Referencia del Consejo de Ministros

27.2.2024

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La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

Trabajo y Economía Social

  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se regula la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y los servicios garantizados a personas, empresas y demás entidades empleadoras, en desarrollo de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.
  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.a) y b), de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley de simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Interior

  • ACUERDO por el que se autoriza al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico la contratación del servicio de Centro de Soporte a las personas usuarias de la Dirección General de Tráfico, por un valor estimado de 39.265.368,72 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios y suministros necesarios para atender a las personas solicitantes de protección internacional que se encuentran alojados en las salas de asilo aeroportuarias de Madrid-Barajas, por un importe máximo de 620.000 euros.
  • INFORME sobre activación de medios del Estado en el incendio de Campanar (Valencia).

Transportes y Movilidad Sostenible

Agricultura, Pesca y Alimentación

  • ACUERDO por el que se dispone la aplicación del artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al Proyecto de balsa de regulación en Alto Almanzora para Aguas del Almanzora, SA (Almería), comprendido en las obras de modernización de regadíos del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, fase II.
  • ACUERDO por el que se dispone la aplicación del artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al Proyecto de optimización energética de la Comunidad de Regantes de Almudévar (Huesca), comprendido en las obras de modernización de regadíos del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, fase III.
  • ACUERDO por el que se dispone la aplicación del artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al Proyecto de modernización de la Comunidad de Regantes las Marismas del Guadalquivir (Sevilla), comprendido en las obras de modernización de regadíos del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, fase III.

Política Territorial y Memoria Democrática

Cultura

Economía, Comercio y Empresa

  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se crea el Consejo de la Productividad de España.

Sanidad

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia del Gobierno

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Defensa

Cultura

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

  • REAL DECRETO por el que se nombra director general de Planificación estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la Lengua a D. MANUEL GONZÁLEZ BEDIA.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

MOBILIARIO DE DESPACHO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO Y DE LABORATORIO
El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los lotes 1, 2, 3, 5 y 8 del Acuerdo marco 01/2019 de mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínico y geriátrico y de laboratorio.

La modificación se efectúa por los importes siguientes (IVA excluido):

  • Lote 1, 1.065.600 euros.
  • Lote 2, 7.017.600 euros.
  • Lote 3, 4.132.800 euros.
  • Lote 5, 1.872.000 euros.
  • Lote 8, 3.216.000 euros.
Esta modificación se tramita al amparo del artículo 205.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El acuerdo marco está dividido en ocho lotes atendiendo a características y uso del mobiliario. Son objeto de modificación los Lotes 1 (Despachos de dirección y mesas de estrado), 2 (Mueble de oficina general), 3 (Sillería), 5 (Estanterías) y 8 (Mobiliario clínico y geriátrico).

El ámbito subjetivo del acuerdo incluye a la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, así como las entidades adheridas conforme a la Ley de Contratos del Sector Público en el ámbito estatal, autonómico y local que hayan formalizado su adhesión específica al acuerdo marco.

Hacienda

AUTORIZACIÓN A CANARIAS Y CATALUÑA PARA FORMALIZAR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
El Consejo de Ministros ha autorizado a Canarias y a Cataluña a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por sendos importes máximos de 718,4 y 250 millones de euros.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y del artículo 14 de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

En el caso concreto de Canarias, el Consejo de Ministros ha autorizado a esta Comunidad Autónoma a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 718.420.354 euros. De este importe, 661,83 millones de euros financian los vencimientos de deuda a largo plazo del ejercicio 2024.

En cuanto a Cataluña, el Consejo de Ministros le ha autorizado a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un máximo de 250 millones de euros.

En virtud del acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 25 de septiembre de 2023, Cataluña fue autorizada para formalizar un préstamo a largo plazo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por un importe máximo de 430 millones de euros, del que se autorizó un desembolso máximo de 150 millones de euros en el ejercicio 2023, correspondiente al primer tramo de la operación.

Sin embargo, al cierre de 2023, esta Comunidad Autónoma ha informado de que formalizó el préstamo por importe de 180 millones de euros y realizó una disposición de 20 millones de euros.

Además, en virtud del acuerdo de Consejo de Ministros del 10 de mayo de 2022, Cataluña fue autorizada para que la entidad Fira 2000 SA formalizara una operación de préstamo a largo plazo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), destinada a financiar la ejecución de la ampliación del actual recinto ferial de Gran Vía en Barcelona, por un importe total de 115 millones de euros y con una disposición máxima de 25 millones de euros en el ejercicio 2022.

Al cierre del ejercicio 2022, Fira 2000 SA formalizó el préstamo por importe de 110 millones de euros y realizó una disposición de 25 millones de euros con fecha 29 de septiembre de 2022.

Respecto al préstamo autorizado el 25 de septiembre de 2023, mediante el presente acuerdo se le ha autorizado a formalizar un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones el importe restante de 250 millones de euros, del que se autoriza un desembolso máximo de 160 millones de euros en el ejercicio 2024. Por otra parte, respecto al préstamo autorizado el 10 de mayo de 2022, se ha autorizado a la Comunidad Autónoma para que Fira 2000 SA realice un desembolso máximo de 25 millones de euros en el ejercicio 2024 del citado préstamo formalizado con el BEI.

Estas autorizaciones solo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2024.

Hacienda

FORMACIÓN DE FUTUROS SUBOFICIALES Y MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA
El Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Defensa financiar las adendas para el curso 2024/2025 para atender las necesidades de formación de los futuros suboficiales y de los militares profesionales de tropa y marinería.

Se trataría de financiar las adendas para el curso 2024/2025 a los convenios, ya formalizados con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y diversas Comunidades Autónomas, para atender las necesidades de formación de estos profesionales militares.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar establece que la enseñanza de formación de los aspirantes a suboficial de las Fuerzas Armadas incluirá la necesaria para alcanzar una titulación oficial de Técnico Superior de la Formación Profesional del sistema educativo general.

Por otra parte, la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería establece que la formación en las Fuerzas Armadas facilitará a los militares profesionales de tropa y marinería la obtención de titulaciones y acreditaciones del sistema educativo general, en especial el título de técnico correspondiente a la Formación Profesional de grado medio, los certificados de profesionalidad y la mejora de su cualificación a través de la formación ocupacional.

Las academias y escuelas del ámbito del Ministerio de Defensa, continuarán siendo los centros de enseñanza responsables de la formación de los futuros suboficiales y de los militares profesionales de tropa y marinería. Gracias a su reconocimiento por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, están en condiciones de impartir enseñanzas que conduzcan a la obtención de títulos oficiales de Formación Profesional por parte de los alumnos.

Aspecto importante del modelo formativo es el representado por la necesidad de disponer, por parte del Ministerio de Defensa, de profesores civiles para impartir la correspondiente docencia. Debido a la imposibilidad, por parte del Ministerio de Defensa, de aportar directamente el referido profesorado, mediante convenios sucesivos firmados con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y con los Gobiernos de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y la Región de Murcia, desde el año 2011 las Comunidades han venido aportando dicho personal docente.

Los convenios en vigor, firmados a lo largo del año 2023, contemplan la elaboración de adendas que, dando cobertura a los diferentes cursos escolares, establezcan las titulaciones a impartir, el personal docente necesario y la cuantía máxima a transferir para la liquidación de las obligaciones económicas contraídas, que se corresponderán con los costes derivados de los haberes devengados por el personal que cada Comunidad Autónoma aporte.

Las adendas mencionadas abarcarán todo el curso escolar, desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025. La dotación presupuestaria en el presupuesto prorrogado para el año 2024 asciende a 9.893.410 euros. No obstante, el periodo cubierto por las adendas implica que la mayor parte del gasto corresponde al ejercicio presupuestario 2025 (7.943.043,26 euros).

