Referencia Consejo de Ministros

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 705/2026, de 26 de agosto, por el que se aprueba la Declaración de Recursos a emplear en la situación de interés para la Seguridad Nacional en la ciudad de Ceuta, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del contrato del servicio de vigilancia y seguridad de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Girona, por importe de 40.962,03 euros, IVA incluido.

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia en la contratación de las obras para el suministro de agua para riego a los usuarios del tramo bajo del sistema Guadiamar desde el sistema de regulación general del Guadalquivir para la campaña 2026, por un importe de 600.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las actuaciones necesarias para dotar de una infraestructura provisional de abastecimiento alternativo a la población de Segovia, desde el embalse del Pontón Alto hasta la ETAP de Rancho el Feo, para evitar el riesgo de desabastecimiento de agua potable como consecuencia del vaciado del embalse de El Tejo y la infraestructura de abastecimiento alternativo al municipio de El Espinar, por un importe máximo de 2.389.958,36 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para garantizar la continuidad del servicio del sistema de cálculo de altas prestaciones (HPC) de la Agencia Estatal de Meteorología, por un importe máximo de 1.088.106,02 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las actuaciones necesarias para la consolidación de las ruinas de la fábrica de harinas vinculada al Canal de Castilla en la localidad de Grijota (Palencia), por un importe máximo de 1.196.852,08 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia de las obras de reparación de la presa Gabriel y Galán como consecuencia de las avenidas de enero y febrero de 2026 (Cáceres), por un importe máximo de 540.000 euros.
• ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras del proyecto de protección frente a inundaciones en el barranco de La Saleta, tramo 2: Aldaia ‐ Vía Verde, Valencia.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., para el desarrollo de las estrategias marinas españolas.

• REAL DECRETO-LEY por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta.
• REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública de la ciudad de Melilla para la atención integral de los usuarios del Centro de atención a personas con discapacidad intelectual «Francisco Gámez Morón», perteneciente a la ciudad de Melilla.
• ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.
• ACUERDO por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogados para 2026, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de las oficinas de justicia en los municipios.

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de granadas de mortero, por un valor estimado de 111.348.930 euros.
  
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de carretillas elevadoras todo terreno y eléctricas para el Ejército de Tierra, por un valor estimado de 43.556.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para el servicio integral de apoyo a la ingeniería y el sostenimiento de los sistemas de armas del Ejército del Aire y del Espacio, por un valor estimado de 153.331.236,24 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para el suministro de víveres a unidades de la Armada en territorio nacional, por un valor estimado de 100.000.000,02 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de cascos de combate, por un valor estimado de 61.560.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato para la adquisición de un buque multipropósito clase Carnota con capacidad de remolque de altura, por un valor estimado de 30.000.000 de euros.

• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones para realizar actuaciones de interés general en las ciudades de Ceuta y Melilla.
• ACUERDO por el que se autoriza una variación de crédito, por un importe de 620.903,04 euros, en la Agencia Española de Protección de Datos para financiar gastos derivados del arrendamiento de edificios.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 16.655.560,96 euros, y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio del Interior para financiar el servicio de asistencia sanitaria penitenciaria en cumplimiento de sentencias judiciales firmes.
• ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 1.483.000.000 de euros, al Ministerio de Industria y Turismo con objeto de financiar la realización de actuaciones previstas en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Organismo Autónomo Real Patronato sobre Discapacidad, por importe de 8.000.000 de euros, para la financiación del programa de cooperación territorial de Educación inclusiva y mejora de la atención temprana para el alumnado con trastorno del espectro del autismo en 2026.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, por importe de 50.000.000 de euros, al objeto de financiar la contratación de personas desempleadas en labores de reconstrucción de las zonas dañadas por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en municipios de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.
  
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2026 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a MAZ, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 11, la contratación del expediente de mantenimiento de determinados equipos, así como la contratación de la reforma del hospital de Zaragoza y del suministro de equipamiento y mobiliario.
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2026 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a Umivale Activa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 3, la prórroga de un expediente de contratación para el suministro de botiquines para las empresas asociadas.
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2026 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a Umivale Activa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 3, la contratación y la tramitación anticipada de diversos expedientes de inversiones reales.
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2026 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a Umivale Activa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 3, la contratación, la prórroga y la tramitación anticipada de diversos expedientes de gastos corrientes en bienes y servicios.
• ACUERDO por el que se fijan los límites para adquirir durante 2026 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la tramitación de convenios de cooperación educativa para la realización de prácticas curriculares por parte de los estudiantes de universidades que computan para la obtención del respectivo título académico.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la tramitación de diversos expedientes de gastos plurianuales que afectan a diferentes capítulos de gasto del Departamento.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Consejo de Administración del Patrimonio Nacional la tramitación de nuevos gastos correspondientes al capítulo 2 "Gastos corrientes en bienes y servicios".
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para la realización de diversos gastos corrientes en los programas 144A "Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior", 335A "Música y danza" y 335B "Teatro", por parte de la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la tramitación anticipada de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de la XI edición del programa "Campus Inclusivos, Campus sin Límites".
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con el fin de posibilitar al Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria el reajuste de anualidades correspondiente a las ayudas para programas de información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevar a cabo diversas actuaciones relativas a "Inversiones reales".
• ACUERDO por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Industria y Turismo la financiación de la convocatoria de ayudas "Plan de apoyo a la renovación de equipamiento en el sector de la hostelería".
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con la finalidad de posibilitar a la Oficina Española de Patentes y Marcas, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, la formalización de diversos contratos relativos a gastos corrientes en bienes y servicios.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Defensa financiar catorce nuevos programas especiales de modernización incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a fin de posibilitar la tramitación de diversos expedientes de gasto con cargo al artículo 22 "Material suministros y otros".
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, para la tramitación de diversos contratos relativos a inversiones reales.
• ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Industria y Turismo la financiación de diversos programas en el marco de los Planes Especiales de Modernización de la Defensa en el periodo 2027-2032.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos la tramitación de un nuevo contrato para la reforma y acondicionamiento de su sede.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Hacienda, para posibilitar la contratación de diversos servicios de mantenimiento y soporte informático, así como de servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas destinados a mantener las infraestructuras operativas y actualizadas por parte de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria llevar a cabo distintas contrataciones de tramitación anticipada y plurianual relacionadas con bienes, servicios e inversiones.
  

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 485/2025, de 17 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 874/2017, de 29 de septiembre, por el que se regula el apoyo oficial en forma de subvención al tipo de interés de los créditos para la construcción de buques, y el Real Decreto 1071/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión de ayudas al sector de construcción naval en materia de investigación, desarrollo e innovación.

• ACUERDO por el que se toma razón de la modificación de la declaración de emergencia para la finalización de las medidas de recuperación del potencial productivo a través de la restauración de explotaciones agrarias afectadas por los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, por un importe adicional de 75.248.595,14 euros.

• INFORME actualizado sobre la situación de Ceuta.

• REAL DECRETO por el que se declaran los sistemas históricos y tradicionales de regadío como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

• PROYECTO DE LEY del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de diversas subvenciones en materia de medicamentos y productos sanitarios durante el ejercicio 2026.
• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial de los créditos gestionados por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para el Programa de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, de formación para facultativos/as médicos/as, odontólogos/as, farmacéuticos/as y enfermeros/as y de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de medicamentos, el Plan Nacional de donación de médula ósea, Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical, Programa marco de calidad y seguridad para la obtención y trasplante de órganos humanos y el Programa para la optimización de los sistemas de información que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes, en el ejercicio presupuestario 2026, en el marco de la aplicación de la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, por importe de 50.268.707,07 euros.
• ACUERDO por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de mayo de 2026, por el que se autoriza la celebración de un Acuerdo Marco para la selección de proveedores para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de equipos de cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas (lc-ms) para laboratorios clínicos del Sistema Nacional de Salud, con un valor estimado de 78.540.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) a celebrar un contrato de suministro de 613.600 dosis de vacunas de proteínicas frente a la COVID-19 a través de un contrato específico derivado del Contrato Marco de suministros HERA/2024/CPN/0006, por un importe de 14.039.168 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2026, al trabajo "Financiación pública para la I+D farmacéutica y necesidades médicas no cubiertas" incluido en el programa de trabajo y presupuesto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por importe de 90.000 euros.

• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del crédito destinado a subvencionar programas de interés general considerados de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, para el año 2026, por importe de 432.818.240,70 euros.

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la tramitación del contrato de obras de reparación para la estabilización y consolidación de elementos estructurales en el Colegio Mayor César Carlos, por importe de 1.150.149,20 euros.

• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la financiación de iniciativas locales destinadas a la consecución de los objetivos del Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Espacio Natural de Doñana, en el ámbito de la inclusión social en el ejercicio presupuestario 2026.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia inicial, así como de sus ampliaciones, para la prestación de servicios, realización de obras y la adquisición de suministros esenciales para atender las necesidades básicas de personas migrantes llegadas a la ciudad de Ceuta, por un importe de 44.515.828 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención al Comité Paralímpico Español para contribuir a la promoción de la práctica del deporte inclusivo en los recursos de las redes de acogida de la Secretaría de Estado de Migraciones y la integración de sus residentes en la sociedad española.
  

ACUERDOS DE PERSONAL

Transportes y Movilidad Sostenible

Vivienda y Agenda Urbana

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS MARINAS ESPAÑOLAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) -dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU)-, para el desarrollo de las estrategias marinas españolas, con un presupuesto total de 25,76 millones de euros.

El MITECO aportará 15.649.840 euros durante los ejercicios 2026 y 2027, mientras que el CSIC contribuirá con 9,62 millones mediante recursos propios y actuaciones de investigación y adquisición y análisis de datos.

El convenio permitirá reforzar la colaboración entre la Dirección General de la Costa y el Mar del MITECO y el Instituto Español de Oceanografía (IEO) del CSIC, como organismo científico de referencia en el conocimiento del medio marino.

MEJOR CONOCIMIENTO PARA PROTEGER LOS MARES

Las estrategias marinas son el instrumento previsto en la Ley de protección del medio marino para garantizar el seguimiento y evaluación periódica del estado de las aguas marinas españolas y avanzar hacia su buen estado ambiental.

En este marco, el convenio permitirá desarrollar trabajos de seguimiento, evaluación y adquisición y tratamiento de datos científicos sobre el medio marino, así como revisar la definición del buen estado ambiental y establecer los correspondientes objetivos ambientales.

Asimismo, se trabajará en el diseño, desarrollo y ejecución de los sucesivos programas de seguimiento y programas de medidas necesarios para alcanzar dichos objetivos y en las actuaciones relacionadas con la ordenación del espacio marítimo de las demarcaciones marinas españolas. Todo ello a través de la adquisición y tratamiento de ciencia especializada, lo que abunda en una mejora del conocimiento y en el desarrollo de la ciencia marina española.

La colaboración permitirá disponer de conocimiento científico especializado para mejorar la evaluación de los ecosistemas marinos y apoyar las políticas públicas de protección y sostenibilidad del medio marino.

Los trabajos contribuirán también al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa europea, en particular de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina y la Directiva de Ordenación del Espacio Marítimo.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

MEDIDAS URGENTES DE CARÁCTER SOCIAL Y ECONÓMICO DE APOYO A LA CIUDAD DE CEUTA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta con objeto de dar respuesta efectiva a los retos que enfrenta la ciudad por la entrada irregular de personas migrantes los días 30 y 31 de julio.

La magnitud de la presión en los servicios públicos ha requerido una movilización y ampliación inmediata de recursos en el territorio, orientada a reforzar la seguridad fronteriza, impulsar procedimientos expeditos de retorno de personas accedidas irregularmente y proporcionar apoyo directo a la población ceutí. Las actuaciones desplegadas desde el primer momento han permitido contener y reducir de manera significativa la tensión inicial, salvaguardando la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público en la ciudad.

Mediante este real decreto-ley se pone en marcha un plan de choque estructurado en cuatro ejes: refuerzo de servicios esenciales (21 millones de euros), seguridad (90 millones de euros), acogida humanitaria (118 millones de euros) y empresas y trabajadores (80 millones de euros).

Refuerzo de servicios esenciales: Sanidad, Educación, Justicia y agua

En el ámbito de la justicia, se destina una inversión de 4,5 millones de euros para el refuerzo de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios para la agilización de los expedientes de los migrantes, así como la financiación de la asistencia jurídica gratuita, el despliegue de apoyo informático en Ceuta y la automatización de procedimientos. También se financia el refuerzo de recursos sanitarios con 100 nuevos profesionales sanitarios del INGESA, tanto para la atención primaria como hospitalaria, con una inversión de 3,5 millones de euros. En educación, se refuerza la seguridad de los centros docentes y se ponen en marcha actuaciones de acompañamiento psicosocial para toda la comunidad educativa, que implica una inversión de 3,2 millones de euros. Este bloque incluye también una subvención de 2 millones de euros a la ciudad de Ceuta, que se añade a los más de 7 millones de euros aprobados para la planta desalinizadora.

Más fondos para seguridad

El Real Decreto-ley contempla 90 millones de euros en seguridad y destaca el esfuerzo securitario desplegado en Ceuta desde el inicio de la crisis, ante el despliegue extraordinario de la Policía Nacional en distintas áreas de actividad, y el refuerzo de la Guardia Civil de sus unidades territoriales y fiscales con la incorporación extraordinaria de efectivos. Por ello, la norma reconoce el esfuerzo con un incentivo al rendimiento de carácter excepcional de 7,1 millones de euros para la Policía Nacional y 8 millones de euros para la Guardia Civil. A ello se suma el refuerzo del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, con una dotación adicional de 74 millones de euros, tras sostener el despliegue y repliegue de personal y medios, el transporte, la logística y el mantenimiento del material empleado en la ciudad autónoma.

Acogida humanitaria

Aumentan los recursos necesarios para el alojamiento y la atención básica de las personas migrantes (alimentación, salubridad, seguridad, acompañamiento, traducción e interpretación y atención médica), con una inversión de 53,4 millones de euros. La norma presta una atención especial a la infancia, de forma que el gobierno de la Ceuta recibirá una dotación adicional de 63,6 millones de euros para la atención para reforzar la capacidad de acogida y los recursos disponibles ante los 1.500 menores migrantes no acompañados que atiende el sistema de protección de menores, que se suman a los 25 millones de euros aprobados en el pasado Consejo de Ministros.

Esta nueva partida económica permitirá financiar la atención y apoyo a la acogida de la infancia migrante no acompañada, así como su asistencia letrada y su atención psicosocial, educativa o sanitaria.

Asimismo, en el ámbito de infancia y juventud, se incluye la concesión directa de subvenciones por interés público, social y humanitario a Save the Children y a la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) por importe de 550.000 euros y 160.000 euros, respectivamente.

Apoyo a la actividad económica

En respuesta a las peticiones trasladadas por las patronales, sindicatos, la Cámara de Comercio y el gobierno de la ciudad de Ceuta, se impulsan medidas para empresas y trabajadores por 80 millones de euros entre ayudas directas, apoyo al comercio, medidas fiscales y cotizaciones. El plan incluye ayudas directas por más de 50 millones de euros. En concreto, 36,6 millones de euros se destinan a ayudas directas a empresas y autónomos, que prevé unos 5.000 euros por cada autónomo y entre 10.000 y 150.000 euros por empresa, en función del volumen de facturación. Esta iniciativa podría beneficiar a 2.500 autónomos y 1.500 empresas y las ayudas se podrán solicitar a partir del lunes 14 de septiembre, a través de la web de la Agencia Tributaria, con el objetivo de iniciar los pagos a principios de octubre, para lo que las empresas solo tendrán que indicar un número de cuenta donde recibir la ayuda, que están exentas de tributación y son inembargables.

