Referencia del Consejo de Ministros

SUMARIO

Presidencia

• REAL DECRETO por el que se modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, y el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y se reduce el límite genérico de velocidad para turismos y motocicletas en autopistas y autovías.
• REAL DECRETO por el que se regula la venta de productos a liquidar por diferencia de precios por determinadas instalaciones de régimen especial y la adquisición por los comercializadores de último recurso.

Interior

• ACUERDO por el que se autoriza la contratación del suministro, en régimen de arrendamiento, de vehículos turismo radiopatrulla tipo "Z" con destino a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (Cuerpo Nacional de Policía) por importe de 35.311.253,05 euros.
• ACUERDO por el que se actualiza el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios.

Economía y Hacienda

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público y se habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificar sus anexos.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Aragón para realizar una o varias emisiones de deuda pública y tomar préstamos en moneda extranjera hasta un importe máximo de 58.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunitat Valenciana para realizar operaciones financieras a largo plazo, hasta un importe máximo de 141.909.306,83 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza el pago correspondiente a la participación de España en la Sexta Ampliación General de Capital del Banco Africano de Desarrollo.
• ACUERDO por el que se autoriza el pago de 98.500.000 euros correspondiente al primer tramo del cuarto pago de la contribución de España a la decimoquinta reposición de recursos de la Asociación Internacional de Fomento, con cargo al presupuesto de la Dirección General de Financiación Internacional.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe de 16.226.276,16 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 362.805,85 euros y se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad por la citada cuantía, para atender la sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de octubre de 2009, condenatoria al pago de las compensaciones económicas en concepto de colaboración en la asistencia sanitaria prestada de enero a marzo de 2006, por la entidad colaboradora Banco de España.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 294.381,62 euros y se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad por la citada cuantía, para atender la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2010, condenatoria al pago de las compensaciones económicas en concepto de colaboración en la asistencia sanitaria prestada durante el ejercicio 2005, por la entidad colaboradora Autoridad Portuaria de Barcelona.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por un importe de 150.253,03 euros, para el abono de indemnizaciones derivadas de la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 17 de junio de 2009, relacionada con el síndrome tóxico y se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda por el importe y para la finalidad indicados.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión a la Comunidad Autónoma de Aragón para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel de una subvención por un importe de 30.000.000 de euros en la aplicación presupuestaria 32.01.753 del programa 941O "Otras transferencias a Comunidades Autónomas".

Política Territorial y Administración Pública

• ACUERDO por el que se aprueban los programas y políticas públicas que serán objeto de evaluación por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios en 2011.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• ACUERDO por el que se aprueba el Plan Anual de Cooperación Internacional 2011 y se toma conocimiento del Plan de Acción de Eficacia de la Ayuda 2009-2012.
• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio entre el Reino de España y la República de Armenia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, firmado en Madrid el 16 de diciembre de 2010.
• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio entre el Reino de España y la República Federal de Alemania para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, firmado en Madrid el 3 de febrero de 2011.
• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo sobre simplificación de la Extradición entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, el Reino de España y la República Portuguesa.
• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Convenio entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre Cooperación en materia de seguridad y en la lucha contra la delincuencia.
• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Armenia.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de una Subvención de Cooperación Internacional, por un importe de treinta millones de euros, a la Reserva Alimentaria Internacional de Emergencia (RAIE) del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas.

Justicia

• Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia.
• Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de Medidas de Agilización Procesal.
• ACUERDO por el que se solicita de la Mesa del Congreso la tramitación por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Defensa

• REAL DECRETO por el que se establecen las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de los Llanos (Albacete).
• REAL DECRETO por el que se establecen las servidumbres aeronáuticas del Helipuerto Militar de Bétera (Valencia).
• REAL DECRETO por el que se establecen las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Getafe (Madrid).
• INFORME sobre Fuerzas Armadas Profesionales: diez años sin servicio militar.

Fomento

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato del "Proyecto de construcción de plataforma del corredor norte-noroeste de alta velocidad. Línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Olmedo-Zamora, tramo: Estación de Zamora. Plataforma, longitud: 2,88 km". Valor estimado del contrato: 26.014.559,30 euros (sin IVA), en Zamora.
• ACUERDO por el que se autoriza la resolución del contrato de las obras de infraestructura ferroviaria del proyecto "Línea de alta velocidad Palencia-Santander, tramo: Palencia-Alar del Rey, subtramo I: Palencia-Amusco. Plataforma", por mutuo acuerdo entre la Administración y la empresa adjudicataria, en Palencia.
• ACUERDO por el que se autoriza la resolución del contrato de las obras de infraestructura ferroviaria del proyecto "Línea de alta velocidad Palencia-Santander, tramo: Palencia-Alar del Rey, subtramo II: Amusco-Marcilla de Campos. Plataforma", por mutuo acuerdo entre la Administración y la empresa adjudicataria, en Palencia.
• ACUERDO por el que se autoriza la resolución del contrato de las obras de infraestructura ferroviaria del proyecto "Línea de alta velocidad Palencia-Santander, tramo: Palencia-Alar del Rey, subtramo III: Marcilla de Campos-Villaprovedo. Plataforma", por mutuo acuerdo entre la Administración y la empresa adjudicataria, en Palencia.
• ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia por importe de 391.809,85 euros necesarias para las obras de mejora del drenaje y saneamiento de la estructura de los Túneles del Bruc en la autovía A-2, del p.k. 565,000 al 566,000, subsanando la situación de grave peligro existente, en Barcelona.
• ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia por importe de 599.220,21 euros necesarias para la reparación del puente sobre el río Guadalfeo, en el p.k. 328,350, en la carretera N-340, subsanando la situación de grave peligro existente, en Granada.
• ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia por importe de 1.034.935,03 euros necesarias para las obras de reparación de taludes de desmonte en diferentes tramos de las carreteras N-420 y N-240, subsanando la situación de grave peligro existente, en Tarragona.
• ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia por importe de 2.778.413,97 euros necesarias para las obras de subsanación del grave peligro existente en el antiguo túnel de Viella por el hundimiento de su clave a la altura del p.k. 153,960 y por la imperiosa necesidad de reforzar el falso túnel de su boca sur, p.k. 150,900 de la carretera N230, subsanando la situación de grave peligro existente, en Lleida.
• ACUERDO por el que se revisan y modifican los efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del programa 1996 (Plan de Vivienda 1996-1999), del Plan de Vivienda 2002-2005 y del Plan de Vivienda 2005-2008.

Trabajo e Inmigración

• Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.
• ACUERDO por el que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2011, para su gestión por las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
• ACUERDO por el que se formalizan los compromisos financieros resultantes para la Administración General del Estado de la aprobación por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la reunión celebrada el 23 de junio de 2009, de los criterios de distribución de los créditos destinados a financiar el coste imputable al ejercicio económico 2011 de la prórroga de la medida consistente en la contratación de 1.500 orientadores para el reforzamiento de la red de oficinas de empleo incluida en el Plan extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral.
• 
  ACUERDO por el que se solicita de la Mesa del Congreso la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.

Industria, Turismo y Comercio

• ACUERDO por el que se aprueba el Plan de Intensificación del Ahorro y la Eficiencia Energética.
• ACUERDO por el que se autoriza al Instituto para la Restructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras la concesión de ayudas a cinco empresas mineras del carbón, para el año 2011, correspondientes a las previstas en la orden ITC/3298/2010, de 15 de diciembre, por la que se prorroga para 2011 la aplicación de la orden ITC/3666/2007, de 14 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la industria minera del carbón para los ejercicios de 2008, 2009 y 2010, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón.

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

• Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de Residuos y Suelos Contaminados.
• REAL DECRETO sobre medidas de mitigación equivalentes a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión a efectos de la exclusión de instalaciones de pequeño tamaño.
• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para reparar los daños acaecidos en el paseo de la playa de la Ribera, término municipal de Gozón (Asturias), por un importe global de 260.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia adoptada en el expediente de actuaciones necesarias para la lucha contra el nematodo de la madera del pino Bursaphelenchus Xylophilus, por importe de 400.000,00 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia adoptada en el expediente de adquisición de reactivos de diagnóstico y vacunas necesarias en la lucha frente a la lengua azul, por importe de 300.000,00 euros.
• ACUERDO por el que se solicita de la Mesa del Congreso la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados.

Cultura

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1320/2008, de 24 de julio, por el que se crea la Orden de las Artes y las Letras de España.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato "Servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad en diversos edificios dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales"

Sanidad, Política Social e Igualdad

• Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY General de Salud Pública.
• ACUERDO por el que se formalizan, para el ejercicio 2011, los criterios objetivos de distribución, así como la distribución resultante, de los créditos previstos en el Programa 231A de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, para gastos que originen los programas derivados del Plan Nacional sobre Drogas que desarrollen las distintas Comunidades Autónomas.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• REAL DECRETO por el que se designa Embajador Representante Permanente de España en el Consejo de Europa a D. FERNANDO ALVARGONZÁLEZ SAN MARTÍN .
• REAL DECRETO por el que se designa Embajadora de España en Malasia a Dª MARÍA BASSOLS DELGADO .
• REAL DECRETO por el que se designa Embajador de España en la República de Haití a D. MANUEL HERNÁNDEZ RUIGÓMEZ .
• REAL DECRETO por el que se designa Embajador en Misión Especial para Asuntos Migratorios a D. CARLOS GÓMEZ-MÚGICA SANZ .

Defensa

• REAL DECRETO por el que se promueve al empleo de Teniente General al General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire D. MIGUEL ROMERO LÓPEZ y se le nombra Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire.

Trabajo e Inmigración

• REAL DECRETO por el que se nombra Director General del Instituto Nacional de la Seguridad Social a D. JOSÉ ANTONIO PANIZO ROBLES .
• REAL DECRETO por el que se nombra a D. EDUARDO MONTES PÉREZ DEL REAL miembro del Consejo Económico y Social en representación de las organizaciones empresariales.

CONDECORACIONES

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• REAL DECRETO por el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica a Su Excelencia señor SEBASTIÁN PIÑERA, Presidente de la República de Chile.
• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la señora CECILIA MOREL DE PIÑERA, Primera Dama de la República de Chile.
• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a los señores: MILTON JUICA, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, ALFREDO MORENO, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, y JUAN ANDRÉS FONTAINE, Ministro de Economía de la República de Chile.
• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a los señores: Embajador ALFONSO SILVA NAVARRO, Director General de la Cancillería de la República de Chile; Embajador JAMES SINCLAIR, Director General del Ceremonial y Protocolo de la República de Chile; Embajador DANIEL CARVALLO, Director de Asuntos de Europa de la República de Chile; SERGIO FERNANDO ROMERO PIZARRO, Embajador de la República de Chile en España; Diputado IVÁN MOREIRA, Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República de Chile; Senador de la República de Chile ANDRÉS CHADWICK; Senador de la República de Chile FRANCISCO CHAHUAN; Senador de la República de Chile GUIDO GIRARDI, y Senador de la República de Chile HOSAIN SABAG.

Defensa

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco al Almirante de la Armada estadounidense Sr. GARY ROUGHEAD.
• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los siguientes Oficiales Generales:
• General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil D. GERMÁN GÓMEZ RODRÍGUEZ.
• General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire D. FERNANDO FERNÁNDEZ DE BOBADILLA Y HASTINGS.
• Contralmirante del Cuerpo General de la Armada D. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ-HUIX FERNÁNDEZ.
• General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil D. FRANCISCO ARRIBAS REVUELTO.
• General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. FERNANDO JOSÉ LÓPEZ DEL POZO.
• General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra D. PEDRO LÓPEZ LÓPEZ.
• General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar D. FERNANDO MAYANDIA FERNÁNDEZ.
• General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire D. LUIS MIGUEL YAGÜE HERREROS.
• General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar D. GONZALO ZARRANZ DOMÉNECH.
• General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar D. RICARDO MARTÍNEZ MARTÍN.

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ASUNTOS GENERALES

Industria, Turismo y Comercio

APROBADO EL PLAN DE AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

• El Plan recoge veinte medidas en los sectores de transporte, iluminación y edificación cuya puesta en marcha conlleva una inversión asociada de 1.151 millones de euros.
• La puesta en marcha desde 2004 de políticas de ahorro y eficiencia energética ha permitido reducir nuestras importaciones de petróleo un 10 por 100 desde 2006.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en el que se recogen 20 medidas en tres grandes ámbitos: transporte y movilidad, edificación e iluminación y consumo eléctrico, así como una campaña de concienciación a los ciudadanos sobre la importancia del ahorro de energía.