Por ello, el Ministerio de Defensa ha expuesto la necesidad de disponer de compromisos de crédito para el ejercicio 2025, por el citado importe de 7.943.043,26 euros.

Hacienda

REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE REINOS DEL MUSEO DEL PRADO
El Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Museo Nacional del Prado, organismo público adscrito al Ministerio de Cultura, la tramitación de diversos contratos imputables al capítulo 6 de sus presupuestos, relacionados con la rehabilitación del Salón de Reinos del Museo.

Entre las actuaciones a realizar se encuentran diversos contratos plurianuales o de tramitación anticipada, entre los que destacan la tramitación de la modificación de los contratos de la obra de rehabilitación arquitectónica y adecuación museística del Salón de Reinos, de la dirección facultativa y trabajos complementarios y del control de ejecución de la misma.

Durante el ejercicio 2023 se ralentizó la ejecución de las obras de rehabilitación arquitectónica y adecuación museística del Salón de Reinos por la necesidad de la formalización de un acuerdo que autorizara la continuación provisional de las obras afectadas por la tramitación de un proyecto modificado.

La aprobación y autorización definitiva del proyecto modificado, siendo necesaria su elevación al Consejo de Estado y Consejo de Ministros, implica que el importe de adjudicación del contrato, establecido inicialmente en 34.873.165,52 euros, se sitúe previsiblemente en 45.987.469,59 euros, suponiendo un incremento del importe del contrato de 11.114.304,07 euros. Asimismo, conlleva que el plazo de ejecución del contrato, establecido inicialmente en 30 meses, se sitúe previsiblemente en 48 meses, suponiendo un incremento de 18 meses, de acuerdo a los datos de programación mensual de la ejecución de la obra expresados por el citado proyecto modificado y que sirven de referencia para la redacción de la memoria

Esta situación supone que, para poder continuar la ejecución material de la obra de rehabilitación arquitectónica y adecuación museística del Salón de Reinos, junto con el resto de necesidades de inversión de carácter plurianual y de tramitación anticipada del Organismo derivadas de su actividad ordinaria y de otras actuaciones vinculadas también al Salón de Reinos, el importe de crédito retenido necesario de tramitación anticipada para los ejercicios 2025 y 2026 sea superior al previsto inicialmente y además supere los límites del 70% y 60% respectivamente, recogidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para dichos ejercicios.

El importe a comprometer en los ejercicios 2025 a 2027 asciende a:
  • Año Compromiso máximo a adquirir
  • 2025 30.594.048,57
  • 2026 19.733.772,38
  • 2027 586.759,93

Hacienda

BECAS DE FORMACIÓN EN ENSAYOS DE CONTROL SOBRE PRODUCTOS OBJETO DE COMERCIO EXTERIOR
El Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa la convocatoria de becas de formación en ensayos de control sobre productos objeto de comercio exterior correspondiente al año 2024.

La Dirección General de Política Comercial dispone de un programa de becas de especialización de control analítico de productos objeto de comercio exterior, el cual tiene como finalidad la capacitación profesional de titulados en disciplinas relacionadas con el control analítico, así como facilitar su incorporación al mercado laboral.

Las becas se convocan cada dos años y tienen una duración máxima de 24 meses. Las becas que están en vigor actualmente fueron convocadas en el ejercicio de 2022 y finalizan el 31 de agosto de 2024.

Para el ejercicio 2024 se prevé convocar 23 becas, con una duración prevista desde el 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2026. Cada beca estará dotada con una cantidad de 14.819,52 euros brutos anuales.

Durante la anualidad de 2024 es necesario hacer frente a los compromisos derivados de la convocatoria del programa de becas de 2022/2024, por importe de 267.661,35 euros, correspondiente al periodo de diciembre de 2023 a agosto 2024, así como afrontar los compromisos que surjan de la nueva convocatoria del ejercicio 2024, ya que los becarios comenzarán su beca el 1 de septiembre, lo que supone un total de 356.881,8 euros. Para 2025 las necesidades se cifran en 356.881,8 euros y en 2026 en 267.661,35 euros.

Hacienda

SUBVENCIONES POR DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS CAUSADOS POR CATÁSTROFES NATURALES EN 2022 Y 2023
El Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la convocatoria de subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular para paliar los daños causados por diversos incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza acaecidos durante los años 2022 y 2023.

Estos datos se registraron en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco, así como la ciudad autónoma de Ceuta.

Estas subvenciones por daños en infraestructuras están previstas en los acuerdos de Consejo de Ministros de 20 de junio de 2023, 5 de septiembre de 2023 y 25 de septiembre de 2023 para paliar los daños causados por diversas catástrofes naturales acaecidos durante 2022 y 2023 en las citadas comunidades.

El apartado cuarto del acuerdo de 20 de junio de 2023 y el apartado tercero de los acuerdos de 5 de septiembre de 2023 y 25 de septiembre de 2023 establece un régimen de ayudas a entidades locales para la recuperación de la zona siniestrada. En concreto, se les aplicará la tramitación de urgencia y se les podrá conceder una subvención de hasta el 50% de su coste, según se contempla en los acuerdos.

Teniendo en cuenta la previsión de plazos, está previsto que la convocatoria de ayudas se produzca en el primer trimestre de 2024, mientras que la resolución de asignación de las subvenciones, así como el inicio de su ejecución presupuestaria se realizará en el segundo semestre de 2024, prolongándose esta última fase en los ejercicios 2025, 2026 y 2027, siendo necesario comprometer con cargo a ejercicios futuros una cuantía total de 66.731.099,32 euros, según se desprende del siguiente detalle:

  • Año Importe en euros
  • 2025 37.720.968,64
  • 2026 16.830.555,06
  • 2027 12.179.575,62
  • TOTAL 66.731.099,32

Hacienda

CONTINUIDAD DE LA B-40 ENTRE TERRASSA Y SABADELL
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a elevar los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para poder financiar con 200 millones de euros (IVA incluido) la construcción de la Ronda Nord que da continuidad al corredor de la B-40 entre Terrassa y Sabadell (Barcelona).

Esta aprobación supone un hito importante en la tramitación administrativa y económica del texto del convenio acordado con la Generalitat de Cataluña a principios de febrero para ejecutar y financiar el proyecto destinado a mejorar la movilidad de los municipios de la zona.

A partir de ahora, el Ministerio podrá solicitar los informes pertinentes para concluir la tramitación y proceder a su firma una vez el convenio sea ratificado por el Consejo de Ministros.

El texto acordado contiene los términos recogidos en el protocolo suscrito entre ambas administraciones el pasado mes de julio:
El Ministerio aportará 200 millones de euros.
  • La Generalitat redactará los estudios y proyectos, integrando el consenso político que expresaron los municipios afectados.
  • Al cumplir una función de largo recorrido, el corredor seguirá siendo de titularidad estatal y por eso la aprobación definitiva de los proyectos corresponderá al Ministerio.
  • La Generalitat licitará, contratará y llevará a cabo la ejecución, seguimiento y supervisión de las obras correspondientes, así como de las expropiaciones.

La Disposición adicional décima del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, recoge las medidas para agilizar la licitación y ejecución de determinadas infraestructuras viarias en Cataluña, entre las que se encuentra esta actuación.

Para la Transición Ecológica y el Retod Demográfico

DERECHOS DE EMISIÓN 2026-2030 Y EXCLUSIÓN DE INSTALACIONES DESDE 2026
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se desarrollan aspectos relativos a la asignación gratuita de derechos de emisión para los años 2026-2030 y otros aspectos relacionados con el régimen de exclusión de instalaciones a partir de 2026.

Ambas cuestiones son de gran importancia para la industria española. Por un lado, mediante la asignación gratuita de derechos de emisión se evitan las fugas de carbono mientras terceros países no tengan políticas de cambio climático equivalentes a las de la UE o el recientemente instaurado Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono no se encuentre plenamente operativo.

