Referencia del Consejo de Ministros

SUMARIO

Presidencia

• REAL DECRETO por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
• REAL DECRETO por el que se suprime la exigencia de adjuntar el certificado de empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y residencia, en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos vinculados o dependientes.
• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
• ACUERDO por el que se aprueba la contribución española al Fondo Fiduciario del Banco Mundial para el Fondo global de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria por importe de 50 millones de euros, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo.
• ACUERDO por el que se establece el Día del Cooperante.

Economía y Hacienda

• ACUERDO por el que se autoriza un suplemento de crédito por importe de 4.576.075 euros, en el presupuesto del Organismo Autónomo Parques Nacionales, para abonar a la Compañía Internacional Islas Canarias, S. A., la cantidad fijada en concepto de intereses, mediante providencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 1 de diciembre de 2005.
• ACUERDO por el que se autoriza la adopción de determinadas medidas para hacer frente a los compromisos de financiación de operaciones pendientes en virtud del Convenio del V Centenario suscrito entre España y el Banco Interamericano de Desarrollo en 1988.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad de Madrid a realizar una o varias emisiones de deuda pública, por un importe máximo de 279 millones de euros.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• REAL DECRETO por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes.
• ACUERDO por el que se autoriza la ratificación por España de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 20 de octubre de 2005, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
• ACUERDO por el que se toma conocimiento del Acuerdo Multilateral ADR M-178, en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al idioma de las indicaciones a introducir en el documento de transporte.

Defensa

• ACUERDO por el que se solicita autorización del Congreso de los Diputados para el incremento del contingente de las Fuerzas Armadas Españolas en Afganistán.

Fomento

• ACUERDO de interpretación del contrato de concesión de las autopistas de peaje R-3, Madrid-Arganda del Rey y R-5, Madrid-Navalcarnero, sobre contabilización de tránsitos para la aplicación de descuentos por habitualidad.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Lleida para ejecutar las obras del eje de interconexión entre la N-II, la N-230 y la N-240.

Educación y Ciencia

• ACUERDO por el que se formaliza, para el ejercicio 2006, la distribución del crédito destinado a la concesión de ayudas a confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos de las comunidades autónomas en que aquéllas se integran.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y la Universidad de Lleida, para el estudio de los efectos del uso del glifosato en los artrópodos relacionados con el cultivo del maíz transgénico.

Trabajo y Asuntos Sociales

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato para la ejecución de las obras de construcción de un inmueble destinado a Oficina de la Seguridad Social en Torrevieja (Alicante), con un presupuesto máximo de licitación de 13.716.400,77 euros.

Industria, Turismo y Comercio

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato para la elaboración del proyecto y ejecución de las obras de construcción del nuevo Parador de Turismo de Veruela (Zaragoza), con un importe estimado máximo de 20 millones de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio a dictar la orden por la que se otorga la segunda prórroga al período de vigencia del permiso de investigación de hidrocarburos denominados "Cameros-2".

Agricultura, Pesca y Alimentación

• REAL DECRETO por el que se regulan las entidades que presten servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias y la concesión de ayudas a su creación, adaptación y utilización.
• REAL DECRETO por el que se establece el régimen de los organismos pagadores y de coordinación de los fondos europeos agrícolas.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Generalidad Valenciana y la Autoridad Portuaria de Castellón, relativo a la cesión del uso del edificio que contiene el faro de las Islas Columbretes.

Administraciones Públicas

• REAL DECRETO sobre modificación y ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los servicios traspasados por la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja, por Real Decreto 1869/1998, de 4 de septiembre, en la gestión encomendada en materia de agricultura, Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
• REAL DECRETO sobre ampliación de los medios económicos adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de La Rioja por el Real Decreto 41/1999, de 15 de enero, en materia de gestión de la formación profesional ocupacional.
• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Administraciones Públicas.
• ACUERDO por el que se da contestación al requerimiento de incompetencia planteado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el estatuto del personal investigador en formación.

Medio Ambiente

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras correspondientes al "Anteproyecto para el concurso de elaboración de proyecto y construcción del saneamiento y depuración de la comarca agraria de Cáceres, municipios de Casar de Cáceres, Torremocha, Torreorgaz y Trujillo (Cáceres)".
• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia, por importe de 552.000 euros, necesarias para reparar los daños ocasionados en la playa de Altar, término municipal de Barreiros (Lugo).
• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia, por importe de 228.223,50 euros, para reparar los daños ocasionados en la ría de Navia (Asturias).
• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia, por importe de 133.184 euros, para la estabilización del cantil del borde costero del barranco de la cala de los Galápagos (Melilla).
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Sevilla para realizar el estudio sobre la situación del paisaje en España y el establecimiento de líneas de intervención para el desarrollo de la Convención europea del paisaje.
• ACUERDO por el que se declara de utilidad pública la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de construcción de la variante de la carretera N-634 en Zumaia, términos municipales de Zumaia y Zestoa (Guipúzcoa), para la ocupación de 626 metros cuadrados en terrenos del domino público marítimo terrestre.
• ACUERDO por el que se declara de utilidad pública la ejecución de las obras comprendidas en el modificado núm. 1 del proyecto de construcción de reordenación del enlace de Iparralde en la variante de la N-1 en Irún, término municipal de Irún (Guipúzcoa), para la ocupación de 183 metros cuadrados en terrenos del dominio público marítimo terrestre.
• ACUERDO por el que se declara de utilidad pública la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto "Variante sur metropolitana", términos municipales de Muskiz y Zierbena (Vizcaya), para la ocupación de 35.420 metros cuadrados en terrenos del dominio público marítimo terrestre.
• INFORME sobre la Red de Parques Nacionales.
• INFORME sobre la sequía.
• INFORME sobre costas y urbanismo.

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia

• REAL DECRETO por el que se nombra Director General de la Guardia Civil a D. JUAN MESQUIDA FERRANDO .

Economía y Hacienda

• REAL DECRETO por el que se nombra Consejero no nato del Consejo de Gobierno del Banco de España a D. VICENTE SALAS FUMÁS .

Defensa

• REAL DECRETO por el que se nombra Jefe del Estado Mayor del Ejército al Teniente General del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. CARLOS VILLAR TURRAU .
• REAL DECRETO por el que se nombra General Jefe del Mando Aéreo General al Teniente General del Cuerpo General de las Armas del Ejército del Aire a D. CARLOS GÓMEZ ARRUCHE .

Interior

• REAL DECRETO por el que se nombra Secretaria General Técnica a Dª MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ GARCÍA .

Administraciones Públicas

• REAL DECRETO por el que se nombra Director General de Modernización Administrativa a D. JUAN MIGUEL MÁRQUEZ FERNÁNDEZ .

Sanidad y Consumo

• REAL DECRETO por el que se nombra Vicepresidente Primero del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria a D. CARLOS ESCRIBANO MORA.
• REAL DECRETOpor el que se nombra Vocal del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria a Dª ALMUDENA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ-BEATO.
• REAL DECRETO por el que se nombra Vocal del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria a D. DAVID MARTÍNEZ HORNILLOS.

Medio Ambiente

• REAL DECRETO por el que se nombra Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero a D. JUAN ANTONIO GATO CASADO .

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ASUNTOS GENERALES

Asuntos Exteriores y de Cooperación

CREADO EL ESTATUTO DEL COOPERANTE

• Se establece un catálogo de derechos y deberes para los cooperantes.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes. En la norma se especifican los derechos y obligaciones de quienes prestan su trabajo en el extranjero, como cooperantes, en ejecución de programas de cooperación internacional para el desarrollo o de ayuda humanitaria.

Este Estatuto supone un desarrollo de las previsiones contenidas al respecto en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 7 de julio de 1998. La demora de ocho años para dar cumplimiento a lo preceptuado en la Ley es indicativa de la escasa importancia política que anteriores Gobiernos dieron a esta materia, materia que el actual Gobierno considera prioritaria para afianzar la acción exterior del Estado desde una perspectiva de solidaridad y cooperación internacional.

La aprobación de este Real Decreto, permitirá, en primer lugar, definir y determinar, desde una perspectiva jurídica, el concepto de cooperante, lo que permitirá que en ulteriores disposiciones sectoriales sobre fiscalidad, seguridad social u otras se pueda considerar, específicamente, la problemática propia de nuestros cooperantes.

Por lo que se refiere al contenido del Real Decreto, en el mismo se contiene un auténtico catálogo de derechos y deberes para los cooperantes, incluyendo los correspondientes derechos económicos a un salario digno o a una compensación por los gastos del traslado. Se incluyen también otros derechos, tales como el de recibir una formación adecuada o el de la valoración del trabajo realizado.

