Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Presidencia

• REAL DECRETO por el que se establece el marco para la implantación de los sistemas inteligentes de transporte (SIT) en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte.
• REAL DECRETO por el que se establece la norma de calidad para la elaboración y la comercialización de los vinagres.
• ACUERDO por el que se aprueba el Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado para el año 2012.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre el traslado de residuos.
• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos para su establecimiento en España.
• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos.
• ACUERDO por el que se autoriza la denuncia del Tratado sobre el Estatuto de EUROFOR, hecho en Roma el 5 de julio de 2000, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
• ACUERDO por el que se toma conocimiento del Acuerdo Multilateral RID 5/2010 conforme la Sección 1.5.1 del RID, relativo al transporte de UN 1057 encendedores y UN 1057 recargas para encendedores.

Justicia

• REALES DECRETOS por los que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a:
• D. Geri Benardete.
• D. Mark Nahmias.
• D. Simanto Nahmias.
• Dª. Ren Nahmias.
• D. Pelin Nahmias.
• Dª. Beki Ruso.
• D. Selman Ruso.
• D. Erol Avram Taranto.
• D. Boni Salis.
• Dª. Brenda Peso.
• D. Aaron Cohen Castiel.
• Dª. Reina Regina Abejdid Chocron.
• Dª. Anabella Pilman Benaim.
• D. Ricardo Simon Pilman Benaim.
• D. Mark Jacob Serfaty Cohen.
• Dª. Ylanit Serfaty Cohen.
• D. Yona Benezry Benchimol.
• Dª. Estrella Castiel Israel.
• Dª. Esther Benezry Castiel.
• D. David Garzón Zrihen.

Hacienda y Administraciones Públicas

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 1.300.531,65 euros y se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para atender la sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de octubre de 2011, condenatoria al pago de las compensaciones económicas en concepto de colaboración en la asistencia sanitaria prestada durante los ejercicios 2003 a 2006 más lo intereses legales correspondientes por la entidad colaboradora Universidad de Navarra.
• 
  ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 5.034.642,59 euros y se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para atender la sentencia de la Audiencia Nacional, de 9 de febrero de 2011, condenatoria al pago de las compensaciones económicas en concepto de colaboración en la asistencia sanitaria prestada durante el ejercicio 2008 por la entidad colaboradora Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cantabria a realizar, hasta el 30 de junio de 2012, las operaciones de endeudamiento autorizadas por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de julio de 2011, que fueron prorrogadas hasta el 31 de marzo de 2012 por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de enero de 2012, por el importe pendiente de formalizar hasta un máximo de 34.750.800 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de la garantía del Estado a cincuenta y ocho obras para su exhibición en el Museo del Prado, en la exposición "El último Rafael" por un valor económico total de 954.682.930,60 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de la garantía del Estado a sesenta y una obras para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición "Edward Hopper" por un valor económico total de 629.418.508,59 euros.
• INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Fomento

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de operación y mantenimiento de los helicópteros y aviones de gran tamaño para la prestación del servicio público de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación en la mar, la gestión y el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves propiedad de SASEMAR, el mantenimiento del stock de repuestos propiedad de SASEMAR y el mantenimiento de helipuertos y hangares.

Educación, Cultura y Deporte

• ACUERDO para la creación de un Consejo de Expertos para la reforma del sistema universitario español.

Industria, Energía y Turismo

• ACUERDO por el que se autoriza la resolución del contrato de servicios relacionados con la campaña internacional de publicidad y las acciones de marketing deportivo del Instituto de Turismo de España.
• ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a suscribir una segunda adenda al convenio con la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA) para la gestión de las ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos reguladas por el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, modificado por el Real Decreto 1700/2011, de 18 de noviembre y el Real Decreto 417/2012, de 24 de febrero.
• ACUERDO por el que se da respuesta al requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comisión Nacional de la Competencia en relación con el Real Decreto 1623/2011, por el que se regulan los efectos de la entrada en funcionamiento del enlace entre el sistema eléctrico peninsular y el balear, y se modifican otras disposiciones del Sector Eléctrico.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

• REAL DECRETO por la que se modifican determinados anexos del Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el que se regula el control oficial del rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina.
• ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: "Colectores generales del río Miño en Lugo. Tramo: NVI. 2ª Fase".
• ACUERDO por el que se declara la reserva de 3.800 metros cuadrados de bienes de dominio público marítimo-terrestre para la ejecución de las obras del Proyecto de laminación y mejora del drenaje de la Rambla Gallinera, Valencia y Alicante.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

• ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la conclusión del Acuerdo marco para la selección de suministradores de vacunas frente a la gripe estacional para determinados órganos de contratación de la Administración General del Estado, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y las ciudades de Ceuta y Melilla y varias Comunidades Autónomas del Sistema Nacional de Salud.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en los Estados Unidos de América a D. RAMÓN GIL-CASARES SATRÚSTEGUI .
• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de la India a D. GUSTAVO MANUEL DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN .
• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en los Emiratos Árabes Unidos a D. JOSÉ EUGENIO SALARICH FERNÁNDEZ-VALDERRAMA .

Hacienda y Administraciones Públicas

• REAL DECRETO por el que se nombra director general de Fondos Comunitarios a D. JOSÉ MARÍA PIÑERO CAMPOS .

CONDECORACIONES

Presidencia

• REAL DECRETO por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a Dª MARÍA BEGOÑA URROZ IBARROLA.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda y Administraciones Públicas

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE

• Se limita a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones donde participen empresarios o profesionales.
• Tanto el pagador como el que reciba el dinero se enfrentan a multas del 25 por 100. Hacienda perdonará la sanción a la parte implicada que denuncie los hechos a la Agencia Tributaria.
• Todos los contribuyentes deberán informar sobre las cuentas y valores que tengan en el extranjero. La infracción acarreará una multa mínima de diez mil euros y se declara la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas.
• La norma facilita los embargos preventivos y demás medidas cautelares para garantizar el cobro de deudas tributarias.
• Se excluye del régimen de módulos a aquellos empresarios que facturen menos del 50 por 100 de sus operaciones a particulares.
• Se fija la responsabilidad subsidiaria de los administradores de empresas carentes de patrimonio, pero con actividad regular.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre un Anteproyecto de Ley de intensificación de lucha contra el fraude que completa el Real Decreto Ley de medidas tributarias aprobado el 30 de marzo. En ese Real Decreto Ley se introdujeron medidas correctoras en el Impuesto de Sociedades para elevar el tipo de gravamen efectivo que pagan las grandes empresas, además de un plan extraordinario de regularización de rentas ocultas en donde se fija un gravamen del 10 por 100 sobre el importe de bienes y derechos aflorados.

