Referencia del Consejo de Ministros

12.3.2024

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La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Defensa

Interior

  • ACUERDO por el que se autoriza al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico la contratación del servicio bancario y de apoyo a la gestión administrativa, por un valor estimado de 22.568.812,50 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del seguro de accidentes de la tripulación y responsabilidad civil para las aeronaves y vehículos de arrastre y elevación del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, por importe de 21.484,17 euros.

Transportes y Movilidad Sostenible

Agricultura, Pesca y Alimentación

Economía, Comercio y Empresa

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Ciencia, Innovación y Universidades

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de un número máximo de un millón doscientas mil tarjetas personalizadas con banda magnética de alta coercitividad y formato ID-1, con destino al Instituto Nacional de la Seguridad Social, por un importe de 113.982 euros, IVA incluido.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

Presidencia del Gobierno

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

  • REAL DECRETO por el que se nombra gobernadora alterna por España en el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional, la Asociación Internacional de Fomento, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica a Dª. PAULA CONTHE CALVO.
  • REAL DECRETO por el que se nombra gobernadora alterna por España en el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Fondo Asiático de Desarrollo, la Corporación Interamericana de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo a Dª. INÉS CARPIO SAN ROMÁN.

Transportes y Movilidad Sostenible

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

AYUDAS DIRECTAS A AGRICULTORES Y GANADEROS
El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de un suplemento de crédito en el Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), por importe de 280.952.832,74 euros, con la finalidad de posibilitar el pago de ayudas directas a sectores agrícolas y ganaderos.

En el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, se adoptaron medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de dicho Real Decreto-ley, para hacer frente a las ayudas directas a sectores ganaderos y agrarios, se dotó al presupuesto de gastos e ingresos del FEGA con 631.710.000 euros. No obstante, a la finalización del ejercicio 2023 estas ayudas no se han podido ejecutar en su totalidad, quedando un importe de 280.952.832,74 euros pendiente de ejecución.

Por ello, el FEGA considera necesario tramitar un expediente de suplemento de crédito por ese importe, financiado con la parte del remanente de tesorería que a fin del ejercicio anterior no fue aplicado en el presupuesto del Organismo.

Hacienda

FONDO DE CONTINGENCIA PARA AYUDAS AL SECTOR AGRÍCOLA
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito, por importe total de 10.917.324,10 euros, cantidad que permitirá la concesión de subvenciones destinadas al sector agrícola y ganadero y destinadas a los afectados por catástrofes naturales.

En concreto, mediante este acuerdo se financiarán las subvenciones establecidas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, por un importe de 10.656.927,14 euros.

En concreto, se producirá una incorporación de crédito en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para financiar las subvenciones establecidas en el citado Real Decreto-ley 6/2022 por el referido importe de 10.656.927,14 euros.

Este Real Decreto-ley 6/2022 establece en sus artículos 34 y 35 medidas de financiación de los costes adicionales derivados del incremento de los costes de producción en pesca y en acuicultura respectivamente. La dotación asignada a estas ayudas fue de 30 millones de euros para la pesca y de 20 millones de euros para la acuicultura. Este Real Decreto-ley establecía que las ayudas "se financiarán con cargo al presupuesto que, con el carácter de incorporable, se habilite en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación".

El 22 de octubre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Extracto de la Orden APA/986/2022, de 17 de octubre, por la que se concretan y modifican determinados requisitos y condiciones relativos al procedimiento de concesión de las ayudas recogidas en los artículos 34 y 35 del Real Decreto-ley 6/2022 y por la que se convocaban dichas ayudas para el año 2022.

Actualmente queda pendiente de justificar y pagar un importe de 6.264.193,92 euros, y una compensación económica de 36.742,32 euros a dos entidades colaboradoras encargadas de la gestión y pago de parte de estas ayudas. A lo anterior, habría que añadir el importe de ayudas pendiente de tramitar, que asciende a 2.405.571,87 euros, así como la cantidad destinada a los recursos, parte de los cuales ya se han presentado, que asciende a 1.727.965,77 euros. Además, es necesario añadir una cuantía de 222.453,26 euros para atender futuras compensaciones económicas a las entidades colaboradoras.

Por este motivo, es preciso incorporar crédito por un importe total de 10.656.927,14 euros para hacer frente a todo este gasto, que se financiará con cargo al Fondo de Contingencia.

Subvenciones para los afectados por catástrofes naturales

También con este acuerdo se atenderán las subvenciones previstas en el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas y en el Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020, por un importe de 260.396,96 euros.

En concreto se ha autorizado una incorporación de crédito en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para atender las subvenciones previstas en el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre y en el Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, por el citado importe de 260.396,96 euros.
Este Ministerio ha realizado diversas convocatorias de subvenciones para ejecutar las medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, destacando las siguientes:

  • Convocatorias de subvenciones dirigidas al ámbito contemplado en el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre: Se aprobó la convocatoria de subvenciones mediante Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública. El importe total máximo de las subvenciones de dicha convocatoria fue de 151.955.050,16 euros.
  • Convocatoria de subvenciones derivadas del Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre. En este caso se aprobó la convocatoria de subvenciones mediante Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública. El importe total máximo de las subvenciones convocadas es de 76.324.639,13 euros.

Por todo lo expuesto, es preciso autorizar una incorporación de crédito para atender este gasto, por un importe total de 260.396,96 euros, financiándose con cargo al Fondo de Contingencia.

Este acuerdo cumple con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Hacienda

INVERSIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, con el objetivo de permitir al Ministerio de Igualdad la tramitación de diversos expedientes de gasto relativos a inversiones reales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha manifestado la necesidad de llevar a cabo los siguientes expedientes de gasto, que implican compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para el año 2025 por un importe total de 2.450.000 euros:

  • Contratación del servicio de creatividad, diseño, realización y producción para el conjunto de campañas y acciones de sensibilización y concienciación social contra las distintas formas de violencia contra las mujeres.
  • Contratación del servicio de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la materialización de la campaña de publicidad institucional denominada 'Concienciación social contra las distintas formas de violencia contra las mujeres'.

El detalle por importes y anualidades de los compromisos totales a adquirir con cargo a ejercicios futuros, sumados a los ya existentes según nivel de vinculación es el siguiente:

20252026
Nuevas necesidades2.450.000,000,00
Compromisos ya adquiridos15.812.045,837.323.119,54
Límite de compromiso máximo a adquirir18.262.045,837.323.119,54

todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, el Consejo de Ministros ha autorizado poder elevar el límite de compromisos de gasto para la anualidad 2025.