Trabajo de los cooperantes

Se regula detalladamente lo relativo a la incidencia del trabajo desarrollado cono cooperantes sobre la relación de trabajo que previamente tuviera en España el cooperante, ya fuera ésta de carácter laboral o administrativo. Como complemento, se introduce la obligatoriedad de suscribir un "acuerdo de destino", que recogerá el catálogo de derechos que le deberán ser reconocidos al cooperante y que serán de obligado cumplimiento para su empleador. Este "acuerdo de destino" se incorporará al contrato de trabajo correspondiente, cuando la actuación del cooperante en el extranjero se vaya a realizar en régimen de derecho laboral.

Protección y signos

Un último aspecto al que el Estatuto dedica una especial atención es el relativo a la protección de los cooperantes españoles mientras realizan sus funcionas en el exterior. A tal fin, se establece la obligación de proveer al cooperante de una previsión social especifica mediante el aseguramiento de determinados riesgos y contingencias como atención médica y hospitalaria, fallecimiento, invalidez permanente, repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento).

A efectos de facilitar el aseguramiento de estas contingencias y como muestra del compromiso del Gobierno para con los cooperantes, se establece que la Agencia Española de Cooperación Internacional podrá concertar un seguro colectivo que cubra los citados riesgos y contingencias, seguro que financiará parcialmente la propia Agencia y en cuya financiación participarán también las entidades promotoras de la cooperación que deseen amparar a sus cooperantes con el mismo.

Igualmente, se prevé que las Comunidades Autónomas y demás Administraciones públicas que así lo deseen podrán adherirse a este seguro colectivo, cofinanciándolo con la Agencia Española de Cooperación Internacional en la parte que les correspondan, que se determinará mediante el correspondiente convenio de colaboración.

A efectos de garantizar la viabilidad futura de este aseguramiento colectivo, se prevé la posibilidad de que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se incluya una partida específica para su financiación, creando, si ello fuera necesario, un fondo de previsión especifico. Además, para el presente ejercicio, y dado que durante el mismo pudiera no estar operativo aún el seguro colectivo a contratar por la Agencia, se prevé que ésta pueda otorgar ayudas a las entidades promotoras de la cooperación, para que minoren el coste de las pólizas que se vea obligadas a suscribir para la adecuada cobertura de los riesgos de sus cooperantes, que trabajen ejecutando en el exterior programas de cooperación internacional o de ayuda humanitaria.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

EL 8 DE SEPTIEMBRE, DÍA DEL COOPERANTE

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se establece el Día del Cooperante.

Se ha elegido a tal fin la fecha del 8 de septiembre, día en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Cumbre Extraordinaria, aprobó en el año 2000, la Declaración del Milenio, en la que se establecieron una serie de objetivos globales, entre los que se destaca el de la lucha internacional por el desarrollo y la erradicación de la pobreza.

Dentro de los valores y principios de esta Declaración del Milenio, se cita expresamente a la cooperación internacional como uno de los instrumentos básicos para resolver los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

CINCUENTA MILLONES AL FONDO DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

El Consejo de Ministros ha aprobado la contribución española al Fondo Fiduciario del Banco Mundial para el Fondo global de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria por importe de cincuenta millones de euros, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).

Este Fondo es un mecanismo financiero que permite canalizar recursos económicos para la lucha contra las mencionadas enfermedades y trata de complementar y reforzar los esfuerzos que llevan a cabo otros Organismos Financieros y no Financieros Internacionales (Banco Mundial, UNAIDS, OMS), así como Organizaciones no Gubernamentales. Inicialmente se constituyó el 22 de enero de 2002, como una Fundación sujeta a la legislación suiza, y le otorgó en septiembre de 2003 el Gobierno de dicho país privilegios e inmunidades similares a los de una Organización Intergubernamental.

El Fondo ha aprobado hasta ahora la financiación de 350 programas en 128 países por un valor de 4.500 millones de dólares. El Banco Mundial ha creado un Fondo Fiduciario para llevar a cabo la gestión financiera de los recursos comprometidos por los donantes.

España ha realizado dos aportaciones a este Fondo: la primera en 2003, por importe de 35 millones de dólares USA, y la segunda en 2005, por importe de 15 millones de dólares.

En mayo del año pasado el Congreso de los Diputados aprobó, con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, una Proposición no de Ley por la que se instaba al Gobierno a aportar 100 millones de dólares a este Fondo en los próximos dos años, además de implicarse de forma activa en el diseño y en el seguimiento de los programas que el Fondo Mundial gestiona. La presente Propuesta representa la aportación prevista para 2006.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES

• Apoya las ayudas públicas al cine, el precio fijo de los libros o las políticas de promoción lingüística.

El Consejo de Ministros ha autorizado la ratificación por España de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales.

La Convención tiene, entre otros, como objetivos proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; fomentar el diálogo entre culturas; promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales y fortalecer la cooperación y solidaridad internacionales para promover la diversidad de las expresiones culturales.

La diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades.

Entre las funciones de los Estados se encuentra la de adoptar las medidas necesarias para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios. Para ello podrán adoptar medidas, entre otras, destinadas a conceder asistencia financiera pública; a alentar a organizaciones sin fines de lucro; a crear y apoyar de manera adecuada las instituciones de servicio público pertinentes, así como otras destinadas a respaldar y apoyar artistas y demás personas que participen en la creación de expresiones culturales o promover la diversidad de los medios de comunicación social, comprendida la promoción del servicio público de radiodifusión.

También se prevé la creación de un Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, cuyos recursos estarán constituidos, entre otros, por las contribuciones voluntarias de los países miembros.

La diversidad, patrimonio cultural de la Humanidad

La Convención, aprobada por UNESCO con 148 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, es un instrumento jurídico que entrará en vigor en el momento en que lo ratifiquen treinta países, supone un reconocimiento de la importancia de la diversidad cultural, que debe considerarse como patrimonio común de la humanidad, tanto en su forma de bienes y servicios culturales, a los que se les reconoce un tratamiento excepcional por sus especiales características, como en lo que se refiere a la necesidad de proteger la riqueza cultural heredada, especialmente en los países pobres donde el peligro de "desertización" cultural es más elevado.

La Convención supone un respaldo a las políticas públicas en materia de cultura y apoya, con acuerdo internacional, las ayudas públicas a la cinematografía, el precio fijo de los libros o las políticas de promoción lingüística. Este aspecto de la Convención, por sus implicaciones económicas, fue el más polémico, ya que busca la promoción y protección de las industrias culturales en el marco de los acuerdos de liberalización comercial que se desarrollan en el seno de la Organización Mundial de Comercio.

Decisivo papel de la UE

En la aprobación de la Convención fue decisivo el papel de la Unión Europea que, por primera vez en su historia, negoció en el seno de UNESCO con una sola voz. También el papel de España ha sido de enorme importancia, tanto por su contribución al apoyo que brindó a la Convención la Conferencia Iberoamericana de Cultura, como por la reunión que organizó en Madrid los días 10 y 11 de junio de 2005 a la que asistieron setenta delegaciones de Ministerios de Cultura de todo el mundo y en la que se hizo un llamamiento al Secretario General de UNESCO para la aprobación inmediata de la Convención.

Desde la perspectiva española, la diversidad cultural afecta tanto a nuestro ámbito interno como a nuestra política exterior (espacios iberoamericano, euromediterráneo y europeo).

Administraciones Públicas

ELIMINADA LA NECESIDAD DE PRESENTAR LA FOTOCOPIA DEL DNI PARA TRÁMITES CON LA ADMINISTRACIÓN

• La Administración General del Estado comprobará, de oficio, la identidad de los solicitantes. Con ello se suprimirán cuatro millones de fotocopias anuales.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se suprime la exigencia de adjuntar la fotocopia del Documento Nacional de Identidad a cualquier escrito, comunicación o formulario que los ciudadanos tengan que presentar en los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado, así como por los organismos que dependen de ella.

Esta medida, que simplificará la vida a los ciudadanos, supondrá la eliminación progresiva en los próximos años de los más de cuatro millones de fotocopias del DNI que se aportan anualmente. Actualmente, los trámites de la Administración General del Estado con más demanda de fotocopia de DNI son prácticamente todos los de iniciación y los relacionados con Tráfico.

Con esta medida, así como con la eliminación de la necesidad de presentar el volante de empadronamiento, los ciudadanos se ahorrarán siete millones de horas en el tiempo que dedican anualmente a realizar sus trámites con la Administración General del Estdo.

A partir de ahora será el propio Departamento ante el que se solicita el trámite el encargado de comprobar, de oficio, la identidad del interesado. Esta consulta se realizará, en los casos en los que sea estrictamente necesario, accediendo a la base de datos de la Policía, tras obtener la autorización del interesado. La consulta se realizará con máximas garantías de seguridad y preservando la privacidad de los datos. En caso de que el interesado no dé su consentimiento a realizar esa consulta, deberá aportar su correspondiente fotocopia del DNI.

Esta medida también beneficiará a los extranjeros con residencia en España, que tampoco tendrán que presentar la fotocopia de su documento acreditativo correspondiente.

