Referencia del Consejo de Ministros

PROYECTOS DE LEYES

JUSTICIA

Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY Concursal.

Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY ORGÁNICA para la reforma concursal, por la que se modifican la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

CONDECORACIONES

ASUNTOS EXTERIORES

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a D. JUAN JUNQUERA GONZÁLEZ.

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a D. CARLOS GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN.

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a D. ANTONIO MONERRIS HERNÁNDEZ.

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor RAÚL SALAZAR RODRÍGUEZ, ex-embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España.

DEFENSA

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Inspector General de la policía francesa señor YVES BERTRAND.

REALES DECRETOS

PRESIDENCIA

REAL DECRETO sobre condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte de ganado por carretera.

REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1946/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula la composición y el funcionamiento de la Comisión Interministerial de Extranjería.

FOMENTO

REAL DECRETO por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE).

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1036/2001, de 21 de septiembre, por el que se crea la Comisión Nacional para la Conmemoración del Centenario del Nacimiento de Luis Cernuda.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

REAL DECRETO sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.

ECONOMÍA

REAL DECRETO por el que se declaran las materias primas minerales y actividades con ellas relacionadas, calificadas como prioritarias a efectos de lo previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

REAL DECRETO por el que se modifica el anexo III del Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV).

ACUERDOS

PRESIDENCIA

ACUERDO por el que, en cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 385/1996, de 1 de marzo, se revisa el importe de las retribuciones e indemnizaciones correspondientes al desempeño de la función del jurado.

ACUERDO por el que se prorroga la participación de unidades militares españolas en las operaciones de los Balcanes.

ASUNTOS EXTERIORES

ACUERDO por el que se autoriza la firma del Convenio entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.

ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y Nueva Zelanda.

JUSTICIA

ACUERDO por el que se solicita a las autoridades de Francia la extradición activa de Asier Arzalluz Goñi por delitos de estragos y lesiones terroristas.

ACUERDO por el que se solicita a las autoridades de Francia la extradición activa de Aitor Aguirrebarrena Beldarrain por delitos de estragos y lesiones terroristas.

ACUERDO por el que se decide la continuación del procedimiento de extradición activa de Javier Abaunza Martínez por delitos de asesinato terrorista y tenencia ilícita de armas con finalidad terrorista.

HACIENDA

ACUERDO sobre modificación del presupuesto de capital de Paradores de Turismo de España, S.A. correspondiente al ejercicio del año 2002.

ACUERDO sobre modificación del presupuesto de capital de la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA).

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del contrato-programa entre la Administración General del Estado, el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma, para la financiación del transporte terrestre de viajeros en la isla de La Palma.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del contrato-programa entre la Administración General del Estado, el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Fuerteventura, para la financiación del transporte terrestre de viajeros en la isla de Fuerteventura.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del contrato-programa entre la Administración General del Estado, el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Lanzarote, para la financiación del transporte terrestre de viajeros en la isla de Lanzarote.

ACUERDO por el que se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para vender las acciones que constituyen las participaciones de Alimentos y Aceites, S.A. en Aceites Coosur, S.A. y en Oleaginosas del Centro, S.A.

FOMENTO

ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras "Carretera convencional de nuevo trazado CN-260, eje pirenaico, de Sabiñánigo a frontera francesa, Port Bou, tramo: Sabiñánigo-Fiscal, términos municipales de Sabiñánigo, Yebra de Basa y Fiscal, longitud: 23,3 km.", con un presupuesto de contrata de 62.230.368,28 euros, Huesca.

ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras "Acondicionamiento variante del trazado, CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela, tramo: Trubia-Llera, primera calzada de futura autovía, términos municipales de Oviedo, Grado y Las Regueras, longitud: 4,101 km", con un presupuesto de contrata de 34.318.249,92 euros, Asturias.

ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia, por importe de 120.000 euros, necesarias para la restitución de una pasarela peatonal en el p.k. 412,4 de la CN-340, Cádiz y Gibraltar-Barcelona, enlace 15, término municipal de El Ejido (Almería).

ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia, por importe de 200.000 euros, necesarias para la consolidación de la estructura del puente sobre el río Fuengirola, sito en el p.k. 207 de la CN-340, Cádiz y Gibraltar-Barcelona, término municipal de Fuengirola (Málaga).

ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia, por importe de 1.471.135,83 euros, de construcción de muros y refuerzos de anclajes en las márgenes de la CN-120, Logroño-Vigo, pp.kk. 583,6 y 584, y A-52, Autovía Benavente-Vigo, término municipal de Cenlle (Ourense).

ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia, por importe de 8.716.320,85 euros, necesarias para la construcción de un cuarto carril en la M-40 desde la CN-VI, Madrid-La Coruña, a la M-607, ambas márgenes, término municipal de Madrid.

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato del servicio de asistencia técnica para el Centro de Desarrollo, aplicaciones de afiliación-recaudación de la Subdirección General de Informática de la Tesorería General de la Seguridad Social durante los años 2003 y 2004.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ACUERDO por el que se solicita del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas tributarias y de medidas en materia de organización administrativa, de gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador.

ACUERDO por el que se solicita del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Extremadura 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura.

MEDIO AMBIENTE

ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para aumentar la dotación de agua en la ciudad de Melilla.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Canal de Isabel II para la ejecución de diversas obras de ampliación y mejora del saneamiento y depuración de aguas de la Comunidad de Madrid.

ACUERDO por el que se impone al Ayuntamiento de Almendralejo una sanción de multa y la obligación de indemnizar los daños causados al dominio público hidráulico por vertido de aguas residuales al arroyo Harnina, en el término municipal de Almendralejo (Badajoz).

ACUERDO por el que se aprueba el Plan Forestal Español.

ECONOMÍA

ACUERDO por el que se modifican los de 30 de mayo de 1997, 18 de septiembre de 1998, 9 de julio de 1999, 30 de junio de 2000, 6 de julio de 2001 y 27 de diciembre de 2001, en relación con las líneas de crédito habilitadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a favor de los mariscadores y pescadores de bajura y de las empresas de acuicultura afectadas por la catástrofe del buque "Mar Egeo" (Aegean Sea).

ACUERDO por el que se autoriza al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras a suscribir veintitrés convenios de colaboración específicos, uno con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Belmez, dos con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Puertollano, dos con la Generalidad de Cataluña y los Ayuntamientos de Saldes y de Vallcebre, quince con la Junta de Castilla y León, uno con la Junta de Galicia, y dos con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

JUSTICIA

APROBADO EL PROYECTO DE LEY CONCURSAL

• Pone en marcha un procedimiento totalmente innovador y los nuevos Juzgados de lo Mercantil

• Se sustituye el viejo sistema de quiebra y suspensión de pagos por un procedimiento único, ágil y transparente.

• Sus principios son: confianza, mantenimiento de empresa y puestos de trabajo, simplificación y agilidad.

• Un juez especializado con competencias exclusivas acabará con la dispersión de procedimientos

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Concursal y del Proyecto de Ley Orgánica para la Reforma Concursal, que modifica específicamente las Leyes, ambas orgánicas, del Poder Judicial y del Código Penal. Ambos Proyectos de Ley contienen la reforma de la legislación concursal y mercantil española, dando así un paso más en el camino de la modernización de la Justicia.

Este texto legal será trascendental para el progreso económico ya que supone la implantación de un procedimiento innovador, así como la creación de los nuevos Juzgados de lo Mercantil, que acercarán el mundo del Derecho al de la Economía con un objetivo fundamental: salvar las empresas en dificultades bajo el principio legal de que el cierre no sea la única alternativa a una crisis empresarial.

De la trascendencia de esta nueva legislación da idea un dato: supone la reforma de 29 leyes, las dos orgánicas y 27 ordinarias, entre las que destacan el Código Civil y el de Comercio, las Leyes Generales Presupuestaria y Tributaria, la de Enjuiciamiento Civil, la de Demarcación y Planta Judicial, etcétera.