Hacienda

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO EN MURCIA Y EXTREMADURA
El Consejo de Ministros ha autorizado a Región de Murcia y a Extremadura a formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo por sendos importes máximos de 811,6 y 350 millones de euros, respectivamente.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y del artículo 14 de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

En el caso concreto de la Región de Murcia, el Consejo de Ministros le ha autorizado para poder formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 811.600.000 euros, con el fin de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería durante el ejercicio 2024 mediante líneas de crédito, préstamos a corto plazo y líneas de confirming con post-financiación.

En cuanto a Extremadura, el Gobierno ha autorizado a esa Comunidad para formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 350 millones de euros. Esta cantidad se destinará para atender las necesidades transitorias de tesorería durante 2024.

Estas autorizaciones solo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2024.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y CABO VERDE SOBRE ACTIVIDADES DE FAMILIARES DEL PERSONAL DE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS
El Consejo de Ministros ha acordado disponer la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Cabo Verde sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas por familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares y autorizar la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo, que trata de recoger y regular jurídicamente los legítimos intereses y expectativas de los familiares dependientes de los agentes diplomáticos, consulares y funcionarios administrativos acreditados en las misiones diplomáticas de España en el exterior y del personal al servicio de las representaciones ante organizaciones internacionales en cuanto a actividades remuneradas se refiere.

El mismo beneficio se aplicará a los familiares dependientes de nacionales de España y Cabo Verde acreditados ante organizaciones internacionales con sede en cualquiera de los dos países.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y NAMIBIA SOBRE ACTIVIDAD DE LOS FAMILIARES DEL PERSONAL DE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS
El Consejo de Ministros ha acordado disponer la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Namibia sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas por familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares y autorizar la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo, que trata de recoger y regular jurídicamente los legítimos intereses y expectativas de los familiares dependientes de los agentes diplomáticos, consulares y funcionarios administrativos acreditados en las misiones diplomáticas de España en el exterior y del personal al servicio de las representaciones ante organizaciones internacionales en cuanto a actividades remuneradas se refiere.

El mismo beneficio se aplicará a los familiares dependientes de nacionales de España y Namibia acreditados ante organizaciones internacionales con sede en cualquiera de los dos países.

Asuntos Exteriores, Unión Euorpea y Cooperación

CIRCULACIÓN DEL TALENTO EN EL ESPACIO IBEROAMERICANO
El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes Generales el Convenio Marco para el Impulso de la Circulación del Talento en el Espacio Iberoamericano y autorizar la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mismo.

El convenio marco se firmó presencialmente por España Guatemala, Portugal y República Dominicana, el 21 de abril de 2021, en Soldeu (Andorra), con motivo de la celebración de la XXVII Cumbre Iberoamericana y a distancia por Brasil, Colombia y Nicaragua. Posteriormente, fue firmado por El Salvador, el 26 de abril.

El objeto de este convenio es promover la circulación temporal por el territorio de los estados miembros de la comunidad iberoamericana de las personas incluidas en su ámbito de aplicación, con el fin de favorecer la transferencia del conocimiento, la creación científica e intelectual y la innovación.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

EXPEDICIÓN DE PASAPORTE PROVISIONAL Y SALVOCONDUCTO
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se regula la expedición del pasaporte provisional y del salvoconducto, que tiene como objetivo, por un lado, modificar y actualizar el modelo actual del pasaporte provisional y por otro, trasponer la Directiva (UE) 2019/997del Consejo, de 18 de junio de 2019, por la que se establece un Documento Provisional de Viaje de la Unión Europea.

Dicha directiva establece un nuevo formato de Documento Provisional de Viaje que incorpora medidas de seguridad adicionales y permite ampliar los supuestos de expedición del documento a los propios nacionales. La Directiva debe completarse antes del día 9 de diciembre de 2024.

En este sentido, la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en su artículo 27.1 b) sobre tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado, establece que el Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al que corresponda la iniciativa normativa, podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de proyectos de real decreto, cuando concurran circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACIÓN EN EL SUDESTE ASIÁTICO
El Consejo de Ministros ha acordado disponer la remisión a las Cortes Generales del Tratado de Amistad y Cooperación (TAC) en el Sudeste Asiático, hecho en Denpasar, Bali, el 24 de febrero de1976, con las modificaciones a dicho Tratado adoptadas mediante los Protocolos de Manila, de 15 de diciembre de 1987 y de 25 de julio de 1998, y de Hanói, de 23 de julio de 2010, y autorizar la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Tratado.

El TAC en el Sudeste Asiático fue firmado por los estados que entonces eran miembros de la Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): la República de Indonesia, Malasia, la República de Filipinas, la República de Singapur y el Reino de Tailandia. El objeto de este Tratado es promover la paz perpetua, la amistad eterna y la cooperación entre sus pueblos, para contribuir a su fortaleza, solidaridad y relación más estrecha. Alemania, Francia e Italia son también firmantes de dicho tratado, así como la Unión Europea, que se adhirió en abril de 2012.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

MEDIDAS DE EFICIENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA Y DE PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

Reorganización de la Administración de Justicia

La futura Ley Orgánica constituye el tercer pilar de la transformación integral de la Administración de Justicia impulsada por el ministerio, y sigue la senda de las medidas de eficiencia digital y procesal de la Administración de Justicia incluidas en el RDL 5/2023 y el RDL 6/2023.

La renovada estructura organizativa se asienta en tres novedades, como son los Tribunales de Instancia, uno por partido judicial; la implementación de una Oficina Judicial única para cada uno de esos tribunales; y las Oficinas de Justicia en los Municipios, que sustituyen a los juzgados de paz.

Respecto a la figura del Tribunal de Instancia, su implantación supondrá una importante optimización de recursos, al pasar de 3.800 juzgados a 431 tribunales de estas características, atajando posibles disfuncionalidades y permitiendo establecer criterios procesales comunes que garanticen la homogeneidad.

Estos nuevos tribunales implicarán la redefinición de las Oficinas Judiciales, que pasarán a prestar apoyo en tramitación procesal y servicios comunes a su correspondiente Tribunal de Instancia, bajo la dirección de un letrado de la Administración de Justicia.

Por su parte, las nuevas Oficinas de Justicia en el Municipio ampliarán considerablemente las competencias y los servicios que prestan los juzgados de paz, y seguirán cumpliendo su función social como punto de contacto con la ciudadanía, incluyendo como novedad la posibilidad de realizar actos y trámites procesales y registrales de manera telemática desde allí.

Esto contribuirá a avanzar en una Administración de Justicia más cercana que nunca para quienes no residen en núcleos urbanos, al tiempo que favorecerá la conciliación de los trabajadores de las Oficinas Judiciales y los Tribunales, gracias al despliegue de nuevas tecnologías que se está llevando a cabo para permitir la comunicación telemática entre todos los actores involucrados y la propia ciudadanía.

