Referencia Consejo de Ministros

La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Interior

Transportes y Movilidad Sostenible

Industria y Turismo

Política Territorial y Memoria Democrática

Cultura

Economía, Comercio y Empresa

Ciencia, Innovación y Universidades

Igualdad

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

MODIFICACIÓN DE LÍMITES PARA FORMALIZAR UNA CONCESIÓN DEMANIAL SOBRE EL TEATRO VALLE-INCLÁN

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para formalizar una concesión demanial con canon sobre el inmueble Teatro Valle-Inclán en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, adscrito al Ministerio de Cultura.

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) solicita, con base en lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, autorización para modificar hasta 2061, el número de anualidades de los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación 'Gastos corrientes en bienes y servicios', con una dotación inicial de 21.145.200 euros en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados en 2026.

El inmueble objeto de la concesión demanial es una de las dos sedes del Centro Dramático Nacional, unidad adscrita al INAEM, siendo por tanto un espacio imprescindible para la promoción, protección y difusión de las artes escénicas y de la música en cualquiera de sus manifestaciones, fin recogido en el Real Decreto 2491/1996, de 5 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Este teatro ha sido objeto de arrendamiento mediante contrato suscrito entre el INAEM y el Ayuntamiento de Madrid en el año 2006 por una duración de 20 años. Ante la finalización de dicho contrato el día 31 de enero de 2026, está en tramitación el decreto del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte por el que se aprueban las condiciones reguladoras de la concesión demanial sobre el Teatro Valle Inclán y se otorga al INAEM.

La citada concesión estará sujeta a un canon de 37.740 euros anuales, al llevar aparejada una utilidad económica para el concesionario, lo que conlleva la adquisición de compromisos de gasto en los ejercicios, con repercusión en las anualidades comprendidas entre 2026 y 2061. El organismo indica en su memoria que esa cuantía se incrementará cada año de vigencia de la concesión con el IPC anual calculado desde el 1 de febrero anterior al 31 de enero del año en curso.

En el ejercicio 2026, el crédito inicial asciende a 21.145.200 euros. Siendo los límites correspondientes a las cuatro primeras anualidades, de 2027 a 2030, del 70%, 60%, 50% y 50%, los compromisos de gastos en las citadas anualidades, a fecha actual, son inferiores a dichos límites. Para las siguientes anualidades, desde 2031 a 2061, ambos inclusive, al superar los 4 ejercicios previstos en el artículo 47.2 de la LGP, es preciso solicitar autorización de Consejo de Ministros.

Por ello y con el fin de poder comprometer el crédito de 37.740 euros en cada una de las anualidades de 2031 a 2061, según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para incrementar el número de anualidades en la aplicación presupuestaria afectada.

Hacienda

MODIFICACIÓN DE LÍMITES PARA AVALES EN CASO DE IMPAGOS DEL ALQUILER DE VIVIENDAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana la financiación de la línea de ayudas para la cobertura en caso de impagos del alquiler de viviendas para jóvenes y colectivos vulnerables en los términos establecidos en el Real Decreto 1135/2025, de 10 de diciembre.

Entre las medidas que en política de vivienda está llevando a cabo el Gobierno destaca el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.

En concreto debe destacarse su artículo 76, donde se establece que para facilitar el acceso al mercado de alquiler y mitigar las dificultades económicas derivadas del acceso a la vivienda, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana establecerá una línea de avales para cubrir los posibles impagos derivados de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y permanente para jóvenes y familias vulnerables en los términos que reglamentariamente se establezcan.

El aval garantizará el pago de todas las rentas o mensualidades impagadas hasta que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, así como todos los daños causados en la finca por culpa del arrendatario, el coste de los suministros debidos que hayan sido asumidos por la propiedad, y aquellos otros daños y costes que reglamentariamente se establezcan. Estos avales se financiarán por parte del Estado y serán gestionados por las Comunidades y Ciudades Autónomas.

La citada línea de avales, aprobada por el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, ha sido desarrollada reglamentariamente mediante el Real Decreto 1135/2025, de 10 de diciembre, por el que se determinan las condiciones de la línea de ayuda, por cuenta del Estado, para la cobertura en caso de impagos del alquiler de viviendas para jóvenes y colectivos vulnerables. En concreto en el artículo 3 de este último real decreto, se establece la financiación de la cobertura contemplada en el mismo.

Por todo ello, conforme a la Ley General Presupuestaria, se solicita la aprobación del Consejo de Ministros para autorizar los compromisos de gasto con cargo a las anualidades 2027 y 2028.

Hacienda

AUTORIZACIÓN A VARIAS CCAA PARA FORMALIZAR OPERACIONES DE DEUDA

El Consejo de Ministros ha autorizado a varias comunidades autónomas a formalizar operaciones de endeudamiento a corto y largo plazo. En concreto, se autoriza a la Comunitat Valenciana por un importe máximo de 2.500 millones de euros; Castilla-La Mancha, por 800 millones; y Cataluña, por un máximo de 125 millones de euros.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Comunitat Valenciana

En el caso de la Comunitat Valenciana, el Consejo de Ministros le ha autorizado a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 2.500 millones de euros con la finalidad de refinanciar deuda para generar un ahorro financiero. En concreto, solicita autorización para hacer frente a la cancelación anticipada de la operación financiera concertada con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas en 2023, a través del Fondo de Liquidez Autonómico.