Con esta nueva legislación, el Ejecutivo afronta una de las tareas legislativas más importantes para la modernización del ordenamiento jurídico español, ya que se recoge la nueva regulación de las quiebras, concursos y suspensiones de pagos, que se sustituyen por un procedimiento único, que ganará en agilidad y en transparencia. Como complemento fundamental de todo ello, se crearán los nuevos Juzgados de lo Mercantil y se atribuirá la competencia a un juez especializado en la materia, con potestad exclusiva para dirigir los procesos.

Procedimiento único

La novedad que supone la existencia de un único procedimiento, que salva la actual división entre la suspensión de pagos y la quiebra en el orden mercantil, lleva a dos posibles soluciones: el convenio o la liquidación. El Proyecto favorece en todo lo posible el convenio, admite su presentación y tramitación anticipada a efectos de que se apruebe cuanto antes, y plantea la liquidación como una solución subsidiaria para cuando no sea posible otra salida.

Uno de los objetivos de la nueva Ley es acabar con la dispersión normativa y con el anacronismo de la legislación vigente, ya que viene a sustituir preceptos legales con más de 150 años de antigüedad, como los relativos al Código de Comercio de 1829.

La Ley parte del principio de que un único juez conozca todas las materias relativas a la crisis empresarial, con lo que se acabará con la dispersión actual. Además, por primera vez un único texto legal recogerá todas las situaciones desde el principio de que es necesario agilizar estos procesos, dotarles de más transparencia y mayores garantías, y buscar un adecuado equilibrio entre todos los intereses en juego. Se pone fin a las dificultades que, por existir una legislación muy dispersa, repercuten negativamente en la empresa, los acreedores y los trabajadores cada vez que se inicia un procedimiento de quiebra o suspensión.

Salvar la empresa y los puestos de trabajo

Por su parte, los nuevos Juzgados de lo Mercantil tendrán a la cabeza jueces especializados que van a poner su atención sobre las vicisitudes de las empresas y van a estar, por tanto, más cerca del mundo empresarial y laboral.

Se busca, de este modo, dar respuesta objetiva desde el mundo de la Justicia a las situaciones de crisis e insolvencia empresarial, evitando que el cierre sea la única alternativa. Salvar la empresa y los puestos de trabajo es así el objetivo final de la norma.

Orden procesal

El Proyecto de Ley introduce sustanciales novedades en el orden procesal. La primera es la atribución exclusiva y excluyente al juez del concurso de jurisdicción en materias de especial trascendencia como son las ejecuciones y medidas cautelares que puedan adoptarse en relación con el patrimonio del concursado, incluida la competencia de otras jurisdicciones, aplicándose el derecho sustantivo civil o laboral.

Asimismo, el texto recoge la idea de una composición plural y especializada de la administración judicial, a la que competen funciones de impulso del procedimiento y capacidad de iniciativa, tanto desde el punto vista económico-patrimonial, como desde el jurídico.

Liquidación

Respecto a la liquidación, cuando dentro del procedimiento se llegue a ella de manera inevitable, se regula de una forma flexible. Destacan medidas como la aprobación de un plan de liquidación, sin exigir requisito sustantivo alguno, salvo la necesaria aprobación judicial, previa audiencia de todos los interesados e informe de la administración judicial. Además, se establece la obligación de que, salvo circunstancias excepcionales, el patrimonio susceptible de constituir unidades productivas de bienes o de servicios se enajene como un todo. De este modo se fomenta un sistema ordenado de realización de los pagos que evite los perjuicios que actualmente se producen.

La nueva Ley contiene modificaciones del sistema de recursos y propone la concentración de las apelaciones, que se simplifican de manera importante sin reducción de garantías. Concretamente, se trata de lograr que la Audiencia Provincial no se vea sometida a la tarea de resolver una pluralidad de recursos de apelación inconexos y parciales durante años de tramitación del concurso, que es lo que ocurre ahora, y que, en su lugar, se pueda revisar lo actuado en el Juzgado por fases completas y con la necesaria visión de conjunto para poder contribuir a perfeccionar la respuesta jurisdiccional en esta clase de procesos.

JUSTICIA

INCREMENTADAS UN 15 POR 100 LAS

RETRIBUCIONES DEL JURADO

• Se elevan también las dietas de los miembros de jurados, así como las indemnizaciones por gastos de viaje, alojamiento y manutención

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que revisa al alza las retribuciones, dietas e indemnizaciones que reciben los ciudadanos españoles por cumplir con su obligación constitucional de formar parte de un jurado en un procedimiento judicial. Se incrementan así en un porcentaje medio del 15 por 100 las retribuciones básicas diarias y las cantidades que se pagan por kilometraje, alojamiento y alimentos.

Las retribuciones y dietas del Jurado están fijadas en un Real Decreto de marzo de 1996. El Gobierno ha considerado que ha llegado el momento de revisarlas y modifica la cantidad que percibirá un jurado cada día que dure un juicio, que hasta ahora era de 55,89 euros, y a partir de ahora será de 60,70 euros. También se eleva la cantidad que recibe el ciudadano que es convocado a un proceso de selección de jurados pero que, finalmente, no entra en el grupo que ha de dictaminar la culpabilidad o inocencia de un acusado, cantidad que pasa de 27,95 a 30,35 euros.

Otras indemnizaciones

Pero un jurado no sólo recibe una retribución por desempeñar esa función. El Estado está obligado a cubrirle todos los gastos básicos que esta obligación le ocasione. Por ello, el Consejo de Ministros ha decidido subir de 0,05 a 0,07 euros la indemnización por kilómetro cuando el desplazamiento se realiza en motocicleta y de 0,14 a 0,17 euros cuando se usa un automóvil. El alojamiento se indemniza con 58,90 euros, frente a los 45,08 anteriores, y cada comida o cena con 18,33 euros frente a los 16,53 vigentes euros hasta hoy.

MEDIO AMBIENTE

APROBADO EL PLAN FORESTAL ESPAÑOL

• Tendrá una financiación de 2.200 millones de euros

• Reforestar 3,8 millones de hectáreas, duplicar el número de árboles por habitante y almacenar 60 millones de toneladas de carbono, entre su beneficio

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Forestal Español. La financiación prevista por el Ministerio de Medio Ambiente para este Plan en los próximos siete años asciende a 2.200 millones de euros.

El Plan Forestal Español es un instrumento para lograr una política forestal española común y coordinada y para avanzar en la gestión sostenible de los bosques. Los objetivos finales son, en el horizonte de treinta años, reforestar 3,8 millones de hectáreas, duplicar el número de árboles por habitante, aumentar el porcentaje de masas mixtas y elevar el porcentaje de los montes, tanto públicos como privados, que funcionan con instrumentos de gestión específicos.

El Plan tiene como fin avanzar en el desarrollo sostenible, fomentar la multifuncionalidad de los montes e impulsar la participación pública y social en la formulación de las políticas, estrategias y programas. Por otro lado, el Plan considera que los bosques contribuyen a la cohesión territorial a través del desarrollo rural, ya que permite la fijación de población y de empleo.

Los montes constituyen más del 70 por 100 de los espacios incluidos en la Red Natura 2000. Por ello, la conservación de la biodiversidad biológica española depende, en buena medida, de la protección de la biodiversidad forestal.

Gestión sostenible y conservación de la biodiversidad

El Plan Forestal pretende proteger el territorio ante la acción de los procesos erosivos y la degradación del suelo y el agua, mediante la restauración de la cubierta vegetal protectora, incrementando, al mismo tiempo, la fijación de carbono en la biomasa forestal para contribuir a paliar las causas del cambio climático.

También impulsará la gestión sostenible de los montes españoles, mediante el fomento de la ordenación y la selvicultura, y estimulará y mejorará las producciones forestales como motor económico y de desarrollo rural, en especial en áreas marginales y de montaña.

Otro de los objetivos es procurar la adecuada protección de los montes frente a la acción de incendios forestales, enfermedades, agentes bióticos, agentes contaminantes y elementos del clima y la defensa de su integridad territorial y estatus legal.

