Referencia del Consejo de Ministros

La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Defensa

Interior

Transportes y Movilidad Sostenible

Agricultura, Pesca y Alimentación

Política Territorial y Memoria Democrática

Vivienda y Agenda Urbana

Cultura

Economía, Comercio y Empresa

Ciencia, Innovación y Universidades

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

Juventud e Infancia

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

APROBADOS LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2026-2028 para su remisión a las Cortes Generales, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2026.

El techo de gasto, que alcanzará los 212.026 millones de euros, se incrementa sin comprometer el rigor presupuestario. El Gobierno mantiene su hoja de ruta, que consiste en reducir la deuda y el déficit público a la vez que se refuerza el Estado del Bienestar. Unos objetivos que son compatibles por el buen comportamiento de la economía española, cuyo crecimiento triplicará al del conjunto de la Zona Euro y que está batiendo récords de empleo y de reducción del paro. Situación a la que han contribuido los fondos europeos, los cuales han sido asumidos con éxito por el tejido productivo.

El techo de gasto 'nacional', el que no incluye los fondos europeos, crece un 8,5% con respecto al de 2025. El incremento, de 16.674 millones de euros, va en la línea de mantener la apuesta por unas cuentas públicas ambiciosas que encajen con el cumplimiento de las reglas fiscales.

Este techo de gasto contempla además una transferencia de 22.881 millones de euros a la Seguridad Social. Esto sirve para cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo que tienen con fin salvaguardar el sistema de pensiones y prestaciones. Su impacto será asumido por completo por la Administración Central.

En cuanto al límite de gasto no financiero total, que tiene en cuenta los fondos del Plan de Recuperación, este alcanza los 216.177 millones de euros. Lo que implica un aumento del 8,5% y 17.007 millones de euros para el año 2026. Será en este ejercicio cuando se incluyan por última vez los fondos provenientes de Europa canalizados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que se creó como respuesta a la pandemia de coronavirus. Un último año que consolidará por completo su impacto positivo en la actividad económica del país, después de que España haya recibido 55.000 millones de euros en transferencias y sea el país de la UE líder en recepción de fondos no reembolsables.

Estos datos serán la base del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026. Unas cuentas públicas que perseverarán en el refuerzo de las políticas sociales y que tendrán como gran protagonista un aumento considerable de las políticas de vivienda. De esta manera, se cumplirán los compromisos de estabilidad presupuestaria sin dejar de lado la mejora de los servicios a los ciudadanos y de su calidad de vida.

A lo anterior hay que sumar el compromiso de continuar con una reducción notable de deuda y déficit. Algo que atestiguan los datos, con el déficit público cayendo cuatro años seguidos desde su máximo del -9,9% del PIB en 2020 hasta situarse en el -2,8% a cierre de 2024.

Senda de déficit

El Acuerdo de los Objetivos de Estabilidad aprobado por el Consejo de Ministros recoge los objetivos de déficit para los subsectores en el periodo 2026-2028. En ese trienio, la Administración Central será la que asuma el mayor esfuerzo de reducción para cumplir los compromisos con Europa. Lo que facilitará que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales refuercen con toda garantía los servicios públicos que ofrecen a sus poblaciones.

En 2026, el conjunto de las Administraciones Públicas deberá situar su déficit en el -2,1%. Para 2027 y 2028, se reducirá al -1,8% y el -1,6% respectivamente.

Para los próximos tres años, el objetivo de estabilidad autonómico será del -0,1%. En la medida en que el objetivo de estabilidad es el mismo para todo el período y que los recursos procedentes del Estado seguirán aumentando, las comunidades tendrán margen para incrementar su inversión en sanidad, educación o vivienda.

Los Ayuntamientos y las Entidades Locales deberán situarse en el equilibrio presupuestario, tal y como aprobó la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL). Hay que recordar que, en los dos últimos ejercicios cerrados, las entidades locales registraron superávit presupuestario.

Por último, la Seguridad Social tendrá una senda del -0,2% para 2026 y 2027, mientras que para 2028 deberá reducir su déficit al -0,1%.

Entregas a cuenta

Las CCAA recibirán los mayores recursos de su historia en el año 2026, que percibirán un total de 157.731 millones de euros en entregas a cuenta. Un 7% más que en 2025.

Esta cifra es superior a la que se les comunicó el pasado mes de julio, y que se ha revisado gracias al buen comportamiento de la economía. Y si se tiene en cuenta la previsión de liquidación para 2024, los territorios recibirían entre EECC y liquidación hasta 170.300 millones de euros. El incremento en este caso será del 7,7% en comparación a 2025.

Los recursos para las Entidades Locales (EELL) también baten un nuevo récord. Ayuntamientos y corporaciones recibirán en entregas a cuenta 29.246 millones de euros en 2026, un 8,7% más que en 2025. Si a esto se le suma la liquidación de 2024, al ámbito local llegarán 30.216 millones de euros del sistema de financiación, un 4,6% más.

Objetivos de deuda

El Acuerdo del Consejo de Ministros recoge los objetivos de deuda pública para ese periodo 2026-2028, en los que se reitera el compromiso de continuar reduciéndola de manera firme, tal y como ha ocurrido desde el máximo que se alcanzó a causa de la pandemia en el primer trimestre de 2021.

La nueva senda determina que el conjunto de las Administraciones Públicas tendrá que reducir su deuda en 2026 al 100,9% del PIB. En 2027, el recorte deberá llegar al 100%. Y en 2028, la deuda pública deberá caer hasta el 99,1%.

En cuanto a la regla de gasto, la tasa de referencia nominal para 2026 es del 3,5%. En 2027, será del 3,4%. Y en 2028, del 3,2%.

Hacienda

FONDO DE CONTINGENCIA PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA ANTE LA DANA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 560 millones de euros y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Hacienda para financiar gastos extraordinarios del ejercicio 2025 realizados por la Comunitat Valenciana en respuesta a la situación de emergencia derivada de la DANA registrada a finales de octubre de 2024.

Según establece la Disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, los departamentos ministeriales podrán solicitar al Ministerio de Hacienda créditos extraordinarios y suplementos de crédito para financiar las necesidades presupuestarias con ocasión de los gastos causados en atender las medidas para paliar los daños causados por la DANA, mediante los correspondientes expedientes de modificaciones presupuestarias.

Estos expedientes de modificación presupuestaria se aprobarán por el Consejo de Ministros y se financiarán con cargo al crédito, declarado ampliable, 'Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria, artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, DANA 28 de octubre 2024'.

Por otro lado, de acuerdo con la Disposición adicional primera del citado Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, cualquier expediente de gasto que se tramite al efecto deberá imputarse al programa presupuestario 'Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024', que se crea para esta finalidad en cada sección presupuestaria.

Además, el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, establece que el Estado podrá asignar a la Comunitat Valenciana, con cargo a los mecanismos adicionales de financiación, recursos suplementarios para cubrir las necesidades de financiación correspondientes a los gastos extraordinarios ejecutados por dicha comunidad autónoma en respuesta a la situación de emergencia derivada de la DANA.