Tanto el plan especial de regularización de rentas ocultas incluido en el Real Decreto Ley como el Anteproyecto de Ley puesto en marcha hoy por el Consejo de Ministros pretenden el mismo objetivo de reducir la economía sumergida y elevar el número de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias.

En concreto, el Anteproyecto de Ley viene a reforzar las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude fiscal, una de las prioridades de la política económica del Gobierno. En él se combinan medidas novedosas diseñadas para impactar directamente en nichos tradicionales de fraude con otras que refuerzan la seguridad jurídica del sistema tributario y potencian la recaudación.

LIMITACIÓN DEL PAGO EN EFECTIVO

Una de las medidas más ambiciosas aprobadas hoy consiste en la limitación del uso de dinero en efectivo en determinadas operaciones. Se ha tenido en cuenta la experiencia legislativa en países comunitarios del entorno como Francia e Italia. El objetivo último de la medida es dotar a la Agencia Tributaria de mayor información en su tarea de detectar tanto bolsas de fraude como actuaciones ilícitas.

Así, no podrán pagarse en efectivo operaciones iguales o superiores a 2.500 euros en las que intervenga, al menos, un empresario o profesional. La limitación no será aplicable a los pagos e ingresos realizados con entidades de crédito.

Quienes incumplan la prohibición se enfrentarán a multas del 25 por 100 del valor del pago hecho en efectivo. Tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, por lo que la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos. Se fija, además, el deber de toda autoridad o funcionario público de denunciar los incumplimientos de los que tengan conocimiento en esta materia. Si la denuncia procede de una de las partes que hayan intervenido en la operación, Hacienda no aplicará sanción alguna a esta parte si voluntariamente lo pone en conocimiento de la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago.

Los intervinientes en estas operaciones en las que participe un empresario o profesional deberán conservar los justificantes de pago durante cinco años para acreditar ante la Agencia Tributaria que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo.

Esta limitación en el uso de efectivo entrará en vigor cuando lo haga el citado Anteproyecto de Ley, aunque se refiera a operaciones concertadas con anterioridad.

CUENTAS EN EL EXTRANJERO

Por otro lado, la norma fija la obligatoriedad para todos los contribuyentes de suministrar información sobre cuentas y valores situados en el extranjero de los que sean titulares, beneficiarios o figuren como autorizados. Se hará mediante un modelo que se aprobará a tal efecto. Están incluidos todo tipo de títulos, activos, cuentas en entidades financieras así como valores o seguros de vida.

El incumplimiento de esta nueva obligación de información llevará aparejado un régimen sancionador propio a razón de cinco mil euros por cada dato o conjunto de datos omitidos, con un mínimo de diez mil euros. Además, se declara la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas. La modificación permitirá la detección de ganancias de patrimonio no justificadas, en un entorno de globalización económica internacional.

EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN DE MÓDULOS

El texto normativo recoge también modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos. De esta forma, se fija la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50 por 100 de sus operaciones a particulares. Dicha exclusión solo operará para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a cincuenta mil euros anuales.

Las actividades susceptibles de exclusión son las afectadas por la retención del 1 por 100. Entre ellas se encuentran la albañilería, la fontanería, la carpintería y el transporte de mercancías por carretera.

MEDIDAS PARA REFORZAR LA CAPACIDAD RECAUDATORIA

El Anteproyecto de Ley incluye también una serie de medidas encaminadas a reforzar la capacidad recaudatoria de la Agencia Tributaria, sobre todo en los casos en donde el contribuyente intenta escapar de sus obligaciones fiscales retrasando el pago de la cuota, interponiendo obstáculos procedimentales o diluyendo su patrimonio.

Administradores y socios

Por todo ello, se introduce un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria contra los administradores de empresas carentes de patrimonio, pero con actividad económica regular, que realizan autoliquidaciones recurrentes sin ingresos por determinados conceptos tributarios, con un ánimo defraudatorio. Estos administradores serán responsables de las deudas derivadas de los tributos que deban repercutirse o de las cantidades que deban retenerse a trabajadores o profesionales.

La norma regula también expresamente la responsabilidad de los socios en la deuda tributaria de las personas jurídicas o entidades disueltas o liquidadas.

El texto aprobado hoy elimina, asimismo, la posibilidad de aplazamientos o fraccionamientos de créditos en las situaciones de concurso para evitar la postergación artificiosa del crédito público.

Para combatir determinadas conductas fraudulentas que persiguen la despatrimonialización de una empresa, se prohíbe la disposición de inmuebles de sociedades en donde han sido embargadas acciones equivalentes a más de la mitad del capital social.

Cobro de deudas y embargo de bienes

Para garantizar el cobro de deudas, la norma modifica al alza el importe de la garantía que es necesario depositar para que se suspenda la ejecución de un acto impugnado, a fin de que éste cubra todos los recargos que pudieran ser exigibles.

También se modifica el régimen del embargo de bienes y derechos en entidades de crédito para que éste se pueda extender más allá de la oficina o sucursal a la que se remitió el embargo.

Respecto a las medidas cautelares, se modifica el precepto para permitir su adopción en cualquier momento del procedimiento cuando así se estime oportuno. Se permitirá a la Agencia Tributaria adoptar medidas cautelares en los procesos penales.

Además, se endurecen las sanciones a imponer por resistencia u obstrucción a las actuaciones inspectoras. Si el contribuyente desarrolla actividades económicas, la sanción puede llegar a seiscientos mil euros.

OBLIGACIONES TELEMÁTICAS

Por otro lado, el Anteproyecto de Ley crea un nuevo tipo de infracción tributaria para los que no respeten las obligaciones en la presentación de autoliquidaciones o declaraciones telemáticas. Llevará aparejadas sanciones fijas en el supuesto de autoliquidaciones, y variables, en función del número de datos, en el supuesto de declaraciones informativas.

IVA

En relación con el IVA, se establece la inversión del sujeto pasivo en los supuestos de renuncia a la exención del impuesto vinculada a ciertas operaciones inmobiliarias. Así, el sujeto adquirente sólo podrá deducirse el IVA soportado si acredita que ha ingresado el IVA repercutido. Se evita con ello el doble perjuicio para la Hacienda por la falta de ingreso del impuesto por el transmitente del inmueble y por la deducción del IVA soportado.

(Plan de lucha contra el fraude)

Educación, Cultura y Deporte

CREADA UNA COMISIÓN DE EXPERTOS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una Comisión de Expertos que se encargará de la reforma del sistema universitario español.