En conjunto, las medidas aprobadas supondrán un ahorro estimado de 3,2 millones de toneladas de petróleo (tep) anuales, el equivalente a 28,6 millones de barriles de petróleo. El ahorro económico estimado es de 2.300 millones de euros anuales en importaciones energéticas con los precios actuales (obviamente el dato de ahorro económico está sujeto a la variación del precio del petróleo, no así el ahorro en consumo de barriles).

La aplicación del Plan permitirá reducir las emisiones de CO2 en 12,5 millones de Tm al año.

Su puesta en marcha lleva asociada una inversión de 1.157 millones de euros, con cargo a la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética que financian las empresas eléctricas.

Se trata de medidas que afectan a todas las Administraciones Públicas, por lo que el Gobierno considera fundamental la colaboración de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para alcanzar los objetivos y asegurar, de esta forma, el pleno desarrollo del Plan.

Medidas de ejecución inmediata y a medio y largo plazo

Incluye medidas de ejecución inmediata y con una vigencia limitada en el tiempo, así como medidas a medio y largo plazo. La inversión que implica el desarrollo del Plan es global, pero el ahorro de las medidas sin limitación temporal será anual y prolongado en el tiempo; por ejemplo, la inversión en mejorar la eficiencia del alumbrado público se realiza una vez, pero el ahorro que implica se refleja en todos los años sucesivos).

España importa el 75 por 100 de los recursos energéticos que consume, de ellos el petróleo y el gas suponen el 70 por 100. Esta alta dependencia energética nos obliga a importar seiscientos millones de barriles de petróleo al año. Un incremento del precio del petróleo tiene un elevado impacto en nuestra balanza comercial, de tal forma que cada aumento de diez euros en el precio el barril, tiene un coste para España cercano a los seis mil millones de euros anuales. De mantenerse los precios del petróleo en los niveles actuales, nuestro déficit energético en 2011 alcanzaría los 46.000 millones de euros.

Consciente de esta realidad, el Gobierno ha impulsado desde 2004 políticas de ahorro y eficiencia energética para reducir la dependencia de combustibles fósiles y mejorar la intensidad energética, indicador que mide la relación entre PIB y consumo de energía.

Intensificación de medidas de ahorro

Dichas políticas se intensificaron en 2008, tras el notable incremento de los precios del petróleo en julio, mes en el que el Gobierno puso en marcha el Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011 para reforzar las políticas que de forma estructural se venían desarrollando.

Con las medidas del Plan 2008-2011 se han obtenido unos ahorros de 4,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo anuales (36 millones de barriles de petróleo), lo que supone un grado de cumplimiento del 92 por 100. De esta forma, en 2010, con el mismo PIB real que en 2006, se han consumido un 10 por 100 menos de productos petrolíferos, 67 millones de toneladas en 2010 frente a 74 millones en 2006.

En 1997 España tenía una intensidad energética similar a la media europea (UE 27). Desde ese año hasta 2004 todos los países hicieron esfuerzos de ahorro y eficiencia energética, excepto España, que en 2004 registró un consumo energético un 10 por 100 por encima de la media europea.

Desde ese año las políticas de ahorro y eficiencia de este Gobierno han permitido reducir nuestra intensidad energética en más de un 14 por 100, una reducción superior a la de nuestros socios europeos.

NUEVAS MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA

Las más destacadas son las siguientes:

Medidas en el sector del transporte

• Línea de financiación de proyectos incluidos en los Planes de Movilidad Urbana Sostenibles (PMUS) en aquellas ciudades de entre veinte mil y cincuenta mil habitantes que tengan en marcha dichos planes. Entre los proyectos financiables incluidos destaca, el fomento del transporte público, carriles de uso exclusivo del transporte público, intercambiadores de transporte.

La cuantía de la línea asciende a 262,4 millones de euros. Los recursos empleados para esta inversión serán de origen FEDER, gestionados a través del Ministerio de Política Territorial.

• Transporte de mercancías: El Ministerio de Fomento presentará próximamente un plan de eficiencia energética en el transporte prestando especial atención al transporte ferroviario de mercancías.
• Optimización del uso de los pasillos aéreos mediante la mejora en la utilización del espacio aéreo del Ministerio de Defensa, introducción de sistemas de descenso continuo y reanálisis de las rutas trasatlánticas.
• Reducción temporal de los límites de velocidad en autopistas de peaje de peaje y autovías de la red de interés general del Estado para turismos y motocicletas hasta los 110km/h. Esta medida afectará a 12.000 kilómetros de estas vías en España. Su coste de implantación por el cambio de señales es de 250.000 euros. El 30 de junio de 2011 el Gobierno evaluará la continuidad o no de dicha medida.
• Incremento de la obligación de introducción de biodiesel en carburantes hasta el 7 por 100 en contenido energético para el año 2011 y siguientes.
• Reducción de los precios de los billetes en ferrocarril, en cercanías y media distancia, de la operadora RENFE. Se envía con esta medida una señal clara al ciudadano para sustituir, cuando sea factible, el transporte en vehículos privados por el transporte público.
• Plan Renove de neumáticos: Se favorece la introducción de neumáticos que tengan la máxima calificación energética, según la etiqueta (A) regulada por el Reglamento comunitario 1222/2009 en turismos de particulares y flotas de empresas. El Gobierno establecerá una línea de subvenciones de veinte euros por neumático hasta un máximo de 240.000 neumáticos, lo que supone un mínimo de 60.000 vehículos beneficiados.

Medidas en el sector de la edificación.

• Establecimiento de una línea ICO específica para Empresas de Servicios Energéticos (ESE), con el objetivo de facilitar el acceso al crédito de este tipo de empresas. El importe inicial destinado a la financiación sería de seiscientos millones de euros y su ejecución se realizará mediante un convenio de colaboración entre el Instituto de Crédito Oficial y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético.
• Fomento del uso de la biomasa para usos térmicos en edificios mediante dos acciones:

1. Sustitución de calderas en los edificios de las Administraciones públicas mediante la ampliación del actual Plan de empresas de servicios energéticos, subvencionando a fondo perdido un 15 por 100 del coste de estas actuaciones.

2. Ampliación de la línea de ayudas del Plan Renove de calderas de alto rendimiento energético que tiene en marcha el IDAE para alcanzar mil MW de potencia instalada.

Medidas sobre iluminación y consumo eléctrico.

Renovación del sistema de alumbrado público municipal. Se realizarán tres líneas de acción, a poner en marcha por los Ayuntamientos:

• El lanzamiento de diecinueve proyectos integrales (uno por cada Comunidad Autónoma más las dos Ciudades Autónomas) para grandes ciudades a través del modelo de Empresas de Servicios Energéticos.
• Se renovarán las lámparas de vapor de sodio por tecnologías de alta eficiencia en los municipios con menos de doscientos habitantes (unos 2.200 municipios).
• Se exigirá el cumplimiento de la normativa sobre alumbrado público eficiente para todos los municipios de más 25.000 habitantes (295 municipios) en un plazo máximo de cinco años.

Campañas de sensibilización.

• Campañas de sensibilización ciudadana para concienciar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos de ahorro y consumo eficiente de la energía. Se realizarán a través de Internet, medios de comunicación y cursos de formación en conducción eficiente a profesionales.

ANEXO

Qué es una Empresa de Servicios Energéticos (ESE)

Las ESE realizan tanto el proyecto como la inversión necesaria para lograr el ahorro energético y obtienen sus ingresos de parte del ahorro de energía que logra para el cliente.

El período estimado de recuperación de la inversión por parte de la ESE es de varios años. De esta forma, ambos salen beneficiados:

• El cliente no tiene que hacer desembolso alguno. En el corto plazo disfruta sólo de una parte del ahorro de energía y, a más a largo plazo, una vez que la ESE ha recuperado su inversión, obtendrá totalmente el ahorro energético.
• La ESE amortiza su inversión y obtiene beneficios durante toda la vida del contrato con un porcentaje del ahorro de energía que ha logrado para el cliente.

(Plan Ahorro Energético)

Interior

LA VELOCIDAD MÁXIMA EN AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS SERÁ DE 110 KILÓMETROS POR HORA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica el artículo 48 del Reglamento General de Circulación con el objetivo de fijar transitoriamente la velocidad máxima en autopistas y autovías para los turismos y las motocicletas en 110 km/h.

Además, se modifica el Anexo II del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para incluir un inciso en el que se indica que la reducción del límite de velocidad en autopistas y autovías de 120 km/h a 110 km/h no afectará a la aplicación del sistema de pérdida por puntos establecido actualmente. La multa económica será la que corresponda en función del exceso de velocidad a la que se circule.

Se trata de una medida temporal que se aplicará desde las 6:00 horas del 7 de marzo hasta el 30 de junio. No obstante, el Gobierno podrá acordar su prórroga atendiendo a la evolución del mercado energético. La modificación de las aproximadamente seis mil señales de tráfico afectadas va a consistir en la utilización de unas pegatinas cuyo coste será, aproximadamente, de 250.000 euros (41 euros por unidad), que se asumirá con los créditos que actualmente tiene presupuestado el Ministerio de Fomento, sin que suponga ningún incremento del gasto público.

Por este motivo, atendiendo a que la medida está justificada por razones de ahorro energético, se aprueba con carácter transitorio.

Justicia

APROBADO UN PROYECTO DE LEY PARA AGILIZAR LOS PROCESOS CIVILES Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS

• Se introducen reformas en dos órdenes jurisdiccionales de gran trascendencia para la actividad económica.
• Las reformas simplificarán el proceso y reducirán costes y tiempo, pues eliminan trámites innecesarios, amplían las posibilidades de acogerse a los procedimientos simplificados y racionalizan el sistema de recursos.
• La reforma introduce, además, un régimen procesal para la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal, destinado a agilizar y facilitar el funcionamiento de los tribunales civiles y contencioso-administrativos, dos órdenes jurisdiccionales fundamentales para la actividad económica.

El Proyecto introduce reformas orientadas, fundamentalmente, a la simplificación y supresión de trámites innecesarios y, también, a impedir la dilación deliberada del proceso o limitar el uso desproporcionado de instancias judiciales. Para ello, racionaliza los procesos y mejora el sistema de recursos extraordinarios. Las medidas tienen como objetivo principal mejorar la respuesta de juzgados y tribunales, dentro del contexto general de reforma de la legislación procesal, para lograr una administración de Justicia más ágil, moderna y eficaz.

Al tratarse de una reforma procesal que afecta a dos órdenes jurisdiccionales de enorme trascendencia para la actividad económica, los efectos de las mejoras introducidas podrán notarse en el sistema económico, con especiales beneficios para los consumidores, las pequeñas y medianas empresas, así como para la competencia en el mercado.

Entre las medidas más destacadas figuran las siguientes:

Orden jurisdiccional civil

En el proceso monitorio (procedimiento para reclamaciones de deuda acreditadas documentalmente) se suprime el límite máximo de 250.000 euros y se equipara así al sistema monitorio europeo. De esta manera, se amplía el uso de un instrumento procesal más ágil que ha demostrado su eficacia en las reclamaciones de deuda en un momento de crisis como el actual.

En cuanto a los recursos, se excluye el recurso de apelación en los juicios verbales de reclamación de cantidad (hasta seis mil euros), de modo que la sentencia de primera instancia devendrá firme. Con ello se salvaguarda el derecho de acceso al juez al tiempo que se limita el uso innecesario de instancias judiciales y evita que los litigios se mantengan abiertos durante años.

También se elimina el trámite de anuncio y preparación de recursos, de forma que los mismos se anuncian y formalizan en un solo escrito, lo que reducirá los tiempos y evitará dilaciones por exceso de trámites.

En cuanto al recurso de casación, se refuerza el papel del Tribunal Supremo como garante de la igualdad y, por tanto, su papel como tribunal de unificación de doctrina, mediante la actualización de la cuantía mínima para recurrir en casación en los órdenes contencioso-administrativo y civil, inalterada desde los años 1998 y 2000, respectivamente, que pasa de 150.000 a 800.000 euros.

En relación con los procesos especiales para la tutela del crédito, se incorpora el "renting" (alquiler a largo plazo con derecho a compra) al régimen procesal especial, que ya estaba previsto para la protección de contratos similares como el "leasing", en cuanto a la recuperación de los bienes entregados en arrendamiento.