Además, el Plan apuesta por la promoción de la conservación de la diversidad biológica mediante el fomento del uso sostenible de sus componentes en los espacios forestales españoles, asumiendo los criterios y acciones pertinentes en la gestión forestal.

Por último, pretende promocionar un uso recreativo responsable de nuestros montes, así como la divulgación de una nueva cultura forestal, y el mantenimiento y mejora del marco adecuado de formación, información e investigación forestal.

Principales medidas propuestas

El Plan Forestal se ha estructurado en tres ejes de actuaciones: el primero se refiere a las actuaciones sobre el territorio; el segundo, a las acciones horizontales, socioeconómicas y culturales, dirigidas hacia la sociedad y su sistema económico, y el tercer eje incluye las acciones institucionales destinadas a los estamentos administrativos con responsabilidades sobre el conjunto de los montes españoles.

Para cada eje, el Plan presentado realiza un diagnóstico y propone unos objetivos y unas medidas, siempre contando con un horizonte temporal de treinta años. En total, el Ministerio propone cerca de 150 medidas entre las que se pueden destacar las siguientes:

• Actuaciones de restauración de la cubierta vegetal arbolada en un total de 3.800.000 hectáreas.

• Trabajos periódicos de selvicultura de mejora forestal en 1.400.000 hectáreas y de prevención contra incendios en dos millones de hectáreas.

• Apoyo, mejora y actualización permanente de la información y estadísticas forestales existentes y establecimiento de algunas nuevas: Inventario Forestal Nacional, Mapa Forestal de España, Inventario Nacional de Erosión de Suelos, Estadística de Incendios Forestales, Informe de las Redes Europeas de seguimiento de daños en los bosques, Anuario de Inversiones Forestales e Informe Forestal Español.

• Elaboración de unas Instrucciones Básicas de Ordenación y Aprovechamiento de Montes.

• Impulso a la planificación de recursos forestales: establecimiento de los Planes de Ordenación de Recursos Forestales a escala comarcal.

• Elaboración de un Plan Español de Dehesas.

• Apoyo a la certificación forestal.

• Refuerzo de la vigilancia y prevención de incendios forestales.

• Actualización de la normativa para la utilización y comercialización de los materiales forestales de reproducción.

• Integración de la conservación de la biodiversidad en la gestión forestal. Directrices y modelos de gestión en espacios forestales de la Red Natura 2000.

• Elaboración por las autoridades competentes de un Plan de la Industria Forestal.

• Fomento del asociacionismo forestal.

• Establecimiento del Comité Forestal en la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza.

Consecuencias de su aplicación

El documento de debate del Plan Forestal Español propone alguno de los indicadores sobre las consecuencias que podrían derivarse de su aplicación durante los treinta años previstos. Por ejemplo, se estima que con las acciones planteadas se podrían almacenar hasta 60 millones de toneladas de carbono, situación beneficiosa para combatir los problemas derivados de los gases de efecto invernadero.

También se podría elevar hasta un 60 por 100 el porcentaje de montes públicos con instrumentos de gestión, cuando en la actualidad estamos en un 12 por 100. En el caso de los montes privados, los que en este momento tienen instrumentos de gestión son el 1 por 100, mientras que con la aplicación del Plan Forestal podrían llegar a un 30 por

100.

Asimismo, se puede destacar que tras la aplicación del Plan aumentaría el porcentaje de masas mixtas de un 47 a un 65 por 100 y que el número de árboles por habitante pasaría de los 125 actuales que hay de media a 250.

Apoyo del Consejo Nacional de Bosques

El Plan Forestal Español cuenta desde el pasado lunes con el visto bueno del Consejo Nacional de Bosques, órgano asesor del Ministerio de Medio Ambiente en materia de montes y recursos forestales, compuesto por representantes de las Administraciones (general, autonómica y local), empresarios, propietarios forestales, consumidores, profesionales, científicos, universitarios y organizaciones no gubernamentales, tanto forestales, como conservacionistas.

Tras el proceso de participación pública que ha durado más de cinco meses, el texto definitivo se ha enriquecido al incorporar 507 alegaciones de las 669 que han sido presentadas, no sólo durante el periodo estipulado, sino también a lo largo del proceso de discusión. Por tanto, el documento recoge más del 72 por 100 de las alegaciones.

Entre los temas que se han incluido dentro del nuevo texto destaca un mejor tratamiento de los aspectos productivos y la industria forestal; la consideración explícita de los actores del Plan, destacando el papel de los propietarios privados de los montes en la puesta en marcha del mismo, y una mejor explicación de la certificación forestal como método para primar la gestión sostenible de los bosques.

ECONOMÍA

APROBADOS VEINTITRÉS CONVENIOS DEL

PLAN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN

• Van destinados a seis Comunidades Autónomas y suponen un total de 69,5 millones de euros

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras la firma de veintitrés convenios de colaboración específicos para la financiación de otras tantas actuaciones en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia y el Principado de Asturias, por un importe total de 69.518.062,00 euros.

Con esta autorización el número de convenios firmados con el conjunto de las Comunidades Autónomas del ámbito de la minería del carbón se eleva a 526 por un importe total, desde el inicio de la vigencia del Plan de la Minería del Carbón, de 1.450,09 millones de euros.

Andalucía

De las veintitrés actuaciones, una corresponde a inversiones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por un importe de 3.185.410,00 euros, que viene a unirse a los quince proyectos anteriormente firmados con un importe total conjunto de 36,85 millones de euros. El proyecto autorizado hoy es una residencia universitaria en Belmez.

Castilla-La Mancha

Dos actuaciones van destinadas a inversiones en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en Puertollano (ver listado), por un importe de 3.245.466,00 euros que, conjuntamente con las catorce actuaciones firmadas anteriormente dan un importe total de 18,64 millones de euros para un conjunto de quince actuaciones.

Cataluña

Dos actuaciones corresponden a la Comunidad Autónoma de Cataluña, en los municipios de Saldes y Vallcebre, por un importe de 1.304.197,00 euros, lo que da lugar, hasta el momento, a un conjunto de diez actuaciones en esta Comunidad por un importe conjunto de 41,44 millones de euros.

Castilla y León

Quince de las actuaciones tienen por destino a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Diez de ellas son inversiones en carreteras y cinco en restauraciones ambientales, todas ellas por un importe de 47.743.660,00 euros que, en unión de los 202 proyectos firmados anteriormente, eleva las inversiones del Plan de la Minería del Carbón en Castilla y León a 464,45 millones de euros.

Galicia

Un actuación corresponde a la carretera Cerceda-Autovía A6 en la Comunidad Autónoma de Galicia, por un importe de 11.875.684,00 euros, lo que eleva el número de actuaciones en Galicia a nueve y el importe conjunto a 46,01 millones de euros.

Asturias

Las dos restantes actuaciones se desarrollarán en el Principado de Asturias y corresponden a restauraciones ambientales y al suministro de gas en Tineo. El importe es de 2.163.645,00 euros y el conjunto de las actuaciones en la Comunidad Autónoma pasa a ser de sesenta por un importe de 665,35 millones de euros.

Otras actuaciones, hasta más de un centenar, se encuentran en diversas fases de negociación y tramitación con las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y el Principado de Asturias.

DEFENSA

PRORROGADA LA PRESENCIA DE UNIDADES ESPAÑOLAS

EN LOS BALCANES HASTA JUNIO DE 2003

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se prolonga hasta el 30 de junio de 2003 la participación de unidades españolas, hasta un máximo de 2.450 efectivos, en las operaciones de los Balcanes.

La presencia militar aliada en esta zona se está adaptando al actual nivel de seguridad en la región, para lo cual el Consejo del Atlántico Norte ha puesto en marcha un proceso de regionalización y racionalización de las fuerzas presentes que, posiblemente, permitirá la reducción de efectivos, mediante el redespliegue de fuerzas más móviles, flexibles y eficaces.