Esta Comisión está formada por los siguientes once miembros:

Teresa Miras Portugal (Presidenta de la Comisión)

Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid y directora del departamento de Bioquímica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Experta en neurotransmisores, es la Presidenta de la Real Academia Nacional de Farmacia. Miembro de numerosas sociedades científicas, ha ocupado cargos de responsabilidad en sus directivas, entre otras: Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), European Society for Neurochemistry (ESN), International Society for Neurochemistry (ISN), Advisory Board of Chromaffin Cells, Purinergic Club, Editorial Board del Journal of Neurochemistry, etcétera.

Óscar Alzaga Villaamil

Catedrático y director del Departamento de Derecho Político en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Actualmente es número uno en el escalafón del cuerpo de catedráticos de Derecho Constitucional. Es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, patrono de la Fundación José Ortega y Gasset y presidente de la Fundación Luis Vives.

Entre 1977 y 1986 fue diputado por Madrid (primero por UCD y después en coalición con AP-PDP) y presidió el Partido Demócrata Popular. Tuvo una destacada participación en los debates de las Cortes Constituyentes. En 1986 se retiró de la política.

José Adolfo de Azcárraga Feliu

Licenciado por la Universidad Complutense y doctor por la de Barcelona (1968). Ha realizado numerosas estancias en el extranjero especialmente en Cambridge y Oxford.

Catedrático de Física Teórica de la Universidad de Valencia. Es miembro del IFIC-Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UVEG). Ha escrito numerosas publicaciones de carácter divulgativo.

Salvador Barberá Sánchez

Doctor en Economía por la Universidad de Northwestern y catedrático de Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Cuenta con algunas de las más relevantes distinciones en investigación: Premio Rey Juan Carlos de Economía, Fellow de la Econometric Society, y Distinción de la Generalitat de Cataluña por la promoción de la investigación universitaria. Ha sido presidente de la "Social Choice and Welfare Society" y de la "Southern European Economic Association" (ASSET). Entre 2000 y 2004 fue Director de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) y de 2004 a 2006 ocupó la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Educación y Ciencia.

José Capmany Francoy

Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Realizó la tesis en el University College de Londres. Es Catedrático del Departamento de Comunicaciones y Director del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la UPV.

Fue nombrado 'Fellow Member' del Institut of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) en reconocimiento a su liderazgo internacional y contribución en el campo de la fotónica de microondas. Está considerado uno de los más destacados expertos en el ámbito de las comunicaciones ópticas a nivel internacional y sus investigaciones han sido publicadas en las más prestigiosas revistas científicas como "Optics Express" o "Nature Photonics".

Elisa Chulia Rodrigo

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia (Alemania) y Doctora en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y ha ocupado el cargo de Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la misma Universidad desde diciembre de 2007 hasta julio de 2011.. Es miembro del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March.

Sus principales investigaciones se han centrado en el control de los medios de comunicación y la opinión pública en las dictaduras, el papel de la familia en la sociedad española y los desafíos políticos y sociales derivados del envejecimiento de la población, en particular.

Luis Garicano Gabilondo

Licenciado en Económicas y Derecho por la Universidad de Valladolid. Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Es Catedrático de Economía y Estrategia, en el Departamento de Empresas y Economía, en la London School of Economics.

Ha sido co-director de un programa del Centre for Economic Policy Research (CEPR) de Londres. También ha sido profesor de la Universidad de Chicago. Director de la Cátedra FEDEA McKinsey.

Félix Goñi Urcelay

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Londres (Royal Free Hospital). En 1978 se incorporó a la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), en cuya Facultad de Ciencia y Tecnología comenzó a desarrollar lo que luego sería el Grupo de Biomembranas y la Unidad de Biofísica. Su grupo es uno de los grupos de alto rendimiento del Gobierno Vasco y de dicha universidad. Su trabajo de investigación se centra en las interacciones moleculares en las membranas celulares. Es coautor de tres patentes y ha dirigido dieciséis tesis doctorales.

Fue director de Política Científica del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco y desde 2006 es presidente del Comité de Publicaciones de FEBS (Federation of European Biochemical Societies) y también fundador y presidente de la Fundación Biofísica Bizkaia presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Sociedad Americana de Biofísica.

Rafael Puyol Antolin

Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Fue Rector de la misma desde 1995 hasta 2003, donde continúa su labor docente como profesor de Geografía Humana. Es Vicepresidente de Relaciones Institucionales del IE Bussines School Vicepresidente de la Fundación Instituto de Empresa y Presidente del Patronato de la IE Universidad de Segovia. Asimismo, es profesor del área de Entorno Económico en IE.

Es miembro del Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), grupo que presidió desde 1986 hasta 2000. Asimismo, ostenta el cargo de Vicepresidente de la Real Sociedad Geográfica, miembro de la Junta Directiva del Capítulo Español del Club de Roma y vicepresidente 1º de la Real Sociedad Geográfica. Está especializado en Demografía.

Matías Rodríguez Inciarte

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, con Premio Extraordinario y Nacional Fin de Carrera. Realizó estudios empresariales en el M.I.T. de Boston.

Es Presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido Vicepresidente del Círculo de Empresarios. Presidente del Patronato de la Fundación Príncipe de Asturias desde 2008. En 1981 fue Secretario de Estado Adjunto al Presidente del Gobierno y Ministro de la Presidencia. En 1984 se incorporó al Banco de Santander donde ocupó la Subdirección General en 1986 y la Vicepresidencia segunda en 1994, cargo que ocupa en la actualidad.

Mariola Urrea Corres

Licenciada en Derecho y doctora por la Universidad de La Rioja, de la que además es profesora titular de Derecho Internacional Público en el Departamento de Derecho, del que ha sido secretaria (2001-2004). Desde abril de 2010 es decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja y ha sido Presidenta de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho de España.

Ha realizado distintas estancias investigadoras, entre otras en el Centro Jean Monet de Derecho Económico Regional e Internacional y Justicia de Nueva York y en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia). Colabora con distintos medios de comunicación escritos y radiofónicos.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

ACUERDO CON CATORCE COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA COMPRAR LA VACUNA DE LA GRIPE ESTACIONAL

• La compra centralizada supondrá un ahorro de 6,27 millones de euros este año.
• El procedimiento acordado permitirá gestionar más de 5,22 millones de dosis.