Eficiencia procesal. Medios alternativos de solución de controversias

El anteproyecto de ley orgánica aprobado también regula los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC), que ya se contemplaban en la Ley de Eficiencia Procesal que el Ejecutivo presentó la pasada legislatura. La aplicación de estos medios en vía no jurisdiccional, en el ámbito mercantil y civil, se contempla para evitar la sobrecarga de los juzgados y tribunales, limitando su intervención a aquellas causas en las que sean imprescindibles, y garantizado, a su vez, los derechos y las plenas garantías jurídicas de las partes.

Así, se potenciará la negociación entre las partes a través de instrumentos como la mediación, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial y la opinión de experto independiente, con el fin de encontrar soluciones dialogadas a sus disputas. Con el uso de estas herramientas, que ya son comunes y exitosas en países de nuestro entorno, cobrarán mayor protagonismo las profesiones jurídicas, ejerciendo la asistencia letrada a las partes.

Protección y defensa de derechos e intereses de consumidores y usuarios

Por último, la norma supondrá un importante paso en la protección y defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, estableciendo un procedimiento único para abordar las demandas colectivas, definiendo también las entidades habilitadas para las acciones de representación e incorporando plataformas electrónicas para una tramitación más ágil y sencilla para los usuarios afectados. Todo ello en un contexto en el que, entre 2018 y 2022, los pleitos masivos aumentaron un 120% en Europa.

El Gobierno transpone así la Directiva Europea UE 2020/1828, dando un paso más allá de lo exigido por la UE, ya que su ámbito de aplicación no solo será el listado que establece la citada directiva, sino que abarcará todas las situaciones en las que se hayan vulnerado derechos e intereses de consumidores.

Entre las principales novedades de este apartado de la ley destaca que los afectados podrán ejercer acciones de cesación (es decir, exigir que se interrumpa una conducta nociva para los consumidores, introduciendo como novedad la reclamación previa al empresario o profesional como requisito para que resulte admisible la demanda) y resarcitorias (solicitar una indemnización) a través de plataformas electrónicas.

Además, regulará la habilitación de asociaciones de consumidores para que puedan ejercer las acciones colectivas y la creación de una base de datos de entidades habilitadas para que la ciudadanía pueda acceder a esta información a través de la página web del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Se ha optado por un proceso denominado opt-out, por el que, en la mayoría de los casos, las personas consumidoras afectadas quedarán adheridas por defecto a la acción iniciada por la asociación, aunque no sean conocedoras de la misma en un primer momento, si bien pueden desvincularse del proceso si lo desean. Se diferencia así del actual modelo opt-in, por el que las personas afectadas tenían que adherirse expresamente a la acción y que suponía una barrera para las asociaciones, que tenían que localizarlas una a una. Para cada acción, la asociación demandante tendrá que poner en marcha una plataforma electrónica donde se transmitirá la información a las personas afectadas para que puedan expresar la voluntad de vincularse o desvincularse del proceso.

En el caso de que se den acciones resarcitorias, el procedimiento vinculará a todos los afectados automáticamente y sin necesidad de que cada uno de ellos deba solicitar adhesión al fallo, teniendo la opción de desvincularse si así lo desean.

Por último, se crea un sistema de difusión y publicidad electrónica de estas acciones colectivas, de carácter público y gratuito. El nuevo Registro de Condiciones Generales de la Contratación y de Acciones colectivas tendrá el fin de difundir la existencia de las acciones colectivas, facilitar que los afectados puedan sumarse a ellas y permitir la adecuada coordinación entre órganos judiciales.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

INTERCAMBIO DE ANTECEDENTES PENALES ENTRE ESTADOS MIEMBROS DE LA UE
El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley orgánica que traspone una directiva europea relativa al intercambio de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), con el objetivo de promover y agilizar la cooperación judicial entre Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia transfronteriza. Se trata del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa comunitaria, concretamente, a la Directiva europea 2019/884. ECRIS es un sistema electrónico de interconexión de bases de datos por el que los diferentes Estados miembros intercambian de forma ágil y sencilla la información de la que disponen sobre antecedentes y condenas. Esto permite a las autoridades judiciales y administrativas un acceso rápido al historial delictivo de cualquier ciudadano de la UE. El sistema facilita que ningún delincuente pueda eludir a la justicia trasladándose a otro Estado del ámbito comunitario.

Mediante esta ley se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico aspectos como la petición de antecedentes al Estado de condena y la respuesta de España a peticiones de otros Estados sobre ciudadanos comunitarios y apátridas; la inclusión de la "imagen facial" entre los datos de los condenados; y la transmisión de información por otros medios seguros, cuando no sea posible hacerlo a través de ECRIS.

Creación de un Registro de Menores

Asimismo, el anteproyecto articula la creación de un Registro de Menores que incluye no solo la inscripción de las sentencias firmes, sino también las medidas cautelares para la custodia y defensa del menor expedientado o para la debida protección de la víctima. Este instrumento permitirá a los jueces disponer de otros elementos de juicio, al tiempo que se logra una comunicación automática a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

FINANCIACIÓN DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Y LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS DE DELITOS
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para indemnizar a todos los profesionales que presten servicios de asistencia jurídica gratuita o de atención psicológica a las víctimas de delitos en 2024, o que los prestaron en el año 2023 y aún se encuentran pendientes de abono. En total, la cuantía de las subvenciones a repartir en este ejercicio asciende a 54,38 millones de euros. Una ayuda que, como cada año, contribuye a hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva, cuya garantía corresponde a los poderes públicos, y a garantizar el apoyo a todas las personas que hayan sido víctimas de delitos. Los pagos se articularán, en lo que respecta a la prestación de asistencia jurídica gratuita, a través del Consejo General de la Abogacía Española, que recibirá 48,3 millones de euros -incluyendo 1,83 millones de euros para el abono de pagos pendientes de 2023-, y del Consejo General de Procuradores de España, con cinco millones de euros. Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos recibirá un millón de euros para financiar las actuaciones de atención psicológica a víctimas de delitos.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y BOLIVIA SOBRE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y SEGURIDAD
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la firma del Convenio entre el Reino de España y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad.

El convenio es un tratado internacional que establece un marco genérico de cooperación en la lucha contra la delincuencia en sus diversas manifestaciones, especialmente en sus formas organizadas, teniendo como finalidad fortalecer y profundizar la cooperación policial entre ambos países en la actividad operativo-investigadora.

La cooperación y colaboración entre las partes incluirá el intercambio de información y la prestación de ayuda en la lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de estupefacientes o el control de la inmigración ilegal, incluida la trata de seres humanos, que constituyen una preocupación que afecta a ambos Estados.