Igualmente, está prevista para el presente mes de julio la finalización de las misiones de apoyo aéreo a las operaciones que se vienen realizando por el Ejército del Aire en la zona, con el personal y medios desplegados en distintas bases de operaciones en Italia (180 efectivos). Por otra parte, corresponde a España aportar, durante los próximos seis meses, 30 efectivos adicionales a los Cuarteles Generales de la Alianza desplegados en los Balcanes, lo que limita la reducción real a 150 efectivos.

Por todo ello el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo que prolonga la participación de unidades y medios de las Fuerzas Armadas españolas en los Balcanes hasta el 30 de junio de 2003. La entidad máxima autorizada es de 2.450 efectivos. En dicha cantidad se incluyen las tropas de combate con sus apoyos específicos, los oficiales en Cuarteles Generales y los correspondientes apoyos navales y aéreos.

HACIENDA

CONVENIOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAJEROS

EN LA PALMA, LANZAROTE Y FUERTEVENTURA

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de los convenios de colaboración entre la Administración General del Estado, el Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares correspondientes para la financiación del transporte terrestre de viajeros en las islas de La Palma, Lanzarote y de Fuerteventura.

En los tres casos, el convenio de colaboración o contrato-programa estará vigente en el periodo 2002-2003 y regulariza los ejercicios 2000 y 2001. Además, el convenio determina que el Estado aportará el 50 por 100 de la inversión realizada, que asciende a 20.592.800 euros, por lo que la aportación estatal será de 10.296.400 euros.

La suscripción del contrato-programa de la isla de La Palma contempla una inversión total para el periodo 2000-2003 de 8.922.880 euros, que van destinados a la ampliación de flota y canceladoras, Estación de Guaguas y centro de mantenimiento Los Llanos de Aridane; Estación de Guaguas y centro de mantenimiento de Garafía; Estación de Guaguas de Fuencaliente, intercambiador de Guaguas de Santa Cruz de La Palma y marquesinas.

En el caso de la isla de Lanzarote, la inversión total es de 7.692.970 euros, que se dedicarán a la ampliación de flota y canceladoras, Estación de Guaguas, centro de mantenimiento, intercambiador y cocheras de Arrecife, Estación de Guaguas de Playa Blanca y plan de paradas y marquesinas.

El convenio para el transporte terrestre de viajeros en la isla de Fuerteventura supone una inversión para el periodo 2000-2003 de 4.697.330 euros, destinados a la ampliación de flota y canceladoras, Estación de Guaguas de Moro Jable y de Puerto Rosario y plan de paradas y marquesinas.

FOMENTO

OBRAS DEL NUEVO TRAZADO DEL EJE PIRENÁICO

ENTRE SABIÑÁNIGO Y FISCAL

• La longitud del tramo es de 23,285 km, con un presupuesto de 62,23 millones de euros

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de las obras del nuevo trazado de la carretera N-260 entre Sabiñánigo y Fiscal, en la provincia de Huesca. Este tramo del Eje Pirenaico aragonés (eje que llega a la frontera francesa por Port Bou) tiene una longitud de 23,285 km y su licitación se autoriza con un presupuesto de 62.230.368,28 euros y un plazo de ejecución de 48 meses. La obra se inscribe en el Programa de Acondicionamiento correspondiente al Capítulo de Carreteras del Plan de Infraestructuras 2000-2007 del Ministerio de Fomento.

La construcción del nuevo trazado de la carretera N-260 entre Sabiñánigo y Fiscal es fundamental para la Red General de Carreteras del Estado por motivos estratégicos, ya que permite dar continuidad al Eje Pirenaico en Aragón entre las localidades citadas, evitando el sinuoso itinerario actual, así como el tortuoso puerto de Cotefablo, a 1.423 metros de altitud, y acortando el recorrido en 29 km, lo que supondrá un ahorro de tiempo de veinte minutos. Por tanto, se mejorará sustancialmente la comunicación entre valles y se potenciará de forma decisiva la accesibilidad a Ordesa, con lo que se resuelve el tramo más complejo de la Vía Pirenaica.

Antecedentes

Esta nueva carretera constituye un compromiso del Partido Popular desde 1982, defendida reiteradamente en los debates presupuestarios desde 1983.

En septiembre de 1986 se redactó un Anteproyecto siguiendo las conclusiones del Estudio Previo, en el que se desarrollaban cinco alternativas. En el proceso de información pública y evaluación de impacto ambiental a que se sometió el Anteproyecto, se desarrolló un nuevo trazado (alternativa seis), fruto de una alegación de la Diputación General de Aragón, considerado como más conveniente por su Departamento Medioambiental. Esta alternativa incluía un túnel de dos kilómetros para atravesar el collado de Pedralba.

Tras otra posterior información pública, y a raíz nuevamente de las indicaciones del Departamento Medioambiental aragonés, se amplió la longitud del túnel hasta 2.625 metros, resultando la denominada "alternativa 6 modificada" que es la que se contempla finalmente en la Declaración de Impacto Ambiental formulada el 9 de diciembre de 1996 (BOE de 20 de febrero de 1997).

La aprobación del expediente de información pública y definitiva del Anteproyecto, incluyendo sus documentos complementarios, se llevó a efecto por resolución de 15 de abril de 1997 del Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes.

Con fecha 26 de diciembre de 1997, se dio la orden de estudio para la redacción del Proyecto de Construcción, licitado en el BOE de 19 de diciembre de 1998.Finalmente, el proyecto de construcción fue aprobado por la Dirección General de Carreteras el 24 de junio de 2002.

Descripción del proyecto

El trazado discurre entre las localidades de Sabiñánigo y Fiscal, atravesando los términos municipales de Yebra de Basa, Sobas y San Julián de Basa, destacando por su singularidad el paso por Fanlillo, el collado de Pedralba, Berroy y el cruce del río Ara.

El tramo comienza en el cruce con la carretera N-330 en Sabiñánigo y discurre sobre el trazado de la carretera actualmente existente de Yebra de Basa, mejorando alguna de las curvas de radio estricto. A partir de allí, en dirección a San Julián y hasta Fanlillo, donde termina dicha carretera, el proyecto continua con criterios similares mejorando, además, la rasante para ya acometer de nuevo el trazado.

Después de atravesar el collado de Pedralba con un túnel de 2.598 m de longitud y el cerro de Berroy con otro de 163 m de longitud, el trazado ya se dirige hacia Fiscal para, después de atravesar el río Ara con un puente de 80 m de luz, conectar con la carretera N-260.

El proyecto desarrolla una carretera convencional de siete metros, con arcenes de un metro. El radio mínimo en planta de las curvas proyectadas es de 200 m y la pendiente máxima del 8 por 100 en dos tramos de 1,0 y 3,0 km. Se disponen carriles adicionales para vehículos lentos y lechos de frenado y se han proyectado seis intersecciones a nivel para dar para el acceso a los núcleos de la zona.

Estructuras y túneles

Se proyectan tres puentes de quince metros de luz sobre barrancos y cinco grandes viaductos entre 90 y 200 m de luz con altura de pilas hasta de 60 m, todos ellos con plataforma de tres carriles, y, finalmente, el puente sobre el río Ara de 80 m de longitud. Además. se proyectan cuatro marcos de 5x4 para cruce de caminos y 100 obras de drenaje transversal.

El Túnel de Pedralba tiene 2.598 m de longitud, con una sección tranversal de 12,10 m que permite incluir tres carriles y rasante del 3 por 100. Se han proyectado refugios cada 370 m y una galería de evacuación bajo calzada de 3,50x2,50 con posibilidad de acceso rodado. Cuenta, además, con instalación de alumbrado, ventilación, detección y extinción de incendios, postes SOS, señalización y control

Por su parte, el Túnel de Berroy, de 163 m y 62 m de montera, tiene una sección de 14,00 m de ancho (tres carriles de ancho normal) y con iluminación proyectada.