El Consejo de Ministros ha autorizado la conclusión del Acuerdo Marco para la compra agregada de vacunas de la gripe estacional para la campaña 2012-2013. A este pacto se han sumado, junto al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, catorce Comunidades Autónomas (seis más que el año pasado), el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA), que gestiona la sanidad en Ceuta y Melilla, el Ministerio de Defensa y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación ha estimado que se puede alcanzar un ahorro de 6,27 millones de euros. Dado que aún no se conoce el precio real de la adquisición de cada dosis, el ahorro estimado se ha calculado teniendo en cuenta la diferencia de precio de adquisición por dosis por las Comunidades Autónomas que no entraron en el Acuerdo del año 2011 y aquellas que sí participaron. La diferencia es de 1,2 euros por dosis y el número total de dosis que se van a gestionar asciende a 5,22 millones. El ahorro estimado es casi un 40 por 100 superior al obtenido el año pasado, que fue de 3,84 millones de euros.

Acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud

Con esta medida se da cumplimiento al acuerdo tomado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado 29 de febrero sobre control del gasto farmacéutico. Tras la experiencia del año anterior, en la que participaron en el Acuerdo Marco ocho Comunidades Autónomas, se aprobó realizar una nueva compra agregada de las vacunas de la gripe estacional en la presente campaña.

En 2011 se adhirieron al Acuerdo Marco ocho Comunidades Autónomas: Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid. En el presente acuerdo se han sumado a éstas Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja.

Mediante la adjudicación de este nuevo Acuerdo Marco, se determinará la selección de suministradores, la fijación de precios máximos y las bases que regirán los contratos a través de los cuales las Administraciones participantes adquirirán las vacunas.

En este caso concreto, se precisa la autorización del Consejo de Ministros porque la suma de la cuantía de los contratos derivados del Acuerdo Marco es superior a doce millones de euros. En concreto, el valor máximo estimado para el conjunto de los contratos derivados del Acuerdo marco asciende a 25,08 millones de euros.

En el Consejo Interterritorial del pasado 29 de febrero también se aprobó ampliar la compra centralizada, por primera vez, a las vacunas del calendario infantil, para lo que se autorizará el acuerdo en los próximos meses.

Presidencia

APROBADO EL PLAN GENERAL DE PUBLICACIONES

• Representa un ahorro presupuestario del 35,7 con respecto a 2011.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado para el año 2012.

Este Plan regula la actividad editorial de las 81 unidades editoras de la Administración con el objetivo de conseguir que las publicaciones oficiales sean un instrumento eficaz para la transparencia de la Administración General del Estado y un medio para la divulgación de la información y documentación que en ella se genera, en beneficio de los ciudadanos y de los agentes sociales y económicos como verdadera justificación de un eficiente empleo de recursos públicos.

Este Plan, con una dotación de 11.393.569 euros, supone un ahorro del 35,7 por 100 respecto al total presupuestado para el año 2011 y, a su vez, supone una minoración de costes del 59,56 por 100 respecto a los Presupuestos Generales del Estado 2010.

Reducción del número de publicaciones

La actividad editorial de la Administración General del Estado se materializa en una programación inicial que incluye 6.146 títulos, entre monografías, publicaciones periódicas, cartográficas, folletos, catálogos, etcétera. El número de publicaciones programadas se reduce sólo en un 11,5 por 100 respecto al año 2011 (6.947 publicaciones), frente a una reducción presupuestaria real del 26,1 por 100, lo que pone de manifiesto el esfuerzo de optimización del gasto público al que contribuye intensamente el uso de las nuevas tecnologías.

Con el fin de garantizar la máxima visibilidad y difusión de las publicaciones oficiales, el Plan consolida el Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado residenciado en la página web del Boletín Oficial del Estado como la gran plataforma de distribución y acceso a las publicaciones oficiales. El Plan regula, normaliza y fomenta la edición electrónica y establece la obligación de utilizar estándares abiertos en los formatos para libros electrónicos, promueve el empleo de soportes digitales eficientes e introduce para las publicaciones gratuitas, la obligación de incluir el formato digital en los contratos de cesión de derechos de explotación.

Interior

APROBADA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que incorpora una Directiva comunitaria de 2010 sobre sistemas inteligentes de transporte al ordenamiento jurídico español.

Esta Directiva contribuirá a servir mejor a los intereses de los usuarios, a dar respuesta a las necesidades de transportistas y operadores, a abrir oportunidades a trabajadores y empresas, a proporcionar nuevos servicios y de más calidad a los ciudadanos y, especialmente, a mejorar el nivel de la seguridad vial en toda clase de vías públicas de nuestro país.

La citada Directiva comunitaria de la Unión Europea fija cuatro ámbitos prioritarios y seis acciones prioritarias sobre los que se centrarán los esfuerzos de normalización y coordinación en toda la Unión. Van desde el suministro de información sobre tráfico en tiempo real, pasando por determinar cuál es el mínimo de información que en todo caso será gratuita para el usuario, hasta la implantación del sistema de llamada de emergencia denominado "e-call".

Sistema de emergencia "e-call"

Este último puede ser el ejemplo más relevante por su repercusión directa en todos los ciudadanos. En los próximos años, en principio a partir de 2015, todos los vehículos que se comercialicen en el territorio de la Unión Europea incorporarán de fábrica este sistema, en virtud del cual, si se produjera un accidente, un sensor incorporado, por ejemplo, al desplegarse el air-bag, activará un mecanismo que a través de la telefonía móvil enviará, automáticamente y sin intervención humana, los datos del vehículo y su ubicación geográfica al Centro de Emergencias 112. Se activarán, así, de forma inmediata los servicios de asistencia sanitaria, policía, bomberos, etcétera, de modo que los posibles heridos sean atendidos rápidamente. Hay que recordar que la probabilidad de supervivencia de los heridos graves disminuye enormemente cuando transcurren más de veinte minutos entre el accidente y la atención médica).

Con ello se conseguirá mejorar la seguridad vial en toda clase de vías públicas. Además, al actuar con mayor prontitud se podrán adoptar medidas para reducir la duración y la longitud de las retenciones que sufren el resto de los usuarios, con el consiguiente ahorro de tiempo que también supone ahorrar dinero. Y, por último, al disminuir el número de vehículos afectados por el atasco y la duración de éste, se evita el incremento de emisiones contaminantes añadidas generadas por aquellos.

Aplicaciones prácticas

Los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) son el conjunto de aplicaciones prácticas que incorpora las tecnologías de la información y de las comunicaciones de manera integrada en los vehículos y en las infraestructuras, con objeto de mejorar la seguridad vial, la gestión del tráfico y del transporte, y la capacidad de los usuarios para elegir de qué manera hacen un viaje. Aunque este concepto abarca todos los modos de transporte (aéreo, marítimo y terrestre), su principal desarrollo y donde más impacto tendrá a nivel social en los próximos años, será en este último.