Por otro lado, el régimen especial para pequeños emisores y hospitales permite una simplificación de las cargas que afrontan estos particulares emisores. En España, este régimen cubre alrededor de 300 instalaciones industriales en 2021-2025.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AUTORIZACIÓN A LA AECID PARA EJECUTAR FONDOS DEL EJERCICIO 2023
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a ejecutar en el ejercicio 2024 los fondos librados a justificar del ejercicio 2023 para gastos a realizar en el exterior.

Se trata de un acuerdo para que el Consejo de Ministros autorice a ejecutar en el ejercicio 2024 los fondos librados a justificar del ejercicio 2023, para gastos a realizar en el exterior, en aplicación de lo previsto en el artículo 79.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP).

Esta propuesta de acuerdo se fundamenta, además de en la LGP, en la naturaleza de los libramientos concretos a los que se refiere, al tratarse de gastos para actuaciones de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), financiados con fondos de la UE (la denominada cooperación delegada).

En este sentido, los proyectos de cooperación delegada tienen una lógica presupuestaria plurianual, siendo de difícil encaje con la ejecución presupuestaria anual de la normativa presupuestaria, por lo que resulta necesario poder ejecutar en el ejercicio 2024 gastos de contratos aprobados y comprometidos con terceros con el fin de no poner en peligro los objetivos de los proyectos de los que traen causa.

El incumplimiento de los compromisos asumidos con la UE puede dar lugar al reintegro o devolución de los fondos a la UE, con importantes perjuicios tanto para la ayuda humanitaria como para los fondos públicos.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

COMPRA DE UNA PLAZA DE APARCAMIENTO PARA EL CONSULADO DE EL SALVADOR
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la compra por parte del Gobierno de la República de El Salvador de una plaza de aparcamiento destinada al Consulado General de la República de El Salvador.

De acuerdo con la disposición adicional tercera del Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones extranjeras: "Requerirán autorización administrativa previa las inversiones, directas o indirectas, que realicen en España los Estados no miembros de la Unión Europea para la adquisición de bienes inmuebles destinados a sus Representaciones Diplomáticas o Consulares, salvo que exista un Acuerdo para liberalizarlas en régimen de reciprocidad."

Por notas verbales nº CGESE.MAEC.116.2022 de 23 de diciembre de 2022 y EESE/MAEC/54/2023 de 13 de marzo de 2023, la Embajada de la República de El Salvador solicitó autorización para la compra por parte de su Gobierno, de una plaza de aparcamiento destinada al Consulado General de la República del Salvador en Madrid.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL EN EL SALÓN DE CARDENALES Y DE OBISPOS DEL PALACIO DE ESPAÑA
El Consejo de Ministros ha acordado tomar razón de la declaración de emergencia para la contratación de las actuaciones necesarias, obras y servicios, para la intervención estructural en los entramados del Salón de Cardenales y del de Obispos del Palacio Monaldeschi, también conocido como Palacio de España, que alberga la sede de la Embajada de España ante la Santa Sede en Roma por un importe de 496.972,18 Euros (IVA incluido).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se da cuenta al Consejo de Ministros del acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las actuaciones necesarias, obras y servicios en la Embajada de España ante la Santa Sede en Roma, que comunicó a la Subdirección General de Asuntos Patrimoniales su preocupación por el avanzado estado de deformación de los artesonados del Salón de Cardenales y del Salón de Obispos del Palacio de España que pondrían en peligro la propia estructura del inmueble, solicitando que se adoptasen de manera urgente las medidas necesarias para su solución.

Estas razones justifican la aplicación el procedimiento de emergencia, del artículo 120 de la Ley de Contratos, para evitar que el deterioro acelerado de los elementos estructurales del inmueble ponga en riesgo tanto la propia integridad del inmueble como del personal que desempeña sus funciones y reside en el mismo.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA INVASIÓN RUSA A UCRANIA
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a ejecutar en el ejercicio 2024 los fondos librados a justificar del ejercicio 2023 para gastos a realizar en el exterior en el marco de la ayuda humanitaria de emergencia a la población afectada por la invasión rusa a Ucrania.

En este caso, los fondos van destinados a la adquisición y suministro a Ucrania de dos vehículos blindados, cuya medicalización finalizó en la última semana de diciembre de 2023.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO ENTRE LA UNION EUROPEA Y GEORGIA SOBRE READMISIÓN DE RESIDENTES EN SITUACIÓN ILEGAL
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el Protocolo entre el Reino de España y Georgia relativo a la aplicación del Acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre la readmisión de residentes en situación ilegal y se dispone su posterior remisión a las Cortes Generales.

El protocolo, una vez autorizado por el Consejo de Ministros, el 7 de febrero de 2023, fue firmado en Tiflis, el 16 de febrero de 2023, por el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska Gómez, y por el ministro del Interior georgiano, Vakhtang Gomelauri.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, departamento competente en la materia, responde a los siguientes objetivos:
  • Establecer un instrumento de cooperación jurídica internacional con el fin de combatir más eficazmente la inmigración ilegal.
  • Establecer, sobre una base de reciprocidad, procedimientos rápidos y eficaces de identificación y retorno seguro y ordenado de las personas que no cumplen o han dejado de cumplir las condiciones de entrada, estancia o residencia en el territorio de Georgia o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, y facilitar el tránsito de estas personas.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

PROYECTO DE LEY DE FAMILIAS
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Familias, con tres objetivos básicos:
  • Reconocer las diferentes situaciones familiares que existen en España.
  • Mejorar la protección social de las familias.
  • Garantizar el derecho a conciliar la vida familiar con la laboral.

La norma va a establecer un marco para que las diferentes administraciones de nuestro país puedan implementar políticas de apoyo a las familias y, asimismo, ofrecer un soporte para ampliar derechos, tanto por la vía de enmiendas parlamentarias, como en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, dadas las dificultades actuales en España para formar una familia, tanto en términos económicos, como de conciliación.

La infrafinanciación de las políticas de protección social a las familias tras los recortes llevados a cabo la pasada década supone una mayor carga de trabajo no remunerado sobre las mujeres, por lo que otro objetivo importante de la ley es ayudar a reducir esta brecha de género, cuyas consecuencias tienen cada vez un mayor impacto en nuestra sociedad: España es el país de la Unión Europea con mayor número de mujeres que se ven obligadas a postergar la decisión de tener hijos hasta pasados los 40 años.