Asimismo, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa moviliza 16 millones de euros para apoyar al comercio, el turismo, la restauración y la internacionalización de las empresas de Ceuta. De ellos, 14 millones se canalizarán a través de un convenio entre la Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta: 10 millones para dinamizar el comercio local, mediante bonos de consumo, campañas de atracción de compradores y acciones de dinamización de barrios comerciales y mercados; y 4 millones para apoyar al turismo y la hostelería, con bonos turísticos, promociones para visitantes y campañas de comunicación del destino, así como descuentos para reducción del coste del transporte a no residentes,. A esta cantidad se suman un millón de euros para el Plan Ceuta Exporta, que ICEX pondrá en marcha con un acompañamiento personalizado a las empresas ceutíes con actividad exportadora, y un millón de euros para que Turespaña desarrolle una campaña extraordinaria de promoción internacional de Ceuta como destino turístico.

Para reforzar de forma inmediata el acceso a financiación de las empresas y autónomos de Ceuta, el Real Decreto-ley pone en marcha una línea de avales por cuenta del Estado de 50 millones de euros, gestionada por el ICO. Los avales cubrirán operaciones de financiación destinadas a atender necesidades de liquidez y capital circulante, así como inversiones para el mantenimiento, la recuperación o el relanzamiento de la actividad económica. De forma complementaria, se impulsa el desarrollo de una actividad estable de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) en Ceuta, con una aportación de dos millones de euros, para ampliar de forma permanente las alternativas de financiación disponibles para las empresas y autónomos de la ciudad.

En materia fiscal, se aumenta de forma permanente la bonificación del Impuesto de Sociedades del 50% al 60% para empresas residentes en Ceuta y Melilla, y para las que mantienen actividad y puestos de trabajo en las ciudades autónomas. Por su parte, los autónomos dispondrán de mejores condiciones para su tributación en el IRPF, con mayor posibilidad de deducirse provisiones y gastos de difícil justificación. Ello supone un ahorro de 12 millones de euros al año por ciudad.

Medidas laborales y alivio en cotizaciones

Por último, en el ámbito laboral se implementan medidas de alivio del coste de las cotizaciones sociales a las empresas. Así, se beneficiarán de exenciones de hasta el 100% en cuotas a la Seguridad Social las empresas que hayan visto interrumpida o limitada su actividad y que, por tanto, se vean obligadas a recurrir a ERTE. A ello se une una prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos y la posibilidad de aplazamientos en los pagos a intereses mínimos del 0,5%. Además, la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social aumenta de forma permanente del 50% actual hasta el 75%, reforzando los incentivos a la actividad económica en Ceuta y Melilla mediante bonificaciones en las cotizaciones sociales para empresas y trabajadores autónomos de determinados sectores. Esta medida, que será de aplicación a Ceuta y a Melilla, supone un ahorro previsto de unos 12,2 millones de euros para cada ciudad autónoma en los cuatro últimos meses del año (36,6 millones al año por ciudad). El apoyo laboral se completa con ayudas para una convocatoria, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, para la formación de trabajadores de empresas en Ceuta (650.000 euros).

Refuerzo permanente ampliado a Melilla

A las medidas estructurales de bonificaciones en cuotas y beneficios fiscales se suma la prórroga hasta 2031 de la dotación anual de más de 4,25 millones de euros al año para apoyar la actividad del puerto de Ceuta, una infraestructura estratégica para la economía local. De esta forma, el apoyo presupuestario para Ceuta y Melilla alcanza los 507,5 millones de euros hasta 2031.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD COGNITIVA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, dirigido a garantizar que las personas con dificultades de comprensión tengan garantizado el ejercicio pleno de sus derechos y deberes de ciudadanía, así como la no discriminación y la igualdad de oportunidades. La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, establece cómo debe garantizarse la accesibilidad cognitiva en ámbitos esenciales de la vida y, de esta manera, posibilitar que toda la ciudadanía pueda comprender la información, comunicarse, orientarse en los entornos y realizar actividades con autonomía y sin discriminación.

Se trata de ofrecer herramientas, recursos y soluciones que hagan accesibles de forma cognitiva ámbitos como centros sanitarios, telecomunicaciones, espacios públicos, infraestructuras, transportes, administraciones judiciales o espacios culturales, además de procesos como, por ejemplo, los electorales.

Para ello, la norma establece que, en estos ámbitos, han de garantizarse herramientas que faciliten la comprensión de la información y la comunicación como el lenguaje claro, la lectura fácil o sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. También recursos de orientación, como la señalización accesible y los pictogramas. Y, así mismo, soluciones tecnológicas que mejoran la comunicación, la orientación y la realización de tareas.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE GRANADAS DE MORTERO PARA EL EJÉRCITO DE TIERRA, EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO Y LA ARMADA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de granadas de mortero para el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio y la Armada.

Este Acuerdo Marco permitirá la adquisición de granadas de mortero, empleadas para la realización de ejercicios tácticos en territorio nacional y durante la fase de preparación para la proyección de fuerzas, puesto que forman parte del equipo trasladado a Zona de Operaciones por las unidades proyectadas. Así mismo, permitirá completar la reserva de munición de fuerza conjunta y la reserva del ejército, manteniendo al mismo tiempo unos niveles que permitan la instrucción de las unidades.

El valor estimado del Acuerdo Marco asciende a 111.348.930 euros.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS TODO TERRENO Y ELÉCTRICAS PARA EL EJÉRCITO DE TIERRA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de carretillas elevadoras todo terreno y eléctricas para el Ejército de Tierra.

Este Acuerdo Marco permitirá renovar la flota de estos vehículos, tanto en unidades operativas como logísticas, esenciales para posibilitar las operaciones de acarreo y manipulación de cargas, y que debido a su antigüedad presentan un bajo grado de operatividad, estando ya cercanas al fin de su ciclo de vida.

El valor estimado del Acuerdo Marco asciende a 43.556.000 euros.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE APOYO A LA INGENIERÍA Y EL SOSTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ARMAS DEL EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un Acuerdo Marco para la contratación de los servicios de apoyo integral de ingeniería y sostenimiento de los sistemas de armas del Ejército del Aire y del Espacio, incluyendo los sistemas comunes y logísticos, documentación, bancos, simuladores y equipos de apoyo.

Este nuevo Acuerdo Marco, que sustituye al vigente, adjudicado en 2023, garantizará la contratación de estos servicios de apoyo integral y la continuidad de las actuaciones de ingeniería y sostenimiento para el mantenimiento de estos sistemas de acuerdo con los requisitos de la normativa de aeronavegabilidad, complementando y apoyando la actuación del Mando de Apoyo Logístico (MALOG), de sus centros logísticos (maestranzas aéreas) y de las unidades los operan.

El valor estimado del Acuerdo Marco asciende a 153.331.236,24 euros.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE VÍVERES A UNIDADES DE LA ARMADA EN TERRITORIO NACIONAL

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un Acuerdo Marco para el suministro de víveres en todo el territorio nacional a los Buques, Unidades e Instalaciones de la Armada para la correcta alimentación de su personal y de todo aquel personal autorizado.

Este Acuerdo Marco que sustituirá al vigente, adjudicado en 2023, garantizará, mediante los correspondientes contratos basados, la continuidad del suministro de víveres mediante un sistema ágil y moderno de pedidos que permite reponer las existencias, a medida que se va produciendo la salida del material que se va solicitando en función de las necesidades existentes en cada momento.

El valor estimado del Acuerdo Marco asciende a 100.000.000,02 euros.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE CASCOS DE COMBATE PARA EL EJÉRCITO DE TIERRA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de cascos de combate para el Ejército de Tierra.

Este Acuerdo Marco permitirá dotar al Ejército de Tierra de un elemento esencial de combate personal en todas las operaciones en las que España participe bajo mandato ONU, OTAN, UE, o de las que se deriven de un acuerdo internacional.