En este contexto, atendiendo a la solicitud recibida de la Comunitat Valenciana el 31 de enero de 2025, se asignó mediante acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de fecha 3 de marzo de 2025, recursos al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas por importe de 2.364.280.000 euros, para financiar los gastos extraordinarios no financieros ejecutados en 2025 en respuesta a la DANA, considerándose la financiación asignada dentro del ámbito objetivo de dicho Fondo.

A tal efecto, los gastos extraordinarios no financieros ejecutados por la Comunitat Valenciana durante los tres primeros trimestres del ejercicio 2025 ascienden a un total de 957.892.830,50 euros, según se desprende de las solicitudes de desembolso presentadas por la Comunitat Valenciana, certificando el nivel de ejecución presupuestaria en cada trimestre.

Respecto a los gastos correspondientes al cuarto trimestre de este año, tal y como señala la memoria, la Comunitat Valenciana ha estimado unos gastos por importe de 855.538.000 euros.

Por lo tanto, el gasto total estimado para el año 2025 asciende a una cuantía de 1.813.430.830,50 euros.

El crédito dotado en la aplicación presupuestaria 'Aportación patrimonial al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas DANA' asciende a 1.257.606.970 euros, por lo que se produce una necesidad de crédito por un importe de 555.823.860,50 euros. No obstante, para evitar posibles desviaciones en las estimaciones del último trimestre, se aumenta dicha cuantía hasta 560 millones de euros.

Por lo tanto, para permitir esta financiación, es preciso autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Hacienda, por importe de 560 millones, de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto-ley 6/2024.

Hacienda

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA LOS COMPLEMENTOS DE PENSIONES MÍNIMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El Cnsejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 143.277.070 euros al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la financiación de los complementos de pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social.

Los complementos de pensiones mínimas y su financiación están regulados en los artículos 59 y 109 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El artículo 109.2 del citado texto refundido señala que "la acción protectora de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva y universal, se financiará mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.3, primer inciso, en relación con la letra c) del apartado 2 del mismo artículo, con excepción de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social y servicios sociales cuya gestión se halle transferida a las comunidades autónomas, en cuyo caso, la financiación se efectuará de conformidad con el sistema de financiación autonómica vigente en cada momento". Al efecto, en el apartado 3 del citado artículo 109 se establece que tienen naturaleza no contributiva, entre otros, "los complementos por mínimos de las pensiones de la Seguridad Social".

La gestión y reconocimiento del citado complemento corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina.

En este sentido, es necesario ampliar el crédito dotado en la aplicación presupuestaria 'Aportación del Estado para financiar los complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social' para cubrir el montante de estas prestaciones.

Por consiguiente, para dar cumplimiento a dicho gasto, el centro gestor considera necesario tramitar un expediente de transferencia de crédito, que ha sido aprobada en el Consejo de Ministros.

Hacienda

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA GARANTIZAR EL INGRESO MÍNIMO VITAL

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 558.048.301,89 millones de euros al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la garantizar la financiación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El Ingreso Mínimo Vital y su financiación están regulados en Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital y en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El artículo 35 de la citada Ley 19/2021 establece que el Ingreso Mínimo Vital, como prestación no contributiva de la Seguridad Social, se financiará de conformidad con lo previsto en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

El artículo 109.2 de la citada norma señala que "la acción protectora de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva y universal, se financiará mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, con excepción de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social y servicios sociales cuya gestión se halle transferida a las comunidades autónomas". Al efecto, en el apartado 3 del citado artículo 109 se establece que tiene naturaleza no contributiva el IMV.

Por otro lado, el artículo 25 de la citada Ley 19/2021 señala que "la competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo apartado de este artículo y en las disposiciones adicionales cuarta y quinta".

Para dar cumplimiento a dicho gasto, el centro gestor considera necesario tramitar un expediente de transferencia de crédito para atender las necesidades de esta medida, cuya aprobación se someterá al Consejo de Ministros.

Hacienda

MODIFICACIÓN DE LÍMITES DE GASTO PARA AYUDAS DEL MINISTERIO DE CULTURA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar la tramitación anticipada de dos convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia competitiva por parte del Ministerio de Cultura.

El Centro de Coordinación de Industrias Culturales (CCIC) pretende convocar, en régimen de concurrencia competitiva, las siguientes ayudas a conceder en el ejercicio 2026:

• Una línea de ayudas, dotada con un millón de euros, que tiene el objetivo de contribuir a modernizar las instalaciones y equipamientos de salas de música en directo, favoreciendo su sostenibilidad medioambiental y financiera, su accesibilidad, y el desarrollo de nuevos modelos de negocio.
• Una segunda línea de ayudas, dotada con 2.990.000 euros, cuyo objeto es apoyar actividades y proyectos específicos del sector cultural y creativo que sirvan para su profesionalización e innovación.

Por ello, es necesario autorizar límites en 2026, al no existir crédito inicial en 2025, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por los citados importes.

Dentro de las disponibilidades financieras asignadas al Ministerio de Cultura en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, habrán de consignarse las dotaciones para atender los compromisos que se asuman dentro de los límites plurianuales acordados por este acuerdo.

Por ello, en aplicación de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria se ha sometido este acuerdo para su autorización por el Consejo de Ministros.

Hacienda

MODIFICACIÓN DE LÍMITES DE GASTO PARA ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la modificación de límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pueda llevar a cabo diversas actuaciones en materia de infraestructura del transporte ferroviario.

La Dirección General del Sector Ferroviario, tras analizar la situación de los contratos actualmente en ejecución, plantea esta solicitud con el fin de cumplir con los objetivos del Programa 'Infraestructura del transporte ferroviario'.

Además de las actuaciones ya iniciadas, se requiere acometer otras nuevas que deben ponerse en marcha en 2025, con repercusión presupuestaria en los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

Partiendo de los nuevos compromisos a adquirir y teniendo en cuenta las retenciones de crédito ya existentes en la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales', según nivel de vinculación, se obtiene el siguiente cuadro resumen de necesidades totales (importe en euros):

Por todo ello, al superarse los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros destinada a elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en las anualidades 2026 y 2027.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

SUBVENCIONES DE LA AECID EN MATERIA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo sostenible por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con carácter excepcional y por razón de interés público, institucional, humanitario, social y cultural, de dieciocho subvenciones de carácter singular a las siguientes entidades beneficiarias:

• Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS).
• Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo-España.
• Fundación Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).
• Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social F.S.P. (FCSAI).
• Instituto Europeo del Mediterráneo IEMed.
• MedCities.
• Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
• Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
• Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América (Comisión Fulbright).
• Fundación Carolina.
• Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz.
• Fundación Privada Casa América Catalunya.
• Institución Ferial de Madrid (IFEMA).
• Spain Usa Foundation.
• Fundación ONCE.
• Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).
• Fundación Albéniz.
• Consorcio BSC-CNS.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

COMPENSACIÓN AL ICO POR LA GESTIÓN DEL FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO EN 2024

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza el pago al Instituto de Crédito Oficial de 97.525 euros, con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, en concepto de compensación de gastos por la gestión del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento durante el año 2024.

La Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, creó el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) y dispuso el derecho del Instituto de Crédito Oficial (ICO), como agente financiero del FCAS, a ser compensado con cargo a éste por los gastos en que incurriera en desarrollo y ejecución de las funciones encomendadas.

A propuesta del ICO, en la reunión del Comité Ejecutivo del FCAS, celebrada el 17 de junio de 2025, se aprobó elevar al Consejo de Ministros una propuesta de compensación al ICO por los gastos incurridos en la administración del Fondo en el año 2024, por un importe de 97.525 euros. El importe se ha determinado teniendo en cuenta los gastos de explotación del ICO a lo largo del 2024 en concepto de la administración del Fondo.

El importe de 97.525 euros está dentro del límite contemplado en el artículo 55 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 prorrogados para 2024 y para 2025, que recoge el importe máximo por el que se podrán autorizar operaciones con cargo al Fondo.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

INICIA EL PROCESO PARA ELEGIR LA SEDE DE LA AGENCIA DE SALUD PÚBLICA

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de los Ministerios de Sanidad y de Política Territorial y Memoria Democrática, el acuerdo por el que se inicia el procedimiento para determinar la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), un organismo estratégico creado por la Ley 7/2025, de 28 de julio, para reforzar la capacidad del Estado en vigilancia, evaluación y respuesta ante amenazas para la salud de la población.

Este paso da cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, que regula el procedimiento de elección de sedes para entidades del sector público estatal, y se tramitará por vía de urgencia, con el objetivo de reducir plazos y garantizar que la AESAP esté operativa en los plazos comprometidos por el Gobierno.

Una agencia clave para la salud pública del siglo XXI

La AESAP responde tanto a los aprendizajes derivados de la pandemia de COVID-19 (2020-2023) como a las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) y la Comisión Europea.

La Agencia albergará el nodo central de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública y será el punto de referencia para la coordinación nacional ante crisis sanitarias, así como para el impulso de la evaluación, comunicación del riesgo y asesoramiento técnico-científico a las Administraciones públicas.

Procedimiento de selección abierto y con tramitación urgente

El procedimiento de selección de la sede comenzará con la publicación, en el Boletín Oficial del Estado, de los criterios específicos de valoración, que elaborará la Comisión consultiva del Ministerio de Política Territorial. Estos criterios estarán basados en los principios de transparencia, eficiencia, vertebración territorial y adecuación funcional, y se aplicarán de forma objetiva y competitiva.

Las comunidades autónomas interesadas deberán presentar su candidatura a través de la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial, en el plazo que se establecerá en la convocatoria.

El procedimiento se tramita por vía de urgencia, lo que implica la reducción a la mitad de los plazos administrativos, salvo el correspondiente a la presentación de candidaturas.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional del Gobierno de España con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia con el siguiente contenido:

"Con motivo del 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de la Infancia, el Gobierno de España reafirma su compromiso con los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Nuestra responsabilidad como país no es sólo proteger su bienestar, sino construir una sociedad que les incluya, les tenga en consideración como sujetos de derechos, y garantice una vida libre de violencia, discriminación y desigualdades.

Las infancias son diversas y por ello se enfrentan a diferentes desigualdades. Es responsabilidad del Estado y del conjunto de la sociedad acabar con las estructuras que reproducen estas desigualdades y garantizar que cada niño y cada niña pueda desarrollarse en libertad, autonomía y dignidad. Por ello, desde el Gobierno de España se sigue avanzando en la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia. Para ello, nuestro país cuenta con un instrumento pionero a nivel internacional como es la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). Esta norma supuso un cambio de paradigma que convierte la violencia contra la infancia en una cuestión de la que debe hacerse cargo el conjunto de la sociedad, pero se debe continuar desarrollando su implementación en colaboración con las administraciones autonómicas y ampliándola para garantizar derechos. En esta materia, cabe destacar también el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, informado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de septiembre de 2025, cuyo principal objetivo es reforzar la respuesta institucional frente a la violencia ejercida sobre los hijos e hijas y las personas del entorno de las víctimas de violencia de género como instrumento de dominación y daño hacia ellas.

Asimismo, la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, y el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027 recogen los derechos de la infancia como principio esencial, elemento transversal y prioridad temática de la acción exterior española, a través de una cooperación internacional que invierte en la infancia y adolescencia, en sus capacidades y participación activa, con enfoque de género, como vía necesaria para acabar con el ciclo de la pobreza y la desigualdad, asegurando en todas las intervenciones el respeto al principio del interés superior de la infancia, y de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño; impulsa la lucha contra el trabajo infantil en el mundo; y presta especial atención al impacto de las crisis humanitarias en la infancia, priorizando además la educación en emergencias e impulsando activamente la agenda internacional de escuelas seguras.

Las nuevas tecnologías deben ser una herramienta de aprendizaje y libertad, nunca de acoso, explotación o control. Es por ello que se ha aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley Orgánica de Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales, que pretende consagrar los entornos digitales como espacios seguros que permitan desarrollar su potencial formativo, mientras que se lucha contra fenómenos como el ciberacoso o el aprovechamiento económico de las personas menores de edad en su calidad de personas consumidoras vulnerables.

La desigualdad económica también condiciona vidas enteras desde la infancia. Por eso, desde el Ministerio de Juventud e Infancia se continúa impulsando políticas de lucha contra la pobreza infantil, ampliando apoyos a las familias, trabajando en el cumplimiento del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea y extendiendo el Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital, mientras se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal. El abordaje de la pobreza infantil debe realizarse desde una perspectiva integral, reconociendo que se trata de un fenómeno multidimensional que va más allá de la falta de ingresos.

Además, es imprescindible la apuesta por el fortalecimiento los servicios públicos de salud, educación y cuidados, pues sólo se pueden conseguir marcos inclusivos desde el refuerzo de lo público. Ningún niño, niña o adolescente debe ver limitado su futuro por su situación económica o habitacional. Por todo ello, el Ministerio de Juventud e Infancia está impulsando un Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil, un objetivo que tiene que unir al conjunto de fuerzas políticas y administraciones públicas, así como a la sociedad en su conjunto.

Es necesario seguir avanzando en garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción o discriminación, y tener para ello en cuenta a aquellos que viven con una mayor vulnerabilidad, como es el caso de la infancia tutelada, la infancia migrante no acompañada u otras infancias vulnerables.

Defender los derechos de niños, niñas y adolescentes no es sólo una obligación constitucional: es un proyecto de país. El proyecto de un país más libre y más justo en el que los derechos no vengan determinados por el código postal. España continúa avanzando, con firmeza, hacia una sociedad que cuide y acompañe todas las infancias".

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

APROBADOS LOS CRITERIOS DE REPARTO DEL FONDO DE BIENES DECOMISADOS PARA 2026

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueban los criterios de distribución, para el año 2026, del Fondo procedente de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Esta decisión se adopta a propuesta conjunta de los Ministerios de Sanidad, del Interior, de Hacienda y de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El Fondo, de naturaleza finalista, se compone del producto de bienes y sanciones obtenidos en procedimientos penales por narcotráfico, contrabando y delitos conexos, y su objetivo es apoyar programas que contribuyan a la reducción de la demanda y del tráfico de drogas, así como a la cooperación internacional en estas materias.