Defensa

MUNICIÓN PARA LANZAGRANADAS DEL EJÉRCITO DE TIERRA
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un acuerdo marco para la adquisición de munición de lanzagranadas automáticas (Granadas de 40 X 53 MM PARA LAG-40 Y MK-19) para el Ejército de Tierra y Armada.

Este acuerdo marco garantiza la operatividad de las unidades tanto en actividades de instrucción y adiestramiento como en el desarrollo de las "Operaciones de Mantenimiento de Paz" y completa la reserva de munición de Fuerza Conjunta y la Reserva del Ejército.

El valor estimado del acuerdo marco asciende a 15.036.670,00 euros y tendrá una duración de dos años.

Trasnportes y Movilidad Sostenible

LICITACIÓN CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN TARRAGONA
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Tarragona, con un valor estimado de 18,2 millones de euros (IVA no incluido).

La duración del contrato es de tres años, con posibilidad de una prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Los pliegos incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas para todos los ciudadanos.

Este contrato, destinado al mantenimiento y conservación de 118,65 km de carreteras del sector nº2, incluidos 29,42 km de autovía, abarca varios tramos de la autovía A-7 y de las carreteras N-340, N-340A y N-235.

Además, será objeto del contrato la ejecución de la obra de renovación de la señalización vertical en la carretera N-340, entre los puntos kilométricos 1.058,440 y 1.121,800.

Reducir emisiones

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los cinco años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras opciones. Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio.

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos, se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Desde el 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

Transportes y Movilidad Sostenible

LICITACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD TRAMO NOGALES DEL PISUERGA - REINOSA
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 19 millones de euros (IVA no incluido), a través de Adif AV, la redacción del proyecto para la construcción del tramo comprendido entre Nogales del Pisuerga (Palencia) y Reinosa (Cantabria), de 51,4 km, que incluye la remodelación de la estación Aguilar de Campoo, y que completará la Línea de Alta Velocidad (LAV) Palencia-Santander, que llega a Cantabria.

El proyecto, cuyo volumen de inversión evidencia la dimensión de esta actuación, detallará los trabajos para construir la plataforma del nuevo trazado de alta velocidad (44,4 km), que albergará doble vía de ancho estándar en todo el recorrido; además del baipás de acceso a Aguilar de Campoo (7 km), de vía única, y la adecuación de la estación a los servicios de alta velocidad y el previsible incremento de viajeros.

La ejecución del trazado representa una inversión estimada en 800 millones de euros, según el estudio informativo; un importe que se concretará en la redacción del proyecto.

El nuevo tramo discurrirá desde el final del que actualmente se está ejecutando, entre Calahorra de Boedo y Alar del Rey, hasta la estación de Reinosa desde donde conectará con Santander a través de la red convencional, que se renovará e incluso se duplicará en algunos tramos. Para ello, se instalará un cambiador de ancho de vía en el entorno del municipio cántabro de Matamorosa, antes del cruce con el río Híjar.

Partes del proyecto de trazado entre Nogales de Pisuerga y Reinosa

El proyecto de construcción de este nuevo trazado de alta velocidad se estructurará en tres tramos y parada en Aguilar de Campoo:
  1. El primero comprende los 14 km entre Alar del Rey y Aguilar de Campoo.
  2. El segundo corresponde al trazado Aguilar de Campoo-Mataporquera (11,5 km) y el baipás de Aguilar de Campoo (7 km).
  3. El tercero al tramo Mataporquera-Reinosa (18,9 km).

Se completa la conexión de alta velocidad con Cantabria

El Ministerio da así un impulso decisivo a la conexión Palencia-Santander, a la que destina una inversión global de 1.700 millones de euros, para promover la movilidad y las comunicaciones en alta velocidad de Cantabria con el centro y el resto del país, reforzando la fiabilidad y capacidad de la infraestructura y reduciendo los tiempos de viaje.

La redacción del proyecto del tramo final se aborda mientras se avanza en la construcción de los otros cinco tramos, que suman 78,4 km:
  • Palencia-Palencia Norte (1,3 km).
  • Palencia Norte-Amusco (20,8 km).
  • Amusco-Osorno (21,9 km).
  • Osorno-Calahorra de Boedo (20,7 km).
  • Calahorra de Boedo-Alar del Rey (13,7 km).
Esta actuación contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (infraestructuras, fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (crecimiento económico y generación de empleo.

Financiación Europea

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo "Conectar Europa" de la Unión Europea (CEF).

Agricultura, Pesca y Alimentación

COSECHA EN VERDE DE LA INTERVENCIÓN SECTORIAL VITIVINÍCOLA
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modifica la regulación de la Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC), con el objeto de introducir disposiciones que permitan realizar algunos ajustes técnicos para mejorar la gestión de la cosecha en verde, uno de los tipos de intervención contemplados en la norma. La finalidad de esta modificación es obtener una mayor eficacia en la ejecución de los fondos asignados a la Intervención Sectorial Vitivinícola territorio.

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 20 de febrero, de la resolución de la dirección general de Producciones y Mercados Agrarios por la que se fija el presupuesto para la puesta en marcha de la cosecha en verde para el año 2024, se han realizado algunos ajustes técnicos en el texto del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, cuya modificación se ha aprobado, con el fin de mejorar la eficacia en su gestión. Así, se habilita a las comunidades autónomas a facilitar lo máximo posible la gestión de la cosecha en verde a la estrategia y los objetivos específicos en su territorio.

Concretamente se modifican aspectos en el ámbito de los requisitos de las solicitudes de ayuda, admisibilidad de los solicitantes, criterios de prioridad, en el cálculo de la cuantía y en el procedimiento específico del pago.

Asimismo, en lo relativo al tipo de intervención de inversiones en activos materiales e inmateriales de la Intervención Sectorial Vitivinícola se clarifica el concepto de pago intermedio, dentro de los procedimientos para el pago, a fin de garantizar una mayor seguridad jurídica.

Agricultura, Pesca y Alimentación

AYUDAS PARA LA TRANSICIÓN DIGITAL DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
El Consejo de Ministros ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de ayudas supraautonómicas para dos tipos de intervenciones destinadas al sector agroalimentario y forestal: una para el intercambio de conocimiento y actividades de formación e información y otra para servicios de asesoramiento para la transición digital.