Castilla-La Mancha

En cuanto a Castilla-La Mancha, se ha autorizado a esta comunidad a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 800 millones de euros que se destinarán a atender los vencimientos de deuda a corto plazo de abril y diciembre del año 2026 y a cubrir necesidades adicionales de tesorería.

Cataluña

Por último, el Consejo de Ministros ha autorizado a Cataluña a disponer de operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 125 millones de euros en préstamos formalizados con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

En concreto, 65 millones corresponderían al préstamo Fira 2000-SA-BEI, formalizado conforme al acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de octubre de ese año. Otros 40 millones de euros corresponderían al préstamo BEI formalizado en 2024 conforme al acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de junio de 2024; y 20 millones corresponderían al préstamo BEI formalizado en 2025 conforme al acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de marzo de 2025.

En virtud del acuerdo del Consejo de Ministros del 22 de octubre de 2024 se autorizó a Cataluña para que la entidad Fira 2000 SA, clasificada en el sector administraciones públicas de la Comunidad Autónoma según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, formalizara una operación de préstamo a largo plazo, con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por un importe total de 65 millones de euros, del cual no se ha dispuesto ninguna cantidad.

Asimismo, en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros del 11 de junio de 2024, se autorizó a Cataluña a formalizar una operación de préstamo a largo plazo con el BEI destinada a cofinanciar inversiones de la Generalitat de Cataluña para la renovación, la extensión y la nueva construcción de equipamientos educativos públicos, por un importe total de 100 millones de euros. Adicionalmente, por acuerdo del Consejo de Ministros del 18 de marzo de 2025, se autorizó a Cataluña a formalizar operaciones de deuda a largo plazo con el BEI por un importe máximo de 50 millones.

Cataluña ha solicitado autorización para realizar durante 2026 disposiciones de las operaciones formalizadas en virtud de las autorizaciones reseñadas anteriormente. Concretamente ha solicitado que la entidad FIRA 2000 SA disponga de un máximo de 65 millones del préstamo autorizado el 22 de octubre de 2024 y la disposición, por parte de la Generalitat, de 40 millones de euros y 20 millones de euros de las operaciones habilitadas mediante los acuerdos de 11 de junio de 2024 y 18 de marzo de 2025, respectivamente.

Estas autorizaciones podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

APROBADO EL II PLAN DE ACCIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR

El Consejo de Ministros, ha aprobado el II Plan de Acción de Economía Circular (PAEC) que, con una inversión total estimada de 1.884,89 millones de euros y 105 medidas, pone en marcha la Administración General del Estado (AGE) para acelerar el despliegue de un modelo económico circular y descarbonizado.

Las 105 medidas del Plan, que implica a 12 ministerios y más de 40 unidades directivas, buscan alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia Española de Economía Circular para el año 2030 y son el resultado de la integración de iniciativas propuestas por el Consejo Asesor de Economía Circular (CAEC) -instrumento de colaboración público-privada que reúne a ministerios, asociaciones sectoriales, sindicatos, ONG, organizaciones de personas consumidoras y el ámbito académico-, así como de las aportaciones recibidas durante el proceso de participación pública.

Las acciones planteadas por la AGE se estructuran conforme a los ejes y líneas estratégicas definidos en la Estrategia Española de Economía Circular, y que ya se aplicaron en el I Plan de Acción. En este sentido, las medidas se articulan en torno a cinco ejes de actuación y tres líneas transversales.

EJES DE ACTUACIÓN

El primer eje, centrado en la producción, persigue promover el ecodiseño y el rediseño de procesos y productos para reducir los impactos ambientales sobre el clima, la biodiversidad y la contaminación. Se busca optimizar el uso de recursos naturales no renovables, fomentar la prevención tanto en la extracción de recursos como en la generación de residuos, promover la durabilidad y la reparabilidad de los productos, incentivar la incorporación de materias primas secundarias y minimizar la presencia de sustancias nocivas, con el objetivo de facilitar su reciclabilidad y avanzar hacia modelos productivos más sostenibles y eficientes.

En el ámbito del consumo, el Plan pretende reducir la huella ecológica mediante el impulso de pautas de consumo más responsables, alejadas del modelo lineal de extraer-producir-consumir-tirar. Este cambio permitirá un uso más sostenible de los recursos, acorde con los límites ambientales del planeta. En este proceso, resulta fundamental tanto el papel de las personas consumidoras como el de las Administraciones Públicas, especialmente a través de la compra pública ecológica.

En cuanto a la gestión de residuos, al igual que en el I Plan de Acción, se persigue aplicar de manera efectiva el principio de jerarquía de los residuos, priorizando la prevención (reducción), la reparación, la preparación para la reutilización y, finalmente, el reciclaje, con el fin de mantener el valor de los materiales el mayor tiempo posible dentro de la economía. Además, por primera vez, el Plan incorpora una dimensión internacional y de cooperación para el desarrollo, orientada a promover la economía circular y una gestión de residuos que proteja la salud de las personas y de los ecosistemas desde una perspectiva global.