Administraciones Públicas

ELIMINADA LA NECESIDAD DE PRESENTAR EL VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO EN TRÁMITES CON LA ADMINISTRACIÓN

• Se comprobará, de oficio, el domicilio de los solicitantes, con lo que se suprimirán 3,5 millones de documentos en papel anuales.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se suprime la exigencia de presentar el certificado de empadronamiento como documento que pruebe el domicilio y la residencia del interesado que solicite un procedimiento tramitado por la Administración general del Estado, así como por los organismos que dependen de ella.

Cada año se producen en España unos tres millones de cambios de domicilio, que suponen aproximadamente la expedición por parte de los ciudadanos de unos diez millones de certificados de empadronamiento para justificar la residencia en trámites con las distintas administraciones. De éstos, 3,5 millones los solicita la Administración General del Estado.

Con esta decisión y con la eliminación de la necesidad de presentar la fotocopia del DNI para realizar los trámites con la Administración General del Estado, los ciudadanos se ahorrarán siete millones de horas en el tiempo que dedican anualmente a realizar sus trámites con la Administración General del Estado.

A partir de ahora será el propio Departamento ante el que se solicita el trámite el encargado de comprobar, de oficio, los datos del domicilio del interesado. Esta consulta se realizará bien en sus propios archivos, bien accediendo a la base de datos del Instituto Nacional de Estadística, tras obtener la autorización del interesado. Ambas consultas se realizan con máximas garantías de seguridad y preservando la privacidad de los datos.

El resultado de esta consulta tendrá el mismo valor probatorio que la aportación física del certificado de empadronamiento.

Medio Ambiente

INFORME SOBRE ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL URBANISMO EN LA COSTA

• El Ministerio de Medio Ambiente ha recuperado 855,5 kilómetros de costa en los dos últimos años para su incorporación al Dominio Público Marítimo-Terrestre

El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la Ministra de Medio Ambiente sobre las actuaciones que desarrolla su Departamento en relación con el urbanismo en la costa.

El Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha durante los dos últimos años diversas medidas que persiguen la planificación racional y concertada de actuaciones en el medio costero que garanticen su conservación y recuperación para el dominio público. Estas iniciativas se incorporarán al Plan Director para la Sostenibilidad de la Costa que prepara este Departamento para establecer estrategias de acción en las diferentes unidades de gestión de la costa: públicas, justificadas y con suficiente consenso social.

Este plan permitirá implementar estrategias que favorezcan una gestión integrada de las zonas costeras, con el fin de mejorar las condiciones ambientales y sociales de estas áreas y el uso de sus recursos bajo los principios del desarrollo sostenible.

El objetivo es actuar sobre los procesos erosivos, favorecer la protección y recuperación de los ecosistemas litorales, reducir el riesgo de accidentes ambientales y de catástrofes naturales, mejorar las dotaciones para el uso público y la accesibilidad y reforzar la coordinación entre los distintos niveles administrativos.

Además, Medio Ambiente ha suscrito convenios con varias Comunidades Autónomas para impulsar una gestión del litoral que contribuya a la conservación de estos ecosistemas. Hay que destacar que el Ministerio informa todos los instrumentos de planificación territorial y urbanística de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos costeros de España. Según doctrina del Tribunal Constitucional, estos informes preceptivos no son vinculantes, salvo en lo que se refieran al estricto cumplimiento de la Ley de Costas y su Reglamento o a la preservación de la integridad del dominio público marítimo-terrestre.

Cuando el planeamiento territorial y urbanístico plantea actuaciones de desarrollo que, aunque ajustadas literalmente a la Ley de Costas, no responden a una visión sostenible del territorio en cuanto a la presión sobre la estrecha franja litoral o están sujetas a la posible afectación en el futuro de la acción del mar debida al cambio climático y otros procesos litorales, así se refleja en los informes realizados por la Dirección General de Costas, al tiempo que se ofrece su colaboración, a través de su programa de inversiones, para reconducir las actuaciones urbanísticas en el sentido en avanzar en la progresiva liberación de las franjas mas próximas a la orilla del mar.

Adquisición de terrenos

Otra de las iniciativas que desarrolla la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente es el programa de adquisición de terrenos para su integración en el dominio público marítimo-terrestre, con el fin de garantizar su protección y restauración.

La selección de las áreas susceptibles de adquisición se realiza de acuerdo con las Administraciones Autonómica y Local, pues son las que pueden proporcionar la información y los criterios necesarios para priorizar este tipo de actuaciones en función de los valores naturales y paisajísticos de cada zona, así como de las principales amenazas en función de las presiones que recibe o de los procesos urbanísticos a que está sometida.

Se trata de incentivar las políticas proteccionistas en la costa de las Comunidades Autónomas y municipios litorales, que en muchos casos tienen limitada su capacidad de actuación por la consolidación o expectativa de derechos urbanísticos difíciles de revertir de forma efectiva.

Se está trabajando con una base de datos de 122 fincas a lo largo del litoral español y está prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2006 una partida presupuestaria de veinte millones de euros para llevar a cabo este programa, con el que ya en 2005 se adquirió la finca propiedad del Club Mediterranée en Cabo de Creus. En esta fecha, se están realizando las valoraciones de 47 fincas con una superficie total superior a 1.800 hectáreas.

Deslindes

Otra de las líneas de actuación se centra en el deslinde de zonas costeras para su incorporación al Dominio Público Marítimo-Terrestre. Durante los últimos dos años el Ministerio ha recuperado 855,5 kilómetros de costa a través de este procedimiento.

De los aproximadamente diez mil kilómetros de bienes de Dominio Público Marítimo-Terrestre del litoral español se encuentra deslindado más del 72 por 100. Si se realiza una comparativa entre los kilómetros de deslinde aprobados en los últimos años, se observa como durante el año 2005 se aprobaron un total de 488 kilómetros. Este dato supone un incremento del 35,60 por 100 respecto a los que se aprobaron durante el año 2004 (360 kilómetros), y del 46,80 por 100 respecto a los que se aprobaron durante el año 2003 (332 kilómetros).

El deslinde del litoral se suma a otras actuaciones que desarrolla el Ministerio para recuperar zonas costeras para el uso público. En el periodo comprendido entre abril de 2004 y marzo de 2006 se han producido 61 demoliciones que han permitido recuperar esas zonas para el uso público.

Uso público de la costa

Asimismo, el programa de "Dotaciones para el acceso y uso público de la Costa" de la Dirección General de Costas pretende, entre otros objetivos, la recuperación del libre acceso, el tránsito y el uso público de la costa en algunos tramos litorales en los que se ha producido una invasión del litoral por parte de particulares.

Los más frecuentes de estos elementos son los accesos a zonas de baño, plataformas para solarium junto al mar, pequeñas facilidades para el baño, puntos de amarre y desembarque para pequeñas embarcaciones, y piscinas de uso privado, entre otros similares, todo ello fundamentalmente sobre el dominio público marítimo-terrestre.

Este tipo de actuaciones, realizadas por los residentes hace varias décadas al amparo de concesiones otorgadas en su día por la Administración, han venido siendo de uso exclusivo de los mismos.La mayor parte de estas antiguas concesiones ya están extinguidas y ahora, tras la entrada en vigor de la vigente Ley de Costas, es imposible renovarlas como equipamientos litorales de uso privado.

Por esa razón, la Dirección General de Costas ha puesto en marcha un programa para abordar la situación de estos tramos litorales, que se caracteriza por las siguientes actuaciones:

• Recuperación de la libre accesibilidad en todos los viales públicos previstos por el planeamiento.
• Ejecución de los accesos trasversales a la costa, y de los otros equipamientos públicos con esta finalidad, previstos por el planeamiento y la legislación de costas.
• Habilitación del tránsito longitudinal junto a la orilla del mar, recuperando total o parcialmente la interrupción de la servidumbre de tránsito en algunas fincas privadas que no la respetan.
• Revisión y cancelación de las concesiones administrativas que se encuentren en vigor, para que todas las dotaciones construidas en el pasado por particulares pasen a integrarse en una red pública accesible a todos, sin menoscabo de la intimidad ni los derechos de las propiedades de cada zona litoral.
• Actuaciones para la mejora y el acondicionamiento en esos tramos de costa, que materialicen los objetivos antes señalados.

Actuaciones en Mallorca

Con objeto de concretar esta política, en la Isla de Mallorca se han puesto en marcha tres proyectos en las zonas litorales, que fundamentalmente se concentran en tres tramos de costa en los municipios de Son Cervera, Calviá y Formentor, en los que en una longitud superior a un kilómetro cada uno, existen del orden varias decenas de pequeñas instalaciones, realizadas hace más de treinta años en virtud de antiguas concesiones, que hasta ahora han venido siendo del uso y disfrute exclusivo, y no tanto de derecho como de hecho, por los particulares propietarios en esas zonas costeras.