FOMENTO

PRIMERA CALZADA DEL TRAMO TRUBIA-LLERA

DE LA AUTOVÍA OVIEDO-LA ESPINA (ASTURIAS)

Madrid, 5 de julio de 2002

• La longitud del tramo es de 4,101 km., tendrá un presupuesto de 34,32 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de las obras de la primera calzada del tramo Trubia-Llera de la Autovía A-63, Oviedo-La Espina, en Asturias. La longitud de este tramo es de 4,101 km y sus obras se autorizan con un presupuesto de licitación de 34.318.249,92 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Esta obra se inscribe en el Programa de Vías de Gran Capacidad correspondiente al Capítulo de Carreteras del Plan de Infraestructuras 2000-2007 del Ministerio de Fomento.

Con esta autorización, el Ministerio de Fomento continúa avanzando en el desarrollo y consecución de la Autovía A-63, Oviedo-La Espina. Su construcción forma parte del convenio firmado entre el Ministerio de Fomento y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, en el marco del Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón. Es una autovía de nueva construcción en el itinerario Oviedo-Trubia-Grado-Cornellana-Salas-La Espina.

En la red de carreteras actual es fundamental la N-634, cuya función principal requiere la conversión en autovía del itinerario, sin perjuicio de la continuidad de la antigua carretera con la función de vía colectora-distribuidora en la que permanecerá, además, el tráfico local de agitación.

Situación actual del corredor

Desde Oviedo hasta Latores el tramo ya tiene características de autovía y se encuentra en servicio. Desde Latores a Trubia está en fase de construcción con similares características.

En el subtramo Trubia-Llera, la primera calzada de la autovía entra hoy en fase de licitación, y en el subtramo Llera-Grado las obras de la primera calzada ya están adjudicadas y en ejecución. En ambos tramos, los proyectos de la segunda calzada se licitaron el 21 de marzo pasado.

Antecedentes

Con fecha 9 de febrero de 1998 la Dirección General de Carreteras aprobó provisionalmente el Estudio Informativo de "Acondicionamiento, Variante de trazado de la carretera N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Latores-Cornellana". Se seleccionó como más favorable la opción señalada como tal en el Estudio y se ordenó a la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias incoar el correspondiente expediente de Información Pública. Asimismo, se indicaba que la Información Pública se hacía también a efectos de Evaluación Ambiental.

Con fecha 17 de noviembre de 1998 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emitió la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Estudio Informativo, estableciendo una serie de prescripciones en cuanto a modificación del trazado previsto. El nuevo trazado debía incorporar un estudio de impacto ambiental y ser sometido a un proceso de información pública a efectos ambientales, de acuerdo con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental legalmente establecido.

Una vez conocido el contenido de la Declaración, el 19 de noviembre de 1999 el Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes resolvió aprobar el expediente de Información Pública y, definitivamente, el Estudio Informativo. Para su desarrollo en posteriores proyectos se seleccionó la denominada alternativa Nalón-Sur para los tramos Latores-Trubia y Llera-Grado, y se relegó a un posterior estudio la selección de la mejor alternativa para el cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental en el tramo Trubia-Llera.

El 15 de diciembre de 1998 se autorizó la redacción del Estudio Informativo de la Carretera N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela, p.k. 422,700 al p.k. 428,000, como primera calzada de futura Autovía, para velocidad de proyecto de 100 Km/H. Dicho Estudio fue aprobado provisionalmente el 1 de marzo de 1999, para someterse al trámite de Información Pública mediante publicación en el BOE de 5 de marzo de 1999. La correspondiente Declaración de Impacto Ambiental recayó con fecha 14 de enero de 2000 y, tras ella, la aprobación definitiva en fecha 2 de febrero de 2000.

El 4 de agosto de 2001 se publicó en el BOE la licitación del proyecto de construcción de la primera calzada de la Autovía entre Trubia y Llera, adjudicado por el Ministerio de Fomento el 28 de febrero de 2002. El proyecto fue aprobado por la Dirección General de Carreteras el 28 de junio.

Descripción del proyecto

El tramo discurre por el sur de las localidades de Priañes y Santa María de Grado, con afección moderada al río Nalón y cumpliendo las prescripciones impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental. El proyecto desarrolla una primera calzada de autovía de siete metros, con arcenes de 2,50 m y bermas de un metro.

El trazado proyectado comienza en el Enlace de Trubia para atravesar los meandros del río Nora con viaductos de 252 y 246 m de longitud, realizando el paso entre ambos viaductos mediante un túnel artificial de 105 m. A continuación, atraviesa la península de Priañes con un túnel de 611 m de longitud y a la salida cruza el río Nalón con un viaducto de 282 m. A partir del estribo de la margen izquierda del río Nalón, cruza el arroyo de Fuejo con un viaducto de 228 m. hasta llegar al enlace de Llera.

Estructuras, túneles y enlaces

Se han previsto cuatro viaductos: Nora 1, de 252 m; Nora 2, de 246 m; Río Nalón, de 282 m; Arroyo de Fuejo, de 228 m, así como dos pasos de camino, y dos túneles, uno de 611 m y otro artificial de 105 m. Los viaductos tienen calzada de dos carriles de 3,50 m, con arcenes de dos metros y apoyo de barrera de 0,50 m (total 12,00 m). Por su parte, los túneles tienen sección de dos carriles de 3,50 m, con 1,50 m de mediana cebreada, arcenes de un metro y aceras de 0,75 m (total 12,00 m).

En cuanto a enlaces, están previstos los siguientes enlaces: Enlace de Trubia, incluido en el tramo Latores-Trubia, y Enlace de Llera, ubicado en las inmediaciones del p.k. 9,500. Este enlace se incluye en el tramo Llera-Grado, excepto los dos ramales del lado Trubia que se incluyen en el tramo Trubia-Llera.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

TRASPASO DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO A ARAGÓN

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha aprobado el traspaso de las políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma de Aragón. El coste efectivo del traspaso de estos activos a la Comunidad de Aragón, que hasta ahora eran gestionados por el Instituto Nacional de Empleo, sobrepasa los 7,75 millones de euros. Los medios personales transferidos incluyen 259 puestos de trabajo y los materiales comprenden treinta inmuebles.

Por otra parte, se transfiere a la Comunidad Autónoma de Aragón, por una sola vez y sin integración en el coste efectivo del traspaso, la cantidad de 5,4 millones de euros, que estará destinada a financiar el equipamiento de un Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional.

La Comunidad de Aragón, en subvenciones relacionadas con este traspaso, gestionará anualmente más de 27,6 millones de euros.

Durante la presente legislatura las Comunidades Autónomas de Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y La Rioja, han recibido ya el traspaso de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.

HACIENDA

AUTORIZADA LA VENTA DE COOSUR/OLCESA AL

CONSORCIO JAEN OLIVA

• El comprador asegura la actividad y el empleo de estas empresas, en las que invertirá dieciséis millones de euros

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a que proceda a la venta del 89,3 por 100 del capital de Aceites Coosur S.A. y del 100 por 100 de las acciones de Oleaginosas del Centro S.A. (Olcesa), propiedad de la empresa pública Alimentos y Aceites (Alicesa). La operación ha recibido el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Privatizaciones.

La venta, por un importe de 7.007.000 euros, se realiza al consorcio JaenOliva S.A. -cuyo capital está formado por Aceites del Sur (80 por 100), Caja Rural de Jaén (10 por 100) y la sociedad cooperativa JaenCoop, S.C.A (10 por 100)- que resultó el adjudicatario del proceso de privatización de Coosur/Olcesa abierto por la SEPI.

El Consejo de Administración de SEPI decidió la adjudicación el pasado 24 de junio, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que rigen el Programa de Modernización del Sector Público empresarial.

Al proceso de privatización se presentaron cuatro ofertas vinculantes, siendo la de JaenOliva la que obtuvo mayor puntuación. Esta operación de venta asegura la actividad y el empleo de Coosur/Olcesa en los próximos años. Los representantes sindicales de los 250 empleados de Coosur/Olcesa suscribieron antes de la decisión de la SEPI, un acuerdo con la empresa por el que manifiestan su conformidad con las garantías de empleo incorporadas por SEPI en el contrato de compraventa.