Contencioso administrativo

Se incorporan determinadas modificaciones que implican una mejora y racionalización técnica, como la supresión de trámites innecesarios en la fase probatoria, la eventual supresión de la vista cuando las partes están de acuerdo, o un más adecuado y clarificado régimen jurídico de las medidas cautelares más urgentes.

También se elevan los límites cuantitativos, tanto del recurso de apelación como del de casación, pasando este último de 150.000 a 800.000 euros. Se incorpora además, de una forma más clara, el interés casacional como mecanismo de inadmisión de los recursos. En este caso la agilización se consigue por dos vías: en primer lugar, dotando de firmeza a las resoluciones en plazos más breves y, en segundo lugar, descargando a los órganos de apelación y casación de un importante volumen de asuntos, lo cual les permitirá desarrollar con mayor rapidez el resto de sus funciones.

Finalmente, en materia de costas procesales para los procesos de única o primera instancia se incorpora el criterio del vencimiento, con la posibilidad de que el órgano judicial pueda exonerar de las mismas cuando concurran circunstancias que justifiquen su no imposición.

Proceso penal

La reforma incorpora determinados preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regulan la intervención de las personas jurídicas en el proceso en calidad de imputadas, consecuencia de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 5/2010, que introdujo un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Justicia

PROYECTO DE LEY DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

• Reconoce el derecho de los ciudadanos a utilizar las tecnologías de la información en sus relaciones con la Administración de Justicia.
• Su impacto económico será positivo, puesto que agiliza la tramitación de los procedimientos y elimina muchas de las cargas que para la ciudadanía tiene el acceso al sistema de justicia.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Su objetivo es regular los aspectos básicos del derecho a la utilización de las tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia, así como establecer las condiciones necesarias para poder tramitar íntegramente en formato electrónico todos los procedimientos judiciales.

Esta Ley establece marcos estables y vinculantes de colaboración, cooperación y coordinación entre las Administraciones con competencia en materia de Justicia.

El Proyecto, presentado para informe del Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre, ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Procuradores. Todas estas instituciones realizaron aportaciones que han permitido mejorar el texto hasta alcanzar un proyecto que satisfaga a todos los actores implicados.

Se prevé un impacto económico positivo de la nueva norma, ya que agiliza la tramitación de los procedimientos y elimina muchas de las cargas que tiene el acceso al sistema de justicia, tanto para la ciudadanía como para los profesionales.

Modernización tecnológica

La nueva Ley es un paso más en el proceso de modernización tecnológica de la Justicia. En el marco del Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre de 2009, ya se vienen desarrollando numerosos proyectos de contenido tecnológico, que ahora encontrarán acomodo legal gracias a esta regulación.

Por ello, la aplicación de la norma descansa en proyectos y líneas de financiación ya existentes, por lo que el impacto presupuestario de la misma se encuadra en las partidas ya asignadas y relacionadas con los programas de modernización tecnológica del sistema de justicia.

La norma, que supone la plasmación en el Estado Español del Plan de acción e-Justicia de la Unión Europea, facilita la relación de los ciudadanos y los profesionales con la Administración de Justicia adaptándola a las nuevas tecnologías de la comunicación. Con ella se consigue:

• Una justicia más accesible.
• Una justicia más transparente.
• Una justicia más ágil, al tramitarse íntegramente en formato electrónico y acortarse. enormemente los plazos de tramitación.
• Una justicia más eficiente, al asignar mejor los recursos disponibles.

Se sientan las bases para alcanzar la plena tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, abandonando los obsoletos legajos en formato papel. La transmisión electrónica de datos y la conservación de los mismos en bases de datos electrónicas sustituirán a las notificaciones tradicionales y a los viejos archivos judiciales.

Se crea la sede judicial electrónica como punto de acceso único, a través del cual se realizarán todas las actuaciones que lleven a cabo ciudadanos y profesionales con la Administración de Justicia.

Asimismo, se establece el marco legal necesario para hacer realidad la plena interoperabilidad entre las distintas aplicaciones que se usan en los Juzgados y Tribunales, así como se garantiza la seguridad de la información almacenada en las mismas.

Contenido

Respecto al contenido de la Ley:

• En primer lugar, se reconocen los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Justicia. Éstos podrán elegir el uso de las tecnologías de la información en sus relaciones y la Administración deberá, en estos casos, dotarles de los medios oportunos para hacerlo. Los ciudadanos podrán acceder electrónicamente "con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos". En el caso de los profesionales (abogados, procuradores, graduados sociales, etcétera), así como al personal de las Oficinas Judiciales y las Fiscalías, tienen el deber de utilizar estas nuevas tecnologías, lo que permitirá, en el medio plazo, la tramitación íntegramente electrónica del expediente judicial, que redundará en una mayor eficacia y agilidad en los procesos.
• La Ley regula también el régimen jurídico de la Administración judicial electrónica. Se reglamenta la 'sede judicial electrónica', que es el canal a través del cual se pueden realizar todas las actuaciones tanto por parte de los ciudadanos como los profesionales del ámbito de la Administración de Justicia. Para facilitar este acceso se crea un Punto de Acceso General de la Administración de Justicia, que permite acceder a las distintas sedes y subsedes. También se regula la firma electrónica para autentificar los documentos que integran los diversos expedientes judiciales.
• Otro aspecto fundamental en la nueva Ley es el establecimiento de normas que hagan posible la íntegra tramitación electrónica de los procesos judiciales gracias al expediente judicial electrónico. Así, la Ley regula detalles relativos al registro de escritos, comunicaciones y notificaciones electrónicas. La tramitación electrónica permite agilizar notablemente los trámites, al evitar la solicitud a los interesados de determinada documentación, cuando ésta sea posible mediante transmisiones de datos o certificaciones; racionaliza la distribución de cargas de trabajo y permite introducir indicadores de gestión. En la nueva norma se regulan igualmente las peculiaridades y características de la tramitación electrónica de los expedientes judiciales, al presentar determinadas características que la diferencian de la tramitación en papel. Finalmente, se recogen las características básicas que deben tener las aplicaciones y sistemas de información utilizados para esta tramitación electrónica, a fin de garantizar en todo caso la seguridad y la accesibilidad.
• Por último, se abordan las cuestiones relativas a la cooperación y coordinación entre administraciones públicas con competencias en materia de Justicia y se dota de rango legal al Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, un conjunto de información acerca de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, política de seguridad, conservación y normalización de la información, formatos, etc. En definitiva, constituye un mínimo común denominador de conocimiento que permite que los distintos sistemas informáticos no acaben siendo incompatibles, o se generen disfunciones por el uso de programas o aplicativos distintos. Para la gestión de este Esquema se crea un Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, integrado por representantes del Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas transferidas, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del Estado.

Comunidades Autónomas

Para las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia, que ya están inmersas en un proceso de puesta en línea de servicios electrónicos, la entrada en vigor de la Ley les va a suponer una labor de adaptación y de reasignación de esfuerzos, reorientando, en algunos casos, sus prioridades en el desarrollo y adaptación de sistemas e infraestructuras informáticos.

Aquellas acciones de alto coste o de dificultad tecnológica, como son los puntos de acceso multicanal, la aceptación de la firma electrónica reconocida o la interconexión entre administraciones estarán soportadas por las infraestructuras comunes facilitadas por el Ministerio de Justicia.

Asimismo, todas las aplicaciones desarrolladas o que vayan a ser desarrolladas por el Ministerio de Justicia están disponibles para su utilización por las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia, permitiendo a éstas la adecuación a los requisitos expuestos en la ley sin incremento presupuestario.

Calendario

Se fijan distintos plazos para el establecimiento en las oficinas judiciales y fiscalías, de los medios e instrumentos necesarios para la efectiva implantación de estas tecnologías:

• Cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley: deberá estar garantizada la plena interoperabilidad entre los sistemas al servicio de la Administración de Justicia.
• Cinco años desde la entrada en vigor de la Ley: ha de ser posible la íntegra tramitación electrónica de los procedimientos judiciales y el abandono del formato papel.

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

• Actualizará la legislación para hacerla más ambiciosa y eficaz.
• Se establece un calendario hasta 2018 de sustitución de bolsas comerciales por bolsas de un solo uso no biodegradable.
• La nueva política de residuos apuesta por la prevención, maximizando el aprovechamiento de los recursos, y la disminución de los impactos adversos de su producción y gestión sobre la salud humana y el medio ambiente.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados por el que se transpone una Directiva comunitaria de 2008 y se actualiza la legislación tras más de diez años de aplicación de la primera Ley de Residuos.

La nueva política de residuos apuesta por la prevención, maximizando el aprovechamiento de los recursos, y la disminución de los impactos adversos de su producción y gestión sobre la salud humana y el medio ambiente.

El nuevo texto actualiza el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos, delimita las obligaciones de productores y gestores, y simplifica trámites administrativos, utilizando un registro compartido entre las Administraciones, de modo que se garantice la transparencia y trazabilidad en la gestión.

Se crea una Comisión como instrumento de cooperación y coordinación entre Administraciones públicas en materia de residuos, respetando el mercado interior y buscando soluciones eficaces, transparencia en la gestión y mayor accesibilidad de información. Asimismo, se clarifican las competencias de las entidades locales en relación con los residuos generados en los municipios.

De acuerdo con la legislación comunitaria, antes de 2015 deberá llevarse a cabo una recogida separada de distintos materiales procedentes de residuos (papel, plástico, vidrio, metales), posibilitando la separación de los biorresiduos y el establecimiento de sistemas de depósito, devolución y retorno.

Se incorporan objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de un 50 por 100 antes de 2020 para distintos materiales que componen los residuos domésticos y similares. En el caso de los residuos de construcción y demolición el porcentaje se eleva al 70 por 100 en reutilización, reciclado y valorización.

El Proyecto de Ley, para el que se ha solicitado la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, establece que las Administraciones Públicas aprobarán programas y planes de prevención de residuos, así como de gestión, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Se crea un marco legislativo común para que los fabricantes y responsables de la puesta en el mercado de los productos que con su uso se convierten en residuos, se involucren en la prevención y gestión de los mismos. La nueva Ley contribuye a impulsar la innovación asociada a productos y procesos, mercadotecnia y diseño, generando nuevas oportunidades laborales y sociales.

Sustitución de bolsas de un solo uso

Se establece un calendario hasta 2018 de sustitución de bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable y desde 2015, la obligación de marcarlas con mensaje sobre sus efectos en el medio ambiente.

Se mantiene el régimen aplicable a los suelos contaminados de la Ley 10/1998 de residuos y se matizan, entre otros, aspectos relacionados con la responsabilidad de la contaminación de los suelos.

El nuevo texto refuerza las funciones de vigilancia, inspección y control, en consonancia con la supresión de determinadas autorizaciones y su sustitución por comunicaciones. Asimismo, se ha clarificado y completado el régimen sancionador.

Para la elaboración de este Proyecto de Ley se ha mantenido un proceso abierto de participación y consulta con Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Consejo Asesor de Medio Ambiente.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino reconoce y agradece el esfuerzo realizado por las distintas Administraciones, las organizaciones sociales, así como los sectores empresariales para avanzar en una gestión más eficaz económica y ambientalmente de los residuos y en un uso más eficiente de los recursos y confía en seguir trabajando juntos en esa misma dirección.

Trabajo e Inmigración

LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS COMUNITARIAS VERÁN ASEGURADOS SUS DERECHOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

• Aprobado el Proyecto de Ley que incorporará al ordenamiento jurídico español las novedades introducidas por la normativa comunitaria en esta materia y que estarán en vigor a partir del próximo mes de junio.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley que incorporará al ordenamiento jurídico español las novedades introducidas en materia de información y consulta transnacional de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, como consecuencia de la Directiva comunitaria de 6 de mayo de 2009.

La mencionada Directiva deroga una Directiva anterior transpuesta al Derecho español por la Ley 10/1997, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria. Teniendo en cuenta el plazo para la transposición de la norma comunitaria, la futura Ley entrará en vigor el día 6 de junio de 2011.