A tal efecto, se están redactando tres proyectos en los tres tramos de costa referidos, que contienen los siguientes trabajos:

• Recopilar toda la información sobre la realidad urbanística vigente en los tres tramos seleccionados.
• Realizar un exhaustivo levantamiento topográfico del terreno y de las edificaciones e instalaciones existentes, así como su estado de conservación.
• Analizar las situaciones administrativas de las antiguas concesiones, con objeto de rescatar o caducar aquellas que no se ajustan a los objetivos del programa antes referido.
• Elaborar, a nivel de proyecto, las propuestas de actuación más convenientes.

Este proceso está abierto a la participación efectiva de los Ayuntamientos afectados y de los propios particulares interesados, puesto que las soluciones más eficaces siempre se encontrarán bajo el acuerdo y la colaboración de todas las partes, sin perjuicio de la puesta en marcha de los mecanismos legales que las Administraciones Públicas tienen a su disposición para ello.

Medio Ambiente

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE LA RED DE PARQUES NACIONALES

• Adecuará estos espacios protegidos a las sentencias del Tribunal Constitucional.

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Ministra de Medio Ambiente sobre el Anteproyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales.

La futura Ley de la Red de Parques Nacionales adecuará estos espacios protegidos a las sentencias del Tribunal Constitucional de noviembre de 2004 y abril de 2005, que otorgan la gestión de estos espacios protegidos a las Comunidades Autónomas y delimitan la distribución competencial de las acciones que regula el Plan Director de la red, respectivamente.

En paralelo a la elaboración del Anteproyecto de Ley, el Ministerio ha emprendido un proceso destinado a facilitar la transferencia ordenada de competencias a las Comunidades Autónomas sin que se resienta el modelo de protección que salvaguarda los valores de los parques nacionales e, incluso, reforzándolo.

El objetivo del Ministerio de Medio Ambiente es garantizar el cumplimiento de la sentencia que otorga la gestión de estos espacios naturales a las Comunidades Autónomas y reforzar un modelo de gestión que permita que la Red siga manteniendo su coherencia y nivel de protección.

En este proceso desempeñará un papel fundamental el Plan Director de la Red de Parques Nacionales. La sentencia del Tribunal Constitucional de abril de 2005 confirma que la Administración General del Estado puede fijar con la debida amplitud los criterios básicos que resulten necesarios para la preservación de la riqueza ecológica de estos espacios que gozan de la máxima protección legal.

Preservar espacios de interés general

El objetivo de la nueva Ley es preservar un sistema de espacios de interés general, representativo de los principales ecosistemas existentes en el territorio nacional, cuya gestión atienda a unas directrices y criterios comunes, y que constituya una referencia para la gestión de la biodiversidad.

Hay que tener presente que la constitución de la Red que hoy existe se empezó a gestar hace noventa años y que la integran espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la explotación u ocupación humana, que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos destacados, cuya conservación merece una atención preferente y se declara de interés general de la Nación.

Por este motivo, el Ministerio de Medio Ambiente evaluará la aplicación de las directrices básicas en los diferentes Parques Nacionales y del mantenimiento de sus rasgos caracterizadores, reforzará la cooperación y colaboración con las Comunidades Autónomas en la consecución de los objetivos en cada uno de los Parques; desarrollará medidas que promuevan la educación ambiental y nuevas oportunidades para la investigación científica; pondrá en marcha mecanismos que persigan la supresión de usos incompatibles con la conservación de los recursos naturales y establecerá mecanismos de cooperación internacional que permitan la proyección de la Red en el exterior.

Para mantener la coherencia del sistema, el Ministerio elaborará el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, siguiendo un procedimiento participativo y abierto, que garantice la plena participación de las Comunidades Autónomas y que será sometido a información pública.

Medio Ambiente

INFORME SOBRE SITUACIÓN Y POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA SEQUÍA

• El bajo volumen de reservas aún existentes exige que todas las Administraciones continúen aplicando la máxima precaución en la adopción de medidas.
• Se continúa actuando en los ámbitos con mayores problemas y, a lo largo del presente año hidrológico, ya han sido aprobadas 41 actuaciones de emergencia, por más de 130 millones de euros.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha presentado, en la reunión de Consejo de Ministros de hoy, el último informe sobre la política de gestión de la sequía. El informe pone de manifiesto que, a pesar de la nieve y lluvia caída entre invierno y primavera, nos encontramos en un ciclo plurianual de sequía como resultado de unas precipitaciones por debajo de la media aunque superiores al año pasado, que afecta principalmente al río Júcar, sistema Vinalopó-Alicantí, cuenca del Segura, cabecera del Tajo, la cuenca del Guadalquivir y la cuenca del río Almanzora. No obstante, la situación ha mejorado en el resto de España, incluidas zonas como Madrid o la Costa del Sol.

A lo largo del presente año hidrológico el Ministerio de Medio Ambiente ha declarado como obras de emergencia 41 actuaciones, que en total suman una inversión de más de 130 millones de euros, en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Ceuta.

En el caso particular de la difícil situación que presenta la agricultura en la Cuenca del Segura habrá que intentar mantener el arbolado y evitar daños irreparables. Por ello, será objeto de análisis en la reunión que mantendrá la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, que se celebrará el próximo 3 de mayo.

El Gobierno trabaja para que el abastecimiento a las poblaciones pueda ser atendido en los ámbitos territoriales más afectados por la sequía, donde la situación resulta incluso más difícil que el año pasado, gracias a las medidas de gestión que incluyen reasignaciones de agua en las respectivas cuencas, medidas de ahorro, obras de emergencia y la aplicación de mecanismos de compra de derechos de usos ubicados en las cuencas cedentes. Asimismo, el resto de las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias deben seguir manteniendo el principio de máxima precaución en la toma de decisiones, fomentando además la adecuada corresponsabilización de todos los ciudadanos.

A continuación, se adjunta un cuadro resumen acerca de estas actuaciones emprendidas desde comienzo del presente año hidrológico (1 de octubre 2005).

Defensa

INCREMENTO DELCONTINGENTE EN AFGANISTÁN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita autorización al Congreso de los Diputados para el incremento en 150 efectivos del contingente de las Fuerzas Armadas españolas en Afganistán, con el objetivo de reforzar el Equipo de Reconstrucción Provincial en Qala i Nau para dar protección a las cada vez más numerosas obras de reconstrucción civil; desplegar un avión de transporte en Herat y completar la Compañía de Reacción Rápida para mejorar las capacidades de transporte en la zona que sufre unas infraestructuras de comunicación pésimas. Asimismo, ha recibido un Informe del Ministro de Defensa después de su visita a la zona.

España está activamente comprometida con la legalidad internacional y contribuye eficazmente a la paz y a la estabilidad. La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF) fue creada por la Resolución 1.386 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 20 de diciembre de 2001 en un primer momento para el mantenimiento de la seguridad en Kabul y zonas circundantes. El 13 de octubre de 2003 Naciones Unidas aprobó una nueva Resolución, la 1.510, que extiende la actuación de ISAF al resto del territorio afgano "para que las autoridades afganas y el personal de las Naciones Unidas y otro personal civil internacional dedicado en particular a operaciones humanitarias y de reconstrucción puedan actuar en un entorno seguro".

Papel protagonista del Parlamento

El Parlamento tiene hoy un papel protagonista en las operaciones de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior. La Ley Orgánica de la Defensa Nacional, de 18 de noviembre de 2005, establece la autorización del Congreso en el envío de tropas al exterior y las vincula a la petición del Estado afectado, resolución de Naciones Unidas o acuerdos de organismos internacionales de los que España forma parte como OTAN o Unión Europea. Adelantándose a lo que hoy es una obligación legal, el Congreso autorizó con votación el 6 de julio de 2004 por primera vez en España el envío de tropas al exterior: un batallón para garantizar la celebración de las elecciones presidenciales afganas de octubre de 2004. Posteriormente, el Parlamento también ha votado el envío de tropas a Haití y Pakistán. El contingente español fue reforzado con un nuevo batallón que contribuyó a la seguridad de las elecciones parlamentarias afganas del mes de septiembre de 2005.

Presencia española en Afganistán

Al amparo de la Resolución 1.510 de Naciones Unidas España lidera una Base de Apoyo Avanzada en Herat, con una unidad de helicópteros y un hospital. Presta seguridad a los cuatro Equipos Provinciales de Reconstrucción de la Región. Asimismo, tiene desplegado un Equipo de Reconstrucción Provincial en Qala i Nau, la seguridad a los proyectos actualmente en curso liderados por la Agencia Española de Cooperación Internacional: puente sobre el río, acceso principal a la ciudad; traída, canalización y distribución de agua potable a la ciudad; ampliación y compactado de la carretera de Qala i Nau a Herat y reconstrucción del Hospital Provincial.

En definitiva, las Fuerzas Armadas españolas trabajan en la zona y contribuyen a crear un entorno seguro para que trabajen las organizaciones humanitarias con seguridad frente a posibles acciones hostiles, incluso armadas, labor para la que los militares están especialmente preparados.