En relación con las materias primas secundarias, el objetivo es garantizar la protección del medio ambiente y de la salud humana mediante la reducción de la extracción y el uso de recursos naturales no renovables, al reincorporar al ciclo productivo materiales contenidos en los residuos. Estas medidas contribuyen, además, a reforzar la competitividad empresarial, la autonomía estratégica reduciendo nuestra dependencia frente a proveedores de terceros países y la seguridad industrial de España.

El eje de reutilización y depuración del agua busca fomentar un uso eficiente del recurso hídrico que permita conciliar la protección de la calidad y la cantidad de las masas de agua y sus ecosistemas con un aprovechamiento sostenible e innovador.

Como novedad, el II Plan de Acción incorpora un conjunto de medidas transversales adicionales, estructuradas en cuatro dimensiones:

• Gobernanza, con actuaciones dirigidas a reforzar la Comisión Interministerial de Economía Circular y el Consejo Asesor.
• Transición Justa, al considerar la economía circular como una oportunidad para la creación de nuevos empleos y la transformación de los existentes.
• Reto Demográfico, como uno de los grandes desafíos estructurales a los que debe responder el nuevo modelo de desarrollo.
• Género, con el fin de asegurar un impacto positivo desde esta perspectiva, dado que la implantación de la economía circular mejora la protección de la salud y las condiciones laborales, beneficiando especialmente a las mujeres.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Entre las líneas transversales de investigación, innovación y competitividad, destacan el impulso al desarrollo y la aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías para promover la innovación en procesos, materiales, productos, servicios y modelos de negocio orientados al uso eficiente de las materias primas, el ecodiseño, la reparación y el reciclaje. Asimismo, se fomenta la colaboración público-privada, la formación de personal investigador y de I+D+i, y la inversión empresarial en este ámbito.

La línea de participación y sensibilización incluye actuaciones destinadas a reforzar la implicación de los agentes económicos y sociales, con el objetivo de concienciar sobre el insostenible impacto del modelo económico lineal actual en los retos ambientales, económicos, sociales y tecnológicos, así como sobre la necesidad de generalizar los principios de la economía circular, incluida la jerarquía de los residuos.

Por último, la línea de empleo y formación tiene como finalidad promover la creación de nuevos puestos de trabajo y la mejora de los ya existentes en el marco de la economía circular mediante la educación.

Como muestra del compromiso con la transparencia y la participación, el II Plan de Acción de Economía Circular fue sometido a un procedimiento de información pública que ha permitido enriquecer el documento con las aportaciones de la sociedad y de entidades no integradas en el Consejo Asesor. En total, 79 alegantes presentaron 1.441 alegaciones al borrador del Plan.

IMPULSO A LA ECONOMÍA CIRCULAR

El impulso a la economía circular desempeña un papel clave en la consecución de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dado su potencial de aplicación en todos los sectores productivos y a lo largo de todo el ciclo de producción y consumo. Se trata de una oportunidad para reforzar la competitividad de la industria española, crear empleo de calidad, aumentar la autonomía estratégica y promover una sociedad más consciente de los impactos ambientales del actual modelo lineal de producción y consumo, y más comprometida con la sostenibilidad.

El tránsito hacia una economía circular constituye una necesidad ambiental urgente, pero también una oportunidad económica para España. La implementación exitosa de este Plan requerirá el esfuerzo conjunto y la colaboración de todos los sectores de la sociedad, desde las Administraciones Públicas hasta el sector privado, el tercer sector y las personas consumidoras. España demuestra así su disposición a seguir liderando la transición ecológica hacia un futuro más circular y sostenible.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL SULTANATO DE OMÁN SOBRE EXENCIÓN RECÍPROCA DE VISADOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y el Sultanato de Omán sobre exención recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, especiales y de servicio y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.

Las negociaciones bilaterales dieron comienzo en el 2010, prolongándose hasta 2021, momento en que quedó establecida su redacción final. El acuerdo fue firmado en Madrid, el 5 de noviembre de 2025.

El acuerdo tiene como objetivo promover las relaciones de amistad y cooperación entre los dos países y facilitar la libre circulación de los titulares de pasaportes diplomáticos, especiales y de servicio.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

COMPENSACIÓN AL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN 2024

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la percepción de cantidades, en concepto de compensación, al Instituto de Crédito Oficial por los gastos incurridos en 2024, con cargo a los recursos del Fondo Español de Desarrollo Sostenible, por importe de 1.782.246 euros.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), como agente financiero del Estado, gestiona y administra por cuenta del Estado las ayudas otorgadas con cargo al FONPRODE.

En la actualidad, el FONPRODE ha sido sustituido por el Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES).

Este acuerdo obedece a la obligación de compensar al ICO por los gastos en que éste incurra en el desarrollo y ejecución de la función que se le encomienda.