Medidas específicas que se incluyen en este proyecto de ley son:
  • Prestación por crianza. La ley reconoce una asignación por crianza de 100 euros mensuales para familias con hijos e hijas de cero a tres años.
  • Protección a las familias monoparentales. Las familias con una sola persona progenitora (8 de cada 10 son mujeres) dispondrán de un título de acreditación oficial de familia monoparental. Este título se tendrá en cuenta para el acceso preferente a distintos servicios públicos, y, en particular, va a ofrecer la posibilidad de que tengan 16 semanas de educación infantil de forma gratuita dentro de los primeros 24 meses de vida del hijo o la hija. Además, se equipararán los derechos de las familias monoparentales con dos hijos a los de las familias numerosas.
  • Protección a las familias numerosas. Se reconocerán como familias numerosas de categoría especial todas aquellas con cuatro o más hijos o hijas (anteriormente reconocidas a partir de los cinco) o con tres en caso de parto múltiple (anteriormente a partir de los cuatro). Se reducen también a tres, cuando sus ingresos anuales, divididos por el número especial de sus miembros, no superen el 150% del IPREM vigente. Otra novedad es que, en caso de en caso de separaciones o divorcios con custodia compartida, el título de familia numerosa lo podrán ostentar ambos progenitores, para que ambos puedan acogerse a sus beneficios.
  • Protección a las familias migrantes. En las situaciones familiares en las que alguno de sus miembros proceda de otro Estado o territorio y no tenga regularizada su situación administrativa, la ley garantizará un NIE para niños y niñas cuyos progenitores estén en situación irregular.
  • Protección a familias con personas con discapacidad. Se equipararán los derechos de las familias numerosas a aquellas familias que tengan un ascendiente con un grado de discapacidad igual o superior al 33% (frente al 65% actual). Y en familias con menores de edad con discapacidad, las administraciones competentes estarán obligadas por ley a asegurar la atención temprana y a facilitar los apoyos educativos necesarios.
  • Más derechos para las parejas de hecho. Los derechos de las parejas de hecho se equipararán a los de los matrimonios en varios puntos:
Tendrán derecho a pensión de viudedad (similar a la del matrimonio) y al complemento a mínimos de las pensiones.
Podrán acceder al Fondo de Garantía de Pago de Alimentos para los hijos e hijas a cargo en caso de disolución de la pareja.
Se creará un Registro Estatal de Parejas de Hecho centralizado para las parejas registradas a nivel autonómico.
  • Fondo de Garantía de Alimentos: Se ampliará el umbral de acceso al Fondo de Garantía de Pago de Alimentos, así como la cuantía, que podrá alcanzar los 500 euros mensuales (frente a los 100 actuales).

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

PROYECTO DE LEY DE ATENCIÓN A LA CLIENTELA
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela.

Esta norma pretende garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una atención de calidad, personalizada y accesible, siendo uno de sus objetivos reducir los tiempos de espera que las empresas ofrecen a las personas consumidoras cuando solicitan información o realizan reclamaciones.

Por ello, uno de los puntos más destacados de esta norma es que obligará a las empresas a garantizar que el 95% de las llamadas telefónicas que reciban de sus clientes sean atendidas, de media, en un plazo inferior a 3 minutos. Además, la ley reforzará el derecho a una atención personalizada, prohibiendo que las empresas atiendan a estas llamadas de forma exclusiva a través de contestadores automáticos. A partir de la entrada en vigor de esta norma, los clientes podrán solicitar hablar directamente con una persona, un operador especializado, en cualquier momento de la consulta o de la reclamación.

Por otro lado, en el caso de las reclamaciones, se establece un plazo máximo de 15 días para resolver una reclamación (en la actualidad el plazo es de 30 días).

De esta manera, la nueva ley se encamina a implementar unos estándares de calidad obligatorios. Para su puesta a punto, el texto obliga a las empresas a someterse a auditorías externas para garantizar que cumplen estos requisitos en sus servicios de atención a la clientela.

Del mismo modo, esta norma va a proteger específicamente los derechos de las personas consumidoras vulnerables: la ley establece que las empresas tendrán que proveer una prestación personalizada a sus clientes atendiendo a variables como la edad (atención en persona para mayores), o la discapacidad (sistemas alternativos para personas con discapacidad auditiva).

Este proyecto legislativo se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 11, Reforma 3), tratando de reducir la insatisfacción que, según diversos estudios, tiene un porcentaje importante de las personas consumidoras respecto a los servicios de atención al cliente. Atendiendo, por ejemplo, al último Panel de Hogares de la CNMC, la mala atención al cliente es el motivo más importante de insatisfacción para una de cada cinco personas cuando realizan consultas a empresas de electricidad, de gas natural, de telefonía fija o móvil, de banda ancha.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 2024-2025
El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regulará la convocatoria de becas del curso 2024-2025, que tendrá un coste estimado de 2.535 millones de euros y llegará a cerca de un millón de estudiantes. Entre las principales novedades está la adaptación de los umbrales de renta que dan acceso a estas ayudas, lo que permitirá la incorporación de nuevos alumnos y alumnas al sistema.

Junto al incremento del 5% en los umbrales de la renta, que compensa la subida del IPC y el efecto de la subida de los salarios, la convocatoria incluye otras novedades que se suman a los cambios introducidos desde 2018 para consolidar las becas como un derecho subjetivo y ampliar el número de estudiantes que tienen acceso a ellas.

Destaca la reducción del porcentaje de discapacidad del 33% al 25% para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Este cambio, que responde a las peticiones de organizaciones como CERMI, beneficiará a unos 20.000 estudiantes.

Además, a petición del Consejo de Estado, se extiende a las víctimas de violencia sexual menores de edad la flexibilización de los requisitos académicos aplicados a las víctimas de violencia de género, lo que afectará a unos 2.000 alumnos y alumnas.

Por último, se excluyen del cómputo de los rendimientos patrimoniales las subvenciones al alquiler de la vivienda habitual, una reivindicación de estudiantes y familias.

Para financiar estas novedades y afianzar las incorporadas en otras convocatorias, como el incremento de las becas de residencia de 1.600 a 2.500 euros o la ayuda de 400 euros para estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo, el Gobierno invertirá 2.535 millones de euros, la dotación más alta de la historia.

El Gobierno continúa trabajando en el proceso de adelanto del calendario de pagos de las becas para lograr que los estudiantes reciban al menos la cuantía fija de su beca antes de final de diciembre. En este curso, más de 700.000 alumnos y alumnas (el 80%) cobraron la parte fija y 500.000 un primer pago de la variable antes de finalizar 2023.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

MARCO DE LOS PRÉSTAMOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se establecen las condiciones generales para la puesta en marcha de cinco facilidades con cargo a los préstamos de la adenda al Plan de Recuperación, por importe de 40.000 millones de euros, y se instruye al Instituto de Crédito Oficial para su gestión.

Se pone así en marcha la segunda fase del Plan de Recuperación, con la canalización de casi la mitad de los préstamos de la adenda, que permitirá culminar el proceso de transformación y modernización del tejido productivo y de la economía española.

Los préstamos permitirán mantener el fuerte ritmo inversor y proporcionarán una red de seguridad para financiar inversiones privadas y públicas en las mejores condiciones financieras en los próximos años.

Las cinco facilidades aprobadas hoy se destinarán a financiar proyectos de inversión que favorezcan la doble transición verde y digital de las empresas, reforzando, con ello, su competitividad. Asimismo, se pondrán en marcha facilidades específicas para impulsar el sector audiovisual y las tecnologías disruptivas, así como para aumentar el parque de vivienda social pública en alquiler.

En concreto, el nuevo marco supone la puesta en marcha de las facilidades ICO-Verde, dotada con 22.000 millones de euros; ICO-Empresas y Emprendedores, con 8.150 millones; ICO-Vivienda, con 4.000 millones; ICO-Audiovisual Hub, con 1.712 millones y el Fondo Next Tech, con 4.000. El ICO suscribirá convenios con los Ministerios correspondientes, en los que se detallarán las características específicas de cada facilidad.

Instrumentos financieros

Las facilidades se destinarán a la financiación de proyectos de inversión y se articularán a través de diferentes instrumentos financieros, como líneas de préstamos a través de entidades financieras (líneas de mediación), préstamos directos a empresas por parte del ICO, adquisición por éste de bonos e inversiones en capital o cuasi capital. Con ello, se busca adaptar la financiación disponible, a las necesidades concretas de las empresas y de los distintos sectores de actividad.

Para esta segunda fase del Plan de Recuperación será especialmente relevante la colaboración con las entidades financieras privadas, cuya capilaridad permitirá llegar a pymes y empresas de todos los tamaños y sectores de actividad de cualquier lugar de España. Cabe destacar que, en estas líneas de mediación, se pondrá a disposición hasta el 100% de la financiación de los proyectos empresariales, en condiciones financieras ventajosas y con largos plazos de amortización.

Los préstamos gestionados por el ICO podrán formalizarse hasta agosto de 2026, si bien las amortizaciones podrán seguir reinvirtiéndose hasta 2036, ampliando de esta forma el alcance de los fondos y su capacidad de financiar nuevos proyectos de inversión.