El valor estimado del Acuerdo Marco asciende a 61.560.000 euros.

Defensa

CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN BUQUE MULTIPROPÓSITO CLASE CARNOTA CON CAPACIDAD DE REMOLQUE DE ALTURA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la adquisición de un buque multipropósito clase Carnota con capacidad de remolque de altura.

Con esta adquisición se dotará a la Armada de modernas y nuevas capacidades de remolque de altura, de transporte logístico, de transporte y suministro de agua y combustible, y de respuesta ante desastres y catástrofes. Todas ellas conducentes a asegurar el apoyo al despliegue de otras unidades militares nacionales o de países aliados, su sostenimiento en operaciones y su repliegue.

El acuerdo marco tendrá un valor estimado de 30.000.000 euros y una duración desde la formalización del contrato hasta el 1 de julio de 2027 o hasta el plazo ofertado por el adjudicatario o hasta el cumplimiento del objeto del contrato.

Hacienda

REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES PARA REALIZAR ACTUACIONES DE INTERÉS GENERAL EN CEUTA Y MELILLA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para realizar actuaciones de interés general en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por importe total de 21.500.000 euros. Se trata de unas ayudas directas que se han concedido de manera habitual en años anteriores.

El objeto de este Real Decreto, al igual que el aprobado en ejercicios pasados, es otorgar una ayuda a la financiación de ambas ciudades, en las que concurren circunstancias singulares debido a su especial situación geográfica.

Ambas ciudades carecen prácticamente de los recursos de agua convencionales de los que disfrutan la mayoría de las ciudades españolas y europeas. Ello ha hecho necesario recurrir a fuentes de abastecimiento alternativas, como la desalinización del agua de mar. El coste de estos recursos es considerablemente más elevado que el de los recursos convencionales, razón por la cual la Administración General del Estado viene contribuyendo a su financiación.

El importe de las subvenciones asciende a 7,2 millones de euros para Ceuta. Una cantidad que se incrementará con 2 millones adicionales debido a la crisis migratoria desatada el pasado 30 y 31 de julio, por lo que la cifra final alcanzará los 9,2 millones. Estos recursos extraordinarios estarán incluidos en el Real Decreto-ley específico para dar respuesta a la situación de Ceuta.

Por su parte, Melilla recibirá 14,3 millones de euros procedentes de estas subvenciones ordinarias.

Hacienda

FINANCIACIÓN DE 14 NUEVOS PROGRAMAS ESPECIALES INCLUIDOS EN EL PLAN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el fin de posibilitar al Ministerio de Defensa financiar 14 nuevos programas especiales de modernización incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa.

Los programas especiales de modernización tienen una gran relevancia para la base industrial y tecnológica de la defensa, contribuyendo a la generación de empleo cualificado en las distintas regiones de España, requieren de una especial contratación, ejecución y seguimiento, y absorben un gran volumen de recursos financieros que se materializan en compromisos adquiridos con empresas nacionales e internacionales en el ámbito de la cooperación.

Los planes industriales asociados a cada programa hacen de la industria de defensa un sector innovador y generador de empleo, con presencia en todas las regiones de España.

Sobre la base de lo expuesto, se pretende iniciar 14 nuevos programas, que además contarán con prefinanciación por parte del Ministerio de Industria y Turismo.

Hacienda

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y MEJORA DE LA ATENCIÓN TEMPRANA PARA ALUMNADO CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Organismo Autónomo Real Patronato sobre Discapacidad, por importe de ocho millones de euros, para la financiación del Programa de Cooperación Territorial de educación inclusiva y mejora de la atención temprana para el alumnado con trastorno del espectro del autismo en 2026.

El Organismo autónomo Real Patronato sobre Discapacidad (RPD), adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 promueve expediente de crédito extraordinario en la aplicación presupuestaria 'A CC.AA. para financiar el PCT de educación inclusiva y mejora de la atención temprana para el alumnado con TEA', por importe de ocho millones de euros.

En el ejercicio 2025, se tramitó el expediente de generación de crédito por importe de 20,6 millones de euros, mediante el cual se transfirió al Real Patronato sobre Discapacidad este importe al objeto de financiar actividades vinculadas a lo dispuesto en el artículo 18.2 y en la Disposición Adicional vigésima sexta de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAP). En virtud de dichas disposiciones, el Real Patronato sobre Discapacidad puede canalizar los créditos de los saldos de depósitos, cuentas y efectivo abandonados para financiar tanto el desarrollo del Programa para la Mejora de Condiciones Educativas de las Personas con Discapacidad, como para intervenciones de accesibilidad universal.

Esta cuantía actualmente se encuentra en su Tesorería, como remanente afectado para actividades vinculadas a la Disposición Adicional vigésima sexta de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre LPAP.

En consideración a lo anterior, en el ejercicio 2026 se pretende destinar un importe de ocho millones a promover y fortalecer la inclusión educativa del alumnado con TEA, con cargo a una nueva aplicación presupuestaria. La finalidad del programa es consolidar centros educativos seguros, accesibles y predecibles que favorezcan la participación, bienestar emocional, progreso escolar y la continuidad educativa del alumnado con TEA, con un periodo de ejecución del mismo comprendido desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027, si bien se aspira a que el programa llegue a abarcar dos cursos escolares: 2026-2027 y 2027-2028. Con tal finalidad el horizonte de financiación trazado incluiría un nuevo reparto por valor de 12 millones de euros en 2027, de forma que el impulso financiero que reciba el programa alcance los 20 millones en total.

Los fondos destinados al programa se canalizarán de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley General Presupuestaria. Esta vía de gestión resulta adecuada porque, aunque la disposición adicional vigésima sexta de la LPAP establece que las actuaciones vinculadas a la misma se financiarán a través del Real Patronato sobre Discapacidad, el Programa mantiene una estrecha vinculación con el ámbito educativo, que se enmarca en el ámbito material del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas. Por ello, la aplicación del citado artículo 86 se articulará mediante una Conferencia Sectorial conjunta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 440/2024, de 30 de abril, por el que se establecen los criterios de funcionamiento de las Conferencias Sectoriales.

Por lo anteriormente expuesto, el Patronato sobre Discapacidad solicita un crédito extraordinario, por importe de ocho millones de euros, para dotar y crear la aplicación presupuestaria 'A CC.AA. para financiar el PCT de educación inclusiva y mejora de la atención temprana para el alumnado con TEA', el cual será financiado con cargo a la parte del Remanente de Tesorería afectado en cumplimiento del artículo 18.2 y de la Disp.Adic.26ª de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, y con la finalidad indicada, se realiza la modificación de crédito solicitada, cuya competencia corresponde al Consejo de Ministros, con el detalle de aplicaciones presupuestarias e importe que figura en la propuesta.

Hacienda

CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA FINANCIAR CONTRATACIONES EN ZONAS AFECTADAS POR LOS TEMPORALES DE ANDALUCÍA Y EXTREMADURA DE INICIOS DE 2026

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por importe de 50 millones de euros para financiar la contratación de personas desempleadas en labores de reconstrucción de las zonas dañadas por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en municipios de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

El SEPE ha promovido un expediente de crédito extraordinario en la aplicación presupuestaria 'Oportunidades de empleo para personas desempleadas para la reconstrucción de las zonas de Andalucía y Extremadura dañadas por diversos fenómenos meteorológicos adversos. Corporaciones locales', por el citado importe.

El Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, tiene por objeto la adopción de medidas urgentes de respuesta y adaptación ante los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos a inicios de 2026 en diferentes municipios de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.

Asimismo, establece que, para afrontar las labores de reconstrucción de las zonas dañadas en los municipios afectados, se autoriza al Gobierno para aprobar un Real Decreto para la concesión directa por el Servicio Público de Empleo Estatal de subvenciones destinadas a financiar con 50 millones la contratación por las corporaciones locales afectadas de personas desempleadas en el marco del programa de inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y social, regulado, a su vez, en el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.

