Referencia Consejo de Ministros

La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Defensa

Interior

Transportes y Movilidad Sostenible

Educación, Formación Profesional y Deportes

Industria y Turismo

Agricultura, Pesca y Alimentación

Política Territorial y Memoria Democrática

Cultura

Economía, Comercio y Empresa

Ciencia, Innovación y Universidades

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES DE INTERÉS GENERAL EN CEUTA Y MELILLA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para realizar actuaciones de interés general en las ciudades de Ceuta y Melilla por importe total de 21.500.000 euros.

El objeto de este Real Decreto, al igual que en ejercicios anteriores, es otorgar una ayuda a la financiación de ambas ciudades en las que concurren circunstancias singulares debido a su especial situación geoestratégica.

Ambas ciudades carecen prácticamente de los recursos de agua convencionales de los que disfrutan la mayoría de las ciudades españolas y europeas. Ello ha hecho necesario recurrir a fuentes de abastecimiento alternativas, como la desalinización del agua de mar. El coste de estos recursos es considerablemente más elevado que el de los recursos convencionales, razón por la cual la Administración General del Estado viene contribuyendo a su financiación.

Asimismo, Ceuta y Melilla presentan niveles de desigualdad peores que la media, con tasas de riesgo de pobreza o exclusión social superiores a la media nacional y europea, por lo que es necesario acometer políticas que combatan dichas necesidades sociales.

El importe de las subvenciones es el que figura en el siguiente cuadro:

Hacienda

MODIFICACIÓN DE LÍMITES DE GASTO PARA EL CONVENIO ENTRE EL MUSEO DEL PRADO Y LA FAIC

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para dar cumplimiento al convenio entre el Museo Nacional del Prado, organismo público adscrito al Ministerio de Cultura y la Foundation for Advancement in Conservation (FAIC), para el apoyo del proyecto 'Samuel H. Kress Conservation Fellowships'.

El pasado 13 de mayo de 2025 se suscribió el Convenio entre el Museo Nacional del Prado y la Foundation for Advancement in Conservation (FAIC), para el apoyo del proyecto Samuel H. Kress Conservation y con fecha 17 de julio de 2025, se reunió la comisión de seguimiento del convenio, a través de los cuales la FAIC estableció el compromiso firme de aportación al Museo del Prado de 44.000 dólares para la dotación de una beca cuyo periodo de ejecución abarcará desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026.

Teniendo en cuenta la tendencia del tipo de cambio dólar euro durante el ejercicio 2025 el Museo del Prado considera adecuado establecer 40.000 euros como importe referencial de la dotación de la beca hasta la recepción del ingreso mencionado anteriormente, y, por lo tanto, fijar la anualidad 2025 de la misma en 10.000 euros y la anualidad 2026 de la misma en 30.000 euros.

Además, se ha de cotizar a la Seguridad Social por los becarios que disfruten del Programa de Becas del Museo, por lo que se ha estimado que el importe de cotización por becario al mes para el ejercicio 2026 no superará el importe de 80 euros, y, por lo tanto, la dotación necesaria para la cotización correspondiente a los nueve meses de ejecución en 2026 de la beca del proyecto Samuel H. Kress Conservation se situaría en 720 euros. Por tanto, el coste total de esta beca en 2026 ascenderá a 30.720 euros.

El Museo del Prado ha indicado que el importe de los expedientes de gasto plurianuales y de tramitación anticipada ya retenidos para 2026 asciende a 219.996 euros y a 164.997 euros para 2027, existiendo además pendientes de tramitación gastos por importe de 33.000 euros en 2026 y 30.690 euros en 2027.

Así pues, la totalidad de las necesidades de gasto plurianuales y de tramitación anticipada descritos anteriormente para los años 2026 y 2027 ascienden a:

Hacienda

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

APROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES DEL TERCER CICLO DE LAS ESTRATEGIAS MARINAS ESPAÑOLAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueban los objetivos ambientales del tercer ciclo de las estrategias marinas españolas de las cinco demarcaciones marinas españolas: noratlántica, sudatlántica, Estrecho y Alborán, levantino-balear y canaria.