La compensación al ICO por los gastos incurridos en 2024, con cargo a los recursos del Fondo Español de Desarrollo Sostenible, asciende a un importe de 1.782.246 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AUTORIZACIÓN A LA AECID PARA GASTOS A REALIZAR EN EL EXTERIOR

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a ejecutar en el ejercicio 2026, los fondos librados a justificar del ejercicio 2025, para gastos a realizar en el exterior.

Se trata de un acuerdo para que el Consejo de Ministros autorice a ejecutar en el ejercicio 2026 los fondos librados a justificar del ejercicio 2025, para gastos a realizar en el exterior.

Este acuerdo se fundamenta, además de en la Ley General Presupuestaria, en la naturaleza de los libramientos concretos a los que se refiere, al tratarse de gastos para actuaciones de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), financiados con fondos de la UE (la denominada Cooperación Delegada).

La lógica plurianual de los proyectos de cooperación delegada tiene un difícil encaje con la ejecución presupuestaria anual. Por ello, resulta necesario poder ejecutar en el ejercicio 2026 los gastos de contratos aprobados y comprometidos con terceros con el fin de no poner en peligro los objetivos de los proyectos de los que traen causa.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

REAL DECRETO-LEY DE AYUDAS A LAS VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES FERROVIARIOS DE ADAMUZ (CÓRDOBA) Y GÉLIDA (BARCELONA)

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). Se trata de un paquete económico dotado de 20 millones de euros que pretende acelerar la percepción de ayudas por parte de los afectados, adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil y evitar así las esperas propias de los procedimientos ordinarios de los seguros.

Estas ayudas se sumarán a los mecanismos ya existentes en el actual ordenamiento jurídico y serán complementarias a los planes, seguros y coberturas previstas en la ley para las víctimas de accidentes ferroviarios y, por tanto, compatibles con las indemnizaciones obligatorias por responsabilidad civil. Además, se recibirán íntegramente ya que estarán exentas de tributación.

De la cantidad total de 20 millones de euros, 10 millones serán para las ayudas urgentes y otros 10 correspondientes a los anticipos. La cuantía a percibir se ha definido de la siguiente manera:

• En los casos de fallecimiento, una ayuda directa de algo más de 72.000 euros por cada persona fallecida y la misma cifra en concepto de anticipo del seguro.
• En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde algo más de 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.000 euros en las lesiones de máxima gravedad. Las cifras son las mismas para el anticipo del seguro.

Complementariamente, se iniciarán las modificaciones normativas para la futura implementación de este tipo de medidas en el ordenamiento jurídico español, con el fin de articular un mecanismo estructural de intervención pública para que el Estado asuma con carácter anticipado el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales derivados de los accidentes de transporte colectivo, sin perjuicio de la posterior determinación de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas responsables de dicho accidente.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

COMISIÓN NACIONAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA GENERACIÓN DEL 27

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una Comisión Nacional para la conmemoración del centenario de la Generación del 27, con el objetivo de impulsar y coordinar las actividades que se organicen entorno a este centenario, a través de la colaboración entre las administraciones y entidades públicas y privadas involucradas.

Esta Comisión tendrá el cometido de impulsar un programa diverso, que ponga en relieve a los creadores que formaron parte de la Generación del 27, incluyendo la recuperación y visibilización de las mujeres pertenecientes a este grupo.

El programa para esta conmemoración incluirá actividades académicas, expositivas, literarias, escénicas y musicales a propuesta de las instituciones miembro de la Comisión, y tendrá el objetivo de recordar y difundir las figuras que formaron parte de la Generación del 27, promoviendo su conocimiento y celebrando su legado y su impacto en las generaciones posteriores.

Asimismo, este Centenario de la Generación del 27 tendrá consideración de acontecimiento de especial interés público hasta 2028.

La Comisión Nacional estará presidida por el ministro de Cultura y sus vicepresidencias estarán a cargo del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

En su Pleno se encuentran representadas instituciones de ámbito estatal, como el Instituto Cervantes, Acción Cultural Española o Radio Televisión Española; la mayoría de comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, entes locales, universidades y entidades de diversa índole vinculadas con esta Generación, como la Real Academia Española, la Fundación Federico García Lorca, la Residencia de Estudiantes, el Ateneo de Sevilla o la Fundación María Zambrano. Entre las instituciones internacionales se encuentran la estadounidense Universidad de Columbia y el Ateneo Español de México.

Se trata, en total, de un pleno formado por 62 miembros, del que también forman parte los cuatro comisarios designados por el Ministerio de Cultura para la coordinación de sus actividades en el marco de la conmemoración.

Estos comisarios son Andrés Soria Olmedo, catedrático emérito de Literatura Española de la Universidad de Granada, que hará la relectura de este movimiento artístico; Marifé Santiago Bolaños, profesora titular de Estética de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, patrona de la Fundación María Zambrano y académica correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, que recuperará la memoria de las 'Sinsombrero'; Raquel Lanseros, poeta, traductora, antóloga y profesora universitaria, que desarrollará los temas relacionados con la poesía como arte central para la Generación del 27; y Àngels Gregori, poeta y gestora cultural, académica de la Acadèmia Valenciana de la Lengua, que se ocupará de las áreas de traducciones e internacionalización.