Educación y Ciencia

APROBADA LA DISTRIBUCIÓN DE 637.000 EUROS PARA ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se formaliza la distribución de 637.280 euros destinados a la concesión de ayudas a Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de las Comunidades Autónomas en que aquellas se integran. Estas ayudas, así como las cantidades a distribuir, fueron acordadas conjuntamente con las distintas administraciones educativas en el seno de la Conferencia de Educación.

Mediante estas ayudas, tal y como solicita la normativa que regula la existencia de las asociaciones de padres y madres de alumnos, el Ministerio de Educación y Ciencia pretender el facilitar la constitución de estas asociaciones así como el desarrollo de sus actividades. Una mayor implicación de las familias en el proceso formativo, junto al esfuerzo de todos los agentes vinculados a la educación, es garantía de mejora del conjunto del sistema educativo.

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS

Agricultura, Pesca y Alimentación

CREADO UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO PERMANENTE PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

• En el año 2006 está previsto que se asesoren unos 50.000 agricultores y ganaderos, con una inversión cercana a los 50 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea
• 250.000 agricultores y ganaderos, con una inversión de 75 millones de euros, se beneficiarán cuando el sistema esté en pleno funcionamiento en el año 2007

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan el establecimiento, las condiciones y el reconocimiento de las entidades que prestarán servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias. Para ello se establece un régimen de ayudas que se concederán tanto para la creación o adecuación de las entidades de asesoramiento, como para los agricultores que utilicen esos servicios. Está prevista una inversión total para este primer año de aplicación del sistema (FEOGA+Nacional) de cincuenta millones de euros, de los que 9,6 millones corresponderán a los Presupuestos Generales del Estado. Para 2007, cuando el sistema esté en pleno funcionamiento, se beneficiarán 250.000 agricultores y ganaderos, con una inversión total de 75 millones de euros.

Estas entidades asesoras deberán llevar a cabo el diagnóstico de la situación y propuesta de mejoras en las explotaciones en materias relacionadas con la salud pública, sanidad animal y vegetal, bienestar de los animales, buenas condiciones agrarias y medioambientales, y, en el caso de los agricultores jóvenes, las materias relacionadas con el inicio de la actividad. A estos efectos de asesoramiento, los agentes económicos y sociales, cooperativas y organizaciones profesionales agrarias pueden jugar un papel determinante en su desarrollo.

Privacidad de acceso

Si bien todos los agricultores podrán acceder, de forma voluntaria, a los servicios de asesoramiento, la nueva normativa estipula que tendrán prioridad los agricultores que reciban más de quince mil euros anuales en concepto de pagos directos, los titulares de explotaciones calificadas como prioritarias, así como los que tengan la condición de agricultor joven o mujer, los que hayan asumido compromisos agroambientales y los que participen en programas de calidad de los alimentos.

Las entidades de servicios de asesoramiento deberán solicitar su reconocimiento al órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que tengan previsto ejercer su actividad; pero, si su actuación se desarrolla en varias Comunidades, el reconocimiento corresponderá a la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Entre otros requisitos a estas entidades se les exige disponer de personal cualificado, con formación en materia de asesoramiento, y acreditar experiencia y fiabilidad en este tema.

El texto hoy aprobado contempla también la creación en el Ministerio, de un Registro Nacional de entidades con servicios de asesoramiento, en el que deberán inscribirse tanto los servicios reconocidos por el Ministerio de Agricultura, como los reconocidos o designados por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

Régimen de ayudas

El Real Decreto recoge, igualmente, el régimen de ayudas que se podrán conceder, tanto para la creación o adecuación de las entidades privadas de asesoramiento, como para los agricultores que utilicen estos servicios. También se prevé una ayuda incrementada a la primera instalación de agricultores jóvenes cuando éstos recurran o se comprometan a recurrir a los servicios de asesoramiento.

Las ayudas para la creación o adecuación de servicios de asesoramiento consistirán en una ayuda a la inversión en bienes inventariables de hasta el 50 por 100 de la inversión realizada en los cinco primeros años de funcionamiento; y ayudas a la creación de puestos de trabajo mediante contratos nuevos suscritos con demandantes de primer empleo o desempleados durante, al menos, los seis meses anteriores, que no superarán el 60 por 100 de los costes salariales.

Las ayudas a los agricultores por la utilización de los servicios de asesoramiento están destinadas a sufragar los gastos incurridos por la consulta a estos servicios cuando los informes o dictámenes tengan por objeto evaluar el rendimiento y viabilidad de la explotación y determinar el cumplimento, y, en su caso, proponer mejoras relativas a la aplicación de la condicionalidad.

Importes

El importe de la ayuda a los agricultores será de hasta mil euros en el caso de explotaciones prioritarias y de hasta ochocientos euros en el resto. Se establecen incrementos en el caso de explotaciones situadas en zonas desfavorecidas, zonas Natura 2000, agricultores jóvenes, mujeres, explotaciones que han asumido compromisos agroambientales o participen en programas de calidad de los alimentos. La ayuda está limitada a un 80 por 100 del gasto facturado y no podrá superar los 1.500 euros por explotación, con una frecuencia de, como máximo, tres años.

Para la coordinación del sistema de asesoramiento en España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se reunirá periódicamente con representantes de las Comunidades Autónomas y entidades que presten el servicio de asesoramiento, con el fin de evaluar y analizar su funcionamiento.

Para este primer año de aplicación del sistema de asesoramiento en España 2006, se prevé un acceso de 50.000 agricultores y la creación de cien oficinas en todo el territorio nacional.

Agricultura, Pesca y Alimentación

REGULADO EL RÉGIMEN DE LOS ORGANISMOS PAGADORES DE FONDOS AGRÍCOLAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establece el régimen de los organismos pagadores y de coordinación de los fondos europeos agrícolas.

El referido Real Decreto supone la adaptación de la actual normativa establecida por otro Real Decreto de 14 de marzo de 2003, a la nueva situación que resulta de la desaparición del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) y la creación de dos nuevos fondos europeos agrícolas: el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), para financiar las medidas de mercado y otras medidas, y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), destinado a financiar los programas de desarrollo rural.

La normativa comunitaria establece que los Estados miembros deben limitar el número de organismos pagadores en función de sus disposiciones constitucionales y de su estructura institucional, por lo que el nuevo Real Decreto mantiene la limitación del número de organismos pagadores a uno por Comunidad Autónoma, dado que la experiencia adquirida demuestra que su actuación permite asegurar la buena gestión de los fondos comunitarios.

De acuerdo con ello, el nuevo Real Decreto establece que el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) actuará como organismo de coordinación de todos los pagos procedentes de FEAGA y del FEADER en España.

En la elaboración del Real Decreto han sido consultadas las Comunidades Autónomas.

Fomento

CONVENIO PARA CONSTRUIR LA CONEXIÓN DE LAS CARRETERAS N-II, N-230 Y N-240 EN LLEIDA

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Lleida para la construcción, financiación y posterior conservación y explotación de la interconexión de las carreteras N-II, N-230 y N-240 por el norte de Lleida (Avenida de Pinyana).

El objetivo de estas obras es distribuir los tráficos provenientes de la zona norte, especialmente de la variante de la autovía A-2, que se dirigen hacia el centro de la ciudad.

El Ministerio de Fomento aportará 5.400.000 euros para financiar la ejecución de las obras. Por su parte, el Ayuntamiento de Lleida licitará, adjudicará las obras y se responsabilizará de su dirección y ejecución.

Esta actuación se incluía en un convenio de colaboración suscrito en febrero de 1996. Con el paso del tiempo la trama urbanística ha crecido de tal forma que el tramo a construir se ha integrado en los viales urbanos. Por este motivo, ambas Administraciones están de acuerdo en que las obras las realice el Ayuntamiento de Lleida y no el Ministerio de Fomento, tal y como se establecía en el anterior convenio. El nuevo acuerdo anula, por tanto, el anterior.

Fomento

EL PASO POR CUALQUIER BARRERA DE PEAJE DE LA R-3 Y R-5 SE CONTABILIZARÁ PARA LOS DESCUENTOS POR HABITUALIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo de interpretación del contrato de concesión de las autopistas de peaje R-3 y R-5 mediante el cual se establece que, para los descuentos por habitualidad, debe computarse cada paso por cualquiera de las estaciones de peaje existentes en estas autopistas.

En el Real Decreto por el que se adjudicó la concesión de las autopistas de peaje R-3 y R-5 figuran una serie de descuentos por habitualidad. La sociedad concesionaria considera que estos descuentos son computables en función del número acumulado de tránsitos en una misma estación de peaje, sin considerar los pasos por las demás estaciones. Sin embargo, la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, perteneciente al Ministerio de Fomento, considera que debe computarse cada paso por cualquiera de las estaciones de peaje existentes.

Ante esta discrepancia y siguiendo el criterio de la Abogacía del Estado del Departamento, el Ministerio de Fomento ha instruido un expediente de interpretación de contrato que ha culminado con la propuesta de elevar al Consejo de Ministros el Acuerdo aprobado hoy. Este Acuerdo ha sido informado favorablemente por la Abogacía del Estado y el Consejo de Obras Públicas, y así como por el preceptivo dictamen del Consejo de Estado.