Línea ICO-Verde

La Línea ICO-Verde dispondrá de 22.000 millones de euros para facilitar créditos a hogares y empresas privadas y públicas. Estos préstamos se podrán destinar, entre otras finalidades, al desarrollo de proyectos de transporte sostenible, eficiencia energética, energías renovables, descarbonización de la industria, gestión del agua, economía circular y adaptación al cambio climático.

Línea ICO-Empresa y Emprendedores

La Línea ICO-Empresas y Emprendedores está dotada con 8.150 millones de euros para financiar el crecimiento y resiliencia de las empresas, especialmente las pymes.

Dentro de esta línea, el sector turístico contará con un compartimento de 1.000 millones de euros para la realización de proyectos dirigidos al desarrollo de nuevos productos o servicios, nuevos procesos organizativos o de innovación que mejoren la eficiencia, así como las inversiones dirigidas a aumentar la categoría del establecimiento y mejorar la sostenibilidad del inmueble.

Asimismo, se incorpora un tramo de 150 millones de euros para la realización de proyectos relacionados con la digitalización de universidades en el marco del PERTE Nueva Economía de la Lengua.

Línea Spain Audiovisual Hub

Está dotada con 1.712 millones de euros para financiar proyectos del sector audiovisual, con el objetivo de incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación de proyectos relacionados con el cine, televisión, generación de contenidos, cultura digital, así como el desarrollo de contenidos multimedia e interactivos, como videojuegos y efectos visuales, entre otros.

Línea ICO- Vivienda

Esta línea dispondrá de 4.000 millones de euros para la financiación de proyectos dirigidos a incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, así como a mejorar el parque de vivienda social ya existente.

Fondo Next-Tech

El apoyo al tejido empresarial se completa con el Fondo Next-Tech, dotado con 4.000 millones de euros y gestionado por Axis, dirigido a seguir facilitando el crecimiento de las startup españolas en tecnologías disruptivas, promoviendo la innovación y la digitalización.

Pesidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la firma del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos de América.

El Convenio contempla aspectos básicos de las normas de coordinación de Seguridad Social, como la igualdad de trato para las personas incluidas en el ámbito subjetivo de la norma que residan en el territorio de un Estado contratante, en relación con los nacionales de dicha parte; la totalización de períodos de seguro para causar derecho a las prestaciones; la exportación de las prestaciones, y la unicidad de la legislación aplicable.

El vigente Convenio de Seguridad Social entre España y los Estados Unidos de América, suscrito el 30 de septiembre de 1986, está en vigor desde el 1 de abril de 1988. En febrero de 2012, España propuso su modificación con el fin de adecuarlo a los cambios legislativos internos y a las técnicas convencionales actuales.

La entrada en vigor del Reglamento (UE) nº 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales, así como a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, hizo necesaria la adaptación del contenido de los artículos sobre protección de datos para garantizar las exigencias de ambas normas, alcanzándose finalmente un acuerdo en mayo de 2023.

El ámbito de aplicación subjetivo del convenio comprende a las personas que estén o hayan estado sujetas a las legislaciones de uno o ambos países, así como a sus derechohabientes.

El ámbito de aplicación material se refiere a las prestaciones contributivas del Sistema de Seguridad Social (jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes) y a las del Régimen de Clases Pasivas del Estado, en el caso de España, lo que constituye una novedad.

Interior

ACTIVACIÓN DE MEDIOS DEL ESTADO EN EL INCENDIO DE CAMPANAR (VALENCIA)
El Consejo de Ministros ha recibido informe sobre activación de medios del Estado en el incendio de Campanar (Valencia).

El despliegue de recursos de la Administración General del Estado para afrontar las consecuencias del incendio de un edificio en la ciudad de València el pasado 22 de febrero incluyó la movilización de 529 efectivos de la Policía Nacional, 107 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), un amplio número de medios materiales, así como la habilitación de distintos servicios públicos de varios departamentos ministeriales para asistir a los vecinos damnificados.

Este despliegue, habilitado una vez la Comunitat Valenciana activó su Plan Territorial de Emergencia en Situación Operativa 2. La directora general de Protección Civil y Emergencias; el subdirector de Prevención, Planificación y Emergencias, y el jefe de Área de Actuación Operativa, así como diez miembros del Centro Nacional de Emergencias (CENEM), se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro para coordinar el operativo.

La Policía Nacional desplegó 529 efectivos integrados en muy distintas unidades: Puesto de Mando Avanzado, Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), Grupos Operativos de Respuesta (GOR), Policía Científica y el. Entre los medios empleados por los agentes destacan las cámaras y los sistemas de escucha del Grupo de Sistemas Especiales, idóneos para la localización de víctimas en lugares de difícil acceso.

Por su parte, la UME desplazó a València 107 desde distintos puntos de España, que emplearon en sus labores más de cuarenta vehículos, incluidos ocho camiones autobombas, unidades móviles de comunicación, camiones logísticos, ambulancias y varios equipos de drones.

Además, cuatro ministerios habilitaron servicios de asistencia gratuita para dar rápida respuesta a las primeras necesidades de los damnificados por el incendio:

Ministerio del Interior
  • Policía Nacional dispuso una Unidad Especial de Documentación para agilizar al máximo posible la expedición de duplicados del Documento Nacional de Identidad con carácter gratuito.
  • La Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia, con la colaboración con la Dirección General de Tráfico, habilitará un teléfono especial para le expedición de duplicados del carnet de conducir.

Ministerio de Justicia

  • Los afectados por el incendio podrán acudir al Registro de la Propiedad número 5 de Valencia para obtener información y que les expidan las certificaciones de sus propiedades con el fin de acreditar la titularidad de todas las viviendas que han sido destruidas en el incendio.

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
  • Cualquier víctima o familiar de víctima que tenga la necesidad de utilizar los servicios de Renfe podrá hacerlo de forma gratuita a través del Punto de Atención (ventanilla única) del Ayuntamiento de València, donde accederán los billetes que necesiten de Cercanías, Media o Larga Distancia.
  • El objetivo de esta medida, que tiene una vigencia de tres meses, es contribuir a facilitar la movilidad de los afectados en estos momentos complicados.
  • Para trasladarse en tren de forma gratuita, las personas afectadas y sus familiares deberán ponerse en contacto con el "Punto de Atención" (ventanilla única del Ayuntamiento de Valencia), organismo que establecerá contacto con los equipos de Renfe en Valencia, para que desde esta Oficina se les proporcionen los billetes.
  • Renfe cuenta con 24 trenes AVE y tres Avlo que unen Madrid con Valencia. También estarán disponibles los servicios Alvia, Media Distancia, Cercanías y los servicios Euromed que unen Barcelona con Valencia.
  • En cuanto a los servicios de Cercanías y Media Distancia convencional, que ya son gratuitos para los viajeros habituales, Renfe facilitará un abono sin ningún coste a quien lo solicite para viajar con origen o destino la Ciudad de Valencia. Es decir, no tendrán que cumplir las condiciones de uso de los abonos gratuitos, como es el pago de la fianza y la recurrencia.

Ministerio de Igualdad
  • En caso de que entre las personas afectadas por el incendio se detectase alguna mujer víctima de cualquier tipo de violencia, el departamento buscará la fórmula para que sean atendidas con carácter urgente y de manera específica, siempre en colaboración con la Generalitat valenciana.

Transportes y Movilidad Sostenible

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN CÓRDOBA
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato de servicios para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Córdoba, con un valor estimado de 22,3 millones de euros (IVA no incluido).