Una vez aprobada la creación de la Comisión Nacional, se convocará su reunión constitutiva, en la que se establecerá su funcionamiento, se propondrá una hoja de ruta y se intercambiará información sobre los proyectos en los que cada miembro está trabajando de cara a la conmemoración.

La celebración del tercer centenario de la muerte de Góngora reunió en 1927 en Sevilla a una serie de poetas que recibió el nombre de Generación del 27. Se trataba de un grupo diverso en edad, intereses y estilos, que tenían en común su dedicación a la literatura y un fuerte compromiso con la cultura y con la República.

Esta generación está formada por autores como Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda o Rafael Alberti, y por autoras como María Zambrano, Concha Méndez o María Teresa León. Este grupo destacó por su fuerza creadora, su conexión con los más importantes movimientos internacionales del momento, como las vanguardias, sus relaciones e influencias recíprocas con otras artes.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

REGISTRO DE VEHÍCULOS PERSONALES LIGEROS

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula el funcionamiento del Registro de Vehículos Personales Ligeros, que establece la obligación de inscripción de los vehículos de movilidad personal -VMP, más conocidos como patinetes- en el Registro Nacional de Vehículos que gestiona la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior.

La puesta en marcha de este registro da cumplimiento a la disposición adicional primera de la Ley 5/2025 de 24 de julio, que modificó la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor para introducir la obligación de asegurar todos los vehículos de movilidad personal, que entró en vigor el 2 de enero pendiente de la puesta en marcha del registro.

Dado que el registro y la inscripción previa de los VMP es requisito indispensable para obtener el seguro obligatorio, los propietarios (o tutores legales en caso de menores) de los más de 4 millones de vehículos de este tipo que se estima circulan por las vías urbanas españolas deberán realizar este trámite administrativo una vez que ya se ha habilitado el procedimiento.

Los titulares podrán hacerlo de forma telemática en la sede electrónica de la web de la DGT y el teléfono 060 ofrecerá ayuda a los usuarios en el proceso de registro e inscripción de su VMP en caso de necesitarlo.

En la actualidad, circulan dos tipos de vehículos de movilidad personal:

• VMP que cuentan con el certificado de circulación:

Estos vehículos cumplen los requisitos establecidos en el Manual de Características de los VMP, que establece una serie de garantías de calidad y durabilidad mínimas así como de seguridad tanto para el usuario de este como para la del resto de usuarios de la vía.

Desde el 22 de enero de 2024 solo se puede comercializar este tipo de VMP y en la web de DGT el ciudadano puede consultar las marcas y modelos certificados.

Los modelos certificados incorporan una placa de marcaje de fábrica única, permanente y legible tal y como se muestra en la imagen:

El proceso de inscripción de este tipo de VMP en el Registro Nacional de Vehículos es sencillo. Además de los datos del titular se deberá consignar tanto el número de certificado y el número de serie, que constan en la placa de marcaje y la ficha técnica de características. Una vez abonada la tasa administrativa correspondiente, el propietario obtendrá el número de inscripción. Una vez solicitada la inscripción, la DGT expedirá el certificado de inscripción digital.

• VMP que no tienen el certificado de circulación:

Son VMP que no cumplen los requisitos técnicos recogidos en el Manual de Características y, por tanto, no tienen placa de marcaje de fábrica. A este tipo de vehículos se les aplica un régimen transitorio que les permite continuar circulando hasta el 22 de enero de 2027 aunque carezcan del certificado de circulación, pero también tienen que ser inscritos en el Registro Nacional de Vehículos y obtener el seguro obligatorio.

Para este tipo de patinetes, además de una serie de datos personales del titular, solo se deberá adjuntar factura o ficha técnica o fotografía del VMP.

La identificación de este tipo de VMP tendrá carácter temporal y dejará de surtir efectos el 22 de enero de 2027, fecha a partir de la cual estos vehículos no podrán circular.

Para todos los VMP, una vez obtenido el certificado de inscripción, en el que constará la información del titular y el número único identificativo, el titular podrá adquirir la etiqueta identificativa en un manipulador de placas habilitado.

Dicha etiqueta deberá colocarse en el porta-identificador destinado a tal efecto en el vehículo una vez que disponga de ella. En el caso del VMP no certificados, se podrá colocar en lugar visible.

Modelo de etiqueta identificativa

Este proceso de inscripción de los Vehículo de Movilidad Personal también podrá llevarse por otros canales como agentes de seguros en el momento de ir a contratar el seguro o gestores administrativos que ya realizan gran cantidad de trámites electrónicos con la Administración. Además, la DGT está trabajando para que, en los próximos meses, pueda hacerse en el mismo momento en el que se adquiere un nuevo VMP en un establecimiento autorizado.

Como sucede con el resto de vehículos, si el VMP cambia de titular y éste ha sido inscrito y cuenta con certificado de circulación en vigor, los intervinientes deberán solicitarlo en modelo oficial en el plazo de treinta días acompañando la documentación antes citada -excepto la ficha de características generales- junto con el número de identificación del vehículo y el número de identificación del titular. Una vez solicitado, Tráfico expedirá un nuevo certificado de inscripción digital a nombre del nuevo titular y conservará el número de identificación del vehículo.