Administraciones Públicas

TRASPASO A LA RIOJA DE MEDIOS EN LA GESTIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y LA FORMACIÓN CONTINUA

El Consejo de Ministros ha aprobado el traspaso a la Comunidad Autónoma de La Rioja de medios para la gestión encomendada en materia de agricultura, del Fondo Español de Garantía Agraria y de Formación Profesional Ocupacional.

Los traspasos son consecuencia del acuerdo alcanzado el pasado 10 de abril en el seno de la Comisión Mixta Estado-La Rioja, en la que, además, se formalizó la transferencia con carácter extraordinario de 3,7 millones de euros a la Comunidad para financiar la Sanidad Pública en el ejercicio 2006.

De esta forma, el Ejecutivo ha aprobado hoy, por un lado, la transferencia de los medios económicos adscritos a la gestión de la formación profesional ocupacional (Formación Continua). Con esta transferencia se proporciona a la Comunidad Autónoma una cobertura sólida y estable de medios estatales para desarrollar la gestión, reconocida reiteradamente por el Tribunal Constitucional, de las subvenciones estatales destinadas a la formación profesional continua.

Por otro lado, se ha efectuado la ampliación de medios patrimoniales en materia de Agricultura de la Comunidad Autónoma de La Rioja a través de la titularidad del Silo de Nájera, con una superficie de 3.805 metros cuadrados, que pasa a formar parte de las Unidades de almacenamiento de la Red No Básica y del que ya disponía La Rioja en cesión de uso.

Administraciones Públicas

DESESTIMADO EL REQUERIMIENTO DE INCOMPETENCIA DE CATALUÑA SOBRE PERSONAL INVESTIGADOR

El Consejo de Ministros ha desestimado el requerimiento de incompetencia formulado por la Generalidad de Cataluña contra un Real Decreto, aprobado el pasado 27 de enero, por el que se regula el Estatuto del personal investigador en formación.

La Comunidad Autónoma alega que dicho Real Decreto vulnera sus competencias en materia de investigación, especialmente en lo que se refiere a la creación de un Registro General de ayudas, con la función de reconocer los programas de ayudas a la investigación en todo el territorio.

El Ejecutivo esgrime la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha señalado que la competencia estatal de fomento y coordinación de la investigación científica y técnica no se limita al mero apoyo de las actividades investigadoras privadas, sino que engloba todas aquellas medidas encauzadas a la promoción de la investigación.

Igualmente, el Tribunal Constitucional ha indicado que es constitucionalmente posible la creación de un Registro Único para todo el Estado que garantice la centralización de todos los datos a los estrictos efectos de información y publicidad.

Industria, Turismo y Comercio

AUTORIZADO EL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARADOR DE TURISMO DE VERUELA (ZARAGOZA)

El Consejo de Ministros ha autorizado al Vicepresidente Primero Ejecutivo del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) la celebración del contrato para la elaboración de proyecto y ejecución de las obras de construcción del nuevo Parador de Turismo de Veruela (Zaragoza) con un importe estimado máximo de veinte millones de euros.

De acuerdo al artículo 12.2a del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha sido necesaria la autorización del Consejo de Ministros porque el presupuesto previsto supera el límite de los doce millones de euros, establecido en la Ley. En consecuencia, el órgano de contratación, Turespaña en este caso, ha necesitado la pertinente autorización del Consejo con carácter previo para proceder a la apertura del procedimiento de contratación y la aprobación, en su momento, del gasto correspondiente.

El plazo de ejecución del contrato es de treinta meses (2,5 meses para la fase de redacción del proyecto y 27,5 meses para la ejecución de las obras) y el presupuesto se distribuye en las siguientes anualidades: año 2006, seis millones de euros; año 2007, ocho millones de euros y año 2008, seis millones de euros.

Este Parador, situado dentro del conjunto monumental del Monasterio de Veruela de titularidad estatal, formará parte de la oferta de más alto nivel de la Red. Se desarrolla en una edificación de rehabilitación, restauración y ampliación, con pleno respeto e integración en el Conjunto Histórico Artístico del Monasterio de Veruela. Se actuará sobre 16.640 m² de superficie útil edificada para obtener una capacidad hotelera de 102 habitaciones, comedores, salones y oferta complementaria.

Medio Ambiente

ANTEPROYECTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN LA COMARCA AGRARIA DE LA PROVINCIA DE CÁCERES

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de las obras correspondientes al anteproyecto de saneamiento y depuración de la Comarca Agraria, en los municipios de Casar de Cáceres, Torremocha, Torreorgaz y Trujillo. Todas estas obras están situadas en la provincia de Cáceres y suponen una inversión superior a doce millones de euros.

Los anteproyectos de las obras de saneamiento y depuración en aglomeraciones urbanas en la Comarca Agraria han sido redactados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y han de servir de base para la licitación de las obras.

El objeto de estos anteproyectos es dictar los criterios mínimos para la contratación del proyecto de construcción, la ejecución de las obras, la puesta a punto y las pruebas de funcionamiento correspondientes a las instalaciones necesarias para solucionar el problema de contaminación causada por los vertidos de las aguas residuales de las poblaciones de la Comarca Agraria.

Las obras e instalaciones contempladas en el anteproyecto de la zona fronteriza de Portugal permitirán el tratamiento completo de las aguas residuales de los municipios antes citados. Estas obras e instalaciones consisten, básicamente, en la reunión de todos los vertidos de aguas residuales de cada uno de los núcleos urbanos y emisarios hasta las arquetas de llegada de las depuradoras, y en la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales de Casar de Cáceres, Torremocha, Torreorgaz y Trujillo.

Esta actuación del Ministerio de Medio Ambiente tendrá una duración de cuatro años y cuenta con la correspondiente declaración de impacto ambiental.

Medio Ambiente

OBRAS DE EMERGENCIA EN LUGO, ASTURIAS Y MELILLA

El Consejo de Ministros ha autorizado las obras de emergencia que el Ministerio de Medio Ambiente realiza en zonas de Lugo, Asturias y Melilla por un importe de 913.408 euros.

Lugo

Servirán para la reparación de los daños producidos por los fuertes oleajes acaecidos durante los meses de noviembre y diciembre de 2005 y enero y febrero de 2006, en la zona nordeste de la playa de Altar, en el término municipal de Barreiros (Lugo), que han provocado un fuerte proceso de erosión.

Esta erosión ha provocado que el oleaje incida de forma contundente en el pie del talud, provocando importantes socavones que originan derrumbamientos, que han puesto en grave peligro bienes públicos y la estabilidad de las edificaciones colindantes, con el consiguiente riesgo para las personas que las habitan, así como la estabilidad del propio paseo.

Ante esta situación, el Ministerio de Medio Ambiente ha impulsado las obras de emergencia necesarias que comprenden dos frentes: la protección del pie del talud y el sostenimiento del mismo en toda su extensión para evitar la erosión producida por el agua y el viento. El importe previsto para estas actuaciones es de 552.000 euros.

Asturias

Asimismo, el Consejo de Ministros ha autorizado las obras de emergencia para reparar los daños ocasionados por los temporales en la ría de Navia (Asturias). El presupuesto previsto para la realización de estas obras es de 228.224 euros.

El espigón de encauzamiento de la ría de Navia, en su margen derecha, sobre la que se apoya la playa de esta localidad del oeste asturiano, se encuentra totalmente descalzado, aunque en estos momentos el nivel de arena no se encuentra en su cota mínima. Este descalce pone en peligro la estabilidad del espigón, además de colocar al descubierto prácticamente toda la cimentación, lo que ha provocado la inexistencia total de asiento del muro del espigón y podría llevar a la rotura inminente del mismo.

Las obras consisten en mejorar la cimentación mediante la colocación de una capa de asiento de escollera. En la parte superior del muro se repararán las grietas existentes, en una longitud de unos cuarenta metros. De la misma forma, en toda la zona superior del muro se extenderá un hormigón especial rugoso que unifique toda la estructura.

Melilla

Por último el Consejo de Ministros ha autorizado las obras de emergencia que la Dirección General de Costas lleva a cabo para la estabilización del cantil del borde costero del barranco de la cala de Los Galápagos, en Melilla. El importe aproximado de las actuaciones previstas es de 133.184 euros.

En uno de los bordes de la Ensenada de Los Galápagos se han producido una serie de desprendimientos provenientes del Cantil que separa la playa del mar, que por su importancia y cadencia hicieron aconsejable el cierre de este paso, con el fin de preservar la integridad física de las personas que lo utilizaban.

Ante esta situación se procedió a inspeccionar con detalle el escarpe para localizar las zonas más inestables y valorar el alcance del problema. La verticalidad del talud y su estado de deterioro, junto con la complejidad estructural del macizo rocoso, hicieron que fuera necesario un estudio geológico-geotécnico a una empresa especializada en este tipo de trabajos.