Este acuerdo da cumplimiento a lo previsto en la Ley 41/2010, de protección del medio marino, que establece la obligación de revisar y actualizar cada seis años los elementos que conforman las estrategias marinas, con el fin de lograr o mantener el buen estado ambiental de las aguas marinas bajo jurisdicción española, que abarcan más de un millón de kilómetros cuadrados.

UN INSTRUMENTO CLAVE PARA PROTEGER EL MEDIO MARINO

Las estrategias marinas constituyen la herramienta de planificación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la Unión Europea (Directiva 2008/56/CE), que España aplica a través de la citada Ley 41/2010. Se desarrollan en ciclos de seis años y contemplan cinco fases: evaluación inicial, definición del buen estado ambiental, fijación de objetivos ambientales, programas de seguimiento y programas de medidas.

Tras la aprobación de los objetivos en el primer ciclo (2012-2018) y en el segundo (2018-2024), este tercer ciclo (2024-2030) actualiza los objetivos ambientales e indicadores asociados, tras un proceso de consulta y participación pública que ha incluido la revisión por parte de los Organismos Públicos de Investigación, el Consejo Asesor de Medio Ambiente y las comunidades autónomas litorales.

TRES GRANDES EJES DE ACTUACIÓN

Los nuevos objetivos ambientales se articulan en torno a tres grandes líneas:

1. Proteger y recuperar la biodiversidad marina, evitando su deterioro y favoreciendo la recuperación de los ecosistemas.

2. Prevenir y reducir la contaminación, para eliminar progresivamente los vertidos y emisiones al mar y proteger la salud humana, la biodiversidad y los usos sostenibles del medio marino.

3. Garantizar la compatibilidad de las actividades humanas con la conservación, asegurando que los usos del mar no comprometan el buen estado ambiental.

UN PROCESO ABIERTO Y PARTICIPATIVO

El documento de actualización de los objetivos, junto a la evaluación y la definición del buen estado ambiental, ha estado disponible para consulta pública entre el 2 y el 31 de enero de 2025 en el portal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Todas las observaciones recibidas durante este periodo y en los procedimientos de consulta posteriores han sido analizadas e incorporadas en la versión final.

Con esta aprobación, España refuerza su compromiso con la protección de sus mares y costas, en línea con las políticas europeas de sostenibilidad y la Agenda Verde del país, avanzando hacia un uso responsable y sostenible de los recursos marinos y contribuyendo a la lucha contra la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO DE EXTRADICIÓN ENTRE ESPAÑA Y JORDANIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo de extradición entre el Reino de España y el Reino Hachemí de Jordania y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.

El Acuerdo de extradición entre el Reino de España y el Reino Hachemí de Jordania es fruto del deseo de ambos países de reforzar sus vínculos y de regular las relaciones en el ámbito de la extradición, que hasta su entrada en vigor venían rigiéndose por el principio de reciprocidad internacional.

El objetivo del Acuerdo es ampliar el espectro de la cooperación jurídica internacional, eliminando los espacios de impunidad que puedan existir y facilitando la persecución del delito por la vía internacional, que es un eslabón esencial en la lucha contra la delincuencia transnacional y el crimen organizado.

El Acuerdo, una vez autorizado por el Consejo de Ministros en su reunión del 14 de enero de 2025, fue firmado en Madrid, el 5 de junio de 2025, por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares Bueno, y por el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y de Expatriados de Jordania, Ayman Safadi.

Asuntos Exteiores, Unión Europea y Cooperación

AYUDA HUMANITARIA POR GRAVES INUNDACIONES EN CABO VERDE

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la contratación para una ayuda humanitaria a la población afectada por las graves inundaciones repentinas causadas por las fuertes lluvias que afectaron las islas de São Vicente, Santo Antão y São Nicolau en Cabo Verde, el 11 de agosto de 2025, por un importe máximo de 60.000 euros.