La propuesta de criterios, acordada por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones establece la financiación de programas de:

• Prevención de toxicomanías y otras adicciones, con especial atención a colectivos vulnerables y a las nuevas formas de consumo.
• Asistencia a personas con adicciones, incluyendo atención sanitaria, salud mental e inserción social y laboral.
• Formación de profesionales y voluntariado en el ámbito de las adicciones.
• Investigación, sistemas de información y vigilancia epidemiológica.
• Cooperación internacional, intercambio de buenas prácticas y mejora de capacidades operativas.
• Adquisición de equipamientos, medios materiales y tecnológicos por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Especial Antidroga.

Además, se contempla la posibilidad de financiar actuaciones de carácter interdisciplinar o urgente, siempre en el marco de los fines previstos legalmente y alineadas con la Estrategia Nacional sobre Adicciones y sus Planes de Acción.

Durante el ejercicio anterior, se asignaron un total de 28,6 millones de euros con cargo al Fondo. De esta cantidad, 13,85 millones se destinaron a programas de reducción de la demanda, canalizados a través de las Comunidades Autónomas (8,2 millones), Corporaciones Locales (4,5 millones), ONG de ámbito estatal y entidades como la FEMP (450.000 euros), además de proyectos internacionales y actuaciones promovidas directamente por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

En paralelo, se destinaron 12,3 millones de euros a programas orientados al control de la oferta, con actuaciones lideradas por el Ministerio del Interior, la Agencia Tributaria, la Fiscalía Especial Antidroga y otros organismos públicos.

Por último, se reservaron 2,5 millones de euros para la gestión administrativa del propio Fondo. Esta estructura de reparto, que se mantiene en sus líneas generales, refleja la voluntad del Gobierno de articular una respuesta integral y equilibrada entre la prevención, la atención social y la represión del delito.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REPRESENTACIÓN PARA PERSONAL DE TROPA DE NUEVA INCORPORACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo Marco para la adquisición de equipos de representación de diferentes unidades para personal de tropa de nueva incorporación.

El objeto del acuerdo marco es la adquisición de los artículos que forman parte de los diferentes equipos de representación para dotar al personal que se incorpora a las academias o centros de formación del Ejército de Tierra, en función de la unidad de destino, con el fin de realizar sus cometidos en territorio nacional y zona de operaciones en las que el Ejército de Tierra se encuentre desplegado.

El acuerdo marco tendrá un valor estimado de 16.619.847,20 euros, y tendrá una vigencia de dos años a contar desde su perfección, con posibilidad de prórroga de dos años.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CYBER RANGE EN ENTORNO CLASIFICADO

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para el diseño, desarrollo, implementación, operación y mantenimiento de un Cyber Range en entorno clasificado.

Con este Acuerdo Marco se pretende disponer de una plataforma virtual en entornos clasificados que permita simular entornos operativos reales (estáticos o desplegables), para la instrucción y adiestramiento, así como la experimentación, la simulación y la validación de nuevos conceptos, tecnologías, técnicas, tácticas y procedimientos de Ciberdefensa.

El valor estimado del acuerdo asciende a 57.851.239,67 euros, y tendrá una duración de 36 meses desde el día siguiente a la fecha de su formalización, sin posibilidad de prórroga.

Defensa

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DE LA URBANIZACIÓN DEL FUTURO ACUARTELAMIENTO MONTE LA REINA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de construcción de la primera fase de las obras de urbanización del futuro acuartelamiento Monte la Reina, en Toro (Zamora).

La ejecución de estas obras responde a la necesidad de dotar al futuro acuartelamiento de las infraestructuras y servicios básicos imprescindibles para el desarrollo de la actividad de las unidades que se establecerán en él.

El contrato tendrá un valor estimado de 27.100.393,42 euros, y tendrá una duración de diez meses a partir del día siguiente al de la firma de conformidad del acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras, sin posibilidad de prórroga.

Defensa

CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE COMBATE EN EL CIBERESPACIO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para la adquisición de un sistema integral de combate en el ciberespacio.

El objeto del contrato es proveer al Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) de los servicios de desarrollo, consultoría, mantenimiento correctivo y evolutivo de software a medida; así como del suministro de equipamiento y los servicios necesarios para las capacidades de los sistemas y subsistemas del Sistema de Combate del Ciberespacio (SCOMCE), incluyendo la gestión de los servicios relacionados con estas capacidades.

El contrato tendrá un valor estimado de 132.231.404,96 euros, y tendrá una vigencia desde su formalización hasta el 30 de noviembre del 2028, sin posibilidad de prórroga.

Defensa

ADQUISICIÓN DE HELICÓPTEROS LIGEROS MULTIPROPÓSITO Y SU APOYO LOGÍSTICO PARA LA ENTRADA INICIAL EN SERVICIO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para la adquisición de cincuenta helicópteros ligeros multipropósito y su apoyo logístico para la entrada inicial en servicio.

Se requiere la adquisición de estos helicópteros para completar las capacidades operativas que precisa la aviación del Ejército de Tierra y responder a la necesidad de racionalizar la flota de aeronaves ligeras, sustituyendo a los actuales modelos próximos al final de su ciclo de vida útil, para cubrir sus cometidos actuales de enseñanza y apoyo a emergencias.

El contrato tendrá un valor estimado de 1.975.000.000 euros, y tendrá una vigencia desde su formalización hasta el 30 de noviembre del 2035, sin posibilidad de prórroga.

Defensa

SÉPTIMA ENMIENDA DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN Y SOPORTE A LA INTEGRACIÓN DEL MISIL AIM-120-C7

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración de la séptima enmienda del contrato para la adquisición y soporte a la integración del misil AIM-120-C7.

Se precisa la adquisición de dicho material para mantener los niveles de reserva requeridos por el Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio.

El valor estimado de esta enmienda es de 63.000.000 euros.

Defensa

CONTRATO DE SUMINISTRO DE VEHÍCULOS ANFIBIOS DE COMBATE DE INFANTERÍA DE MARINA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de suministro de vehículos anfibios de combate de Infantería de Marina.

Estos vehículos vendrán a reemplazar los obsoletos vehículos de asalto anfibio reforzando la capacidad de proyección de la Fuerza Anfibia, esencial para las operaciones de la Armada.

El valor estimado del contrato asciende a 306.232.055,39 euros, tendrá una duración desde la formalización del contrato hasta el 30 de noviembre de 2030, sin posibilidad de prórroga.

Defensa

MODERNIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE CENTROS DE OPERACIONES DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA SEMIAUTOMÁTICOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA Y LA ARMADA

El Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para la modernización y adquisición de centros de operaciones de artillería antiaérea semiautomáticos del Ejército de Tierra y la Armada.

Los centros a adquirir resultan imprescindibles para las operaciones de la artillería antiaérea. Esta artillería, como parte integrante de la defensa antiaérea, tiene como misión la protección de las unidades, organizaciones operativas e instalaciones de las Fuerzas Armadas y de los puntos vitales y zonas que, por su importancia táctica, operacional o estratégica, se le asignen, contra cualquier clase de acción aérea hostil, garantizando la conservación de la capacidad de combate de la fuerza y la preservación de los intereses protegidos.

