupación previa, mientras que el resto se ubicará en bienes adscritos a la Comunidad Autónoma del País Vasco para el puerto de Bermeo.

Condiciones

Esta reserva de dominio público marítimo-terrestre estará sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones. Así, por ejemplo, se establece que la duración de la reserva se limitará al tiempo necesario para el cumplimiento de sus fines y que en este espacio no se podrán realizar actividades distintas de las que justifican su declaración.

También se establece que las obras e instalaciones para las que se declara la reserva no podrán ser modificadas y que el órgano encargado de la ejecución de las mismas será responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras autorizadas, directa o indirectamente, en los terrenos de dominio público.

Hacienda y Administraciones Públicas

AUTORIZADA LA APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia, por un importe total de 5.645.935,61 euros, para las siguientes finalidades:

• 3.270.716,19 euros para la concesión de dos créditos extraordinarios en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con destino a cumplir sendas sentencias de la Audiencia Nacional de 2012 condenatorias al pago, respectivamente, de 2.354.456,19 euros al Banco de Santander, S.A. por la colaboración prestada en el ejercicio 2008; y 916.260 euros a Gas Natural SDG, S.A. por la colaboración prestada durante el ejercicio 2002.
• 1.298.386,45 euros para financiar un crédito extraordinario en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se repercutirá en el presupuesto del organismo autónomo "Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos", para hacer efectivo el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2012 relativo al justiprecio de los terrenos expropiados mediante un Decreto de 1975 para la construcción de centros docentes dependientes de la Universidad Politécnica de Barcelona, así como los intereses de demora.
• 779.591,51 euros para la financiación de un crédito extraordinario en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo con el fin de atender la indemnización derivada de la reversión de una finca expropiada a favor de Ensidesa, por no haber sido destinada a la finalidad que ocasionó la expropiación, según sentencia de la Audiencia Nacional de 2012.
• 297.241,46 euros para un crédito extraordinario en el Ministerio de Hacienda Y Administraciones Públicas destinado al pago de las indemnizaciones correspondientes a una reclamación de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad, por responsabilidad patrimonial del Estado, ante el perjuicio económico ocasionado por la incompatibilidad de determinados artículos de la Ley del IVA con la directiva comunitario de dicho impuesto.