Respecto a la baja de los VMP, deberá realizarse en un centro autorizado para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil. Estos establecimientos comunicarán por medios electrónicos la baja y destrucción de estos vehículos al Registro Nacional de Vehículos.

Según lo dispuesto en la ley sobre responsabilidad civil y seguro, carecer del mismo será sancionado con entre 202 y 610 euros y circular con un VMP sin seguro con entre 250 y 800 euros en función de si es considerado vehículo personal ligero o vehículo a motor (más de 25 kilogramos de peso y más de 14 kilómetros/hora) por la citada Ley del Seguro.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA A MAJADAHONDA (MADRID) COMO SEDE ADMINISTRATIVA Y A BARCELONA COMO SEDE CIENTÍFICA DE CERTERA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se determina la sede física del Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas (CERTERA), de forma que el municipio de Majadahonda (Comunidad de Madrid) albergará la sede administrativa y se complementará con una sede para la dirección científica en Barcelona.

Para el establecimiento se ha tenido en cuenta la recomendación realizada por la Comisión Consultiva para la determinación de las sedes del sector público institucional estatal, que considera que la candidatura de Majadahonda presenta una ventaja estructural y estratégica diferencial por albergar el campus del Instituto de Salud Carlos III, organismo público de investigación dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En conjunto, se ha considerado que es la candidatura que mejor articula la excelencia científica, con operatividad inmediata y alineación con los objetivos estratégicos del consorcio.

La elección anterior se complementa con la extraordinaria capacidad que representa la candidatura de Barcelona, basada en el liderazgo científico, la integración en un ecosistema de innovación, la acreditada experiencia regulatoria y clínica y la concentración de la financiación, al contribuir el Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Hospital Clínic Barcelona) con el 64% de la financiación estatal asignada al Consorcio CERTERA. Por ello, la sede administrativa se complementará con una sede de dirección científica.

Con esta propuesta se garantiza un aprovechamiento de las fortalezas diferenciadas de cada sede:

• Majadahonda concentra la coordinación administrativa y la interlocución institucional desde el ISCIII.
• Barcelona lidera la dirección científica y los ensayos multicéntricos desde su potente ecosistema biomédico.

Este modelo refuerza la cohesión territorial al distribuir funciones entre dos comunidades autónomas, mejora la resiliencia operativa al apoyar el consorcio en dos infraestructuras de excelencia, y amplía la capacidad de atraer y retener talento gracias a las ventajas laborales y de movilidad de ambos entornos.

Además, disponer de dos nodos de referencia en Madrid y Barcelona potencia la capilaridad de CERTERA dentro de una red de 44 entidades, facilitando una transferencia de conocimiento más ágil y equilibrada hacia el conjunto del sistema.

Procedimiento para elegir la sede

La creación de un centro dedicado a terapias avanzadas se incluyó en las medidas del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dedicado a la reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, desarrolladas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Para la elección de la sede se ha aplicado el Real Decreto 209/2022, que establece el procedimiento para determinar las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal y crea la Comisión consultiva, siguiendo un procedimiento objetivo y competitivo.

El Consejo de Ministros, en su reunión del 28 de octubre de 2025, aprobó el acuerdo que iniciaba el procedimiento para la determinación de la sede física de Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas (CERTERA), mediante la tramitación de urgencia.

La Comisión Consultiva para la determinación de las sedes de las entidades del sector público institucional estatal adoptó, en su reunión del 18 de noviembre de 2025, los criterios a tener en cuenta para determinar la ubicación y elevó el informe al Consejo de Ministros el 25 de noviembre de 2025, publicado en el BOE el 26 de noviembre de 2025.

En cumplimiento del Real Decreto que establece el procedimiento para determinar las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional, el 27 de noviembre de 2025 se inició el plazo de un mes para que las asambleas legislativas y los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, o los órganos plenarios de las entidades locales, presentaran sus candidaturas al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El 29 de noviembre de 2025 finalizó dicho plazo recibiéndose tres candidaturas: Barcelona (Cataluña), Valencia (Comunidad Valenciana) y Majadahonda (Comunidad de Madrid).

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

REVISIÓN DEL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS HISPANO-PORTUGUESAS Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Segundo Protocolo de Revisión del Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas y del Protocolo Adicional, hechos en Albufeira el 30 de noviembre de 1998 entre el Reino de España y la República Portuguesa, relativo al régimen de caudales del río Guadiana en la sección de Pomarão.

El Convenio de Albufeira entre España y Portugal se firmó en 1998 para regular la gestión conjunta y sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas compartidas: Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana.

Su objetivo principal es garantizar la protección del medio ambiente, el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y la cooperación en situaciones extremas como sequías e inundaciones.