El valor estimado del acuerdo asciende a 1.686.641.333,34 euros, con una duración desde la formalización del contrato hasta el 30 de noviembre de 2035, sin posibilidad de prórroga.

Defensa

CONTRATO DE DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE SISTEMAS AÉREOS REMOTAMENTE TRIPULADOS DE CLASE I/II DE MEDIO ALCANCE

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de desarrollo y adquisición de cuarenta y nueve sistemas aéreos remotamente tripulados de clase I/II de medio alcance.

La finalidad de este contrato es la de disponer de medios de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de altas capacidades basados en sistemas aéreos tripulados remotamente (RPAS) Clase I/II, con los objetivos de proporcionar apoyo a las unidades militares en la función conjunta de inteligencia en sus zonas de interés y en las funciones conjuntas de mando y control, fuegos y protección de la fuerza en sus zonas de responsabilidad.

El valor estimado del contrato asciende a 436.938.000 euros, con una duración hasta el 30 de noviembre de 2029, sin posibilidad de prórroga.

Defensa

CONTRATO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE SIMULACIÓN DEL HELICÓPTERO NH90

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para el proceso de optimización de los medios de simulación del helicóptero NH90.

La finalidad de este contrato es la actualización de los sistemas de simulación del helicóptero NH90, el traslado de uno de ellos a la Base Naval de Rota y la adquisición de nuevos simuladores multifunción, optimizando parte de los medios actuales, con los objetivos de asegurar el nivel de formación y de adiestramiento táctico avanzado que precisan las tripulaciones, de reducir los costes de operación y de sostenimiento del helicóptero y de contribuir a la mejora de la Seguridad de Vuelo en la Unidad.

El valor estimado del acuerdo asciende a 14.126.400 euros, y tendrá una duración desde el 1 de enero de 2026, o desde la fecha de formalización del contrato si fuese posterior, hasta el 05 de diciembre de 2027, sin posibilidad de prórroga.

Defensa

MODELO DE PROTOTIPO DE INGENIERÍA PARA LA FABRICACIÓN DE UN RADAR ROTATORIO PARA EL BUQUE DE PROYECCIÓN MARÍTIMA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para el desarrollo de un modelo de prototipo de ingeniería orientado a la fabricación de un radar rotatorio AESA de exploración en banda S para el Buque de Proyección Marítima.

Con este contrato se pretende cubrir la necesidad de avanzar en la definición y el desarrollo de un radar de exploración aérea para los futuros Buques de Proyección Marítima al objeto de poder dotar a éstos de un radar completo totalmente funcional.

El valor estimado del contrato asciende a 18.000.000 euros, y tendrá una duración desde la firma del contrato hasta el 30 de octubre de 2029, sin posibilidad de prórroga.

Defensa

CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO DE DEFINICIÓN DE LA PLATAFORMA AÉREA TRIPULADA SIGINT DEL PROGRAMA SANTIAGO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la contratación del estudio de definición de la plataforma aérea tripulada SIGINT del programa Santiago.

Con este contrato se pretenden alcanzar las capacidades de obtención de inteligencia de señales (SIGINT) desde medios aéreos del Sistema SANTIAGO, para la elaboración de inteligencia de señales y su posterior integración en la red SIGLO del Sistema Santiago.

El valor estimado del contrato asciende a 16.000.000 euros, tendrá una duración de 18 meses desde el día siguiente a la fecha de formalización, sin posibilidad de prórroga.

Defensa

ADQUISICIÓN DEL AVIÓN SUSTITUTO DEL T.12B Y NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE ENSEÑANZA EN VUELO PARA LA ESCUELA MILITAR DE TRANSPORTE AÉREO, ITS-T

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para la adquisición del avión sustituto del T.12B (Aviocar) y del nuevo sistema integrado de enseñanza en vuelo para la Escuela Militar de Transporte Aéreo, ITS-T.

Con este expediente se pretende adquirir un sistema integrado de enseñanza en vuelo, cuya misión es aportar continuidad y progresión al sistema de enseñanza en vuelo del Ejército del Aire y del Espacio entre la Academia General del Aire y las unidades de transporte aéreo, así como la Escuela Militar de Transporte Aéreo. Las actuales aeronaves en servicio para este fin se encuentran al final de su vida operativa y no cubren esta necesidad.

El contrato tendrá un valor estimado de 1.560.000.000 euros, y tendrá una vigencia desde su formalización hasta el 30 de noviembre del 2032, sin posibilidad de prórroga.

Transportes y Movilidad Sostenible

SUMINISTRO DE HILO Y CONDUCTORES DE COBRE PARA LA RED FERROVIARIA

El Consejo de Ministros ha autorizado a licitar, a través de Adif y por un importe estimado de 20 millones de euros (IVA no incluido), un contrato de suministro de hilo y conductores de cobre para atender las necesidades de este material de la red ferroviaria durante un periodo de dos años.

Se trata de un contrato marco abierto, al que Adif irá solicitando los pedidos de estos materiales que en cada momento requiera, para tenerlo de repuesto o realizar labores de mantenimiento o reposición de los tendidos en la red ferroviaria, y garantizar así su fiabilidad y operatividad.

La empresa adjudicataria deberá entregar este material en los almacenes, bases o instalaciones que se determinen y que Adif tiene distribuidos por todo el país.

Este contrato se suma a los que el Ministerio tiene continuamente vigentes para atender, con el correspondiente personal y maquinaria especializada, la conservación y mantenimiento de todas las instalaciones y sistemas que conforman las líneas ferroviarias, tanto las de ancho métrico y convencional, como las de alta velocidad: infraestructura, vías, telecomunicaciones, electrificación y la protección civil, entre otros.

Esta actuación contribuye al ODS número 9, que fomenta infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.

Transportes y Movilidad Sostenible

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA A-48 Y LA N-340 EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

El Consejo de Ministros ha autorizado a licitar por un valor estimado de 21,6 millones de euros (IVA no incluido) las obras para rehabilitar el firme entre los km 3 y 36,700 de la autovía A-48; y entre los km 24 y 36,300 de la carretera N-340, a su paso por Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que se han invertido 86,8 millones de euros desde junio de 2018 en esta provincia.

Los trabajos consisten en la eliminación parcial y reposición del firme existente con un recrecido, extendiendo una nueva capa de rodadura. Con ello, se aumentará significativamente la capacidad estructural del firme para adecuarla a las acciones del tráfico y ampliando, de este modo, su periodo de vida útil.

Con esta actuación se garantiza la seguridad vial de los usuarios, recuperar la capacidad estructural y funcional del firme y conservar adecuadamente el patrimonio viario de titularidad pública.

Esta actuación se enmarca en la mejora de las carreteras del Estado en la provincia de Cádiz, donde también se trabaja en la mejora del Acceso Sur al Puerto Bahía de Algeciras con una inversión de 50,3 millones de euros y el pasado mes de julio se licitó por 22,9 millones de euros la conservación de los accesos a Cádiz por los puentes de la Constitución y Carranza.