Objetivos

Los objetivos del Proyecto, para cuya tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de urgencia, son: asegurar la efectividad de los derechos de información y consulta transnacional de los trabajadores, incrementar el número de comités de empresa europeos creados (se mantienen los acuerdos existentes sobre la materia) y resolver los problemas observados en la aplicación práctica de la norma anterior, mejorando la seguridad jurídica y la articulación entre los ámbitos nacional y transnacional de representación de los trabajadores, para lo cual se contempla:

• Mayor efectividad de la información y consulta para una eficaz toma de decisiones empresarial y nuevas definiciones de «información», «consulta» y «cuestiones transnacionales».
• Ajuste de las competencias del comité de empresa europeo a las cuestiones transnacionales.

• Responsabilidad de obtener y transmitir la información para la apertura de las negociaciones: dirección de cualquier empresa incluida en el grupo de empresas de dimensión comunitaria, así como a la dirección central o la que se presuma dirección central.

• Composición de la comisión negociadora: un miembro por cada grupo de trabajadores que en cada Estado miembro represente el 10 por 100 o fracción de dicho porcentaje del total de trabajadores empleados globalmente en todos los Estados miembros.
• Información por parte, tanto de la dirección central como de la comisión negociadora, del inicio de las negociaciones a las organizaciones europeas de trabajadores y empleadores competentes. Esta comisión se podrá reunir, antes y después de negociar, sin la presencia de la empresa y se contempla la posibilidad de asistencia de expertos, incluidos representantes sindicales.
• Refuerzo del contenido mínimo del acuerdo sobre la constitución del comité de empresa europeo o el establecimiento del procedimiento de información y consulta a los trabajadores, para que se tenga en cuenta, entre otros aspectos, la representación equilibrada de ambos sexos en la composición de dicho comité.
• Aplicación de las reglas de proporcionalidad previstas para la comisión negociadora a la composición del comité de empresa europeo
• Derecho de los miembros de la comisión negociadora y del comité de empresa a la formación necesaria sin pérdida de salario.

• Información del comité de empresa europeo a sus representados sobre el contenido y resultados del procedimiento de información y consulta.
• Articulación de la información y consulta entre los ámbitos comunitario y nacional.
• Adaptación del procedimiento de información y consulta, en caso de cambios sobrevenidos que afecten de manera significativa a la estructura de la empresa o del grupo, con apertura de las negociaciones, para la constitución de un nuevo comité de empresa europeo.

Sanidad, Política Social e Igualdad

APROBADO EL PROYECTO DE LA LEY DE SALUD PÚBLICA

• Se prevé la creación de una Estrategia de Salud Pública que deberá ser aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
• Se creará el Consejo Asesor de Salud Pública, en el que estarán representados los departamentos de la Administración General del Estado cuyas políticas inciden en la salud.
• El Sistema de Información en Salud Pública servirá para identificar inequidades en salud y establecer políticas que contribuyan a reducir las posibles desigualdades. También se constituirá la Red de Vigilancia en Salud Pública.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Salud Pública, de la que la semana pasada se presentó un informe preliminar.

El propósito de esta Ley es poner en evidencia que la salud, entendida como el bienestar físico, psíquico y social, es el resultado de numerosos factores y condicionantes que se presentan en el ámbito familiar, social, laboral, educativo, así como de otros factores relacionados con el medio ambiente, la alimentación y los estilos de vida. De ahí que su enfoque se dirija a establecer nuevas formas de organización para conformar acciones que, superando el ámbito de los servicios sanitarios, permitan actuar para conseguir una mejora de la salud de la población.

En definitiva, esta Ley plantea que las actuaciones dirigidas a la mejora de la salud deben ser un tema transversal incorporado en todas las políticas. Para ello, establece una Estrategia de Salud Pública que definirá las áreas de actuación sobre los factores condicionantes de la salud y que aprobará el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Esta Estrategia determinará los ámbitos de la salud pública en los que, por su especial incidencia en el conjunto de la población, sea de interés fomentar y promover la investigación.

Para garantizar la transversalidad de la Ley se prevé la creación del Consejo Asesor de Salud Pública como órgano consultivo, en el que estarán representados los departamentos de la Administración General del Estado cuyas políticas inciden en la salud y aquellos otros organismos y asociaciones científicas y profesionales relacionadas con la salud pública.

Además, las actuaciones de salud pública tendrán en cuenta las políticas de carácter no sanitario que influyan sobre la salud de la población y se promoverán las que favorezcan los entornos saludables.

Sistema de información en salud pública

La consecución de buenos resultados en salud requiere actuaciones cuyo objetivo sea la equidad, es decir la disminución de brechas en el nivel de salud de distintos sectores de la población. Para poder definir políticas que disminuyan las inequidades es necesario previamente identificarlas. Esta ley contempla la creación del Sistema de Información en Salud Pública, que incluirá la información relevante para la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas.

Otro de los retos que afronta esta Ley es el referente a la seguridad sanitaria. La globalización, los cambios medioambientales y el tráfico internacional de bienes, servicios y personas, crean las condiciones favorables para la emergencia de nuevos riesgos para la salud. En este sentido, esta Ley plantea un sistema de alerta precoz y respuesta rápida para la detección y evaluación de incidentes, reforzando la coordinación entre el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y las Comunidades Autónomas, incluidas las ciudades de Ceuta y Melilla.

Especial atención a la prevención

El Proyecto pone énfasis en la importancia de las acciones preventivas y la salud comunitaria en los servicios sanitarios, en especial en la atención primaria, y propone actuaciones dirigidas a la coordinación de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y lesiones en el Sistema Nacional de Salud.

Las actuaciones de salud pública deberán incluir garantías de máxima calidad. Para ello el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad establecerá y actualizará criterios de buenas prácticas para las actuaciones de Salud Pública y someterá a evaluación el impacto en la salud de la población de las acciones seleccionas previamente.

Por último, cabe destacar el énfasis de la futura Ley en el papel coordinador del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Se constituye para ello la Red de Vigilancia en Salud Pública que integra diferentes sistemas, que abarcan desde los condicionantes sociales que inciden en la salud, a los riesgos ambientales o las enfermedades transmisibles.

Defensa

INFORME SOBRE LOS DIEZ AÑOS DE LAS FUERZAS ARMADAS PROFESIONALES

El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Defensa sobre "Fuerzas Armadas Profesionales. Diez años sin servicio militar", ya que este mes de marzo se cumplen diez años desde la suspensión del servicio militar obligatorio mediante un Real Decreto del 9 de marzo de 2001.

Durante más de doscientos años millones de jóvenes cumpliendo con sus obligaciones, sirvieron a España realizando su servicio militar. La Disposición final octava de la Ley de la Carrera Militar, de 2007, hizo un especial reconocimiento a todos los españoles que sirvieron a España mediante la realización del servicio militar:

"Las Cortes Generales expresan su reconocimiento a todos los españoles que, cumpliendo con sus obligaciones, sirvieron a España mediante la realización del servicio militar y rinde especial homenaje a aquellos que perdieron la vida".

En solo diez años se ha pasado de un modelo de Fuerzas Armadas en el que cuatro de cada diez efectivos eran reclutas cumpliendo el servicio militar obligatorio, a un Ejército plenamente profesional. Esta profesionalización ha sido mucho más que la mera sustitución de un soldado de reclutamiento forzoso por otro que escoge voluntariamente el ingreso y permanencia en las Fuerzas Armadas. Además, ha sido un proceso de modernización que ha afectado a todos los ámbitos de la institución militar y que ha implicado transformaciones de tipo orgánico y estructural, un cambio de mentalidad y de estilo en el ejercicio del mando y sobre todo, un cambio de relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad.

El modelo inicial no fue muy atractivo para gran parte de la juventud española. Los objetivos propuestos no pudieron cumplirse se produjo una disminución progresiva de efectivos. A finales del año 2004 estos efectivos se situaban alrededor de los setenta mil, lejos de los previstos.

Nuevo modelo de profesionalización

A principios de 2005, se decidió abordar la elaboración de una nueva Ley de Tropa y Marinería que estableciera un novedoso modelo de profesionalización basado en la estabilidad y desarrollo profesional.

Los soldados y marineros comienzan su relación de servicios con un compromiso inicial renovable hasta seis años de duración y tienen la opción de suscribir otro de larga duración que llega hasta los 45 años de edad, durante cuya vigencia pueden acceder a la condición de soldados permanentes.

Alcanzados los 45 años, y en caso de que no se haya adquirido la condición de soldado permanente, cesa la relación de servicio activo en las Fuerzas Armadas y el militar profesional de tropa y marinería que así lo decida, accederá a la condición de reservista de especial disponibilidad y, con ella, al derecho a percibir mensualmente una asignación económica.

El modelo también garantiza a los soldados y marineros la posibilidad de desarrollar su trayectoria profesional, promocionando a la escala de suboficiales y a la de oficiales. Se reconoce el tiempo de servicio en los Ejércitos como mérito en el acceso a las Administraciones Públicas y se reservan plazas para el ingreso en la Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional de Policía.

El Gobierno decidió en noviembre de 2005 aprobar un nuevo Reglamento de Retribuciones que se consideraba fundamental para la consolidación del nuevo modelo y que representó para el soldado una notable subida en sus retribuciones. Con el nuevo modelo se ha producido un incremento importante en el número de efectivos de tropa y marinería.

Aumento progresivo de solicitantes

El aumento progresivo del número de solicitantes por plaza ha permitido, además, una mejora en los niveles educativos de los nuevos soldados, lo que posibilita su promoción a la escala de suboficiales y a la de oficiales. En el año 2005 el 26 por 100 de los soldados que ingresaron en las Fuerzas Armadas tenían estudios superiores a Educación Secundaria Obligatoria y en los últimos años este porcentaje está por encima del 47 por 100.

Las Fuerzas Armadas son plenamente profesionales. Están compuestas por 17.759 oficiales, 28.680 suboficiales y 82.875 soldados y marineros. Entre nuestros militares casi 16.000 son mujeres, lo que supone más del 12 por 100 de los efectivos en activo. España es el segundo país de nuestro entorno con mayor presencia femenina en sus Ejércitos.

La plena profesionalización, la renovación de los medios materiales, las reformas legales y las misiones internacionales han sido los cuatro grandes instrumentos de modernización de las Fuerzas Armadas. El servicio y entrega de nuestros militares es reconocido por los españoles, que consideran a las Fuerzas Armadas como la institución en la que más confían.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

APROBADO EL PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2011

• Además, se toma conocimiento del Plan de Acción para la Eficacia de la Ayuda.
• Se prevé alcanzar un volumen de 4.233,71 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Anual de Cooperación Internacional 2011 y ha tomado conocimiento del Plan de Acción para la Eficacia de la Ayuda.

El Plan Anual de Cooperación Internacional 2011 sigue avanzando en el desarrollo de los objetivos y programas señalados en el Plan Director 2009-2012 de la Cooperación Española.

El Plan 2011 es el primer Plan Anual de Cooperación Internacional que ha sido aprobado bajo la nueva Ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo, de 22 de octubre de 2010. Con esta Ley se introduce un cambio novedoso hasta la fecha: por primera vez el Plan se eleva al Consejo de Ministros una vez dictaminado previamente por las Comisiones del Congreso de los Diputados y del Senado.

Prioridades

El presente Plan Anual de Cooperación Internacional 2011 tiene como prioridades temáticas, que parten de la reafirmación del impulso a la agenda de la Declaración del Milenio, las siguientes:

• La lucha contra el hambre mediante el derecho a la alimentación y al desarrollo rural, para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio 1.
• La lucha contra el cambio climático, en el año clave para la preparación de la Cumbre de Río+20 en 2012.
• La lucha por la consecución de los recursos necesarios, con especial protagonismo del impulso a la introducción de una tasa sobre transacciones financieras internacionales y la movilización de recursos domésticos como claves de la financiación del desarrollo humano y sostenible en el futuro.

Al mismo tiempo, se mantiene el esfuerzo de los últimos años en políticas sociales y de igualdad en sectores sociales básicos y en igualdad de género.

El Plan 2011, que se ha elaborado con el consenso de los principales actores de la cooperación española, se presenta en un momento que acusa los efectos de la crisis económica y financiera internacional, una crisis que está tensionando también a escala global la disponibilidad de recursos tradicionales para la ayuda al desarrollo, en el marco de los ajustes presupuestarios motivados por las presiones de los mercados sobre la deuda soberana y la necesidad de disminuir los déficit públicos.