Este Segundo Protocolo tiene como finalidad incorporar el régimen de caudales del Guadiana en la sección de Pomarão, en la que, por diversas razones, únicamente se fijaba un caudal mínimo diario (en lugar de volúmenes anuales y mensuales, con modulaciones trimestrales y semanales, como en el resto del área de aplicación del Convenio) lo que no facilita un aprovechamiento verdaderamente responsable y sostenible de dichas aguas.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 2026

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de la Administración General del Estado para 2026, que prevé una inversión de 155,60 millones de euros en 124 campañas institucionales a lo largo del presente año, con el objetivo de difundir información relevante para toda la ciudadanía.

El Plan recoge la planificación prevista en esta materia por la Administración General del Estado, detallando el destino y reparto de las campañas según departamentos y objetivos para el año en curso, así como su contenido y asignación, que pueden ser consultados en la página web de Moncloa (apartado prensa-publicidad y comunicación institucional).

Aunque las campañas de carácter comercial no se encuentran en el ámbito de aplicación de la Ley 29/2005 bajo la que se realiza el Plan anual, dado su interés y como viene sucediendo en últimas ediciones, se vuelven a recoger los principales datos. Para el año 2026 se han planificado 49 campañas de carácter comercial, con una inversión total de 115,07 millones de euros.

Interior

SUBVENCIONES PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Política Territorial y Memoria Democrática

TRAMITACIÓN URGENTE EN LAS SUBVENCIONES DIRECTAS PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIVULGACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de determinadas entidades, asociaciones y fundaciones para actividades relacionadas con la promoción, fomento y divulgación de la Memoria Democrática y el reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra de España y la dictadura.

La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, señala en su preámbulo que con las políticas públicas de Memoria Democrática se deben recoger y canalizar las aspiraciones de la sociedad civil, incentivar la participación ciudadana y la reflexión social y reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia.

Asimismo, el artículo 43 de la citada ley, propugna que las acciones de la Administración General del Estado en materia de Memoria Democrática se orientarán al fomento de los valores democráticos y de convivencia garantizando el componente pedagógico. Para favorecer la difusión de estos valores, prosigue el artículo 48, se fomentará la planificación, organización de actividades dirigidas a la difusión y conocimiento de los principales hitos de nuestra historia democrática.

Sobre dicha base jurídica, se considera conveniente contribuir con estas subvenciones a impulsar la conservación, defensa, fomento y divulgación de la Memoria Democrática, financiando la ejecución de proyectos y actuaciones de promoción, fomento y divulgación para la recuperación de la misma y el reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra de España y de la dictadura.

La tramitación de proyecto debe ser urgente, ya que responde a la necesidad de que las entidades beneficiarias garanticen la continuidad y eficacia de los proyectos y actuaciones que tienen programados, muchos de ellos, vinculados a calendarios culturales, educativos, conmemorativos o de conservación patrimonial que no admiten demora.

Asimismo, la disponibilidad inmediata de los recursos previstos resulta esencial para garantizar la participación efectiva de los destinatarios y prevenir el deterioro irreversible de determinados elementos patrimoniales.

Por todo ello, se solicita la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del referido Real Decreto, que, de conformidad con la Ley del Gobierno, reduce a la mitad los plazos previstos para los trámites del procedimiento de elaboración, considera la posibilidad de omisión del trámite de consulta pública y permite la continuación del procedimiento aun quedando pendiente la emisión de un dictamen o informe preceptivo, sin perjuicio de su eventual incorporación y consideración cuando se reciba.

Igualdad

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO TELEMÁTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual, por un valor estimado de 111.100.438,80 euros.

El contrato, con una duración inicial de 36 meses, cuenta con un presupuesto base de licitación de 71.369.269,41 euros, que podría elevarse hasta los 111.100.438,80 euros (valor estimado del contrato), si se dieran las dos prórrogas anuales que serán posibles y con ellas, la duración máxima será de 60 meses.

Además de lo mencionado, los nuevos pliegos contractuales incluyen diversas mejoras en los dispositivos, en el suministro, mantenimiento y en su almacenamiento. En primer lugar, se incrementa el número de dispositivos a adquirir a lo largo del contrato hasta un total de 17.660; se fija en 2.000 el stock mínimo de dispositivos disponibles para su instalación en cualquier punto del territorio nacional en menos de 24 horas, acompañado de un sistema de información y control de stock a disposición de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Se garantiza también el mantenimiento o sustitución de dispositivos en menos de 24 horas y se exige la reparación de cualquiera que se haya manipulado, roto o averiado en un máximo de tres meses. El nuevo contrato introducirá la posibilidad de la compra por separado de los elementos de los que consta un kit de dispositivos (teléfonos móviles, tobillera, cargadores, etc.), para adecuar el volumen de compra a la realidad de pérdidas, manipulaciones y roturas de cada uno de estos elementos según se vayan produciendo.

Se han realizado además ajustes en las características exigidas para asegurar que los dispositivos sean en su mayoría tobilleras, en vez de brazaletes, por su mayor dificultad para ser manipuladas. A ello se suma que se ha previsto la implantación de mecanismos de protección contra la manipulación con material antivandálico, se ha mejorado la resistencia al agua y sensores de movimiento o de temperatura corporal y que tanto la tobillera como el teléfono móvil que completa el sistema del inculpado deberá disponer de una tarjeta electrónica eSIM para que no pueda ser extraída, y contarán con pantallas de cristal reforzado.