En los últimos veinte años, estos Sistemas han transformado el modo de abordar la mejora de la seguridad vial en las vías públicas, la manera en que las autoridades gestionan la movilidad, el modo en que las empresas organizan el transporte de mercancías y las facilidades que tienen los ciudadanos a la hora de conocer cómo pueden desplazarse y cuánto tiempo tardarán en hacerlo.

Las numerosas iniciativas públicas y privadas puestas en práctica en este campo han tenido un carácter aislado y diferente en unos países y en otros, alcanzando ya un importante grado de desarrollo en numerosas ciudades y amplios territorios.

Mejoras de la seguridad vial

Los resultados de todas ellas en su conjunto han puesto en evidencia que la aplicación de los Sistemas Inteligentes de Transporte en el transporte terrestre y, sobre todo, las centradas en la movilidad a lo largo de las vías públicas, contribuye a mejorar de forma sustancial los niveles de seguridad vial, a reducir la congestión del tráfico y a disminuir la contaminación ambiental generada por el uso de los vehículos.

Pero, además, abre una oportunidad a las empresas, tanto al sector industrial que desarrolla tecnologías en este campo, como a las que las utilizan en sus productos (fabricantes de vehículos), a las que lo hacen en sus operaciones habituales (logística y distribución de mercancías), a las de telecomunicaciones que proporcionan el soporte técnico para la transmisión de la información y a las que facilitan servicios finales que son útiles para los ciudadanos (navegadores, páginas web, etcétera). Y estas oportunidades empresariales son potenciales puestos de trabajo, en su mayor parte de media y alta cualificación.

Eliminación de baremos territoriales

La Directiva comunitaria de 2010 establece el marco general que hará posible la extensión y el uso de estos sistemas de una manera coordinada en el territorio de la Unión, eliminando todo tipo de barreras que frenen este despliegue. Estas barreras no son sólo las derivadas de las fronteras entre Estados, sino también las de los límites territoriales administrativos internos, los ámbitos competenciales que distinguen entre vías urbanas e interurbanas, las barreras normativas, etcétera, para conseguir que aquello que es posible técnicamente, y cuyos efectos son positivos para los ciudadanos europeos, también lo sea legalmente, al mismo tiempo que se garantiza siempre el respeto a los principios de protección de la intimidad a nivel individual y colectivo.

Fomento

240 MILLONES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES AÉREAS DE SALVAMENTO MARÍTIMO

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar los servicios de operación y mantenimiento de las unidades aéreas de Salvamento Marítimo, con un presupuesto de 240 millones de euros para cuatro años, con posibilidad de prórroga de otros dos, con un importe estimado de 40 millones de euros al año.

La celebración de este contrato se enmarca en uno de los objetivos del Plan Nacional de Salvamento 2010-2018, con el fin de seguir consolidando el sistema de respuesta ante incidentes y accidentes marítimos y responde a la necesidad de mantener la operatividad de las once bases de helicópteros y las tres de aviones de gran tamaño que forman parte de la flota aérea de Salvamento Marítimo.

Optimizar la gestión

De esta forma, se pretende optimizar la gestión de la flota aérea, mediante la explotación conjunta de los helicópteros y aviones, respetando el número de bases existentes.

El contenido de este contrato comprende la operación y el mantenimiento de los helicópteros y aviones de gran tamaño propiedad de Salvamento Marítimo, donde está incluido, entre otros conceptos, la dotación con equipamientos, los materiales y el material SAR, además de las tripulaciones de vuelo y mecánicos.

Se incluyen, del mismo modo, la gestión y el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las unidades, el mantenimiento del stock de repuestos y el de los helipuertos y hangares, así como la organización, planificación y ejecución de la operación de "Salvamento Marítimo y Lucha Contra la Contaminación" que se asigne a las distintas unidades operativas.

Bases operativas

Las bases operativas contempladas en el pliego de prescripciones técnicas son:

• Once bases de helicópteros en: Almería, Cee, A Coruña, Gijón, Jerez, Las Palmas, Palma de Mallorca, Reus, Santander, Tenerife y Valencia.
• Tres bases de aviones de gran tamaño en: Las Palmas, Santiago y Valencia

Asuntos Exteriores y de Cooperación

DENUNCIA DEL TRATADO SOBRE EL ESTATUTO DE EUROFOR

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la denuncia del Tratado sobre el Estatuto de EUROFOR, hecho en Roma el 5 de julio de 2000, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.

El Tratado sobre el Estatuto de EUROFOR y cuya ratificación fue autorizada por las Cortes Generales el 17 de mayo de 2001, entró en vigor, con carácter general y para España, el 20 de febrero de 2004.

El Tratado tiene como objeto regular el estatuto, estacionamiento, modalidades de organización y funcionamiento de la Fuerza Multinacional Europea "EUROFOR", creada mediante la Declaración de Lisboa de 15 de mayo de 1995, suscrita por los Ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de España, Francia e Italia, a los que se añadió Portugal el 7 de mayo de 1996.

Identidad europea de defensa

EUROFOR, Cuartel General de nivel División sin fuerzas asignadas, se configuró en su origen como un instrumento para la construcción de la identidad europea de defensa, ofreciendo a los países de la Unión Europea Occidental (UEO) una capacidad militar multinacional propia para operaciones de gestión de crisis.

El Tratado prevé la creación del Comité Interministerial de Alto Nivel, compuesto por representantes de los respectivos Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores, como órgano encargado de realizar la coordinación política y militar entre las partes. En su reunión del 22 de junio de 2011 en París, este Comité decidió el cierre de EUROFOR con efectos del 1 de julio de 2012 y, consecuentemente, la denuncia del Tratado sobre el Estatuto de EUROFOR.

En la práctica, EUROFOR nunca ha sido empleada en operaciones reales, a pesar de haber existido varias posibilidades como Chad, Bosnia y Kosovo

Contenido

La decisión de denunciar el Tratado sobre el Estatuto de EUROFOR responde a los siguientes motivos:

• La complejidad de adecuar EUROFOR, una vez desparecida la Unión Europea Occidental, a las principales operaciones que desarrolla la Unión Europea en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa. En efecto, al tratarse de un Cuartel General de nivel División sin fuerzas asignadas, su adecuación a las principales operaciones y organizaciones operativas resulta relativamente compleja.
• La situación presupuestaria actual aconseja también la racionalización de las organizaciones de defensa mediante instrumentos más ligeros, flexibles y operativos.

La denuncia del Tratado no implicará costes para el erario público español, sino, en todo caso, ingresos derivados del reparto entre los Estados miembros de la liquidación de los bienes adscritos al Estado Mayor con sede en Florencia.