Limitación presupuestaria

La limitación presupuestaria se traduce en este Plan 2011 en una disminución del volumen de Ayuda Oficial al Desarrollo respecto al año anterior, con un impacto en todas las Administraciones Públicas: General del Estado, Comunidades Autónomas y entes locales. La previsión para 2011 es alcanzar el 0,4 por 100 de la Renta Nacional Bruta, con un volumen total de 4.233,71 millones de euros de Ayuda Oficial al Desarrollo neta. La meta del 0,7 por 100 no se alcanzará, por tanto, en 2012. Se reafirman, no obstante, el objetivo de alcanzarlo en 2015, en concordancia con la meta de la Unión Europea y el mensaje de que el Desarrollo y su efecto deseado -la erradicación de la pobreza- sigue siendo un compromiso político fundamental.

En conclusión, se trata de un Plan acorde a las circunstancias y a las necesidades de la coyuntura internacional. Enfrentar de forma realista la salida de la crisis mundial con garantías de mayor fortaleza no debe estar en ningún caso al margen de la capacidad transformadora de la cooperación para el desarrollo. Por ello, el Plan Anual de Cooperación Internacional 2011 y, por ende, la cooperación española, promueve el adecuado equilibrio entre los recursos disponibles y las medidas que aseguren la calidad y eficacia de la ayuda.

Plan de Acción de la Eficacia

Asimismo, el Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del Plan de Acción de Eficacia de la Ayuda. El Plan Director de la Cooperación española 2009-2012 se compromete a adoptar un Plan de Acción de Eficacia de la Ayuda que, sobre la base del marco de resultados, constituya la hoja de ruta para alcanzar los objetivos definidos, indicando los recursos y medios necesarios. La importancia de este Plan de Acción radica también en los compromisos internacionales suscritos por España. Además de firmar la Declaración de París y, posteriormente, la Agenda de Acción de Accra, España asumió en 2006, junto con los demás Estados miembros, el compromiso de dotarse de un Plan de Acción en Eficacia de la Ayuda ante la Unión Europea. En esa línea, son varios los Estados miembros que ya cuentan con un Plan de Acción, como Francia, Reino Unido o Alemania. El objetivo del Plan de Acción para la Eficacia de la Ayuda es precisamente responder a estos mandatos.

Trabajo e Inmigración

3.100 MILLONES A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

• Los fondos asignados se mantienen o incrementan respecto al pasado ejercicio.
• Dentro de esta inversión se incluyen las cuantías destinadas a la prórroga de los contratos de 1.500 orientadores de empleo.

El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, la distribución de más de 3.100 millones de euros a las Comunidades Autónomas para el desarrollo de políticas activas de empleo.

El reparto de estos fondos fue acordado en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el pasado 24 de enero. Las inversiones que el Gobierno de España destinará a cada Comunidad Autónoma para el presente año se incrementan o mantienen respecto a 2010.

Estos 3.111 millones de euros se destinarán a la realización de programas de empleo, itinerarios de inserción sociolaboral y acciones de formación para ocupados y desempleados; actuaciones de promoción de la actividad económica y fomento del empleo autónomo y la economía social; e inserción sociolaboral de personas con discapacidad.

Asimismo, y dentro de la apuesta por fortalecer los Servicios Públicos de Empleo, también se contempla la distribución de fondos destinados a la modernización y mejora de los mismos, así como para la prórroga de los 1.500 orientadores que ya están trabajando.

Empleo y Formación

Concretamente, el Ministerio invierte más de 1.631 millones de euros en programas de empleo y cerca de 1.337 millones de euros para actuaciones en materia de formación para el empleo, tanto dirigida a ocupados como a desempleados.

Para modernizar y mejorar los Servicios Públicos de Empleo el Gobierno destina casi 93,5 millones de euros.

Por último, el Gobierno ha repartido más de 50 millones de euros entre las Comunidades Autónomas para prorrogar los contratos de los 1.500 orientadores de empleo, que ya están trabajando en los Servicios Públicos de Empleo, y a los que se sumarán 1.500 promotores de empleo más para reforzar la atención a las personas en situación de desempleo, desarrollando itinerarios de inserción sociolaboral individualizados que mejoren la preparación de los desempleados e incrementar sus oportunidades de acceder a un puesto de trabajo.

Otras ayudas

Por otro lado, también se ha aprobado la distribución territorial de seis millones de euros en relación con las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, a favor de las Comunidades Autónomas que han asumido la gestión de las ayudas (todas excepto el País Vasco, Ceuta y Melilla), y se establece una reserva de 11.509.516,50 euros, para dar cobertura a las necesidades imprevistas que surjan durante la ejecución del presupuesto, tanto en lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, como para las ayudas que gestiona la Dirección General de Trabajo en uso de su propia competencia.

En el cuadro que se reproduce a continuación se recoge el reparto de las cantidades, a las cuales hay que añadir los 50 millones para orientadores de empleo.

Fomento

REBAJADOS LOS TIPOS DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS SOBRE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PLANES ANTERIORES

• Bajan todos los tipos de interés de los planes estatales de 2002 a 2008 y del programa 1996, algunos de los cuales llegan a reducirse hasta la mitad.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el cual se revisan y modifican los tipos de interés efectivos de los préstamos convenidos que fueron concedidos en el marco de los planes estatales de vivienda 2002-2005 y 2005-2008, así como del programa 1996 (del Plan 1996-1999).

La normativa vigente que regula el funcionamiento de los distintos Planes de Vivienda establece que en el primer trimestre del año 2011 procede revisar y modificar, en su caso, el tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos concedidos en los mencionados programas.

Tras la revisión, todos los tipos de interés analizados se han modificado a la baja, lo que redundará en reducciones de las cuotas a pagar por los titulares de los préstamos, como se observa en la siguiente tabla:

El número de beneficiarios por la bajada de estos tipos de interés supera el medio millón. Dado el sistema de amortización de estos préstamos, el efecto de un descenso del tipo de interés tenderá a ser más notable cuanto más recientemente se haya iniciado la amortización del préstamo.

Procedimiento de cálculo

Los criterios que se siguen para la revisión de estos tipos se fijan en la normativa de cada uno de los Planes de Vivienda. Con carácter general, la revisión se realiza a partir de un tipo medio de referencia, obtenido como promedio del tipo de referencia de los préstamos hipotecarios del conjunto de entidades financieras publicado por el Banco de España en los últimos meses.

Posteriormente, este tipo de referencia se pondera por un coeficiente reductor, con lo que se consigue que los tipos de interés que se aplican a los préstamos convenidos en el marco de los Planes de Vivienda resulten, en promedio, más favorables a los ciudadanos que los préstamos del mercado libre.

En el acuerdo aprobado por el Gobierno no se ha incluido la revisión de los tipos de interés de los préstamos acogidos al vigente Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, dado que estos préstamos se actualizan automáticamente, ya que están referenciados al Euribor.

Industria, Turismo y Comercio

APROBADAS LA AYUDAS PARA 2011 A LAS EMPRESAS MINERAS

El Consejo de Ministros ha dado un paso más para agilizar los apoyos y subvenciones al sector del carbón autóctono al autorizar las ayudas que las compañías mineras recibirán para cubrir las pérdidas por la producción de carbón autóctono.

Debido a la complicada situación económica y a las dificultades para poner en marcha el Real Decreto que incentiva el uso de carbón autóctono, el Gobierno decidió adelantar la convocatoria de ayudas para las empresas mineras que cada año dedica en el marco del Plan Nacional del Carbón, que busca apoyar la producción de carbón, favorecer el cierre de las minas no rentables y reconvertir industrialmente las áreas afectadas.

En este contexto, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio adelantó la apertura del plazo para presentar solicitudes de ayudas para 2011 al pasado 29 de diciembre. Siguiendo este calendario y tras estudiar los expedientes presentados, el Ministerio de Industria ha concluido repartir ayudas a la producción nacional a quince compañías solicitantes por un importe total de 301,5 millones de euros.

El reparto de todas las ayudas se realizará paulatinamente a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Política Territorial y Administración Pública

APROBADO EL PLAN DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS PARA 2011

• La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL) se centrará este año en evaluar las políticas orientadas a la dinamización económica. Además. realizará un estudio sobre mejora del funcionamiento del Estado Autonómico.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Trabajo de evaluación de las políticas y programas públicos, correspondiente a 2011, que realizará la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

El plan de trabajo para este año se centrará en las políticas aprobadas por el Gobierno para dinamizar la economía del país y agilizar la acción pública en su relación con las PYME.

Líneas ICO

Así, durante 2011 se realizará una segunda fase de la evaluación de las líneas de ayuda ICO-PYME. Además de complementar la realizada en el año 2010 sobre el Plan de Fomento Empresarial, se incorporará el conjunto de líneas desarrolladas a partir de 2009 para paliar los efectos de la crisis: Línea ICO-Liquidez PYME, Línea ICO-Economía Sostenible y Línea ICO-Directo.

El plan de trabajo se completa con la evaluación sobre las trabas administrativas para la creación de empresas y sobre la Ventanilla Única para el Comercio Exterior de Canarias (VEXCAN). También se elaborará un informe relativo a la mejora del funcionamiento del Estado Autonómico, centrado en identificar posibles duplicidades, solapamientos o ineficiencias del sistema, e incluyendo propuestas de mejora, en su caso, siempre desde la lealtad institucional, el respeto al marco constitucionalmente diseñado y a los Estatutos de Autonomía.

Por último, el Consejo de Ministros ha conocido las evaluaciones que, por primera vez, realizará la AEVAL como consecuencia de los convenios de colaboración suscritos por la Agencia y diversas Comunidades Autónomas.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

SUBVENCIÓN A LA RESERVA ALIMENTARIA DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE NACIONES UNIDAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de una subvención de cooperación internacional, por importe de treinta millones de euros, a la Reserva Alimentaria Internacional de Emergencia del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.

La finalidad de la subvención es la atender llamamientos del Programa Mundial de Alimentos mediante asistencia alimentaria en situaciones de emergencia, operaciones prolongadas de socorro, actividades de apoyo logístico-administrativo y operaciones de hermanamiento con terceros países para distribución de ayuda alimentaria, en el marco de la Ayuda Humanitaria del Gobierno de España.

Con esta subvención se dará respuesta a los llamamientos consolidados de Naciones Unidas, llamamientos de emergencias de Naciones Unidas, así como otros llamamientos humanitarios fuera del marco de los llamamientos de Naciones Unidas.

Economía y Hacienda

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN LA SEXTA AMPLIACIÓN GENERAL DE CAPITAL DEL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO

El Consejo de Ministros ha autorizado el pago correspondiente a la participación de España en la sexta ampliación general de capital del Banco Africano de Desarrollo, aprobada por la Junta de Gobernadores de la institución el 27 de mayo de 2010, por un importe de 29.614.064 euros.

España tiene suscritas en la actualidad 23.034 acciones, por lo que el aumento aprobado autorizaba a suscribir 46.273 acciones, de las que 2.776 son pagaderas y las 43.497 restantes, exigibles.

Las acciones pagaderas representan un coste de 27.760.000 Derechos Especiales de Giro, que equivalen a 32.135.809 euros. El Banco ofrece la posibilidad de hacer un pago adelantado con su correspondiente descuento. Por ello se acordó un calendario de pagos con un único desembolso, con el consiguiente ahorro para el erario público al ser finalmente el importe efectivo a desembolsar de 29.614.064 euros.

El Banco Africano de Desarrollo es una institución financiera multilateral creada en 1964, integrada por 77 países miembros, 53 de ellos regionales (países africanos) y 24 no regionales. Los principales accionistas son Nigeria, Estados Unidos, Japón, Egipto y Alemania. España es miembro del Banco desde 1984.

El objetivo de esta institución es promover el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en el continente africano. Financia proyectos en condiciones ventajosas en los países miembros regionales en desarrollo, proporciona asistencia técnica y difunde conocimiento. Su elevada calificación crediticia (AAA) es fundamental a la hora de movilizar recursos en condiciones ventajosas. El Banco trabaja con gobiernos, sector privado, organizaciones no gubernamentales, agencias de desarrollo, organizaciones locales y fundaciones

Economía y Hacienda

CONTRIBUCIÓN DE ESPAÑA A LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO

El Consejo de Ministros ha aprobado el pago de 98,5 millones de euros correspondiente al primer tramo del cuarto pago de la contribución de España a la decimoquinta reposición de recursos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF).

La AIF, ventanilla blanda del Grupo Banco Mundial, es el primer suministrador de ayuda concesional para los 79 países más pobres del mundo, con especial énfasis en África Subsahariana, hacia donde se dirige más del 50 por 100 de su ayuda financiera.