Una vez examinado el estudio, quedó demostrada la necesidad de efectuar un tratamiento a causa de su inestabilidad, que debería consistir en una serie de medidas correctoras que garantizasen su estabilidad y que van desde el saneamiento de la zona, hasta la sujeción de bloques de rocas mediante anclajes y mallas y, de esta forma, evitar poner en grave riesgo a las personas y usuarios de la zona.

Medio Ambiente

UTILIDAD PÚBLICA PARA OBRAS EN ZUMAIA, ZESTOA E IRÚN (GUIPÚZCOA) Y EN MUSKIZ Y ZIERBENA (VIZCAYA)

El Consejo de Ministros ha autorizado la declaración de utilidad pública de diversas obras en los términos municipales de Zumaia, Zestoa e Irún, situadas en la provincia de Guipúzcoa, y otras que se llevan a cabo en los términos municipales de Muskiz y Zierbena, en la provincia de Vizcaya.

El nuevo tramo de la variante de Zumaia discurre en dirección sur-norte, por un valle delimitado al oeste por la margen derecha de la ría de Narrondo y al este por la ladera del monte Basusta. Para la realización de la variante es necesaria la adscripción de una superficie aproximada de 626 metros cuadrados de terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

Además, también se declaran de utilidad pública las obras del proyecto de construcción del enlace de Iparralde en la variante de la N-I, situado en el término municipal de Irún, para la ocupación de 183 metros cuadrados en dominio público marítimo-terrestre.

Por último, se declaran de utilidad pública la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de la variante sur metropolitana, situada en los términos municipales de de Muskiz y Zierbena, en Vizcaya, para la ocupación de 35.420 metros cuadrados situados en terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

Agricultura, Pesca y Alimentación

REHABILITACIÓN DEL FARO DE LAS ISLAS COLUMBRETES

• Servirá para la gestión de las reservas marina y natural

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación rehabilitará el faro de las Islas Columbretes en virtud de un convenio de colaboración con la Autoridad Portuaria de Castellón y la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, que ha sido autorizado hoy por el Consejo de Ministros.

El edificio que contiene el faro de las Islas Columbretes, cuyo titular es la Autoridad Portuaria de Castellón, no tiene uso asignado actualmente y está deshabitado. Para mejorar el control y seguimiento de las reservas marina y natural, el Ministerio y la Consejería de Territorio y Vivienda del Gobierno autonómico mostraron su interés en poder utilizar este edificio para disponer de un lugar donde alojar a los equipos de control y seguimiento científicos, laboratorios, espacios para reuniones técnicas y centro de visitantes.

Así, de acuerdo con el convenio de colaboración entre las tres instituciones, la Autoridad Portuaria de Castellón pondrá a disposición el uso del edificio que contiene el faro para que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Generalitat Valenciana gestionen su uso futuro como base para el desarrollo de actividades científicas y de seguimiento del espacio marítimo-terrestre del archipiélago de las Islas Columbretes y de divulgación de las reservas marinas, sin perjuicio de las servidumbres relativas al servicio de señalización marítima.

El Ministerio se ha comprometido a rehabilitar el edificio que contiene el faro, a realizar las acciones necesarias para corregir las deficiencias que pudieran existir en la torre del mismo y a adaptar el sistema de suministro eléctrico de la señal marítima destinando para ello un presupuesto de 1.126.063,08 euros. Por su parte, la Consejería de Territorio y Vivienda realizará la adecuación del entorno.

La reserva marina del entorno de las Islas Columbretes se creó por una Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en abril de 1990, con el objetivo de delimitar unas zonas de reserva integral y de acceso restringido para la pesca marítima, y para proteger los recursos marinos autóctonos, mientras que la Consejería de Medio Ambiente estableció una reserva natural en el archipiélago de las Islas Columbretes en 1988.

Trabajo y Asuntos Sociales

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA OFICINA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN TORREVIEJA (ALICANTE)

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación, mediante subasta abierta, de las obras de construcción de un inmueble destinado a oficina de la Seguridad Social en Torrevieja (Alicante), con un presupuesto máximo de licitación de 13.716.400,77 euros, distribuidos en tres ejercicios.

La duración prevista de las obras es de dieciocho meses. El gasto será sufragado con cargo al Presupuesto de Gastos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con la siguiente distribución por anualidades: 2006 (1.477.833,27 euros), 2007 (10.531.667,55 euros), 2008 (1.706.899,95 euros).

El nuevo edificio se levantará sobre un solar de 13.452,20 metros cuadrados situado entre las calles Urbano Aregui y Santomera, adquirido al Ayuntamiento de Torrevieja. Según el proyecto aprobado, el nuevo edificio tendrá una superficie construida total de 6.225 metros cuadrados.

Economía y Hacienda

4,5 MILLONES A PARQUES NACIONALES PARA HACER EFECTIVA UNA SENTENCIA EN CONCEPTO DE INTERESES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se concede un suplemento de crédito en el Presupuesto de Parques Nacionales por importe de 4.576.075 euros, Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

Dicho suplemento de crédito esta destinado a dotar los recursos necesarios para abonar a la Compañía Internacional Islas Canarias, S.A. la cantidad fijada en concepto de intereses, mediante providencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 1 de diciembre de 2005.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su sentencia de 19 de enero de 1990 sobre indemnización de daños y perjuicios derivados del régimen de protección establecido por la Ley de 25 de marzo de 1981, de reclasificación del Parque Nacional del Teide, que implicó la prohibición de realizar la extractiva minera ejercida por la empresa, declaró el derecho de "Hersián Minas del Teide, S. A." a ser indemnizada.

Tras diversos recursos de la Compañía Internacional Islas Canarias, S.A., sucesora de Hersián Minas del Teide, S.A., que concluyeron con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, se han abonado a la empresa las indemnizaciones correspondientes.

Posteriormente, mediante providencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 1 de diciembre de 2005, se fijó una liquidación por intereses por importe de 4.576.075 euros, que corresponde abonar a Parques Nacionales.

Economía y Hacienda

AUTORIZACIÓN DE DEUDA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Madrid la realización de una o varias emisiones de deuda pública por un importe máximo de 279 millones de euros.

Dicha operación se enmarca dentro del Programa de Endeudamiento de dicha Comunidad Autónoma para 2006, cumpliendo así lo establecido en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera relativos al endeudamiento de las Comunidades autónomas.

Industria, Turismo y Comercio

PRÓRROGA DE UN PERMISO DE INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS EN LA RIOJA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministro de Industria, Turismo y Comercio a dictar la Orden Ministerial de concesión de prórroga por dos años solicitada en agosto de 2005 por los titulares del permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Cameros-2", en la Comunidad de La Rioja.

Este permiso de investigación de hidrocarburos fue otorgado, mediante un Real Decreto de 3 de julio de 1995, a la compañía "Locs Oil Company of Spain, Sociedad Anónima" y ocupaba una superficie de 37.926 hectáreas.

En este momento y tras varias cesiones aprobadas por distintas ordenes, la titularidad se reparte del siguiente modo:

• Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anónima: 25 por 100.
• Teredo Oils Limited, segunda sucursal en España: 36,428571 por 100.
• Unión FENOSA Gas Exploración y Producción, Sociedad Anónima: 28,571429 por 100.
• Nueva Electricidad del Gas, Sociedad Anónima: 10 por 100.

El operador es la "Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anónima".

El 8 de noviembre de 2002 se concedió una prórroga, de tres años de vigencia del permiso de investigación de hidrocarburos y se redujo su superficie, por renuncia de sus titulares, pasando de 37.926 a 6.068,16 hectáreas. El 19 de julio de 2005 se concedió una nueva reducción de superficie, también por renuncia de sus titulares, por lo que la superficie con permiso de investigación de hidrocarburos quedó en 3.539,76 hectáreas.

La justificación de la prórroga deriva del interés que, desde el punto de vista de la investigación de hidrocarburos, tendría unir esta superficie con la solicitada, por los mismos titulares y con participaciones casi idénticas, para el permiso "Ebro A".

Economía y Hacienda

MEDIDAS DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO V CENTENARIO SUSCRITO ENTRE ESPAÑA Y EL BID

El Consejo de Ministros ha autorizado la adopción de determinadas medidas para hacer frente a los compromisos de financiación de operaciones pendientes sobre el Convenio del Quinto Centenario suscrito entre España y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 1988.

Dicho Convenio Financiero para el Fomento del Progreso Económico y Social de América Latina en Conmemoración del V Centenario dio lugar al establecimiento del "Fondo V Centenario" (Cuenta General), que se utilizaría para efectuar préstamos destinados a proyectos de inversión y de la "Cuenta de Compensación" que se destinaría a subvencionar los intereses de los préstamos otorgados con cargo al "Fondo V Centenario".