Hacienda y Administraciones Públicas

PRORROGADAS AUTORIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO A CANTABRIA

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Cantabria a realizar, hasta el 30 de junio de 2012, las operaciones de endeudamiento autorizadas anteriormente por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2011, que fueron prorrogadas hasta el 31 de marzo de 2012 por el Consejo de Ministros del 27 de enero de 2012, por un importe máximo de 34,75 millones de euros, al mismo tiempo que se mantiene inalterado el resto de las condiciones de la operación autorizada.

La Comunidad Autónoma ha comunicado previamente que, debido a las circunstancias que presentan actualmente los mercados financieros, no ha formalizado el importe de las operaciones prorrogadas por el mencionado acuerdo de 27 de enero, por lo que solicita, y el Gobierno ha considerado favorablemente dicha solicitud, que las autorizaciones se prorroguen hasta el 30 de junio de 2012.

Industria, Energía y Turismo

ACUERDO PARA QUE FITSA GESTIONE EN 2012 LAS AYUDAS A LA COMPRA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a suscribir una segunda adenda al Convenio de Colaboración existente entre el Ministerio y la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA), para que esta Fundación, como entidad colaboradora, continúe gestionando las ayudas a la compra de vehículos eléctricos durante 2012.

El Convenio de Colaboración entre FITSA y el Ministerio, suscrito el 27 de junio de 2011, regula las condiciones de gestión del programa de ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos. Esta segunda adenda introducirá en el Convenio el importe máximo de diez millones de euros para la concesión de ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos en el periodo de ampliación, del 1 al 15 de diciembre del 2011 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, tal como se establece en dos Reales Decretos de 18 de noviembre de 2011 y de 24 de febrero de 2012.

Industria, Turismo y Comercio

RESOLUCIÓN DE UN CONTRATO DE PUBLICIDAD Y MARKETING DE TURESPAÑA

El Consejo de Ministros ha autorizado la resolución del contrato de la campaña internacional de publicidad y la estrategia de marketing deportivo que el Instituto de Turismo de España (Turespaña) había adjudicado a la empresa MEDIA PLANNING GROUP S.A. Dicho contrato, de un importe de 40.568.400 euros vigente en 2010 y 2011, se prorrogó para 2012, por un importe de 13,5 millones de euros, el 30 de diciembre de 2011.

Debido a la restricción sufrida en el presupuesto 2012 de este organismo, Turespaña propone la resolución del citado contrato en prórroga, de mutuo acuerdo con la empresa adjudicataria, y considera la restricción presupuestaria razón de interés público suficiente, con arreglo a lo previsto en el artículo 207.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. De acuerdo con la propuesta, se abonará a la adjudicataria únicamente el importe de los servicios efectivamente prestados o comprometidos en los tres primeros meses del año, es decir, 881.837 euros.

Hacienda y Administraciones Públicas

GARANTÍA DEL ESTADO PARA EXPOSICIONES EN LOS MUSEOS THYSSEN Y EL PRADO

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de la garantía del Estado a 58 obras, para su exhibición en la exposición "El último Rafael" en el Museo Nacional del Prado, por un importe de 954.682.930,60 euros.

Igualmente, se autoriza la concesión de la Garantía del Estado a 61 obras para su exhibición en la exposición "Edgard Hopper" en el Museo Thyssen-Bornamisza, por un importe de 629.418.508,59 euros.

La garantía pública estatal es un sistema por el que el Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley del Patrimonio Histórico Español y un Real Decreto de 1991, asume el compromiso de asegurar las obras de relevante interés cultural que se presten para exposiciones celebradas en museos de titularidad estatal frente a la posible destrucción, pérdida, sustracción o daño que puedan sufrir entre el acuerdo del préstamo y la devolución de la obra.

El otorgamiento no tiene, por tanto, un coste inmediato, sino que supone un compromiso del Estado, como asegurador, para hacer frente a un pago si alguno de los bienes culturales resultase dañado.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

NORMA DE CALIDAD PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VINAGRES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establece la norma de calidad para la elaboración y la comercialización de los vinagres. El objetivo es establecer los mecanismos para garantizar la competencia leal entre las industrias en el marco del mercado único, mejorar la competitividad del sector y dotar de las mismas condiciones a todos los productores.

Para ello se simplifica, adapta y actualiza la normativa vigente en la materia, de acuerdo con la solicitud formulada por el sector, mediante el establecimiento de un marco normativo unitario de aplicación a todo el territorio nacional y que asegure un tratamiento uniforme a todos los productores españoles.

Para alcanzar este objetivo, el nuevo Real Decreto actualiza y adapta a la realidad del mercado la normativa específica sobre vinagres, dando cabida a nuevos productos que se elaboran en otros países y se comercializan en España, entre los que cabe destacar el "vinagre balsámico".

Por otra parte, se hace extensiva la aplicación de la norma a los vinagres amparados por Denominación de Origen Protegida e Indicación Geográfica Protegida.

También se simplifica la normativa nacional sobre vinagres, dejando sin aplicación las previsiones relativas a aspectos sanitarios, dado que están regulados por la normativa horizontal sobre productos alimenticios.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

RESERVA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE PARA EL PROYECTO DE LA "RAMBLA GALLINERA" EN VALENCIA Y ALICANTE

• La duración de la reserva se limitará al tiempo necesario para el cumplimiento de los fines, en todo caso inferior a treinta años.

El Consejo de Ministros ha autorizado la declaración de reserva de 3.800 metros cuadrados de bienes de dominio público marítimo-terrestre para la ejecución de las obras del proyecto de laminación y mejora de drenaje de la "Rambla Gallinera", en las provincias de Valencia y Alicante.

Entre las condiciones que se imponen a esta reserva están las siguientes:

• La duración de la reserva se limitará al tiempo necesario para el cumplimiento de sus fines, que será inferior a treinta años, plazo máximo que establece la Ley de Costas.
• La reserva no podrá amparar, en ningún caso, la realización de otros usos y actividades distintas de las que justifican su declaración.
• Las obras e instalaciones para las que se declare la reserva no podrán ser modificadas, y se ejecutarán de conformidad con el proyecto constructivo "Obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera", según las modificaciones recogidas en el documento elaborado por la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas Mediterráneas" (ACUAMED) en julio de 2010 respecto a las características técnicas de la escollera y también respecto a la arena procedente de la excavación de las obras, que debe ser utilizada en la recreación de las dunas, así como del resto, que deberá extenderse en la playa.

Igualmente, ajustarán su ejecución al plan de regeneración dunar, tal y como se recoge en el Plan de restauración del Cordón Dunar del Espacio "Dunas de la Safor" de julio de 2010.