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado, asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Está destinado al mantenimiento y conservación de 160,066 km de carreteras del sector nº2, de los que 87,780 km son autovía. Incluye varios tramos de la autovía A-45 (desde el km 0 al 81,280), varios tramos de la autovía CO-32 (desde el km 0 al 6,500), varios tramos de la carretera N-331 (desde el km 17,500 al 102,600) y otros tramos de carreteras, como la N-437, la N-331R, así como el enlace entre la autovía A-4 y la CO-32.

Junto a las carreteras relacionadas, serán objeto del contrato la ejecución de la obra de limpieza y repintado interior de la estructura metálica del tablero del viaducto sobre el río Genil, en la A-45, Autovía de Málaga, en el punto kilométrico 77,500 de la margen izquierda.

Novedades en los pliegos

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los cinco años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras opciones.

Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio.

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Desde el año 2022 se incorporan medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

Colocación de Geomalla en la rehabilitación del firme


Reparación de deterioros del firme

Reparación de la junta en una estructura

Transportes y Movilidad Sostenible

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN SEVILLA
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato de servicios para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Sevilla, con un valor estimado de algo más de 22,35 millones de euros (IVA no incluido).

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado, asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Está destinado al mantenimiento y conservación de 137,458 km de carreteras del sector nº1, de los que 69,560 km son autovía. Incluye varios tramos de la autovía A-66 (desde el km 739,920 al 809,480) y varios tramos de la carretera N-630 (desde el km 738,400 al 810). También algún tramo de la N-630A (desde el km 440,450 al 444,340) y la N-433 (desde el km 35,350 al 35,568).

Junto a las carreteras relacionadas, será objeto del contrato la ejecución de la obra de rehabilitación superficial del firme en la autovía A-66 entre los puntos kilométricos 802,600 y 803,800, margen derecha en el término municipal de Santiponce.

Novedades en los pliegos

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los 5 años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras opciones.

Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio.

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Desde el año 2022 se incorporan medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.
Limpieza de Obra de Drenaje Transversal
Rehabilitación de estructuras en el paso superior
Repintado de barandillas en paso superior

Transportes y Movilidad Sostenible

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN CASTELLÓN
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato de servicios para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Castellón, con un valor estimado de 23,14 millones de euros (IVA no incluido).

La duración del contrato es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Este contrato, destinado al mantenimiento y conservación de 128,629 km de carreteras del sector nº3 (incluidos 76,694 km de autovía), incluye varios tramos de las autovías A-7 y A-23 y de las carreteras N-225, N-225 A, N-234 y N-340.

Junto a las carreteras relacionadas, será objeto del contrato la ejecución de la obra de rehabilitación superficial de pavimento entre los puntos kilométricos 57,208 y 61,906 de la carretera N-234, en el término municipal de Barracas.

Reducir emisiones

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo.

Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los cinco años, desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o mediante otras opciones. Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio.

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos, se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Desde el año 2022 se incorporan medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.





Política Territorial y Memoria Democrática

CONSULTA POPULAR AYUNTAMIENTO DE ALFARB
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que autoriza al Ayuntamiento de Alfarb (Valencia) una consulta popular sobre si los vecinos del municipio se sienten más identificados con el nombre Alfarb o Alfarp.

La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 71, reconoce el derecho de los vecinos a pedir una consulta popular siempre que cuente con la autorización del Gobierno.
Las limitaciones que establece la mencionada ley para estas consultas populares son las siguientes: que se trate de un asunto de competencia propia municipal; que la cuestión que se discute tenga carácter local; que sea de especial relevancia para los vecinos; y que se trate de materias ajenas a las haciendas locales.

El Gobierno autoriza la consulta popular, con los informes favorables de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y Comunitat Valenciana, al reunir los requisitos exigidos por la Ley.

Vivienda y Agenda Urbana

NUEVO EDIFICIO DE JUZGADOS EN MANACOR
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la ejecución de las obras de construcción del nuevo edificio de Juzgados en Manacor, calle Pilar s/n (Mallorca, Illes Balears).

La urgencia y el excepcional interés público de las obras, declarada mediante Orden de 29 de agosto de 2023 por la Ministra de Justicia, derivan de la necesidad de concentrar en un solo edificio los juzgados que ahora se ubican en un edificio y dos locales arrendados, así como de subsanar las deficiencias que éstos tienen en relación con la normativa técnica exigible. Por estos motivos se justifica la necesidad de construir un nuevo edifico de juzgados que dé solución a estos problemas señalados y tenga capacidad para todos los órganos judiciales existentes, dando un margen para su crecimiento.

A la vista de la urgencia y el excepcional interés público que revisten las obras, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) eleva al Consejo de Ministros la propuesta de que acuerde la ejecución de las obras y ordene la iniciación del procedimiento de modificación del planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Manacor, en su concreta aplicación a la superficie afectada por la implantación de las obras a realizar.

Cultura

OFICINA ESPAÑOLA DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, así como su remisión a las Cortes Generales. El objetivo del proyecto es la creación de esta Oficina como un organismo autónomo de los previstos en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Esta iniciativa se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como una reforma a llevar a cabo dentro del proyecto de 'Refuerzo de los derechos de autor y derechos conexos' del Componente 24, relativo a la 'Revalorización de la Industria Cultural'.

La finalidad es reforzar la actividad administrativa que corresponde al Estado en materia de propiedad intelectual de manera eficaz, mejorando la estructura actual y ofreciendo un mejor servicio público. Los derechos de autor y los derechos conexos son el sistema normativo clave sobre el que se sustentan los profesionales que configuran las industrias culturales y creativas.

Tramitación de urgencia

Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado solicitar la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia para agilizar al máximo su aprobación, haciendo uso de la posibilidad prevista en los Reglamentos del Congreso y del Senado.

El acuerdo considera la importancia de garantizar la entrada en vigor de este proyecto de Ley en el menor plazo posible, tanto por su relevancia para el sector de la cultura, como por el avance de la tecnología digital.

De este modo, una vez aprobada la Ley, durante el año 2024 podrán aprobarse los estatutos del organismo y dar cumplimiento a los hitos comprometidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Necesaria modernización

En los últimos años, la actividad relacionada con la propiedad intelectual ha experimentado una constante expansión provocada por varias razones. Internet y las redes sociales se han convertido en el principal canal de comunicación pública y de reproducción de las obras y prestaciones protegidas por derechos de autor y conexos.

En este contexto, las plataformas de 'streaming' han revolucionado el consumo de contenido audiovisual y musical protegido por derechos de autor y derechos conexos, creando nuevos entornos de difusión de las creaciones culturales que exigen una adaptación constante de la legislación y de las herramientas al servicio de la protección de los mencionados derechos y de la promoción del sector basado en los mismos.

También se han producido cambios en las formas de vulneración de los derechos de propiedad intelectual, dando lugar a nuevas estrategias de piratería, que sitúan a los autores, creadores y demás titulares de derechos en una posición de mayor vulnerabilidad.

Como consecuencia, el Estado ha ido sumando en los últimos años nuevas competencias de gran calado, como un mayor ámbito de supervisión y control de los operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual, las funciones de autoridad nacional en el ámbito de las obras huérfanas o las nuevas funciones de las secciones Primera y Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, como el procedimiento de bloqueo directo de las páginas web 'piratas'.

Defensa de los derechos de los creadores frente a la IA

Además, la digitalización y los desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial están generando una transformación en los procesos creativos, que da lugar a nuevos usos de las obras y prestaciones protegidas, lo cual es necesario abordar desde una perspectiva integral.

De este modo, con la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, el Gobierno pone en marcha una nueva herramienta para proteger a los creadores españoles frente a la inteligencia artificial. La iniciativa responde a los desafíos que plantea la IA en cuanto a la defensa del derecho que los creadores tienen a ser remunerados por su trabajo, en línea con el compromiso con la defensa de los derechos laborales que para el Ministerio de Cultura implica el despliegue del Estatuto del Artista. Así, uno de sus principales objetivos será el análisis del impacto de la IA en el sector cultural para poder revisar el marco jurídico y realizar los cambios pertinentes.