Esta institución se financia mediante las contribuciones de los países donantes, que realizan reposiciones periódicas, la devolución de los créditos concedidos y las transferencias del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) y de la Corporación Financiera Internacional (CFI).

En la decimoquinta reposición (período 2008-2011) los compromisos de recursos ascendieron a 41.600 millones de dólares, un 30 por 100 más que en la anterior. De éstos, los donantes aportaron 25.100 millones de dólares. Todas estas cifras representan máximos históricos, tanto en volumen de la reposición, como en número de donantes (45 con la incorporación de China, Chipre, Egipto, Estonia, Letonia y Lituania), así como en sus contribuciones y en las transferencias realizadas por el Banco Mundial.

España es miembro de esta Asociación desde 1960 y ha participado, desde su ingreso, en las reposiciones periódicas de recursos y en las contribuciones especiales de esta institución. La política general de fortalecimiento de la presencia de España en las instituciones financieras internacionales, y su compromiso especial con los países más pobres del mundo, únicos beneficiarios de la actividad de la AIF, han motivado la participación en esta decimoquinta reposición de recursos.

Economía y Hacienda

AUTORIZACIONES DE DEUDA A ARAGÓN Y VALENCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Aragón a realizar emisiones de deuda pública y tomar préstamos en moneda extranjera, hasta un importe máximo de 58 millones de euros.

Por otra parte, a la Comunidad Valenciana se le ha autorizado realizar operaciones financieras a largo plazo, hasta un importe máximo de 141,9 millones de euros.

Los importes que se autorizan resultan conformes a los límites de endeudamiento que se derivan de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en materia de endeudamiento de las Comunidades Autónomas y a los planes económico-financieros de reequilibrio presentados por dichas comunidades, y tienen por finalidad cubrir las amortizaciones ordinarias a largo plazo del primer semestre de 2011, por lo que no supondrán un aumento del nivel de endeudamiento al final del ejercicio.

Estas operaciones de endeudamiento se autorizan según lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la Ley Orgánica 5/2001, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

Economía y Hacienda

TREINTA MILLONES PARA INVERSIONES EN LA PROVINCIA DE TERUEL

El Consejo de Ministros ha aprobado una subvención de treinta millones de euros para la realización de inversiones en la provincia de Teruel en el año 2011.

Esta subvención se enmarca en el llamado "Fondo de Inversiones en Teruel", dotado anualmente en los Presupuestos y creado para compensar la exclusión de la provincia en el Fondo de Compensación Interterritorial.

La Comunidad Autónoma de Aragón aportará otros treinta millones de euros a este Fondo, por lo que en el año 2011 se podrán subvencionar proyectos a realizar en la provincia de Teruel por un importe total de sesenta millones de euros.

Los proyectos que se financiarán con el Fondo serán, preferiblemente, los enmarcados en las siguientes líneas:

• Apoyo a iniciativas empresariales, fundamentalmente en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico.
• Apoyo a las infraestructuras para la implantación de empresas.
• Infraestructuras de transportes y comunicaciones.
• Proyectos estratégicos y singulares.
• Infraestructuras municipales.
• Puesta en valor del patrimonio cultural y ambiental.

Sanidad y Política Social

18,5 MILLONES A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS

El Consejo de Ministros ha aprobado los criterios de distribución para 2011 y los fondos que se transferirán a las comunidades autónomas para desarrollar los programas derivados del Plan Nacional sobre Drogas, con cargo a los Presupuestos de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

En total se distribuirán más de 18.559.460 euros entre las Comunidades Autónomas de régimen común y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Los criterios de distribución de estas partidas fueron aprobados por el Pleno de la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas, el pasado 19 de enero. El Pleno de la Conferencia Sectorial reúne a la Delegación del Gobierno con representantes de otros departamentos de la Administración Central y de todas las Comunidades Autónomas.

El reparto de los créditos atiende, entre otros criterios, a la población de hecho, según el padrón oficial; desarrollo de los programas de prevención y número de internos en instituciones penitenciarias en ese territorio.

La distribución se realizará tal y como se recoge en el siguiente cuadro:

(*) País Vasco y Navarra financian estas cantidades a través de su régimen especial

Destino de los créditos

El destino de estos créditos es el siguiente:

• Desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas.
• Programas de prevención del consumo de drogas desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016
• Desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas.
• Programas de rehabilitación y reinserción de toxicómanos con problemas jurídico-penales.

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

MEDIDAS DE MITIGACIÓN EQUIVALENTES PARA PEQUEÑAS INSTALACIONES QUE QUIERAN SU EXCLUSIÓN DEL COMERC IO DE DERECHOS DE EMISIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de medidas de mitigación equivalentes, que establece unas características básicas para aquellas instalaciones que quieran acogerse para solicitar su exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión.

Estas medidas equivalentes deberán ser implantadas por las Comunidades Autónomas, ya que son éstas las competentes de acordar las exclusiones, aunque requerirán informe previo y favorable del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

La disposición adicional cuarta de la Ley del régimen general de comercio de derechos de emisión de 2010 recogía la exclusión, a partir del 1 de enero de 2013, de las instalaciones que tengan la consideración de pequeños emisores o sean hospitales, cuando los respectivos titulares de las instalaciones lo haya solicitado y haya acreditado el cumplimiento de los requisitos que se establecen en este apartado.

Se consideran pequeños emisores las instalaciones que hayan notificado a la autoridad competente emisiones inferiores a 25.000 toneladas equivalente de dióxido de carbono, en los términos previsto en la Ley. y cuando realicen actividades de combustión que tengan una potencia térmica nominal inferior a 35 MW.

Características de las instalaciones

De acuerdo con el Real Decreto aprobado hoy, se consideran equivalentes las medidas que tengan las siguientes características:

1.- La obligación de reducir sus emisiones a un 21 por 100 en 2020 respecto de las del año 2005.

2.- La obligación de entregar créditos de carbono en cuantía equiparable a las emisiones de CO2e que superen el volumen cubierto por los derechos de emisión que le hubieran correspondido con arreglo a las reglas de asignación gratuita.

3.- La existencia de un tributo que grave las emisiones de CO2e de una instalación que superen un volumen de emisiones equivalente al que hubiera resultado por las reglas de asignación gratuita.

Industria, Turismo y Comercio

MODIFICADO EL MÉTODO DE PAGO PARA LAS INSTALACIONES DE RÉGIMEN ESPECIAL A TARIFA REGULADA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece que la producción de energía de régimen especial a tarifa regulada entre para cubrir la energía que se suministra a los clientes adscritos a la Tarifa de Último Recurso.

Este cambio afectará al sistema de pago de primas para las instalaciones de régimen especial a tarifa regulada, aunque no afectará a las cantidades cobradas por estos productores, dado que cobran siempre un mismo precio por su producción. Sin embargo, a la hora de realizar el pago de este precio fijo se tendrá en cuenta la diferencia del precio de la subasta CESUR y la prima fija acordada (siempre superior al precio de mercado), y no el precio del mercado mayorista, como venía sucediendo hasta ahora. La diferencia entre estos dos conceptos será certificada y devuelta a los productores a través de la Comisión Nacional de la Energía de forma mensual, financiándose a través de los peajes de acceso al sistema.

Se ha detectado que, generalmente, los precios diarios marcados por el mercado mayorista de electricidad son inferiores al precio fijado en las subastas del CESUR. Estas subastas se celebran cada tres meses para determinar el precio de la electricidad para cada trimestre que se emplea para calcular las Tarifas de Último Recurso.

Ello supone que, a la hora de calcular el sobrecoste que se financia a través de los peajes, se tenga en cuenta el precio fijado por la subasta CESUR y no el precio del mercado mayorista. Con este cambio se pretende dar eficiencia al sistema ya que, dado que el precio fijado por la subasta suele ser superior al precio marcado diariamente, la diferencia a pagar en los peajes será inferior y redundará en un menor sobrecoste y una menor carga para el sistema.

Economía y Hacienda

ADAPTADOS LOS ANUNCIOS DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO A LA NUEVA REGULACIÓN

• Se actualizan los modelos de publicación en el BOE y se habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificarlos en el futuro.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica otro de 8 de mayo de 2009 por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público, del 30 de octubre de 2007.

La nueva norma actualiza el formato de los modelos de anuncios que se deben publicar en el Boletín Oficial del Estado y los adapta a la nueva regulación de los contratos públicos.

El Gobierno continúa así con el proceso de adaptación de la legislación española a la Directiva comunitaria de 2007 que regula los recursos en materia de contratación y que inició con la Ley de 5 de agosto de 2010. Esta norma establece cambios en el procedimiento de contratación al entender que el momento de perfeccionamiento del contrato debe coincidir en el tiempo con la formalización del mismo. Así, tras la adjudicación, que ya no se distinguirá entre provisional y definitiva, se abrirá un plazo para plantear posibles recursos y finalmente se formalizará el contrato mediante su firma.

Como consecuencia de esa reforma legal, es necesaria, ahora, la creación de un nuevo anuncio de formalización que sustituye al anterior de adjudicación, cuya publicación ya no resulta obligatoria.

Adicionalmente, el Real Decreto habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificar los anexos en el futuro si, con ocasión de cambios legislativos, fuese necesaria la adopción de nuevos modelos o formatos de los anuncios.

Fomento

OBRAS DEL TRAMO DE LA ESTACIÓN DE ZAMORA EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA

• Contemplan la remodelación de plataforma, vías y andenes de la estación, así como las reposiciones ferroviarias necesarias para mantener en servicio la línea convencional Medina-Zamora-Ourense.

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar, a través de ADIF, las obras de construcción de la plataforma del tramo Estación de Zamora, correspondiente a la línea Madrid-Galicia, dentro del Corredor Norte-Noroeste de alta velocidad, por importe de 30.697.179,9 euros, IVA incluido.

El tramo, con una longitud de 2,9 kilómetros, se ha diseñado para doble vía de alta velocidad en ancho internacional (1.435 mm). Las obras contemplan la remodelación de la plataforma, vías y andenes de la estación de Zamora, y la puesta en servicio de un paso superior y dos pasarelas peatonales que garantizarán la comunicación y permeabilidad transversal.

El proyecto, además, incluye las actuaciones necesarias para la ejecución de la infraestructura, tales como movimientos de tierra, obras de drenaje, estructuras y reposición de los servicios y servidumbres afectados, incluyendo las conexiones transversales que aseguren la permeabilidad viaria de la línea. También contempla todas las reposiciones ferroviarias necesarias para mantener en servicio la línea convencional Medina-Zamora-Ourense.

Financiación europea

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo de Galicia 2007-2013, cofinancia las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia entre Porto y Taboadela, en el tramo Zamora-Lubián-Ourense, con una ayuda estimada de 128,5 millones de euros.

Interior

SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, DE VEHÍCULOS RADIOPATRULLA PARA LA POLICÍA

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación del suministro, en régimen de arrendamiento ("renting"), de vehículos policiales radiopatrulla tipo "Z" (vehículos patrulla ordinarios), con destino al Cuerpo Nacional de Policía por un importe de 35.311.253,05 euros, distribuidos en las anualidades de 2011 a 2015.

La experiencia en la adopción de este sistema de adquisición de vehículos, que viene aplicándose desde 1998, demuestra que aporta numerosas ventajas, tales como la reducción sustancial del coste de los recursos dedicados a la administración, gestión y mantenimiento de la flota (personal, talleres, etcétera), mejor control de los costes (mantenimiento y averías) y una mayor operatividad de los vehículos, así como una reducción del consumo de combustible como consecuencia de la modernización de la flota.

Características del contrato

Éstas son las principales características técnicas exigidas al prototipo de vehículo requerido de una sola marca y modelo:

• El número de vehículos a suministrar dependerá de la oferta que realice el adjudicatario. Sobre la base del presupuesto anual (unos ocho millones de euros), cada licitador ofrecerá un número determinado de coches. Esto implica que las ofertas más baratas ofrecerán un mayor número de coches y viceversa y las más caras un menor número de ellos (precio máximo 1.000 euros vehículo/mes).
• La marca ofertada debe estar incluida dentro de las diez primeras en cuanto a volumen de matriculaciones de turismos en el año 2010, según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (ANFAC). Además, debe tener una potencia igual o superior a 95 kw, una cilindrada mínima de 1.950 cc, combustible de gasóleo, aire acondicionado y la composición especificada del kit policial.
• El mantenimiento, las reparaciones y la asistencia técnica de los vehículos, incluido el kit policial, debe estar garantizado en todo el territorio nacional y serán por cuenta del adjudicatario.