Estas ayudas se enmarcan en las medidas de desarrollo rural del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027 y cuentan con un presupuesto de 22,7 millones de euros, de los que 12 millones se van a destinar a la convocatoria de 2024. Ambas intervenciones están cofinanciadas en el 43 % por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y en el 57 % por fondos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tienen como principal objetivo financiar la celebración de encuentros divulgativos, redes de espacios y actividades demostrativas, cursos en materia de digitalización para profesionales y asesores. Con estas actividades se busca favorecer el asesoramiento gratuito a pymes, autónomos y cooperativas agroalimentarias.

Además de atender la transición digital, las ayudas para el intercambio de conocimientos, formación e información podrán tener en cuenta otras prioridades, como el relevo generacional o una mejor gestión de las tierras, así como asuntos vinculados con la mejora de la rentabilidad de las explotaciones e industrias, su sostenibilidad o el intercambio de prácticas innovadoras de carácter social.

Podrán optar a estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, las entidades de ámbito nacional o supraautonómico y, para algunas modalidades, los consorcios pertenecientes al sector agroalimentario y forestal, que presten de forma gratuita servicios de asesoramiento y cursos para la transición digital, actividades demostrativas o que organicen eventos para el intercambio de conocimiento entre los profesionales de este sector.

En el siguiente cuadro se detallan las características de estos dos tipos de ayuda:


Estas ayudas complementan las actuaciones que han programado las comunidades autónomas para estas mismas intervenciones. De esta forma, el Plan Estratégico de la PAC destina a este tipo de estímulos al asesoramiento, la formación y el intercambio de conocimiento 186 millones de euros de gasto público total.

Agricultura, Pesca y Alimentación

ETIQUETADO DE LOS VINOS DE LICOR
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modifica las condiciones de uso de las menciones facultativas dry y pale dry en el etiquetado de los vinos de licor.
Estas menciones están reguladas en el Real Decreto 1363/2011 de 7 de octubre que desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de determinados productos vinícolas y están relacionadas con el modo de obtención o método de elaboración de los mismos.

Así, hasta ahora la mención dry era aplicable a los vinos de licor con Denominación de Origen protegida (DOP), con un contenido en azúcares no superior a 45 gramos por litro. Mientras que pale dry podía ser utilizada por vinos de licor, igualmente con DOP, y un contenido en azúcares inferior a 45 gramos por litro. En ambos casos siempre que se cumplieran además los demás requisitos establecidos en los respectivos pliegos de condiciones de las DOP.

Con la modificación aprobada se elimina la denominación dry y se amplía el margen en el contenido de azúcares para los vinos pale dry, que ahora será inferior a 50 gramos por litro.

Con esta modificación, el Gobierno da respuesta a una petición de los consejos reguladores de las denominaciones de origen de vino andaluzas que trasladó la Junta de Andalucía.
La denominación dry ha dejado de usarse y no existe interés en el sector por mantenerla. A partir de ahora podrá ser utilizada en cualquier vino seco, en el sentido expresado en el reglamento de aplicación de la Unión Europea, o bien conforme a otra regulación autonómica que pudiese dictarse al efecto, lo que supone de hecho un desbloqueo de dicha mención, dada la falta de uso prolongada en el tiempo por las denominaciones de origen vitivinícolas andaluzas elaboradoras de vino de licor.
En cuanto a la modificación en el contenido máximo en azúcares para la mención pale dry, se amplía el margen de edulcoración. La ampliación facilita la elaboración de vinos de licor con el contenido mínimo de alcohol adquirido que permite la normativa, en línea con la demanda del mercado.

Economía, Comercio y Empresa

AUTORIZACIÓN DE LA FUSIÓN ENTRE IGUALES ENTRE ORANGE Y MÁSMÓVIL
El Consejo de Ministros ha aprobado la operación de fusión entre iguales mediante la combinación de los negocios en España de Orange y MásMóvil. La nueva sociedad conjunta será el primer operador en España por cuota de mercado pues dará servicio a más de 30 millones de clientes móviles, más de 7 millones de clientes de banda ancha y más de 2 millones de clientes de televisión. Además, los inversores han presentado de forma voluntaria en el proceso de autorización un ambicioso Plan industrial, estratégico y financiero, que incluye compromisos para realizar grandes inversiones en infraestructuras fijas y móviles, que no podrían lograrse a tal escala sin la operación propuesta.

El Gobierno ha autorizado la operación que fue informada favorablemente por la Junta de Inversiones Exteriores la pasada semana, tras el escrutinio de la operación exigido por la normativa de Inversiones Exteriores.

Además, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ha autorizado además a la nueva entidad conjunta la toma de control sobre las concesiones de espectro radioeléctrico que ostentan Orange y MásMóvil. Dado que la fusión entre iguales supera los límites de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial, los llamados spectrum caps, se aplica el procedimiento previsto en el artículo 88.6 del Reglamento sobre el uso de dominio público radioeléctrico, que da un plazo de cinco meses a partir del cierre de la transacción, con posibilidad de prórroga, a la nueva entidad para revertir esta situación y adecuar los límites de frecuencias. Cualquier transferencia de este espectro excedente, incluidos los 60 MHz destinados a Digi según la decisión de la Comisión Europea, tendrá que ser previamente aprobada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

El grupo resultante se ha comprometido a implementar un ambicioso plan de inversión a medio plazo en redes fijas y móviles y a la gestión operativa de dichas redes. La operación y los compromisos aceptados aseguran la continuidad de inversión en redes de nueva generación, lo que contribuirá a que, gracias al despliegue de fibra y redes 5G, España siga siendo el líder europeo en conectividad, con los efectos positivos que ello puede tener para la atracción de inversores o la fijación de población en zonas rurales, entre otros aspectos.

El Gobierno de España ha aprobado esta operación, que supone la existencia de un nuevo actor con la capacidad financiera y el tamaño necesarios para competir eficientemente y de forma sostenible en el mercado español de las telecomunicaciones, mercado de carácter estratégico para la economía y la seguridad del país, lo que beneficiará a los consumidores y las empresas españolas al disponer una más amplia cartera de productos y servicios.

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

EL CONSEJO DE MINISTROS HA APROBADO LA SIGUIENTE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS:
"En este Día Mundial de las Personas Consumidoras, el Consejo de Ministros de España se une a la comunidad internacional y al movimiento consumerista en la reflexión sobre la importancia de reforzar la protección de los derechos de todas las personas consumidoras, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones vulnerables. Reconocemos que democratizar las relaciones de consumo, a través de un consumo responsable y sostenible, es fundamental para promover el bienestar de la sociedad y preservar nuestro entorno para las generaciones futuras.