Adicionalmente, la actividad normativa europea e internacional también se ha multiplicado y España necesita tener una mayor y mejor presencia en los foros multilaterales de decisión en materia de propiedad intelectual.

Sector estratégico

La propiedad intelectual constituye un pilar fundamental de las Industrias Culturales y Creativas, que aportan más de un 3% al PIB nacional, según datos de la Cuenta Satélite de la Cultura. El sector cultural constituye un sector estratégico de desarrollo social y económico, así como una herramienta de cohesión social y de proyección de una imagen positiva de España en el mundo.

Por ello, el Gobierno de España ha incluido a las Industrias Culturales entre las 10 políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por su capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo y por su efecto transformador de nuestro modelo productivo, hacia un ecosistema social y económico más verde, más digital, más cohesionado e igualitario.

Sanidad

RENOVACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO
El Consejo de Ministros ha aprobado tres acuerdos marco para la adquisición centralizada, dentro del Plan AMAT-I (Plan de Acuerdos Marco de Equipos de Alta Tecnología Sanitaria del INGESA) y a través del INGESA, de equipos de arcos quirúrgicos, de equipos de radiología y de equipos de salas de radiología digital telecomandadas, por un valor total cercano a los 86 millones de euros.

Mediante el primer Acuerdo Marco, se van a adquirir equipos de arcos quirúrgicos, por un valor inicial de 37.281.500 euros (IVA excluido) en 24 meses, aunque teniendo en cuenta la posible prórroga de 12 meses, el valor estimado del Acuerdo Marco se sitúa en 49.460.000 euros.

Este Acuerdo supone la autorización de un expediente de contratación centralizada de productos sanitarios, equipos de arcos quirúrgicos de uso común en el SNS, en el que participan once comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Valencia), los centros del INGESA en Ceuta y Melilla y organismos de la Administración del Estado.

Por otra parte, se adquirirán equipos portátiles de radiología por un valor inicial de 10.329.264 euros (IVA excluido), y teniendo en cuenta la posible prórroga de 12 meses, el valor estimado del Acuerdo Marco se sitúa en 13.949.181 euros.

En este segundo Acuerdo Marco participan diez comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla-León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Valencia), los centros del INGESA en Ceuta y Melilla y organismos de la Administración del Estado.

El tercer Acuerdo Marco supone la autorización de un expediente de contratación centralizada de productos sanitarios, equipos de salas de radiología digital telecomandadas de uso común en el SNS, en el que participan diez comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla-León, Extremadura, La Rioja, Madrid y Valencia) y los centros del INGESA en Ceuta y Melilla.

El valor previsto de las posibles adquisiciones de estos equipos en el periodo inicial de vigencia es de 16.697.100 euros (IVA excluido), y teniendo en cuenta la posible prórroga de 12 meses, el valor estimado del Acuerdo Marco se sitúa en 22.660.350 euros.

El acuerdo supone la continuidad de actuaciones ya iniciadas en el impulso de medidas de cohesión y eficiencia en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS), mediante el fomento de acciones conjuntas con las comunidades autónomas, en las compras centralizadas de medicamentos y productos sanitarios.

Dada la experiencia positiva de los Acuerdos Marcos del Plan INVEAT (Plan de inversiones en equipos de alta tecnología en el SNS), se pretende dar continuidad a las metas perseguidas de renovación del parque tecnológico e incremento de las capacidades diagnósticas de los centros, así como optimizar y agilizar el procedimiento de adquisición y alcanzar la máxima eficiencia.

En términos económicos, el sistema de compras centralizadas aporta condiciones más favorables para la Administración que el contrato público individualmente considerado.

Los acuerdos marco objeto de tramitación por procedimiento abierto y que conforman el Plan AMAT-I son un total de seis, por un valor estimado total de 266.751.822 euros, siendo la Dirección del INGESA el órgano de contratación, y en la elaboración de las prescripciones técnicas han colaborado un grupo de expertos pertenecientes a los servicios de salud de diferentes comunidades autónomas, los cuales participarán asimismo en la valoración técnica de las proposiciones.

La formalización de los contratos está prevista en 2024.

Una vez ya fueron autorizados los dos primeros acuerdos marco, se autorizan por el Consejo de Ministros estos tres nuevos acuerdos marco. El próximo (y último) acuerdo marco, está previsto próximamente.

Para la Trasnformación Digital y de la Función Pública

NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Como principal novedad, crea la Dirección General de Libertad Religiosa como órgano competente para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de culto. Al frente se situará Mercedes Murillo, catedrática de Derecho Eclesiástico en la Universidad Rey Juan Carlos y hasta ahora subdirectora general de Libertad Religiosa.

Además, la dirección del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) recupera el rango de Dirección General, en consonancia con otros organismos autónomos encargados de la selección y formación del personal al servicio de las distintas Administraciones Públicas.

Así, bajo la actual dirección de la fiscal Laura Cambero, el CEJ continuará ejecutando las políticas de selección y formación de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y demás personal al servicio de la Administración de Justicia; así como de formación de los miembros de la Carrera Fiscal y las FFCC de Seguridad del Estado, en su especialización para la función de policía judicial; y de formación continua del Cuerpo de Abogados del Estado.

Además, entre otros aspectos, el nuevo Real Decreto de estructura introduce los cambios orgánicos necesarios para culminar con la fusión del Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y el Ministerio de Justicia en un único departamento; introduce determinados ajustes en la organización de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado; y confiere a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes competencias en materia de promoción de los derechos humanos.

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Presidenta del Consejo de Estado

Dª. MARÍA DEL CARMEN CALVO POYATO
Licenciada en Derecho Público por la Universidad de Sevilla y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba. Profesora titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba.

En su trayectoria política y profesional ha ejercido como presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados (2021 hasta la actualidad), vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (enero 2020 - julio 2021), vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (junio 2018-enero 2020), secretaria de Área de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE (2017-2021), presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados (2008- 2011), vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados (2007-2008), ministra de Cultura (2004-2007), diputada por Córdoba en el Congreso de los Diputados (2004-2011), diputada por Córdoba en el Parlamento de Andalucía (2000 a 2004) y consejera de Cultura de la Junta de Andalucía (1996-2004).

Ha recibido la condecoración de la Real y Distinguida Orden de Carlos III

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la República de Bulgaria

D. MIGUEL ALONSO BERRIO
Doctor en Historia Contemporánea y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1994.

Su primer puesto diplomático fue la embajada en Sofia en 1995. Ha sido destinado como segunda jefatura en las embajadas de Bratislava, Praga y Viena, además de la representación permanente ante los Organismos Internacionales en Viena. En los servicios centrales del ministerio ha prestado sus servicios en la Dirección General de Europa, siendo subdirector general de Países de la Unión Europea en dos ocasiones, además de asesor diplomático del ministro de Defensa. En la actualidad es el director del Gabinete del secretario de Estado para la Unión Europea.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Directora general de Libertad Religiosa

Dª. MERCEDES MURILLO MUÑOZ
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con Premio Extraordinario de Doctorado. Profesora Titular de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Abogada Rotal.

Ha sido consejera técnica de las direcciones generales del Ministerio de Justicia, de Relaciones con las Confesiones (2009-2010) y Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones (2010-2017), subdirectora general de Relaciones con las Confesiones en el Ministerio de Justicia (2018-2020) y subdirectora general de Libertad Religiosa en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (2020-2023), puesto que ocupa actualmente en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Es autora de diversas monografías y artículos en el ámbito del derecho de libertad de conciencia y religión tales como el régimen jurídico de las entidades religiosas, eficacia civil del matrimonio religioso, objeción de conciencia, modelos de relación Estado-fenómeno religiosa en España y en la Unión Europea y la gestión pública de la diversidad religiosa.