En este sentido, el Real Decreto 608/2026, de 22 de julio regula la concesión directa de estas subvenciones que se justifican por razones de interés público, social y económico. Están destinadas a financiar los costes salariales, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social, y por los conceptos de recaudación conjunta (desempleo, formación profesional y FOGASA) derivados de los contratos suscritos por las corporaciones locales afectadas con personas trabajadoras desempleadas.

En el presupuesto de gastos del Servicio Público Estatal no se recoge ningún crédito adecuado para atender la financiación de la contratación, ya que surgen a raíz de una situación imprevisible. En consecuencia, y con la finalidad indicada, el Centro gestor propone el presente crédito extraordinario, por importe de 50 millones, que será financiado con cargo al remanente de tesorería no afectado del Organismo procedente del ejercicio 2025.

Hacienda

CONVENIOS DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS CURRICULARES PARA UNIVERSITARIOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se fijan los límites para adquirir durante 2026 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la tramitación de convenios de cooperación educativa para la realización de prácticas curriculares por parte de los estudiantes de universidades que computan para la obtención del respectivo título académico.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) solicitó autorización para modificar los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto durante 2026 con cargo a ejercicios futuros para posibilitar la tramitación de convenios de cooperación educativa para la realización de prácticas curriculares por parte de los estudiantes de Universidades que computan para la obtención del respectivo título académico, con cargo al crédito del grupo de programas 13 'Administración y servicios generales de prestaciones económicas', en su subconcepto 480.4 'Convenios para programas de formación y prácticas no laborales y académicas', sin crédito inicial a nivel de vinculación.

El 17 de abril de 2019, el secretario de Estado de la Seguridad Social firmó una Resolución donde autorizaba a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social a suscribir convenios de cooperación educativa para la realización de prácticas curriculares por parte de los estudiantes de universidades que computan para la obtención del respectivo título académico.

En el pasado ejercicio 2024, se tramitó y aprobó un nuevo modelo normalizado de convenio para la realización de prácticas universitarias, en el que se recoge que la obligación de cotizar corresponderá al INSS. De acuerdo con ese modelo normalizado de convenios, las direcciones provinciales del INSS están suscribiendo convenios singularizados con distintas universidades.

Respecto a las obligaciones a atender por el INSS, según criterio de la IGSS, el procedimiento para la ejecución del gasto y abonar las cotizaciones de los estudiantes debería iniciarse en el momento en que la Universidad comunique el número de alumnos que van a realizar las prácticas, acompañando los correspondientes documentos contables para su fiscalización previa, documentos que en el caso de que las prácticas se realicen en el último trimestre de un ejercicio hacen preciso que la retención se verifique mediante documento RC‐EP.

La disposición adicional quincuagésima segunda del TRLGSS, en su punto 6, establece que la cotización se realizará por trimestres naturales y que el plazo reglamentario de ingreso de estas cuotas será el mes siguiente al de finalización del trimestre natural al que correspondan. De esta forma, las cuotas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026, tendrán que ser abonadas el mes de enero de 2027.

Actualmente no existe crédito en el subconcepto 'Convenios para programas de formación y prácticas no laborales y académicas' del grupo de programas 13 'Administración y servicios generales de prestaciones económicas', por lo que no se dispone de límites plurianuales en aplicación de los porcentajes establecidos en el artículo 47 de la LGP, en relación con el crédito inicial del presupuesto del ejercicio 2026, estimándose que los compromisos de gasto alcanzarán como máximo 50.000 euros.

En consecuencia, resulta necesario someter a la decisión del Consejo de Ministros el establecimiento del límite de compromiso de gasto sobre el crédito presupuestario para el subconcepto 480.4 'Convenios para programas de formación y prácticas no laborales y académicas' del grupo de programas 13 'Administración y servicios generales de prestaciones económicas' hasta los 50.000 euros para el ejercicio 2027, en los siguientes términos:

Hacienda

FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS DE DIFUSIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA

Hacienda

AUTORIZADOS COMPROMISOS DE GASTO PLURIANUALES PARA HOSTELERÍA, DEFENSA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA OEPM

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en distintas áreas del Ministerio de Industria y Turismo, con el fin de garantizar la ejecución de programas estratégicos en materia de turismo, industria de defensa y funcionamiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

En el ámbito de turismo, se habilita un compromiso de gasto de hasta 14 millones de euros en 2027 para financiar el Plan de apoyo a la renovación de equipamiento en el sector de la hostelería, dotado con un presupuesto total de 15 millones de euros. La iniciativa, aprobada mediante real decreto en julio de 2026, contempla ayudas directas destinadas a modernizar y mejorar el equipamiento de los establecimientos hosteleros.

Por su parte, en el área de industria, se amplían los límites de gasto plurianual para atender la financiación de los Programas Especiales de Modernización (PEM 2026) y otros proyectos vinculados al Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa, así como la reprogramación financiera del programa Helicóptero Tigre MK. La medida permitirá asegurar la continuidad de inversiones estratégicas en capacidades industriales y tecnológicas relacionadas con la defensa durante el periodo 2027-2032.

Finalmente, se autoriza a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) a adquirir compromisos de gasto plurianuales para la contratación anticipada de servicios esenciales, entre ellos mantenimiento, suministro eléctrico y soporte de aplicaciones. Con esta decisión se garantiza la adecuada prestación de los servicios del organismo y la continuidad de su actividad operativa en los próximos ejercicios.

Hacienda

FINANCIACIÓN DEL PLAN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 1.483 millones de euros al Ministerio de Industria y Turismo para financiar actuaciones incluidas en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa, aprobado el 22 de abril de 2025 y dotado con una inversión prevista de 10.471 millones de euros.

La medida responde a la necesidad de financiar la participación del Ministerio de Industria y Turismo en los nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM 2026), contribuyendo financieramente en 14 de ellos. La aportación prevista para el ejercicio 2026 asciende a 1.483 millones de euros y se considera de carácter ineludible para el desarrollo de estos proyectos estratégicos.

Para ello, la Dirección General de Programas Industriales ha promovido un expediente de transferencia de crédito destinado a reforzar las partidas presupuestarias vinculadas a las aportaciones reembolsables a empresas para el desarrollo de proyectos tecnológicos industriales relacionados con programas de defensa.

Se garantizan así los recursos necesarios para impulsar capacidades industriales y tecnológicas vinculadas a la seguridad y la defensa.

Hacienda

FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS DE DEFENSA EN EL PERIODO 2027-2032

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el fin de posibilitar al Ministerio de Industria y Turismo la financiación de diversos programas en el marco de los Planes Especiales de Modernización de la Defensa en el periodo 2027-2032.

El Ministerio de Industria y Turismo solicita dicha autorización en las aplicaciones presupuestarias 'Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa' y 'Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa'.

El origen de estas actuaciones se encuentra en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa aprobado por el Consejo de Ministros el día 22 de abril de 2025, una iniciativa nacional formulada en respuesta al contexto internacional y que refleja el compromiso de España con la seguridad de la ciudadanía, el progreso tecnológico y el avance del proyecto europeo.

Adicionalmente, durante el ejercicio 2026 está prevista la puesta en marcha de nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM 2026), en los que el Ministerio de Industria y Turismo contribuirá financieramente en 14 de ellos, con el fin de dar cumplimiento al compromiso del Gobierno en relación con la senda de crecimiento prevista en el sector vinculado a la defensa.

Hacienda

REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DEL COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el fin de posibilitar al Organismo Autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos la tramitación de un nuevo contrato para la reforma y acondicionamiento de su sede.

El Organismo Autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT), cuya sede se encuentra ubicada en el Paseo de La Habana, 140, ocupa un inmueble que no ha sido objeto de reformas ni rehabilitaciones recientes, por lo que resulta preciso adecuarlo a las exigencias actuales propias de un edificio administrativo.