Olcesa centra su actividad en la adquisición, molturación y extracción de aceite de semillas oleaginosas, principalmente girasol, en su fábrica de Tarancón (Cuenca). En cuanto a Aceites Coosur, su actividad principal consiste en el refino, envasado, almacenamiento y comercialización de aceites (especialmente de oliva), y cuenta con centros de producción en las localidades jiennenses de Vilches y Puente del Obispo.

La integración de Coosur/Olcesa con Aceites del Sur hará posible la constitución de un nuevo grupo aceitero español con dimensión suficiente para competir en los mercados nacionales e internacionales. El negocio principal de Aceites del Sur es el aceite de oliva, con unas ventas anuales en el mercado nacional e internacional que alcanzan las 40.000 toneladas, alrededor del 54 por 100 de sus ventas totales. Sus productos se distribuyen en unos sesenta países de los cinco continentes y es la empresa española líder del mercado en diez de esos países

Características de la oferta.

Las principales características de la oferta de Jaenoliva S.A. son las siguientes:

• Asunción de los compromisos mínimos incondicionales por tres años que se exigen en el modelo de oferta.

• Ofrecimiento de un precio total de 7.007.000 euros por la totalidad del capital objeto de la oferta.

• Compromiso de no acometer un expediente de regulación de empleo durante los próximos tres años.

• Plan de inversiones por importe aproximado de dieciséis millones de euros, concretado en activos fijos, I+D, nuevos productos, formación y comunicaciones.

• Ampliación de capital necesaria para compensar las pérdidas de Coosur/Olcesa desde la última ampliación de capital, y compromiso de realizar otra ampliación de capital para reducir el endeudamiento a corto plazo.

• Redistribución de líneas de actividad que aumentará la actividad de la planta. Fortalecimiento de la exportación.

• Acciones para reforzar distintas áreas funcionales, como la ejecución de inversiones medioambientales y la comercialización de otros productos bajo la marca "Coosur"

MEDIO AMBIENTE

CONVENIO CON EL CANAL DE ISABEL II PARA

EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS DE MADRID

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y el Canal de Isabel II para la ejecución de diversas obras de ampliación y mejora del saneamiento y depuración de las aguas de la Comunidad de Madrid.

El importe de este convenio asciende a 118.551.200 euros, de los que el 85 por 100 serán financiados por la Confederación a través de los Fondos de Cohesión y el 15 por 100 restante por el Canal de Isabel II.

Descripción de las obras

Las obras que va a realizar la Confederación Hidrográfica del Tajo a lo largo de los cinco años que dura este convenio de colaboración son las siguientes:

• Construcción de emisarios primarios de la fase II del Sistema Culebro, que se desglosa en tres ramales: el ramal mancomunado desde la estación depuradora de aguas residuales de Fuenlabrada-Culebro hasta la arqueta de reunión del emisario de Getafe, con una longitud de 7.760 metros; ramal mancomunado desde la arqueta de reunión del emisario de Getafe hasta la estación depuradora de aguas residuales de Getafe-Culebro, con una longitud de 5.250 metros y ramal de Getafe, con una longitud de 6.950 metros.

• Construcción de la estación depuradora de aguas residuales de la cuenca baja del Arroyo Culebro (sector Getafe). Esta depuradora estará situada en unos terrenos del término municipal de Getafe, en las proximidades del arroyo Culebro, a unos dos kilómetros aguas arriba de su desembocadura en el río Manzanares. La superficie total ocupada por la parcela es de, aproximadamente, 54 hectáreas e incluye los metros cuadrados necesarios para eventuales ampliaciones futuras. La depuradora será diseñada, en una primera fase, para un caudal medio de aguas residuales de dos metros cúbicos por segundo y contempla una posible ampliación futura en la que se alcanzarían cuatro metros cúbicos por segundo. Esta depuradora cuenta con una declaración de impacto ambiental favorable, según consta en una reciente resolución del Ministerio de Medio Ambiente.

Las obras estarán terminadas en el año 2006 y forman parte de las que contempla el Plan Hidrológico Nacional para la Comunidad de Madrid, donde está prevista la inversión de 187 millones de euros hasta el año 2008 para sanear y depurar sus aguas.

MEDIO AMBIENTE

OBRAS DE EMERGENCIA PARA AUMENTAR

LA DOTACIÓN DE AGUA A MELILLA

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a las obras de emergencia que el Ministerio de Medio Ambiente lleva a cabo para aumentar la dotación de agua a la ciudad de Melilla, con un presupuesto de 650.000 euros.

Las obras consisten en la construcción de cuatro pozos con sus correspondientes equipos de bombeo y demás dotaciones necesarias para suministrar agua a una población que podría tener problemas de abastecimiento especialmente en esta época del año.

Los pozos están situados en los pinares de Rostrogordo y en las inmediaciones de la presa de las Adelfas. Proporcionarán agua de buena calidad y, a partir de su entrada en funcionamiento, Melilla contará con un caudal de 50 litros por segundo, equivalente a 4.400 metros cúbicos al día, lo que supone un notable incremento en el suministro de la ciudad.

El Ministerio de Medio Ambiente acomete estas obras de emergencia que mantendrán sin problemas a la ciudad en tanto se terminen de realizar las obras definitivas de mejora del abastecimiento a Melilla (Adelfas) y la desaladora de agua marina.

FOMENTO

OBRAS DE EMERGENCIA EN

CUATRO PROVINCIAS

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha tomado razón de las obras de emergencia que realiza el Ministerio de Medio Ambiente en diversas carreteras de las provincias de Madrid, Ourense, Málaga y Almería, por un importe total conjunto de 10,5 millones de euros. Todas estas obras de emergencia se inscriben en el marco del Programa de Conservación y Explotación correspondiente al Capítulo de Carreteras del Plan de Infraestructuras 2000-2007 del Ministerio de Fomento.

M-40 (Madrid)

Las obras de emergencia en esta autovía consisten en la construcción de un cuarto carril desde la N-VI a la carretera M-607, por un importe de 8.716.320,85 euros. Con objeto de evitar las condiciones de riesgo para la circulación, asociadas a las retenciones del tráfico que se producen en el citado tramo de la autovía de circunvalación M-40 de Madrid, es necesario el establecimiento de medidas que eviten las paradas en el interior de los túneles de El Pardo. Para ello se aumenta la sección de la vía mediante la construcción de un cuarto carril en ambas márgenes.

Ourense

A 1.471.135,83 euros ascienden las obras de emergencia para la construcción de muros y refuerzos de anclajes en las márgenes de la CN-120 (Logroño-Vigo), entre los p.k. 583,6 y 584, y en la A-52 (Autovía Benavente-Vigo), en el término municipal de Cenlle, en la provincia de Ourense. Estas obras contarán con un presupuesto de 1.471.135,83 euros.

Los fuertes temporales de lluvias acaecidos este invierno en la provincia de Ourense produjeron un considerable efecto desestabilizador en los taludes existentes en los citados puntos kilométricos de la carretera N-120, así como el deterioro de un muro de mampostería de 60 metros en la denominada Travesía de Brabantes, de la A-52. Para reparar estos daños es necesario realizar la construcción de un muro de piedra y reposición de la barandilla en el talud afectado, así como la reconstrucción del muro deteriorado de la A-52.

Málaga

Las obras de emergencia en la provincia de Málaga afectan a la consolidación de la estructura del puente sobre el río Fuengirola situado en el p.k. 207 de la CN-340 (Cádiz-Gibraltar-Barcelona), en el término municipal de Málaga, y tienen un presupuesto de 200.000 euros. Este puente ha sufrido durante largo tiempo, debido a su escaso gálibo, numerosos impactos de vehículos que pasaban bajo él, lo que ha ocasionado la pérdida del hormigón de recubrimiento de las vigas, quedando al descubierto las armaduras del puente. Ello, unido al efecto corrosivo del ambiente marino, hace necesario estas obras de emergencia para evitar situaciones de peligro de derrumbamientos.