Es patrona de la Fundación Pluralismo y Convivencia, FSP; socia fundadora de la Asociación Laicidad y Libertades y Miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. Ha recibido el Religious Freedom Awards, la Cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y la Cruz Blanca de la Orden del Mérito Policial.

Directora del Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos

Dª. LAURA CAMBERO VALENCIA
Licenciada en Derecho por la universidad de Salamanca, accedió a la carrera Fiscal el 28 de marzo de 2005, tras tomar posesión de su primer destino, en la Fiscalía Provincial de Girona, Adscripción permanente de Blanes, ha desempeñado esta función en la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés, y en la Fiscalía de la Audiencia Provincial Madrid, a la que accedió en el año 2020, y donde estuvo designada en la Sección de Violencia Sobre la Mujer, y posteriormente, pasó a formar parte de la Sección de Menores.

El 13 de febrero de 2023 comenzó a desempeñar el cargo de asesora de Planta del Gabinete de Secretaria de Justicia del Ministerio de Justicia, desarrollando diferentes tareas entre las que ha destacado, la de coordinadora de la Oficina de Información a los Afectados por la Posible Sustracción de Recién Nacidos, y la de participación en la Presidencia Española de la Unión Europea dentro del grupo de trabajo de la Directiva contra la Violencia Sobre la Mujer y la Violencia Doméstica.

Defensa

Jefe del Mando Aéreo General

D. JERÓNIMO DOMÍNGUEZ BARBERO
Obtiene el empleo de teniente en 1988 como miembro de la 40 promoción de la AGA. Piloto de caza y ataque con más de 3.500 horas de vuelo, principalmente en avión F.18, ha pasado por diferentes Unidades del EA como el Ala 23 (BA Talavera la Real), el Ala 15 (Zaragoza) y el Ala 12 (Torrejón) en esta última como Jefe de Unidad. En el Estado Mayor del Aire ha pasado por la División de Planes, en el Mando Aéreo de Combate por la Sección de Adiestramiento y Evaluación, y en el Mando de Apoyo Logístico ha sido jefe de la Sección de Sistemas de Armamento. Cabe mencionar también su paso por el European Union Military Staff (EUMS) como oficial de estado mayor; la realización del curso de Estado Mayor en Francia (Collège Interarmées de Défense) y su destino en el Tactical Leadership Programme (Bélgica) como instructor.

Tras ascender a general de brigada fue destinado al Mando Aéreo de Combate, ocupando el cargo de jefe del Centro de Operaciones Aéreas. Ha participado en varias misiones internacionales como Deny Flight, Decisive Endeavour, Deliberate Guard, Deliberate Forge y Joint Guardian (Bosnia/Kosovo) y fue jefe del 8º Contingente del Destacamento Aéreo Táctico MAMBA del EA en Libreville (Gabón).

Asesor jurídico general de la Defensa

D. ÁNGEL TURIENZO VEIGA
El general Auditor Ángel Turienzo Veiga, recibió su despacho de teniente en 1987. Es licenciado en Derecho. Entre los cursos que posee destacar el de Defensa Nacional, Derecho de los conflictos armados y el de Derecho Penal Militar.
Su carrera la ha desempeñado, prácticamente en su totalidad, en destinos de jurisdicción. En el empleo de coronel fue director de la Escuela de Estudios Jurídicos y jefe del Área de Consejo de Ministros de la VICESEGENTE.

Está en posesión de la Gran Cruz al Mérito Militar, Gran Cruz, Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. tres Cruces al Mérito Militar, una Cruz al Mérito Naval, una Cruz al Mérito Aeronáutico y una Cruz al Mérito de la Guardia Civil.


Cultura

Subsecretaria de Cultura

Dª. MARÍA DEL CARMEN PÁEZ SORIA
Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (Programa E3) por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2012.

Inició su carrera profesional en el ámbito del sector público en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, donde fue subdirectora adjunta de Propiedad Intelectual y vocal asesora en el ámbito de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. En 2016, asumió el puesto de subdirectora adjunta de Relaciones Internacionales y Extranjería del Ministerio del Interior, para posteriormente ser jefa de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Relaciones Internacionales del mismo Departamento. En 2019, regresó al Ministerio de Cultura y Deporte, donde desempeñó los cargos de subdirectora general de Cooperación y Promoción Internacional de la Cultura y subdirectora general de Promoción de Industrias Culturales, hasta octubre de 2022, cuando fue nombrada secretaria general de la Fundación EOI, F.S.P. (Escuela de Organización Industrial) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El 18 de abril de 2023 fue nombrada directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación.

Ha impartido distintos cursos y ponencias de Propiedad Intelectual, Relaciones Internacionales y Derecho Administrativo en diversas instituciones, entre otras el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Fue condecorada con la Cruz Blanca de la Orden del Mérito Policial en 2018.

Patrono gubernamental del Patronato de la Fundación "Thyssen-Bornemisza"

D. JORDI MARTÍ GRAU
Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona.

En el Ayuntamiento de Barcelona ha ejercido los siguientes cargos y responsabilidades: coordinador del primer plan estratégico cultural de Barcelona entre 1997 y 1999, director del Instituto de Cultura de Barcelona entre 1999 y 2003, delegado de Cultura entre 2006 y 2011, gerente municipal entre 2015 y2019, concejal de Presidencia, Presupuestos y Plan de Barrios entre 2019 y 2021 y teniente de alcalde de Cultura y Educación entre 2022 y 2023. Además, ha ejercido el cargo de subdirector del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona entre 2005 y 2006 y como diputado de Cultura en la Diputación de Barcelona en el año 2023. Ha sido profesor del grado de promoción y gestión cultural de la Escuela Superior Musical de Catalunya.

Actualmente, desempeña el cargo de secretario de Estado de Cultura desde noviembre de 2023.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

Director general de Planificación estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la Lengua

D. MANUEL GONZÁLEZ BEDIA
Licenciado en Ciencias Físicas, máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, y doctor en Ingeniería Informática con mención honorífica (Premio Extraordinario) por la Universidad de Salamanca.

En el ámbito privado, trabajó en I+D+i en los campos de ingeniería de materiales y de precisión como beneficiario del Programa Europeo Leonardo EURES (EURopean Employment Services) y del Programa ADE de Inversiones y Desarrollo en Castilla y León. Se incorporó, posteriormente, como consultor tecnológico y de innovación a la Fundación COTEC.

En su trayectoria académica ha ocupado una Acción MIT (Movilidad de Investigadores y Tecnólogos) en la Universidad de Salamanca, y ha sido profesor e investigador en las universidades Complutense de Madrid (Instituto de investigación Pluridisciplinar) y Carlos III de Madrid. Igualmente, ha ocupado el puesto de investigador visitante en las universidades de Edimburgo (Institute of Perception, Action and Behavior), Sussex (Centre for Cognitive Science) y País Vasco (Centre for Life, Mind & Society).

Actualmente es miembro del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad (en excedencia) de la Universidad de Zaragoza, donde también ejerció los cargos de director de Transparencia y Participación, y de secretario técnico de la Comisión de Rankings, dentro del Vicerrectorado de Prospectiva.

En los últimos años ha ocupado varios puestos en la Administración General del Estado, trabajando como vocal asesor en el Gabinete del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, subdirector general de Actividad Universitaria Investigadora en el Ministerio de Universidades y director de la Oficina del Comisionado Especial para la Nueva Economía de la Lengua dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Durante este período, ha desempeñado distintas responsabilidades en el diseño de actuaciones de política científica y universitaria, y en la elaboración y seguimiento de proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el ámbito digital. Es miembro del Consejo Rector de la Agencia Estatal CSIC.