Carreteras / Cádiz

Transportes y Movilidad Sostenible

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Badajoz, con un valor estimado de 22,9 millones de euros (IVA no incluido). La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos. Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 168,497 km del sector nº02 de la provincia, incluyendo 82,1 km de autovía. Las carreteras incluidas en este contrato son las siguientes:

Autovía A-66, en dos tramos:

• Entre el límite provincial con Cáceres (km 598) y el acceso norte a Mérida (km 617);
• Y entre el acceso sur de Mérida (km 625) y Zafra (km 687). Además de unos 15 km de vías de servicio.

Carretera N-630, en tres tramos:

• Entre el límite provincial con Cáceres (km 598) y el acceso norte a Mérida (km 618).
• Entre el acceso sur a Mérida (km 625) y el acceso norte a Almendralejo (km 647).
• Entre el acceso sur a Almendralejo (km 652) y Zafra (km 684).

Junto a las carreteras relacionadas, será objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme de la autovía "Ruta de la Plata" A-66, entre los km 659,567 y 665,400, en el tramo Almendralejo - Villafranca de los Barros.

Reducir emisiones

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la RCE incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Ya en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los 5 años desde el inicio del contrato.

De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan, en el que, la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Imágenes de trabajos en el sector nº02, provincia de Badajoz

Fresado y reposición firme A-66 km 607

Transportes y Movilidad Sostenible

MANTENIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL TRÁFICO DE LA RED FERROVIARIA

El Consejo de Ministros ha autorizado a licitar por 107,6 millones de euros (IVA no incluido), a través de Adif, los trabajos de mantenimiento técnico especializado de los equipos y sistemas (hardware y software) que componen el sistema de señalización y gestión de circulación de la red ferroviaria, para garantizar su fiabilidad y disponibilidad.

El contrato, que releva a los actuales al término de su vigencia, abarca toda la red ferroviaria e incluye:

• Enclavamientos (dispositivo que gestiona en remoto señales de un tramo ferroviario);
• Circuitos de vía y contadores de ejes (sistemas que detectan la presencia de un tren en un tramo de vía);
• ERTMS (sistema de señalización más avanzado del mundo, propio de las líneas de alta velocidad) y también el avanzado sistema de señalización Asfa.
• El Control de Tráfico Centralizado (CTC), el sistema que permite la gestión de las circulaciones en remoto y tiempo real desde los Centros de Regulación de Circulación (CRC).

Los trabajos comprenden el mantenimiento preventivo, destinado a su continua monitorización; el programado, que se realiza periódicamente; y el correctivo, para actuar en caso de necesidades puntuales y de urgencia, así como la prestación de soporte técnico.

Equipos técnicos especializados

El contrato se estructura en siete lotes, que agrupa a los dispositivos por sus diferentes tecnologías. De esta forma, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible garantiza que Adif disponga de profesionales y medios técnicos especializados en cada uno de estos dispositivos, así como sus distintas tecnologías, para afrontar la complejidad técnica y el alcance que presentan las labores de conservación y mantenimiento de estos equipos.

Además, se suma a los que Adif tiene continuamente vigentes para atender, con el correspondiente personal y maquinaria especializada, la conservación y mantenimiento de todas las instalaciones y sistemas que conforman las líneas ferroviarias, tanto las de ancho métrico y convencional, como las de alta velocidad: infraestructura, vías, telecomunicaciones, electrificación y la protección civil, entre otros.

Cabe señalar que recientemente se ha adjudicado por 1.685 millones de euros el suministro de energía eléctrica verde para el sistema ferroviario.

Esta actuación contribuye al ODS número 9, que fomenta infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, al 7 (sostenibilidad) y al 8 (crecimiento económico y generación de empleo).

Balizas

Enclavamientos

Ferroviario / Nacional

Transportes y Movilidad Sostenible

PLAN NACIONAL DE DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Acción Nacional para la Descarbonización del Transporte Marítimo, que incluye un plan de ayudas públicas de 250 millones de euros en los próximos 5 años (2026-2030).

Estas ayudas se destinan a apoyar a las navieras para la renovación y transformación de buques existentes y la construcción de otros nuevos que sean bajos en emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, las ayudas promocionarán proyectos piloto para el uso de nuevos combustibles renovables de origen no biológico, como amoniaco o el metanol.

La inversión inicial prevista de 250 millones procede de los ingresos generados por la incorporación del transporte marítimo al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS). Estos fondos se repartirán mediante procedimientos de licitación a los que las navieras podrán concurrir, siempre que cumplan los requisitos exigidos.

La Administración velará por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las empresas beneficiarias y supervisará anualmente las emisiones asociadas a los proyectos subvencionados.

Este plan, liderado por la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, cuenta con el consenso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, establece las líneas estratégicas, medidas y programas de ayuda para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Estrategia Marítima Nacional

El Plan de Acción Nacional para la Descarbonización del Transporte Marítimo es uno de los pilares de la Estrategia Marítima Nacional 2025-2050, aprobada recientemente, y la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, ambas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

También es una respuesta a los compromisos adquiridos por España en el marco de la Organización Marítima Internacional y de la Unión Europea, sobre todo en el contexto del paquete legislativo Fit for 55, el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) y el Reglamento FuelEU Maritime.

El transporte marítimo, crucial para la economía española

El sector del transporte marítimo es esencial para la economía nacional: representa en torno al 13,7% del transporte de mercancías en la UE y lidera el tráfico de contenedores, con un 18% del total europeo. Este sector genera unos 3,5 millones de toneladas de CO2, lo que supone un 1,3% del total de las emisiones nacionales.

Con este plan, el Gobierno de España no sólo impulsa la reducción de emisiones y la transición hacia un modelo marítimo más sostenible, sino que también fortalece la soberanía industrial marítima y la posición estratégica de España en los corredores verdes europeos y globales.

Agricultura, Pesca y Alimentación

MEJORAS EN LAS AYUDAS AL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO Y AL ASESORAMIENTO PARA LA TRANSICIÓN DIGITAL DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

Política Territorial y Memoria Democrática

PROCEDIMIENTO PARA LA CONFECCIÓN DEL CATÁLOGO DE SÍMBOLOS Y ELEMENTOS CONTRARIOS A LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece el procedimiento para la confección del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y crea, además, la Comisión técnica de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

Este Real Decreto da cumplimiento al mandato legal de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que encomienda a la Administración General del Estado (AGE), en colaboración con el conjunto de las administraciones públicas, la confección de un Catálogo que incorporará los datos suministrados por las comunidades autónomas y contendrá la relación de los símbolos y elementos que deban ser retirados o eliminados, conforme a lo establecido en la citada Ley.

Se desarrolla así la Ley de Memoria Democrática para que se eliminen escudos, insignias o placas en vías o edificios públicos, así como referencias en topónimos o callejero, que exalten la sublevación militar y la dictadura y se crea la Comisión Técnica, como órgano de asesoramiento y seguimiento para el cumplimiento de la medida

Retirada de símbolos que recuerden el golpe de Estado, la Guerra y la dictadura

La Ley mandata a las administraciones públicas, como un deber de memoria democrática, desarrollar aquellas medidas destinadas a evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, la Guerra y la dictadura, puedan volver a repetirse. Entre ellas, se contempla la eliminación de símbolos y elementos contrarios a la misma, obligando a las administraciones públicas competentes a adoptar las medidas oportunas para su retirada.