Finalmente, el contrato se tramitará de manera ordinaria (todo empresario interesado podrá presentar una proposición) y se adjudicará por el procedimiento abierto, por lo que se adjudicará a la proposición más ventajosa con arreglo a los criterios establecidos en el pliego.

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

NUEVA ADQUISICIÓN DE VACUNAS CONTRA LA LENGUA AZUL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia adoptada para la adquisición de reactivos de diagnóstico y vacunas necesarias en la lucha frente a la lengua azul, por importe, en esta ocasión de trescientos mil euros.

En este sentido es prioritario continuar la campaña de vacunación emprendida en años anteriores, con el fin de mantener y reforzar el estado inmunitario de los animales frente al serotipo 1 de la lengua azul, la primovacunación y revacunación de los animales jóvenes de reposición. Se establece, por otro lado, un sistema excepcional de vacunación frente al serotipo 8 basado en la adquisición y aplicación de una vacuna de emergencia, así como se dispondrá de suficiente reactivos de diagnóstico para el desarrollo de los programas de vigilancia y seguimiento frente al virus de la lengua azul.

Drástica disminución de la enfermedad

Las sucesivas campañas de vacunación establecidas frente al serotipo 1 han conseguido disminuir drásticamente su circulación, pasando de 3.007 focos contabilizados en 2008 a 63 focos en 2010, y con un descenso muy significativo, tanto en la morbilidad como en la mortalidad de los animales afectados por el virus.

Con este acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros se podrá continuar la campaña de vacunación emprendida en años anteriores con el fin de mantener y reforzar el estado inmunitario de los animales frente a los serotipos 1 y 8 del virus de la Lengua azul y la primovacunación de los animales jóvenes de reposición.

La utilización de vacunas se ha demostrado como el arma más eficaz en el control y lucha contra esta enfermedad, tanto por permitir el movimiento de los animales sensibles con las adecuadas garantías sanitarias que eviten la propagación del virus, como por evitar los síntomas clínicos y por lo tanto las graves pérdidas económicas directas que produce la enfermedad.

La lengua azul es una enfermedad de etiología vírica producida por un virus y transmitida por un determinado tipo de mosquitos que afecta, fundamentalmente, a las cabañas ganaderas de ovino y bovino. La transmisión de esta enfermedad por medio de mosquitos dificulta en gran medida el control de la misma, así como la previsión de su futura diseminación territorial dentro de la cabaña ganadera.

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA LUCHA CONTRA EL NEMATODO DE LA MADERA DEL PINO

• Entre las medidas incluidas en este Plan de Acción se encuentra el establecimiento de una zona de seguridad de veinte kilómetros de radio, sometida a un seguimiento intenso, en la que se restringe el movimiento de madera y embalajes de madera.

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia, adoptada por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, para la puesta en marcha de actuaciones necesarias para la lucha contra el nematodo de la madera del pino "bursaphelenchus xylophilus", por un importe de cuatrocientos mil euros.

La enfermedad mortal de los pinos causada por el nematodo de la madera, presente en Portugal desde 1999, tiene como principal vía de propagación el comercio de madera y los embalajes de madera empleados en los envíos comerciales.

La detección de un brote de esta enfermedad en Cáceres en 2008 obligó a la ejecución de un Plan de Acción, aprobado por la Comisión Europea, con el objetivo de prevenir su propagación por los bosques españoles.

La aparición de un nuevo brote de esta enfermedad en la provincia de Pontevedra, en noviembre de 2010, ha hecho necesaria la urgente puesta en marcha de un nuevo Plan de Acción para evitar su establecimiento en España.

Zona de seguridad

Entre las medidas incluidas en el Plan de Acción se encuentra la implantación de una zona de seguridad de veinte kilómetros de radio, sometida a un seguimiento intenso, en la que se restringe el movimiento de madera y embalajes de madera.

También se van a realizar en esta zona de seguridad prospecciones sistemáticas en masas forestales susceptibles de tener la enfermedad, inspección de aserraderos y de industrias de la madera, y controles en carretera de material vegetal procedente de áreas demarcadas.

Por otro lado, toda la madera, sus productos derivados y embalajes de madera producidos en la zona de seguridad de veinte kilómetros que pretendan salir de ella deberán estar tratados térmicamente y acompañadas de un pasaporte fitosanitario, o marcados de acuerdo con lo establecido en la norma internacional NIMF º 15, lo que implica un riguroso control de las empresas de la zona, inscritas en el Registro oficial de operadores de embalajes de madera.

Interior

ACTUALIZADO EL PLAN DE AMORTIZACIÓN Y CREACIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS

El Consejo de Ministros ha autorizado un Acuerdo que lleva a cabo una modificación puntual del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios por la que se excluye de la relación de bienes con los que cuenta la Administración para financiar otros usos penitenciarios, el antiguo Centro Penitenciario de Jerez de la Frontera.

Por ello, este centro deja de formar parte de los recursos inicialmente previstos para destinarse a otros usos penitenciarios para ser utilizado con otros fines. En concreto, se construirá en este solar un complejo de seguridad, que será utilizado como Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y para los servicios de Policía Local de Jerez de la Frontera.

El Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, creado para conseguir un aprovechamiento más eficaz de los recursos financieros que tiene asignados, fue aprobado por un Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de julio de 1991 y, posteriormente, actualizado y revisado por los Acuerdos de 1 de marzo de 1996, 30 de abril de 1998, 10 de marzo de 2000, 13 de julio de 2001, 2 de noviembre de 2001, 24 de enero de 2003, 2 de diciembre de 2005 y 24 de septiembre de 2010.

Estos acuerdos han ido actualizando las previsiones y planificación del Plan, de conformidad con las necesidades de la Administración Penitenciaria.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

REMISIÓN A LAS CORTES DEL ACUERDO SOBRE SIMPLIFICACIÓN DE EXTRADICIÓN CON ARGENTINA, BRASIL Y PORTUGAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo sobre simplificación de la extradición entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, el Reino de España y la República Portuguesa, cuya firma autorizó el Consejo de Ministros el 29 de octubre de 2010.

Este Acuerdo es fruto del interés de estos cuatros países por reafirmar el compromiso de luchar de forma coordinada contra la criminalidad transfronteriza y contra su impunidad, y de la necesidad de profundizar los mecanismos de cooperación jurídica internacional vigentes. De este modo, se facilita y mejoran la seguridad jurídica y las garantías durante el proceso de detención y entrega en el país requerido de sujetos que van a ser procesados en el país requirente.

Mediante este Acuerdo, los cuatro países se comprometen, en los términos previstos en el mismo, a conceder en forma recíproca la extradición de las personas que fueran reclamadas por otro de los países para ser procesadas o para cumplir una pena impuesta por un delito que dé lugar a la extradición. Se establece la aplicación subsidiaria de la legislación interna y de los convenios bilaterales o multilaterales vigentes entre las Partes que contengan previsiones sobre el tema.

El ámbito de aplicación es de carácter general y no queda limitado a un solo tipo de delitos. Los delitos que dan lugar a la extradición deben ser sancionados con el mínimo de duración de las penas privativas de libertad: en el caso de la extradición para enjuiciamiento, no inferior a un año; y para cumplimiento de condena, igual o superior a seis meses.

Doble incriminación

Una de las principales novedades de este instrumento es el tratamiento del principio de doble incriminación, que se entenderá ya verificado siempre que se solicite por alguno de los delitos recogidos en Convenios internacionales ratificados por los cuatro países en los que los Estados se hayan comprometido a tipificar dichas conductas.

Otra importante contribución es la admisión, con carácter general, de la entrega de nacionales, salvo que haya disposición constitucional en contrario, cuya entrega se podrá condicionar a la posterior devolución de la persona para que cumpla la condena en su país de origen de manera inmediata, o bien a la asunción de la ejecución de la pena, si ya fue condenado. En caso de denegación, se refuerza el compromiso del país requerido de enjuiciar a la persona en su territorio.

Requisitos formales y procedimentales

El Acuerdo establece los requisitos formales y procedimentales para la tramitación de una solicitud de extradición entre los cuatro Estados con el objetivo de agilizar y facilitar el procedimiento. A tal fin, y entre otras cuestiones, se adjunta un formulario bilingüe para solicitar la extradición, se introduce como regla general la transmisión directa entre autoridades centrales y se declara de forma genérica la necesidad de actuar de forma ágil y eficiente, introduciendo un plazo de treinta días para efectuar la entrega una vez adoptada la decisión que concede la extradición.

El Acuerdo prevé, asimismo, como principales novedades, la posibilidad de que las circunstancias que pueden rodear una solicitud de extradición den lugar a algunas peculiaridades en su ejecución. En este sentido, se recogen disposiciones relativas a la entrega temporal que trata de evitar que la suspensión de la entrega por cumplimiento de responsabilidades pendientes en el Estado requerido entorpezca el procedimiento penal en curso en el Estado requirente, y se introduce la base jurídica para un procedimiento simplificado de extradición si concurre el consentimiento de la persona reclamada.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

REMISIÓN A LAS CORTES DE LOS CONVENIOS CON ALEMANIA Y ARMENIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Acuerdos por los que se dispone la remisión a las Cortes Generales de los Convenios de España con la República Federal de Alemania y con la República de Armenia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.

La negociación de los nuevos Convenios viene motivada por la necesidad de crear un marco fiscal adecuado que favorezca el intercambio comercial y el flujo de inversiones entre ambos países, facilitando la cooperación entre sus autoridades fiscales.

En ambos se establece el ámbito de aplicación; las definiciones de los términos empleados; los criterios de sometimiento a tributación de los distintos tipos de rentas y los métodos para evitar la doble imposición. Se incluyen disposiciones referidas a la no discriminación, a la utilización de un procedimiento amistoso en caso de controversias, al intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados contratantes, a la asistencia en la recaudación y al régimen especial de los miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares. El Convenio se refiere también a la limitación de beneficios.

El Consejo de Ministros había autorizado la firma del Convenio con Alemania, que se refiere también a la limitación de beneficios y cuenta con un Protocolo anejo, el 8 de octubre de 2010. Por su parte, el Convenio con Armenia había sido autorizado por el Consejo de Ministros el 18 de enero de 2008.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

CONVENIO CON ARABIA SAUDÍ SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Convenio entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre cooperación en materia de seguridad y en la lucha contra la delincuencia.

Con carácter general, el Convenio pretende ser un Tratado Internacional que establezca un marco genérico de cooperación en materia de seguridad y en la lucha contra la delincuencia transnacional, sin perjuicio de que después pueda ser desarrollado por memorandos de entendimiento, protocolos y programas, si las circunstancias así lo requieren.

El Convenio responde a la preocupación que comparten ambos países por el alcance de los fenómenos delincuenciales y por el reto que suponen para la seguridad el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el terrorismo y las nuevas formas de delincuencia. Son especialmente relevantes la referencia específica al terrorismo como forma de criminalidad, la colaboración en la actividad operativo-investigadora de las distintas modalidades delictivas, así como el intercambio de información respecto a la comisión de un gran número de delitos que responden a las necesidades planteadas en este ámbito.

Este Convenio establece la cooperación en el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia y señala los delitos a los que se extenderá dicha cooperación. Asimismo, se establecen las condiciones para proceder al intercambio de información y se incluye un apartado sobre protección de datos.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO CON ARMENIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Armenia, el primero que se negocia entre ambos países.

Al tratarse de un Acuerdo de competencia mixta entre España y la Unión Europea, para la conclusión del mismo se han cumplido todos los preceptos del Reglamento comunitario de 2004 sobre la negociación y aplicación de acuerdos de servicios de transporte aéreo entre Estados miembros y países terceros, al incluir en su articulado los principios y cláusulas estándares establecidos y exigidos por la Unión Europea.

Asimismo, el Acuerdo sigue la fórmula habitual de este tipo de convenios bilaterales sobre servicios aéreos y recoge en su articulado las cláusulas administrativas que la Organización de Aviación Civil Internacional recomienda incluir en dichos acuerdos a sus Estados miembros.

Principios flexibles

Este Acuerdo establece unos principios muy flexibles en cuanto al régimen de operaciones que se pueden realizar entre España y Armenia. Las compañías aéreas designadas de cada país podrán realizar siete frecuencias semanales, con cualquier tipo de aeronave, en tercera y cuarta libertad.