Almería

Por último, el Consejo de Ministros ha tomado razón de las obras de emergencia para la restitución de una pasarela peatonal en el p.k. 412,4 de la CN-340 (Cádiz-Gibraltar-Barcelona), enlace 15, en el término municipal de El Ejido, con un presupuesto de 120.000 euros. El impacto del basculante de un camión provocó la rotura del tramo central de esta pasarela, por lo que el tráfico quedó cortado y desviado por los enlaces más cercanos durante su demolición y retirada. Para la restitución de la citada pasarela es necesaria la limpieza de las armaduras y zonas de apoyo afectadas, la colocación de una viga prefabricada, la reposición de la barandilla y el refuerzo de pilares.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA

LEYES DE EXTREMADURA Y CANARIAS

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha acordado interponer dos recursos de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de sendas leyes de las Comunidades Autónomas de Extremadura y Canarias, relacionadas ambas con el sector eléctrico.

El Ejecutivo entiende, en el caso de la normativa extremeña (Ley 2/2002, de 25 de abril), que la Administración General del Estado es la que determina los objetivos de calidad del servicio; que los descuentos que se pretenden imponer en la facturación por incumplimiento de los niveles de calidad son diferentes e incompatibles con los fijados en la legislación estatal, y que las previsiones de mayores costes para las empresas que distribuyen y comercializan energía eléctrica, vulneran lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico.

En el caso de la ley canaria (Ley 2/2002, de 27 de marzo), el Gobierno señala que se están confundiendo las atribuciones que legalmente corresponden al Operador del Sistema, con las que la legislación básica estatal atribuye al gestor de las redes y, en consecuencia, constituyen una vulneración de las competencias que ostenta el Estado en relación con las bases del régimen energético.

ECONOMÍA

MATERIAS PRIMAS MINERALES PRIORITARIAS

A EFECTOS DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto, como continuación de otros dictados años anteriores, en el que se efectúa la declaración de las materias primas minerales y de las actividades con ellas relacionadas que se declaran prioritarias y consecuentemente sobre las que podrán aplicarse los beneficios fiscales concedidos por la Ley del Impuesto de Sociedades del 27 de diciembre de 1995, si se cumplen las demás condiciones en ella establecidas.

De acuerdo con dicha Ley, las entidades que realicen los aprovechamientos de una o varias materias primas minerales declaradas prioritarias tendrán una serie de beneficios fiscales. La relación de estas materias primas minerales es la siguiente:

(*) Attapulgita, Caolinita, Montmorillonita (Bentonita), Sepiolita y Vermiculita.

(**) Arenisca, Basalto, Caliza, Cuarcita, Diabasa, Dolomía, Fonolita, Gabro, Granito, Mármol, Pizarra, Serpentina y Traquita.

INTERIOR

AMPLIADA LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN

INTERMINISTERIAL DE EXTRANJERÍA

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica la composición de la Comisión Interministerial de Extranjería, a la que se incorporan la Subsecretaria del Ministerio del Interior y el Secretario General de Empleo.

La Comisión Interministerial de Extranjería coordina la actuación de los Ministerios con competencias sobre el régimen de entrada, permanencia, trabajo e integración social de los extranjeros en España.

Composición

Presidida por el Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, la Comisión tendrá, a partir de ahora, los siguientes miembros:

• Los Subsecretarios de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Hacienda, Interior, Educación, Cultura y Deporte, Trabajo y Asuntos Sociales, Presidencia, Administraciones Públicas, Sanidad y Consumo y Economía.

• De Presidencia del Gobierno, un representante del Gabinete del Presidente del Gobierno

• Del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Director General de Asuntos Consulares y Protección de Españoles en el Extranjero y un representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional.

• Por parte del Ministerio de Justicia forman parte el Director General de Registros y el de Notariado.

• Un representante del Ministerio de Hacienda.

• Del Ministerio del Interior, asistirán los Directores Generales de la Guardia Civil, la Policía y Extranjería e Inmigración.

• Por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales son miembros el Secretario General de Asuntos Sociales, el Secretario General de Empleo y los Directores Generales de Ordenación de las Migraciones y del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.

• Del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el Secretario General de Educación y Formación Profesional y el Director General de Cooperación Territorial y Alta Inspección.

• Por parte del Ministerio de la Presidencia, el Secretario General Técnico.

• El Director General de la Administración Periférica del Ministerio de Administraciones Públicas.

• El Director General de Salud Pública y Consumo, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Y el Secretario General de Política Económica y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía.

Como secretario de la Comisión estará el Director General de Extranjería e Inmigración.

HACIENDA

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE PARADORES

PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo sobre modificación del presupuesto de capital de Paradores de Turismo de España S.A. correspondiente al año 2002.

Esta modificación del presupuesto supone un incremento de las dotaciones de Paradores de 18.030.000 euros y sirve para llevar a cabo la construcción del futuro parador de Alcalá de Henares y de la Escuela de Alta Gestión Hotelera, que no estaba contemplada en el presupuesto inicial.

Estas dos nuevas construcciones se realizarán sobre el inmueble de Alcalá de Henares, correspondiente a la antigua cárcel de mujeres de la ciudad, de la que se van a conservar la fachada y otros elementos arquitectónicos de especial interés. Actualmente, el edificio pertenece a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A. (SIEPSA).

Modificado el Presupuesto de ENISA

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado también el acuerdo sobre modificación del presupuesto de capital de la Empresa Nacional de Innovación S.A. (ENISA) correspondiente al ejercicio 2002.

El incremento del presupuesto de ENISA, por importe de 6.010.000 euros, servirá para que esta sociedad siga avanzando en el desarrollo de su principal actividad, que es el apoyo financiero a las pymes a través de préstamos participativos, una alternativa al capital riesgo y el préstamo bancario tradicional.

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

REGULADO EL FUNCIONAMIENTO E INSTALACIONES

DE LOS CENTROS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• Se trata de garantizar las condiciones sanitarias de los vehículos dedicados al transporte de ganado

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen las condiciones básicas para los equipos, instalaciones y funcionamiento de los centros de limpieza y desinfección de vehículos dedicados al transporte de ganado bovino, porcino, ovino, caprino, equino, así como de conejos, aves de corral y especies de caza, tanto de granja como silvestre.

La autorización de los centros, que será competencia de las Comunidades Autónomas, estará sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos, como su ubicación a una distancia mínima de un kilómetro de cualquier explotación ganadera, y en zonas que no estén sometidas a restricciones o prohibiciones por la legislación sanitaria vigente.

En caso de que se declare una epizootía que restrinja los movimientos en la zona donde se encuentren instalados, los centros afectados sólo podrán dar servicio a los vehículos de esa zona.

Responsable

La nueva normativa establece igualmente que, para su funcionamiento, los centros deberán disponer de una persona que se responsabilice de la elección y dilución del desinfectante, así como de la limpieza y desinfección de los vehículos, y del control de la documentación, entre la que figurará un certificado o talón de desinfección que se emitirá tras las operaciones de limpieza, y cuyo número constará en el precinto que se colocará en los vehículos una vez finalizado todo el proceso.

La limpieza y desinfección de los vehículos destinados al transporte de ganado solo podrá llevarse a cabo en centros autorizados, deberá realizarse en el que esté situado más próximo al lugar donde se haya producido la descarga de los animales transportados.

Fomento de nuevos centros

Con objeto de fomentar la instalación de nuevos centros, el texto aprobado contempla la posibilidad de que la Administración General del Estado participe en la financiación de las ayudas que establezcan las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, y conforme lo previsto en la normativa básica de fomento de las inversiones para la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de alimentación.