Para ello se prevé la supresión de barreras arquitectónicas; la optimización de la distribución interior de las distintas plantas, incrementando los espacios disponibles, la iluminación natural y la ventilación; la simplificación y reducción de los costes de conservación y mantenimiento; el aseguramiento del cumplimiento de la normativa estatal, autonómica y local aplicable; el refuerzo de las medidas de protección contra incendios y de seguridad; y, de manera especial, el impulso de la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Con fecha 19 de mayo de 2026, el CMT tramitó un encargo a la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P (SEGIPSA), para la asistencia técnica a la licitación, adjudicación y contratación de la obra, así como la coordinación en materia de seguridad, salud y el control de calidad para la reforma y acondicionamiento de la sede.

La ejecución del contrato de obras tiene previsto su inicio el 1 de abril del ejercicio 2027, con una duración inicial de quince mensualidades. El coste total del contrato asciende a 9.992.906 euros, distribuyéndose entre las anualidades de 2027 y 2028 por importe de 5.329.549,87 euros y 4.663.356,13 euros, respectivamente.

A la cuantía correspondiente a la anualidad de 2028 deberá añadirse la retención adicional del 10% sobre el valor total del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley General Presupuestaria. Dicha retención asciende a 999.290,60 euros, por lo que el importe total correspondiente al ejercicio 2028 se eleva a 5.662.646,73 euros.

Teniendo en cuenta lo señalado, así como el resto de los compromisos previstos en la aplicación presupuestaria, las necesidades de crédito para la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales', según nivel de vinculación, son las siguientes (importes en euros):

Industria y Turismo

MODIFICACIÓN DE LAS AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica el Real Decreto 485/2025, de 17 de junio, para corregir una omisión detectada en su régimen transitorio respecto de las ayudas al sector de la construcción naval reguladas por el Real Decreto 874/2017.

La reforma responde a que el RD 485/2025 permitió modificar las resoluciones de concesión de ayudas cuando se produjeran alteraciones sustanciales en el contrato de construcción o en la financiación subvencionada, siempre que el buque no hubiera sido entregado al armador. Sin embargo, su disposición transitoria única solo contemplaba los expedientes correspondientes a nuevas solicitudes y a solicitudes pendientes de resolución, dejando fuera aquellos expedientes que ya contaban con una resolución de concesión en vigor.

Para subsanar esta situación, la norma incorpora una nueva letra c) en el apartado segundo de la disposición transitoria única, estableciendo que las solicitudes de modificación de resoluciones de concesión emitidas al amparo del RD 874/2017 y presentadas tras la entrada en vigor del RD 485/2025 se tramitarán conforme a este último, siempre que el buque no haya sido entregado al armador. Asimismo, se introduce una aclaración técnica en la letra b) del mismo apartado para facilitar su interpretación.

Con ello, se garantiza un tratamiento homogéneo de los expedientes afectados por modificaciones sustanciales, evitando diferencias de trato entre beneficiarios que se encuentran en situaciones equivalentes.

Agricultura, Pesca y Alimentación

RECUPERACIÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO AGRARIO AFECTADO POR LA DANA DE 2024

El Consejo de Ministros ha aprobado una segunda ampliación de crédito de 75.248.595 euros para finalizar las actuaciones de recuperación del potencial productivo agrario afectado por la Dana de 2024.

La nueva dotación permitirá completar las obras ya iniciadas para la reconstrucción de caminos rurales, la recuperación de explotaciones agrarias y la reparación de infraestructuras de regadío en los municipios afectados de la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha.

Con esta ampliación, el presupuesto destinado específicamente a estas actuaciones alcanza los 332 millones de euros frente a los 193 millones de euros de financiación inicial.

La magnitud de los daños ocasionados por la Dana y la evolución de las obras de emergencia hicieron aflorar nuevos daños y necesidades que no pudieron ser identificados en las primeras evaluaciones. Esta circunstancia motivó la primera ampliación presupuestaria de 64 millones de euros y ha hecho necesaria la segunda ampliación de 75,2 millones de euros, con el objetivo de garantizar la reparación integral de las infraestructuras y explotaciones afectadas.

Las actuaciones son ejecutadas por la empresa pública Tragsa en el marco de las medidas urgentes para la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas por la Dana.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, además de los 198 millones de euros en ayudas directas al sector agrario dañado por la dana, ha ejecutado y pagado 205,2 millones de euros en la reconstrucción de caminos rurales, la recuperación de parcelas y la reparación de redes de regadío. De esta forma, la cantidad desembolsada supera los 403 millones de euros, con una previsión, tras esta última ampliación, de llegar a los 530 millones de euros.

En concreto, se han reparado los caminos rurales de 48 términos municipales, con trabajos certificados por un importe de 74,5 millones de euros.

En materia de regadíos, se han ejecutado unos 60,6 millones de euros, que han permitido finalizar las actuaciones de reparación de 53 comunidades de regantes.

Por otra parte, en las explotaciones agrarias afectadas, se han reparado y finalizado las actuaciones en 4.339 parcelas, con una inversión ejecutada de 70,1 millones de euros.

Estas actuaciones permiten avanzar en la recuperación de la capacidad productiva de las explotaciones y de las infraestructuras agrarias dañadas por la Dana, contribuyendo a restablecer la actividad agrícola y rural.

Política Territorial y Memoria Democrática

ACTUALIZACIÓN DEL INFORME SOBRE LAS ACTUACIONES DESPLEGADAS POR LOS MINISTERIOS EN CEUTA

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del informe actualizado sobre las medidas desplegadas ante la situación de Ceuta.

Se ha desplegado un dispositivo integral para hacer frente a la crisis humanitaria y migratoria desencadenada los días 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos.

Se ha articulado una respuesta en distintas fases que combina seguridad, atención humanitaria, protección de menores, agilización administrativa y refuerzo de las infraestructuras de acogida.

La declaración de la situación de Interés para la Seguridad Nacional el pasado 25 de agosto permitió establecer una coordinación reforzada de los recursos del Estado, con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática como autoridad funcional.

Entre las medidas adoptadas con el objetivo de poder atender y dar acogida a las personas migrantes que se encuentran en la calle, proceder a su filiación e iniciar los trámites para su retorno se ha multiplicado por 7 el numero de plazas de acogida. Se han acogido a 300 personas en los espacios de Hípica y alrededor de 500 han sido acogidas en el Embolsamiento, a la vez que continúan los trabajos para habilitar nuevos emplazamientos en parcelas del puerto y del Ministerio de Vivienda.

Esos nuevos espacios están integrados en el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 705/2026, de 26 de agosto, por el que se aprueba la Declaración de Recursos a emplear en la situación de interés para la Seguridad Nacional en la ciudad de Ceuta, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.

Asimismo, el Ministerio de Defensa ha puesto a disposición nuevos espacios e infraestructuras para la atención a las personas migrantes y también se han trasladado a Ceuta literas, carpas y otras infraestructuras. Se ha acordado con Defensa utilizar albergues y espacios utilizados por las Fuerzas Armadas en los que puedan trabajar funcionarios de la Policía Nacional.

Respuesta humanitaria, sanitaria, educativa y social

Se han distribuido 109.600 kits de alimentación, además de 1.396 kits de higiene femenina y 2.150 de higiene masculina.

La asistencia sanitaria, prestada a través de Cruz Roja acumula 7.568 atenciones sanitarias y 276 traslados a hospitales o centros de salud.

En el ámbito hospitalario, la ocupación de camas en Ceuta es del 50%, con 104 camas ocupadas, de las que 15 corresponden a pacientes migrantes.

El Ministerio de Sanidad inició la campaña de vacunación con 300 dosis, y continuará con la vacunación masiva. Para prevenir posibles enfermedades se dispone de 45.000 vacunas.