La protección de las personas consumidoras vulnerables es un compromiso fundamental de nuestro gobierno, habiendo sido pioneros a la hora de introducir en la normativa una noción de persona consumidora vulnerable amplia, que trasciende la tradicional concepción vinculada exclusivamente a las circunstancias económicas, imponiendo obligaciones de protección reforzada de estas personas tanto por parte de las instituciones como por parte de los operadores económicos. Sobre esta base, para garantizar que toda la ciudadanía, independientemente de sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, tenga acceso a productos y servicios de calidad y reciba un trato justo por parte de los operadores económicos.

Al efecto, apostamos firmemente por la igualdad en el acceso a bienes y servicios por parte de toda la ciudadanía, en especial, por parte de las personas con discapacidad. Es por ello por lo que seguiremos avanzando en un etiquetado que garantice la accesibilidad universal de aquellos productos de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas consumidoras, con lo que seremos pioneros a nivel internacional en la protección de los derechos como personas consumidoras de las personas con discapacidad.

Asimismo, reconocemos los desafíos y oportunidades que presenta la transformación digital en el ámbito del consumo. La digitalización ha revolucionado la forma en que compramos y consumimos bienes y servicios, ofreciendo beneficios significativos en términos de comodidad y accesibilidad. Sin embargo, también nos enfrentamos a nuevos riesgos, como la protección de datos personales, la seguridad en línea y la equidad en el acceso a la tecnología, lo que requiere esfuerzos por parte de todos los agentes para garantizar que estos beneficios llegan a todas las capas de la sociedad, en especial, a las personas mayores, y que las personas menores de edad no quedan expuestas a contenido inadecuado que pueda afectar a su desarrollo.

Es por ello por lo que nos comprometemos a abordar estos desafíos de manera integral, continuando firmemente implementando políticas con un enfoque inclusivo que garanticen que no se deje a nadie atrás en esta era digital. Para ello, resulta crucial que toda la ciudadanía tenga las habilidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la economía digital y disfrutar de sus beneficios de manera segura y equitativa.

Asimismo, teniendo en cuenta la crisis ecosocial a la que nos enfrentamos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que España se ha comprometido, continuaremos activamente fomentando un consumo sostenible que respete los límites de nuestro planeta y contribuya a un desarrollo económico y social justo y equitativo, para lo que promoveremos la primera ley sobre consumo sostenible de nuestra democracia. Esto incluirá medidas para promover la producción y el consumo responsables, así como para combatir el desperdicio, la obsolescencia programada o prácticas desleales de blanqueamiento ecológico.

En este Día Mundial de las Personas Consumidoras, renovamos nuestro compromiso de trabajar en estrecha colaboración con los operadores económicos y sociedad civil, en especial, con el movimiento consumerista, para promover y proteger los derechos de las personas consumidoras en su conjunto, reforzar la protección de las personas consumidoras vulnerables, fomentar un consumo responsable y sostenible y abordar los desafíos de la transformación digital. Abogamos porque podamos construir un futuro en el que todas las personas consumidoras puedan disfrutar de una vida digna y próspera."

Ciencia, Innovación y Universidades

SOCIEDAD PÚBLICO-PRIVADA PARA NUEVOS MEDICAMENTOS
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza a INNVIERTE ECONOMIA SOSTENIBLE SICC, SME, S.A. la suscripción del pacto de socios negociado en la constitución de una sociedad dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos en nuevas terapias avanzadas.

A través de este acuerdo, se impulsará la creación de la primera sociedad mercantil de terapias avanzadas con capital público-privado de España fruto de un pacto de socios que se formalizará entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de Innvierte, cuyo promotor y único accionista es el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), e Insud Pharma, S.L. ("Insud Pharma") y Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. ("Rovi").

La sociedad mercantil contará con una participación del 51% por parte de los socios privados, Insud Pharma y Rovi, y un 49% de inversión pública, procedente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de Innvierte.

Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la Salud de Vanguardia con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y tiene previsto movilizar una aportación inicial público-privada de más de 74 millones de euros. Innvierte aportará 36.685.000 euros y la aportación de capital privado será de 38.182.346 euros, aportada por partes iguales por los accionistas privados, Insud Pharma y Rovi, titulares cada uno de un 25,5% del capital social.

La participación pública se instrumentará a través de Innvierte Economía Sostenible, la sociedad de inversión colectiva de tipo cerrado (SICC) supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuyo accionista único es el CDTI.

Por su parte, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) colaborará en la aportación del conocimiento científico y participará en los órganos científico-tecnológicos de decisión de la sociedad.

Además, se prevé una aportación adicional por parte de Innvierte de hasta 71 millones de euros, de modo que la nueva sociedad podría movilizar hasta 220 millones de euros, con una aportación pública total de 107 millones de euros.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
El Consejo de Ministros ha aprobado modificar la estructura del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para acelerar la transición hacia una movilidad sana, sostenible y segura y que sea una realidad lo antes posible. Así, para reforzar el impulso de las políticas públicas comprometidas con movilidad activa, digital y descarbonizada, se ha creado una nueva secretaria general de Movilidad Sostenible y una nueva dirección general de Estrategias de Movilidad que dependerán de la Secretaría de Estado.

Al frente de la nueva Secretaría General se ha situado a Álvaro Fernández Heredia, mientras que el nuevo director general es José Alfonso Gálvez.

En concreto, los principales cambios aprobados son:
  • Transformar el Comisionado Especial para el Transporte y la Movilidad Sostenible en la nueva Secretaría General de Movilidad Sostenible, bajo la dependencia de la Secretaría de Estado.
  • Crear la nueva Dirección General de Estrategias de Movilidad, dependiente de la nueva Secretaría General.
  • Modificar la denominación de una Dirección General, la de Transporte por Carretera, que se denominará Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril.
El desarrollo de la estructura orgánica del Ministerio se ha habilitado mediante la aprobación de un real decreto, a propuesta del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, previa iniciativa del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. El texto define y precisa las competencias y funciones de cada uno de los órganos del Ministerio hasta el nivel orgánico de subdirección general.

Secretaría General de Movilidad Sostenible

La nueva Secretaría General de Movilidad Sostenible agrupa todas las funciones transversales y de naturaleza intermodal para el impulso de la movilidad sostenible, como las relativas a innovación, planificación o fondos europeos, que hasta ahora se ejercían por el Comisionado Especial, la Subdirección General de Planificación, Red Transeuropea y Logística y la División de Estudios y Tecnología del Transporte.

Ésta asume además nuevas funciones, como las relativas a los instrumentos económicos para promover la movilidad sostenible y las políticas dirigidas a los usuarios y empresas vulnerables en el ámbito del transporte y la movilidad. Esta transformación y reubicación en ella de la Subdirección General de Planificación, Red Transeuropea y Logística y la División de Estudios y Tecnologías del Transporte viene acompañada de la creación de la Dirección General de Estrategias de Movilidad.