Asimismo, se añadirá al mecanismo existente un sistema que genere una alerta adicional a las ya activas de proximidad, basada en detección directa entre el dispositivo electrónico del investigado, inculpado o condenado y la víctima vía bluetooth que se cursará como alerta de proximidad.

Las tobilleras de los nuevos dispositivos contarán con geoposicionamientos de manera autónoma, con lo cual, se tendrá al investigado, inculpado o condenado localizado incluso si deja intencionadamente el teléfono móvil en su domicilio. A esto se unirán baterías recargables de mayor capacidad, la posibilidad de modificar a distancia, a través del teléfono móvil del agresor, los parámetros para reducir los tiempos en los que se manda la geoposición de las tobilleras en caso de ser necesario; o mejoras en la seguridad criptográfica para que los dispositivos de la víctima y el maltratador estén permanentemente relacionados y que no se pueda romper esa relación. Se incorporarán igualmente mecanismos de seguridad para evitar la simulación, el falseamiento o manipulación de los datos que se envían desde los dispositivos al Centro de monitorización y control de la Sala Cometa.

Por otro lado, permitirá medidas de mejora en la operación del Servicio integral de seguimiento, como la exigencia de incorporar a la oferta técnica un plan de transición detallado en respuesta a los requerimientos de la Delegación, del envío de un plan de devolución al final del contrato o nuevas funcionalidades en la plataforma para garantizar que el personal de la Sala Cometa tenga toda la información cómodamente a su alcance. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género contará además con una aplicación de consulta de datos del servicio en tiempo real a su disposición y se consolidará un sistema de comunicaciones con el Ministerio de Igualdad para garantizar el acceso a otros sistemas como VioGén o Lexnet, entre otros, asegurando la interoperabilidad y la automatización del envío de la información y con ello reforzando la protección a las víctimas.

Los dispositivos, junto a lo ya señalado, contarán con configuración individualizada de idioma y se atenderá a las víctimas, a ser posible, sin la intervención de interpretación automática. El contrato incluye por primera vez un número 900 adicional exclusivo para la comunicación de las víctimas con Cometa, y dos puestos de especialistas en psicología para llamadas de víctimas que requieran una atención especializada.

Mayor control y más medios

Gracias a las mejoras del nuevo contrato, se elaborará un exhaustivo sistema de seguimiento y control de calidad para garantizar el funcionamiento de todos los subservicios que integran el Servicio integral de seguimiento por medios telemáticos, así como un plan de contingencia detallado para el caso en el que se produzcan caídas del cualquiera de los elementos del sistema.

En cuanto a personal, cabe destacarse que se creará la figura del responsable coordinador o coordinadora del Servicio de suministros, gestión y mantenimiento de los dispositivos, que controlará el stock de cada uno de los elementos que conforman los kits de dispositivos. Se pasará de uno a dos responsables coordinadoras o coordinadores de la Sala Cometa, se creará un puesto de responsable del Servicio de desarrollo y mantenimiento de software y otro de responsable del Servicio de infraestructuras, procesamiento de datos y almacenamiento. Junto a lo mencionado, la Sala tendrá un coordinador o coordinadora jurídico, dos asesoras o asesores jurídicos, los dos puestos ya mencionados para atención psicológica y se aumentarán a tres los puestos de coordinación y supervisión de los turnos de Cometa. En definitiva, se pasará de exigir un mínimo de 151 personas en sala.

La adjudicataria, de su lado, deberá mantener el nivel mínimo de stock de cada uno de los elementos que conforman el sistema o kit de dispositivos y remitir los partes de intervención a los órganos judiciales, fiscalías y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un plazo de 24 horas. Se reducirán los tiempos para la notificación y resolución de incidencias técnicas graves, se elevarán los requisitos de disponibilidad del servicio, se incluirán tareas de mantenimiento programado. Además, se clarifican los mecanismos necesarios para que el incumplimiento de estos acuerdos de nivel de servicio dé lugar a las penalidades establecidas en el pliego.

Por último, el nuevo contrato refuerza el modelo de gobierno entre la prestataria y la Delegación del Gobierno para garantizar un adecuado seguimiento, registro de datos y controles de calidad del servicio. Se recogen, por ejemplo, mejoras en los informes que se presenten a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, definiéndose con mayor precisión el contenido y el número; o en medidas relacionadas con los procedimientos de transición y devolución del servicio en caso de que la empresa adjudicataria sea distinta a la actual. En ese sentido, tres meses antes de la finalización del contrato, la empresa saliente tendrá que presentar un plan para la migración de las personas usuarias, la monitorización de estas, la gestión de los dispositivos electrónicos y el intercambio de información y responsabilidades durante el periodo de transición. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género validará el plan y solicitará los cambios oportunos, en caso de ser necesarios.

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Director del departamento de Estudios Estratégicos del Gabinete del Presidente del Gobierno

D. XAVIER ROMERO VIDAL

Defensa

Fiscal de la Sala Quinta del Tribunal Supremo

Dª. MARÍA DOLORES PLAZA LÓPEZ