Según el Protocolo que crea el Fondo Quinto Centenario, los recursos de la Cuenta de Compensación utilizados para subvencionar los intereses no pueden financiar el principal de los préstamos, por lo que se dota al Convenio V Centenario de la necesaria flexibilidad con el fin de posibilitar la transferencia de recursos entre la Cuenta General y la Cuenta de Compensación. De esta forma, permitiendo la transferencia de recursos entre ambas, se dispondría de los recursos necesarios para financiar operaciones que todavía quedan pendientes como es el proyecto SIEPAC, que tiene el objetivo de crear un mercado eléctrico regional en América Central y la construcción de un sistema de transmisión troncal desde Panamá hasta Guatemala.

Industria, Turismo y Comercio

MODIFICADA LA REGULACIÓN DE EMISIONES SONORAS CAUSADAS POR MÁQUINAS AL AIRE LIBRE

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica otro de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno, debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

La normativa hoy aprobada, de carácter fundamentalmente técnico, tiene como finalidad incorporar al Derecho interno el contenido de la nueva Directiva europea sobre la materia con el objetivo de actualizar la tabla de valores límite de emisión sonora, posibilidad observada en la Directiva original.

La razón de la variación de los valores es que la experiencia de estos últimos años ha demostrado que algunos límites establecidos originariamente eran técnicamente inviables, lo que motivó que la Comisión Europea propusiera que los valores antes considerados como "obligatorios" pasen a ser únicamente "indicativos", precisión que hace la norma aprobada hoy para España, en la que, por añadidura, se aprovecha la circunstancia para corregir dos leves errores de transposición que fueron cometidos cuando se procedió, en su día, a incorporar la primera de las Directivas.

Medio Ambiente

CONVENIO PARA UNA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS EN ESPAÑA

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Sevilla para realizar un estudio sobre la situación del paisaje en España y establecer líneas de intervención para el desarrollo de la Convención Europea del Paisaje. El presupuesto del convenio asciende a 137.073,85 euros y será abonado por la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, distribuido en tres anualidades correspondientes a los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Este convenio facilitará el cumplimiento de los compromisos derivados de la Convención Europea del Paisaje, que España ha firmado y está pendiente de ratificar. El Consejo de Europa impulsó la aprobación de esta Convención para frenar la degradación de los recursos paisajísticos y potenciar su desarrollo y gestión sostenible.

El Ministerio de Medio Ambiente considera que la ratificación por España de la Convención debe suponer un compromiso en firme de la sociedad española en su conjunto en la defensa del paisaje y debe propiciar el establecimiento de medidas e instrumentos coordinados entre los distintos Departamentos implicados y las Comunidades Autónomas, de modo que se haga posible un tratamiento integral de los recursos paisajísticos. No obstante, y aunque está pendiente la ratificación del texto, el Ministerio ha iniciado ya una línea de trabajo para cumplir con los criterios que marca la Convención.

En este sentido, hay que destacar que la suscripción del convenio de colaboración que ha autorizado el Consejo de Ministros permitirá conocer con exactitud la consideración que otorga el ordenamiento jurídico español a la protección y situación del paisaje, establecer las líneas prioritarias de actuación para la efectiva implementación de la convención europea en España e identificar las estrategias e instrumentos básicos para la protección y ordenación del paisaje.

Educación y Ciencia

CONVENIO PARA INVESTIGAR LOS EFECTOS DEL GLIFOSFATO

El Consejo de Ministros ha aprobado la suscripción de un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y la Universidad de Lleida para el estudio de los efectos del uso del glifosfato en artrópodos relacionados con el cultivo de maíz transgénico. El INIA, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, abonará 152.364 euros en cuatro anualidades.

La Universidad de Lleida tiene amplios conocimientos y experiencia en investigación sobre los efectos de los transgénicos en los artrópodos, y por eso el Instituto, que tiene encomendado por el Ministerio de Medio Ambiente el estudio del efecto del uso de glifosfato en maíz transgénico sobre la flora y la fauna, suscribe este convenio.

BIOGRAFÍAS

Presidencia

Director General de la Guardia Civil.-

D. JUAN MESQUIDA FERRANDO

Nacido el 6 de diciembre de 1962 en Felanitx (Mallorca), es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es Técnico Superior de Administración Especial del Ayuntamiento de Calvià.

Después de iniciar su carrera profesional en las firmas Arthur Andersen y Garrigues Andersen, fue Subdirector y Director del Área Económica del Ayuntamiento de Calvià. Ha sido Diputado por el PSOE en el Parlament de las Illes Balears en la V Legislatura y Consejero del Consell Insular de Mallorca. Entre 1999 y 2003 ocupó el puesto de Conseller de Hacienda y Presupuestos del Govern de las Illes Balears, y desde abril de 2004 era Director General de Infraestructura del Ministerio de Defensa.

Economía y Hacienda

Consejero no nato del Consejo de Gobierno del Banco de España

D. VICENTE SALAS FUMÁS

Nacido en 1951 en Albelda (Huesca), es Doctor en Ciencias por la Universidad de Purdue (Estados Unidos) y Licenciado y Master por ESADE. Ha ejercido como profesor y catedrático en las Universidades de Purdue, Zaragoza y Autónoma de Barcelona.

Ha sido Presidente y Coordinador del Área de Economía y Derecho de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, Miembro del Consejo Asesor de la Fundación BBVA, Representante del Gobierno de Aragón en la Comisión de Control de Ibercaja y Miembro del Consejo de Gobierno del Banco de España entre 1994 y 1998. En la actualidad es catedrático de Organización de Empresas en la Universidad de Zaragoza. Ha sido Premio Jaime I de Economía y Premio Juan Sardá de Economía.

Defensa

Jefe del Estado Mayor del Ejército

Teniente General D. CARLOS VILLAR TURRAU.

Nacido el 29 de diciembre de 1945 en San Sebastián, casado, con dos hijos. Es Licenciado en Ciencias Económicas.

Entre otros destinos, ha sido Jefe del Regimiento de Transmisiones Estratégicas y Presidente del Grupo de Estudios y Seguimiento del proceso de implantación del nuevo modelo de Fuerzas Armadas plenamente profesionales. En 2000 fue nombrado Subdirector General de Tecnología y Centros de la Dirección General de Armamento y Material y desde septiembre de 2001 era Director General de Armamento y Material.-

General Jefe del Mando Aéreo General

Teniente General D. CARLOS GÓMEZ ARRUCHE.

Nacido el 15 de diciembre de 1945 en Arévalo (Ávila), casado, con dos hijos, ingresó en el Ejército del Aire en 1964 y es piloto de caza, ataque y transporte. Desde febrero de 2002 ostenta el empleo de General de División.

Ha estado destinado en unidades de combate, tanto de defensa aérea como de apoyo táctico, y ha efectuado diversos cursos en la OTAN y en Estados Unidos. Ha sido Agregado Aéreo Adjunto en Argel, prestó sus servicios en la División de Planes y Política del Estado Mayor de la Defensa y fue Consejero en el Gabinete Técnico de tres Ministros de Defensa. Posteriormente, fue Jefe del Ala 14 y Base Aérea de Albacete, Jefe del Gabinete del Estado Mayor del Aire y Segundo Jefe y Jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo de Levante. En septiembre de 2003 se hizo cargo con carácter interino de la Jefatura del Mando Aéreo de Levante y III Región Aérea, y desde abril de 2004 era Director General de la Guardia Civil.

Interior

Secretaria General Técnica.-

Dª MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ GARCÍA.

Nacida el 1 de agosto de 1952 en Calatayud, es Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Ha sido Jefa de Servicio y Secretaria de la Comisión Mixta de Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, y Directora del Instituto Aragonés de Administración Pública. Fue Subdirectora General de Cooperación Bilateral y Directora General de Cooperación Territorial en el Ministerio de Administraciones Públicas, y Directora General de Coordinación y Alta Inspección en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En el año 2000 se reincorporó a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en su Inspección General de Servicios, y desde 2004 era Directora General Gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

Administraciones Públicas

Director General de Modernización Administrativa

D. JUAN MIGUEL MÁRQUEZ FERNÁNDEZ.

Nacido el 28 de junio de 1961 en Málaga, casado, con una hija, es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid.

Ha trabajado en el CIEMAT, en el sector privado y en la Universidad Complutense de Madrid, donde fue Director de los Servicios Informáticos. También ha sido Coordinador de la Secretaría de Estudios y Programas y de la Secretaría General de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español, y desde octubre de 2005 trabajaba en la entidad pública empresarial Red.es.

Medio Ambiente

Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero

D. JUAN ANTONIO GATO CASADO.

Nacido el 7 de marzo de 1958, casado, con dos hijas, es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid, Master en Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto y Auditor de Cuentas.

Ha ocupado diferentes puestos en el sector privado ha ocupado diferentes puestos en las empresas TEM AUDITORES y Construcciones y Obras Llorente. En 1991 fue nombrado Jefe de la Sección de Gestión Presupuestaria y Financiera y, posteriormente, Director del Área de Economía y Hacienda en la Diputación de Valladolid. Desde diciembre de 1993 era Jefe de Servicio de Gestión Tributaria e Inspección en el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.