Tanto los talones y documentos acreditativos de desinfección, como los centros que hayan sido autorizados con anterioridad por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, dispondrán de un período de adaptación de seis meses para su adaptación a los nuevos requisitos

Con la aprobación de esta normativa, quedan establecidos unos procedimientos básicos, de aplicación en todo el territorio nacional, que permitirán asegurar unas condiciones sanitarias adecuadas para el transporte de ganado, que fundamentalmente se lleva a cabo por carretera, tanto para la circulación entre Comunidades Autónomas, como para el mercado intracomunitario.

MEDIO AMBIENTE

MULTA AL AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO (BADAJOZ)

POR UN VERTIDO ILEGAL DE AGUAS RESIDUALES

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se impone al Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz) una multa y la obligación de indemnizar por los daños causados al dominio público hidráulico por un vertido ilegal de aguas residuales al arroyo Harnina. La multa asciende a 300.506 euros y la indemnización por los daños causados es de 104.017 euros.

El Consejo de Ministros ha tomado esta decisión como consecuencia del expediente incoado por la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en octubre de 2001, después de que el personal de este organismo detectase en mayo y junio del mismo año el vertido de aguas residuales al cauce del arroyo con el consiguiente deterioro de la calidad del agua.

Esta actuación del Ayuntamiento de Almendralejo es considerada, al amparo de la Ley de Aguas, como infracción que se agrava al existir antecedentes que comprueban la reiteración de los vertidos y sus correspondientes sanciones durante los años 1996, 1998 y 2000.

ASUNTOS EXTERIORES

ACUERDO CON VENEZUELA PARA EVITAR

LA DOBLE IMPOSICIÓN

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Convenio entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela para evitar la doble tributación y prevenir la evasión del fraude fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio.

Tiene por finalidad impedir la discriminación entre los contribuyentes de ambos Estados y ofrecer un elemento de seguridad jurídica y fiscal que favorezca los intercambios comerciales entre los dos países y facilite la cooperación entre las autoridades fiscales en el desempeño de sus funciones.

Se aplica a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio exigibles por cada uno de los Estados contratantes, cualquiera que sea el sistema de su exacción.

Como es habitual en este tipo de Acuerdos de carácter tributario, se aborda la regulación del principio general de eliminación de la doble imposición al objeto de evitar que los nacionales de un país que obtengan rentas en el territorio del otro vean doblemente gravada su base imponible, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como en el Impuesto sobre el Patrimonio.

También se contempla el principio de no discriminación tributaria en virtud del cual los nacionales de un Estado no serán sometidos en el otro a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia.

Asimismo, se regulan cuestiones relativas a la tributación de los rendimientos inmobiliarios, beneficios empresariales, transporte náutico y terrestre, empresas asociadas, cánones y ganancias de capital. Finalmente, se establecen reglas de tributación de artistas, deportistas, profesores e investigadores.

ECONOMÍA

NUEVO PRÓRROGA PARA EL VENCIMIENTO DE LOS CRÉDITOS A LOS AFECTADOS POR LA CATÁSTROFE DEL BUQUE "MAR EGEO"

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se concede una prórroga de cuatro meses, hasta el 31 de octubre de 2002, del plazo del vencimiento de las líneas de crédito actualmente en vigor concedidas a los pescadores, mariscadores y empresas de acuicultura afectados por la catástrofe del buque "Mar Egeo" .

Dicha prórroga se concede con la finalidad de que los prestatarios puedan percibir los derechos indemnizatorios que ostentan frente al Fondo Internacional de Compensación de Daños por Hidrocarburos (FIDAC) u otras entidades públicas o privadas, que deberían aplicarse a la amortización del importe vivo de los préstamos.

La prórroga sólo será de aplicación a aquellas operaciones que estén al corriente de pago de los intereses vencidos al 30 de junio de 2002 o que se pongan al corriente de pago de los mismos antes del 15 de julio de 2002.

Medidas de apoyo

Tras el hundimiento del buque en 1992 se arbitraron diversas medidas de apoyo a los damnificados, entre ellas créditos del Instituto de Crédito Oficial, mientras se determinaban las responsabilidades por el siniestro y se concretaban las indemnizaciones por parte del FIDAC.

El Consejo de Ministros autorizó la constitución de varias líneas de crédito y mediación a favor de los mariscadores y pescadores de bajura así como a las empresas de acuicultura afectadas por la catástrofe. Los primeros recibieron 3.000 millones de pesetas para 4.000 prestatarios integrados en trece cofradías, mientras que los segundos han recibido en forma de línea directa 9.500 millones de pesetas, cantidad que ha sido dispuesta por 61 empresas. Ambas líneas tienen como garantía los derechos de cobro de las indemnizaciones a recibir del Fondo Internacional de Compensación de Daños por Hidrocarburos.

El vencimiento de estas líneas, tras varias prórrogas, se fijó para el 30 de junio de 2002 para las operaciones que estuvieran al corriente de pago de los intereses.

FOMENTO

NUEVO REGLAMENTO PARA FORJADOS DE HORMIGÓN

REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS

• Se prohibe el empleo de materiales de baja calidad y se profundiza en el control de calidad de los forjados

Madrid, 5 de julio de 2002

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con la nueva Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados, que sustituye a la actualmente vigente aprobada por Real Decreto de 20 de diciembre de 1996.

La nueva Instrucción parte de un proyecto elaborado a iniciativa de la Comisión Permanente del Hormigón, órgano colegiado interministerial creado en 1968 y radicado en el Ministerio de Fomento. Se trata de un texto reglamentario de aplicación a todas las obras, públicas o privadas, en las que se ejecuten forjados de hormigón realizados con elementos prefabricados.

La necesidad del nuevo texto reglamentario radica en que, desde la fecha de aprobación de la anterior Instrucción se ha producido un sensible avance en el conocimiento sobre algunos aspectos ligados a los materiales, al proyecto y a la ejecución de este tipo de sistemas constructivos. Por ello, la Comisión Permanente del Hormigón contempló la conveniencia de preparar un nuevo texto que revisara la anterior Instrucción.

Respecto a su contenido técnico, se han modificado las exigencias de los materiales, elevando la resistencia mínima del hormigón, prohibiendo la posibilidad de emplear materiales de baja calidad y estableciendo prescripciones adecuadas para todos los elementos del sistema constructivo.

Cambio en los métodos de cálculo

Se han introducido algunos cambios en los métodos de cálculo para el proyecto de los forjados, encaminados básicamente a optimizar los procedimientos analíticos empleados en los estados límites de fisuración y deformación, ambos de gran trascendencia en el correcto comportamiento del forjado durante su vida útil.

La durabilidad ha sido otro de los parámetros básicos de la revisión efectuada. Se ha planteado una clasificación que permite la identificación de la agresividad del ambiente al que está sometido el forjado, en función de la presencia de humedad, entorno marino, industrial, existencia de heladas, etcétera. A partir del tipo de ambiente, se plantea una estrategia de durabilidad, enfocada a garantizar el correcto comportamiento del mismo durante su vida útil. Dicha estrategia engloba aspectos ligados tanto a los materiales, como al propio proyecto y ejecución del forjado.

Además, se ha profundizado en el control de calidad de los forjados. En este aspecto, se han dispuesto los sistemas adecuados para procurar que la documentación técnica de los mismos permita disponer tanto de una garantía para el usuario, como de una información veraz para la Dirección Facultativa (Ingeniero o Arquitecto) sobre sus características resistentes y de durabilidad.

Disminución de patologías

Con la revisión efectuada, se confía en mejorar el comportamiento de los forjados a lo largo de su vida útil y, por lo tanto, disminuir la aparición de algunas patologías que en la actualidad se vienen produciendo en ciertas circunstancias. Todo ello conllevará, además, la disminución consiguiente de las necesidades presupuestarias que tienen las diversas Administraciones públicas para hacer frente a las citadas patologías.

El texto de la nueva Instrucción garantiza, igualmente, la imprescindible coherencia con el resto de la reglamentación actualmente existente para el proyecto y la ejecución de estructuras de hormigón, y en particular, con la Instrucción de Hormigón Estructural, aprobada por Real Decreto de 11 de diciembre de 1998 .