Como consecuencia de las graves inundaciones causadas por las fuertes lluvias que afectaron a las islas São Vicente, Santo Antão y São Nicolau en Cabo Verde el 11 de agosto de 2025, se dañaron numerosas infraestructuras, así como los sistemas esenciales de agua y saneamiento y se suspendió el transporte público.

El 14 de agosto de 2025, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comunidades de Cabo Verde solicitó ayuda humanitaria tanto a la Embajada de España en Cabo Verde como a través del Mecanismo de Protección Europea, el 28 de agosto, adjuntando una lista de necesidades: material para agua, kits de higiene familiar, kits de primeros auxilios, mantas, sabanas, etc.

La ayuda humanitaria ha consistido en la adquisición de 720 unidades de kits de higiene familiar que fueron trasladados por avión a Las Palmas de Gran Canaria el día 29 de agosto de 2025 y, desde Las Palmas de Gran Canaria, fueron transportados en un buque de la Armada Española a la isla de São Vicente (Cabo Verde), para su distribución. El importe total de la actuación ha ascendido a 52.526,06 euros, habiéndose presupuestado un importe máximo de 60.000 euros.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

MEDIDAS URGENTES CONTRA EL GENOCIDIO EN GAZA Y DE APOYO A LA POBLACIÓN PALESTINA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Se consolida el embargo de armas a Israel con la prohibición de la compra y venta de materiales de defensa, así como de otros productos y tecnologías de doble uso a Israel.

Asimismo, la norma supondrá la denegación del tránsito por puertos españoles y por el espacio aéreo de cualquier tipo de combustible con destino a Israel que pueda tener un uso final militar. Además, prohíbe la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado y la publicidad destinada a la comercialización de dichos bienes en España, haciéndose extensiva la prohibición de publicidad también a los servicios prestados en los asentamientos ilegales.

Las medidas recogidas en la norma se aplican en los supuestos de operaciones comerciales con Israel con autorizaciones solicitadas o ya vigentes.

Consolidación jurídica

El real decreto-ley consolida jurídicamente el embargo de armas que España aplica desde octubre de 2023, cuando el Gobierno de Israel inició una ofensiva militar en la Franja de Gaza que ha provocado más de 65.000 muertos, 159.000 personas heridas y el desplazamiento forzado de casi dos millones de civiles.

España es el primer país en prohibir legalmente la exportación e importación de armas con Israel. España avanza asimismo en la prohibición de comerciar y publicitar productos provenientes de los asentamientos en territorio palestino ocupado, que son ilegales conforme al derecho internacional. Con esta medida legislativa se intensifica la presión internacional sobre Israel y se contribuye a poner fin al genocidio en Gaza, de forma compatible a la condena por el atentado perpetrado por la organización terrorista Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.

El real decreto-ley prevé que el Consejo de Ministros pueda aplicar excepciones para salvaguardar el interés general nacional, vinculada a la determinación del Gobierno a actuar con transparencia, estableciendo el compromiso de rendir cuentas sobre la aplicación del real decreto-ley ante el Congreso de los Diputados con carácter trimestral.

Compromiso de España con la paz y el respeto del derecho internacional

Desde octubre de 2023, España ha condenado sin paliativos el atroz atentado terrorista perpetrado por la organización terrorista Hamas y exigido la liberación de todos los rehenes. También ha reiterado el derecho de Israel a su seguridad, y a defenderse dentro de los límites del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas.

La extensión de la violencia y el sufrimiento en Gaza, y la extensión regional de la inestabilidad, requiere una acción decidida por el fin de la guerra y la violencia, la paz y la seguridad internacionales, y la defensa firme del derecho internacional. El real decreto-ley aprobado este martes reafirma el compromiso de España con estos objetivos, en línea con los esfuerzos internacionales que viene liderando para exigir un alto el fuego, la liberación incondicional de todos los rehenes y el fin del bloqueo de ayuda humanitaria.