En síntesis, todas aquellas edificaciones, escudos, insignias, placas, etc. adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, así como referencias en topónimos o callejero, en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura deben retirarse.

Esta finalidad legal encuentra su fundamento en que, en una sociedad democrática y avanzada como la nuestra, los símbolos públicos sean un elemento de encuentro de los ciudadanos en paz y democracia y nunca una expresión de ofensa o agravio, suprimiendo elementos de división y fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles y españolas en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.

Comisión técnica con participación de las CCAA y entidades locales

Con el objetivo de asegurar la plena efectividad del mandato legal, la objetividad y garantías, y reforzar la coherencia y coordinación de las políticas públicas en materia de memoria democrática, se crea la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, como órgano de asesoramiento al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que tendrá como objetivo el estudio, seguimiento, informe y la realización de propuestas que se le soliciten en las cuestiones relativas a símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, así como a los Lugares de Memoria Democrática.

La Comisión Técnica contempla la participación de representantes de las comunidades autónomas y entidades locales, como garantía de la necesaria cooperación institucional y contará entre sus integrantes con un nutrido grupo de profesionales de reconocido prestigio, vinculados al ámbito universitario y con una acreditada trayectoria en los campos de la memoria democrática, la historia contemporánea, la historia del arte, la arquitectura, las ciencias políticas y la conservación del patrimonio cultural. Su conocimiento y compromiso serán fundamentales para garantizar el rigor, la pluralidad y la calidad técnica de los trabajos que se desarrollen en el marco de este órgano especializado.

La AGE, desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, ha avanzado en la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática dentro de su ámbito competencial. No obstante, la experiencia ha puesto de manifiesto la persistencia de importantes dificultades, tanto en el conjunto de las administraciones públicas como en bienes de titularidad privada, que han impedido garantizar el cumplimiento efectivo de la norma. La elaboración del Catálogo, que este Real Decreto establece, contribuirá a superar estos obstáculos, aportando claridad y seguridad a las futuras actuaciones y su cumplimiento.

Política Territorial y Memoria Democrática

AMPLIACIÓN DE LOS MEDIOS TRASPASADOS A LA GENERALITAT DE CATALUÑA POR EL REAL DECRETO 966/1990 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA

Vivienda y Agenda Urbana

CONTRATO DE SEPES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL ARRENDAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DEL PARQUE DE ALQUILER ASEQUIBLE

El Consejo de Ministros ha autorizado a SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo a la celebración del contrato de servicios de gestión integral del arrendamiento de las viviendas del parque de alquiler asequible, cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 55.393.096,75 €, IVA excluido.

En julio de 2025, el Consejo de Ministros aprobó los criterios por los que se traspasan a SEPES los inmuebles y suelos de la SAREB. En total, se identificaron más de 40.000 viviendas y suelos con capacidad para edificar 55.000 viviendas en un primer perímetro. Este patrimonio pasará a formar parte del parque público estatal de vivienda.

Los adjudicatarios del contrato se encargarán de gestionar los diferentes lotes de viviendas que se irán poniendo a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible.

La licitación incluirá numerosos requisitos para garantizar la excelencia y la sensibilidad social en la prestación del servicio, como la experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social.

Se atenderá la gestión de vivienda asequible desde el compromiso social, y no solo atendiendo a criterios económicos. De hecho, uno de los servicios consistirá en la prevención, detección y atención temprana de situaciones de riesgo de pérdida de vivienda.

En este sentido, se pone el acento en la solvencia técnica y de experiencia acreditada en la gestión de vivienda adscritas a un programa específico de vivienda de alquiler asequible o de vivienda social, por lo menos durante un año de los últimos tres.

Además, SEPES ha diseñado un sistema de penalizaciones y bonificaciones orientadas a maximizar la calidad del servicio prestado a las personas inquilinas, de forma que se establecen penalizaciones cuando los niveles del servicio incumplan determinados plazos definidos por la Entidad para la ejecución de los trabajos, como la resolución de incidencias en las viviendas, o se bonifiquen altos niveles de calidad, como por ejemplo altas puntuaciones en una encuesta anual de satisfacción que se lanzará anualmente a las personas inquilinas.

Cultura

CONTRIBUCIONES A ORGANIZACIONES, PROGRAMAS Y FONDOS INTERNACIONALES Y APOYO AL SECTOR CULTURAL PALESTINO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza el pago de contribuciones voluntarias a organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, correspondientes a cuotas del ejercicio 2025, por un importe total de 265.460 euros.

Entre dichas contribuciones, destaca la ayuda de 200.000 euros a entidades palestinas vinculadas a la cultura, abonada por el Ministerio de Cultura al Fondo de la UNESCO para la reconstrucción de Gaza, tal y como se anunció durante la celebración en Barcelona de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, Mondiacult 2025.

Este fondo está gestionado por la UNESCO y dirigido a atender la emergencia en términos de educación, cultura, comunicación e información, tan pronto como se pueda acceder al terreno. En particular, se prevé proporcionar ayuda psicosocial a estudiantes, actuar sobre el patrimonio para su salvaguarda y dar apoyo directo a periodistas.

El acuerdo también ha autorizado la contribución por importe de 65.460 euros al Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, con el propósito de promover el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo que son Partes de la Convención de 2005 sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.

Apoyo a UNRWA y la cultura de la paz

Las contribuciones aprobadas se suman a las iniciativas impulsadas en los últimos meses por parte del Ministerio de Cultura en colaboración con UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, con el objetivo de dar apoyo a Gaza y denunciar del genocidio israelí.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional de Antropología han acogido 'Gaza a través de sus ojos', una exposición que reúne fotografías tomadas por fotoperiodistas de UNRWA que, desde octubre de 2023, documentan la vida en la franja bajo el asedio israelí. La muestra todavía se puede visitar en el Museo Nacional de Antropología.

Por su parte, el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) organizaron el pasado julio una función solidaria del espectáculo 'Afanador' del Ballet Nacional. Todo lo recaudado en la función fue destinado íntegramente a los programas de emergencia de UNRWA, que sigue dando servicios esenciales en Gaza.

Además, el Ministerio de Cultura y la Embajada de Palestina en España impulsaron 'Cultura para la paz', un programa multidisciplinar de actividades culturales que se celebraron entre marzo y mayo pasados, con el objetivo de promover acciones entre ambos países en los campos de la cultura y el arte.

Asimismo, el Ministerio de Cultura aporta anualmente 100.000 euros al programa TEJA, una red de solidaridad cultural internacional que brinda apoyo a artistas y profesionales de la cultura en situaciones de emergencia. A través de este apoyo, artistas palestinos viajan a España para realizar residencias artísticas.