La configuración de esta Secretaría General de Movilidad Sostenible culmina el rediseño organizativo del Ministerio, iniciado con la creación de la Secretaría General de Transporte Terrestre y la Secretaría General de Transportes Aéreo y Marítimo, para reorientar la estructura organizativa del Departamento unificando infraestructuras y servicios del transporte, y así facilitar la planificación desde un punto de vista global y ganar en funcionalidad.

Transportes se prepara para los desafíos inminentes: continuar la descarbonización y la transición hacia una movilidad sana, sostenible y segura, asumiendo las nuevas funciones que la futura Ley de Movilidad asigna a este Ministerio, así como la culminación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el ámbito de la Secretaría General de Transportes Aéreo y Marítimo, se atribuyen nuevas funciones relativas al transporte espacial a la Dirección General de Aviación Civil y en materia de reducción de emisiones a la Dirección General de la Marina Mercante.

En la Subsecretaría, se asignan nuevas funciones a la Dirección General de Organización e Inspección, que vuelve a ejercer las relativas a seguridad, y se suprimen las Comisiones Permanentes del Hormigón, del Cemento, de Estructuras de Acero y de Normas Sismorresistentes, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría General Técnica como órgano competente para la tramitación e informe de las disposiciones a través de las cuales se incorporen, en su caso, los estándares técnicos al ordenamiento nacional.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

VERIFICACIÓN DE LA EDAD PARA EL ACCESO AL CONTENIDO PARA ADULTOS EN LÍNEA
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación del Grupo de Trabajo para impulsar y coordinar las funcionalidades del sistema de control a acceso a contenidos para personas adultas de las personas menores de edad. Este grupo tiene como objetivo mejorar la protección de los menores en el acceso a los contenidos de internet proponiendo una solución tecnológica que permita la verificación eficaz de la edad de los usuarios de internet cuando accedan a contenidos inapropiados para menores, manteniendo al tiempo las máximas garantías de privacidad y protección de datos. Los trabajos del grupo culminarán en la presentación de una herramienta piloto para verificación de edad a lo largo de este año.

La exposición de los menores a contenido no deseado en internet es un asunto de máxima preocupación para la sociedad de nuestro país, como evidencian los resultados del informe, analizado a principios de año por el Consejo de Ministros, que revela que siete de cada diez adolescentes de entre 13 y 17 años consume pornografía de forma regular y un 30% afirma que es su única fuente de información afectivo-sexual.

Al mismo tiempo, la protección a la infancia y el interés superior del menor, junto con la necesaria observación de la protección de datos -especialmente de los menores de edad- impone la necesidad desde un punto de vista estrictamente técnico de que sea la persona mayor de edad quien, de forma anónima, aporte una información certificada por una fuente fiable que le permita acceder a contenidos para adultos, y no sea el menor de edad quien tenga que aportar ninguna información que permita su rastreo en Internet.

En esta tarea trabaja ya un grupo de trabajo (task force) creado por la Comisión Europea para la verificación de edad en el acceso a contenidos digitales orientado, entre otros objetivos, a encontrar soluciones técnicas comunes armonizadas en la Unión, que tiene previsto publicar unas primeras recomendaciones en junio de 2024. El Grupo de Trabajo constituido este martes por el Consejo de Ministros desarrollará su labor en estrecha coordinación con la task force europea y alineándose con sus recomendaciones, con vistas precisamente a contar con experiencias pioneras que puedan servir de modelo para la implementación de la Cartera Digital, que deberá estar disponible para su uso en toda la Unión Europea a partir de 2026 en virtud del Reglamento europeo de Identificación Electrónica (eIDAS 2).

Composición y funciones del Grupo de Trabajo

El Grupo de Trabajo estará integrado por un número igual de personas en representación de la Secretaría Estado de Función Pública, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, del Gabinete del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, de la Secretaría de Estado de Seguridad, de la Secretaría de Estado de Juventud e Infancia, de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Su presidencia corresponderá al titular de la Dirección General de Gobernanza Pública de la Secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. También participará la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), en su calidad de emisor de las credenciales verificables.

Entre las funciones del grupo de trabajo se cuentan la formulación de propuestas de funcionalidad para la implementación de soluciones técnicas, el liderazgo a nivel europeo del caso de uso de verificación de edad en el marco de la Cartera Digital europea, el seguimiento de la evolución de los trabajos técnicos y la coordinación con la estrategia integral para la protección de los menores en internet.

Cuando esté disponible, la solución de verificación de edad tendrá que ser utilizada obligatoriamente por las plataformas web de contenido para adultos establecidas en España, y de forma voluntaria por las grandes plataformas de internet que quieran participar en el desarrollo de esta experiencia piloto durante los años previos a la implantación de la Cartera Digital en el conjunto de la Unión Europea.

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Dª. MARÍA SOLEDAD GARMENDIA BELOQUI
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Ha ejercido como periodista en el periódico Deia y el semanario Zabalik.

Ha sido concejala del PSE-EE en el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, siendo responsable de la Candidatura de San Sebastián a Capital Europea de la Cultura 2016. En la legislatura 2015-2019 fue nombrada diputada foral de Ordenación del Territorio y Movilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Regresa al Ayuntamiento de San Sebastián, como concejala de Impulso Económico y Ecología y Salud Pública y teniente de alcalde (2019-2023). En la legislatura 2023-2027, ejerce como teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, portavoz del grupo municipal del PSE-EE y concejal de Economía y Empleo Local y Ecología y Salud Pública.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajadora de España en la República de Austria

Dª. MARÍA AURORA MEJÍA ERRASQUÍN
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomática de carrera desde 1987.

Ha estado destinada en las embajadas de Rumanía, Dinamarca y Brasil, así como en la Representación Permanente de España ante la OTAN.
Vocal asesora del Departamento Internacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, en dos ocasiones (1995-1996 y 2005-2007), y embajadora en misión especial para el Fomento de las Políticas de Igualdad de Género.

Directora general de Cooperación Jurídica Internacional y de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, en el Ministerio de Justicia, y embajadora de España en Bosnia y Herzegovina. Embajadora en Misión Especial para Afganistán y Pakistán, subdirectora general de Seguridad y directora general de Europa Occidental, Central y Sudeste de Europa.

En 2020, se incorporó al Gabinete de la Presidencia del Gobierno, primero como directora del Departamento de Unión Europea y posteriormente como directora de la Oficina de Coordinación para la Presidencia Española de la Unión Europea.

Embajadora de España en la República de Guatemala

Dª. MARÍA CLARA GIRBAU RONDA
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomática de carrera desde 1998.