España reafirma su compromiso con la implementación de la solución de los dos Estados, como única vía para la paz. Y en este sentido, España seguirá trabajando para promover y proteger la solución de los dos Estados a nivel nacional, europeo e internacional.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS

Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, el próximo 23 de septiembre, establecido por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra la Trata de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, el Gobierno de España reafirma su firme compromiso con la igualdad plena y efectiva entre mujeres y hombres. Este compromiso implica, de manera ineludible, la eliminación de toda forma extrema de violencia machista contra las mujeres, niñas y niños y, especialmente, de la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.

A tal fin, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:

"La explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual representan la esclavitud moderna que utiliza a las personas más vulnerables como simple mercancía, violando de forma flagrante los derechos humanos. La normativa internacional obliga a los poderes públicos a combatirlas desde un enfoque integral y multidisciplinar mediante actuaciones preventivas, sancionadoras, asistenciales y reparadoras que garanticen la atención, asistencia, protección y recuperación de sus víctimas, desde una perspectiva de derechos humanos que involucre a toda la sociedad en su conjunto, y, especialmente, a las organizaciones especializadas en la materia.

La dimensión mundial y trasnacional de la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual, así como el incremento de la detección y el aumento del número de víctimas de trata, quedan reflejados en el Informe Global de Trata de Personas 2024, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Este informe confirma que la explotación sexual continúa siendo uno de los principales fines de la trata (suponiendo el 36% de los casos identificados) y asimismo refleja que el 61% de las más de 202.478 víctimas detectadas a nivel global son mujeres y niñas, que, a su vez, constituyen el 92% de las víctimas de explotación sexual. En España, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en 2024, el 97,26% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas. Estos abrumadores datos evidencian la incuestionable dimensión de género de la trata con fines de explotación sexual. A ello se une frecuentemente la discriminación interseccional que sitúa a las mujeres y niñas migrantes víctimas de trata en situación de especial vulnerabilidad. Asimismo, ponen de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de detección precoz y protección integral, especialmente en contextos donde concurren múltiples discriminaciones, como el racismo, la migración forzada o la discapacidad.

Los compromisos internacionales asumidos por España, en particular, mediante la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (Convención de Palermo), completada por Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio de Varsovia), el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote), el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), y la reciente modificación de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas mediante la Directiva (UE) 2024/1712, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, constituyen el marco para el desarrollo de políticas públicas con las que avanzar en la eliminación de la trata de personas, combatir las redes que las captan y explotan y asegurar la asistencia y recuperación de las víctimas de esta violencia, especialmente de la que suponen la explotación sexual y la trata de mujeres, todo ello desde una perspectiva de derechos humanos y de género, y situando a las víctimas y sus necesidades en el centro.

Además, situaciones de extrema gravedad que pueden surgir a nivel nacional o internacional, los conflictos armados y políticos (como los de Palestina y Ucrania) en los que el cuerpo de las mujeres se convierte también en el campo de batalla por la dominación y se producen flagrantes vulneraciones de derechos humanos hacia la infancia y hacia las mujeres (como el apartheid de género en Afganistán), las crisis económicas o las catástrofes climáticas, que producen intensos flujos migratorios, ponen de manifiesto la necesidad de contar con instrumentos que doten a los Estados de las herramientas necesarias para posibilitar una acción rápida, eficaz y coordinada en beneficio de aquellas personas, especialmente mujeres, niñas y niños, que ya se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y que podrían llegar a ser víctimas de la trata de seres humanos y de la explotación sexual.