Todas las actuaciones estarán sujetas a los condicionados de las Directrices para el tratamiento del borde costero y de las Directrices sobre actuaciones en playas de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

Asimismo, la Dirección General del Agua, que ejecutará el proyecto, deberá cumplir en todo momento las condiciones establecidas al respecto sobre los efectos y medidas a adoptar que señala la Declaración de Impacto Ambiental del 14 de julio de 2006.

Industria, Energía y Turismo

DESESTIMADO UN REQUERIMIENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA SOBRE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El Consejo de Ministros ha acordado desestimar el requerimiento presentado por la Comisión Nacional de Competencia contra la obligatoriedad, para las empresas distribuidoras de energía eléctrica, de enviar a los solicitantes de nuevos puntos de suministro, o de ampliación de los existentes un presupuesto para las obras o instalaciones de nueva extensión de la red, junto al correspondiente pliego con las condiciones técnicas exigidas.

El requerimiento de la Comisión Nacional de Competencia se sustentaba en que, en opinión de este organismo regulador, la obligación de la distribuidora de presentar un presupuesto al usuario otorga una indebida e injustificada ventaja competitiva a las empresas distribuidoras, reduce el incentivo de los instaladores a competir contra el distribuidor y produce una segmentación del mercado nacional según las áreas de influencia de los distintos distribuidores.

En el Acuerdo aprobado hoy el Consejo de Ministros desestima la solicitud de la Comisión Nacional de la Competencia al considerar que la disposición cuestionada no introduce restricciones a la competencia y que un Real Decreto de 14 de noviembre de 2011 (en concreto su disposición final cuarta, cuyo texto es el motivo del requerimiento), no incurre en vicio jurídico o de tramitación del que pudiera derivarse su nulidad. Entre otras razones, según el Acuerdo, la obligación de la distribuidora de entregar un presupuesto a los clientes de su zona que deseen realizar estas instalaciones introduce un elemento de publicidad y conocimiento del mercado, que se traducirá en la más fácil penetración de las otras distribuidoras asentadas en otras zonas geográficas.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

REMISIÓN A LAS CORTES DEL ACUERDO CON ANDORRA SOBRE TRASLADO DE RESIDUOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre el traslado de residuos, cuya firma autorizó el pasado 18 de noviembre de 2011.

El vigente Acuerdo entre España sobre traslado y gestión de residuos, del 17 de octubre de 2006, expiró el pasado 25 de mayo de 2011 y su vigencia se prorrogó por período de un año. Anteriormente, el Principado de Andorra y el Reino de España habían concluido un Acuerdo sobre traslado y gestión de residuos el 27 de enero de 2000.

El presente Acuerdo, que sustituye al Acuerdo de 2006, tiene el mismo objeto que los anteriores: regular el traslado de residuos entre Andorra y España con la finalidad de gestionarlos de forma ambientalmente correcta. Sin embargo, se introducen novedades en relación al ámbito de aplicación y al marco legislativo de referencia, en este último caso para tener en cuenta la aprobación de nuevas normas en esta materia.

El nuevo ámbito de este Acuerdo se amplía al traslado de ciertos residuos tales como la importación de cenizas desde la incineradora de Andorra y la inclusión de la exportación a Andorra de determinados residuos para su valorización. La regulación de las exportaciones de residuos de España a Andorra, que no se incluía en los Acuerdos anteriores, trae causa de la puesta en marcha de un centro de tratamiento de residuos en Andorra a finales de 2006. Este Acuerdo también tiene en consideración la importación en el territorio español de determinados residuos producidos exclusivamente en Andorra.

Justicia

CONCESIÓN DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA A VEINTE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD SEFARDÍ

El Consejo de Ministros ha concedido la nacionalidad española, por carta de naturaleza, a veinte miembros de la comunidad sefardí, diez de nacionalidad turca y otros tantos venezolanos.

En todos ellos concurren como circunstancias excepcionales el mantenimiento de profundos e intensos lazos emocionales, históricos y afectivos con el Reino de España, conservando la tradición de su procedencia española, con el consiguiente reflejo cultural de sus costumbres.

La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente por Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales y después de tramitar un expediente para cada caso particular, como ha ocurrido en los que ha resuelto hoy el Gobierno.

En el caso de la comunidad sefardí su vinculación con España se debe al hecho de no haber perdido voluntariamente la nacionalidad (fueron expulsados) y del mantenimiento de la lengua y cultura española a lo largo de los siglos.

Posteriormente, el solicitante debe jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las Leyes, renunciando a su anterior nacionalidad, salvo los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

LA NORMATIVA SOBRE CONTROL DEL RENDIMIENTO LECHERO SE ADAPTA A LOS AVANCES TECNOLÓGICOS SOBRE RENDIMIENTO DEL GANADO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica la normativa vigente sobre control oficial del rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina. En esta norma se definen los parámetros para la realización de los controles de producción láctea de las hembras de animales de raza pura de esas especies.

Con las nuevas modificaciones se flexibiliza la parte técnica relativa al control lechero oficial, con el fin de adaptarlo a los avances tecnológicos alcanzados en los últimos años en el ámbito de la comprobación de rendimientos del ganado.

De esta manera, se consigue también ajustar el contenido de la norma vigente a las Directrices del Comité Internacional para el Control del Rendimiento Animal (ICAR). Esta organización, de la que forma parte España como miembro fundador a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, armoniza los diferentes métodos de control de los principales parámetros productivos del ganado, con el objetivo de que sean comparables con los utilizados en otros países desarrollados.

La aplicación de las recomendaciones ICAR se llevará a cabo de acuerdo con las indicaciones establecidas por la Comisión nacional del control lechero oficial, que se harán públicas mediante una Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Hacienda y Administraciones Públicas

APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Acuerdos por los que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia con partidas por importe de 1,3 y 5 millones de euros, respectivamente, para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, destinadas a atender dos sentencias judiciales.

En primer lugar, se destinan 1,3 millones de euros para atender la sentencia del Tribunal Supremo condenatoria al pago, por un lado, de las compensaciones económicas en concepto de colaboración en la asistencia sanitaria de la Seguridad Social en los ejercicios de 2003, 2004, 2005 y 2006 por la entidad colaboradora Universidad de Navarra.

Puesto que ya se abonó a la Universidad de Navarra la cantidad de 8.574.463,98 euros en concepto de liquidación provisional tras la primera sentencia de la Audiencia Nacional y en tanto no hubiere sentencia definitiva, procede abonar ahora la diferencia entre la liquidación definitiva y la liquidación provisional, que asciende a 1.300.531,65 euros.