Comenzó su carrera en el Gabinete del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Ha estado destinada en las embajadas de Kinshasa, Nouakchott, en la embajada en Luxemburgo y en la Representación Permanente de España ante la OTAN. Trabajó en el Servicio de Acción Exterior de la UE, en Bruselas.

Ocupó diversos puestos en el ámbito de las relaciones con África del Norte y África subsahariana y fue nombrada embajadora en Misión Especial para el fomento de las políticas de Igualdad y la Conciliación entre 2018 y 2020.

Desde 2020 se encontraba destinada como consejera coordinadora en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea a cargo de los grupos de trabajo de relaciones con África (COAFR) y ACP (África, Caribe y Pacífico).

Embajadora de España en la República de Senegal
Dª. MARÍA DOLORES RÍOS PESET
Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia con premio extraordinario de licenciatura en 1988. Diplomática de carrera desde 1991.

Ha servido en las embajadas de España en Bolivia, Colombia, Namibia, Paraguay, México y Ecuador, donde ha ocupado distintos puestos como cónsul, cónsul general, consejera cultural, consejera política y de cooperación y segunda jefatura.

En Madrid ha trabajado en cooperación al desarrollo en la Agencia Española de Cooperación Internacional y en asuntos de Justicia e Interior en la Secretaría de Estado de la Unión Europea.

Entre 2018 y 2022 fue embajadora de España en Cabo Verde. Desde 2022 y hasta febrero de 2024 fue embajadora en misión especial para asuntos migratorios.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Gobernadora alterna por España en el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional, la Asociación Internacional de Fomento, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica

Dª. PAULA CONTHE CALVO
Licenciada en Economía por la Universidad de Georgetown, en Washington DC y máster en Dirección de entidades financieras del IEB. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Desde enero de 2024 es Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional, anteriormente presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y gobernadora suplente por España en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

Como presidenta del FROB ha sido miembro del Consejo de Administración de Sareb y representante española en los órganos de gobierno de la Junta Única de Resolución (JUR), entre otros foros internacionales. Previamente, fue directora de Resolución y anteriormente Jefa de Departamento de Policy de este mismo organismo.

Empezó su carrera profesional en el Grupo Analistas como consultora en proyectos internacionales financiados por organismos multilaterales. En el Ministerio de Economía ha desempeñado diversos puestos en la Secretaría de Estado de Comercio y en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Presidenta de la Task Force on Coordinated Action (TFCA), reportando como Miembro del Comité Económico y Financiero (CEF) y asistiendo a reuniones del Eurogrupo.

Gobernadora alterna por España en el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Fondo Asiático de Desarrollo, la Corporación Interamericana de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo

Dª. INÉS CARPIO SAN ROMÁN
Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid en el programa de Cooperación Educativa, cursando el último año en la Universidad de Georgetown. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde el año 2007.

Directora general de Financiación Internacional, anteriormente vocal asesora de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, en el Ministerio de Hacienda, tras haber trabajado en la Dirección General de Análisis Macroeconómico.

Ha sido consejera económica y comercial, jefa de la Oficina Económica y Comercial en Viena, asesorando a las Embajadas españolas ante Austria y Eslovenia, así como ante Naciones Unidas y la OSCE.

En etapas anteriores, trabajó en la Oficina Económica del presidente del Gobierno y ha sido miembro del Consejo de Administración de INECO y de SELAE. Asimismo, ha desarrollado parte de su carrera en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Condecorada con la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil.

Transportes y Movilidad Sostenible

Secretario general de Movilidad Sostenible

D. ÁLVARO FERNÁNDEZ HEREDIA
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y doctor en Infraestructuras de los Transportes por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Cuenta con 20 años de experiencia profesional en el sector de la movilidad y el transporte desarrollando su actividad en consultoría, investigación, docencia universitaria y asumiendo puestos de gestión a distintos niveles.

En la Universidad ha sido profesor de Planificación del Transporte y director del master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Ha sido investigador en el Centro de Investigación del Transporte, investigador invitado en el Politecnico di Torino y profesor visitante en la University of the West of England.

Durante cuatro años fue director gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid y, posteriormente director de Autobuses Urbanos de Valladolid (AUVASA).

Es vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, miembro Comité Europeo de la Unión Internacional de Transporte Público y vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación de Transporte Urbano Colectivo.

Ha realizado más de 30 publicaciones en revistas científicas y libros sobre movilidad.

Director general de Estrategias de Movilidad

D. JOSÉ ALFONSO GÁLVEZ SALINAS
Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada. Máster en Urbanismo, por la Universidad de Granada, y máster en Planificación, Economía y Operación del Transporte Urbano y Metropolitano, por la Universidad Pablo de Olavide.

Exgerente y exjefe de tráfico de la Empresa Municipal de Autobuses Urbanos de Valladolid (AUVASA). Cuenta con más de 16 años de experiencia en dirección y gestión de operadores públicos de transporte, consultoría en ordenación del territorio, urbanismo, movilidad sostenible, evaluación de impacto ambiental e investigación, esta última dentro del Laboratorio de Planificación Ambiental (LabPlam) de la Universidad de Granada.

Ha participado en el sistema tranviario de Córdoba, el metro ligero de Granada, el metro de Sevilla, los planes de transporte metropolitano de Granada y Sevilla, así como numerosas participaciones en Planes de Movilidad y los proyectos de investigación INTEGRAME y MITIGAME. Asistente técnico a los consorcios de transporte de Andalucía y a diversos operadores privados de transporte público colectivo a nivel urbano y metropolitano.

Ha participado en el proyecto de la Línea 3 del metro de Lima (Perú); en la construcción de taller de mantenimiento de locomotoras en Baladjariy; en el proyecto de desarrollo de infraestructura productiva en Ceticos Paita; y ha colaborado con el Asian Development Bank (ADB) y el Consortium Cherenkov Telescope Array (CTA).

Forma parte de diferentes asociaciones, colegios profesionales y entes vinculados a la promoción y fomento de la movilidad sostenible.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

Directora general del Dato

Dª. RUTH DEL CAMPO BECARES
Ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con un master sobre Tecnologías de la Información de la Universidad de Stuttgart (Alemania) y con una estancia de investigación en relación con estándares de datos para la ayuda al desarrollo en la New York Law School. Becaria Fullbright y del gobierno alemán.

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el sector público, en la Administración General del Estado y en organismos internacionales en Nueva York Ha sido la responsable técnica de los proyectos de transformación digital a nivel global de UNICEF, ha trabajado en el PNUD, coordinando el proyecto de Gobierno Abierto y liderando el primer portal de open data.

Ha sido vocal asesora de la Secretaría General de Salud Digital, Información Sanitaria e Innovación, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y coordinadora del área de internacional de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.