Se faculta a las empresas aéreas designadas de ambos países a que los servicios se puedan llevar a cabo bajo la modalidad de código compartido, así como otra serie de facilidades operativas, tales como la posibilidad de realizar servicios exclusivos de carga en régimen de tercera, cuarta y quinta libertades sin restricción de rutas, frecuencias, capacidad y/o tipo de aeronave y vuelos no regulares, que tendrá un tratamiento flexible y favorable de conformidad con la legislación de cada país.

El Cuadro de Rutas, recogido en el Anexo, establece la posibilidad de que las empresas aéreas designadas por ambas partes puedan efectuar servicios a cualquier punto situado en el territorio de la otra parte, vía puntos intermedios y hacia o desde puntos más allá y viceversa, e incluso a realizar cambios en cualquier punto de la ruta, sin ejercer derechos de tráfico de quinta libertad. No obstante, se podrán ejercer estos derechos previo acuerdo entre las respectivas Autoridades Aeronáuticas.

Asimismo, el Anexo recoge una cláusula de Código Compartido, según la cual las empresas aéreas designadas podrán concertar acuerdos comerciales de cooperación con empresas aéreas de ambos países y con empresas aéreas de terceros países, para operar u ofrecer los servicios convenidos poniendo su código en vuelos operados por otras empresas.

Cultura

14,8 MILLONES PARA SEGURIDAD DE LOS MUSEOS ESTATALES

El Consejo de Ministros ha autorizado el contrato de "Servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad en diversos edificios dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales" por un valor estimado de 14.809.612,04 euros.

El servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad es esencial para garantizar la protección de las personas y bienes culturales que albergan los museos y consiste, fundamentalmente, en el control de los accesos a los inmuebles y de la salida de bienes y materiales de los centros; inspección del estado de todo tipo de instalaciones; realización de las tareas asignadas en el plan de emergencia de los museos y la prestación de la atención sanitaria que precise cualquier persona que lo solicite.

Los servicios del contrato se prestarán en las siguientes instituciones: Museo Nacional de América, Museo Arqueológico Nacional, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Cerralbo, Museo Nacional de Antropología, Museo del Traje, Museo del Romanticismo, Museo Sorolla, Museo del Greco, Museo Sefardí, Museo Nacional Colegio de San Gregorio, Museo Casa de Cervantes, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, Museo Nacional de Arte Romano (museo y capilla visigoda), Museo Nacional de Investigación y Museo de Altamira, Museo Nacional de Arqueología Subacuática, Palacio de los Águila, Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y antiguo edificio de Tabacalera.

Economía y Hacienda

AUTORIZADA LA APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por un importe total de 17.033.716,66 euros, distribuidos de la forma siguiente:

• 16.226.276,16 euros destinados a financiar una ampliación de crédito para la cobertura del aval prestado por el Tesoro Público, por orden ministerial de 29 de noviembre de 2005, a la operación de crédito suscrita por el Consorcio Valencia 2007 con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con la finalidad de financiar las inversiones realizadas en las infraestructuras vinculadas a la celebración de la 32ª Copa América.
• En 2010 el Consorcio de Valencia 2007 incumplió su obligación de pago al ICO, debido a que ni el Ayuntamiento de Valencia ni la Comunidad Valenciana aportaronlos fondos, por un importe total de veinticuatro millones de euros, a los que se habían comprometido en diciembre de 2007, por lo que se procedió a declarar la resolución del contrato de crédito y la ejecución del aval otorgado.
• 657.187,47 euros para financiar dos créditos extraordinarios en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para el cumplimiento de dos sentencias condenatorias dictadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en 2009 y 2010, respectivamente.

Dichas sentencias establecen el pago de compensaciones económicas por la colaboración prestada en asistencia sanitaria a las siguientes entidades colaboradoras: 362.805,85 euros al Banco de España por los meses de enero a marzo de 2006 y 294.381,62 euros a la Autoridad Portuaria de Barcelona por el ejercicio 2005.

• 150.253,03 euros para financiar un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda con la finalidad de atender las indemnizaciones derivadas de la sentencia de la Audiencia Nacional de 2009, relacionada con el síndrome tóxico, como consecuencia de la responsabilidad patrimonial del Estado por haber sido declarado responsable civil subsidiario.

Defensa

SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS DE DOS BASES AÉREAS Y DE UN HELIPUERTO

El Consejo de Ministros ha aprobado sendos Reales Decretos por los que se establecen las servidumbres aeronáuticas de las bases aéreas de Los Llanos (Albacete) y de Getafe (Madrid), y del helipuerto militar de Bétera (Valencia).

Las servidumbres aeronáuticas tienen como objetivo establecer limitaciones de altura a cualquier tipo de construcción en los alrededores de un aeródromo, para que se permita mantener la seguridad de las aeronaves en sus maniobras de aterrizaje/despegue, así como evitar interferencias en las señales radioeléctricas que reciben las mismas (comunicaciones y/o ayudas a la navegación).

Mediante estos Reales Decretos se establecen las nuevas servidumbres aeronáuticas de las bases de Los Llanos y de Getafe, y del helipuerto de Bétera, sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y la operación de aeronaves, dados los cambios producidos en dichas instalaciones y sistemas radioeléctricos desde que se aprobaran las anteriores servidumbres.

Atendiendo a la longitud básica de la pista de vuelo, la Base Aérea de Los Llanos y el Helipuerto Militar de Bétera se clasifican de clave "A", y la Base Aérea de Getafe se clasifica de clave "B".

Fomento

REPARACIÓN DE CARRETERAS EN CUATRO PROVINCIAS

El Consejo de Ministros ha tomado razón de diversas actuaciones de emergencia realizadas en varios tramos de la Red de Carreteras del Estado situados en las provincias de Barcelona, Tarragona, Lleida y Granada por valor total de 4.804.379,06 euros.

Las actuaciones desarrolladas, cuyo objetivo ha sido garantizar la seguridad de los usuarios de las infraestructuras, son las siguientes:

• Reparación del antiguo túnel de Viella, situado en la carretera N-230, en la provincia de Lleida. Las obras, cuyo coste asciende a 2.778.413,97 euros, tienen por objetivo reparar los daños ocasionados por el hundimiento de la clave del antiguo túnel a la altura del p.k. 153,96 y reforzar la boca sur del mismo situada en el p.k. 150,9.
• Reparación de taludes de desmonte en diferentes tramos de las carreteras N-420 y N-240, en la provincia de Tarragona. El objetivo de las obras, cuyo coste asciende a 1.034.935,03 euros, ha sido reparar los taludes dañados por las condiciones climatológicas excepcionalmente adversas, bajas temperaturas y nevadas abundantes, del invierno 2009-2010.
• Reparación del puente sobre el río Guadalfeo, en el punto kilométrico (p.k.) 328,350, en la carretera N-340, en la provincia de Granada. El presupuesto de las obras asciende a 599.220,21 euros. Se procede a la protección de la cimentación, impermeabilización del tablero, colocación de juntas de dilatación en el aglomerado, reposición del sistema de drenaje y reparación del sistema de contención de vehículos, entre otras actuaciones.
• Mejora de drenaje y saneamiento de la estructura de los túneles del Bruc, situados en la autovía A-2 (p.k. 565 al p.k. 566) en la provincia de Barcelona. El presupuesto de las obras para solucionar los problemas de drenaje detectados en épocas de vialidad invernal asciende a 391.809,85 euros.

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PLAYA DE LA RIBERA , EN GOZÓN (ASTURIAS)

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a las de emergencia, ya finalizadas, dirigidas a reparar los daños producidos por los temporales del pasado mes de noviembre en la costa de Asturias, concretamente en la playa de la Ribera, en el término municipal de Gozón.

Como consecuencia de los temporales habidos en la Comunidad Autónoma de Asturias los pasados días 9 y 22 de noviembre se produjeron daños en el muro que delimita y bordea la playa de La Ribera, y se precisarán actuaciones ante la posibilidad de derrumbe de un edificio y de una iglesia del siglo XIX.

En la primera de las dos zonas afectadas, la actuación consistió básicamente en rellenar el interior del hueco existente bajo la zona de paseo afectada con hormigón para evitar los embates del mar en las horas de pleamar.

En lo que respecta al muro existente junto a la iglesia, y que se encontraba en estado de ruina en unos veinticinco metros, la actuación consistió básicamente en la demolición y retirada de estos veinticinco metros de muro, con reconstrucción del mismo mediante hormigón, para posteriormente proceder a su relleno con material granular. Asimismo, se rellenaron en las otras zonas del muro afectado las grandes oquedades existentes con hormigón, conservando el muro existente y reforzando con hormigón su cimentación.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores y de Cooperación

Embajador Representante Permanente de España en el Consejo de Europa.-

D. FERNANDO ALVARGONZÁLEZ SAN MARTÍN.

Nacido el 12 de diciembre de 1951 en El Ferrol (A Coruña), es Licenciado en Derecho e ingresó en 1978 en la Carrera Diplomática.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Irlanda, Ecuador y ante la Unión Europea. Ha sido asesor para Asuntos Parlamentarios en el Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, subdirector general de Asuntos Consulares y director general de Asuntos Consulares y de Protección de los Españoles en el Extranjero. Fue embajador de España en el Reino de Noruega y desde junio de 2009 era embajador en Misión Especial para Asuntos de Justicia e Interior de la Unión Europea.

Embajadora de España en Malasia.-

Dª MARÍA BASSOLS DELGADO.

Nacida el 10 de diciembre de 1958 en Barcelona, es Licenciada en Derecho y en Ciencias Empresariales por ICADE, e ingresó en 1985 en la Carrera Diplomática.

Ha estado destinada en las representaciones diplomáticas españolas en Polonia y Estados Unidos. Fue vocal asesora en el Gabinete del Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, subdirectora general de Relaciones Económicas Multilaterales y de Cooperación Aérea, Marítima y Terrestre, jefa del Gabinete Técnico del Secretario General de Asuntos Exteriores y subdirectora general en la Inspección General de Servicios. En agosto de 2007 era embajadora en Misión Especial para Asuntos Humanitarios y Sociales y desde enero de 2009 era embajadora en Misión Especial para Asuntos Migratorios.

D. MANUEL HERNÁNDEZ RUIGÓMEZ.

Nacido el 9 de septiembre de 1955 en Bilbao, es Licenciado en Filosofía y Letras e ingresó en 1987 en la Carrera Diplomática.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Angola, Nicaragua, Consejero de Europa y Costa Rica. Fue asesor diplomático de la Presidencia del Senado, vocal asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno y subdirector general de Países del MERCOSUR y Chile. Desde 2005 era Cónsul General de España en Santo Domingo.

Embajador en Misión Especial para Asuntos Migratorios.-

D. CARLOS GÓMEZ-MÚGICA SANZ.

Nacido el 19 de mayo de 1951 en Madrid, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1978 en la Carrera Diplomática.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Turquía, Argentina y Francia. Ha sido vocal asesor y asesor ejecutivo en el Gabinete del Ministro de Defensa. En 1995 fue nombrado embajador de España en Honduras y, posteriormente, embajador en Misión Especial para las Cumbres Iberoamericanas. En noviembre de 2002 fue designado embajador de España en la República de Colombia y desde octubre de 2007 era embajador de España en el Reino de Bélgica.

Defensa

Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire.-

Teniente General D. MIGUEL ROMERO LÓPEZ.

Nacido el 1 de diciembre de 1949, casado, con cuatro hijos.

Ha estado destinado en el Ala 31, en el Estado Mayor del Ejército del Aire y en el Cuartel General del Mando Aéreo de Levante. En 2004 fue nombrado subdirector de Gestión de Personal de la Dirección de Personal del Mando de Personal y, posteriormente, jefe del Órgano Auxiliar de la Jefatura del Mando del Apoyo Logístico. Desde 2008 era director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Trabajo e Inmigración

Director General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.-

D. JOSÉ ANTONIO PANIZO ROBLES.

Nacido el 15 de julio de 1950 en Segovia, es Licenciado en Derecho y Geografía e Historia, y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Ha sido Subdirector General de Personal de la Seguridad Social, Subdirector General de Gestión Económica de la Seguridad Social, Director General de Régimen Jurídico de la Seguridad Social y Subdirector General de Ordenación y Asistencia Jurídica del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Fue director del Gabinete del Secretario de Estado de la Seguridad Social y desde octubre de 2009 era Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo e Inmigración.