En este marco, en los últimos años se ha producido un avance y consolidación de derechos feministas, en particular, de las víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, mediante la aprobación de una serie de normas que sitúan a España como referente internacional, gracias a la mejora de la coordinación y la colaboración interinstitucionales y la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas, cabe destacar la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, que declara como servicios esenciales los servicios de información, asesoramiento y acogida; la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que garantiza los derechos fundamentales de las niñas y los niños víctimas de cualquier violencia, como la trata de seres humanos, y configura una atención reforzada en los centros de protección para la prevención, detección precoz e intervención en casos de explotación sexual y trata de seres humanos; el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que introduce la acreditación administrativa de la condición de víctima de trata de seres humanos o explotación sexual; la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que recoge como violencia sexual la trata con fines de explotación sexual y establece los servicios de asistencia integral a víctimas de trata y explotación sexual como recursos específicos para dar respuesta a este perfil de víctima con necesidades específicas; la Ley Orgánica 13/2022, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por un conflicto armado o una catástrofe humanitaria; Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas, que prevé incentivos a la contratación de las personas víctimas de violencia sexual, tanto con fines de explotación sexual como laboral; la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, en la que están contempladas como colectivo vulnerable de atención prioritaria para la política de empleo las personas víctimas de trata y de explotación; o el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, en el que se reconoce el acceso al subsidio por desempleo para las personas víctimas de violencia de género o sexual.

Además, se ha afianzado el acceso a la justicia de las víctimas de trata de seres humanos, en particular, de quienes lo son con fines de explotación sexual, a través de la especialización de los órganos judiciales. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, crea una nueva organización judicial en la que corresponde a las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia instruir los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos de trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida por el delito sea mujer; y en la que se atribuye a las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia instruir los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de trata de seres humanos cuando al menos una de las víctimas sea niño, niña o adolescente.

Esta ley orgánica también refuerza la presencia telemática en el proceso penal de las víctimas de trata, que podrán intervenir en este desde los lugares donde se encuentren recibiendo oficialmente asistencia, atención, asesoramiento o protección.

Asimismo, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Igualdad, aprobó el Real Decreto 664/2024, de 9 de julio, que regula las ayudas económicas a víctimas de violencias sexuales recogidas en el artículo 41 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre. Este real decreto reconoce y regula el derecho de estas víctimas a percibir una ayuda económica cuando quede acreditada la condición de víctima de violencia sexual e insuficiencia de medios económicos, con el objetivo de garantizar su autonomía económica y facilitar así la recuperación integral de las víctimas más vulnerables.

Además, el pasado 26 de febrero de 2025 el Congreso de los Diputados aprobó la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incluye un buen número de medidas dirigidas a prevenir y erradicar la trata con fines de explotación sexual como una de las manifestaciones más atroces de la violencia sobre las mujeres.

Por su parte, la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha incrementado su cuantía a un total de 20 millones de euros en 2025. En esta línea de apoyo a estas mujeres, el Servicio Público de Empleo Estatal, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha puesto en marcha un Programa de formación e inserción con compromiso de contratación para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual, que establece un itinerario personal e integrado de orientación y asesoramiento, así como acciones de formación ajustadas al perfil de empleabilidad de las mujeres participantes víctimas de violencia de género o que hayan sufrido trata u otras formas de explotación sexual y que se encuentren inscritas como demandantes en los Servicios Públicos de Empleo.

Por otra parte, es importante tomar en consideración los impactos de la tecnología digital en la trata de personas. La constante evolución y desarrollo de las nuevas tecnologías ha proporcionado medios innovadores para prevenir y abordar el fenómeno de la trata, pero también ha creado nuevos escenarios y métodos sofisticados de captación y control de víctimas vulnerables, además de poder dificultar la detención de los delincuentes. Un ejemplo es el uso de Internet como plataforma para la captación y venta de personas con fines de explotación sexual o para la distribución de material pornográfico, que ha experimentado en los últimos años un aumento correlativo incremento del uso de las redes sociales, afectando especialmente a menores de edad.

El Gobierno reconoce la importancia de incorporar la perspectiva de género en el ámbito digital y alerta sobre las nuevas amenazas derivadas del repliegue identitario en un mundo global, que facilitan discursos de odio, violencia machista en línea y nuevas formas de explotación sexual. En este sentido, el Estudio presentado en 2024 "Trata y explotación de seres humanos en línea. Una nueva realidad para un viejo problema" del CITCO destaca la necesidad de una mayor coordinación mundial entre las partes interesadas en la lucha contra la trata y los expertos en tecnología, de forma que se generen marcos legales para abordar la trata de personas facilitada por las nuevas tecnologías y el entorno digital y que trasciende las fronteras.