En materia educativa, se trabaja con la comunidad educativa para garantizar un inicio de curso normalizado tanto en centros públicos como en los concertados. Los equipos directivos se incorporan con 1.749 docentes para preparar el comienzo de las clases y adoptar las medidas administrativas y de seguridad necesarias.

El Ministerio del Interior ha reforzado el personal destinado a las entrevistas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y habilitado entrevistas por videoconferencia en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). El dispositivo contará con 50 agentes adicionales de la Policía Nacional y al menos 11 funcionarios más para acortar los plazos de devolución de quienes no tengan derecho a protección internacional y para agilizar la tramitación de expedientes de asilo.

Entre el 10 y el 31 de agosto, 3.519 migrantes regresaron voluntariamente a Marruecos. Además, se han producido 214 expulsiones. El informe contabiliza los datos de Interior sobre menores filiados tras la entrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio: 1.129 menores filiados.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha reforzado el turno de oficio, la Fiscalía y los tribunales con dos nuevos jueces, uno de ellos especializado en violencia contra la mujer.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con importantes medidas de impulso a la economía de Ceuta, que incluye el refuerzo de la atención a menores, la ampliación del Plan Integral, medidas fiscales y apoyo a autónomos y pequeñas y medianas empresas.

Sanidad

PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

El Consejo de Ministros ha aprobado, para remitir a las Cortes Generales para su debate y aprobación, el proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, una reforma integral de la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud y que sustituirá al Estatuto Marco vigente desde 2003.

La reforma responde a los profundos cambios sociales, asistenciales y organizativos producidos durante las últimas dos décadas y establece un marco común de derechos y garantías para todo el personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, respetando al mismo tiempo las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de planificación, ordenación y materialización de las condiciones laborales y de la gestión de sus servicios de salud.

Uno de los principales cambios afecta a la ordenación del tiempo de trabajo al disponer que la jornada máxima no podrá superar las 45 horas semanales de trabajo, lo que limita a su vez el número efectivo de guardias semanales a realizar, no pudiendo computar más de una guardia semanal en cómputo trimestral.

Además, la jornada de guardia no podrá superar las 17 horas, siendo materia de negociación y ordenación de los servicios de salud de las CCAA la posibilidad de reducir esta jornada a 12h e incluso estableces el trabajo por turnos. Cuando una jornada ordinaria y una guardia sean consecutivas, la suma de ambas tampoco podrá exceder de esas 17 horas.

El texto garantiza también que no pueda exigirse la realización de una jornada ordinaria inmediatamente después de una guardia y los periodos de descanso anteriores y posteriores a la guardia restarán de la jornada ordinaria a realizar. A efectos administrativos, ese periodo se considerará jornada realizada y no podrá ser recuperado posteriormente.

Asimismo, se introduce por primera vez el concepto de carga horaria excesiva, que permitirá activar medidas organizativas y preventivas cuando exista una sobrecarga continuada y exigirá el refuerzo de las plantillas a las administraciones competentes. Entre otros supuestos, se considerará que existe esta situación cuando se realicen de forma sostenida más de cinco guardias presenciales al mes.

Los servicios de salud dispondrán de un plazo de hasta cinco años para realizar los cambios organizativos y de plantilla necesarios para aplicar las nuevas previsiones sobre jornada, evitando que esta adaptación produzca pérdidas retributivas para los profesionales y menoscabo asistencial para los ciudadanos.

El proyecto establece también que aquellos servicios de salud cuya jornada ordinaria supere actualmente el equivalente a 35 horas semanales deberán avanzar progresivamente hacia su implantación, teniendo en cuenta la disponibilidad de profesionales y garantizando en todo momento la calidad de la asistencia.

La conciliación de la vida personal, familiar y laboral pasa a reconocerse expresamente como un derecho. Las administraciones sanitarias deberán favorecer medidas de flexibilización horaria y planificación anticipada de los turnos y se amplían los supuestos en los que podrá solicitarse la exención de guardias.

Podrán solicitarla, entre otros, las profesionales durante el embarazo y la lactancia natural, las personas con reducción de jornada por cuidado de hijos, quienes tengan motivos de salud que imposibiliten la realización de guardias y, en los términos que establezca cada servicio de salud, los mayores de 55 años.

La reforma refuerza también las medidas contra la temporalidad estructural en el Sistema Nacional de Salud. Los procesos de selección de personal estatutario fijo deberán convocarse con carácter periódico cada dos años con carácter general, y tendrán un plazo máximo de resolución de 18 meses. El proyecto mantiene además los límites a la duración de los nombramientos temporales y la compensación económica en los casos de abuso de temporalidad.

También se modifica el modelo de movilidad voluntaria. Los procedimientos se articularán mediante concurso abierto y permanente, con adjudicaciones al menos una vez al año, y estarán abiertos en igualdad de condiciones al personal estatutario fijo de los diferentes servicios de salud.

Los servicios autonómicos dispondrán de un plazo máximo de 24 meses desde la entrada en vigor del Estatuto para implantar este sistema. En cuanto a la movilidad forzosa, el texto refuerza las garantías de los profesionales y establece límites a su duración.

El nuevo Estatuto incorpora una regulación específica de las plazas y puestos de difícil cobertura. Cada servicio de salud determinará, previa negociación sindical, los criterios para identificarlos y podrá establecer incentivos y medidas de reconocimiento curricular, profesional y laboral que faciliten su cobertura.

Los servicios prestados en estos puestos deberán ser valorados en los procesos de selección y provisión con independencia de la comunidad autónoma en la que se hayan desarrollado.

El objetivo es avanzar hacia criterios comunes que permitan reconocer en todo el Sistema Nacional de Salud el esfuerzo de los profesionales que trabajan en plazas con mayores dificultades de cobertura.

El proyecto amplía y actualiza el catálogo de derechos del personal estatutario. Entre ellos se incluyen el derecho a conocer con antelación la planificación anual de la jornada, a la desconexión digital, a la conciliación, al reconocimiento de la actividad docente e investigadora y a una protección eficaz de la salud física y mental.

La norma refuerza igualmente la prevención frente a las agresiones y reconoce el derecho del personal a disponer de planes específicos de prevención y actuación frente a comportamientos violentos.

La salud laboral se convierte en uno de los ejes centrales del nuevo Estatuto. Los servicios de prevención de riesgos laborales adquieren una participación reforzada ante jornadas prolongadas, sobrecargas o situaciones que puedan comprometer la salud de los profesionales.

La reforma actualiza también la clasificación profesional para adaptarla al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU) y a la actual estructura de la formación sanitaria.

La nueva clasificación tendrá efectos administrativos y retributivos, pero no alterará la jerarquía funcional ni las competencias de las distintas profesiones sanitarias.

El Estatuto apuesta además por la profesionalización de la función directiva de los servicios de salud. Los puestos directivos estarán sometidos a procedimientos transparentes, deberán responder a perfiles y competencias previamente definidos y serán objeto de evaluaciones periódicas de su desempeño y resultados.

Por primera vez se regula de manera específica la figura del personal estatutario investigador mediante categorías profesionales propias dentro de los servicios de salud.

El acceso a estas categorías requerirá el título de doctor y la actividad investigadora será evaluada periódicamente, favoreciendo además su reconocimiento dentro de la carrera profesional, la movilidad y las retribuciones complementarias que puedan establecer las comunidades autónomas.

El proyecto mantiene la unidad del régimen estatutario como principio esencial: los derechos básicos y las garantías laborales serán comunes para los profesionales del Sistema Nacional de Salud, con independencia de su categoría, especialidad o comunidad autónoma. Al mismo tiempo, preserva las competencias autonómicas para desarrollar la normativa básica, organizar sus centros y servicios, planificar sus plantillas y determinar, entre otras cuestiones, las retribuciones complementarias.

El nuevo Estatuto Marco sustituirá a la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, y supone una actualización integral del régimen laboral del personal estatutario para adecuarlo a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud, reforzar la estabilidad del empleo y avanzar hacia unas condiciones de trabajo más saludables, seguras y compatibles con la vida personal y familiar.