Por otro lado, cinco millones de euros servirán para atender el cumplimiento de una sentencia judicial condenatoria al pago, por un lado, de las compensaciones económicas en concepto de colaboración en la asistencia sanitaria de la Seguridad Social en el ejercicio 2008 por la entidad colaboradora Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (4.519.723,48 euros) y, por otro, de los intereses de demora devengados desde el 21 de julio de 2009 hasta el 15 de abril de 2012, fecha estimada para el pago (514.319,11 euros), y las costas en concepto de honorarios del letrado (600 euros). El importe total asciende a 5.034.642,59 euros.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

REMISIÓN A LAS CORTES DEL ACUERDO DE SEDE CON EL PROGRAMA DE LA ONU PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos para su establecimiento en España cuya firma ya había autorizado el Consejo de Ministros el pasado 18 de noviembre de 2011.

El mandato del Programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos, ONU-HÁBITAT, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas, es promover el desarrollo urbano sostenible a nivel social y medioambiental y trabajar para lograr una habitabilidad adecuada para los más pobres. España lleva colaborando activamente con este Programa desde 1986.

Dado el interés común de España y ONU-HÁBITAT en seguir cooperando en programas y actividades relacionados con la sostenibilidad ambiental y los asentamientos humanos y en la prevención y resolución de los problemas causados por el desordenado crecimiento en las ciudades del mundo en desarrollo, se firmó un Acuerdo de Cooperación el 23 de marzo de 2010, aprovechando la celebración del V Foro Urbano Mundial en Río de Janeiro. Dicho Acuerdo, que entró en vigor el 10 de enero de 2011, preveía la posibilidad de firmar un Acuerdo de Sede en caso de que la presencia de ONU-HABITAT así lo requiriese.

Privilegios e inmunidades

El presente Acuerdo es un Acuerdo Marco por el que se conceden a las oficinas de ONU-HABITAT en España, sus locales, fondos, bienes, personal y actividades oficiales los privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades necesarios para permitirle desempeñar sus funciones.

En el texto del Acuerdo se establece la finalidad y el ámbito de aplicación, y se regulan la capacidad jurídica; inviolabilidad; acceso a servicios públicos; seguridad; exenciones fiscales; operaciones financieras; comunicaciones; participantes en reuniones de Naciones Unidas; funcionarios; expertos en misión; personal contratado localmente; renuncia a la inmunidad; cooperación con autoridades, responsabilidad y seguro, entrada, estancia y salidas en territorio español; salvoconductos; acreditación; seguridad social; acceso al mercado laboral de familiares de los funcionarios; solución de controversias; necesidad de un acuerdo administrativo ad hoc para la cesión de locales públicos; modificaciones; denuncia; entrada en vigor y aplicación provisional. Esta última se prevé desde el momento de la firma del Acuerdo.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

REMISIÓN A LAS CORTES DEL ACUERDO CON KUWAIT SOBRE SUPRESIÓN DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, cuya firma y aplicación provisional fueron autorizadas por el Consejo de Ministros el 26 de agosto de 2011.

La posibilidad de adoptar Acuerdos de supresión de visados sobre pasaportes diplomáticos está contemplada en un Reglamento Comunitario del 15 de marzo de 2001 que, además de determinar los países terceros cuyos nacionales deben estar provistos de visados al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, también permite a los Estados miembros establecer excepciones para los nacionales de países terceros cuando sean titulares de pasaportes diplomáticos.

Este Acuerdo, en cuyo contenido se incluyen las cláusulas que son habituales en este tipo de tratados, hace referencia a las entradas sin visados de los nacionales de cada país, titulares de pasaporte diplomático, en el territorio del otro para estancias de corta duración (un máximo de noventa días en un periodo de 180 días).

Asimismo, se recoge también la denominada cláusula Schengen, en virtud de la cual el cómputo del tiempo de estancia sin visado se lleva a cabo en el conjunto de los territorios de los Estados en los que es de aplicación el Convenio Schengen. De esta forma, para la delimitación del periodo de tres meses, se empieza a contar desde la fecha en que se hubiera cruzado la frontera exterior que delimita la zona de libre circulación constituida por tales Estados.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores y de Cooperación

Embajador de España en los Estados Unidos de América.-

D. RAMÓN GIL-CASARES SATRÚSTEGUI.

Nacido el 26 de octubre de 1953 en Madrid, es Licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho por la Universidad de Madrid e ingresó en 1982 en la Carrera Diplomática.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Guinea Ecuatorial, Uruguay y Filipinas. En 1990 fue nombrado subdirector general de Acción Cooperativa del Instituto Español de Cooperación para el Desarrollo y, posteriormente, fue cónsul general adjunto de España en Nueva York. En mayo de 1996 fue nombrado director del Departamento de Internacional y Defensa del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y en mayo de 2000 director del Departamento de Internacional y Seguridad del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. En julio de 2002 fue nombrado secretario de Estado de Asuntos Exteriores y en julio de 2005, Embajador de España en la República de Sudáfrica. En 2008 pasó a ocupar el cargo de vocal asesor en la Dirección General de Política Exterior para África y actualmente era embajador de España en las Repúblicas del Sudán y del Sudán del Sur.

Embajador de España en la República de la India.-

D. GUSTAVO MANUEL DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN.

Nacido el 6 de junio de 1963 en Madrid, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1990 en la Carrera Diplomática.

Ha desempeñado las segundas jefaturas en las embajadas de España en Libia y Jordania. Entre 1996 y 2000 fue director del Gabinete del Ministro del Interior. Ha sido diputado nacional por el Partido Popular al Congreso de los Diputados, donde fue portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores.

D. JOSÉ EUGENIO SALARICH FERNÁNDEZ-VALDERRAMA.

Nacido el 4 de enero de 1955 en Madrid, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1981 en la Carrera Diplomática.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Camerún, Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas y Santa Sede. Ha sido subdirector general de Cooperación Política Europea y de Política Exterior y de Seguridad Comunitaria. En 1997 fue nombrado embajador de España en la República de Mozambique y en 2001 embajador de España en Tailandia. En mayo de 2004 fue nombrado director general de Política Exterior para Asia y Pacífico y en julio de 2010 pasó a ocupar el puesto de director general de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos Energéticos.

Hacienda y Administraciones Públicas

Director General de Fondos Comunitarios.-

D. JOSÉ MARÍA PIÑERO CAMPOS.

Nacido el 15 de agosto de 1.956, es Doctor Ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Ha sido gerente del Catastro de León; subdirector general del Comité de Inversiones Públicas y de Fondos de Compensación y Cohesión del Ministerio de Economía y Hacienda; director general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas; coordinador de Medio Ambiente de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y subdirector general de Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Economía y Hacienda. En la actualidad desempeñaba el cargo de administrador principal en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).