Dentro del marco internacional antes citado, el objetivo del Gobierno es garantizar el establecimiento, la mejora y la adaptación de los recursos y servicios públicos a las circunstancias de máxima vulnerabilidad de las víctimas de trata y explotación sexual, desde una perspectiva interseccional, sobre todo, de quienes son migrantes y menores de edad, para atender sus necesidades específicas desde la garantía de los derechos de las víctimas, especialmente el derecho a la reparación integral del daño sufrido. En este contexto, conviene precisar que se vienen financiando proyectos destinados a la prevención y a la sensibilización en materia de trata de seres humanos y explotación sexual, y se destinan plazas de acogida especializadas, tanto en el sistema de acogida de protección internacional como en el programa de atención humanitaria, para posibles víctimas de trata de seres humanos extranjeras.

En esta línea, nuestro país continúa avanzando con firmeza, desde el liderazgo de las políticas feministas, en pro de la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres para la consecución de una sociedad igualitaria, mediante el impulso de normas como el Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, que aborda todas las formas de trata y explotación de seres humanos −incluida la trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual−, y trasciende la respuesta penal por parte de los poderes públicos para abordar también los ámbitos de la prevención y sensibilización, así como la adecuada identificación y asistencia a las víctimas.

Asimismo, favorece la puesta en marcha de políticas públicas que, en cumplimiento de los compromisos internacionales, procuren la erradicación de la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños, y sitúen la protección de los derechos de las víctimas en el centro de la acción.

Por último, en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible y la acción humanitaria, España ha extendido las Recomendaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD) en esta materia a las acciones de la Cooperación Española como una de las prioridades del enfoque feminista que proclama la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, y, más recientemente, al Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027, aprobado en julio de 2024, que establece explícitamente como objetivo el fortalecimiento de acciones de lucha contra la trata de mujeres, niñas y adolescentes, especialmente aquellas con fines de explotación sexual, en contextos de emergencia y conflicto.

Mediante esta Declaración Institucional, el Gobierno de España expresa su sólido compromiso con la igualdad de género, los derechos de todas las mujeres, niñas y niños y la erradicación de la explotación sexual y la trata de seres humanos, y con el desarrollo de medidas integrales que, mediante la colaboración y cooperación entre todas las administraciones, instituciones y organizaciones especializadas, promuevan la prevención, la atención y recuperación de las víctimas de trata con fines de explotación sexual desde un enfoque de derechos humanos porque solo desde la acción conjunta podremos erradicar definitivamente esta forma de esclavitud que aún persiste en nuestro tiempo.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA SUMINISTRO DE AUTOBOMBAS FORESTALES DE LA UME

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del acuerdo marco para el suministro de autobombas forestales de categoría 3 de la unidad militar de emergencias.

Estos vehículos especializados son esenciales para el transporte de agua y equipos de extinción, facilitando la intervención rápida y efectiva en situaciones de alto riesgo. Las autobombas forestales están diseñadas para operar en condiciones extremas y terrenos difíciles, lo que garantiza el acceso seguro de los equipos de emergencia a zonas afectadas por incendios.

La adquisición de estas autobombas es una necesidad fundamental para la UME, ya que permitirá mejorar significativamente su capacidad operativa y de respuesta ante situaciones de emergencia, cumpliendo así con su misión de proteger y garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

El valor estimado del acuerdo marco es de 47.004.000 €, con una duración de cuatro años desde la formalización.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA SUMINISTRO DE MÁQUINAS DE INGENIEROS DE LA UME

- Fresado de mezcla bituminosa existente (12cm).

- Extensión de mezcla bituminosa semidensa (5cm) en capa intermedia (inferior).

- Extensión de mezcla bituminosa semidensa (5cm) en capa intermedia (superior).

- Extensión de mezcla bituminosa discontinua BBTM-11-B (3cm) en capa de rodadura.