Con su aprobación por el Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley inicia ahora su tramitación parlamentaria. El texto será remitido a las Cortes Generales para su debate y, en su caso, aprobación definitiva, antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor.

Sanidad

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución de 50.268.707,07 euros entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), para su ejecución en Ceuta y Melilla, destinados al desarrollo de programas de cohesión sanitaria, formación de profesionales, uso racional de los medicamentos y diferentes actuaciones relacionadas con la donación y el trasplante.

Los fondos proceden de las aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud que realizan las empresas y grupos empresariales dedicados a la fabricación, importación u oferta al SNS de medicamentos y productos sanitarios dispensados mediante receta u orden de dispensación.

La recaudación obtenida por este concepto asciende a 63.068.707,07 euros. De esta cantidad, 12,8 millones de euros se destinan a organismos dependientes y centros directivos del Ministerio de Sanidad y los 50,27 millones restantes se transfieren a las comunidades autónomas e INGESA para desarrollar las distintas actuaciones.

La principal partida, dotada con 46.141.013,96 euros, se destina al desarrollo de políticas de cohesión sanitaria y a la formación continuada en el uso racional de los medicamentos. Entre las actuaciones financiables se incluyen programas para mejorar la atención farmacéutica a pacientes crónicos, frágiles o polimedicados; impulsar la deprescripción y la receta electrónica; reforzar la farmacovigilancia y la lucha frente a las resistencias a los antibióticos; y mejorar la autosuficiencia en plasma y el acceso a terapias de elevado impacto.

Los fondos también financiarán la formación continuada de profesionales en uso racional de medicamentos, calidad y seguridad asistencial, alertas sanitarias, resistencias a los antibióticos y evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias, además de programas de participación de pacientes y educación sanitaria para la ciudadanía.

La distribución combina una cantidad fija para cada comunidad autónoma e INGESA y un reparto del resto de los fondos en función de la población.

Además, se transferirá al INGESA la cantidad de 227.753,35 euros correspondiente a Ceuta (112.402,15 euros) y a Melilla (115.351,20 euros), que suma un Total Nacional de 46.141.013,96 euros.

El Ministerio destinará 3.427.693,11 euros al Plan Nacional de Donación de Médula Ósea y al Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical.

Estos fondos financiarán actuaciones de información y promoción de la donación de médula ósea, el tipaje y otras determinaciones de los donantes, la acreditación de centros de colecta y de trasplante de progenitores hematopoyéticos, el análisis de unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas en bancos públicos y medidas para facilitar la captación de nuevos donantes y mejorar la accesibilidad al Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO).

El reparto tiene en cuenta, según cada actuación, criterios como la población de entre 18 y 40 años, el número de donantes, la actividad de los centros o las unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas.

A INGESA se transferirá la cantidad de 2.484,28 euros correspondiente a las ciudades de Ceuta (898 euros) y Melilla (1.585 euros), que suma un total nacional de 3.427.693 euros.

Además, 700.000 euros se destinan a reforzar la calidad y seguridad en la obtención y el trasplante de órganos y a optimizar los sistemas de información gestionados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). De esta cantidad, 200.000 euros corresponden al Programa Marco de Calidad y Seguridad para la obtención y el trasplante de órganos humanos y 500.000 euros a la mejora de los sistemas de información de la ONT.

La distribución de estos fondos tiene en cuenta, respectivamente, los traslados de órganos para trasplante entre comunidades autónomas realizados en 2025 y el número de casos en seguimiento con datos actualizados en 2024.

Los criterios de distribución fueron acordados con las comunidades autónomas en la Comisión Permanente de Farmacia del 6 de mayo de 2026. Los proyectos podrán destinarse tanto a gastos de personal como a inversiones.

Con este reparto, Sanidad impulsa actuaciones comunes en el conjunto del SNS para mejorar la calidad y seguridad de la atención, favorecer el uso racional de los medicamentos y reforzar los programas de donación y trasplante.

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL CRÉDITO DESTINADO A SUBVENCIONAR PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL CONSIDERADOS DE INTERÉS SOCIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza el reparto del importe recaudado en la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades entre los gobiernos de las Comunidades Autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En total, se van a repartir de 432 millones de euros (432.818.240,70 €), una cifra que supone un aumento de un 15% respecto a la cifra repartida el año pasado.

Para el reparto de los recursos se ha tenido en cuenta la aplicación de 13 criterios objetivos que incluyen, entre otros, la población, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa AROPE), la renta per cápita, la dispersión territorial, el número de familias monomarentales o las tasas de envejecimiento y discapacidad.

Además, se garantiza un porcentaje fijo para La Rioja (1,02%), Ceuta (0,80%) y Melilla (0,81%).

Esta propuesta de distribución se someterá ahora a la aprobación del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. A partir de ese trámite, serán los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas las que gestionen sus propias convocatorias de subvenciones.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS LOCALES DESTINADAS A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL MARCO DE ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que movilizará 4,5 millones de euros para la financiación de proyectos locales que mejoren las condiciones de vida de la población local más vulnerable de Doñana. Estas ayudas se destinarán a impulsar proyectos piloto que favorezcan la inclusión social y laboral de los colectivos en situación de pobreza y/o exclusión social.

Este real decreto se engloba en el Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible del Área de Influencia del Espacio Natural de Doñana, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La contribución del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se concreta en distintas actuaciones de la Línea 13 del Marco (13.1 a 13.3), dirigidas tanto a mejorar las condiciones de vida de la población local en situación de vulnerabilidad.

Los proyectos deberán incorporar un dispositivo de triaje social, es decir, un sistema en el que un equipo interdisciplinar de especialistas valorará la situación de riesgo y necesidad de las personas usuarias de los servicios sociales y realizará un diagnóstico de su vulnerabilidad. El resultado será un plan de actuación, consensuado con cada persona, para garantizar un acompañamiento continuado durante todo el proceso de inclusión.

Los ayuntamientos ya están implantando/reforzando estos sistemas de triaje social. También están impulsando itinerarios personalizados de inclusión social y laboral, acompañamiento integral y acciones de orientación para el empleo. Los itinerarios pueden incluir las siguientes actuaciones: fomento de la capacitación laboral; apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; programas de refuerzo lingüístico; prevención y reducción del absentismo escolar; actuaciones de mediación y sensibilización, entre otras.

Las actuaciones se desarrollarán en los catorce municipios del área de influencia socioeconómica del Espacio Natural de Doñana: Almonte, Aznalcázar, Bollullos del Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, La Puebla del Río, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, Rociana del Condado, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa. En este territorio residen más de 210.000 personas.

Los ayuntamientos dispondrán de diez días hábiles para presentar sus proyectos tras la entrada en vigor del real decreto y, a continuación, se formalizarán los correspondientes convenios con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

BIOGRAFÍAS

Transportes y Movilidad Sostenible

Secretaria general de Transporte Terrestre

Dª. SARA HERNÁNDEZ DEL OLMO

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y doctora en Transportes por la Universidad Politécnica de Madrid.

Desde enero de 2025, ha liderado la Secretaría General de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Anteriormente desarrolló su actividad en consultoría y asesoramiento profesional dentro de Deloitte y en una etapa previa como investigadora de TRANSyT, Centro de Investigación de proyectos de transporte y territorio.

Tiene conocimiento en Planificación Estratégica Territorial y Consultoría de Negocio dentro el sector de transporte, logística y movilidad, con especialización en la propuesta de políticas de transporte sostenible, servicios de planeamiento y diseño funcional de infraestructuras de transporte y logístico-intermodales, análisis de mercados, planes de negocio, modelos operativos y estudios de viabilidad y estructuración.

Cuenta con publicaciones en revistas científicas y congresos sectoriales de movilidad y ha sido docente en el Departamento de Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid y profesora de diversos master, cursos y seminarios.

Vivienda y Agenda Urbana