Economía, Comercio y Empresa

INFORME DE SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del Informe de situación de la economía española presentado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que actualiza el escenario macroeconómico y las previsiones de crecimiento del PIB de 2025-2028. El Gobierno ha elevado dos décimas, hasta el 2,9%, la previsión de crecimiento para este año, mantiene en el 2,2% la del 2026 y en el 2,1% la de 2027 y la de 2028.

La actualización del escenario macroeconómico del Gobierno está en línea con las estimaciones de las principales instituciones y confirma que España lidera el crecimiento entre las economías desarrolladas, duplicando la previsión para la UE en este año de la Comisión Europea y reafirmándose como motor económico también el próximo ejercicio.

El cuadro macro es un paso fundamental para la elaboración del proyecto de Prepuestos Generales del Estado (PGE). En esta ocasión, la mejora de la previsión de avance del PIB en 2025 respecto al escenario presentado a mediados de septiembre se explica principalmente por la última revisión de la Contabilidad Nacional del INE. Mientras, el Gobierno mantiene una proyección prudente para 2026, y aprovecha para estimar con más precisión los componentes del crecimiento con la nueva información obtenida en las últimas semanas.

Tras la recuperación del shock de la pandemia, el crecimiento se asienta en cambios estructurales de la economía española, que muestra un patrón diferente al de otras épocas de la historia económica de España, compatibilizando creación de empleo simultáneamente con una mejora de la productividad por hora trabajada, una sólida balanza exterior, una reducción del endeudamiento de las empresas y una mejora de la posición fiscal.

El crecimiento económico está siendo una condición necesaria para que se pueda traducir en una mejora en el día a día de los ciudadanos en términos de poder adquisitivo, de reducción de la pobreza y de la desigualdad.

De esta manera, la principal novedad de este escenario macroeconómico es que, junto a las tradicionales macromagnitudes, incorpora por primera vez proyecciones de reducción de la desigualdad y de la pobreza, como muestra del compromiso del Gobierno de trasladar las grandes cifras a la vida de la gente. En concreto, estas previsiones permiten relacionar cómo afectan el crecimiento del PIB, la productividad o la reducción del desempleo a la distribución de la renta y al bienestar del conjunto de ciudadanos.

Esta novedad metodológica toma como referencias dos indicadores de desigualdad (el índice de Gini y el 80/20) y uno de pobreza (la tasa de riesgo de pobreza) estándares, utilizados en todos los países de la UE y con series ya elaboradas por otros organismos, como el INE o Eurostat, y los proyecta hacia el futuro mediante previsiones rigurosas.

Los resultados son los siguientes: en 2025, el 19,4% de la población se encuentra en riesgo de pobreza. Este indicador mide cuántas personas tienen ingresos por debajo del 60% de la renta mediana se sitúa en mínimos históricos desde 2008 y se prevé que esta tendencia a la baja continúe en los próximos años hasta alcanzar el 19,1% en 2028. Esta tasa se ha reducido en casi tres puntos desde que alcanzó su máximo en 2015 (22,3%), en plena crisis financiera y como consecuencia de las políticas de austeridad.

Entre el año 2018 y 2024, en España es el tercer país en que más ha caído la tasa de riesgo de pobreza en toda la zona del euro. En estos años, se ha cerrado un tercio de la brecha que tenía nuestro país con respecto a la media de la zona del euro. Las previsiones hasta 2028 apuntan a que esta brecha se siga cerrando en los próximos ejercicios, hasta haber cerrado en torno a prácticamente la mitad de la brecha que existía en el año 2018.

Esta es, además, una medición exigente: el umbral del riesgo de pobreza aumenta conforme mejora la renta de la población, es decir, se hace más difícil de cumplir a medida que crecemos. Por eso, cuando la tasa baja, significa que quienes menos tienen están mejorando más que el conjunto del país. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en España entre 2018 y 2024: el umbral ha subido un 30,6% en términos corrientes y un 9,4% en términos reales o, lo que es lo mismo, por encima de la inflación. Pese a esta mayor exigencia, la incidencia de la pobreza ha disminuido 1,8 puntos. Esto quiere decir que las mejoras económicas han llegado, de forma efectiva, a quienes más las necesitaban.

Esta reducción de la pobreza se ve acompañada de una reducción en la desigualdad. En los últimos 10 años, el indicador de desigualdad 80/20 ha pasado de ser 6,6 veces en 2015 a alcanzar un diferencial de 5,2 veces que se prevé en 2025 entre la población con renta y la que menos. La misma conclusión se obtiene al observar el índice de Gini.

Por tanto, el ciclo de crecimiento equilibrado, que combina por primera vez creación de empleos, aumento de la productividad y rebaja de las ratios de déficit y de deuda, también conlleva una mejora en las tasas de pobreza y de la desigualdad. A pesar de que todavía nos queda mucho trabajo por delante, la evolución positiva de la tasa de ocupación en los últimos años, la reducción de la tasa de paro y políticas como las sucesivas subidas del SMI, la creación del IMV o la reforma laboral de 2021 han sido determinantes para mejorar la redistribución de la renta.

Componentes del crecimiento

Entre los indicadores clásicos del escenario macroeconómico del Gobierno, la contribución positiva del consumo privado se mantiene, con crecimientos del 3,3% en 2025 y del 2,4% en 2026, apoyados en la creación de empleos y las subidas salariales que permiten la recuperación progresiva del poder adquisitivo, en un contexto en el que las proyecciones de inflación del Banco de España convergen hacia el objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE), y se mantienen estables en ese nivel durante los próximos años.

El cuadro macro también destaca el aumento de la inversión, con previsiones de crecimiento de la formación bruta de capital fijo del 5,7% y del 5,1% en 2025 y 2026, en buena parte gracias al impulso y a la aportación positiva del Plan de Recuperación y por el aumento de la inversión en construcción.

Además, las proyecciones del Gobierno contemplan la creación de 450.000 puestos de trabajo de media al año. Este escenario señala también una mejora la productividad por hora trabajada mientras que la tasa de paro sigue reduciéndose, con la previsión de que caiga por debajo del 10% el próximo ejercicio.

Juventud e Infancia

CREACIÓN DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DEL PLAN DE ACCIÓN ESTATAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GARANTÍA INFANTIL EUROPEA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se crea la Comisión Interministerial de seguimiento e impulso del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea y se establece su composición y funcionamiento.

La creación de esta Comisión Interministerial se enmarca en el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022 - 2030), aprobada el 5 de julio de 2022, y que preveía un mecanismo de gobernanza multinivel para asegurar la coherencia e implementación de las medidas previstas a nivel territorial en el marco del desarrollo de este instrumento que tiene como objetivo reducir la pobreza infantil en España.

Dicha comisión, que estará presidida por la Secretaría de Estado de Juventud e Infancia y adscrita al Ministerio de Juventud e Infancia, la corresponderá establecer las directrices políticas generales para el desarrollo, la implementación y el seguimiento de la Garantía Infantil Europea a nivel estatal. Asimismo, el Plan de Acción señala que la Comisión Interministerial deberá reunirse, al menos, dos veces al año.

BIOGRAFÍAS

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Director del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno

D. CARLOS JOSÉ ORTIZ BERMÚDEZ